Sentencia CP-476-14 — Registro 11237
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de homicidio, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. A través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, la tarea de esta Sala de lo Penal no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero si puede este Tribunal de Casación verificar que, el A Quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación del acusado en él. Bajo esas premisas, no queda género de dudas que existe la comisión de un delito, de homicidio en perjuicio de la señora A.M.C. F.A. según la calificación jurídica dada por el Tribunal de Sentencia a los hechos fácticos; lo que cuestiona el recurrente, es la insuficiencia probatoria para acreditar la participación del señor E. O.C.R. en el hecho enjuiciado. La prueba de cargo aportada a debate para acreditar tales extremos es la siguiente: 1. Declaración del testigo protegido con clave Chile (Rendida bajo el protocolo de prueba anticipada), la cual informó, entre otras cosas, lo siguiente: El dieciséis de junio de dos mil trece, como a las cinco y cuarenta y cinco de la mañana, en el lugar denominado la campa de la aldea Quebrada Honda del municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, él (el testigo) se encontraba escondido arriba y pudo observar desde ahí a los imputados M. Y. R. M. y E. O.C.R., que estaban matando a la señora M., murió boca abajo macheteada, reconociendo en el acto de la declaración a ambos imputados de manera efectiva e individualizada, narra que salieron con los machetes llenos de sangre con dirección uno de ellos para la Chapina en la propiedad de O. P.. 2. Declaración del testigo G. R. A. F., quien informó que él no ha visto nada, que a él le dijeron que ellos (los acusados) mataron a su padrastro J. y a su mamá A. M., el occiso trabajaba en una propiedad y tenía enemistades, ella no tenía enemistades. 3.Acta de levantamiento de cadáver, ratificado en juicio por la doctora M. C., acreditó la muerte real de la occisa A. M. C. F., la manera de su muerte tipo homicida por laceración cerebral secundaria a trauma cráneo encefálico abierto, entre otras heridas descritas producidas por arma blanca. 4. Acta de inspección ocular, ratificada por el agente de investigación criminal D.C., acreditó la inspección al lugar de los hechos, encontrando a setenta metros ingresando por terreno con amplia maleza, el cuerpo sin vida de la occisa A. M. C. F., en posición cubito ventral y los traumas recibidos. 5. Álbum fotográfico de la escena del crimen, ratificado por el agente de investigación criminal D.C., mediante el cual se acreditó el lugar de los hechos y la posición en que fue encontrado el cuerpo sin vida de la víctima y los traumas recibidos por arma blanca. 6. Actas de registro personal, ratificadas en juicio por el agente de investigación criminal E. J. V., con la cual se acreditó que a los acusados se les encontró con arma blanca tipo machete. 7. Acta de decomiso o secuestro, ratificada en juicio por el agente de investigación criminal E. J. V. con las cuales se acreditó que las armas blancas encontradas en posesión de los señores M.Y. R. M. y E. O.C. R., les fueron decomisadas a dichos imputados. Los anteriores medios probatorios descritos y enumerados fueron razón suficiente para que el Tribunal de Sentencia dictara juicio de culpabilidad en contra del señor E. O.C. R. como autor responsable del delito de homicidio en perjuicio de A.M. C. F.. La tarea entonces consiste en corroborar la suficiencia de los medios probatorios y el sentido de cargo que tienen, así como la racionalidad de la convicción manifestada por el tribunal sentenciador de instancia. La prueba toral sobre la cual descansa la tesis acusatoria consiste en la declaración del testigo protegido Chile, aportada a juicio mediante el protocolo de prueba anticipada, es decir, que el Tribunal de Sentencia no gozó del elemento esencial de la inmediación para formar su convicción, ver aspectos tales como la disposición del testigo, las reacciones que sus afirmaciones provocan en otras personas, la seguridad que transmite y, en definitiva, cualquier otro elemento que rodea una declaración. Sin embargo, la declaración testifical del testigo protegido Chile fue veraz para el Tribunal de Sentencia en aspectos objetivos y lógicos tales como: ser un testigo presencial del hecho desde su inicio, desenlace y resultado, y vincular de manera categórica a los señores M.Y. R.M. y E.O.C. R.. La declaración testifical describe de forma detalla el hecho enjuiciado y contrario indica el recurrente está rodeada de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, como ser el álbum fotográfico que acreditó el lugar de los hechos y los traumas de la víctima recibidos por arma blanca y, el acta de levantamiento de cadáver, que acreditó la muerte real de la occisa A. M.C. F., la manera de su muerte tipo homicida por laceración cerebral secundaria