Sentencia CP-481-14 — Registro 11242
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de homicidio, se declara sin lugar el recurso interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." recurso no es de recibo. A este respecto, conviene recordar que el cauce casacional ahora utilizado, de acuerdo con numerosos pronunciamientos de esta Sala de lo Penal, supone tan solo la comprobación por este Tribunal de Casación de la correcta subsunción de los hechos declarados probados en los preceptos de orden sustantivo que integran el ordenamiento penal, sin que sea posible, por esta vía, cuestionar los fundamentos y pruebas de tales hechos. Esta labor parte de un principio esencial, el cual es la intangibilidad de la narración de los hechos probados llevada por el Tribunal de Sentencia, sobre la convicción de que los mismos son ciertos e inalterables. Desde este sentido, resulta clara la improcedencia del recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, puesto que los razonamientos del recurso cuestionan la valoración probatoria del tribunal y en nada denuncian la incompatibilidad del fáctum de la sentencia con el precepto penal escogido en la parte dispositiva de la misma. Además, la narración del hecho probado sobre el cual se asienta el pronunciamiento en contra del señor A. A. O. B., es idóneo para alcanzar la conclusión condenatoria por el tipo penal escogido..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El censor no utiliza una buena técnica casacional al formular el recurso de casación por quebrantamiento en su primer motivo. Denuncia la falta de coherencia entre los medios de prueba, también de estos medios de prueba con la narración del hecho probado. No identifica, expone y demuestra con claridad y precisión, cuál es la parte de la valoración intelectiva de la prueba que carece de coherencia y derivación. Descalifica la valoración probatoria del tribunal de sentencia y hace la suya propia desde su particular visión. No obstante, todos estos yerros, esta Sala de lo Penal realizando el principio convencional de tutela judicial efectiva que asiste al recurrente, hace una auditoría al proceso de valoración probatoria para comprobar que la misma respeta la regla de la lógica de la sana crítica, la cual es la invocada como infringida por el censor. Se cuestiona por el recurrente las contradicciones entre las declaraciones de los testigos “A” “A1” y “B”; así como entre estas declaraciones y la prueba pericial. En síntesis, sus alegatos son los siguientes: El testigo protegido “A1” informó que los hechos sucedieron el 20 de junio de 2010, y, el testigo protegido “A”, afirmó que fueron el 20 de junio de 2008; el Tribunal de Sentencia concluye en el hecho probado que fue el 20 de junio de 2009. El Tribunal de Sentencia sostiene que el procesado portaba un arma de fuego, y la testigo A1 sostiene lo contrario, que quien portaba un arma de fuego era un tal “Tato”; también sostiene que el imputado hizo dos disparos, en cambio la autopsia y el acta de levantamiento de cadáver establece que fue únicamente uno; en ese mismo sentido el acta de inspección del lugar, sostiene que requisaron toda la peatonal en un perímetro de veinticinco metros y no encontraron indicios relacionados con el hecho; que el testigo protegido “B” afirma que el acusado disparó de un solo, mientras los testigos “A” y “A1” sostienen que hubo un palabreo previo; el testigo protegido “B” sostiene que era un arma calibre 22 en tanto el dictamen balístico establece que es calibre 25. Además sostiene que es falso que los testigos de descargo informaran la dinámica de los hechos en un lugar distinto al acaecido. De lo anterior concluye falta de coherencia y derivación. Antes de dar respuesta a lo anterior, es necesario exponer cuál ha sido el criterio de este Tribunal de Casación en cuanto a la valoración de las declaraciones testificales: “Ciertamente la valoración del medio de prueba testifical es uno de los procesos más difíciles en la tarea de un juzgador, aun cuando sea la más común; ello debido a la multiplicidad de variables a tener en cuenta al momento de hacer dicha valoración, que van desde los aspectos relativos a la percepción de los hechos objeto de relato, hasta la forma en que el testigo da a conocer dicha información.La valoración individual de las declaraciones testificales debe partir de la concepción que toda declaración es el relato de un hecho pasado que ha percibido una persona por conducto de sus sentidos, ergo es el acto mediante el cual la persona acude a su memoria para describir un suceso, reproduciendo no solo hechos sino también sentimientos y sensaciones, por tanto su captación y reproducción puede verse condicionada por muchos factores. Es común el error en los Tribunales de Justicia de hacer la valoración binaria de la prueba testifical, al señalar que el testigo dice la verdad o miente, más esta es una forma de valoración simplista que desconoce la propia naturaleza humana, la cual es mucho más compleja. En Principio, el Tribunal de Sentencia debe de valorar las condiciones imperantes al momento de que el testigo percibió por sus sentidos los hechos objetos del relato, tales como: a. Aspecto Biológico: Capacidad biológica del testigo de percibir los hechos por medio de su sentidos; Así pues la capacidad visual, auditiva, olfativa, gustativa o táctil del testigo debe de ser objeto de valoración por el Tribunal; b. Aspecto Ambiental: Condiciones imperantes al momento del hecho que le hayan permitido al Testigo poder percibir con sus sentidos los hechos objeto del relato; c. Aspecto Psicológico: Estado anímico del Testigo al momento del hecho; Así pues en condiciones estresantes los hechos se percibirán de una forma distinta que en condiciones relajantes o de alegría, viéndose afectado las ideas sobre tiempo, distancia, colores, etc. Además el aspecto psicológico nos manda a tener en consideración la capacidad de mantener en la memoria los hechos y que dichos recuerdos no se vean condicionados por vivencias anteriores (como por ejemplo perjuicios preexistentes sobre un hecho o una persona) o afectados por vivencias posteriores (Como por ejemplo la captación de información sobre el hecho de otras fuentes como testigos o medios de comunicación). Además la valoración del testimonio el Tribunal de Sentencia debe de realizar un debido análisis del contenido del relato prestado en la audiencia de debate, discerniendo aquellos aspectos de la personalidad del testigo que pudiesen afectar la forma de transmitir la información, con otros que sean parte de una intencionalidad de ocultar, tergiversar o inventar una verdad. Así pues considérese que el nerviosismo, miedo o timidez en una declaración no necesariamente son signos de que el testigo está faltando a la verdad, sino que pueden obedecer a la personalidad, al hecho de enfrentarse ante una situación nueva (prestar declaración testifical) o al hecho de verse obligado revivenciar un hecho estresante (en especial para las víctimas); por otro lado el enojo, reticencia o hasta la arrogancia de un testigo no deben de ser necesariamente valorado como una actitud adoptada para ocultar la verdad, pues igual puede obedecer a los mismos aspectos antes apuntados. Por otra parte el Tribunal de Sentencia debe de considerar que ningún testigo es objetivo con su relato, pues toda persona al declarar aspira a que se le crea, en especial aquellas cuyas vidas han sido afectadas por el acontecimiento narrado, y por ello buscaran presentar su relato lo más creíble posible, lo que no implica necesariamente falsedad sino una forma de presentar los hechos en procura de que sean aceptados. El análisis individual, después de la consideración de los aspectos personales, debe de implicar un estudio sobre la coherencia interna del relato, de modo que las diferentes partes del suceso están relacionadas de forma lógica entre sí, confirmándose unas a otras; además que la actitud descrita del testigo de las otras personas presentes y de la propia sea acorde con las reglas de la psicología y finalmente que el hecho sea verosímil al obedecer a las máximas de la experiencia común; de lo contrario el relato resultaría poco o nada fiable. La labor de valoración no termina con el análisis individual de la prueba testifical, sino que además debe de hacerse una valoración conjunta, entendiéndose como la confrontación de la información proporcionada por el testigo con la información que se deriva de otros medios de prueba, incluyendo otros testigos, para determinar las coincidencias o disparidades que permitan establecer su veracidad, reconstruyendo el hecho histórico donde cada una de los medios de prueba sea una pieza articulada de un todo. Tratándose de la valoración conjunta de medios de prueba testifical, el Tribunal de Sentencia no puede limitarse hacer una simple confrontación en espera de una coincidencia perfecta, pues nunca dos personas declararan de manera idéntica aun cuando hayan percibido el hecho al mismo tiempo, pues como se ha señalado ya, los aspectos de personalidad, desarrollo intelectivo, capacidades biológicas y psicológicas determinaran que el relato sea distinto, inclusive a veces hasta contradictorio en algunos detalles, sin que ello implique falsedad por parte de alguno de los testigos; por el contrario, partiendo de la naturaleza humana, el relato increíblemente coincidente de dos testigos debe alertar al Tribunal de Sentencia por su anormalidad. Así entonces los testigos valorados conjuntamente deben de brindar una visión amplia del hecho, con detalles informados a depender del lugar, distancia y oportunidad de percibir el hecho, pudiendo ser hasta contradictorios en aspectos periféricos pero necesariamente coincidentes en la dinámica general y en aspectos medulares para ser ambos calificados como creíbles. La prueba testifical además debe de calzar con el resto de la prueba, en especial con la prueba científica, explicando una lo que la otra no puede, reforzando recíprocamente la información brindada y construyendo entre toda el relato histórico objeto de juzgamiento; la coincidencia perfecta entre la prueba es improbable y jamás debe de ser la exigencia del juzgador, sino la coherencia entre los medios de prueba lógica, razonable y verosímil, que construya unos hechos necesarios, descartando toda otra posibilidad razonable inclusive a nivel de duda, y por tanto dejando como resultado la certeza de lo declarado probado. Retomando entonces, en la declaración testifical, el tribunal imprescindiblemente deberá de hacer una valoración individual como conjunta, en la que tenga en cuenta la multiplicidad de los factores apuntados, ello le permitirá diferenciar los casos en donde un/a testigo sea sincero/a, es decir que crea estar diciendo la verdad, aun cuando el hecho narrado sea poco probable o, por el contrario, cuando el relato sea probable aun cuando el testigo no reúna las condiciones de idoneidad; recuérdese que la valoración de un testimonio no consiste en un examen de “verdadero” o “falso”, sino en el análisis conjunto de condiciones y aspectos que puedan indicar la probabilidad alta de que el relato corresponde a un hecho real, o su falta de probabilidad a causa de la valoración negativa. En todos los casos, la valoración solo podrá realizarse mediante una correcta inmediación del Tribunal con la persona declarante, donde puedan evaluarse las Reglas de la Psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), los Principios de la Lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las Máximas de la Experiencia Común (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano). (Para todas, ver fallo de fecha 23 de enero del 2008, recaído en el expediente 014-2007; y fallo de fecha 28 de julio del 2011, recaído en el expediente 060-2010 de la Sala de lo Penal). Teniendo en cuenta lo anterior, resulta contrario al sistema de valoración probatoria que prescribe nuestra normativa procesal, que el recurrente denuncie como contradicción el que el tribunal a quo tome la fecha del 20 de junio de 2009, como aquella en que sucedió el delito de homicidio en contra de L. F. V. R., tomando en consideración al artículo 202 del Código Procesal Penal, establece que el juzgador formará su convicción valorando de forma conjunta y armónica toda la prueba producida, y si bien la prueba testifical de cargo no fue precisa al determinar la fecha exacta de los hechos, la psicología y las máximas de la experiencia, informan que esto puede obedecer a la capacidad biológica y psicológica que los testigos tengan para mantener en su memoria el acontecimiento histórico del hecho enjuiciado; por esta razón, la prueba testifical debe interconectarse con todo el acervo probatorio para dar a luz la verdad de los hechos; en el presente caso, la prueba pericial establece que fue el 20 de junio de 2009 cuando acaeció el hecho enjuiciado y no el 20 de junio de 2008 y 2010 respectivamente. En cuanto a las contradicciones en relación a las propias declaraciones testificales y de éstas con los otros medios de prueba, estas versan sobre aspectos periféricos y no sobre algún elemento esencial que pueda excluir el juicio de culpabilidad del señor A. A. O. B., y que pueda ocasionar como consecuencia la insuficiencia de veracidad de la valoración intelectiva del tribunal a quo. Para comprobar la validez de la valoración probatoria del Tribunal de Sentencia, se observa que el testigo protegido “B” informó que el hecho ocurrió en el sector ocho de la colonia el Hato de Enmedio; que el señor L. F. V. llegó buscando a su esposa; que Arles disparó en dos ocasiones y que solo le infirió un disparo; el testigo protegido “A1” informó que el señor L. F. V. llegó buscando a su esposa, hubo un palabreo entre el señor L. V. y el acusado A., un muchacho que le dicen Tato sacó un arma de fuego y A. se la quitó y apuntó al ofendido, cuando hace el primer disparo L. se va para atrás, luego se escuchó otro disparo. Los hechos sucedieron el 20 de junio de 2010, aproximadamente a las 10:30 P.M.; el testigo protegido “A” informa que llegaron a una casa donde había una fiesta, el occiso llegó preguntando por su esposa y salió el joven A. con quien discutieron; A. sacó un arma de fuego y disparó en dos ocasiones; el hecho ocurrió el 20 de junio de 2008, no recuerda bien la fecha, la hora era entre las nueve de la noche. De la anterior información, el Tribunal de Sentencia derivó que fueron contestes al afirmar que al momento de ocurrir el hecho se encontraban presentes (los testigos) en el lugar siendo este en la colonia Hato de Enmedio, en el sector 8 de la ciudad de Tegucigalpa, por lo que pudieron observar cuando el señor A. O. B., haciendo uso de un arma de fuego, al calor de una discusión que se produce con el ahora occiso L. F. V. R., es cuando en ese momento el imputado hizo uso del arma de fuego, disparando en dos ocasiones impactando uno de los disparos en la humanidad del señor V.. No se verifica que el Tribunal de Sentencia haya falseado el contenido de las declaraciones para derivar tales conclusiones, y que con ello pudiese infringir la regla lógica de derivación en su postulado de suficiencia; ha obtenido la información coincidente de las declaraciones de los testigo para obtener una conclusión apodíctica; al mismo tiempo, la valoración probatoria en mención, tiene coherencia interna para sostener el reproche de culpabilidad, no se contradice entre sus argumentos y mantiene la identidad unitaria de los mismos, por lo que en definitiva, la regla de la lógica de la sana crítica se ha respetado en el proceso de formación de los razonamientos valorativos, tanto en su postulado de derivación como de coherencia. Se reitera al recurrente que las contradicciones que arguye en las declaraciones testificales, versan sobre aspectos periféricos y no esenciales, no se acreditó en juicio que alguno de los testigos fuese perito balístico o tuviere conocimientos de armas de fuego para que determinara con precisión el calibre del arma utilizada; cada testigo brinda una visión del hecho con detalles informados desde el lugar, distancia y oportunidad que tuvieron de percibir el hecho, son coincidentes en la dinámica general y en aspectos medulares; además, el que haya transcurrido un dilatado lapso de tiempo entre los hechos objeto de juzgamiento y la declaración en juicio, resulta normal que la precisión de algunos datos no sea conteste; lo inverosímil sería, en todo caso, la coincidencia perfecta en sus declaraciones. Por lo anterior, el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su primer motivo, no es de recibo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.
SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a diez de octubre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente 481-2014, conociendo del recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de agosto del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual condenó al señor A. A. O. B., como autor responsable del delito de homicidio en perjuicio de L. F. V. R. a la pena de quince (15) años de reclusión; asimismo, lo condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Se declaró su responsabilidad civil. No hubo condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, el abogado E. J. T. S., apoderado defensor del encausado A. A. O. B.. Son partes en única instancia: El Abogado E. J. T. S., apoderado defensor del encausado A. A. O. B., como recurrente; y, el Abogado S.C. A., fiscal del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: El día veinte de junio del año dos mil nueve, a eso de las once de la noche se encontraba el señor A. A. O. B., en una fiesta bailable en una casa ubicada en el sector número ocho de la colonia Hato de En medio, de esta ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuando llego el señor L. F. V. R., a preguntar por su esposa de nombre C., siendo interceptado por el señor A. A. O. B., produciéndose una discusión entre ambos por lo que el señor A. A. O. BAC, haciendo uso de un arma de fuego que portaba le hizo dos disparos a L. F. V. R., impactándole uno de ellos en la región anterior del tórax, que le produjo con ello la muerte.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado E. J. T. S., actuando en su condición de apoderado del señor A. A. O. B., procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: ““EXPOSICION DE MOTIVO DE CASACION POR VIOLACION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción por violación de la Garantía al Debido Proceso, establecida en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 1 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación, está comprendido concretamente en el artículo 361 del Código Procesal Penal. NORMAS INFRINGIDAS: Para los efectos del presente motivo, además del artículo 90 Constitucional, se citan en relación, los artículos 1, 20, 160 y 342 párrafo final del CPP; 90, 11 y 39 del Código Civil; 22 y 126 del Código Procesal Civil y 321 de la Constitución de la República. EXPLICACION DEL MOTIVO: Establece el artículo 90 de la Ley de Leyes, que; “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, y para el caso de autos, mi representado no fue juzgado bajo la formalidad y derecho que a su favor establece al artículo 342 párrafo in fine del Código Procesal Penal, (en lo sucesivo CPP), en relación con el artículo 39 del Código Civil, 22 y 126 del Código Procesal Civil, 160 del CPP y 321 de la Constitución de la República. Conforme a las disposiciones legales precitadas, cada acto procesal que integra el proceso tiene regulaciones establecidas en el procedimiento para la introducción y práctica del proceso. Todo proceso es necesariamente formalista, es decir, los actos que lo integran deben cumplir ciertas formalidades para que surtan los efectos jurídicos que la propia ley prevé. Pero cuando decimos formalidades nos estamos refiriendo a ciertos requisitos que deben cumplirse para que un acto procesal sea admisible y surta eficacia jurídica. Sabemos que los requisitos son espaciales, temporales y formales. Los primeros son los que exigen que un acto procesal se practique dentro de un espacio determinado (verbigracia el caso de autos, ante la inobservancia de lo establecido en las normas precitadas); los segundos, son los que exigen la introducción y práctica de un acto procesal en un tiempo previamente señalado: y, los formales son aquellos que deben cumplirse al momento de la introducción y practica de un acto procesal, es decir constituyen el revestimiento objetivo del acto procesal. Genéricamente es dable sostener que el espectro de normas fundamentales tiende a la consagración (en abstracto) y a la realización efectiva (en cada caso concreto) de lo que se ha dado en denominar “debido proceso”, fenómeno jurídico que si bien se refiere al ámbito de las instituciones procesales, está por encima de ellas, encerrando conceptualmente el grupo de entidades rectoras y que, por lo tanto, cuenta con rango constitucional (artículo 90 de la Norma Fundamental). La exigencia de que la sentencia sea consecuencia, o tenga como presupuesto un proceso regular, se relaciona con que no cualquier sentencia será válida para una condena, tomándose aquí la cualidad de validez no en el sentido de su ausencia de vicios intrínsecos, sino en el de que solo será válida aquella que haya sido precedida de un procedimiento legal y regular, en el que se hayan observado todas las garantías y derechos constitucionales de las partes, y se hayan cumplido técnicamente sus etapas esquemáticas insoslayables, concretamente ante el subjudice (la audiencia para determinar la pena concreta, se celebró extemporáneamente). La Garantía genérica al debido proceso en materia penal, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas pueden intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del mismo, dentro de las cuales, entre otras y para el caso concreto en particular, destaca; el estricto sometimiento al imperio de la ley, que en un Estado de Derecho, se traduce en que tantos gobernantes como gobernados, deben someterse al ordenamiento jurídico estatuido, en donde el a quo debe actuar conforme al Principio de Legalidad Judicial. Según E.M. J., El Juicio Oral en el Proceso Penal, Rubinzal-Culzoni Editores, 2008, pág. 20; “el proceso previo no es, sin embargo, una dialéctica desordenada o librada a la discrecionalidad de las partes sobre la manera de realizarlo. Por el contrario, constituye un método establecido por la ley (según el artículo 342 párrafo final del CPP, 30 días continuos para la audiencia de determinación de la pena concreta), que regula sistemática y ordenadamente las etapas y formas en que necesariamente debe practicarse, siendo la ley reglamentaria de los derechos y garantías constitucionales”. Por su parte, G.M., Juicio Oral, Sentencia Arbitraria y Recurso de Casación, Editorial Universitaria, 2001, página 63, nos dice; “debemos recordar que la obtención de la verdad a través del grado de certeza reflejado en el ánimo del juzgador y plasmado en su fallo, debe producirse siempre dentro del marco del respeto a las garantías individuales, esencialmente en lo inherente al derecho de defensa en juico y a la estricta observancia de los principios que rigen el debido proceso...” Dicha Garantía procura el bien de las personas como de la sociedad en su conjunto. - Las personas tienen interés de defender adecuadamente sus pretensiones dentro del proceso. - La sociedad tienen interés que el proceso sea realizado de la manera más adecuada posible, para satisfacer las pretensiones de justicia que permitan mantener el orden social. Expuesto lo anterior, me atrevo a argumentar que ante el subjudice, la Garantía al Debido Proceso, se le ha conculcado a mi representado, con fundamentado en las disposiciones de derecho y razones de hecho, que a continuación se invocan: lº.- Manda el artículo 342 párrafo in fine del Código Procesal Penal; que entre la primera y la segunda fase de la deliberación del debate, habrá un intervalo QUE NO PODRA EXCEDER DE TREINTA (30) DIAS CONTINUOS, (lo mayúscula, negrilla y cursiva, me pertenecen), término fatal e improrrogable que en el subjudice, no fue observado por parte del a quo, consecuentemente nula la sentencia impugnada, producto de la nulidad de la audiencia para la determinación de la pena concreta, de la cual se deriva; en virtud que la primera fase de deliberación del debate, concluyó el 31 de Marzo de 2014, habiendo trascurrido a la fecha de la celebración de la misma, 4 meses, 11 días, cuando de conformidad a derecho, para que tuviera efectos jurídicos la misma, debió haberse celebrado a lo más tardar, el 02 de Mayo de 2014, entes de la media noche, por ser continuos el termino de (30) días, traer únicamente treinta días el mes de Abril e inhábil el 1° de Mayo. 2°.- Conforme al artículo 160 del CPP; “los actos procesales serán cumplidos dentro de los plazos establecidos por la ley o por los tribunales de justicia”, estableciendo la Corte Suprema de Justicia, en uso de la facultades que le confiere el artículo 23 del CPP, mediante la Circular No. 9/2002, de fecha 23 de Abril de 2002, regla Decima, lo siguiente: “se instruye a todos los jueces y tribunales de la República a observar o decidir los asuntos sin dilación alguna dentro de los términos legales, sin pretexto o motivación que cause demora en la observancia de la ley y su exacta aplicación en cada caso.-”, siendo como ya se dijo, el plazo establecido en el artículo 342 párrafo final del Corpus Juris precitado, vencido he inobservado, además fatal, improrrogable, e imperativo por ser de carácter obligatorio su observancia plena.; a su vez, establece el primer artículo en su párrafo 2°, “que los plazos legales y judiciales se regirán por lo establecido en el Titulo Preliminar del Código Civil”. 3°.- Por su parte, el artículo 39 del Código Civil, siguiendo el mismo criterio argumental supra; manda: “cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo SE ENTENDERÁ QUE VALE (lo mayúscula, negrilla y cursiva, es nuestro) si se ejecuta antes de la media noche del último día del plazo...“, por lo tanto, siendo que el artículo 342 párrafo final del CPP, establece que los treinta (30) son continuos; el plazo para celebrase la Audiencia para la determinación de la pena concreta, es precluido, (conforme al artículo 22 en relación con el 126 del Código Procesal Civil), consecuentemente nula y de ningún valor la audiencia que se celebrara para determinar la pena concreta, conforme al artículo 9° y 39 del Código Civil, por lo tanto, no puede producir efectos jurídicos, de conformidad con el artículo 169 del CPP. Por ende, nula la sentencia impugnada, por ser consecuencia de aquel acto viciado de nulidad. 4o. En base a lo establecido en los artículos 165, 166 numerales 5) y 7), 167 numeral 5) y párrafo 8°, 169 y 171 del CPP; 1.- la inobservancia de las normas contenidas en ese Código, (verbi gratia el artículo 342 párrafo final), solo producirán la nulidad de los actos procedimentales, cuando así lo establezcan expresamente, 2.- en ese mismo orden de ideas el artículo 166 numerales 5) y 7) del Código antes citado, expresamente sancionan bajo pena de nulidad los actos procedimentales realizados; a).- con infracción de las normas esenciales del procedimiento establecidas por dicho Código, que impidan que el acto logre la finalidad que persigue la norma correspondiente, circunstancia que se suscita en el subjudice, por ser vencido he inobservado el término establecido en el artículo 342 párrafo final del Código en comento, por lo tanto, la Audiencia para la determinación de pena concreta, es nula y de ningún valor, b).- con violación de los derechos y libertades fundamentales de la persona, consagrados en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y demás leyes (artículo 9° y 39 del Código Civil, 22 y 126 del Código Procesal Civil). En referencia a esta Garantía Fundamental, J Z B, El Debido Proceso Penal, Editorial EDINO, 2002, página 25; por Debido Proceso, “debe entenderse aquel que inicia, se desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, y las normas constitucionales, legales e internacionales aprobados previamente, así como los principios generales que informan el Debido Proceso Penal, con la finalidad de alcanzar una justa administración de justicia, provocando como efecto inmediato la protección integral de la seguridad jurídica del ciudadano, reconocida constitucionalmente como un derecho”; encontrándose además la Garantía al Debido Proceso, establecida a favor de mi representado, en Tratados Internaciones suscritos por el Estado de Honduras; en los artículos 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la cual no se debe vulnerar; c). - y en cuanto a las demás leyes, sin un ápice de duda debemos entender que para los efectos del presente recurso, el Legislador quiso referirse a los artículos 9°, 11 y 39 del Código Civil, 22 y 126 del Código Procesal Civil, cuyo cumplimiento y observación son imperativos ante el subjudice. 5º.- No obstante, permitir la subsanación o el saneamiento, bien por consentimiento, de oficio o a petición de parte, de los actos viciados, tanto el artículo 170 como el 171 del CPP; ante el caso de mérito, ello no es posible, ante el reclamo oportuno, en legal y debida forma y ante el no consentimiento tácito o expreso del acto anulable, así como ante la imposibilidad de la revocación o ratificación del mismo o ante la imposibilidad que se cumpla la finalidad perseguida; ya que conforme al segundo artículo, “no puede retrotraerse el proceso a períodos ya precluidos bajo pretexto de revocación del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido”; y siendo que nunca, ni de oficio ni a petición parte se celebró audiencia alguna de subsanación, y ante la carencia de una resolución de estilo que así mande tener por subsanado el vicio de nulidad, desde el punto de vista legal es imposible “pretender hacer creer” que para el caso de autos la subsanación ha sido convalidada, lo que además, en base a derecho no procedería por estar penada con la nulidad, desde el punto de vista Constitucional (artículo 321) y desde el punto de vista legal (artículo 39 del Código Civil), ante la PRECLUSIÓN del término, el cual es de carácter eminentemente civil, consecuentemente, cabe argumentar como aplicable al caso concreto en particular, lo que al efecto, nos dice el artículo 126 relacionado con el 22 del Código Procesal Civil, el cual manda; 1.” Trascurrido un plazo o pasado el termino señalado para la realización de un acto procesal, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad para realizar el acto de que se trate”, estableciendo a numeral 2; “El Secretario dejará constancia de oficio del trascurso del plazo por medio de diligencia y acordará lo que proceda, o dará cuenta al tribunal a fin de que dicte la resolución que corresponda”; que ante el subjudice no es otra que declarar con lugar el presente recurso, para terminar el proceso vía excepción, tal y como lo dispone el artículo 46 numeral 2) del Código Procesal Penal; ante la imposibilidad de retrotraer el proceso a períodos precluidos, renovación, rectificación o cumplimiento del acto omitido, de conformidad con la ley. 6°.