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Sentencia CP-467-14 — Registro 11233

Resumen

En primera instancia se absuelve al imputado como autor responsable de los delitos de robo agravado y robo de vehículo, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso no es de Recibo. Se ve palmariamente que el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto en su único motivo por el Ministerio Público, no reúne las condiciones mínimas exigidas que permitan a esta Sala de lo Penal hacer una auditoría del proceso lógico seguido por el tribunal de sentencia en la valoración de la prueba. El Ministerio Público afirma que de la prueba evacuada en juicio si bien no se configura el delito de robo de vehículo sí se configura el delito de encubrimiento, luego de lo cual denuncia la violación a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente como consecuencia de que tras la valoración de la prueba se emitió una sentencia absolutoria en lugar de una condenatoria, remarcando que con dicha prueba se demostraba la responsabilidad del acusado por el delito de encubrimiento; el recurrente entonces no hace menos que presentar una queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, o porque confronte la valoración intelectiva del juzgador con el contenido de la regla citada como infringida, sino porque no está de acuerdo con ella, lo que es un alegato que no es propio para un recurso de casación. No existe -en el escrito del recurso- identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. No habiéndose presentado de manera adecuada el recurso, esta Sala de lo Penal no tiene ninguna guía de cuáles son los razonamientos judiciales que vulneran el principio alegado, ni el por qué, pues solo se cuenta con el señalamiento de que la sentencia absolutoria es indebida a causa de que existía suficiente carga probatoria para acreditar cuando menos un delito de encubrimiento, más ello no determina cuales fueron las conclusiones valorativas, en cada caso, que fueron indebidamente derivadas y por ende sin correspondencia con determinadas premisas, las que también debieron ser identificadas.  .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.

SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a diez de octubre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente 467-2014, conociendo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de marzo del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, departamento de Copan, mediante la cual falló: Primero: Absolver al señor G.A. D. M., como autor responsable de los delitos de robo agravado y robo de vehículo, en perjuicio de la Sociedad Mercantil Superagro S. de R.L. de C.V. Segundo: Sin costas. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la Abogada R. R.A.L., actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La abogada I.A.F. N., actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y, la Abogada S. Y.B. S., defensora pública, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las Pruebas practicadas en juicio de acuerdo a los criterios de la sana crítica este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día 22 de Octubre del dos mil diez (2010) en horas de la mañana los señores; P.O. P. H. como conductor y J. A.S.F. ayudante, ambos empleados de la Empresa Mercantil SUPERAGRO, salieron de la ciudad de Comayagüela conduciendo un vehículo tipo camión marca Izusu NRP, con placas N°PCC-4864 propiedad del señor R. D. P., portando insumos agrícolas, cuando aproximadamente a las nueve y media de la mañana a la altura del lugar conocido como la Cuesta de la Virgen en el Departamento de Comayagua, desde un vehículo doble cabina fueron interceptados por tres sujetos desconocidos quienes portando armas de fuego y mediante amenaza los despojan del vehículo juntamente con la carga que transportaban, siendo esta recuperada posteriormente.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente Abogado R.R. A. L., en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: ”EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. UNICO MOTIVO: Que al haber dictado el Juzgador sentencia absolutoria, lo hizo valorando la prueba inobservando las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El Tribunal de Sentencia de Comayagua, manifiesta en la sección de valoración de la prueba de la sentencia, que decidió absolver al acusado G.A.D. por estimar que la prueba testifical de cargo no fue concluyente para el esclarecimiento de los hechos, ya que para el A quo lo único que se acreditó fueron indicios, pero no del grado de precisión o gravedad necesaria que una vez concatenados en forma lógica y categórica den como resultado arribar a certeza objetiva y tangible de que el procesado haya participado en el delito alegado. Al respecto cabe mencionar, que si bien es cierto, de la prueba en referencia, efectivamente no se logró acreditar que la conducta asumida por el imputado pueda enmarcar en el delito de Robo de Vehículo Agravado, tampoco es menos cierto que con los medios de prueba testificales de C. O. N. y R. P. G. y del testigo protegido Clave “A”, si se acreditó que el acusado en fecha 22 de octubre del 2010, era la persona que había conducido hasta la Colonia 21 de Abril de esa misma jurisdicción de Comayagua, el vehículo tipo camión, marca Izusu, color blanco, con placas, PCC-4864, en cuyo interior contenía producto químico y que el mismo día les había sido despojado mediante intimidación a los señores P. O. P.H. y J. A.S., por parte de tres individuos. También quedó demostrado que los testigos C. O. N y R. P.G., llegaron al lugar en