Sentencia CP-437-14 — Registro 11230
Resumen
se declaar con Lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado contra la sentencia de primera instancia que lo condena , como autor responsable del delito de Fabricación Y Tráfico De Armas De Fuego Y Municiones Comerciales, De Defensa Personal O Deportivas Y Explosivas Comerciales y Uso Indebido De Nombres, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso No es de Recibo.- El argumento que plantea el Recurrente es de fácil respuesta, pues éste desvía la atención a hechos que no son objeto de la imputación; Entiéndase que el reproche hecho por el Ministerio Público no estriba en que el acusado haya fundado una empresa en 1993 o la de haber generado supuestamente ganancias como consecuencia de la actividad comercial de dicha empresa, sino que, según se lee en la formalización de cargos de la audiencia preliminar, el acusado facilitó una cuenta bancaria de una institución del sistema financiero hondureño para que terceras personas realizarán depósitos en corto tiempo, cuidando éstos que las cantidades no sobrepasasen de aquel monto que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros había fijado para ser considerada como transacciones atípica, logrando depositar una alta cantidad de dinero, sin que exista justificación legal o económica de dichas transacciones, esto ocurrido en fecha 18, 19 y 20 de Junio de 2008, tiempo en que estaba vigente la Ley contra el Delito de Lavado de Activos contenida en el Decreto No. 045-2002.El Recurrente equivoca (o trata de que este Tribunal incurra en error), al alegar que los activos tienen un origen previo al año 2002 y que por ende se ha aplicado retroactivamente una ley a un tiempo anterior de su vigencia en perjuicio de la persona procesada, aun cuando el hecho imputado por el Ministerio Público se circunscribe a la realización de depósitos a una cuenta bancaria en el sistema financiero nacional en tres días determinados, todos a favor del acusado.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."EL PRIMER MOTIVO ES DE RECIBO.- Hemos desarrollado el estudio científico de la norma penal sustantiva cuestionada, por lo que ahora corresponde determinar si la misma ha sido seleccionada correctamente por el Tribunal de Sentencia como aquella que debe de gobernar los hechos que fueron probados en el proceso penal; Ello solo es posible mediante la confrontación del factum con los elementos de la norma.- Señaló en su sentencia el A-quo que tras la recepción de la prueba se pudo fijar como hecho histórico: 1. El acusado O. A. M. nació en la Ciudad de Comayagua, República de Honduras, el día 06 de enero de 1961, siendo inscrito como hondureño por nacimiento en el Registro Nacional de las Personas; 2. Que el acusado, con documentos que le presentaban como nacional de la República de Guatemala y bajo el nombre de O. U. S., fundo la Empresa Transportes “Allan”, en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala; 3. Que la Señora D. C. Joachin, contrato un seguro de vida con la empresa Pan American Life Insurance Company, designando como beneficiario al acusado, al cual identificó con el nombre de O. U. S.; y 4. Que el acusado realiza múltiples movimientos migratorios entre las Repúblicas de México y Honduras, entre Guatemala y Honduras, entre El Salvador y Honduras, y entre Panamá y Honduras. Lo relacionado está contenido en el numeral segundo de la declaratoria de hechos probados. Es de apuntar como primera observación que la descripción es atemporal, no se señala por los Juzgadores el tiempo en que ocurrieron los hechos, lo que imposibilitaría poder saber cuál es la norma sustantiva que estaba vigente al momento en que ocurrieron, esto de importancia pues el artículo 294 del Código Penal ha sido objeto de dos reformas desde su aprobación; Por otra parte en tal descripción no se señala que el acusado haya utilizado un nombre distinto al inscrito legalmente en Honduras dentro del territorio nacional, tomando en cuenta que la suscripción del Seguro de Vida fue realizado por la Señora D. C. y no por el acusado; Por otra parte los movimientos migratorios que se enumeran no refieren que nombre fue el usado por el acusado para realizarlos; Finalmente, siendo lo más importante, no se señala en los hechos probados que el acusado estuviese ocultando la comisión de un delito, estuviese eludiendo el cumplimiento de una pena, o haya tenido como propósito causar un perjuicio especifico a alguna persona natural o jurídica.- Recuérdese que la mera utilización de nombre supuesto no constituye delito, sino es cuando se realiza por la propia persona acusada y cuando sea con alguno de los tres propósitos descritos. En la fundamentación jurídica los Señores Jueces aseveraron que los hechos declarados probados se ajustaban al ámbito situacional que prevé el artículo 294 del Código Penal, pues el acusado causo perjuicio a la Fe Pública al usar un nombre diferente (f. 2118), aun cuando ello no está reflejado en el factum, ni tampoco explicado en la fundamentación, es decir no se señala en que consistió ese perjuicio. Por ello, ha acertado el Recurrente en su reclamo, pues el órgano jurisdiccional ha aplicado una norma penal sustantiva a un caso concreto de manera incorrecta..2
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."EL PRIMER MOTIVO NO ES DE RECIBO.- El Código Procesal Penal exige la cualidad de logicidad en la construcción de los hechos declarados probados (Art. 362.1 cpp), debiendo ser un pronunciamiento coherente, articulado, y concomitante en toda su estructura. Entonces, se produce vicio in procedendo cuando la sentencia contenga hechos probados que se contrapongan, cuando exponen verdades distintas en relación a un mismo hecho, dándose como consecuencia planteamientos antagónicos que se excluyen entre sí y por ende que imposibiliten definir cuál es la verdad histórica en que se fundamenta el juzgamiento, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de la verdad de lo ocurrido. El Recurrente hace un mal planteamiento de su primer motivo, pues denuncia la existencia de una supuesta contradicción entre los hechos probados y la valoración de la prueba, desbordando las fronteras del motivo contenido en el numeral 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal que ha citado como fundamento, pues éste limita la denuncia a contradicciones In Términos, es decir a afirmaciones colisionantes y excluyentes recíprocamente contenidas en los hechos probados, sin consideración a otras secciones de la sentencia....2
