Sentencia CP-472-14 — Registro 11235
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor responsable del delito de homicidio, se declaar sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Por su estrecha relación, cuando se vulnera el derecho de defensa, sucede también lo mismo con el debido proceso legal. Bajo esa configuración el censor considera vulnerado uno y otro derecho. Esta Sala de lo Penal ha establecido a través de su jurisprudencia, que el derecho de defensa se divide en defensa material y defensa técnica. La defensa material se desarrolla a través de tres garantías: 1) Derecho a la participación, o derecho a participar activamente en todas las etapas del proceso, sobre todo en aquellas en las que se produce elementos probatorios que sirven de base a la acusación y a la sentencia que resolverá la situación jurídica del acusado. 2) Derecho de petición, consiste en formular a la autoridad judicial todas aquellas peticiones que considere oportunas a efecto de hacer valer su defensa; 3) Derecho al conocimiento inmediato y de forma comprensible de cuáles son sus derechos como acusado. Por su parte, la defensa técnica, es el derecho del acusado de ser asistido por un profesional del derecho desde el primer acto del procedimiento, sea actuación policial o judicial que señale al imputado como partícipe de un hecho punible. (Véase fallo de fecha 11 de agosto de 2009, recaído en el expediente No. CP-322-2007). En el presente caso, el acusado ha estado presente en la fase instructora, ha tenido oportunidad de intervención en las diferentes actuaciones judiciales realizadas, ha conocido las pericias emitidas y las declaraciones de los testigos, ha tenido conocimiento de la acusación formulada en su contra, ha designado un asistente letrado de su confianza, ha propuesto prueba y controvertido la allegada en su contra, ha tenido oportunidad de recurrir el fallo que limita sus derechos fundamentales y, con rotundidad, se ha visto asistido de todas las garantías que nuestra legislación procesal prevé para el acusado. No se desprende objetivamente una violación al derecho de defensa como alega el censor y, por consiguiente, al debido proceso legal. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Penal estima de manera definitiva que en el caso bajo examen se ha respetado el derecho de defensa del acusado y deviene la desestimación del recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Se razona a la vista de las declaraciones testificales, las cuales fueron valoradas por el Tribunal de Sentencia en respeto a las reglas de la sana crítica, que las mismas son contestes en cuanto a elementos trascendentes anteriores y posteriores a la comisión del delito. Ambos testigos coinciden en la hora, el lugar, el sujeto activo y las acciones que éste realizaba en perjuicio del hoy occiso. El testigo protegido “Z” además informa las expresiones amenazantes que profería el acusado en contra de aquél momentos antes que fuera ingresado a un callejón en el cual horas después aparecería sin vida. Asiste razón al recurrente que ambos testigos no vieron al acusado quitarle la vida al hoy occiso, ellos narran lo que percibieron a través de sus sentidos. Sin embargo, cuando el Tribunal de Sentencia valora la prueba tal como ordena el precepto establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, entiende que formará su convicción valorando de forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Las declaraciones testificales al ser valoradas en su conjunto con otros medios de prueba tienen relación directa con la acusación, son corroboradas por el dictamen de autopsia que informa sobre las múltiples lesiones que había experimentado el occiso y las señales de arrastre del cuerpo hasta el lugar en donde fue encontrado sin vida por los circundantes; también coincide con el acta de levantamiento de cadáver el cual consigna que se encontraron restos de sangre en las gradas cercanas a la casa del hoy acusado, la cual dicho sea de paso, queda ubicada en el mismo callejón donde fue ingresado de manera violenta el hoy occiso (así informado por los testigos protegidos A y Z). Las contradicciones en las declaraciones testificales que arguye el recurrente versan sobre aspectos periféricos y no esenciales que permitan excluir el juicio de culpabilidad en contra del acusado. Al hacer un examen racional tal como invita el recurrente, se incurriría en el vicio procesal de valorar las declaraciones testificales de forma aislada y contraviniendo el sistema de valoración definido por nuestra norma procesal. En relación a la contradicción del tanatocronodiagnóstico con las declaraciones testificales de cargo, el mismo no es coincidente de forma exacta con el contenido de tales declaraciones; sin embargo, cabe destacar que a través de este medio de prueba el perito informa de la posible hora de muerte más no es un dato exacto. Contrario a separar la posibilidad de participación del acusado más bien alberga la certeza de su participación al aproximarse a la hora en que los testigos vieron cuando el acusado ingresaba de forma violenta al hoy occiso al callejón en donde horas después fue encontrado sin vida. Buena muestra de ello es el acta de levantamiento de cadáver realizado por peritos del Ministerio Público en el cual establecen como tiempo de muerte de nueve a diez horas, habiendo realizado el mismo a las diez de la mañana. En consecuencia, la conclusión abrazada por el Tribunal de Sentencia no es el resultado de una percepción puramente intuitiva, la misma descansa sobre la opinión versada de los peritos, la declaración de los testigos y demás prueba aportada a juicio que generó un estado psicológico de certeza en relación a la participación del acusado en el hecho objeto de juzgamiento..