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Sentencia CP-480-14 — Registro 11241

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por el delito de secuestro, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

EL RECURSO NO ES DE RECIBO. - La Censora, en la presentación del recurso, define como concepto de la infracción la violación del estado material de inocencia por haberse dictado una sentencia condenatoria con insuficiencia probatoria, más en el libelo dirige su ataque a un concepto distinto: a la confiabilidad de la prueba evacuada en la audiencia de debate, volviendo infructuoso el recurso. Recordemos que cuando se alega insuficiencia, implica la inexistencia de elementos de prueba que hayan podido asentar la convicción en los Juzgadores de que la persona acusada es responsable penalmente, convicción manifestada en los hechos probados, entretanto cuando se cuestiona la confiabilidad implica que se reconoce que si existe prueba, que ésta es culpatoria, pero que no puede ser valorada positivamente como lo hizo el tribunal de sentencia, siendo entonces estos reclamos diferentes y excluyentes entre sí. El mal planteamiento del recurso no exime a esta Sala de lo Penal de auditar la carga probatoria y determinar si ésta es suficiente cualitativamente para declarar al Señor W. G.M., responsable del delito de Secuestro. Del análisis del quantum probatorio se concluye que son muchos los elementos que señalan al acusado como responsable del delito, pues si bien como prueba directa solo se cuenta con la declaración del Ofendido M.A. B. M., a éste se suma prueba indirecta, que robustecen su declaración e hicieron que el Tribunal de Sentencia la calificara como creíble. Es de reflexionar que la víctima, en el tiempo del hecho, era una persona de catorce años, según la certificación de acta de nacimiento presentada, cuya edad le permite poder estar consciente de su entorno y discernir los hechos que se le presentan; el joven B. explica que salía de la escuela en horas del mediodía con unos compañeros, cuando a la par de ellos se detuvo un vehículo Nissan Frontier color gris, doble cabina, observando en el interior a dos personas conocidas: una de ellas a la que identificó como “M.” un ex trabajador de su padre y la otra como a alguien a quien había visto en la terminal de buses y de la cual sabía que transportaba personas; explica que abordó el vehículo y los tres se desplazaron hasta la Aldea El 15, en cuyo trayecto iba platicando con “M.”; En su alegato la Defensa cuestiona la identificación que hiciere el ofendido del acusado pues afirma que el shock emocional causado por el hecho no le pudo permitir poder apreciar quienes eran, más este alegato no tiene asidero, pues el ofendido hace tal identificación antes de darse cuenta que era víctima de un delito, precisamente porque el ofendido conocía a las dos personas que se conducían en el vehículo: “M.” y el acusado W.M, es que decide acompañarlos, trasladándose desde la ciudad de Toca hasta la Aldea El 15, durante lo cual el ofendido observó la fisonomía del acusado. Además de lo apuntado, existen diversos elementos coincidentes entre la declaración del ofendido y otros medios de prueba que permitieron determinar al Tribunal de Sentencia que la identificación del acusado como responsable del delito es correcta, siendo éstos: 1. El Tribunal de Sentencia tuvo por acreditado que el vehículo marca Nissan, tipo Pick up, doble cabina, color plateado o gris, estaba en posesión del acusado W.M. como consecuencia de un contrato de arrendamiento que había firmado días antes con Grupo Q Honduras S.A. de C.V.; vehículo cuyas características coinciden con las descritas por el ofendido como aquel en el cual se conducía el acusado y la persona identificada como “M.”, resaltando el hecho de que el ofendido señala que quien conducía era precisamente el acusado; 2. El Ofendido señaló que conocía al acusado W.M., porque lo había visto en la terminal de buses, pues éste se dedicaba a transportar personas a la Comunidad de Batalla, coincidiendo con la declaración del propio acusado, quien señalo que precisamente se dedicaba a esa labor; 3. El Ofendido señala que una de las personas que acompañaba al acusado la conocía con el nombre de “Martin”, lo que coincide con la evidencia física encontrada en el interior del vehículo Nissan Frontier que era conducido por el acusado, consistente