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Motivo EL SEGUNDO MOTIVO NO ES DE RECIBO.- Se evidencia un mal entendimiento del Recurrente respecto a los conceptos que gobiernan el Motivo, ya que cuando se habla de Falta de Consideración, como ya se ha explicado, se refiere a la falta de relación del medio de prueba en la sentencia, es decir que en ésta no se hace mención del medio de prueba como si fuese inexistente, pero el Propio Recurrente reconoce que en la sentencia se hace mención de los medios de prueba que enumera, pero que éstos no fueron valorados, lo que sería un vicio diferente. Ha pedido del Recurrente se ha revisado la sentencia impugnada, constatando esta Sala de lo Penal que los medios de prueba que enumera el Recurrente fueron objeto de relación en la sentencia, es decir que éstos fueron efectivamente considerados por los Juzgadores (esto con independencia si fueron debidamente valorados con suficiente motivación, pues ello no es objeto del motivo interpuesto); De este modo: 1. Fotocopia autenticada de Libro de Registro de Salarios, medio de prueba que fue propuesto en la etapa de incidente de la audiencia de debate (F. 2070), y admitido por el Tribunal de Sentencia (f. 2073); Relacionado en el numeral cuarto de la fundamentación probatoria de la sentencia, como se lee a folio 2116; 2. Acta de Allanamiento realizado en fecha 15 de Octubre de 2010, en la Hacienda Piñuelas, ratificado por el Señor F. D. Reyes .F., contenido en la Fundamentación Probatoria a folio 2108; 3. Informe técnico de Recolección de Indicios de allanamiento realizado en la Hacienda Piñuelas, considerado por los Juzgadores en la Fundamentación probatoria a folio 2113 v.; 4. Informe de Análisis Patrimonial con toda la documentación de soporte, rendido por el Señor H.M. A.P., cuyo contenido fue relacionado por el Tribunal de Sentencia en el numeral Primero de la Valoración Probatoria, apreciable a folio 2113 v; 5. Declaración testifical del Señor J.A. G. A., perito y contador de la Empresa Transportes Allan, cuya declaración fue relacionada en el numeral tercero de la Fundamentación Probatoria, a folio 2114; y 6. Dictamen Patrimonial y los documentos soportes, presentado por el Señor J.R. S., considerado por el A-Quo en el numeral tercero de la fundamentación probatoria, a folio 2114 v. Como se ha constatado el vicio que se denuncia es inexistente; Los seis medios de prueba que adujo el Recurrente fueron dejados de considerar por los Juzgadores, de hecho se encuentran relacionados en la sentencia, con independencia de su debida y/o correcta valoración, pues ello como se ha señalado no atañe al motivo elegido.3..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán G., en su condición de coorD.dora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La siguiente SENTENCIA conociendo del Recurso de Casación SP 437-2014 por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Sustantiva y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de julio del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor O. A. M., conocido como O. U. S., como autor responsable del delito de Lavado De Activos, en perjuicio de La Economía Del Estado De Honduras, a la pena de QUINCE (15) años de reclusión más una multa de UN MILLON (L.1,000.000.00) de Lempiras como pena principal.- Segundo: Condenó al señor O. A. M., conocido como O. U. S., como autor responsable del delito de Fabricación Y Tráfico De Armas De Fuego Y Municiones Comerciales, De Defensa Personal O Deportivas Y Explosivas Comerciales, en perjuicio de La Seguridad Interior Del Estado De Honduras, a la pena de TRES (3) años de reclusión como pena principal.- Tercero: Condenó al señor O. A. M., conocido como O. U. S., como autor responsable del delito de Uso Indebido De Nombres, en perjuicio de La Fe Pública, a la pena de DOS (2) años de reclusión como pena principal.- Cuarto: Condenó al señor O. A. M., conocido como O. U. S., como autor responsable del delito de Lavado De Activos, Fabricación Y Trafico De Material De Guerra, Armas Y Municiones Comerciales De Defensa Personal O Deportivas Y Explosivos Comerciales, Uso Indebido De Nombre, en perjuicio de La Economía Del Estado De Honduras, La Seguridad Interior Del Estado Y La Fe Publica, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta E Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.-Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionador por el juicio.- Sexto: No procedió declarar la responsabilidad civil del condenado.- Séptimo: Se decretó el comiso de las armas y puestas a disposición.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Sustantiva y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado R. A. I., actuando en su condición de Defensor Privado del señor O. A. M. conocido también como O. U. S..Son Partes En Única Instancia: Recurrente: Abogado R. A. I., en su condición de apoderado legal privado, defensor del acusado O. A. M.; Recurrida 1: Abogada I.A.F. N., Agente Fiscal del Ministerio Público; y Recurrido 2: Abogado A.C. E., en su condición de representante de la Procuraduría General de la República. II. HECHOS PROBADOS DE LA PRIMERA INSTANCIA Primero: El día dieciocho de junio del año dos mil ocho, En la cuenta de cheques 6380414 a nombre de la Hacienda Piñuelas, S. A. de C.V. de la cual el imputado O. A. M., es su Gerente General y única firma autorizada una persona con firma no legible, K. A. R. D., B. C. G., B. E. C. B. y con minutos de diferencias hicieron varios depósitos que suman la cantidad de Novecientos setenta mil lempiras, del diecinueve de junio un día después en la misma cuenta K. A. R., B. E. C. B., B. C. G .y J. A. C. hacen siete depósitos también con minutos y horas de diferencia que suman la cantidad de un millón doscientos diez mil lempiras, de igual manera dos días después es decir el veinte de Junio también del año dos mil ocho, K. A. R., B. C. G., A. R. L., J. A. C., hicieron ocho depósitos en la misma cuenta por la cantidad de un millón seiscientos setenta y cuatro mil lempiras, haciendo un gran total de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil lempiras, a la cuenta de cheques 6380414, en dicha cuenta sin acreditar el imputado la legítima procedencia o justificación legal o económica de estos fondos depositados. Segundo: el imputado O. A. M., nación en Comayagua, departamento de Comayagua, Honduras, el día seis de Enero de 1961 siendo inscrito en el registro civil correspondiente como hondureño por nacimiento, hijo de D. M. y Á.U..