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.
SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días de octubre del año dos mil dieciocho (2018), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el expediente número SP472-2014, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de diciembre del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual condenó al señor H. Y. G. C., como autor responsable del delito de homicidio en perjuicio de E.F. S.R. a la pena de quince (15) años de reclusión; asimismo, los condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Se declaró su responsabilidad civil. No hubo condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma el abogado Pedro Nolasco G., apoderado defensor del encausado H. l Y.G. C.. SON PARTES: El Abogado P. N. G., apoderado defensor del encausado H. Y.G.C., como recurrente; y, la Abogada Y. M. M. L., fiscal del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara, expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: UNO: El día sábado treinta de Octubre del años dos mil diez, el joven E. F. S. R. se encontraba en la colonia Nueva Suyapa cuando entre las nueve y treinta y diez de la noche, fue abordado por H. Y.G. C. quien le reclamó por qué no le había llevado el encargo, procediendo de inmediato a golpear reiteradamente a E. F. S.R. con su puño en cabeza y cara, arrastrándolo algunos metros hasta la casa de H. l Y.G. C., donde siguió golpeándole, al tiempo que el occiso le pedía que no siguiera, haciendo caso omiso H. Y. G. C., quien siguió golpeándole y arrastrándole, y procediendo en un momento determinado a estrangular mediante asfixia el cuello del joven E. F.S. R., causándole la muerte, quedando el cuerpo sin vida a inmediaciones de la casa de habitación de H. Y. G. C..” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado P. N.G., actuando en su condición de apoderado del señor H. Y.G. C., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN A) POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO UNICO: Por violación de los Artículos 82 y 90 de La Constitución de la República de Honduras, en relación a lo que establece el Artículo 14 del Código Procesal Penal, así como a lo que establecen los tratados y convenios internacionales, relativos a dichas garantías. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal, en donde se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso. EXPLICACION DEL MOTIVO: Bajo este motivo de Casación se alude a la infracción del precepto Constitucional del derecho al a Defensa y al debido proceso, de la Sentencia Definitiva ahora Recurrida en Casación, cuando el tribunal de Sentencia al dictar la Sentencia Definitiva ahora en casación no hace una correcta valoración de la prueba vertida en la Audiencia de Juicio Oral y Público, al SOBREVALORAR, la prueba de cargo, dándole el valor a Medios de Prueba que carecían de él, sin justificar motivadamente dicha sobrevaloración como lo manda la Ley, sin justificar motivadamente tal desvalorización como lo manda también la Ley, Cuando infringe Precepto Legales, sin lógica, sin razón, utilizando solamente criterios personales y no jurídicos.- La Sentencia Condenatoria de fecha dos de Diciembre del año dos mil trece, hoy objeto de casación, por la abierta violación a la Formalidades, Derechos y Garantías, en donde la Constitución otorga a todo ciudadano, como lo es el debido proceso (artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras) puesto que el Debido Proceso, requiere como mínimo la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, es decir la interrelación de-defensa-pruebas-sentencias-recursos, observando que este derecho se vulnera en el juicio público, puesto que se emite Sentencia condenatoria, solamente contando con dos declaraciones testificales, su contenido será descrito en lo sucesivo a través de la explicación del motivo de Casación denominado Quebrantamiento de Forma.