Sentencia CP-449-14 — Registro 9886
Resumen
En primera instancia se condeno al imputado por el delito de Homicidio.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Contrario a lo expuesto por el recurrente, esta Sala de lo Penal verifica que el Tribunal de Sentencia valoró la prueba documental alegada como infringida, conforme a las reglas de la sana crítica, derivando de ella conclusiones lógicas y dando razón suficiente para restarle veracidad a su contenido. La prueba documental consistente en la constancia emitida por el director municipal de justicia de Sulaco, departamento de Yoro, establece que la lámpara de alumbrado eléctrico ubicada cerca del lugar del hecho enjuiciado, estaba en mal estado desde hacía un año, empero, las declaraciones testificales aportadas a juicio tanto por el Ministerio Público, como por la defensa del acusado, refieren lo siguiente: a) doña G. A. C. R., (testigo del Ministerio Público) informó en su declaración que los hechos sucedieron el 19 de junio de 2009 como a las once y treinta minutos de la noche, que su hijo salió a cerrar el portón cuando le salió ese muchacho (el acusado)… que ella está lucida y que estaba la luz de su casa. (ver folio 240); b) doña L. A. R. C. (testigo del Ministerio Público), indicó que el cuerpo del muchacho se encontraba como a cinco metros de su casa… al ser interrogada por el ente acusador si había fluido eléctrico en el lugar del hecho enjuiciado, manifestó que sí había. (Ver f. 241); y, c) don P. R. (testigo de la defensa) manifestó que eran vecinos con el occiso… que tenía visibilidad para ver a doña G. porque al lado opuesto de su casa estaba un poste y estaba alumbrado, el poste que estaba frente a su casa si estaba claro. (Ver f. 244). Esta información aportada por los testigos (uno presencial y dos referenciales del hecho enjuiciado) corroboran que en el lugar donde ocurrió el homicidio había fluido eléctrico suficiente para que la testigo presencial identificara al autor de éste, razones que justifican para el Tribunal de Sentencia, la ausencia de credibilidad de la nota emitida por el Director Municipal de Justicia del municipio de Sulaco, departamento de Yoro. Al profundizar en el método al que debe acudir el Tribunal de Sentencia para formar su convicción, taxativo en el artículo 202 del Código Procesal Penal, se extrae que la valoración probatoria deberá hacerse en forma conjunta y armónica. Partiendo de tal premisa, la suficiencia de elementos probatorios antagónicos a la constancia emitida por el Director Municipal de Justicia del municipio de Sulaco, departamento de Yoro, y al atender al principio lógico de coherencia, dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa, a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. Lo anterior estriba a tener una sola verdad real, la cual ha llegado a establecer el Tribunal de Sentencia mediante una valoración probatoria conjunta y armónica, respetuosa de las reglas de la sana crítica y conforme a la exigencia del artículo que se cita como infringido por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días de marzo de dos mil dieciocho el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, J. Olivio R. Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente 449-2014, conociendo del recurso de casación por infracción de precepto constitucional y por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, mediante la cual falló: Primero: Condenar al señor J. A. S. R., como autor del delito de Homicidio, en perjuicio de A. J. M. C., a la pena de quince años de reclusión. Segundo: Condenar al señor J. A. S. R., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, así como a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley del sistema penitenciario nacional.- Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del condenado. Interpusieron el recurso de casación por infracción de precepto constitucional y por quebrantamiento de forma, los Abogados N. A. B. B. y L. A. C. R., actuando en su condición de apoderados defensores del señor J. A. S. R.. Son partes en única instancia: Los Abogados N. A. B. B. y L. A. C. R., actuando en su condición de apoderados defensores, como recurrentes; y, la Abogada I. A. F. N., agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA PRIMERO: En fecha diecinueve de junio del año dos mil nueve a eso de las doce de la noche, el joven A. J. M. C., regresaba a su casa de habitación en el Barrio María Auxiliadora, del municipio de Sulaco, departamento de Yoro, el cual fue recibido por su madre la señora G. A. C. R.; asimismo, al momento de cerrar el portón de dicha vivienda lo interceptó el señor J. A. S. R., quien con pistola en mano y después de una discusión no importándole las súplicas de su madre, le infirió una herida con arma de fuego, al señor A. J. M. C., ocasionándole la muerte. SEGUNDO: El cuerpo sin vida de A. J. M. C. presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego, con orificio de entrada en la pared anterior izquierda del tórax, por encima del reborde costal, con una trayectoria de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, que