-Conforme al artículo 169 párrafo 10 del CPP; “Declarada la nulidad carecerán de valor y efecto alguno, no solo el acto viciado, sino también todos los que se hayan realizado con posterioridad, (la sentencia impugnada), y serán determinados expresamente por el órgano jurisdiccional.”, en este mismo orden de ideas, el artículo 90 del Código Civil, manda;” que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo cuando designe expresamente otro efecto que el de nulidad, para el caso de contravención”, y si el artículo 342 párrafo final del CPP, categóricamente establece que el termino de (30) días NO PODRA EXCEDERSE DE TREINTA (30) DIAS CONTINUOS, y en virtud de que solo el Legislador puede derogar o modificar esa norma y decir que SI PUEDE EXCEDERSE, no debió el a quo prorrogar in mente dicho termino, hacerlo, implicaría automáticamente cometer el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, tipificado en el artículo 349 numeral 2) del Código Penal, que preceptúa; Artículo 349. Será castigado con reclusión.... El funcionario.... Que: “1... 2. Dicte o ejecute ordenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”; y con ello llevarse de encuentro el Principio de Legalidad Constitucional, consignado en el artículo 321 de la Constitución de la República, el cual establece; “Los servidores del estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; por ende excederse el termino de (30) días Continuos, cuando es inexcedible, sería un acto fuera de la ley ( artículo 342 párrafo final del CPP), que conlleva responsabilidad penal ( artículo 249 numeral 2), del Código Penal), sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria a que alude al artículo 165 del CPP; y es que la Constitución es el índice de validez formal de todas las leyes secundarias, es claro que los ordenamientos que se opongan a aquella, se aparten o violen cualquier postulado de la Ley Fundamental sean susceptibles de declararse nulos, inválidos inoperantes o ineficaces en los términos establecidos por la norma aplicable; o como advierte G.M. S., La Nulidad Procesal, Oxford University Press, 2003, pág. 22, “ así como el mismo orden jurídico determina las circunstancias en que nazcan a la vida social normas jurídicas válidas, así también el sistema precisa en qué casos estamos frente a la ineficacia, a la invalidez o a la inexistencia de los preceptos de derecho; esto es: la norma será válida siempre que se hayan cubierto los requisitos establecidos constitucionalmente al efecto. En este contexto, es claro que el orden jurídico se da vida así mismo, pues precisa cuales normas jurídicas han de renovarlo (como células nuevas en un organismo), y cuáles han de ser desechadas por atentar contra la seguridad jurídica, al no haber nacido o al no ser viables”. 7°. Estando constituida la República como un Estado de Derecho, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia (artículo 10 de la Constitución de la República), para que pregone serlo, uno de sus caracteres que lo identifiquen, implica que la ley debe observarse y aplicarse irrestrictamente, por aquellos que un día prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, en aras de la seguridad jurídica, sin salirse del marco legal estatuido, ya que cuando se trasgrede lo que la Constitución y la ley establecen, nos estarnos volviendo superiores a la ley, lo que tajantemente prohíbe el artículo 323 de la misma Constitución, lo cual tipifica y sanciona como delito el artículo 349 numeral 2) del Código Penal, siendo lo ocurrido en el subjudice, ya que el a quo, excedió el termino de (30) días que conforme al artículo 342 párrafo in fine del CPP es inexcedible, es decir, asumió facultades y atribuciones legislativas, usurpando una función propia de otro Poder del Estado (Poder Legislativo), pues prácticamente de manera tácita derogó la norma citada como infringida, ya que; al llevarse de encuentro la Garantía al Debida Proceso Penal, excede lo inexcedible, convalida lo invalidable, (retrotrayendo el proceso a periodos precluidos, articulo 171 párrafo 2° del CPP), violenta lo inviolentable,( artículo 160 del CPP y 90 de la Constitución), pretende subsanar lo insubsanable, vuelve temporáneo la extemporáneo, (artículo 39 del Código Civil y 321 de la Constitución), vuelve vigente lo precluido (artículo 171 del CPP; 22 y 126 del Código Procesal Civil; por lo que es necesario declarar urgentemente ha lugar el presente recurso, para sentar un precedente y se observe la ley empezando por casa para dar ejemplo a los demás y que nadie en un Estado de Derecho, vuelva a ser víctima de semejante arbitrariedad; y teniendo por objeto todo recurso extraordinario el de “obtener por parte del Tribunal Superior que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior”, declare con lugar el presente recurso, anule la sentencia recurrida de fecha dieciocho (18), de Agosto de corriente año, para que prevalezca el Estado de Derecho y se restituya en el goce y ejercicio de la Garantía Constitucional violentada a mi representado; en pro del Imperio de la Constitución y la Ley. ¡Fiat iustitia, pereat mundus! Por lo anteriormente expuesto, el presente motivo de casación debe ser de recibo, declarando con lugar el mismo, ante la conculcación de precepto constitucional expuesto, para ubicar nuevamente la garantía al debido proceso en el sitial de honor que le corresponde, para el imperio de la Constitución y la Ley, ya que en el orden de ideas del artículo 90 Constitucional; el debido proceso, no es más que un conjunto de etapas formales, secuenciales e imprescindibles realizadas dentro del proceso penal por los sujetos procesales, cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución o leyes secundarias con el objetivo de que; los derechos subjetivos de las personas llevadas al proceso y eventualmente sentenciadas, no corran el riesgo de ser desconocidos y también de obtener de los órganos jurisdiccionales un proceso justo, transparente e imparcial; y porque además, el Principio al Debido Proceso, debe estar implícito, vigente y en pleno protagonismo, consecuentemente imperar a lo largo y ancho del proceso, que corno sabernos, no termina, hasta que se ejecuta la sentencia, firme, pasada en autoridad de cosa juzgada; como nos dice J.Z.B., op. cit, páginas 30, y 31; “Estas garantías básicas deben hacerse efectivas a lo largo de toda la actividad represiva penal, desde la investigación (policial, fiscal y judicial) hasta la ejecución de la pena...” “en todo ese período el sospechoso, el imputado, el acusado y el penado, respectiva y sucesivamente, se encuentran amparados por el Estado para que se cumplan los mandatos nacionales e internacionales que garantizan el cumplimiento de los derechos fundamentales...” “EXPOSICION DE MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY MOTIVO UNICO: Infracción por falta de aplicación del artículo 339 del Código Procesal Penal, el que en su segunda parte contiene el Principio in dubio pro reo. NORMA INFRINGIDA: Para los efectos del presente motivo, se cita como infringido el artículo 339, en relación con el artículo 1 y 20, ambos del Código Procesal Penal, PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación, está comprendido concretamente en el artículo 360 del Código Procesal Penal, párrafo l. EXPLICACION DEL MOTIVO: El proceso penal se desarrolla a través de una serie de actos consecutivos, relacionados entre sí y progresivos, que permiten avanzar en la resolución del conflicto mediante la aplicación de la ley sustantiva o adjetiva, es decir, la adecuación de la norma penal correspondiente al caso concreto, la falta de aplicación (como la alegada en el presente motivo), generalmente producto de un vicio en la actividad intelectiva del a quo, constituye el error in iudicando que torna procedente la vía de la casación a efectos de enmendar el error cometido por el Tribunal Sentenciador declarando nula su decisión y dictando un nuevo procedimiento ex lege. Como único hecho probado, el a quo, determinó el siguiente; “El día veinte de Junio del año dos mil nueve, a eso de las once de la noche sr encontraba el señor A. A. O. B., en una fiesta bailable en una casa de habitación en el sector número ocho de la colonia Hato de En medio, de esta ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; cuando llegó el señor L. F. V.R., a preguntar por su esposa de nombre C.; siendo increpado por el señor A. A. O. B., produciéndose una discusión entre ambos, por lo que el señor A. A. O. B., haciendo uso de un arma de fuego que portaba le hizo dos disparos a L. F. V. R., impactándole uno de ellos en la región anterior del tórax, que le produjo con ello la muerte” El precepto adjetivo citado como infringido por falta de aplicación textualmente manda: “Resolución. Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; así mismo, será absuelto en caso de duda razonable” (lo bastardilla y negrilla es nuestro). Según E. M. J., Tratado de la Prueba en Materia Criminal, Rubinzal-Culzoni Editores, 209, pág. 42; “El estado de inocencia (artículo 89 de la Constitución de la República), del imputado solo podrá ser quebrantado mediante sentencia condenatoria. Para que ello sea posible, es menester que las pruebas obtenidas tengan, en cuanto a su eficacia la aptitud suficiente como para hacer madurar en el estado intelectual del Juez el pleno convencimiento de la existencia del hecho y de la participación del imputado en el mismo. La verdad histórica de esos extremos debe ser alcanzada de manera tal que la noción ideológica que de él se tiene se corresponda con la realidad...” El avance progresivo del proceso está directamente condicionado a la eficacia del material probatorio obtenido, del cual el juez elaborará las razones para ir superando los diferentes grados de conocimiento o convencimiento (sospecha, probabilidad y certeza), con relación al objeto de la causa, por el contrario, la duda sobre los extremos de la imputación hace desvanecer esa tendencia progresiva del proceso, imponiendo, incluso el dictado de resoluciones que desvinculan al imputado de la prosecución penal deducida en su contra. Por otro lado, conforme al artículo 20 del CPP, al hablar de la generalidad de las garantías y principios procesales, establece; “Las garantías y principio previstos en este Código serán observados en todos los procedimientos, cuando como consecuencia de ellos, se deban aplicar sanciones penales o medidas restrictivas de la libertad de una persona”, regulando el artículo 339 del Código en comento, el principio del in dubio pro reo; el cual sin duda alguna adquiere protagonismo e importancia suprema al momento de dictar sentencia. Sobre este Principio, nos dice E.M. J., op.cit, pagina 44; “la duda es un particular estado del intelecto, según el cual se origina una vacilación pendular entre los motivos que llevan a tomar una decisión afirmativa o negativa con relación a una cuestión, debido ello a que los elementos que inspiran esas antagónicas motivaciones no resultan lo suficientemente explícitos para terminar una opción convincente. Ocurre cuando los datos existentes son susceptibles de despertar racionamientos equívocos y disímiles, de suerte que se desencadena un contraste tal que no es posible afirmar que, intelectivamente, se ha obtenido el convencimiento pleno sobre alguna de las contingencias existentes”. SENTIDO EN QUE HA SIDO INFRINGIDO: Expuesto lo anterior, el recurrente cree que las antagónicas motivaciones del a quo, despiertan racionamientos equívocos y disímiles, y por ende no determinan una opción convincente, consecuentemente debe imperar el Principio in dubio pro reo, (ante su inobservancia), tal y como exigiera su aplicabilidad la Defensa en las conclusiones de debate, por las siguientes deducciones y análisis del acerbo probatorio, evacuado y valorado en el proceso. 1.- Se acreditó con el testimonio de la testigo de cargo “Al” que quien andaba armado era una persona a quien le apodan “Tato” y no mi representado; quien dicho sea de paso, aquel jamás fue investigado. 2.- Dado que no se recuperó el arma homicida, a ciencia cierta no se sabe si el revólver era calibre 22nun, como al parecer lo aduce el testigo “B”, o 25mm., como al parecer lo determina el Dictamen Balístico practicado a la ojiva recuperada del cadáver, pero que, ante un evidente acto de ocultamiento de prueba por parte del Ministerio Público, al no llegar al debate el mismo, poniendo en duda su credibilidad y objetividad en el mismo. 3.- Tanto el a quo en el (hecho probado), así como los testigos de cargo sostienen que se hicieron 2 disparos, pero la prueba científica y la documental, vienen a desmentir aquella versión, ya que en la Autopsia solo se constata la existencia real de uno (1), y de la Inspección aunada al Acta de Levantamiento del Cadáver, se puede llegar a la conclusión inequívoca que solo se hizo un disparo, al afirmarse en aquella Acta, que no se encontraron indicios ( ojiva, casquillo, orificio de impacto en las paredes), en el lugar de los hechos. 4.- El a quo, en el hecho probado, sostiene que el imputado (increpó), al hoy occiso, o cual tampoco es cierto, ya que según Cabanellas, esto significa (reprender con severidad), criterio que lo desmienten los propios testigos de cargo, quienes sostienen que lo que supuestamente hubo fue un palabreo, primero con la dueña de la casa de nombre K.. 5.- El testigo “Al” sostuvo que; “ esa era la segunda vez que miraba al imputado” y que: “ en el porch no había luz”; y dado las altas horas de la noche (11 u 11:30PM), y que además dijo se había ingerido bebidas alcohólicas; persiste la duda si en verdad lo reconoció efectivamente, y que además se contradice con la declaración del imputado y la de los testigos de descargo, quienes afirman encontrarse por la meza donde se ponía la música, (adentro de la vivienda en una esquina), versión que reviste de credibilidad, en cuanto a que el imputado afirmó que el equipo de sonido le pertenecía, por ende era lógico pensar que en la medida de lo posible, procuraría su buen uso (generalmente es el dueño quien sabe el teje y maneje de sus aparatos electrónicos). 6.