- El mismo imputado con documentos de Identidad guatemalteca y bajo el nombre de O. U. S. fundó la empresa Allan, con sede en la ciudad de Guatemala, y en Honduras bajo la identidad de O. U. S. se inscribe como beneficiario Primario de un seguro de vida suscrito por su esposa D. C. J., ante la Pan American Life Insurance Company, Sucursal en Honduras, igualmente realiza múltiples movimientos migratorios, entre Guatemala y Honduras, México y Honduras y El Salvador y Honduras, y Panamá Y Honduras, por el aeropuerto La Mesa y Toncontín, ubicados en La Lima, C. y Tegucigalpa, recibe remesas en dólares, realiza compra de semovientes. Tercero: En fecha quince de Octubre del dos mil diez (2010) se practicó un allanamiento y registro dentro de la Hacienda Las Piñuelas, habitada en ese momento por el imputado O. A. M., donde encontraron Un arma de fuego tipo fusil calibre 44 milímetros modelo 1894p serie 99022686, Un fusil calibre 22 milímetros sin número de serie ni marca con empuñadura de madera color café y un arma de fuego tipo fusil calibre 3030 milímetros marca Micro Groo ve Barrel modelo 336 serie 125030861, todas ellas sin el permiso de posesión de la autoridad correspondiente procediéndose al decomiso de las armas descritas y a la detención del imputado.III. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOSY ARGUMENTOS1.- Recurso por Infracción de Precepto Constitucional Se reclama infracción del principio de retroactividad contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República. El artículo 96 de La Constitución de la República establece “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. En el presente caso se ha juzgado al señor O. A. M. por la supuesta comisión del delito de Lavado de activos previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, esta ley instituyó el lavado de activos como delito autónomo y entro en vigencia el 15 de mayo del año 2002, al publicarse dicha ley en la gaceta número 29781, así las cosas antes de la vigencia de esta ley , el lavado de activos solo podía ser perseguido por sentencia condenatoria de un delito precedente .Resulta que en el presente caso, se condena a mi representado por la comisión del delito de lavado de activos y se acredito en juicio que sus ingresos y bienes proceden de las ganancias obtenidas por la Empresa de Transportes Allan de Guatemala, en la sentencia se tiene esta circunstancia como un hecho indubitado, el hecho relevante donde se viola el principio de retroactividad es que la empresa transportes Allan fue fundada y empezó a acumular sus ganancias y empezó a producir los bienes que posee O. A. M. desde el año 1993 es decir nueve años antes de la vigencia de la ley contra el delito de Lavado de activos en honduras, en juicio se presentaron estados financieros, facturación, recibos, pagos de impuestos y toda la documentación legal que requiere una empresa para operar el rubro del Transporte de Carga en Guatemala, al aplicar de forma correcta la retroactividad debió considerarse que no se le podía imputar el delito de lavado de activos, siendo que su capital, que trasladaba a honduras fue obtenido en el tiempo en que no era penalmente exigible un comportamiento como el que establece la ley contra el delito de lavado activos, en consecuencia y de acuerdo a la prueba evacuada en juicio no le es aplicable la ley contra el delito de lavado de activos básicamente porque los bienes sobre los que recae la imputación fueron obtenidos antes de la vigencia en honduras del delito de lavado de activos, como tipo penal autónomo.2.- Recurso por Infracción de Ley Infracción De La Ley Sustantiva por aplicación indebida de los artículos 294 del Código Penal y articulo 3 de la ley contra el delito de lavado de activos, que es una ley penal especial .Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación De Motivo: La Sentencia recurrida mediante el presente recurso declaro probado los hechos siguientes, mismos que respeta el impetrante: Hechos Probados. Habiendo valorado las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, conforme a la sana critica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: El día dieciocho de junio del año dos mil ocho, en la cuenta de cheques 6380414 a nombre de Hacienda Piñuelas, S.A. de C.V. de la cual el imputado O. A. M., es su Gerente General y única firma autorizada una persona con firma no legible, K. A. R. D., B. C. G., B. E. C. B.y con minutos de diferencias hicieron varios depósitos que suman la cantidad de novecientos setenta mil lempiras, el diecinueve de junio un día después en la misma cuenta K. A. R., B. E. C. B., B. C. G. y J. A. C., hacen siete depósitos también con minutos y horas de diferencia que suman la cantidad de un millón doscientos diez mil lempiras, de igual manera dos días después es decir el veinte de Junio también del año dos mil ocho, K. A. R., B. C. G., A. R. L., J. A. C. hicieron ocho depósitos en la misma cuenta por la cantidad de un millón seiscientos setenta y cuatro mil lempiras, haciendo un gran total de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil lempiras a la cuenta de cheques 6380414, en dicha cuenta sin acreditar el imputado la legítima procedencia o justificación legal o económica de estos fondos depositados. Segundo: El imputado O. A. M., nació en Comayagua, departamento de Comayagua, Honduras, el seis de Enero de 1961,siendo inscrito en el Registro Civil correspondiente como hondureño por nacimiento, hijo de D. M. y Ángel U..- El mismo imputado con documentos de identidad guatemalteca y bajo el nombre de O. U. S., fundó la empresa Allan, con sede en la ciudad de Guatemala, y en Honduras bajo la identidad de O. U. S. se inscribe como beneficiario Primario de un seguro de vida suscrito por su esposa D. C. J., ante la Pan American Life Insurance Company Sucursal en Honduras, igualmente realiza múltiples movimientos migratorios, entre Guatemala y Honduras, México y Honduras y el salvador y Honduras, y Panamá y Honduras, por el aeropuerto La Mesa y Toncontín, ubicados en la Lima, C., y Tegucigalpa, recibe remesas en dólares, realiza compra de semovientes. Tercero: En fecha quince de Octubre del dos mil diez (2010) se practicó un allanamiento y registro dentro de la Hacienda Las Piñuelas, habitada en ese momento por el imputado O. A. M., donde se encontraron un arma de fuego tipo fusil calibre 44 milímetros modelo 1894p serie 99022686, un fusil calibre 22 milímetros sin número de serie ni marca con empuñadura de madera color café y un arma de fuego tipo fusil 3030 milímetros marca Micro Groo ve Barrel modelo 336 serie 125030861, todas ellas sin el permiso de posesión de la autoridad correspondiente procediéndose al decomiso de las armas descritas y a la detención del imputado. Primero: Como puede advertirse en el hecho probado segundo: El Tribunal declara probado que O. A. M. nació en Honduras con el nombre de O. A. M., y, que con documentos de Identidad guatemalteca y bajo el nombre de O. U. S., fundó en la República de Guatemala la Empresa de Transportes Allan, suscribió seguros y realizó movimientos migratorios a varios países, recibió remesas en dólares y realizó compras de semovientes.