a trauma cráneo encefálico abierto, otras heridas producidas por arma blanca y el tiempo aproximado de muerte. Por otra parte, los imputados (hermanos entre sí) ejercieron su derecho de defensa material y declararon que el día de los hechos únicamente participó uno de los imputados llamado M.Y. R. M. y un primo de éstos, no así el otro imputado llamado E. O.C. R.; también la defensa presentó la declaración testifical del señor F. A. C.R., hermano de los dos imputados, quien también se ubica en el lugar de los hechos y declara que él participó en los mismos junto a su hermano M.Y. R. M. y su primo C. R. R.L., coincidiendo con las anteriores declaraciones en el sentido que el señor E. O.C.R.no se encontraba en el lugar de los hechos. Esta Sala de lo Penal llama la atención de la especial cautela que debe presidir la valoración de las declaraciones rendidas por los imputados, en el que no comparecen como testigos, obligados como tal a decir la verdad y conminados con la pena de falso testimonio. La declaración de los señores M.Y. R.M. y F. A. C. R., uno acusado y el otro testigo, ambos afanados por abstraer de culpabilidad a su hermano E. O.C. R., carece de consistencia siendo que no resulta mínimamente corroborada por otras pruebas, no hay algún dato, hecho o circunstancia externa que corrobore mínimamente el contenido de tales declaraciones, por lo que los concretos elementos probatorios de cargo referidos en la sentencia impugnada cumplen con la exigencia constitucional para superar los mínimos necesarios que doten de suficiencia la declaración de culpabilidad que enerva la presunción de inocencia del recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.
SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días de octubre del año dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente 476-2014, conociendo del recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de agosto del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, mediante la cual condenó a los señores M. Y. R. M. y E.O. C. R., como autores responsables del delito de homicidio en perjuicio de A.M. C. F.A. a la pena de quince (15) años de reclusión; asimismo, los condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Se declaró su responsabilidad civil. No hubo condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional el abogado W. C. H. E., defensor público del encausado E.O. C. R.. Son partes en única instancia: Las abogadas D.L. y A. R. P., defensoras públicas del encausado E. O.C. R., como recurrentes; y, la abogada I. A. F. N., fiscal del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA PRIMERO: Que en fecha Dieciséis de Junio del año Dos Mil Trece, entre las cinco y seis de la mañana, en el lugar denominado Quebrada Honda del municipio de Trinidad del departamento de santa Bárbara, los hoy acusados M. Y. R. M. y E. O. C. R. en compañía de otras personas, sin mediar palabra y sin motivo aparente y con armas blancas, machetes que portaban agredieron contra la humanidad de la señora A. M. C. F. A., provocándole múltiples heridas, lo cual le ocasionó la muerte. SEGUNDO: La hoy víctima A. M. C. F. A. recibió en su cuerpo herida contuso cortante en región occipital coronal lateralizado a la izquierda, herida contuso cortante que va de la región temporal a occipital izquierda, herida en región fronto temporal izquierda de cabeza, herida contuso cortante con fractura expuesta de cubito y radio en tercio medio proximal de ante brazo izquierdo, amputación de segundo cuarto dedos de la mano derecha con heridas de primer falange de primer dedo de mano derecha, las cuales le quitaron la vida. III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado W. C.H.E., actuando en su condición de defensor público del señor E.O. C. R., procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO Violación del artículo 89 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 89 que reza: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” En tal virtud para que dicha autoridad llegue al convencimiento sobre la responsabilidad penal de un ciudadano debe contar con la prueba suficiente que no le deje duda sobre la vulneración el Estado de inocencia que asiste a un imputado. PRIMERO: De lo anterior se desprende que es una obligación de los jueces hacer una valoración de la prueba, sin escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho. Utilizar la lectura de una declaración rendida con las formalidades de prueba anticipada como base para condenar, sin que en dicha declaración sea sustentada por ningún otro medio de prueba, es una flagrante violación al DERECHO DE INOCENCIA, resultando inútil el ejercicio del Ministerio Público en actuar con absoluta objetividad, investigando no solo las circunstancias que comprueben la acusación sino también aquellas que la eximan, dicho yerro solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. Resulta Honorable Corte, que el Tribunal al emitir