comento, previa denuncia en que se les reportó tanto el robo del vehículo, como del producto antes mencionados. Y es que la posesión de dichos bienes en el día y lugar antes mencionado por parte del acusado no fue un hecho controvertido entre las partes en el juicio, por cuanto el mismo imputado se despojó de su derecho de guardar silencio, y al rendir su declaración admitió la posesión del camión y de la mercadería en referencia, como también precisó desconocer a quién pertenecían, pues en su afán de exculparse únicamente citó que a él lo contrataron, pero nunca pudo mencionar la persona concreta que supuestamente lo contrató. Es así que la probanza testifical en referencia junto con la prueba documental consistente en el acta de decomiso de los bienes objeto de robo, en cuyo contenido se hace constar que los mismos le fueron decomisado al acusado G. A. D., el acta de inspección ocular en el lugar del decomiso, el acta de peritaje y documentación de propiedad de aquellos bienes, fue idónea, apta y suficiente acreditar un delito de Encubrimiento de Robo de Vehículo Agravado; y pese a que el Agente de Tribunales durante el juicio sostuvo la acusación por un delito de Robo de Vehículo Agravado, en tal sentido, nuestra norma procesal penal si bien es cierto prohíbe al Juzgador la non reformatio in pejus, misma que por analogía también es aplicable en el sentido que el Tribunal de Sentencia no puede emitir su resolución en un sentido más gravoso al acusado que lo pretendido por las partes ante el mismo órgano jurisdiccional; por otro lado si puede perfectamente el a quo resolver la cuestión debatida en un sentido más leve a la pretensión acusadora, aunque ésta siempre sea en contra del acusado. Lo anterior ya ha sido contemplado en nuestra jurisprudencia nacional emitida por la Sala de lo Penal, y para aplicarlo por analogía a nuestro caso concreto referimos como cita el fallo emitido en fecha 13 de diciembre del 2005 recaído en el Recurso de Casación con orden de ingreso en la Corte Suprema de Justicia bajo el No. 70-05 en el cual estima ése Alto Tribunal “….que no existe infracción al principio procesal de congruencia entre la acusación y las pretensiones de las partes, pues el Tribunal al calificar el hecho punible del acusado….., con fundamento en la prueba recibida en juicio y valorada adecuadamente, con respecto a su víctima….., lo ha hecho de forma más favorable al acusado. Lo importante es que al resolver el sentenciador no modifique el hecho punible, los sujetos procesales, y que al momento de realizar el proceso de subsunción en sentencia definitiva no lo haga a un tipo más gravoso que el pretendido por el ente acusador, como resulta del caso de autos.... “ Por lo antes señalado, al no haber el A quo apreciado la prueba en el sentido debatido, ha incurrido en inobservancia a las reglas de la sana crítica, específicamente infringió la Regla Lógica en el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, dado que las razones expuestas para dictar un fallo absolutorio se enfocaron en circunstancias únicamente en el delito de robo de vehículo agravado, pero no de lo realmente derivado de las probanzas del juicio, por cuanto si se analiza la conclusión a la cual arribó como producto del razonamiento de las declaraciones testificales, fácilmente se infiere de ello que dicha probanza fue desvalorada en el sentido de que con las mismas si se acreditó la concurrencia del delito de Encubrimiento, específicamente en el numeral 3) del artículo 388 del Código Penal, que preceptúa: “Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de éste:…….. Guarda, esconda, compra, vende o recibe en prenda o permuta los efectos o instrumentos del delito”. Ya que si bien no se acreditó que el acusado participó en el acto del robo del vehículo, ni tampoco si actuó en concierto previo con los autores de aquél, si se acreditó que fue detenido en plena posesión de los efectos de aquel, sin justificación razonable para que el no pudiese suponer el origen ilícito de los mismos, dado que de su misma versión exculpatoria, refirió que lo contrataron personas a quienes dijo no conocer. En resumen, si él Juzgador se hubiese apegado a la observación irrestricta de las reglas integrantes de la Sana Crítica al momento de valorar la prueba evacuada, tal como hemos señalado y hubiese armonizado la prueba en su conjunto, el resultado del proceso hubiese sido un fallo distinto al emitido y por ende ajustado a derecho, dado que la defensa ni siquiera hizo uso de prueba de descargo que desacreditasen los extremos que refleja la prueba de cargo, de que los hechos pudieron haber ocurrido de manera distinta que ahora se expone y que fue la misma que se desarrolló en el juicio. En consecuencia, instamos a Vosotros Honorables Magistrados que se le dé la oportunidad al Ministerio Público en un nuevo debate, para lograr la realización de justicia en el caso que hoy nos ocupó; haciendo la aclaración que el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, se produjo en el acto mismo de sentenciar, razón por la cual no se hizo reclamo anterior.