- De igual manera la no valoración de la prueba de descargo, viene a perjudicar a mi defendido, dado a que quebranta el Derecho de Defensa que todo imputado tiene (Artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras) por haber dictado el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, una Sentencia Condenatoria contraria a lo que prescribe el artículo 14, en relación con lo que establecen los artículos 94 y 101 , del mismo Código Procesal Penal, es entendido que el Derecho de Defensa es inviolable, lo que conlleva un proceso en el que se enmarquen todas las garantías procesales, mencionando entre otras; El derecho a la igualdad de las armas procesales, que la doctrina describe “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir que tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actos y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio” dicho lo anterior considero que tanto el derecho a la Defensa y el derecho al debido proceso conllevan una intrínseca relación en la que la violación a uno de este preceptos lo es también para el otro.- Señores Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la SENTENCIA CONDENATORIA emitida por el Honorable Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán a través de la sala Primera, restringe, limita y tergiversa, el derecho de defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República por cuanto a mi representado en el Tribunal de Sentencia, se le ha limitado y despojado del Derecho que tiene para demostrar sus argumentos en defensa de sus Derechos que las leyes le otorgan, en cuanto se refiere a la NO VALORACIÓN O DESVALORIZACIÓN DE LA PRUEBA DE DESCARGO PRESENTADA EN EL JUICIO ORAL Y PUBLICO y la forma en que se desarrolló todo el Proceso Penal.- Sus Señorías, todas las Actuaciones, del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sala Primera, la Sentencia condenatoria de mérito, restringe, limita y tergiversa, el derecho al debido proceso, cuando violenta normas procedimentales señaladas en el Código Procesal Penal, violando entonces, el cumplimiento de los requisitos y formalidades legales que en todo juicio, deben cumplirse al pie de lo señalado en la norma general (Constitución de la República de Honduras) como en la ley específica (Código Procesal Penal y Código Penal).- En virtud de lo antes relacionado, con todo respeto solicito, que se declare con lugar el presente Recurso, a fin de que se restituyan las garantías constitucionales violentadas a mi defendido, se dicten las resoluciones apegadas a derechos que correspondan, revocando la sentencia condenatoria, emitida por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, Sala Primera y ordenando lo que en derecho corresponda”. II. Continúa manifestando el recurrente en su: “B) MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO UNICO: en la valoración de la prueba no se observaron las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se enmarca en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Al decretarse Sentencia Condenatoria en perjuicio de H. Y. G. C., en fecha Dos de Diciembre del año Dos Mil Trece, dicha sentencia contiene vicios, en vista que violenta lo que establece el Artículo 202 del Código Procesal Penal, mismo que refiere que las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica.- El Órgano Jurisdiccional, formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la Prueba Producida.- “En la Normativa de LA SANA CRITICA RACIONAL que implementa nuestro Ordenamiento Procesal Penal, en lo que se refiere a la valoración de la Prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero al contrario, se les exige que las conclusiones a las que arriben, sean el fruto razonado de las pruebas, en que se apoyan.- Dentro de esta Normativa, El Juzgador no tiene reglas legales que establezcan El Valor que debe consignársele a cada Prueba, pero esa Libertad tiene límites, y son: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la Sana Crítica Racional, el Juzgador logra sus Conclusiones sobre los Hechos de la Causa instruida, Valorando la Eficacia Conviccional de cada Prueba, con Total Libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común.- Dentro de las Reglas de La Lógica, a las que debe sujetarse el Juzgador, en la Valoración de la Prueba allegada a su presencia, se encuentran las que exigen los Artículos 202 y 336 Numeral 2º, del Código Procesal Penal, y recalcadas, en el Artículo 338, Regla 4ª, Numeral 2º, del mismo Código Procesal Penal (….Justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicada en juicio….) Aparece EL PRINCIPIO DE RAZPON SUFICIENTE, mismo que refiere …. “razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”.- Dicho lo anterior, El Tribunal debe estructurar sus Conclusiones de las Pruebas que obren en Juicio, y en la dirección en que éstas apuntan, de tal forma que no puede establecer su convicción, en un sentido distinto, al que todas ellas se refieren, sobre las circunstancias del hecho, es decir, El juzgador debe reconstruir conceptualmente los hechos, de la forma en que se informan las pruebas y no en otra dirección, pues de hacerlo, vulneraría la característica de la lógica, la que debe reunir la motivación fáctica (de los hechos) o de lo contrario, vulnerando a su vez, el sistema de la sana crítica racional, que informa de la valoración de las prueba. Asimismo, en la Valoración de la Prueba que forma parte de la fundamentación de la Sentencia, El Juzgador debe fundamentarse en las normas de la experiencia común, que según la doctrina refiere a que: las normas de experiencia común, son las nociones que corresponden al concepto de censura común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto, como verdades indiscutibles, de tal manera, que la Sentencia que razona en contra de esas máximas, contiene un Vicio en su Motivación, que será controlable en Casación, puesto que al ser del Dominio de cualquiera, puede juzgar con más propiedad la información que le brinda la Prueba y así poder, representarse mentalmente el acontecimiento Histórico, que pretende reconstruir.