el fallo condenatorio en contra de mi patrocinado, lo ha hecho tomando como base y fundamento principal la declaración anticipada del testigo denominado CHILE, incorporada por lectura autorizada debido a la no comparecencia al juicio oral y público de dicho testigo. Este testigo refiere que el día dieciséis de junio del año dos mil trece, como a las cinco y cuarenta y cinco de la mañana, en el lugar denominado La Campa de la Quebrada Honda del municipio de Trinidad del departamento de Santa Bárbara, él se encontraba escondido arriba y pudo observar desde ahí a los imputados M. Y.R. M. y E.O. C.R., que estaban matando a la señora M., murió boca abajo macheteada, reconociendo en el acto de la declaración a ambos imputados, que ellos salieron con los machetes llenos de sangre con dirección uno de ellos para donde la chapina, en la propiedad de O. P., que don J. y M. iban juntos. El Tribunal considera en su sentencia que dicho testimonio es coherente, contundente en cuanto a lo que supo, está revestida de la virtualidad necesaria para hacerla creíble y veraz, por ser un testigo presencial de los hechos desde que iniciaron los mismos, su desenlace y resultado. (Lo resaltado es nuestro) Durante el juicio oral y público, no se evacuó otro medio de prueba que corroborara lo dicho por éste, por el contrario al recibir lo ratificación del el acta de inspección ocular realizada en la escena del crimen por el agente de investigación R. D.C. M., queda establecido que el testigo denominado CHILE ha faltado a la verdad. El Agente a preguntas de las partes aclaró aspectos importantes como ser: a preguntas del Fiscal: En qué lugar hizo esta inspección usted? En el sector de quebrada Onda, Trinidad, Santa Bárbara, cuando usted llegó al lugar cuantos cuerpo habían? Dos cuerpos, me podría decir que sexo eran los cuerpo que se encontraban? El primero masculino y el segundo femenino,…a preguntas de la Defensa: El hallazgo del primer cuerpo con el segundo cual es la distancia entre uno y otro? Aproximadamente unos 70 metros... a preguntas Juez J.P .cuál es el primer cuerpo? El del sexo masculino del señor J.
, estaba en la calle? Si y la mujer? Se encontraba a la orilla de la calle, sobre la maleza, cuando me dice calle es vehicular? Como camino de tierra, pasan vehículos por ahí? Si correcto, el lugar donde está uno de los cuerpos a donde está el cuerpo se podía ver donde estaba el otro? Si, se podría ver… a preguntas Juez J.L., que tipo de maleza había zacate, a qué altura? Medio metro no muy alto, árboles altos? Si alrededor, en ese sector donde estaba los cuerpos no. El hecho que da lugar a la investigación del Ministerio Público indica que fueron dos los cuerpos sin vida por los cuales se realizó la inspección ocular en la escena del crimen, que el hecho ocurrió en el mismo lugar, misma hora, sin embargo el testigo CHILE que cuenta con la total credibilidad del Tribunal, no menciona en su escueta deposición lo que ocurrió con el otra persona que también perdió su vida en ese hecho, si este testigo fuera realmente un espectador ocular de la muerte de A. M. C. F.A. no hay manera que solo observara la acción cometida en contra de está, y no ver el otro hecho el cual fue cometido de forma simultánea según lo confesado por M. Y. R. M., por lo cual consideramos que este testigo no puede tener la credibilidad que el Tribunal sentenciador le ha otorgado. SEGUNDO: Del acervo probatorio presentado por el Ente Acusatorio no podemos hacer alusión a ningún medio de prueba que relacione la declaración de el testigo denominado CHILE.- De la confesión que brinda el imputado M.Y.R. M., quien describe como acontecieron los hechos, y que en los mismos no se encontraba presente su hermano E. O.C. R., lo cual es congruente con la declaración del testigo de hechos F. A. C. R., quien no encontrándose judicializado en la presente causa en una clara lealtad a la justicia manifiesta como sucedieron los hechos confiesa su participación en los mismos y que no estaba presente el señor E.O.C. R.. Por tanto no es posible que se condene con una prueba, con la cual ha resultado imposible establecer como acontecieron los hechos y la participación de mi representado en el homicidio de la señora A.M. C.; la conocida jurista española María Félix Tena Aragón, en su obra M.DE DERECHO CONSTITUCIONAL página 34 inciso 7 establece: “Este Derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válida”.