- Si quienes estaban al interior de la casa donde se organizó la fiesta, dicen que salieron de aquella, hasta que llegó la DNIC, tal y como lo afirman la testigo de cargo “Al” y el imputado; y resulta fácil, haciendo un pequeño esfuerzo intelectual, darse cuenta que el testigo “B” miente, cuando dijo: “A. dijo deja que se muera ese perro”, ya que el imputado y los que estaban en la vivienda salieron hasta que llegó la DNIC y cuando los agentes llegaron el herido ya no se encontraba allí, tal y como se constata en el Acta de Levantamiento de Cadáver, en la cual consignaron en la Inspección, que no encontraron ningún indicio relacionado con el hecho. Y que éste testigo tiene un particular interés en ver como culpable al imputado, está también acreditado en su declaración cuando afirma; “que el occiso era como un hermano” ¿Qué no se haría por un hermano?, como tampoco es razonable creerle cuando dijo; “ellos salieron como diez, queriendo golpearlo, yo lo cubrí con mi cuerpo” y si utilizamos la lógica como parte integrante de la sana critica, ello es imposible, ya que el occiso era un adulto, (por lo tanto imposible de cubrirlo), si eran diez personas contra él, por lógica algunos extremos del hoy occiso hubieran sido alcanzados por las patadas de sus supuestos agresores (claro está, en el hipotético caso de que sus dichos hayan sido fidedignos; que sin duda no son). 7.- Previo a la Inspección al lugar del hecho, y concretamente en el Hospital, el testigo “A”, sostuvo que; “les tomaron declaraciones al él y a otras personas”, y si realmente hubieran sabido quien era el hechor, utilizando nuevamente la lógica como regla integrante de la sana crítica, en esas declaraciones debió consignarse el nombre y apellido del hechor, y si después de tomar esas declaraciones van a practicar la Inspección, y en el apartado del Acta, correspondiente al NOMBRE DEL IMPUTADO: donde se consigna como DESCONOCIDO, automáticamente debió aparcar el nombre de mi representado; entonces: ¿Qué nos dan a entender sus declaraciones ?, simple y sencillamente que son falsas y que fue posteriormente que se inventaron el nombre del imputado como supuesto hechor meses después que se presentara el Requerimiento. 8.- Si el testigo “A” afirma; “ Arles disparaba hacia el bulto de gente que estaban afuera que éramos nosotros”, en cambio el testigo “B”, dice todo lo contrario, cuando dijo; “ A. le disparó de un solo”, contradicciones que generan duda, y a estos testigos los desmiente el otro testigo de cargo “Al”, cuando a las preguntas del Ministerio Público dijo; “ L. cuando lo retaba lo que recurado es que le decía halale esa mierda loco es lo único que escuchó”, entonces, ¿En que son contestes los testigos de cargo?, ¿Cuál de las tres versiones es la creíble ?. 9.- El testigo “B”, dice; “era la casa número (8), cuando ni siquiera en la Inspección se constató el # de casa, lo que si era Número (8) era el Sector de la Colonia en que sucedió el hecho; otra evidencia de que sus dichos no son reales. 10.- El testigo “B”, viene incluso a desmentir al propio a quo y al Acta de Levantamiento del Cadáver, ya que éste testigo afirmó que la casa en cuyo frente ocurrió el hecho” era de esquina”, en cambio el a quo y en base al Acta aludida, ( en la valoración conjunta de la declaración de los testigos de descargo), sostiene; “ se aprecia que no es de esquina la casa”; entonces: ¿Quién dice la verdad, el a quo o el testigo “B”?. Juzgue la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justica. 11.- Por otro lado, ante la pregunta de la Defensa, el testigo “B” en referencia al imputado, dijo; “tiene como un hueco en el hombro”; y utilizando la lógica, ello solo le pudo constar, en primer lugar si lo hubiera visto sin camisa, en segundo lugar si hubiese estado adentro de la fiesta, en tercer lugar si el imputado hubiese salido al porche sin camisa, lo que no ocurrió, y en cuarto lugar cuando salió aquel de la casa al llegar la DNIC, el testigo “B” ya se había ido para el Hospital con el herido. 12.- Por su parte el testigo “Al”, dijo que no recuerda como vestía el imputado ( con quien estuvo al interior de la casa durante la fiesta, sin embargo si se acuerda como vestía el hoy occiso (con quien no estuvo afuera y que vio en frente de la casa), en cambio el testigo “A”, afirma; que el imputado vestía camisita blanca, lo que es contradicho por el testigo de descargo J. C.C. T. ( quien si estuvo al interior de la casa y compartió con el imputado), quien afirma que éste andaba con una sudadera roja y azul (nada que ver). 13.-a Porque el ente acusador no se molesta en investigar a quien portaba el arma de fuego, apodado “Tato”, a través de los agentes de investigación, (conforme al artículo 279 del CPP), quien sin lugar a duda, era determinante contar con su versión de los hechos. 14.- Al afirmar el imputado que no andaba arma, es otra circunstancia acreditada en autos con la declaración de la testigo “Al”, quien afirmó que quien portaba una era un tal “Tato”; y para ahondar en la duda, es importante preguntarse ante el caso de autos; ¿ Porque el imputado iba disiparle al hoy occiso cuando no andaba armado, cuando el problema no fue en su casa, cuando la fiesta no era de él, cuando ni conocía al hoy occiso?, ¿Dónde está el vínculo delincuencial, el nexo causal, el móvil o el motivo?. 15.- La testigo “A1” dijo, “que en el porch no había luz”, en cambio el testigo “A” dijo, “se miraba bien todo lo que estaba adentro”, lo que también es otra gran contradicción que genera duda, que pesa a favor del reo. INTERPRETACION PRETENDIDA: Que ante la insuficiencia de prueba, ya que a los testigos “A” y “B”, los excluye la Inspección aunada al Acta de Levantamiento de Cadáver, durante la práctica de la misma, en la escena del crimen, la que pone en evidencia que faltan a la verdad de sus dichos, y si la testigo “A1”, dijo que esa era apenas la segunda vez que veía al imputado, en la noche e ingerida de bebidas alcohólicas, Principio de Identidad, (no existe identificación plena) y dado que la Autopsia únicamente acredita la muerte legal del hoy occiso, mas no así quien le causó la muerte, y la Inspección aunada al Acta de Levantamiento de Cadáver y ésta en sí, tampoco demuestran que el imputado sea el hechor, aunado a las colosales contradicciones (Principio de Contradicción), de los testigos de cargo entre sí, aunado a que nunca se investigó a la persona que realmente portaba el arma de fuego y ante la falta de identificación plena del imputado (Principio de Tercero excluido); debe aplicarse a los hechos el artículo 339 del CPP, ya que ante la duda, debe imperar el Principio del in dubio pro reo.” “EXPOSICION DE MOTIVOS POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIIPIER MOTIVO: No haber observado el Tribunal Sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 362 numeral 3), parte in fine del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: De conformidad con el artículo 202 del Código Procesal Penal; “Las pruebas serán valoradas con arreglo a las regias de la sana critica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, lo anterior en relación a lo establecido en el artículo 336 párrafo primero del precitado Código, el cual, manda; “ El tribunal para resolver, solo tendrá en cuanta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo a la regias de la sana crítica”, por su parte, el artículo 338 regla cuarta, numeral 2) del aludido Código, prescribe; “ Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las regias de la sana crítica, el valor que se les haya dado a las practicadas en el juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”( la bastardilla y negrilla, me pertenecen). Los hechos estimados por probados en una sentencia penal (que constituye la verdad a la que el Tribunal ha arribado), deben estar sustentados en el acerbo probatorio que se plasma en la valoración de la prueba o fundamentación probatoria La fündamentación probatoria se contrae a las frases descriptivas e intelectivas en la primera, el tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar porque un medio de prueba le parece fidedigno y otro no, además, porque un medio de prueba le lleva a una conclusión determinada. Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del presente recurso de casación, por quebrantamiento de forma, por la evidente violación de las reglas de la sana critica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el Legislador en el artículo 338 del Código Procesal Penal, ubica dentro de “la fundamentación jurídica del fallo” (regla cuarta), la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de valoración de la prueba conforme a esas reglas, que implementa nuestro sistema procesal penal, impera la plena libertad del convencimiento de los jueces (sin incurrir en libertinaje), porque exige que la conclusiones a las que se arriben sean el fruto razonado de la prueba en que se les apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe deducirle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites; las reglas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia convincional de cada prueba en total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón. En boca de Eduardo M. J., op. cit. pág. 48 y 49; “Las características fundamentales de este sistema son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos y sobre el valor acreditante que debe otorgárseles a cada prueba... pero ello no implica de ninguna manera un arbitrio absoluto del juzgador... la valoración conforme a las reglas de la sana critica racional, se debe apreciar la prueba y fundar su decisión basándose no en su íntimo convencimiento, sino objetivamente en los más genuinos lineamientos que indica la psicología, la experiencia común y las reglas de la lógica y el recto entendimiento humano… expresando imperativamente cuales son las razones que, surgidas solo de las pruebas, determinan la decisión adoptada, indicando cual fue el camino deductivo seguido para llegar a esa conclusión y no solo el resultado de la operación mental. Esto impide que el órgano jurisdiccional pueda decidir basado solo en su capricho, en simples conjeturas o en su intimo convencimiento… la omisión de cumplimentar con esos requisitos torna arbitraria por inconstitucional la sentencia, y corno tal su nulidad”.- Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de la prueba en que incurrió el Tribunal Sentenciador cíe instancia. Es de sumo conocimiento que la reglas a que nos referimos están integradas por las de la experiencia común, lógica, psicología y las recto entendimiento humano, y nos referiremos únicamente a las segundas por considerar que fueron las que no utilizó adecuadamente el Tribunal Sentenciador; En cuanto a las reglas de la lógica implican que en el ejercicio intelectivo el juzgador debe guardar coherencia( concordancia entre sus elementos), y si en cuanto al hecho probado dice él a quo que ocurrió el 20 de Junio de 2009; cuando el testigo “Al” dice que fue el 20 de Junio de 2010, y el testigo “A” afirma que fue el 20 de Junio de 2008; ¿Dónde está la coherencia, en el año?; por otro lado sostiene en el hecho probado que el imputado (increpó reprender severamente) al hoy occiso, y los testigos de cargo sostienen, en cambio, que lo que se suscitó fue un “palabreo”; ¿dónde está la coherencia?, si el Tribunal Sentenciador sostiene que el imputado portaba un arma de fuego, y la testigo “Al” sostiene lo contrario, de que quien la portaba era un tal Tato; ¿ Dónde está la coherencia ?, si el Tribunal sostiene que el imputado hizo dos (2) disparos, en cambio la Autopsia solo demuestra uno, y el Acta de Levantamiento del Cadáver, en cuanto a la Inspección al lugar del hecho, sostiene que requisaron toda la peatonal en un perímetro de 25 metros y que no encontraron indicios relacionados con el hecho (ojiva, casquillos o impactos en paredes), ¿Porque dar por acreditado ese extremo si la prueba científica ( que es más creíble) no lo demuestra así?; entonces; ¿Dónde está la coherencia). Por lo tanto no hay concordancia entre los elementos, ni derivación ( necesidad de una razón suficiente para ser verdad), según F. de la Rúa, la derivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual, “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables de las pruebas y de la sucesión de conclusiones afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se puede inferir aquella” La coherencia manda la aplicación de los Principios de Identidad, Contradicción y Tercero excluido; y en cuanto a este último, vemos que los testigos de descargo excluyen al imputado incluso de que haya salido siquiera al porche de la casa, durante el hecho, al ubicarse él como por aquellos; en una esquina de la casa por donde estaba el equipo de sonido, y al decir la testigo “Al” que un tal “Tato” era quien portaba el arma de fuego, vemos que este juega el papel de Tercero excluido al no ser investigado, ya que ni siquiera se molestaron en ubicarlo, citarlo y tomarle su declaración para que diera su versión de los hechos; y en cuanto a las contradicciones, para la observancia del Principio de Contradicción, lo acreditamos así; 1.- Sostiene el a quo, en cuanto a la valoración de los testigos de cargo “A1”, “A” Y “B”, que son contestes; cuando ni siquiera coinciden en el año en que ocurrió el hecho, ya que “Al” sostuvo, ante la pregunta formulada por el Ministerio Público, que fue en el año 2010, en cambio “A”, en el interrogatorio hecho por el Ministerio Publico, sostuvo que fue en el año 2008; en cambio, según el hecho probado para el Tribunal fue en el año 2009; en cuanto al arma de fuego, el testigo “Al”, afirma que quien sacó el arma de fuego fue; “un muchacho que le decían Tato” en cambio “A” afirma; “que quien sacó la pistola fue Arle?’; por otro lado “B” afirma que; “Arles le disparó de un solo” mientras que “A”, y “Al”, desmienten a “B”, al firmar “A”, que primero hubo un alegato entre ellos, en cambio “Al”, sostuvo que; “ primero hubo un palabreo entre el occiso y la dueña de la casa llamada K.”; en cuanto al calibre del arma de fuego, “B”, sostiene que era una 22mm., mientras que según el Dictamen Balístico es calibre 25mm.; a su vez los testigos protegidos afirman que los disparos fueron dos (2); pero la prueba científica y la documental los desmiente, ya que según la Autopsia solo fue uno (1), y en la Inspección aunada al Acta de Levantamiento del Cadáver, al lugar del hecho, se constata que no se encontró ningún otro indicio relacionado con el hecho ( ojiva, casquillos o el impacto de la supuesta otra bala en la pared); cuando se constata; “ se requisé toda la peatonal en una distancia de 25 metros lineales, sin encontrar ningún indicio relacionado con el hecho, y si eventualmente el •otro disparo se hubiese efectuado, en algún lado debió haber impactado, (usando la lógica), peor aun siendo peatonales las casas; por lo tanto, en base a la fundamentación probatoria el Tribunal Sentenciador, nunca debió haber tenido por acreditado tales extremos, pues no puede afirmar en el hecho probado que el arma la portaba el imputado, cuando la testigo “Al” dice que la portaba un tal Tato, tampoco puede dar por acreditado en el hecho probado que los disparos fueron dos (2) cuando la evidencia y los medios de pruebas Autopsia y la Inspección aunada al Acta de Levantamiento del Cadáver, demuestran lo contrario; y ante este cúmulo de dudas, lo que debió imperar fue el Principio del in dubio pro reo, en base al artículo 339 del Código Procesal Penal. Por otro lado, sostiene el Tribunal Sentenciador que los testigos de cargo, al valorar conjuntamente sus dichos; “acudieron a declarar sin motivo de algún interés particular”, lo cual no puede ser del todo cierto, ya que el testigo “B”, dijo “que el occiso era como un hermano”, a tal grado que lo protegió con su cuerpo para que supuestamente no lo golpearan 10 individuos; y ¿que no podría hacer o decir por su hermano?; quizá hasta mentir. 