- Honorables jueces, en el caso de mérito, al momento de dictar la Sentencia condenatoria en prejuicio del joven H. Y. G.C., han incurrido en violación a las Reglas de la Sana Crítica por considerar que las Conclusiones a que arribaron las Honorables jueces del Tribunal de Sentencia, de que el ahora condenado, es Responsable de cometer el Delito de: HOMICIDIO, es producto de la inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica, por parte de los Jueces de Sentencia, ya que al momento de Valorar La Prueba evacuada por medio de prueba testifical, se recibió la declaración testifical de DOS testigos “protegidos”, prueba documental, acta de levantamiento de cadáver, siendo todo el legajo probatorio de cargo, le dan el valor de ser útiles para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, y es congruente la declaración de los testigos VALOR QUE NO LO TIENEN, lo que en tal sentido afectó su ánimo interior, al tal extremo, que los hizo recurrir en el vicio denunciado, ya que mencio9nan en sus Motivaciones Valorativas, que esas Declaraciones vertidas por los testigos, fueron congruentes en sus decires, CUANDO EN REALIDAD CARECIERON DE VERACIDAD EN SUS DECLARACIONES, pues definitivamente que son CONTRADICTORIAS E INCONGRUENTES, aún así, los Jueces de Sentencia, les confieren Valor Probatorio, dicen por ser Creíbles y Congruentes, por no ser Contradictorias.- En tal sentido, ESTE RAZONAMIENTO JUDICIAL ES ATENTATORIO CONTRA LA REGLA DE LA LOGICA DE NO CONTRADICCION, contemplada la Lógica como una Regla de la Sana Crítica, que se subsume como Vicio de la Sentencia, cuando la Regla es inobservada pro lo Jueces de Sentencia, al momento de Pronunciar su Fallo Judicial, tal como a continuación lo explico: El vicio acontece en la Sentencia Recurrida en la Valoración de la Prueba, específicamente en dos Declaraciones testificales, de dos testigos protegidos, bien pues a criterio del honorable Tribunal esta prueba, SON COINCIDENTES, CREIBLES Y CONSTATABLES CON LOS DEMAS MEDIOS DE PRUEBA, no obstante entre ambas declaraciones existe una serie de Contradicciones, veamos que dice en primer lugar el testigo protegido A, dice que se dirigía a la parroquia, cuando miró que el acusado golpeaba al occiso, dice que miró cuando el acusado llevaba al occiso al callejón cerca de su casa, pero a preguntas de la fiscalía, dice que fue rápido que ella tuvo temor y se fue del lugar, pero dice que vio cuando el acusado se dirigía al occiso hasta el callejón cerca de la casa de éste, pero que el callejón según ella queda a media cuadra, manifiesta que no estaba claro, dice que no habían más personas en el lugar, no le miró nada en las manos al acusado, en relación a las características del acusado, dice que la persona que observa andaba el cabello largo y con barba y lo más importante es que no miró que el acusado haya causado la muerte del occiso, ahora bien el testigo protegido Z, manifiesta haber estado en el mismo lugar donde se ubica A, pero manifiesta que estaba claro, que él había más gente, que el acusado tenía puesto en su mano un guante con chapas, que el acusado tenía agarrado del cuello, al occiso y que lo arrastraba, dice no sabe el tiempo que duró la pelea, puesto que se fue rápido a su casa a avisarle a su mamá, pero antes dice que se quedó observando haber que hacía el imputado, en la audiencia inicial había dicho que el cabello del acusado era corto y colocho y en el juicio dijo que usaba el pelo largo, todas las contradicciones de este testigo fueron leídas por el Secretario, a petición de esta defensa, pero si hay algo claro en que la testigo Z tampoco refiere haber visto que fuera el acusado el autor de la muerte del occiso, ahora bien según el dictamen de autopsia y que fue ratificado por la médico, refiere que el occiso fue muerto por asfixia por estrangulación ocasionada por un objeto romo pudiendo ser este objeto un palo, un zapato, piedra o cualquier objeto que tengo bordes obtusos lo furioso es que ninguno de los testigos dijo haber visto que el acusado utilizaba un objeto de estos, asimismo la hora de muerte, según la médico la autopsia se realizó en horas del mediodía, pero el levantamiento del cadáver se hizo a las nueve y treinta horas, manifestándose en dicha acta que la muerte se había producido de 9 a 10 horas, antes tal situación la muerte se tuvo que haber producido a eso de las doce de la madrugada y no a las nueve o diez que los testigos manifestaron haber visto al occiso y acusado, quedando entonces un lapsus de dos horas en las que cualquier otra persona aprovechándose de la riña, pudo haberle ocasionado la muerte, dado a que el occiso no era muy querido en la zona y su conducta no era la mejor, otra de las situaciones que no son lógicas es el hecho que el difunto quedó cerca de la casa de habitación del acusado, será posible que si alguien mata, a lo dejará cerca de su casa, lo lógico es que lo conduzca a otro lugar, lo más largo posible, para que no lo relacionen y de ahí que es creíble que alguien aprovechándose de la situación, causó la muerte del joven S. R..