en un teléfono celular marca Amgoo AM266, color amarillo con gris IMEI 353844047224443 con chip Tigo No. Xxxxx Card 8950402402076189737, y en cuya agenda aparece el nombre “M” con el número xxxxxxx, por lo que se puede establecer la conexión entre estas dos personas; 4. El Testigo M. A. B. H., relató que recibe la primera llamada en horas de la noche del día lunes 27 de junio, pero como iba en tránsito a bordo de un vehículo no escuchó con claridad lo que le decían; por ello la defensa alega que el testigo no pudo haber identificado la voz del acusado, olvidando que no fue esa la única vez que el testigo y el acusado hablaron, pues recibió varias llamadas de la misma persona durante los dos días siguiente. El testigo describe que el acusado tiene voz suave y que nunca usó malas expresiones cuando estaban negociando el precio del rescate, además que el acusado usaba un acento típico de las personas que regresan de los Estados Unidos de América y que esa misma voz la escuchó del acusado cuando ya se encontraban en los Juzgados. Como se ha hecho constar, existe suficiente prueba que rompe con el estado material de inocencia del acusado; suficiencia que no puede ser evaluada desde una perspectiva cuantitativa, sino cualitativa, pues lo importante es que la prueba permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin la posibilidad que al mismo tiempo admita verdades alternas, siendo éste el contenido del concepto de suficiencia

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Casación por Infracción Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha 20 de junio de 2014, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor W.G.M., a la pena de veinte (20) años de reclusión, por el delito de Secuestro, en perjuicio de M.A.B.M.; 2) Asimismo se conden a al imputado a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada A. D. C., actuando en su condición de Defensora Pública del señor W. G. M.. Son Partes En Única Instancia: El Abogado J. A. C., Defensor Privado del acusado W.G. M., en su condición de Recurrente y la Abogada D. R., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA. “Primero.- El día lunes veintisiete de junio del año dos mil once, en la ciudad de Tocoa, Colon, en horas del mediodía el joven menor de edad M.A. B. M. salía del centro de enseñanza colegio Ramón Rosa, al momento que caminada por la calle enfrente de un solar baldío, se detuvo un vehículo tipo pick up, modelo Nissan Frontier, color gris doble cabina, conducido por W.G. M. quien iba en compañía de otra persona conocida como M., convenciendo al joven que abordara el automóvil porque iban a ver tres jóvenes (cipotas) a la comunidad de Taujica y ellos eran solo dos por lo que le pidieron que los acompañara. Segundo.- Al transitar por la aldea El 15 próximo a la comunidad de la Abisinia, se estaban bañando unas muchachas, M. se bajó y luego antes de bajar W., G., M. A .bajó a poner una piedra de cuña al vehículo que conducía luego lo introdujeron a un cuarto, y W. G. M. le expreso que se trataba de un secuestro procediendo a encapucharlo y atarlo de pies y manos. Llamando en horas de la noche de ese mismo día el señor W. G. M. del celular xxxxxxx al número xxxxxxx que portaba el señor M. A.B. informándole que su hijo se encuentra secuestrado, que se ponga vivo porque si quiere volver a ver a su Titi, debe pagar 2.5 millones de lempiras para su liberación. Ya el día martes el joven M. A.se comunicó con su padre en tres ocasiones ya del celular .xxxxxx al .xxxxxxpor órdenes de W.G. a quien lo reconocía por la vos, diciendo que le dijera a su padre que estaba bien y que reuniera el dinero para su liberación. Tercero.- El día miércoles veintinueve de junio del dos mil once, el grupo especial antisecuestros de la Secretaria de Seguridad GEAS, había dado seguimiento y localización del lugar donde se encontraba retenido el joven M. A. B. M., siendo efectivamente encontrado en el Sector Del Quince, en una habitación de una casa abandonada, por lo que se procedió al rescate y a las pesquisas necesarias de sus captores. Cuarto.