- Tal como ocurre en el caso de mi representado, no existe prueba que acredite la declaración del testigo protegido CHILE, éste no declara como sucedieron los hechos conforme a acta de inspección levantada por el Agente R. D.C. M., Honorables Magistrados a todas luces el testigo CHILE evidencia su falta de conocimiento y desapego a la verdad. Sigue Diciendo la jurista Tena Aragón “Por tanto, solo cabra constatar la vulneración de inocencia cuando haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motivó el resultado de dicha valoración o finalmente cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado”- En el caso que nos ocupa resulta ilógico que este testigo declare a medias un hecho que ocurrió de forma simultánea en el mismo lugar, si éste dice ser testigo ocular es porque vio todo lo acontecido, por ende es insuficiente lo declarado por este testigo, siendo que dicho testimonio queda en contradicho con la ratificación del acta de inspección de la escena del crimen. Para concluir con lo dicho por la Jurista Aragón “A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan con los siguiente requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: que parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria”.- En el caso de nos ocupa el Tribunal Juzgador no ha corroborado el dicho del testigo denominado CHILE con ninguna otra prueba, lo cual es una clara violación al correcto entendimiento humano, es por ello que el dicho constitucional de presunción de inocencia se ve violentado al condenar a mi representado con una escasa actividad probatoria, el sentenciador no contaba con la suficiente prueba para tener la certeza de culpabilidad. TERCERO: Si sacamos mentalmente del legajo probatorio, la declaración del testigo denominado CHILE, nos encontramos que el resto de prueba exonera de responsabilidad a E. O. C. R., La prueba principal de la acusación lo constituye la lectura de dicha prueba anticipada, misma que si la tomamos como prueba fundamental para condenar, se hace en violación al principio de inocencia, y la única forma de poder enmendar dicha vejación es mediante la interposición del presente recurso casación. En ese sentido y siendo que dicho yerro constituye una Violación grave a una norma Constitucional como ser el Principio de Inocencia, le solicitamos a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se dicte una Sentencia Absolutoria como en Derecho corresponde.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo. Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: Violación al principio de inocencia; y, Pretensión: Resolver conforme a derecho. El recurrente denuncia la violación al derecho fundamental de inocencia establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República, al considerar insuficiente la prueba de signo acusatorio y argumentar que no se puede condenar a su representado con una única declaración testifical aportada a juicio mediante lectura autorizada. Del principio del estado material de inocencia. El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal derecho ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El derecho de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El derecho de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de Septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado:128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”.Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. De la Procedencia del Recurso El recurso no es de recibo. A través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, la tarea de esta Sala de lo Penal no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero si puede este Tribunal de Casación verificar que, el A Quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación del acusado en él. Bajo esas premisas, no queda género de dudas que existe la comisión de un delito, de homicidio en perjuicio de la señora A.M.C. F.A. según la calificación jurídica dada por el Tribunal de Sentencia a los hechos fácticos; lo que cuestiona el recurrente, es la insuficiencia probatoria para acreditar la participación del señor E. O.C.R. en el hecho enjuiciado. La prueba de cargo aportada a debate para acreditar tales extremos es la siguiente: 1. Declaración del testigo protegido con clave Chile (Rendida bajo el protocolo de prueba anticipada), la cual informó, entre otras cosas, lo siguiente: El dieciséis de junio de dos mil trece, como a las cinco y cuarenta y cinco de la mañana, en el lugar denominado la campa de la aldea Quebrada Honda del municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, él (el testigo) se encontraba escondido arriba y pudo observar desde ahí a los imputados M. Y. R. M. y E. O.C.R., que estaban matando a la señora M., murió boca abajo macheteada, reconociendo en el acto de la declaración a ambos imputados de manera efectiva e individualizada, narra que salieron con los machetes llenos de sangre con dirección uno de ellos para la Chapina en la propiedad de O. P.. 2. Declaración del testigo G. R. A. F., quien informó que él no ha visto nada, que a él le dijeron que ellos (los acusados) mataron a su padrastro J. y a su mamá A. M., el occiso trabajaba en una propiedad y tenía enemistades, ella no tenía enemistades. 3.Acta de levantamiento de cadáver, ratificado en juicio por la doctora M. C., acreditó la muerte real de la occisa A. M. C. F., la manera de su muerte tipo homicida por laceración cerebral secundaria a trauma cráneo encefálico abierto, entre otras heridas descritas producidas por arma blanca. 