2.- AJ valorar el Acta de Levantamiento de Cadáver, afirma el Tribunal Sentenciador que; “pero no obstante le llama la atención que la información ofrecida por personas que se encontraban en el lugar de los hechos, (solo fue uno), al momento que se trasladaron a dicho lugar, estos refieren a dicha autoridad como el lugar donde ocurrió el hecho siendo este un punto distinto de lo que en realidad fue, al no encontrar ningún indicio ni en la calle ni en la casa de habitación inspeccionada”; pero la evidente equivocación del sentenciador, estriba en no valorar la prueba en su conjunto y de manera armónica tal y como lo disponen los artículos 202 y 336 párrafo l’ del CPP; ya que todos los testigos de cargo y descargo coinciden en que el hecho fue enfrente (no adentro) de una casa de habitación, en el Sector 8 de la Colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa, y si los testigos de cargo afirman que los disparos se hicieron desde el porche de dicha casa, hacia fuera ¿Como era de esperarse encontrar indicios adentro de la casa si dentro de esta no ocurrió el hecho 7, Tampoco era de esperarse que encontraran indicios de sangre en la acera o en la calle, ya que también es un hecho probado que la víctima no sangró, extremo que lo acredité el testigo “A”, quien ante la pregunta hecha por la Defensa dijo; “ y la bala no echó sangre”, y si el Tribunal Sentenciador conjetura, es porque quiere, ya que es un hecho reconocido por este, de que tal extremo es real, cuando en el acápite PRIMERO, de los FUNDAMENTOS JURIDICOS del fallo, a párrafo 2° sostiene; “... causándole una acumulación de sangre en la bolsa que envuelve al corazón (EMPERÍTONEO)...”, es decir no sangré; por lo tanto; el fundamento intelectivo de la sentencia, responde a puras Conjeturas del Tribunal Sentenciador, y ello lo argumentamos válidamente, con la definición que del término Sospecha, nos da Eduardo M. J., op.cit. página 40, cuando afirma: “Como estado psicológico, es el recelo o la desconfianza que con relación a algo o a alguien se forma en el animo, debido a las conjeturas que se elaboran tomando como base ciertos datos reales. La sospecha es tal si va acompañada de un gran margen de duda sobre el resultado de las conjeturas”; cuando para condenar, el grado de conocimiento o convencimiento debe responder a la Certeza. Además, otra razón por la que no debe quedar ningún ápice de duda que la casa inspeccionada fue el lugar donde se realizó la fiesta, es porque así lo sostuvo la testigo de cargo “Al “, cuando afirma; “no nos dejaron salir hasta que llegó la DNIC”, cuya versión es ratificada por la Declaración del Imputado; por lo que se concluye que si el Tribunal le da valor probatorio a esa testigo, consecuentemente sus Conjeturas son infundadas, baladís y superfluas. 3.- Ahora bien, si analizamos el Acta de Levantamiento de Cadáver, (como en derecho corresponde), en su conjunto, objetivamente y sin Conjetura alguna, y en aplicación las reglas de la sana critica, como se debe, podemos concluir que no demuestra la participación del imputado en el hecho, al menos denota la concurrencia del Principio del in dubio pro reo, ya que siendo la primera diligencia practicada, no se consta en la misma el NOMBRE DEL IMPUTADO, al constatarse en la misma que es DESCOJVOC1DO; ya que en ella se consigna que los de la DNIC, salieron del Hospital a las 00:27 horas, llegando al lugar de la requisa a las 00:44 horas; pero lo realmente relevante y de importancia capital en cuanto a esto, es que el testigo “A”, afirma; “pero recuerdo que ahí nos tomaron declaración, en el hospital, a mí y a otras personas”, por ende, al llegar a la requisa ya contaban con las declaraciones de aquellos testigos, en consecuencia, el espacio en referencia al NOMBRE DEL IMPUTADO, nunca debió estar en blanco o consignarse como DESCONOCIDO, pues ya les habían tomado declaración a los testigos, (que supuestamente sabían quién era el hechor) y que posteriormente, como por arte de magia vienen a decir que responde al nombre de mi cliente, (es cuestión de usar la lógica como regla integrante de la sana critica, para concluir que los testigos de cargo, faltan a la verdad). 4.-Al valorar disque conjuntamente las declaraciones de los testigos de descargo G.J.S. M. Y J.C. C. T., afirma el Tribunal Sentenciador que; “corresponden a una estrategia de la Defensa, que no están diciendo la verdad, que han querido favorecer al imputado, que adolecen de veracidad sus dichos, por lo tanto no les da valor probatorio por no ser creíbles”. Para sostener semejante criterio, el Tribunal Sentenciador aduce; “Tanto el acusado como éstos testigos han querido hacer creer que el hecho ocurrió en un punto distinto al que han expresado los testigos de cargo... saliendo por la puerta de atrás de la casa donde se realizaba la fiesta.., que según el mismo Croquis que acompaña al Acta de Levantamiento de Cadáver, se aprecia que; no es de esquina la casa donde se realizaba la fiesta y donde ocurrió el hecho...” Pero sin duda, la equivocación del Tribunal Sentenciador, radica en no valorar la prueba como en derecho corresponde, conforme a los artículos 202 y 336 párrafo 10 del CPP; y sus argumentos los refutamos así: a.- ¿Como no ubicar en la casa donde se realizaba la fiesta al testigo G.J.S. M., si era el anfitrión por estar celebrando con dos días de anticipación su cumpleaños ?, circunstancia que el mismo Tribual la pudo corroborar al momento de rendir su declaración ya que el Tribunal está en la obligación de corroborar la identidad del testigo conforme a su tarjeta de identidad, donde se consta la fecha de nacimiento, pero si ello fiera poco, ante la pregunta hecha por el Ministerio Publico, éste dijo; “estaba de cumpleaños, yo cumplo años el 22 de Junio”. b.- El testigo de cargo “B”, ante la preguntas del Juez dijo; “L. y yo estábamos afuera, estábamos enfrente de la casa” por lo tanto, es absurdo que el Tribunal Sentenciador “pretenda hacer creer” que fue adentro de la casa, donde ocurrió el hecho; extremo que además lo ratifica La Inspección aunada al Acta de Levantamiento de Cadáver, en la cual se constata; “en sus paredes no se observó ningún indicio, sin desorden, se retira del lugar, sin encontrar indicios del caso”. C.- En ningún momento y bajo ninguna circunstancia, afirman los testigos de descargo, lo que el Tribunal quiere poner en boca de aquellos, en cuanto a que el hecho ocurrió en un punto distinto al que señalan los testigos de cargo, ya que la testigo “Al “, sostiene que la dueña de la casa se llama Katherine, como así también lo sostuvo el testigo de descargo G. J. V.S.., ante la pregunta que le realizara el Ministerio Público, y si la testigo de cargo “Al” y los de descargo G. .J. S..M. Y J. C.C.T., (quienes se encontraban al interior de la casa donde se realizaba la fiesta), son absolutamente contestes en afirmar; que fue a petición de la dueña de la casa (K.), que se paró la música y de quien emanó la orden de que la fiesta no continuaba, resulta irrisorio que el Tribunal de Sentencia, sostenga que los testigos de descargo pretenden hacer creer que el hecho ocurrió en un punto distinto; cuando más bien estos tres, en ello coinciden; por lo que, las conjeturas del Tribunal vuelven estar a la orden del día; pues en ningún momento los testigos de descargo aducen de que el hecho ocurrió en otro Sector o en otra Colonia peor aun, cuando la testigo A1 dice que salieron de la casa hasta que llego la DNIC extremo que además coincide con la declaración del mismo imputado d. - Cuando los testigos de descargo, afirman que no escucharon disparos, sino una bulla de un herido, también esta circunstancia hay que analizarla conforme a la reglas de la sana critica, específicamente las de la lógica; pues el testigo G. J.S.M., afirma que el estaba poniendo la música, es decir en la función de (DJ), y no hay necesidad volver a la adolescencia, para saber que en las Discotecas, quien ejerce esa función incluso utiliza aparatos de protección auditiva (audífonos), y si estaba poniendo la música, en una esquina, ante más de 30 personas que por lógica no estaban rezando en silencio, bajo los efectos del alcohol, quizás haciendo ruido, gritando, cantando, y siendo el calibre del arma de fuego tan bajo, que quizá suene más duro un cuetillo navideño, no era de esperase a que escuchara si ni siquiera estaba en el porche de la casa; lo mismo se puede argumentar a favor del testigo J. C. C.T., ya que se encontraba según dijo, cerca de la meza por donde ponían la música, quien además dijo que recientemente había sido intervenido quirúrgicamente, (por ende no era de esperarse que estuviera activado del todo), pero que si corrobora el extremo del otro testigo de descargo, al manifestar que era aquel, quien ponía la música. d. - A su vez, los testigos de descargo, afirman que salieron por la parte de atrás de la casa donde se realizaba la fiesta, y sobre esto tampoco debe conjeturar el a quo; ya que es un extremo corroborado con lo declarado por la testigo de cargo “Al”, cuando a la pregunta hecha del Ministerio Publico, dijo; “lo que recuerdo es que salimos por la puerta de atrás”. En consecuencia esto es un hecho probado en consonancia a la dicho por la testigo de cargo “Al “, e increíblemente el a quo a los de cargo les da valor y desvalora a los de descargo, pese a su unanimidad. e.- En cuanto a que, según el mismo Croquis del Acta de Levantamiento de Cadáver, se constata “que la casa no es de esquina”, se concluye que el Tribunal Sentenciador estuvo en otra galaxia al momento de rendir su declaración los testigos de descargo; ya que en ningún momento han dicho semejante absurdo; lo que efectivamente dijeron, es que; “estaban en una de las esquinas de la casa poniendo la música”, (cosa muy diferente a que hayan dicho que la casa era de esquina), y cuando el primero dice “estábamos” sin lugar a dudas hace referencia a un tal E., de quien el segundo testigo dijo; “que junto a Gerardo eran los encargados de poner la música”; pero, a pesar de que el Tribunal Sentenciador pretende poner en boca de los testigos de descargo, lo que ellos en ningún momento dijeron, (de que la casa era de esquina), fueron más bien los testigos de cargo ( a quienes increíblemente siles da valor a sus dichos) quienes lo afirmaron, ya que así lo da a entender el testigo “Al”, cuando ante la pregunta de la Defensa, afirma; “ la casa de habitación donde se realizaba la fiesta, es no tan de esquina” en cambio el testigo “A”, ante la pregunta del Ministerio Público, no vaciló en decir; “es de esquina”; entonces ¿ Quién miente?, ¿ los testigos de cargo que dicen que la casa es de esquina, y a quienes el Tribunal les da valor probatorio, a pesar de que sostienen lo contrario al Tribunal de que “la casa no es de esquina”, o los de descargo que en ningún momento dijeron que la casa es de esquina?.- juzgue, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, la valoración de la declaración de los testigos de cargo, efectuada por el Tribunal Sentenciador carece de fundamento intelectivo, por ser incoherente con los demás medios probatorios, que mas bien ratifican en cada una de sus partes lo dicho por los testigos de descargo, ya que por ejemplo la Inspección aunada al Acta de Levantamiento de Cadáver, se constata; “que no hallaron indicios en las paredes de la casa, es porque adentro no hubieron disparos, por lo tanto, es creíble lo dicho por los testigos de descargo que no oyeron disparos; y si uno de los testigos de descargo se encargaba de poner la música, por lógica esta tendría que estar sonando antes de los supuestos disparos (por lo tanto no era posible que oyera), afirmando ambos que la gente seguía bailando, hasta que la dueña de la casa dio la orden de pararla y de que no continuaba la fiesta. (es decir, la runga estaba en su mayor apogeo).Otro extremo dicho por el testigo de descargo J.’J C.C. T., fue cuando al describir la casa, ante las preguntas del Tribunal, dijo:” esta casa tiene dos accesos la casa vehicular y la peatonal”, circunstancia que la viene a ratificar la Inspección aunada al Acta de Levantamiento del Cadáver, cuando expresamente dice; “ se inicia la requisa a orilla de calle, pavimentada vehicular, se aprecia un bote de basura metálico, frente a este se observa una calle peatonal”, constituyendo este, otro extremo, que la conjetura del a quo es absurda e infundada, en cuanto a que; los testigos de descargo, quisieron hacer creer que el hecho ocurrió en un punto distinto al que expresaron los testigos de cargo. Cuando el resto de los medios de pruebas incluso los testigos de cargo, corroboran sus dichos. f - Para concluir, en cuanto a la declaración del imputado, siendo esta su defensa material; vemos que el Tribunal tampoco la valoré conforme a la reglas de la sana critica; concretamente con las de la lógica como partes de aquella, ante la falta de coherencia en su argumentos intelectivos (concordancia entre su elementos), puesto que al valor conjuntamente la declaración de los testigos de descargo, afirma; “tanto el acusado (lo bastardilla y negrilla me pertenecen), como éstos testigos han querido hacer creer que el hecho ocurrió fuera de la casa... en un punto distinto al que han expresado los testigos de cargo pero, al analizar independientemente la declaración del imputado, se da con la misma piedra en sus propios dientes, al sostener todo lo contrario, al afirmar; “... se ubica en el lugar del hecho (cuando antes dijo que se ubicaba en un punto distinto al del hecho), resultado congruente con los testigos de cargo (cuando antes dijo que se ubicaba en punto distinto al que expresaron los testigos de cargo), por lo que se denota que la fundamentación intelectiva es ambigua; y si alguien está diciendo la verdad, es el imputado, ya que cuando afirma; .. en ese entonces llegaron los de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, y no encontraron nada porque el cuerpo no estaba allí”; cuya verdad se corrobora con lo declarado por la testigo de cargo “Al”, quien al ser interrogada por el Ministerio Publico dijo; “ y nos dejaron salir hasta que llegó la DNIC”; (siendo de vital importancia señalar que primero declaró el imputado un día antes que la testigo “Al”, sin que entre ambos oyesen su declaración), mas aun así concuerdan sus dichos en este sentido; además este extremo lo ratifican los agentes de la DNIC que practicaron la Inspección y la adunaron al Acta de Levantamiento de Cadáver, ya que cuando dicen que no encontraron ningún indicio, es porque el herido en ese momento y sus acompañantes (testigos) ya no se encontraban en el lugar, al llegar aquellos, y la corroboración de este último extremo es fácil, ya que los agentes venían de Hospital donde más bien les habían tomado declaración a aquellos según lo dijo el testigo “A”; por ende, es falso lo dicho por los testigos “A” y “B” de que el imputado al salir los insulté y que diez acompañantes del imputado quisieron golpear al herido y que agarraron a patadas al testigo “B”, si éstos ya no estaban en el lugar del hecho; la lógica no dice, que si el imputado hubiese sido culpable hubiese aparecido su nombre como imputado en el Acta de Levantamiento de Cadáver, puesto que los testigos de cargo ya habían sido indagados en el 1-lospital, y, si el imputado hubiese sido responsable, por lógica, no iba a esperar a que llegase la DN[C, para salir del lugar, o ¿ Porque el Requerimiento Fiscal se presenta medio año posterior al hecho, si supuestamente ya sabían quién era el hechor? a).