- Asimismo la prueba propuesta por la defensa, fue clara y convincente al manifestar que la noche en que perdió la vida el occiso, el acusado estuvo en la ferretería propiedad de su padre, se estableció que mi defendido, es una persona trabajadora, que no había tenido problemas con nadie en su comunidad, que al otro día de los hechos los agentes de la policía lo detuvieron pero al no tener pruebas lo dejaron en libertad, es más ellos mismos lo regresaron a su casa, lo sorprendente es que transcurrido unos meses, aparecen estos testigos protegidos y luego presentan el Requerimiento Fiscal y transcurridos más de seis meses proceden a ejecutar la captura, pero no es cierto que mi defendido se haya marchado de su domicilio, como refieren en el Requerimiento Fiscal, obviamente si éste no era partícipe en el delito no tenía por qué largarse de su casa, pro lo que es mi criterio que entre estos testigos efectivamente existe un sin número de contradicciones en contraposición de lo que apreciaron los señores jueces.- Cabe señalar que el Tribunal considera que además de la prueba testifical, resultando ser falso dado a que las demás pruebas evacuadas en la audiencia no respaldan estas declaraciones, vemos que en la doctrina se refiere en relación a los medios de prueba, “Será necesario además, luego del a valoración individual de cada testimonio, cotejarlo con el resto de las pruebas reunidas, a fin de logara una correcta evaluación de su eficacia probatoria”, ante tal situación puedo asegurar que el Tribunal no tomó en cuenta la valoración en su conjunto ni de manera armónica, toda la prueba vertida en juicio, pues considero que tal resolución se enfoca en el desconocimiento de los medios de prueba probatorios, a que de acuerdo a la experiencia y la lógica se encuentra que los testigos han realizado una derivación mental de los hechos conocidos y desconocidos, que subjetivamente los llevan a concluir que este imputado es responsable de este hecho”.- Sus Señorías, al iniciar nuestra explicación de la invocación del Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, señalé como bien se sabe, la Violación de la Regla de la Sana Crítica, que corresponde a la Lógica y que surge de el principio de no contradicción , el cual se sustenta en la fórmula, de que una cosa no puede entenderse en dos o más dimensiones al mismo tiempo- Visto de otra manera, si se afirma una cosa o sujeto o hecho, en atención a una misma situación o relación o circunstancia en que se producen tales hechos, no puede hablarse de premisas jurídicas, unas objetivas y otras subjetivas al mismo tiempo, o hacer deducciones probables, deducciones de hechos indicados como conocidos o desconocidos, peor aún, cuando estas no provienen de jueces que conforman el Tribunal de Sentencia, sino que provienen de los testigos, como lo aseguran los jueces sentenciadores, atribuyendo a probabilidades sobre criterios desconocidos, la sentencia condenatoria dictada por los miembros de este tribunal sentenciador, a lo dicho por los testigos de cargo, atribuibles a su conocimiento subjetivo de lo conocido y lo desconocido, de los hechos que son causa del juicio criminoso.- Dicho de otra manera, en el análisis por parte de los Jueces Sentenciadores, con respecto de los sujetos activos, pasivos, circunstancias en que produjeron los hechos controvertidos en el Juicio Penal, los juzgadores, deben remitirse para dictar sentencia, al fruto de los hechos reales, conocidos, fehacientemente probados, construidos éstos, sobre pilares reales y no probables, ya que en Materia Criminal, la Lógica de la Sentencia, ya sea esta Absolutoria o Condenatoria, como es el caso, debe dictarse, sobre realidades y no sobre supuestos porque de encontrarse que la Sentencia está basada en probabilidades, la sentencia definitiva por dictarse debe fundamentarse en la ley, y en consecuencia, nos remite obligatoriamente a la aplicación de la figura jurídica penal, de la duda razonable, (Artículo 339, parte final, del párrafo primero Código Procesal Penal y por lo tanto dicha Norma Penal señala, que ante la duda el Tribunal debe proceder a dictar sentencia absolutoria, a favor del imputado Dicho lo anterior, tenemos entonces que el Tribunal de Sentencia en su Fallo Judicial Condenatorio, afirma Dos Juicios Contrarios entre sí, como lo es, cuando afirman: “estas declaraciones de los testigos