4. Acta de inspección ocular, ratificada por el agente de investigación criminal D.C., acreditó la inspección al lugar de los hechos, encontrando a setenta metros ingresando por terreno con amplia maleza, el cuerpo sin vida de la occisa A. M. C. F., en posición cubito ventral y los traumas recibidos. 5. Álbum fotográfico de la escena del crimen, ratificado por el agente de investigación criminal D.C., mediante el cual se acreditó el lugar de los hechos y la posición en que fue encontrado el cuerpo sin vida de la víctima y los traumas recibidos por arma blanca. 6. Actas de registro personal, ratificadas en juicio por el agente de investigación criminal E. J. V., con la cual se acreditó que a los acusados se les encontró con arma blanca tipo machete. 7. Acta de decomiso o secuestro, ratificada en juicio por el agente de investigación criminal E. J. V. con las cuales se acreditó que las armas blancas encontradas en posesión de los señores M.Y. R. M. y E. O.C. R., les fueron decomisadas a dichos imputados. Los anteriores medios probatorios descritos y enumerados fueron razón suficiente para que el Tribunal de Sentencia dictara juicio de culpabilidad en contra del señor E. O.C. R. como autor responsable del delito de homicidio en perjuicio de A.M. C. F.. La tarea entonces consiste en corroborar la suficiencia de los medios probatorios y el sentido de cargo que tienen, así como la racionalidad de la convicción manifestada por el tribunal sentenciador de instancia. La prueba toral sobre la cual descansa la tesis acusatoria consiste en la declaración del testigo protegido Chile, aportada a juicio mediante el protocolo de prueba anticipada, es decir, que el Tribunal de Sentencia no gozó del elemento esencial de la inmediación para formar su convicción, ver aspectos tales como la disposición del testigo, las reacciones que sus afirmaciones provocan en otras personas, la seguridad que transmite y, en definitiva, cualquier otro elemento que rodea una declaración. Sin embargo, la declaración testifical del testigo protegido Chile fue veraz para el Tribunal de Sentencia en aspectos objetivos y lógicos tales como: ser un testigo presencial del hecho desde su inicio, desenlace y resultado, y vincular de manera categórica a los señores M.Y. R.M. y E.O.C. R.. La declaración testifical describe de forma detalla el hecho enjuiciado y contrario indica el recurrente está rodeada de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, como ser el álbum fotográfico que acreditó el lugar de los hechos y los traumas de la víctima recibidos por arma blanca y, el acta de levantamiento de cadáver, que acreditó la muerte real de la occisa A. M.C. F., la manera de su muerte tipo homicida por laceración cerebral secundaria a trauma cráneo encefálico abierto, otras heridas producidas por arma blanca y el tiempo aproximado de muerte. Por otra parte, los imputados (hermanos entre sí) ejercieron su derecho de defensa material y declararon que el día de los hechos únicamente participó uno de los imputados llamado M.Y. R. M. y un primo de éstos, no así el otro imputado llamado E. O.C. R.; también la defensa presentó la declaración testifical del señor F. A. C.R., hermano de los dos imputados, quien también se ubica en el lugar de los hechos y declara que él participó en los mismos junto a su hermano M.Y. R. M. y su primo C. R. R.L., coincidiendo con las anteriores declaraciones en el sentido que el señor E. O.C.R.no se encontraba en el lugar de los hechos. Esta Sala de lo Penal llama la atención de la especial cautela que debe presidir la valoración de las declaraciones rendidas por los imputados, en el que no comparecen como testigos, obligados como tal a decir la verdad y conminados con la pena de falso testimonio. La declaración de los señores M.Y. R.M. y F. A. C. R., uno acusado y el otro testigo, ambos afanados por abstraer de culpabilidad a su hermano E. O.C. R., carece de consistencia siendo que no resulta mínimamente corroborada por otras pruebas, no hay algún dato, hecho o circunstancia externa que corrobore mínimamente el contenido de tales declaraciones, por lo que los concretos elementos probatorios de cargo referidos en la sentencia impugnada cumplen con la exigencia constitucional para superar los mínimos necesarios que doten de suficiencia la declaración de culpabilidad que enerva la presunción de inocencia del recurrente. V. DECISIÓN No Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 363 del Código Procesal Penal, Falla: 1) Declara No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Abogado W. C. H.E., en su condición de defensor público del señor E. O.C.R.; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, que contiene la sentencia condenatoria dictada en contra del señor E. O.C. R.. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-476-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.