- cuando el imputado, ante la pregunta hecha por el Ministerio Publico, afirma que quien alquilaba la casa eran C.M. y K. M., debemos llegar a la conclusión de que no miente, ya que así lo ratifica la testigo de cargo “Al”. B).- Cuando el imputado, ante la pregunta de la Defensa, afirma, “que no escuchó detonaciones ni disparos”, hay que ubicarse en el lugar donde se encontraba, que hacía y que pasaba en la fiesta, ( adentro de la casa, cerca de donde estaban poniendo la música, música en volumen alto por tratarse de una fiesta, bailando, celebrando un cumpleaños, haciendo ruidos, bullas, cantando, la discusión en el porche de la casa, aunado al bajo sonido que hace el disparo de un revolver calibre 22 o 25 milímetros; ello es congruente con lo que efectivamente pasa en una fiesta; por lo que no es dable, exigírsele otro tipo de conducta conjeturalmente. c)- Cuando el imputado sostiene que no andaba armado, su dicho lo corrobora la testigo de cargo “Al”, quien dijo que quien lo andaba era un tal Tato; a quien nunca investigaron. d).- Cuando el imputado sostiene, que se dio cuenta de que lo involucraban en el problema un año después, porque hicieron un allanamiento en su casa de habitación, hay que analizarlo con los actos y acciones de éste posteriores al allanamiento, al presentarse voluntariamente ante el Juez de Garantías, en aplicación al dicho aquel de que; “ quien nada debe, nada teme”, y si permaneció más de 4 años y medios yendo a firmar bajo medidas sustitutivas a la prisión preventiva, enfrentando el proceso sin darse a la fuga, ello es producto de obrar con una conciencia limpia, tranquila y no culpable. e).- Finalmente, el Tribunal Sentenciador violenta por enésima vez las reglas de la sana critica, concretamente las de la lógica, en cuanto a la (derivación), ya que esta debe respetar sin duda el Principio de razón suficiente, para lo cual (el razonamiento debe estar constitutivo por inferencias razonables de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ella se vayan determinando) y cuando el Tribunal Sentenciador conjetura, que no es congruente con la realidad que el imputado, haya salido por la puerta de atrás, porque cuando ocurre una situación de esta naturaleza.... Las personas que están alrededor del lugar.... Salen a mirar e informarse de lo que pasa, de lo que se concluye que el Tribunal sentenció al imputado, “solo por no andar de miranda”, y no porque el ente acusador, haya desnervado en su contra el Principio de Presunción de Inocencia.- ¡ qué barbaridad mas bárbara! Cuando si analizamos los medios de pruebas en concatenación con la declaración del imputado, conforme las reglas de la piscología, la experiencia común, las reglas de la lógica y el recto entendimiento humano; la fundamentación intelectiva del Tribunal Sentenciador, debió arribar a la certeza siguiente: 1.- Que es congruente con la realidad, que se llevara sus pertenencias ya que declaró que el equipo de sonido le pertenecía. Ni modo que se lo dejara a la dueña de la casa. 2.- Es congruente con la realidad que se fiera con el anfitrión de la fiesta G. J.S. M., al Starmark del Barrio La Guadalupe, a seguir celebrando, lo que además denota el sutil conocimiento que tuvo del hecho, ya que como dijo; no escuchó disparos, tampoco vio al herido porque salió de la casa hasta que llegaron los de la DMC, y de haberse sabido responsable no hubiese ido a continuar celebrando sino que ha huir u ocultarse o esconderse de las autoridades, en todo caso hubiese huido desde el momento del hecho, sin esperar a que llegasen los de la DNIC. 3.- Que haya salido por la puerta de atrás de la casa, es incluso congruente con la verdad, ya que la testigo de cargo “Al”, sostuvo que también por allí salió ella, y hasta que llegaron los de la DNIC. 4.- Y contrario a los que sostiene el Tribunal Sentenciador, lo que sí es incongruente con la realidad, es que el imputado saliera a mirar e informarse de los que pasaba; porque simple y sencillamente al salir de la casa, cuando llegaron los de la DNIC, ni el herido ni sus acompañantes estaban en el lugar, tal y como lo corrobora la Inspección aunada al Acta de Levantamiento de Cadáver, cuando se constata;” se requisó toda la peatonal en una distancia de 25 metros lineales.., sus paredes no se observó ningún indicio, sin desorden, se retira del lugar sin encontrar indicios del caso”, y, (recuérdese que cuando la DNIC, llega, más bien vienen del Hospital, de levantar el cadáver e interrogar a los testigos, según lo manifestó el testigo de cargo “A”); por lo que cabe preguntarse ¿ A quién diablos iba ir a ver el imputado, sin nadie estaba en el lugar ?, más bien el Tribunal, de esa circunstancia debió haber llegado a la verdad de que los testigos de cargo, en especial “A” y “B” mienten descaradamente y faltan a la verdad, pues el primero dijo; que después del hecho golpearon a muera ese perro”, lo que no puede ser, cierto si a aquellos no los dejaban salir de la casa, hasta que llegó la DNIC, como lo sostuvo la testigo de cargo “Al”, y cuando aquellos llegaron, más bien venían del Hospital de levantar en cadáver e indagar a aquellos testigos falsos. 5.-Y contrario a los que sostiene el Tribunal Sentenciador, lo que sí es incongruente con la realidad, es suponer que el imputado saliera a mirar e informarse de los que pasaba, además por lo antes dicho, es porque ese tipo de conducta únicamente se le puede pedir o se puede esperar (sin ser despectivos), de la gente de tierra adentro, mercaderes, buseros, taxistas analfabetas, o a personas sin preparación académica, y siendo el imputado un egresado universitario, más bien lo que debe esperarse, es marcharse del lugar, para evitar cualquier daño y no poner en riesgo su vida ni su integridad física. En síntesis, en la sentencia impugnada, la coherencia es nula, porque la derivación desprendida de las reglas de la Lógica, corno parte intrigante de las reglas de la sana critica, induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas); Resulta que la sentencia que hoy cuestionamos por esta vía impugnativa contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica al observarse en la valoración de la prueba, ante la conjeturas del a quo, las manifiestas contradicciones de los testigos de cargo entre sí y con los demás elementos probatorios; por lo que solicito a la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que el presente motivo, también sea de recibo y en su oportunidad case el fallo impugnado. RECLAMO OPORTUNO: Se constata en el expediente de merito, (audiencia de Incidente de nulidad),, la petición de nulidad planteada contra el contenido de la Audiencia para determinación de pena concreta por extemporánea, la interposición del recurso de Reposición, así como el de Apelación; para los efectos del artículo 363 párrafo 3° del CPP. SEGUNDO MOTIVO: Incorporación de medio de prueba mediante lectura, en violación a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, para la realización del juicio oral y público. NORMA INFRINGIDA: Para los efectos de este motivo, se cita como infringido el artículo 311 numeral 2) en relación al artículo 1 y 20, del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido dentro del articulo 362 numeral 2), del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Se denota del Acta del debate, que al iniciar el mismo se le dio la palabra a la representante del Ministerio Público, quien vía incidental propuso conforme al artículo 320 del CPP, que se le permitiera incorporar al mismo, mediante lectura autorizada, de conformidad al artículo 311 numeral 2) del CPP, la declaración del testigo protegido “B”, en virtud de que, un agente de la (DNTC), de nombre J. C. C., (ni siquiera el Director de la misma), le extendió Constancia en la que le manifestaba que dicho testigo se encontraba en Panamá, lo que imposibilitaba ser citado para su comparecencia al juicio oral y público, pero se constata de la misma Acta de debate, que el Tribunal Sentenciador nunca se pronunció en el momento procesal oportuno sobre esa particularidad, a tal grado que se le dio la palabra al ente acusador para que formalizara la acusación de estilo, lo cual hizo, declaró el imputado, el Señor S.V. D. ratificó el Acta de Levantamiento de Cadáver, y en pleno debate ( cerrada la etapa incidental), vuelve a la carga el Ministerio Fiscal, pidiendo nuevamente que se le permita incorporar vía lectura autorizada la declaración de susodicho testigo, se le da la palabra a la defensa quien se opone, y vulnerando la observancia de las reglas establecidas para la realización de juicio oral y público, El Tribunal Sentenciador, decide acceder a lo solicitado, en base a la susodicha Constancia, la que ni siquiera coincidía con la justificación que dio el Ministerio Fiscal, para su petitum quien dijo; “nos manifestaron que él se ha embarcado, en cambio de la Constancia se denota que se encontraba en Panamá; cuando ni siquiera el Director de aquella institución está facultado de conformidad a derecho, para constar. semejante circunstancia tener corno una verdad irrefutable lo ahí consignado), si se embarcó de conformidad a derecho quien si puede válidamente hacer constar esa circunstancia, es la Dirección de Marina Mercante, a través de la Subdirección de Puertos, o si salió por otra vía, la Dirección General de Migración y Extranjería, (nunca un agente de investigación por no ser un Ministro de Fe, de conformidad con la ley), por lo tanto, el Tribunal Sentenciador, fue sorprendido en su confianza o se durmió en sus laurales, ya que con la susodicha Constancia, nunca jamás, puede acreditarse la condición de “imposibilidad o de extraordinaria dificultad, para reproducción su declaración en el acto del juicio oral”, para decir que aquel no pudo ser citado, e introducir al debate su declaración ex ante, de conformidad al artículo 311, numeral 2) del CPP, incluso ante su negativa, la ley ya establece los mecanismos de llevarlo a comparecencia judicial, incluso, mediante el uso de la fuerza policial, otra circunstancia que no se acreditó ni se agotó en el proceso. Como consecuencia de haber incorporado ilegalmente al debate aquel medio de prueba ilícito, se vulnera por parte del Tribunal, los Principios de Contradicción e Inmediación, exigidos en los artículos 1, 4, y 20 del CPP, para la realización de debate, de manera válida. En cuanto al primer Principio, afirma Eduardo M. J., El Juico Oral en el Proceso Penal, op cit. Páginas 36 y 37; “Este principio que rige en todo proceso judicial tiene la superlativa relevancia en el penal debido a la especial naturaleza de los bienes en juego También denominado como principio de “bilateralidad”, de “controversia” o de “igualdad procesal”, es una derivación de las garantías constitucionales de la inviolabilidad de la defensa en juicio y de igualdad ante la ley”; que adquieren Carta de Ciudadanía a favor de mi representado, en los artículos 61 y 82 de la Ley del Pueblo; y en virtud de haber sido imposible controlar plenamente la producción de esa declaración en la audiencia inicial, ya que incluso la Defensa la manejó otro Abogado, y en definitiva se vulneró dicho Principio, por no poder rebatirla ni contradecirla alegando lo que procediera sobre la misma ni realizar todas las observaciones que fueren pertinente en el momento que se evacuó. En cuanto al segundo principio, sostiene BACIGALUPO, Enrique, El debido Proceso Penal, Hammurabi, buenos Aires, pág. 97; “El Principio de inmediación significa que el Juez debe configurar su juicio sobre la base de la impresión personal que ha obtenido del acusado y de los medios de prueba; en ese sentido no está básicamente autorizado a reemplazar el interrogatorio de testigos por la lectura de un acta, confeccionada por Un juez comisionado. r lo tanto; “el tribunal que dicta la sentencia tiene que percibir por sí mismo (inmediación personal)” y además «tribunal tiene que extraer los hechos por sí mismo de las fuentes, es decir que no está autorizado a utilizar ninguna prueba subrogada (inmediación material) Como se advierte en su triple exigencia, inmediación importa una idea general obra la necesidad de que todas las partes y el órgano jurisdiccional obren juntos y que, de este modo, perciban personalmente la producción de las pruebas con prescindencia de toda la inmediación; lo que sin duda no se suscitó en el subjudice. No obstante lo anterior, aquellos Principios tienen límites por las excepciones legales, empero, no es menos cierto que a criterio de esa Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Expediente No. CP- 192-2009, según sentencia de fecha 27 de Julio de 2010; deben de reunirse ciertos requisitos y condiciones para la vialidad o procedencia de las lecturas autorizadas, cuando sostiene;” Que para poder incorporar testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, debe el Tribunal necesariamente determinar el porqué se hace imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el juicio, debiendo garantizar en todos aquellos casos que se pretenda la incorporación por lectura sin la concurrencia de estos requisitos se debe obligatoriamente rechazar la solicitud de incorporación por lectura, precisamente, para la determinación de los requisitos de las partes deben cual es la causa que genera la imposibilidad o vuelve extraordinariamente difícil, reproducir la prueba en el juico, pues de lo contario la excepción no pasa por el tamiz que le otorga dicha condición...”; y al no haberse acreditado por quien en derecho corresponde; ya que ni siquiera fue el Receptor del Despacho quien lo citó, para que en su condición de Ministro de Fe, que pudiera tener por válida la condición de que el testigo “B” salió del país; por lo tanto, debemos suponer que mientras no se acredite fehacientemente lo contrario por quien en derecho corresponde, aquel permanece en el país y que perfectamente pudo ser citado, para que rindiera su declaración en legal y debida forma.; en consecuencia el presente motivo de casación también debe ser de recibo, para enmendar el quebrantamiento de forma en que incurrió el a quo por haber violentado las reglas establecidas por la ley adjetiva penal, para la realización del juicio oral y público. RECLAMO OPORTUNO: Se constata en el Acta de Debate, la interposición del respectivo Recurso de Reposición, planteado por la Defensa, a efectos de impedir que se incorporara por aquella vía al debate, la declaración del testigo protegido “B”, para los efectos del artículo 363 párrafo 3º del CPP.