produjo herida en la piel, lacerando el tejido celular cutáneo, lacerándole el diafragma, hígado y estómago que produjeron hemoperitoneo y fractura de la décimo primera vértebra torácico con sección medular al mismo nivel. III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. “MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO: Infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal: CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, se configura al condenar el Tribunal de Sentencia al imputado por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de A. J. M. C., quebrantando el estado de inocencia, existiendo duda razonable sobre su participación en los hechos. Explicamos el vicio de la siguiente forma: PRIMERO: En el apartado “VALORACIÓN DE LA PRUEBA” numeral segundo de la Sentencia impugnada, el Tribunal Sentenciador estima que la prueba testifical aportada por el ente acusador es válida y legítima, constituyéndose en creíble, ya que la misma, cumple con los principios de inmediación, contradicción y oralidad, resultando las confesiones de los testigos congruentes entre sí. La señora G. A. C. R. indicó que el imputado le manifestó que mataría al ofendido, porque tocó la puerta de la casa de su hermana, extremo que, según los Juzgadores, otorgan credibilidad a su declaración, ya que guarda coherencia con lo depuesto por la testigo L. E. S. R., en cuanto a que, A. J. M. C., tocara la puesta de la hermana del enjuiciado. En este sentido, cabe hacer notar que dicho elemento se aparta notablemente del hecho enjuiciado, resultando incoherente otorgar total valor a la testigo de cargo, únicamente porque lo expresado por ésta, coincide con un elemento superfluo, como es el que el ofendido haya tocado la puerta de la hermana del imputado. Asimismo, el Sentenciador valora positivamente la declaración de la señora G. A. C. R., fundamentándose en que sus dichos coinciden con lo expresado por la señora L. A. R. C., en el sentido que vio a G. A. C. R., junto al cuerpo del ofendido, cuestión que tampoco otorga consistencia, ni refuerza la tesis de la testigo, por cuanto su deposición, concretamente sobre el hecho que J. A. S. F., disparó contra A. J. M. C., no se encuentra verificada por ningún otro elemento del elenco probatorio. SEGUNDO: Al carecer la declaración de la señora G. A. C. R., de otro elemento probatorio que sustente el hecho que J. A. S. F. haya dado muerte con un arma de fuego a A. J. M. C., la misma es insuficiente, constituyéndose, de forma aislada, en prueba indiciaria. En relación, la jurista María Félix Tena Aragón expresa: “Sólo cabra constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas; es decir, cuando lo órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el íter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado… A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: Que parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delitos se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria.”[1] TERCERO: En el caso subjudice, el razonamiento del Sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con la pruebas presentadas en juicio se condena al señor J. A. S. F. en una clara violación a la presunción de inocencia y al debido proceso, por una insuficiente actividad probatoria. En la Sentencia recurrida, los Juzgadores no cumplen con los requisitos de prueba indiciaria, ya que la declaración de la señora G. A. C. R., que constituye el único medio probatorio que incrimina al imputado, no parte de hechos plenamente probados, por cuanto sus dichos no son corroborados por otras pruebas, además de que el razonamiento hecho por el Sentenciador, fue en una clara violación a las reglas del correcto entendimiento humano; por lo que se llega a la conclusión, que al imputado se le violentó su derecho constitucional de presunción de inocencia y por ende del debido proceso, al condenársele con una escasa actividad probatoria. Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, declare Con Lugar el presente motivo absolviendo de toda responsabilidad al señor J. A. S. FLORES.” “MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO ÚNICO: Infracción por parte del juzgador de lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal al inobservar, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: En la valoración de la prueba, el juzgador flagrantemente viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, al atribuir a ciertas pruebas alcances probatorios que no poseen. Dicha violación se configura de la manera siguiente: PRIMERO: En el apartado denominado “VALORACIÓN DE LA PRUEBA”, numeral quinto, el Tribunal establece que, tanto la Constancia extendida por el Director Municipal de Justicia del Municipio de Sulaco, Departamento de Yoro, señor F. G., así como la Constancia extendida por el Jefe de Sistema Eléctrico de Yoro, señor G. J. M. R., en las que se hace constar que la lámpara de alumbrado eléctrico ubicada en el poste de la esquina de la Comercial y Restaurante Ekano, lugar donde acontecieron los hechos enjuiciados, se encontraba