- En opinión de la defensa, el hecho probado no contiene los elementos típicos descritos en el artículo 294 del Código Penal, de lo que resulta que es atípico; el artículo 294 deI Código Penal establece en el párrafo final: “A quien use públicamente nombres supuesto con el objeto de ocultar algún delito, eludir una pena o causar algún perjuicio, se le impondrá reclusión de dos (2) a cinco (5) años.” Claramente este tipo penal establece Los elementos típicos siguientes: A.- Usar públicamente nombre supuesto.B.- El uso del nombre supuesto debe tener al menos uno de los tres propósitos siguientes: 1.- Ocultar algún delito = verbo rector = Ocultar. 2.- Eludir una pena verbo rector = Eludir. 3.- Causar algún perjuicio = verbo rector =Causar. Resulta evidente Honorables Magistrados, que en el hecho declarado probado no se establece que el imputado tuviese alguno de los propósitos requeridos por el tipo penal, No Hay Tipicidad, así resulta en una infracción al artículo 294 párrafo último, que es una Ley Sustantiva Penal; en la fundamentación jurídica de la sentencia tampoco se explica en cual propósito situaron la actividad del imputado. La actividad que realiza el imputado según el hecho probado no se subsume en el tipo penal por el que se le condena en la Sentencia. Segundo: En verdad y justicia vale decir que durante el desarrollo del juicio oral, el imputado quien rindió declaración explicó que mientras vivía en Guatemala tenía una empresa de Transporte pesado llamada Transportes Allan la que fundó en el año 1993, nueve años antes de que en Honduras se instituyera como delito autónomo = el delito de Lavado Activos, la empresa era exitosa, llegó a tener 48 vehículos tipo cabezal, prestaba servicios desde México a Panamá a empresas reconocidas, durante varios años O. fue víctima de extorsiones, amenazas y robos, algunos de estos eventos fueron cometidos con participación de policías y empleados de instituciones bancarias, pero el día 8 de Octubre del año 2004, fueron asesinados 2 de sus hijos por negarse a pagar extorsión, por esa razón O. un día antes de terminarse el novenario de sus hijos huyo con su familia hacia Honduras, el país donde nació, la razón de usar en Honduras su nombre con el que nació fue para proteger su vida y la de su familia. Se acredito en juicio la muerte de sus hijos y la existencia de la Empresa Transportes Allan, así pues, en justicia y verdad mi representado no incurrió en la comisión del delito por el cual fue condenado Tercero. - En relación a la infracción del artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos. El tipo penal de lavado de activos contenido en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos establece: Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con 15 a 20 años de reclusión quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte, o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento, o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieras en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia. Claramente este artículo requiere que el imputado realice las conductas designadas con los verbos rectores siguientes: Adquirir, poseer, administrar, custodiar, utilizar, convertir, transferir, trasladar ocultar. impedir (verbo rector) la determinación del origen, de la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieras en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.- Claramente el tipo penal tiene como elemento la aparición de cualquiera de los verbos rectores que he descrito, dicho de otra manera el agente debe realizar cualquiera de las conductas descritas en el tipo.- En el hecho primero declarado probado en la sentencia no se establece ninguno de los verbos rectores requeridos por el tipo penal de lavado de activos por el que se condena a mí representado, resultado de esto una infracción a un artículo de una ley penal especial como lo es la Ley Contra el delito de Lavado de Activos, aquí se sucede entonces, la infracción reclamada por el recurrente en el presente recurso de casación.- En una sentencia condenatoria, como lo es la presente, el hecho declarado probado debe contener todos los elementos del tipo penal por el que resulta condenado el imputado, de no ser así, tal y como sucede en el presente caso, el hecho probado es atípico y por tanto el imputado no debió ser condenado y no basta con el hecho de decir que no se acredito la legítima procedencia de un bien, la ley penal solo sanciona a quienes realizan una conducta típicamente prohibida, eso porque el ciudadano está obligado a abstenerse de realizar las conductas penalmente prohibidas y por otra parte nadie de ser sancionado por actividades que no sean penalmente prohibidas. Aplicación Pretendida. La comisión del delito de uso indebido de nombre contenida en el artículo 294 del Código Penal implica que la utilización del nombre supuesto tenga como propósito ocultar algún delito, eludir una penal o causar algún prejuicio, siendo que en el hecho segundo declarado probado no se establece ninguno de los propósitos enunciados en la ley penal, resulta que la conducta no reúne los elementos de tipo penal, en consecuencia se ocurre una aplicación indebida por lo que el recurrente considera que la Sala Penal debe declarar la absolución en este delito; En iguales circunstancias debe declarase la absolución por el delito de lavado de activos a) no declararse probado una conducta penalmente prohibida, describiendo en el hecho probado una actividad atípica. Reclamo. Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal, en el sentido de indicar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, señalo que el vicio se sucede en la Sentencia definitiva razón por lo cual, el reclamo lo constituye el presente recurso.3.- Recurso por Quebrantamiento de la Forma Quebrantamiento De Forma por: 1.- La declaración de hechos probados es contradictoria.2.- La Sentencia dejo de considerar prueba de valor decisiva.3.