- El día jueves treinta de junio de dos mil once, el señor W. G.M. se presentó a las oficinas de la Policía Nacional Preventiva a retirar el vehículo que un día antes se había accidentado y dejado abandonado, en la carretera entre los municipios de Tocoa a Trujillo, el cual fue remolcado por los Agentes de la Policía Nacional de Tránsito. Por lo que al enterarse el grupo antisecuestro GEAS, se le dio inmediata detención al señor W. G. M. para iniciarle el procedimiento de ley correspondiente.” III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOS Y ARGUMENTOS ”La Recurrente Abogada A.D. C., Actuando En Su Condición De Defensora Pública Del Señor W.G. M., Procedió A Formalizar Su Recurso De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional De La Siguiente Manera: “Exposición Del Motivo De Casación Motivo Único: Violación del artículo 89 de la Constitución de la República en relación a los artículos 82 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 02 del Código Procesal Penal Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo La norma Constitucional que se invocan como infringida es el artículo 89 que relata: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente” Dicha norma Constitucional en relación a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2 que instituye: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. De igual forma el Código Procesal Penal en su artículo 2 relata: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.” PRIMERO: De lo anterior se desprende que es una obligación del Estado y especialmente de los Tribunales que imparten Justicia en un Proceso Penal, el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho; el hecho de no haberse identificado plenamente al imputado por el testigo ofendido, constituye una flagrante vulneración a la Presunción De Inocencia. Resulta Honorables Magistrados de la Sala Penal, que la fiscalía del Ministerio Público durante todo el proceso, propuso la declaración de dos testigos uno supuestamente presencial del hecho (Menor ofendido) y otro el padre del menor ofendido (M. A.B. H.), el ofendido M. A. B. no identifica a mi defendido W.G.M., sino que identifica a una persona de nombre M., quien había sido trabajador de su papá, quien lo invitó a subieres al carro, subiéndose en la parte de atrás del vehículo; sumado a esto el menor involucra a mi representado pero recordemos que dicho menor se encontraba en un estado de shock, pues de su declaración se desprende haber manifestado que por un momento pensó que estaba muerto, el mismo dictamen psicológico y médico hicieron énfasis del estado mental del menor, considerándose que el menor no identifica a nuestro representado W.G.M., sino que como se dijo antes fue al señor M.. Por otra parte el otro testigo M.A. B. H. dijo en juicio que venía de Tocoa a Trujillo cuando recibe una llamada de un teléfono Digicel y que no escuchaba muy bien, por lo que utilizando la lógica podemos pensar que si va en un bus, es difícil escuchar bien, manifestando que escuchaba un poco distorsionado, pero más allá vincula a mi representado diciendo que reconoce su voz, cabe mencionar que este testigo es dueño del autobús no el motorista, es decir que no había una relación estrecha para reconocer la voz, en este sentido que la declaración del testigo no debe ser tomada en consideración para dictar una sentencia en contra de mi representado. Del análisis de las presentes diligencias podemos concluir que no se puede condenar a mi representado, con medios de prueba donde no existe concatenación de los mismos, en vista que los agentes de Geas específicamente de lo que cada uno de ellos hicieron, no dando ninguno de los detalles como es que llegan a verificar que W. G. fuera la persona que tenía secuestrado al menor ofendido, incluso el agente S. manifestó que al momento del rescate no detuvieron a ninguna persona, y que de ninguna forma llegaron a verificar a quienes pertenecían los teléfonos, nunca llegaron a decir con certeza que pertenecían al imputado W. G.M. el día siguiente del rescate, cuando mi representado se encontraba en las instalaciones de la policía interponiendo denuncia en vista que la noche anterior había sido objeto de un atentado a la altura de taujica, concatenándose con la inspección efectuada al vehículo, quien fuera interceptado por varios vehículos, quien se da cuenta posteriormente que era la policía que lo había confundido con los supuestos secuestradores, cabe destacar que el menor había sido rescatado la noche anterior, en horas de la mañana, por lo que mi representado se encontraba en la policía, aún no habían sido tomadas las declaraciones del ofendido ni la del padre de este, en vista que según el