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que: (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Único Motivo. Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: 90 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: Violación al debido proceso legal; y, Pretensión: Declarar ha lugar el recurso de casación. El censor denuncia infringida la garantía constitucional del debido proceso, en virtud que la finalización del debate fue el 31 de marzo de 2014, y, la celebración de la audiencia de individualización de la pena fue el 11 de agosto de 2014; entre la primera fase del juicio y la segunda, medió un intervalo de cuatro meses once días, cuando la normativa procesal en su artículo 342 de forma taxativa establece que entre una y otra audiencia debe mediar un intervalo máximo de treinta días. Del debido proceso legal La garantía genérica del debido proceso, invocada por el censor como aquélla que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada en los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República; el debido proceso legal refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García vs. Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. La garantía del debido proceso legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte; así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento; entre estas encontramos: 1. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; 2. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; 3. Derecho a un juez predeterminado por la ley; 4. Derecho a la imparcialidad e independencia del juez; 5. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; 6. Derecho a la igualdad de armas procesales; 7. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; 8. Respeto al principio de presunción de inocencia; 9. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; 10. Derecho a ser oído en un plazo razonable; 11. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; 12. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; 13. Derecho a una justicia gratuita; y en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67. El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero de cómo debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso El recurso no es de recibo. El censor denuncia que el Tribunal de Sentencia infringió el debido proceso legal contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, al dejar transcurrir entre la primera y la segunda fase de juicio más de treinta (30) días continuos, que es el plazo máximo que concede el artículo 342 del Código Procesal Penal. Según la foliada, la finalización del juicio se computa al 31 de marzo de 2014 (f. 404), y la celebración de la audiencia de individualización de la pena al 11 de agosto de 2014 (f. 426); es decir, entre la primera fase del juicio y la segunda, medió un intervalo de cuatro (4) meses once (11) días, plazo que excedió al máximo permitido por la norma procesal. El dies a quo en que el Tribunal de Sentencia debió celebrar la audiencia de individualización de pena, comenzó a correr el uno (1) de abril de dos mil catorce (2014), y finalizó el dos (2) de mayo del mismo año. No obstante lo anterior, al remitirnos a las actuaciones, se constata a folio 406 que el tribunal de sentencia después de finalizar el juicio y hacer el pronunciamiento condenatorio contra el señor A. A. O. B., resolvió revocar las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva y señalar la audiencia de individualización de pena para el seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014), un plazo superior al máximo fijado por la ley y no se aprecia en la foliada que esta resolución haya sido reclamada oportunamente con el objeto de subsanar el yerro. Después de no haber realizado la audiencia de individualización en esa fecha y de otros nuevos señalamientos, se desprende a folio 420 que no se celebró audiencia de individualización de pena para la fecha del cuatro (4) de agosto de dos mil catorce (2014), por la no comparecencia de la defensa privada, de lo cual se considera que se postergó aún más la celebración de la audiencia de individualización de la pena por razones imputables a la defensa del hoy recurrente. Suma a lo anterior, que en definitiva, no se aprecia un perjuicio o agravio alguno al imputado por haberse sobrepasado el plazo fijado por la ley, máxime tomando en cuenta que el plazo de los treinta (30) días continuos se utilizará para practicar las investigaciones sobre los elementos que puedan modificar el quantum de la pena concreta a imponer, y en el presente caso, el Ministerio Público pidió la pena mínima tomando en consideración las modalidades del hecho y no aportando nuevos medios probatorios. Por todo lo anterior, el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, no resulta de recibo. Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los Hechos Probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados. 2. Falta de Correspondencia entre los Hechos Probados y el fallo por Infracción de Precepto Sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: Artículo 1, 20 y 339 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Falta de aplicación del artículo 339 del Código Procesal Penal; y, Pretensión: Declarar ha lugar el recurso interpuesto. El censor en su recurso de casación por infracción de ley delata infringido el artículo 339 del Código Procesal Penal por su falta de aplicación; arguye que en el caso concreto existen razonamientos equívocos y disímiles que no determinan una opción convincente de culpabilidad; enumera una serie de juicios en relación al acervo probatorio y concluye que existe insuficiencia probatoria que origina duda y la aplicación del principio in dubio pro reo. De la Procedencia del Recurso El recurso no es de recibo. A este respecto, conviene recordar que el cauce casacional ahora utilizado, de acuerdo con numerosos pronunciamientos de esta Sala de lo Penal, supone tan solo la comprobación por este Tribunal de Casación de la correcta subsunción de los hechos declarados probados en los preceptos de orden sustantivo que integran el ordenamiento penal, sin que sea posible, por esta vía, cuestionar los fundamentos y pruebas de tales hechos. Esta labor parte de un principio esencial, el cual es la intangibilidad de la narración de los hechos probados llevada por el Tribunal de Sentencia, sobre la convicción de que los mismos son ciertos e inalterables. Desde este sentido, resulta clara la improcedencia del recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, puesto que los razonamientos del recurso cuestionan la valoración probatoria del tribunal y en nada denuncian la incompatibilidad del fáctum de la sentencia con el precepto penal escogido en la parte dispositiva de la misma. Además, la narración del hecho probado sobre el cual se asienta el pronunciamiento en contra del señor A. A. O. B., es idóneo para alcanzar la conclusión condenatoria por el tipo penal escogido. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer Motivo. Normas autorizantes citadas: 362.3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: No determinado por el censor. Concepto de la Infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Acciones de Saneamiento: Interposición de recurso de nulidad contra el contenido del acta de individualización de la pena, interposición de reposición y apelación. Pretensión: Declarar ha lugar el recurso de casación. El censor denuncia la falta de coherencia entre la declaración testifical del testigo protegido A1, el testigo protegido A, y el hecho probado de la sentencia; el primero informó que los hechos sucedieron el 20 de junio de 2010, y, el segundo, afirma que fueron el 20 de junio de 2008; el Tribunal de Sentencia concluye en el hecho probado que fueron el 20 de junio de 2009. Cuestiona que el Tribunal de Sentencia sostiene que el procesado portaba un arma de fuego, y la testigo A1 sostiene lo contrario, que quien portaba un arma de fuego era un tal “Tato”; también cuando sostiene que el imputado hizo dos disparos, en cambio la autopsia y el acta de levantamiento de cadáver establece que fue únicamente uno; asimismo, el acta de inspección del lugar, sostienen que requisaron toda la peatonal en un perímetro de veinticinco metros y no encontraron indicios relacionados con el hecho; que el testigo protegido “B” afirma que el acusado disparó de un solo, mientras los testigos A y A1 sostienen que hubo un palabreo previo; el testigo protegido “B” sostiene que era un arma calibre 22 en tanto el dictamen balístico establece que es calibre 25. Además, sostiene que es falso que los testigos de descargo informaran la dinámica de los hechos en un lugar distinto al acaecido. Ante lo anterior concluye falta de coherencia y derivación. De las reglas de la sana crítica. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias), y la Sana Crítica; es éste último, el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09).
Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la experiencia común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos, los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. La derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. De la Procedencia del Recurso El recurso no es de recibo. El censor no utiliza una buena técnica casacional al formular el recurso de casación por quebrantamiento en su primer motivo. Denuncia la falta de coherencia entre los medios de prueba, también de estos medios de prueba con la narración del hecho probado. No identifica, expone y demuestra con claridad y precisión, cuál es la parte de la valoración intelectiva de la prueba que carece de coherencia y derivación. Descalifica la valoración probatoria del tribunal de sentencia y hace la suya propia desde su particular visión. No obstante, todos estos yerros, esta Sala de lo Penal realizando el principio convencional de tutela judicial efectiva que asiste al recurrente, hace una auditoría al proceso de valoración probatoria para comprobar que la misma respeta la regla de la lógica de la sana crítica, la cual es la invocada como infringida por el censor. Se cuestiona por el recurrente las contradicciones entre las declaraciones de los testigos “A” “A1” y “B”; así como entre estas declaraciones y la prueba pericial. En síntesis, sus alegatos son los siguientes: El testigo protegido “A1” informó que los hechos sucedieron el 20 de junio de 2010, y, el testigo protegido “A”, afirmó que fueron el 20 de junio de 2008; el Tribunal de Sentencia concluye en el hecho probado que fue el 20 de junio de 2009. El Tribunal de Sentencia sostiene que el procesado portaba un arma de fuego, y la testigo A1 sostiene lo contrario, que quien portaba un arma de fuego era un tal “Tato”; también sostiene que el imputado hizo dos disparos, en cambio la autopsia y el acta de levantamiento de cadáver establece que fue únicamente uno; en ese mismo sentido el acta de inspección del lugar, sostiene que requisaron toda la peatonal en un perímetro de veinticinco metros y no encontraron indicios relacionados con el hecho; que el testigo protegido “B” afirma que el acusado disparó de un solo, mientras los testigos “A” y “A1” sostienen que hubo un palabreo previo; el testigo protegido “B” sostiene que era un arma calibre 22 en tanto el dictamen balístico establece que es calibre 25. Además sostiene que es falso que los testigos de descargo informaran la dinámica de los hechos en un lugar distinto al acaecido. De lo anterior concluye falta de coherencia y derivación. Antes de dar respuesta a lo anterior, es necesario exponer cuál ha sido el criterio de este Tribunal de Casación en cuanto a la valoración de las declaraciones testificales: “Ciertamente la valoración del medio de prueba testifical es uno de los procesos más difíciles en la tarea de un juzgador, aun cuando sea la más común; ello debido a la multiplicidad de variables a tener en cuenta al momento de hacer dicha valoración, que van desde los aspectos relativos a la percepción de los hechos objeto de relato, hasta la forma en que el testigo da a conocer dicha información.La valoración individual de las declaraciones testificales debe partir de la concepción que toda declaración es el relato de un hecho pasado que ha percibido una persona por conducto de sus sentidos, ergo es el acto mediante el cual la persona acude a su memoria para describir un suceso, reproduciendo no solo hechos sino también sentimientos y sensaciones, por tanto su captación y reproducción puede verse condicionada por muchos factores. Es común el error en los Tribunales de Justicia de hacer la valoración binaria de la prueba testifical, al señalar que el testigo dice la verdad o miente, más esta es una forma de valoración simplista que desconoce la propia naturaleza humana, la cual es mucho más compleja. En Principio, el Tribunal de Sentencia debe de valorar las condiciones imperantes al momento de que el testigo percibió por sus sentidos los hechos objetos del relato, tales como: a. Aspecto Biológico: Capacidad biológica del testigo de percibir los hechos por medio de su sentidos; Así pues la capacidad visual, auditiva, olfativa, gustativa o táctil del testigo debe de ser objeto de valoración por el Tribunal; b. Aspecto Ambiental: Condiciones imperantes al momento del hecho que le hayan permitido al Testigo poder percibir con sus sentidos los hechos objeto del relato; c. Aspecto Psicológico: Estado anímico del Testigo al momento del hecho; Así pues en condiciones estresantes los hechos se percibirán de una forma distinta que en condiciones relajantes o de alegría, viéndose afectado las ideas sobre tiempo, distancia, colores, etc. Además el aspecto psicológico nos manda a tener en consideración la capacidad de mantener en la memoria los hechos y que dichos recuerdos no se vean condicionados por vivencias anteriores (como por ejemplo perjuicios preexistentes sobre un hecho o una persona) o afectados por vivencias posteriores (Como por ejemplo la captación de información sobre el hecho de otras fuentes como testigos o medios de comunicación). Además la valoración del testimonio el Tribunal de Sentencia debe de realizar un debido análisis del contenido del relato prestado en la audiencia de debate, discerniendo aquellos aspectos de la personalidad del testigo que pudiesen afectar la forma de transmitir la información, con otros que sean parte de una intencionalidad de ocultar, tergiversar o inventar una verdad. Así pues considérese que el nerviosismo, miedo o timidez en una declaración no necesariamente son signos de que el testigo está faltando a la verdad, sino que pueden obedecer a la personalidad, al hecho de enfrentarse ante una situación nueva (prestar declaración testifical) o al hecho de verse obligado revivenciar un hecho estresante (en especial para las víctimas); por otro lado el enojo, reticencia o hasta la arrogancia de un testigo no deben de ser necesariamente valorado como una actitud adoptada para ocultar la