- La Sentencia contiene motivaciones contradictorias e insuficientes y no se observan las reglas de la sana crítica. 4.- Existe incongruencia entre la Sentencia y las pretensiones de las partes. Precepto Autorizante: Artículo 362 numerales 1, 2, 3 y 6. Numeral 1.- La Declaración De Hechos Probados Es Contradictoria. Honorables Magistrados, los hechos declarados probados deben ser el resultado de la valoración de la prueba, así las cosas en la presente Sentencia al realizar la valoración de la prueba referida al delito de lavado de activos el tribunal de forma reiterada refiere que la capacidad económica del imputado es un hecho indiscutible y no controvertido, también describe que no se duda de las ganancias por 18 millones es de lempiras obtenida por la empresa Transportes Allan propiedad del señor O. A. M., pero declara probado que tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil lempiras no tienen justificación económica, es una evidente contradicción pues quien ha ganado 18 millones es normal que tenga 3 millones, por elemental sentido común. En la Sentencia a la altura del primer párrafo de la página 27 la Sentencia dice “Finalmente se ha evacuado los Estados Financieros aportados por la defensa 1, 2, 3, 4, 5, 6, Z Para economía procesal del 7 al 23, son los mismos estados financieros 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, incidentes 1, 2, 3, 7, 10, y 11 se consideran evacuados al exhibirse al audiencia misma que respaldan, estos documentos no han sido puestos enduda por las partes y acreditan la existencia de la Empresa Allan en Guatemala, propiedad de O. U. S. y las ganancias de la empresa, que demuestra la capacidad económica del imputado O. A. M. para adquirir bienes”. Luego en la página 31 vuelve a recalcar (renglón 4 de arriba hacia abajo) describiendo prueba de la defensa “6. Estados Financiero y Balance General, Acredita en forma indubitada la capacidad económica del imputado, hecho no controvertido en juicio y aceptado por las partes”, luego en la página 31 últimos 2 renglones y primer párrafo de la 32 se reitera esta hipótesis “estos medios de prueba aportados por la defensa tienden a demostrar la capacidad económica del imputado, hecho que no resulta controvertido al inicio del debate al aceptarlo y tenerlo como cierto por las partes, por lo que resultan inútiles para justificar la procedencia ilegal o económica de los fondos depositados de forma estructurada, sobre los cuales en forma específica no se aportó prueba alguna que justificara cada uno de depósitos realizados por cada una de las personas señaladas en los hechos probados, como depositantes a favor de la Hacienda Piñuelas, representada por el ahora imputado O. A. M.”.Luego en la página 32, renglón 4 de abajo hacia arriba dicen los Jueces en un razonamiento general que hace en la Sentencia dice “Esto sin perjuicio que el imputado haya tenido una capacidad económica de manejo de dichas cantidades de dinero, tal y como se probó el capital que tenía y las ganancias que percibía de Transportes Allan”. Asimismo la agente fiscal del Ministerio Publico en sus conclusiones finales a la altura del numeral segundo de los antecedentes procesales en la página dos establece que no es un hecho en controversia la capacidad económica del imputado y La Procuraduría General se adhirió a la postura del Ministerio Publico, así las cosas tanto los jueces como las partes tenemos consenso de que O. A. M. tenía suficiente y sobrada capacidad económica para hacer la transacción de 3 millones, que dio la alerta por ser atípica, la contradicción estiba en que se teniendo un consenso sobre la sobrada capacidad económica del imputado se declara probado que los 3 millones no tienen justificación económica!!!.En la sentencia el tribunal dice en la página 32 renglón 15 de abajo hacia arriba (refiriéndose a la depósitos que resultaron atípicos) “haciendo un gran total de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil lempiras sobre los cuales la defensa no aporto ningún elemento de prueba que acreditara la relación comercial o de otra índole a fin de justificar el motivo por el cual dichos depositantes hacían los depósitos a la cuenta referida, de igual manera la defensa no aportó elemento de prueba alguna que acreditara el origen de los fondos o un vínculo directo del origen de los fondos o las transacciones comerciales de la procedencia de los mismos...” he aquí otra contradicción respecto al tema del origen de los fondos, pues resulta que la sentencia al referirse a los informes financieros presentados por la defensa en la sentencia se les concede credibilidad, eso consta en la sentencia en la página 31 renglón tercero de arriba hacia abajo cuando dice: “6 estados financieros y balance general, Acredita de forma indubitada la capacidad económica del imputado” y luego en la misma página renglón 14 de abajo hacia arriba: “7 Fotocopia autenticada de libro de registro de salarios de empresa transportes Allan, también además de estar debidamente autenticada, el original está a disposición de la secretaría para cotejarlo” honorables magistrados en este libro de registro de salarios de la Empresa de Transportes Allan, aparece el registro de las cantidades de dinero que la administración de la Empresa le enviaba a el imputado, obviamente incluye el dinero que O. recibió en dólares y que este mando a cambiar al mercado negro del centro de San Pedro Sula y que los cambistas citados en los hechos declarados probados le depositaron, me refiero a los señores K. A. R., B. E. C. B., B. C. G. y J. A. C., la contradicción es evidente pues si le creen a los estados financieros y le creen al libro de registro de Salarios, resulta que en la sentencia se tiene como verdad que O. M. tuvo ingresos superiores a los 18 millones y se tiene como verdad que la Administración de Transportes Allan le envió el dinero que se utilizó en la transacción Atípica, es contradictorio que se diga en la misma sentencia que la defensa no aporto prueba del origen del dinero y que no aporto prueba específica de la suma que se reportó como transacción atípica. No podría entenderse de otra manera o sea que para el tribunal sea exigible que un comerciante lleve un registro de las series de los billetes que recibió por cada trabajo o venta de servicios y que se pretenda que se diga de tal flete se recibieron los billetes tales y tales y del otro flete se recibió este y aquel billete... Eso sería absurdo.