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes el proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Único Motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; Normas procesales que se denuncian infringidas: No determinado por el censor; Concepto de la infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia; Pretensión: Resolver conforme a ley. El censor considera que con la prueba aportada a juicio, si bien es cierto no se logró acreditar el delito de robo de vehículo que fue la acusación sostenida durante el proceso, si se acreditó el delito de encubrimiento, lo cual proviene de las pruebas testificales de C.O.N., R. P.G. y el testigo protegido “A”; no fue un hecho controvertido que C.O. N. y R. P. G. (agentes de policía) llegaron hasta la colonia 21 de abril de la jurisdicción de Comayagua, previa denuncia que se les reportó tanto del vehículo robado (camión) como del producto que contenía, y que el acusado estaba en posesión de estos bienes, él mismo así lo manifestó cuando se despojó de su derecho de guardar silencio. Con estas y otras pruebas se acredita el encubrimiento de robo de vehículo agravado y pese a que el agente de tribunales durante el juicio sostuvo la acusación por un delito de robo de vehículo agravado, la norma procesal permite al Tribunal a quo resolver la cuestión debatida en un sentido más leve a la pretensión acusatoria, aunque ésta sea en contra del acusado. Por lo anterior considera infringida la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente. De la debida técnica recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los tribunales de sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto -por una parte- es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y -por otra parte- la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: 1) Legitimidad objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2) Legitimidad subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3) Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá bservar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al tribunal de sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el tribunal de sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el Pretensor deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamento y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el tribunal de sentencia, el pretensor deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y/o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el Pretensor deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo. La identificación del motivo de casación lleva al Pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el Pretensor señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido. Explicación del vicio: Es ineludible para el Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. 2. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado.- La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al tribunal de casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio de que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada; por ello a dicho Principio interesa lo referente a: 1. Derecho de acceso a la justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por la previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la tutela cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una tutela judicial efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso -en algunos casos- errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto, pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del Recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el Censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011, del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012, del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011, del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo. Se ve palmariamente que el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto en su único motivo por el Ministerio Público, no reúne las condiciones mínimas exigidas que permitan a esta Sala de lo Penal hacer una auditoría del proceso lógico seguido por el tribunal de sentencia en la valoración de la prueba. El Ministerio Público afirma que de la prueba evacuada en juicio si bien no se configura el delito de robo de vehículo sí se configura el delito de encubrimiento, luego de lo cual denuncia la violación a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente como consecuencia de que tras la valoración de la prueba se emitió una sentencia absolutoria en lugar de una condenatoria, remarcando que con dicha prueba se demostraba la responsabilidad del acusado por el delito de encubrimiento; el recurrente entonces no hace menos que presentar una queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, o porque confronte la valoración intelectiva del juzgador con el contenido de la regla citada como infringida, sino porque no está de acuerdo con ella, lo que es un alegato que no es propio para un recurso de casación. No existe -en el escrito del recurso- identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. No habiéndose presentado de manera adecuada el recurso, esta Sala de lo Penal no tiene ninguna guía de cuáles son los razonamientos judiciales que vulneran el principio alegado, ni el por qué, pues solo se cuenta con el señalamiento de que la sentencia absolutoria es indebida a causa de que existía suficiente carga probatoria para acreditar cuando menos un delito de encubrimiento, más ello no determina cuales fueron las conclusiones valorativas, en cada caso, que fueron indebidamente derivadas y por ende sin correspondencia con determinadas premisas, las que también debieron ser identificadas. V. DECISIÓN No ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado R. R. A. L., fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha catorce de marzo del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de la Comayagua, departamento de Comayagua. Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-467-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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