informe de investigación fue tomada a las 10:40 a.m., y a la del menor no establece la hora, esto quiere decir que se tomaron las declaraciones hasta que se tenía detenido a su representado, por lo tanto los referidos testigos no hicieron una identificación plena del responsable del hecho y al no reconocerlo no se enervo el Estado de Inocencia. SEGUNDO: Resulta Honorables Magistrados Sala Penal, que mi representado fue condenado por un delito de Secuestro, sin existir prueba confiable y suficiente de su participación, solamente indicios aislados que nos lleven a la conclusión que en efecto no participó en los hechos sometidos a juzgamiento. Se efectuó contra nuestro representado una investigación bancaria y demás pruebas documentales, por lo que consideramos que dichas pruebas reflejaban movimientos bancarios efectuados por mi representado, movimientos que fueron a raíz del incidente que tuvo, teniendo que vender su casa al señor R P, asimismo vendió propiedades que había adquirido con gran esfuerzo, tanto para saldar deudas pendientes tal y como lo establece en las constancias de la Cooperativa Ceibeña.— Asimismo entre otras cosas queremos referirnos a lo dicho por el menor ofendido en cuanto a que él dice “que estaba sangrando pero según los dictámenes no mencionan que el haya sangrado, simplemente tenía excoriaciones, lo que nos hace pensar que dicho menor no estaba bien mentalmente por el hecho que le había sucedido e inventaba o manifestaba lo que le decían que dijera; respecto a lo que hace mención el fiscal de una llamada hecha al .xxxxxxque es la de su teléfono al teléfono .xxxxxx no es relevante, porque perfectamente se pueden hacer llamadas a diferentes lugares, no existió en juicio prueba de haberse acreditado algún vaciado telefónico donde constará que el teléfono estaba dentro del vehículo, por lo que no puede existir vínculo alguno, o si el mismo estaba utilizando otro teléfono, se pudo observar que los agentes no se dieron la tarea de investigar a quien pertenecían esos números telefónicos. En cuanto a los testigos de descargo por parte de la defensa los mismos dejaron claro en sus deposiciones en juicio oral que mi representado tuvo su vehículo en mal estado de 2 a 3 días, haciendo la aclaración que el dueño del taller que a él le fueron a hablar un domingo porque el carro estaba malo, el carro ingresó el domingo, estuvo lunes, martes y miércoles así como lo estableció el señor A. D. quien trabajó en el carro, eso nos demuestra que nuestro representado el día siguiente de haber entregado el carro el hombre iba en la paila de la patrulla, esto nos lleva a concluir que los manifestado por la defensa es creíble, y no como los valora el Tribunal Sentenciador al restarles valor probatorio, por lo que la prueba aportada por el ente acusador resulta insuficiente para que se le dictara una sentencia condenatoria por el delito de Secuestro. TERCERO: En conclusión Honorables Magistrados, consideramos que con la escasa prueba aportada a juicio se vulnera el Principio de Inocencia que Constitucionalmente le asiste a mi representado. La jurista española Maria Félix Tena Aragón en su obra “Manual de Derecho Constitucional” (De Honduras) páginas 34 y 61, nos habla un poco acerca del Derecho a la “Presunción De Inocencia” y nos relata: “Este derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo valida. Por tanto, solo cabra constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya prueba de cargo validas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ¡lógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado.” Tal como lo afirma la jurista Maria Félix, se entenderá vulnerado la Presunción de Inocencia cuando se condene sin prueba de cargo valida, entendiéndose por ésta, entre otras, cuando el razonamiento del juez sea ilógico o insuficiente, tal como ocurre en el caso subjudice en donde el Tribunal ha valorado prueba insuficiente para indicar como responsable a mi representado y a la vez restarle valor a la prueba de descargo. La Jurista Tena Aragón en su página 61 de la obra antes citada sigue ilustrándonos y nos dice: “La significación preponderante de la presunción de inocencia afecta a las exigencias respecto a la prueba, necesarias para que pueda hacerse una valida declaración de culpabilidad. Se infringe la presunción de inocencia cuando, sin que se pruebe, legal y previamente, la culpabilidad de un acusado, se refleja en una resolución judicial que le afecta el sentir de que es culpable.” Tal es el caso de nuestro representado, que fue condenado con pruebas que arriban a meras sospechas de haber cometido el delito de Secuestro en perjuicio del menor M B M, en ese orden de ideas podemos concluir que el Tribunal Sentenciador infringió gravemente el Derecho a la Presunción De Inocencia, y que la única forma de enmendarlo es declarando con lugar el presente recurso de casación, dictando la Sentencia Absolutoria que corresponde.