-Es mi deber indicar que respecto a que los depositantes eran cambistas es un hecho que no merece discusión pues la fiscalía los conoce al punto que llevo a dos de ellos a declarar como testigos del estado en la Audiencia inicial, en consecuencia está claro que la relación de O. M. Con los depositantes era de un comerciante que recibe dinero en dólares y los cambia en el mercado negro(informal) así lo declaro el imputado y la fiscalía lo ha sabido durante todo el proceso, de manera que es absurdo que se pida prueba sobre ese hecho, siendo que no es controvertido. Honorables magistrados es evidente que el hecho probado atinente a la comisión del delito de Lavado de Activos, se construye a partir de una valoración contradictoria. 2. La Sentencia Deja De Considerar Prueba De Valor Decisiva. Honorables jueces la defensa entendiendo su obligación de justificar la procedencia de los fondos que al llegar al sistema bancario resultaron calificados como una transacción atípica, es decir los 3 millones ochocientos cincuenta y cuatro mil lempiras, que finalmente originaron el requerimiento fiscal en el presente caso, presento el Libro De Registro De Salarios de la empresa Transportes Allan, mismo que se describe como prueba evacuada en la página 31, renglón 14 de abajo hacia arriba, designada como número 7 y que se describe así: “7. Fotocopia autenticada de libro de registro de salarios de empresa Transportes Allan, también además de estar debidamente autenticada, el original está a disposición de la secretaria para cotejarlo.” Como se puede ver claramente en la sentencia No Se Hizo Ninguna Valoración De Este Medio De Prueba, ni en esta parte donde se describe ni en ninguna otra parte de la sentencia, esta prueba es decisiva pues es el registro que se llevaba en Empresa de Transportes Allan del dinero que le enviaron al imputado y contiene él envió de dinero de dólares que el imputado mando a cambiar al mercado negro y luego le fue depositado por los cambistas y que sirvió para pagar una hipoteca en banco de occidente, en el trámite de adquisición de una parcela de tierra que se agregó a la Hacienda Piñuelas, esta prueba al enlazarla con la declaración del Perito Contador de la empresa Transportes Allan, señor J. A. G. A. cuya declaración se describe en la página número 27 y con los informes financieros que el tribunal dice que es prueba indubitada, acredita sin lugar a dudas el origen legítimo de los 3 millones que se reportaron como transacción atípica. La no valoración de este medio de prueba es determinante en el resultado de la sentencia por eso se reclama como un vicio que ocasiona Quebrantamiento de la forma en el presente proceso penal. En este numeral el recurrente también reclama que en la sentencia se deja de valorar varios medios de prueba que solamente se describen y los jueces no hacen ninguna actividad de valoración, como bien se sabe y es de derecho es una obligación de los jueces sentenciadores describir el proceso intelectivo a través del cual se le dio valor a tal o cual medio de prueba e indicar en su caso porque no se le da valor, pues bien a continuación describo los medios de prueba que no fueron valorados en la presente sentencia:1.- Acta de allanamiento realizado en fecha 15 de octubre 2010 en la hacienda piñuelas aquí no se relaciona el contenido, es importante porque según el hecho probado tercero se dice que en este allanamiento fueron encontradas las armas por las que se condena al imputado.2.- Informe Técnico de recolección de indicios del allanamiento realizado en hacienda Piñuelas, igualmente no se relaciona el contenido del medio de prueba es importante porque es la base del tercer hecho probado.3.- Informe de análisis patrimonial con toda la documentación soporte, ratificado por el doctor en administración de empresas H. M. A. P., es importante por es el medio de prueba con el que la fiscalía pretende desacreditar el informe patrimonial de la Defensa, No Aparece Valoración. 4.- Declaración de testigo J. A. G.A., perito contador de la Empresa Transportes Allan, es importante porque con él, la defensa pretendía, describir como se le enviaba el dinero a don O. A. M. y más específicamente el origen del dinero enviado al imputado que produjo la transacción calificada de atípica. NO APARECE VALORACION. 5. Dictamen Patrimonial folio 3810 a 4150 (contiene el dictamen y los soportes del mismo) ratificado por el Licenciado en contaduría J.R.S., es importante porque es el medio de prueba con el que la defensa pretendía acreditar el origen legítimo de los bienes del imputado, No Aparece Valoración. En la sentencia se describen muchos más medios de pruebas de los que no aparece valoración, pero en opinión de la defensa, los antes descritos tienen la categoría de ser pruebas de valor decisivo. La defensa entiende que la falta de valoración de esta prueba influye en el resultado de la sentencia y que su no valoración constituye un vicio que produce un quebrantamiento de forma. 3. La Sentencia Contiene Motivación Contradictoria E Insuficiente. La sentencia impugnada en el presente recurso tiene una contradicción fundamental la cual ya he descrito y es que por sentido común se entiende que quien ha ganado 18 millones de lempiras, es normal que haga una transacción por 3 millones. Pues siendo que se admite en la sentencia al decir que la capacidad económica del imputado no se pone en duda y que es un hecho que no fue controvertido en juicio, es absurdo que se diga que no justificó el origen de 3 millones. En toda la sentencia se señala que no hay duda de la capacidad económica del imputado, se le dio credibilidad a todos los medios de prueba que se refieren a su capacidad económica, sin embargo es contradictorio que en la sentencia se diga, que era obligación de la defensa acreditar el origen de cada uno de los depósitos que componen la transacción atípica, si aceptan como lo hizo la fiscal el hecho de que el imputado traslado las ganancias de su empresa de Guatemala y estas sumas exceden el monto de la transacción atípica, se entiende por sentido común, que quien puede lo más pude lo menos, en consecuencia quien tiene 18 pude tener 3, no es procesalmente exigible que se acredite el origen peso por peso, pues se ha tenido como indubitado la tenencia legitima de un monto superior, Esta Es La Contradicción Elemental De La Sentencia.- Además la sentencia tiene una motivación insuficiente, como se deduce de la lectura de la valoración de la prueba, El Tribunal Dictó Una Sentencia Condenatoria Por Prueba Indiciaria. El recurrente entiende que de acuerdo al artículo 338 del Código Procesal penal efectivamente puede dictarse una sentencia a partir de prueba indiciaria, sin embargo en la presente sentencia suceden dos cosas: 1.