que comparecieron han logrado coincidir que en fecha treinta de Octubre del año Dos Mil Diez, a eso de las nueve y treinta y diez de la noche, perdió la vida el señor Salinas, dichas declaraciones han sido congruentes con todos los medios de prueba, en consecuencia proceden concederle toda la credibilidad a estos medios de prueba, por lo que de acuerdo a la experiencia y la lógica, se encuentra que los testigos han realizado una derivación mental de los hechos conocidos y desconocidos, que subjetivamente los llevan a concluir que este imputado es partícipe de los hechos”. En el caso de mérito, Señorías, queda claramente establecido que los sentenciadores le dan credibilidad de hechos acaecidos, a las declaraciones subjetivas de los testigos de cargo, a pesar de no ser contestes en sus decires por no haber llegado a tal convencimiento judicial, sino porque señala en su sentencia, como hechos probados las derivaciones mentales de tales testigos hechos conocidos y desconocidos que llevan a los testigos de cargo, a considerar las responsabilidad penal de los hechos de mi defendido, y no al criterio o conclusión jurídica del Sentenciador, este Recurrente es del criterio, que si el Legislador ha establecido el Artículo 338, Regla Cuarta, Numeral 2º, del Código Procesal Penal que dice: “……., 2) VALORACION DE LA PRUEBA.- Seguidamente, se expresarán las Pruebas tenidas en Cuenta, para Declarar Probados esos Hechos, Justificando según las Reglas de la Sana Crítica, el Valor que se haya dado a las practicadas en Juicio y, en su caso, el Razonamiento utilizado para obtener Conclusiones Por Presunción, a partir de indicios igualmente declarados”. Debe interpretarse, que lo ha hecho, para que dentro de el principio de legalidad y de tutela judicial efectiva, los jueces y Magistrados deben formular en esa Declaración Enunciado, Valoración o Justificación, los razonamientos que han utilizado, para darle valor a estas pruebas evacuadas en el desarrollo del juicio oral y público, pero además de esa cualidad, debe ese razonamiento poseer como atributo indispensable, que esa Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación, que no contenga, no sea contradictoria en sus términos, es decir, que no anteponga proposiciones que se contrarían entre sí mismas, imposibles de conciliar en razón, como ya se dijo, del no poder ser conocidas y desconocidas, a un mismo tiempo, como se encuentra Acreditado en la Prueba Testifical de Cargo, Documental, todas contenidas en las Pruebas de Cargo presentadas en el Juicio de Debate. Ahora bien sus Señorías, la Razón del Derecho nos señala y debemos tener en cuenta, que el juicio de culpabilidad o de inocencia que emiten los jueces de sentencia, deben de tener una estructura de pensamiento, que controle a través de sus leyes de la lógica, es decir, vista a través de la sentencia misma, como un silogismo, que esté compuesta de dos premisas o bases y una conclusión, la premisa mayor es le hecho, y la premisa menor es el derecho, que se aplica a ese hecho, y una conclusión a que se llega, como tal, debe tener una estructura de pensamiento. Tal es el caso que hoy nos ocupa Sus Señorías, los Testigos de Cargo en sus decires no pueden ser creíbles, ya que según los mismos Sentenciadores, señalan que Depusieron sobre hechos conocidos y desconocidos, lo que es lo mismo, hechos probables y hechos improbables, cuando el libre convencimiento de los señores Jueces, debe formarse sobre la base de una Prueba conjunta y armónica, pero sustentada sobre realidades y no sobre supuestos.- Sus Señorías tal Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación que exponen los Jueces del Tribunal de Sentencia, constituyen en consecuencia una incoherencia que da vida al vicio de la sentencia ahora recurrida, específicamente a la Regla de la Sana Crítica, de la Ley Fundamental de la Lógica, en su Principio Lógico de No Contradicción.- RECLAMACIONES PRESENTADAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El vicio procesal que sirve de Fundamento al presente MOTIVO DE CASACION, desarrollado por el Impetrante en el presente Recurso, fue cometido en el Acto mismo de la Sentencia ahora Recurrida, y, por lo tanto, por su naturaleza, no se pudo intentar Reclamo alguno para su Subsanación, ya que no era el momento Procesal indicado por ello, es que hasta ahora que se interpone el presente Recurso.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo. Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: 89 y 90 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: Violación al derecho de defensa y consecuentemente al debido proceso legal; y, Pretensión: Declarar ha lugar el Recurso de casación. El censor denuncia la violación al derecho de defensa y, consecuentemente, al debido proceso legal. Diferentes tipos de argumentos son los utilizados en el desarrollo de su recurso, tales como: El Tribunal de Sentencia no hace una correcta valoración probatoria; no justifica motivadamente el valor probatorio otorgado a la prueba de cargo y de defensa; emite sentencia condenatoria contando únicamente con dos declaraciones testificales las cuales resultan contradictorias entre sí. Del debido proceso legal La garantía genérica del debido proceso, invocada por el censor como aquélla que ha inobservada por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada en los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República; el debido proceso legal refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García vs. Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. La garantía del debido proceso legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento; entre estas encontramos: 1. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; 2. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; 3. Derecho a un juez/a predeterminado por la ley; 4. Derecho a la imparcialidad e independencia del juez/a; 5. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; 6. Derecho a la igualdad de armas procesales; 7. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; 8. Respeto al principio de presunción de inocencia; 9. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; 10. Derecho a ser oído en un plazo razonable; 11. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; 12. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; 13. Derecho a una justicia gratuita; y en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67. El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero de cómo debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del derecho a la defensa Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. Las inobservancias de las normas procesales penales provocan indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos: 1. La parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima; 2. El Ministerio Público en defensa de los intereses sociales; 3. La Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica; y, 4. El acusado en defensa de los intereses individuales. Como consecuencia cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de peticionar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Por su estrecha relación, cuando se vulnera el derecho de defensa, sucede también lo mismo con el debido proceso legal. Bajo esa configuración el censor considera vulnerado uno y otro derecho. Esta Sala de lo Penal ha establecido a través de su jurisprudencia, que el derecho de defensa se divide en defensa material y defensa técnica. La defensa material se desarrolla a través de tres garantías: 1) Derecho a la participación, o derecho a participar activamente en todas las etapas del proceso, sobre todo en aquellas en las que se produce elementos probatorios que sirven de base a la acusación y a la sentencia que resolverá la situación jurídica del acusado. 2) Derecho de petición, consiste en formular a la autoridad judicial todas aquellas peticiones que considere oportunas a efecto de hacer valer su defensa; 3) Derecho al conocimiento inmediato y de forma comprensible de cuáles son sus derechos como acusado. Por su parte, la defensa técnica, es el derecho del acusado de ser asistido por un profesional del derecho desde el primer acto del procedimiento, sea actuación policial o judicial que señale al imputado como partícipe de un hecho punible. (Véase fallo de fecha 11 de agosto de 2009, recaído en el expediente No. CP-322-2007). En el presente caso, el acusado ha estado presente en la fase instructora, ha tenido oportunidad de intervención en las diferentes actuaciones judiciales realizadas, ha conocido las pericias emitidas y las declaraciones de los testigos, ha tenido conocimiento de la acusación formulada en su contra, ha designado un asistente letrado de su confianza, ha propuesto prueba y controvertido la allegada en su contra, ha tenido oportunidad de recurrir el fallo que limita sus derechos fundamentales y, con rotundidad, se ha visto asistido de todas las garantías que nuestra legislación procesal prevé para el acusado. No se desprende objetivamente una violación al derecho de defensa como alega el censor y, por consiguiente, al debido proceso legal. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Penal estima de manera definitiva que en el caso bajo examen se ha respetado el derecho de defensa del acusado y deviene la desestimación del recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Único Motivo. Normas autorizantes citadas: 362.3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: Concepto de la Infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Acciones de Saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues la infracción se comete en la sentencia. Pretensión: Declarar ha lugar el recurso de casación. El censor considera infringida la regla lógica de la sana crítica en sus postulados de razón suficiente y no contradicción. Arguye que las dos declaraciones testificales de cargo incurren en sendas contradicciones entre sí, así como que de ellas se desprende que los testigos no vieron que fue el acusado quien mató al hoy occiso; que el Tribunal de Sentencia erra en su valoración intelectiva al calificarlas como contestes y coincidentes. Asimismo, apoya su tesis impugnativa en la contradicción en que incurren dichas declaraciones testificales con el dictamen tanatocronodiagnóstico, el cual establece que la muerte había sido de diez a doce horas antes (aproximadamente 00:00 horas), en tanto que los testigos informaron ver al acusado agrediendo a la víctima entre las nueve y treinta o diez de la noche (9:30 P.M. a 10:00 P.M.), es decir, un espacio temporal suficiente para que otra persona le quitara la vida al hoy occiso. De las Reglas de la Sana Crítica. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias), y la sana crítica; es éste último, el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal.