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Abogada A D C, Defensora Pública del Señor W.G.M. - Único Motivo. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República y artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 2 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Violación al Estado Material de Inocencia como consecuencia de pronunciamiento de culpabilidad con insuficiencia probatoria de cargo; Remedio de Subsanación o Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Imposibilidad de reclamo en virtud de que el vicio está contenido en la Sentencia definitiva; Pretensión: Casar la Sentencia Condenatoria y dictar una sentencia absolutoria. La Censora presenta recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, argumentando que el acusado no fue identificado como la persona responsable del delito objeto de juzgamiento; señala que el ofendido no identifica al Señor W.G.M., como la persona que le privó de la libertad, sino a un tercero de nombre “M.”, por lo que la sentencia condenatoria vulnera el Estado Material de Inocencia, agregando que la declaración del ofendido no es confiable pues como consecuencia del hecho se encontraba en shock; amplía que el testigo M. A.B., padre del ofendido, venía en tránsito, a bordo de un automóvil cuando recibió la llamada informándole que su hijo estaba secuestrado, sin poder escuchar bien a su interlocutor, por lo que la identificación que hace éste del acusado por su voz, no es fiable; recuerda que el testigo H. S.M. G., atestiguó que al momento de rescatar al menor ofendido, no se dio captura a ninguna persona; concluye que el acusado fue condenado sin existir prueba confiable. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de RECIBO. - La Censora, en la presentación del recurso, define como concepto de la infracción la violación del estado material de inocencia por haberse dictado una sentencia condenatoria con insuficiencia probatoria, más en el libelo dirige su ataque a un concepto distinto: a la confiabilidad de la prueba evacuada en la audiencia de debate, volviendo infructuoso el recurso. Recordemos que cuando se alega insuficiencia, implica la inexistencia de elementos de prueba que hayan podido asentar la convicción en los Juzgadores de que la persona acusada es responsable penalmente, convicción manifestada en los hechos probados, entretanto cuando se cuestiona la confiabilidad implica que se reconoce que si existe prueba, que ésta es culpatoria, pero que no puede ser valorada positivamente como lo hizo el tribunal de sentencia, siendo entonces estos reclamos diferentes y excluyentes entre sí. El mal planteamiento del recurso no exime a esta Sala de lo Penal de auditar la carga probatoria y determinar si ésta es suficiente cualitativamente para declarar al Señor W. G.M., responsable del delito de Secuestro. Del análisis del quantum probatorio se concluye que son muchos los elementos que señalan al acusado como responsable del delito, pues si bien como prueba directa solo se cuenta con la declaración del Ofendido M.A. B. M., a éste se suma prueba indirecta, que robustecen su declaración e hicieron que el Tribunal de Sentencia la calificara como creíble. Es de reflexionar que la víctima, en el tiempo del hecho, era una persona de catorce años, según la certificación de acta de nacimiento presentada, cuya edad le permite poder estar consciente de su entorno y discernir los hechos que se le presentan; el joven B. explica que salía de la escuela en horas del mediodía con unos compañeros, cuando a la par de ellos se detuvo un vehículo Nissan Frontier color gris, doble cabina, observando en el interior a dos personas conocidas: una de ellas a la que identificó como “M.” un ex trabajador de su padre y la otra como a alguien a quien había visto en la terminal de buses y de la cual sabía que transportaba personas; explica