en mal estado de funcionamiento, carecen de veracidad ya que tanto los testigos propuestos por el Ministerio Público, como el testigo propuesto por la Defensa, manifestaron que en el lugar de los hechos las lámparas de alumbrado público se encontraban en buen funcionamiento. SEGUNDO: Tal apreciación vulnera las reglas de la sana crítica en su ley lógica de derivación, en su postulado de razón suficiente, por cuanto el Tribunal descarta la veracidad de documentos extendidos por autoridad competente, investidos de facultades legales para ello, en base a la deposición de 3 testigos. Al respecto, la Sala de lo Penal[2] ha sostenido: “la categoría de documento o acto auténtico lo determina la formalidad extrínseca: expedido con los requisitos legales por autoridad o funcionario revestido de fe pública, y la formalidad intrínseca: que por sí solo constituye la demostración indestructible de la certeza de los hechos que en el mismo se contenga, sin que esta certeza se derive de una simple manifestación de voluntad.” Es evidente que ambos documentos fueron expedidos por autoridad competente; sin embargo, el Sentenciador resta total valor probatorio, basado únicamente en la declaración de 3 testigos. TERCERO: De la ley de la derivación se extrae el principio lógico de razón suficiente, por el cual todo juicio, para ser realimente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad[3]. Los Juzgadores violan las reglas de la sana crítica, en su ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente, al concluir que en el lugar de los hechos había alumbrado eléctrico público en buen funcionamiento, que permitieran distinguir e identificar a una persona, prescindiendo de algún otro medio probatorio que acreditar tal hecho. Dicho extremo ostenta absoluta trascendencia en el caso de mérito, por cuanto las máximas de la experiencia establecen que los seres humanos no poseen visión nocturna, por lo que, en caso de no haber luz artificial, y al haberse suscitado los hechos enjuiciados en altas horas de la noches, resultaría imposible para alguien identificar a plenitud a una persona, elemento que indudablemente incide en el presente proceso, en virtud que, si le era imposible a la señora G. A. C. R. identificar a alguien en las circunstancias descritas, la imputación del delito a nuestro representado ha de ser desestimada. Con lo anteriormente expuesto se acredita que las motivaciones expuestas en el fallo son insuficientes para desvirtuar lo que funcionarios públicos establecieron en las constancias, y que debieron ser apreciadas positivamente por el Tribunal, no obstante, sin una razón justificante, resta valor probatorio a lo expresado en las Constancias, fundamentándose en la deposición de 3 testigos. RECLAMACIÓN HECHA PARA LA SUBSANACIÓN DEL VICIO DENUNCIADO: Siendo que el yerro que provoca la interposición del presente motivo se produce en el fallo mismo, solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA . Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[4]. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación; al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos extraordinarios). En este último sentido, Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, A., en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de infracción de precepto constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 89 y 90 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Existencia de duda razonable sobre la participación del acusado en los hechos; Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: No hubo reclamación ex ante debido que el yerro se produce en el fallo; Pretensión: Casar la sentencia recurrida y proceder a lo que en derecho corresponda. El recurso interpuesto cita como motivo único de casación, la infracción a dos derechos constitucionales: el estado inocencia contenido en el artículo 89 de la Constitución de la República, y el debido proceso, contenido en el artículo 90 del mismo texto. En el desarrollo de su motivo arguye que el tribunal sentenciador, al momento de valorar la prueba, lo hace de forma incoherente, lo que resulta en razonamientos ilógicos e insuficientes, que violan las reglas del correcto entendimiento humano, y que el estado de inocencia y el debido proceso resultan infringidos por esta razón y debido a la insuficiencia probatoria que no quebranta la presunción de inocencia que asiste al acusado. Derecho al estado material de inocencia. El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este derecho constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria, considerada de cargo, practicada de modo no arbitrario, que permita arribar a la certeza de la culpabilidad del acusado. El derecho al estado de inocencia, es por tanto, un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 4 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El derecho al estado de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas, establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte, este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (art. 89 superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 1 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso L. M. vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: (Ver al respecto el fallo de fecha 5 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos. b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal. c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad. d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo. Por inferencia por el vínculo existente entre el debido proceso y el estado de inocencia, cuando se transgrede, éste pasa también con aquél. En ese sentido, el censor denuncia la vulneración a estos derechos constitucionales debido a que según él, no existe prueba suficiente que sustente el pronunciamiento condenatorio en contra del acusado, y que la valoración de la prueba hecha por el tribunal sentenciador donde relaciona y coincide la declaración testifical de la señora G. A. C. R., con lo depuesto por las testigos L. E. S. R. y L. A. R. C., versa sobre elementos que se apartan del hecho enjuiciado y no demuestran la participación del acusado en el mismo. Sobre este aspecto, es importante mencionar que el tribunal de sentencia ha formado su convicción de culpabilidad del acusado, acudiendo principalmente a la declaración testifical de la señora G. A. C. R., quien fue testigo presencial del hecho y cuya declaración fue aportada legalmente al juicio y evacuada realizando los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad, que son los principios rectores que dan vida a la naturaleza propia del juicio oral y público. Aun cuando el censor cuestiona la valoración probatoria hecha a ésta y las otras dos declaraciones referidas ut supra, las razones expuestas por el tribunal de sentencia, le otorgan credibilidad debido a que fueron rendidas por una testigo presencial del hecho (doña G. A. C. R.) y por otras dos testigos (L. E. S. R. y L. A. R. C.) que en sus testimonios fueron coherentes y concordantes en relación a las afirmaciones rendidas por aquélla, como ser el móvil del delito y que en el lugar donde sucedió el hecho estaba la testigo presencial y había luz eléctrica que permitía identificar al autor del mismo. Los razonamientos de la prueba hechos por el tribunal, obedecen a criterios lógicos y vinculantes con la prueba otorgada que no implican arbitrariedad y que dan razones suficientes para vincular la participación directa del acusado con el hecho antijurídico. En este punto, es importante recordar que el tribunal de mérito es libre en la valoración y selección de las pruebas en que han de fundar su convencimiento, y en la determinación de los hechos que ellos demuestren. Corresponde a su propia apreciación evaluarlas y determinar el grado de convencimiento que puedan producir, y no puede ni debe pretender el censor, que mediante un recurso de casación se provoque un nuevo examen crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia, la casación no es una segunda instancia y no está en las esferas de sus poderes revalorar la prueba, lo que corresponde, en el presente caso, es revisar si ha existido una correcta formación de la convicción de culpabilidad, examinando aspectos tales como la licitud de la prueba, el debido proceso probatorio, si ha existido una debida motivación y un debido razonamiento probatorio, así como suficiente carga probatoria que enerve el estado de inocencia que asiste al acusado hasta el dictado de la sentencia condenatoria; es decir, si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad, aspectos que han sido analizados y se ha verificado que fueron observados por el tribunal de mérito al momento de emitir el fallo condenatorio. Es de mencionar que esta Sala de lo Penal ha sostenido que una sentencia condenatoria basada en un único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba y que lleve al pronunciamiento condenatorio. Tal rigurosidad debe ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio probatorio, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de los hechos, por ello la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible. Dicho lo anterior, la antítesis elaborada por la defensa, lejos de provocar una duda razonable en el tribunal, sirvió para corroborar la tesis acusatoria y aportar elementos orientados a apoyar la información rendida por la testigo presencial del hecho, como ser el móvil del delito, que en el lugar donde sucedió el hecho estaba la testigo presencial y que había luz eléctrica que permitió identificar sin ningún género de dudas, la imputación del acusado como autor del hecho enjuiciado. B. Del recurso de casación por quebrantamiento de forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Único Motivo. Normas autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Alegato: Infracción por parte del juzgador del artículo 202 del Código Procesal Penal, al no observar en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. Acciones de saneamiento o subsanación: Imposibilidad de acción de saneamiento o de subsanación al constar el vicio en la sentencia definitiva. Pretensión: Casar la sentencia recurrida y proceder conforme a derecho. El censor denuncia que el tribunal de sentencia no observa la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, cuando no tiene como veraz la prueba documental consistente en las constancias extendidas por el director municipal de justicia del municipio de Sulaco, y por el jefe de sistema eléctrico de Yoro, de las cuales, una de ellas, hace constar que la lámpara de alumbrado eléctrico ubicada en el poste de esquina del lugar donde acontecieron los hechos enjuiciados, estaba en mal estado, hecho que impide distinguir e identificar plenamente a una persona y que es de absoluta trascendencia para resolver el caso de mérito. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo. Contrario a lo expuesto por el recurrente, esta Sala de lo Penal verifica que el Tribunal de Sentencia valoró la prueba documental alegada como infringida, conforme a las reglas de la sana crítica, derivando de ella conclusiones lógicas y dando razón suficiente para restarle veracidad a su contenido. La prueba documental consistente en la constancia emitida por el director municipal de justicia de Sulaco, departamento de Yoro, establece que la lámpara de alumbrado eléctrico ubicada cerca del lugar del hecho enjuiciado, estaba en mal estado desde hacía un año, empero, las declaraciones testificales aportadas a juicio tanto por el Ministerio Público, como por la defensa del acusado, refieren lo siguiente: a) doña G. A. C. R., (testigo del Ministerio Público) informó en su declaración que los hechos sucedieron el 19 de junio de 2009 como a las once y treinta minutos de la noche, que su hijo salió a cerrar el portón cuando le salió ese muchacho (el acusado)… que ella está lucida y que estaba la luz de su casa. (ver folio 240); b) doña L. A. R. C. (testigo del Ministerio Público), indicó que el cuerpo del muchacho se encontraba como a cinco metros de su casa… al ser interrogada por el ente acusador si había fluido eléctrico en el lugar del hecho enjuiciado, manifestó que sí había. (Ver f. 241); y, c) don P. R. (testigo de la defensa) manifestó que eran vecinos con el occiso… que tenía visibilidad para ver a doña G. porque al lado opuesto de su casa estaba un poste y estaba alumbrado, el poste que estaba frente a su casa si estaba claro. (Ver f. 244). Esta información aportada por los testigos (uno presencial y dos referenciales del hecho enjuiciado) corroboran que en el lugar donde ocurrió el homicidio había fluido eléctrico suficiente para que la testigo presencial identificara al autor de éste, razones que justifican para el Tribunal de Sentencia, la ausencia de credibilidad de la nota emitida por el Director Municipal de Justicia del municipio de Sulaco, departamento de Yoro. Al profundizar en el método al que debe acudir el Tribunal de Sentencia para formar su convicción, taxativo en el artículo 202 del Código Procesal Penal, se extrae que la valoración probatoria deberá hacerse en forma conjunta y armónica. Partiendo de tal premisa, la suficiencia de elementos probatorios antagónicos a la constancia emitida por el Director Municipal de Justicia del municipio de Sulaco, departamento de Yoro, y al atender al principio lógico de coherencia, dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa, a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. Lo anterior estriba a tener una sola verdad real, la cual ha llegado a establecer el Tribunal de Sentencia mediante una valoración probatoria conjunta y armónica, respetuosa de las reglas de la sana crítica y conforme a la exigencia del artículo que se cita como infringido por el recurrente. V. DECISIÓN No ha lugar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo y recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 361 del Código Procesal Penal. falla: 1) Declara No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por los Abogados N. A. B. B. y L. A. C. R., actuando en su condición de apoderados defensores del señor J. A. S. R.; 2) Declara No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por los Abogados N. A. B. B. y L. A. C. R., actuando en su condición de apoderados defensores del señor J. A. S. R.; 3) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de la El Progreso, departamento de Yoro, que contiene la sentencia condenatoria dictada en contra del señor J. A. S. R., por ser autor de un delito consumado de Homicidio en perjuicio del Señor A. J. M. C.. Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. J. Olivio R. Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. FIRMA Y SELLO. J. RAMÓN C. FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-449-2014.
J. RAMÓN C. FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1] TENA ARAGÓN, María Félix, Manual de Derecho Constitucional, Pág. 34.
[2] Sentencia dictadas por la Sala de lo Penal en los Recursos de Casación No. SP-96-2008, de fecha 15 de mayo de 2012.
[3] DE LA RÚA, F., La casación penal. El recurso de casación penal en el nuevo código Procesal Penal de la nación, 2ª, Ed. Lexis Nexos, Buenos Aires, 2006, pág.155.
[4]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.