En el sistema de Sana Critica la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos, los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así; 2) Las Reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Se razona a la vista de las declaraciones testificales, las cuales fueron valoradas por el Tribunal de Sentencia en respeto a las reglas de la sana crítica, que las mismas son contestes en cuanto a elementos trascendentes anteriores y posteriores a la comisión del delito. Ambos testigos coinciden en la hora, el lugar, el sujeto activo y las acciones que éste realizaba en perjuicio del hoy occiso. El testigo protegido “Z” además informa las expresiones amenazantes que profería el acusado en contra de aquél momentos antes que fuera ingresado a un callejón en el cual horas después aparecería sin vida. Asiste razón al recurrente que ambos testigos no vieron al acusado quitarle la vida al hoy occiso, ellos narran lo que percibieron a través de sus sentidos. Sin embargo, cuando el Tribunal de Sentencia valora la prueba tal como ordena el precepto establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, entiende que formará su convicción valorando de forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Las declaraciones testificales al ser valoradas en su conjunto con otros medios de prueba tienen relación directa con la acusación, son corroboradas por el dictamen de autopsia que informa sobre las múltiples lesiones que había experimentado el occiso y las señales de arrastre del cuerpo hasta el lugar en donde fue encontrado sin vida por los circundantes; también coincide con el acta de levantamiento de cadáver el cual consigna que se encontraron restos de sangre en las gradas cercanas a la casa del hoy acusado, la cual dicho sea de paso, queda ubicada en el mismo callejón donde fue ingresado de manera violenta el hoy occiso (así informado por los testigos protegidos A y Z). Las contradicciones en las declaraciones testificales que arguye el recurrente versan sobre aspectos periféricos y no esenciales que permitan excluir el juicio de culpabilidad en contra del acusado. Al hacer un examen racional tal como invita el recurrente, se incurriría en el vicio procesal de valorar las declaraciones testificales de forma aislada y contraviniendo el sistema de valoración definido por nuestra norma procesal. En relación a la contradicción del tanatocronodiagnóstico con las declaraciones testificales de cargo, el mismo no es coincidente de forma exacta con el contenido de tales declaraciones; sin embargo, cabe destacar que a través de este medio de prueba el perito informa de la posible hora de muerte más no es un dato exacto. Contrario a separar la posibilidad de participación del acusado más bien alberga la certeza de su participación al aproximarse a la hora en que los testigos vieron cuando el acusado ingresaba de forma violenta al hoy occiso al callejón en donde horas después fue encontrado sin vida. Buena muestra de ello es el acta de levantamiento de cadáver realizado por peritos del Ministerio Público en el cual establecen como tiempo de muerte de nueve a diez horas, habiendo realizado el mismo a las diez de la mañana. En consecuencia, la conclusión abrazada por el Tribunal de Sentencia no es el resultado de una percepción puramente intuitiva, la misma descansa sobre la opinión versada de los peritos, la declaración de los testigos y demás prueba aportada a juicio que generó un estado psicológico de certeza en relación a la participación del acusado en el hecho objeto de juzgamiento. V. DECISIÓN: No Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. No Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 363 del Código Procesal Penal, FALLA: 1) DECLARA: NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Abogado P. N. G., apoderado defensor del encausado H. Y. G.C.; 2) DECLARA: NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado Pedro Nolasco García, apoderado defensor del encausado H. Y. G. C.; 3) DECLARA: FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha dos de diciembre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que contiene la sentencia condenatoria dictada en contra del señor H.Y. G. C.. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-472-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.