que abordó el vehículo y los tres se desplazaron hasta la Aldea El 15, en cuyo trayecto iba platicando con “M.”; En su alegato la Defensa cuestiona la identificación que hiciere el ofendido del acusado pues afirma que el shock emocional causado por el hecho no le pudo permitir poder apreciar quienes eran, más este alegato no tiene asidero, pues el ofendido hace tal identificación antes de darse cuenta que era víctima de un delito, precisamente porque el ofendido conocía a las dos personas que se conducían en el vehículo: “M.” y el acusado W.M, es que decide acompañarlos, trasladándose desde la ciudad de Toca hasta la Aldea El 15, durante lo cual el ofendido observó la fisonomía del acusado. Además de lo apuntado, existen diversos elementos coincidentes entre la declaración del ofendido y otros medios de prueba que permitieron determinar al Tribunal de Sentencia que la identificación del acusado como responsable del delito es correcta, siendo éstos: 1. El Tribunal de Sentencia tuvo por acreditado que el vehículo marca Nissan, tipo Pick up, doble cabina, color plateado o gris, estaba en posesión del acusado W.M. como consecuencia de un contrato de arrendamiento que había firmado días antes con Grupo Q Honduras S.A. de C.V.; vehículo cuyas características coinciden con las descritas por el ofendido como aquel en el cual se conducía el acusado y la persona identificada como “M.”, resaltando el hecho de que el ofendido señala que quien conducía era precisamente el acusado; 2. El Ofendido señaló que conocía al acusado W.M., porque lo había visto en la terminal de buses, pues éste se dedicaba a transportar personas a la Comunidad de Batalla, coincidiendo con la declaración del propio acusado, quien señalo que precisamente se dedicaba a esa labor; 3. El Ofendido señala que una de las personas que acompañaba al acusado la conocía con el nombre de “Martin”, lo que coincide con la evidencia física encontrada en el interior del vehículo Nissan Frontier que era conducido por el acusado, consistente en un teléfono celular marca Amgoo AM266, color amarillo con gris IMEI 353844047224443 con chip Tigo No. Xxxxx Card 8950402402076189737, y en cuya agenda aparece el nombre “M” con el número xxxxxxx, por lo que se puede establecer la conexión entre estas dos personas; 4. El Testigo M. A. B. H., relató que recibe la primera llamada en horas de la noche del día lunes 27 de junio, pero como iba en tránsito a bordo de un vehículo no escuchó con claridad lo que le decían; por ello la defensa alega que el testigo no pudo haber identificado la voz del acusado, olvidando que no fue esa la única vez que el testigo y el acusado hablaron, pues recibió varias llamadas de la misma persona durante los dos días siguiente. El testigo describe que el acusado tiene voz suave y que nunca usó malas expresiones cuando estaban negociando el precio del rescate, además que el acusado usaba un acento típico de las personas que regresan de los Estados Unidos de América y que esa misma voz la escuchó del acusado cuando ya se encontraban en los Juzgados. Como se ha hecho constar, existe suficiente prueba que rompe con el estado material de inocencia del acusado; suficiencia que no puede ser evaluada desde una perspectiva cuantitativa, sino cualitativa, pues lo importante es que la prueba permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin la posibilidad que al mismo tiempo admita verdades alternas, siendo éste el contenido del concepto de suficiencia. V. DECISIÓN No ha Lugar el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, FALLA: PRIMERO: Declara No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto a favor del Acusado W. G. M.; y SEGUNDO: Declara Firme y Ejecutable la Sentencia de fecha 20 de Junio de 2014, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, que contiene la sentencia condenatoria dictada en contra del Señor W.G.M., por ser autor de un delito consumado de Secuestro en perjuicio del Señor M. A. B.M.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al artículo 385 del Código Procesal Penal respecto a los pronunciamientos judiciales que han adquirido el carácter de firme. Notifíquese. Firmas y Sellos. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y sello.- José Ramón Cruz Ferrera.- Receptor Adscrito.- Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-480-2014.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.