verdad, pues igual puede obedecer a los mismos aspectos antes apuntados. Por otra parte el Tribunal de Sentencia debe de considerar que ningún testigo es objetivo con su relato, pues toda persona al declarar aspira a que se le crea, en especial aquellas cuyas vidas han sido afectadas por el acontecimiento narrado, y por ello buscaran presentar su relato lo más creíble posible, lo que no implica necesariamente falsedad sino una forma de presentar los hechos en procura de que sean aceptados. El análisis individual, después de la consideración de los aspectos personales, debe de implicar un estudio sobre la coherencia interna del relato, de modo que las diferentes partes del suceso están relacionadas de forma lógica entre sí, confirmándose unas a otras; además que la actitud descrita del testigo de las otras personas presentes y de la propia sea acorde con las reglas de la psicología y finalmente que el hecho sea verosímil al obedecer a las máximas de la experiencia común; de lo contrario el relato resultaría poco o nada fiable. La labor de valoración no termina con el análisis individual de la prueba testifical, sino que además debe de hacerse una valoración conjunta, entendiéndose como la confrontación de la información proporcionada por el testigo con la información que se deriva de otros medios de prueba, incluyendo otros testigos, para determinar las coincidencias o disparidades que permitan establecer su veracidad, reconstruyendo el hecho histórico donde cada una de los medios de prueba sea una pieza articulada de un todo. Tratándose de la valoración conjunta de medios de prueba testifical, el Tribunal de Sentencia no puede limitarse hacer una simple confrontación en espera de una coincidencia perfecta, pues nunca dos personas declararan de manera idéntica aun cuando hayan percibido el hecho al mismo tiempo, pues como se ha señalado ya, los aspectos de personalidad, desarrollo intelectivo, capacidades biológicas y psicológicas determinaran que el relato sea distinto, inclusive a veces hasta contradictorio en algunos detalles, sin que ello implique falsedad por parte de alguno de los testigos; por el contrario, partiendo de la naturaleza humana, el relato increíblemente coincidente de dos testigos debe alertar al Tribunal de Sentencia por su anormalidad. Así entonces los testigos valorados conjuntamente deben de brindar una visión amplia del hecho, con detalles informados a depender del lugar, distancia y oportunidad de percibir el hecho, pudiendo ser hasta contradictorios en aspectos periféricos pero necesariamente coincidentes en la dinámica general y en aspectos medulares para ser ambos calificados como creíbles. La prueba testifical además debe de calzar con el resto de la prueba, en especial con la prueba científica, explicando una lo que la otra no puede, reforzando recíprocamente la información brindada y construyendo entre toda el relato histórico objeto de juzgamiento; la coincidencia perfecta entre la prueba es improbable y jamás debe de ser la exigencia del juzgador, sino la coherencia entre los medios de prueba lógica, razonable y verosímil, que construya unos hechos necesarios, descartando toda otra posibilidad razonable inclusive a nivel de duda, y por tanto dejando como resultado la certeza de lo declarado probado. Retomando entonces, en la declaración testifical, el tribunal imprescindiblemente deberá de hacer una valoración individual como conjunta, en la que tenga en cuenta la multiplicidad de los factores apuntados, ello le permitirá diferenciar los casos en donde un/a testigo sea sincero/a, es decir que crea estar diciendo la verdad, aun cuando el hecho narrado sea poco probable o, por el contrario, cuando el relato sea probable aun cuando el testigo no reúna las condiciones de idoneidad; recuérdese que la valoración de un testimonio no consiste en un examen de “verdadero” o “falso”, sino en el análisis conjunto de condiciones y aspectos que puedan indicar la probabilidad alta de que el relato corresponde a un hecho real, o su falta de probabilidad a causa de la valoración negativa. En todos los casos, la valoración solo podrá realizarse mediante una correcta inmediación del Tribunal con la persona declarante, donde puedan evaluarse las Reglas de la Psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), los Principios de la Lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las Máximas de la Experiencia Común (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano). (Para todas, ver fallo de fecha 23 de enero del 2008, recaído en el expediente 014-2007; y fallo de fecha 28 de julio del 2011, recaído en el expediente 060-2010 de la Sala de lo Penal). Teniendo en cuenta lo anterior, resulta contrario al sistema de valoración probatoria que prescribe nuestra normativa procesal, que el recurrente denuncie como contradicción el que el tribunal a quo tome la fecha del 20 de junio de 2009, como aquella en que sucedió el delito de homicidio en contra de L. F. V. R., tomando en consideración al artículo 202 del Código Procesal Penal, establece que el juzgador formará su convicción valorando de forma conjunta y armónica toda la prueba producida, y si bien la prueba testifical de cargo no fue precisa al determinar la fecha exacta de los hechos, la psicología y las máximas de la experiencia, informan que esto puede obedecer a la capacidad biológica y psicológica que los testigos tengan para mantener en su memoria el acontecimiento histórico del hecho enjuiciado; por esta razón, la prueba testifical debe interconectarse con todo el acervo probatorio para dar a luz la verdad de los hechos; en el presente caso, la prueba pericial establece que fue el 20 de junio de 2009 cuando acaeció el hecho enjuiciado y no el 20 de junio de 2008 y 2010 respectivamente. En cuanto a las contradicciones en relación a las propias declaraciones testificales y de éstas con los otros medios de prueba, estas versan sobre aspectos periféricos y no sobre algún elemento esencial que pueda excluir el juicio de culpabilidad del señor A. A. O. B., y que pueda ocasionar como consecuencia la insuficiencia de veracidad de la valoración intelectiva del tribunal a quo. Para comprobar la validez de la valoración probatoria del Tribunal de Sentencia, se observa que el testigo protegido “B” informó que el hecho ocurrió en el sector ocho de la colonia el Hato de Enmedio; que el señor L. F. V. llegó buscando a su esposa; que Arles disparó en dos ocasiones y que solo le infirió un disparo; el testigo protegido “A1” informó que el señor L. F. V. llegó buscando a su esposa, hubo un palabreo entre el señor L. V. y el acusado A., un muchacho que le dicen Tato sacó un arma de fuego y A. se la quitó y apuntó al ofendido, cuando hace el primer disparo L. se va para atrás, luego se escuchó otro disparo. Los hechos sucedieron el 20 de junio de 2010, aproximadamente a las 10:30 P.M.; el testigo protegido “A” informa que llegaron a una casa donde había una fiesta, el occiso llegó preguntando por su esposa y salió el joven A. con quien discutieron; A. sacó un arma de fuego y disparó en dos ocasiones; el hecho ocurrió el 20 de junio de 2008, no recuerda bien la fecha, la hora era entre las nueve de la noche. De la anterior información, el Tribunal de Sentencia derivó que fueron contestes al afirmar que al momento de ocurrir el hecho se encontraban presentes (los testigos) en el lugar siendo este en la colonia Hato de Enmedio, en el sector 8 de la ciudad de Tegucigalpa, por lo que pudieron observar cuando el señor A. O. B., haciendo uso de un arma de fuego, al calor de una discusión que se produce con el ahora occiso L. F. V. R., es cuando en ese momento el imputado hizo uso del arma de fuego, disparando en dos ocasiones impactando uno de los disparos en la humanidad del señor V.. No se verifica que el Tribunal de Sentencia haya falseado el contenido de las declaraciones para derivar tales conclusiones, y que con ello pudiese infringir la regla lógica de derivación en su postulado de suficiencia; ha obtenido la información coincidente de las declaraciones de los testigo para obtener una conclusión apodíctica; al mismo tiempo, la valoración probatoria en mención, tiene coherencia interna para sostener el reproche de culpabilidad, no se contradice entre sus argumentos y mantiene la identidad unitaria de los mismos, por lo que en definitiva, la regla de la lógica de la sana crítica se ha respetado en el proceso de formación de los razonamientos valorativos, tanto en su postulado de derivación como de coherencia. Se reitera al recurrente que las contradicciones que arguye en las declaraciones testificales, versan sobre aspectos periféricos y no esenciales, no se acreditó en juicio que alguno de los testigos fuese perito balístico o tuviere conocimientos de armas de fuego para que determinara con precisión el calibre del arma utilizada; cada testigo brinda una visión del hecho con detalles informados desde el lugar, distancia y oportunidad que tuvieron de percibir el hecho, son coincidentes en la dinámica general y en aspectos medulares; además, el que haya transcurrido un dilatado lapso de tiempo entre los hechos objeto de juzgamiento y la declaración en juicio, resulta normal que la precisión de algunos datos no sea conteste; lo inverosímil sería, en todo caso, la coincidencia perfecta en sus declaraciones. Por lo anterior, el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su primer motivo, no es de recibo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Segundo Motivo. Normas autorizantes citadas: 362.2 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículos 1, 20 y 311 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Incorporación de medio de prueba mediante lectura en violación a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, para la realización del juicio oral y público. Acciones de Saneamiento: Se constata en el acta de debate la interposición de recurso de reposición. Pretensión: Declarar ha lugar el recurso de casación. Arguye el censor la ilegalidad de la incorporación mediante lectura autorizada de la declaración del testigo protegido “B”; que el agente de investigación no es fedatario público para hacer constar que el testigo protegido “B” está fuera del país. Con la incorporación de la lectura autorizada se inobservaron las reglas del juicio oral y público y se violentaron los principios de contradicción e inmediación. De la oralidad en el proceso penal y la introducción de prueba por lectura como su excepción. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El principio de oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente con base en audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicarán entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP). Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, este principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia; entre estas circunstancias tenemos la prevista en el numeral 2 del artículo 311. Señala el segundo numeral que se podrán incorporar por su lectura: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”. Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP); 2. Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: a. Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b. Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos de que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello; y 3. Que el testigo haya rendido su declaración o que la pericia haya sido practicada en la etapa preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 CPP), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viéndose obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, a hacer un examen riguroso de dicho medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial por uno documental. Las partes podrán recurrir la sentencia que valore un medio de prueba introducido por lectura a la audiencia de debate: Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, alegando la introducción indebida por lectura del medio de prueba en violación a alguna de las reglas contenidas en el artículo 311 del mismo Código; y/o Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.3 del Código Procesal Penal, alegando una inadecuada valoración del medio de prueba introducido por lectura, colisionando con la regla contenida en el artículo 202 del Código indicado. De la Procedencia del Recurso El recurso no es de recibo. Se constata en la foliada judicial, que la introducción de la declaración rendida por el testigo protegido “B” en la audiencia inicial de fecha diecinueve (19) de octubre del dos mil diez (2010) (f. 96), a la audiencia de debate de fecha once (11) de marzo de dos mil catorce (2014) (f. 400) se ajusta al presupuesto excepcional que regula el artículo 311.2 del Código Procesal Penal. La declaración del testigo protegido “B”, fue propuesta por el Ministerio Público en la audiencia de proposición de prueba celebrada en fecha dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013) (f. 358) y admitida por el Tribunal de Sentencia para su reproducción en la audiencia de debate, por lo que la defensa privada del acusado era sabida desde entonces que sería llamado a estrado. Aconteció para la audiencia de debate que el testigo no pudo ser localizado para ser citado o llevado a prestar su declaración testifical, aun a pesar que el Ministerio Público trató de localizar el mismo antes del inicio de la audiencia, tal como quedó consignado en el acta de debate (f. 402); por esta razón el ente fiscal solicitó la lectura autorizada. Se informó que era extraordinariamente difícil la localización del testigo (Art. 311.2 CPP) y así lo hizo saber el Ministerio Público. De manera correcta resolvió el Tribunal de sentencia al introducir por lectura la declaración hecha por este testigo en la audiencia inicial, misma que se desarrolla en la etapa preparatoria del proceso penal. La declaración del testigo protegido “B”, reviste de esencialidad, pues se trata de un testigo presencial, por lo que era necesario allegar su declaración a la audiencia de debate, esto con independencia de la valoración que debía hacerse de la misma conforme a las reglas de la sana crítica, lo cual no puede ser objeto de revisión por esta Corte de Casación a través del presente motivo. Por lo anterior, no procede el recibimiento del segundo motivo de casación. V. DECISIÓN No Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. No Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. No Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 363 del Código Procesal Penal, Falla: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Abogado E. J. T. S., apoderado defensor del encausado A. A. O. B.; 2) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el Abogado E. J. T. S., apoderado defensor del encausado A. A. O. B.; 3) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos interpuesto por el Abogado E. J. T. S., apoderado defensor del encausado A. A. O. B.; 4) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que contiene la sentencia condenatoria dictada en contra del señor A. A. O. B.. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-481-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.