- la fiscalía no expuso esto en sus conclusiones ni pidió sentencia por indicios.- 2.- Los indicios no son unívocos, la univocidad implica que los indicios solo puedan explicarse de una sola forma, en la sentencia el tribunal sentenciador no explica como determino la univocidad de los indicios, ni enumera como fueron probados cada uno de los indicios considerados para arribar al fallo condenatorio, es decir no explica de forma clara, la inexistencia de prueba directa y como se concatenan los indicios que sirvieron de base para dictar el fallo condenatorio, en la sentencia solo se dice que los indicios son plurales y que son unívocos, en nuestra opinión la sentencia debe ser motivada con la exposición del proceso intelectivo en la utilización de los indicios.- En el presente caso la tenencia del dinero admite al menos dos explicaciones un origen espurio o ilícito QUE Admite Diversas Explicaciones o un origen en los ingresos de la Empresa Transportes Allan No Hay Univocidad, sin embargo es de mencionar que la sentencia dice que esta fuera toda duda que don O. tenía la capacidad económica para tener en su patrimonio 3 millones, la motivación insuficiente también se advierte al leer la sentencia donde da a entender que tal o cual medio de prueba sirve de base para declarar tal o cual hecho probado pero al final dicen que la sentencia es por prueba indiciaria o sea que para el tribunal No Hay Prueba Directa De La Comisión Del Delito De Lavado De Activos.- O Existe Prueba Directa O No Existe Y Se Da Un Fallo Por Indicios, Porque Si Existe Prueba Directa No Es Necesario Acudir A Un Fallo Por Prueba Indiciaria. 4. La Sentencia No Es Congruente Con Las Pretensiones De Las Partes. El artículo 337del Código Procesal Penal reformado por Decreto número 74- 2013 del 8 de mayo del año 2013, publicado en la Gaceta número 33301 el 11 de diciembre del año 2013, establece el principio de congruencia reformado en el sentido de que la fiscalía puede fijar su formalización en el acto de las conclusiones de cierre del debate, así las cosas resulta que durante las conclusiones la agente fiscal del Ministerio Publico solicito sentencia condenatoria por almacenamiento de municiones para armas de guerra, consistente en municiones de fusil AK-47, (ver página 6) que fueron encontradas en el allanamiento que se realizó por orden del juzgado primero de letras de Santa Bárbara en fecha 15 de octubre del año dos mil diez, este allanamiento fue declarado ilícito (ver página 33, renglón 11 de abajo hacia arriba de la sentencia) al aplicar el principio de congruencia contenido en el artículo 337 debió absolver por ese delito, sin embargo en la sentencia el tribunal dicta sentencia condenatoria refiriéndose a otras armas a las que la fiscal se refirió, respetuosamente considero que el fallo condenatorio en relación a las armas es un vicio de quebrantamiento de forma, pues es claro en la sentencia que la pretensión del Ministerio Público es diferente a la que utilizó el tribunal.- Una circunstancia que explica con mayor claridad esta incongruencia es el hecho de que al señor O. M. se le presentaron 2 Requerimientos fiscales, al momento de presentar el primer requerimiento el 14 de octubre de 2010, se le acuso únicamente por el delito de Lavado de Activos, ese delito se mantuvo en la audiencia inicial y por ese delito se formalizo acusación en audiencia preliminar el 9 de marzo del año 2011, por una sencilla razón, las armas tenían permisos y existía una amnistía para el registro de armas, después el 15 de marzo del año 2011 se presentó un nuevo requerimiento fiscal fundamentado en el supuesto hallazgo de los proyectiles de AK-47 en la hacienda Piñuelas (ver folio 4254 del expediente judicial) fundamentado en el allanamiento realizado el 24 de octubre del año 2010, mismo que en la sentencia se declara ilícito, de manera que claramente se establece que al declarar nulo el acto en el que la fiscal se fundamenta para acusar en relación con las armas, debió dictarse sentencia absolutoria, de tal forma que la infracción al principio de congruencia consignado en el artículo 337 del Código Procesal penal, ocasiona un fallo condenatorio ilegal.- El Reclamo. Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal, en el sentido de señalar el reclamo que se haya hecho para subsanar el vicio, señalo que el vicio se produce en la Sentencia Definitiva, razón por la cual, el reclamo lo constituye el presente recurso. El Perjuicio.- Los vicios enunciados en el presente Recurso le causan perjuicio a mi representado, ya que si la sentencia se hubiera dictado conforme a derecho, debió dictarse Sentencia Absolutoria .IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA1.- Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma).Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá de denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115):“la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”.Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: a. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; b. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; c. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el Recurrente debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso OrD.rio), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos ExtraorD.rios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.1.1Único Motivo Precepto Autorizante Citado: Sin Determinar por el Recurrente; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 96 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción alegado: Aplicación Retroactiva de una ley penal no favorable a la persona procesada; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Recurrente; Pretensión: Sin determinar por el Recurrente. Señala el Recurrente que se ha violentado el artículo 96 de la Constitución de la República, al haber aplicado el Tribunal de Sentencia el artículo 03 de la Ley contra el Lavado de Activos, misma que está vigente desde el 15 de Mayo de 2002, a un hecho ocurrido previo a su vigencia, ello porque los bienes del acusado proceden de las ganancias obtenidas de su Empresa de Transportes “Allan” de Guatemala, misma que fue constituida y comenzó a generar ganancias desde el año 1993, es decir nueve años antes de la vigencia de la norma aludida; Ganancias que fueron los que se trasladaron a Honduras. Del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más Favorable El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley; es un postulado para la legitimidad democrática y una garantía de previsibilidad de la actuación de los poderes públicos. Se trata de un principio básico del derecho en general y un pilar fundamental en el derecho penal y procesal penal. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal de Honduras en los artículos 1 y 2 que nos dicen: "Artículo 1.- Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito; Artículo 2.- No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley".El Principio de Legalidad constituye el principal límite impuesto al Estado de Derecho y comprende una serie de garantías para los ciudadanos/as, las cuales pueden conducir a la imposibilidad de que el Estado intervenga y actúe penalmente más allá de lo que permite la ley, de este modo se "garantiza la protección del ciudadano contra el ejercicio y la extensión arbitrarios del poder penal estatal. Constituye a su vez una doble función, la primera de ellas política, en la que se da un predominio del poder legislativo sobre los otros poderes del Estado, convirtiéndose en una garantía de seguridad para los ciudadanos y en segundo lugar cumple una función técnica, ya que exige que el legislador utilice al formular los tipos penales, cláusulas seguras y taxativas. Significa a su vez, que sólo una ley escrita puede fundamentar la punibilidad de una acción y amenazar con una pena como consecuencia jurídica" (Wessels, Johannes. Derecho penal, Parte general, Ediciones Depalma, sexta edición, Buenos Aires, 1980, página 13). Entonces, conforme al Principio de Legalidad solo la Ley crea delitos, y sólo podrá considerarse delito, aquel hecho que la ley declare como tal expresamente y en forma previa al hecho imputado. Por eso es que decimos que "no hay delito sin ley". Mientras la ley no prohíba un hecho, el hombre/la mujer tiene libertad para realizarlo, no pudiendo el Juzgador crear figuras penales, ni siquiera por analogía; "En su actual configuración, el principio de legalidad (Nullum crimen, nulla poena, sine lege) mantiene diversas exigencias, tanto frente al legislador penal, como frente al Juez. Del legislador exige que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible (Nullum crimen sine lege certa), y que las leyes no tengan efecto retroactivo (nullum crimen sine lege praevia). Del juez exige que sus condenas se basen en la Ley escrita y no en el derecho consuetuD.rio (nullum crimen sine lege scripta) y que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (nullum crimen sine lege stricta: la llamada prohibición por analogía(Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh , Casa Editorial S.A., 1984.Pg. 313)”. -En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente hasido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio De Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigencia una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Haseemer señala que "una Ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes que la Ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía”(Hassemer, óp. cit. pg. .320.), en virtud de que el daño, que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter lícito y no reprochable. Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus:: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión, sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible, sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (porejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena).Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el estado debe de determinar ante factum los hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos/as tengan confianza en que los límites de su libertad están determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena; y es que "Una Ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la Ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma".( Bustos Ramírez, Juan; Hormazabal Malarée, Hernán. Lecciones de Derecho Penal, Vol. 1. Madrid, España, Editorial Trotta. 1997, pág. 82.). Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Corresponde, prima face al Juez determinar cuál es la ley que es más favorable, lo cual cuando se trata de una conducta que ha sido despenalizada no acarrea mayor problema, igual sucede cuando se limita a la comparación de las sanciones señaladas en la norma que sean de igual naturaleza (diferencia de los años de reclusión establecida en la norma anterior y en la nueva ley);Sin embargo podrá también la persona acusada o condenada determinar cuál es la ley penal que se deba aplicar en su caso, ello cuando se trate de normas que señalan sanciones de diferente naturaleza (ejemplo: cuando se este frente la pena de prisión de seis meses e inhabilitación especial por un año) o cuando la nueva ley contenga aspectos que le beneficie al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudique. Es por ello que la aplicación retroactiva de la nueva ley no es de carácter forzada, ya que existirán casos en que la nueva ley le beneficie, pero también abra casos en que le perjudique, pudiendo el Juez/a aplicar una u otra, dependiendo el caso concreto; Lo que si no es permitido es el aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala Muñoz Conde, "el Tribunal estaría creando una nueva norma (…) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen".(Muñoz Conde; Francisco; G. Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998.pg. 159 y 160).En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado". Regulación en el Tiempo del delito de Lavado de Activos La tipificación del delito de Lavado de Activos ha sido realizada en diversas leyes en los últimos diez años, tanto nacionales como supranacionales; Es de anotar que las primeras regulaciones sobre los activos generados por la actividad delictiva se encuentran desde los años 80s, en acuerdos bilaterales, convenios, tratados y leyes nacionales sobre el Tráfico ilícito de Drogas y de Estupefacientes, sin embargo no fue sino a partir de 1997 que se consideró una regulación legal de carácter autónoma, a saber: 1. Ley Nacional: Ley Contra el Delito de Lavado de Dinero o Activos, contenida en el Decreto Legislativo 202-1997; (Derogada); 2. Odeca: Convenio entre Centroamérica y República Dominicana para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos, firmada en Santo Domingo el 6 de noviembre de 1997, misma que entro en vigor el 6 de mayo de 2000, ratificada por el estado de Honduras en fecha 29 de noviembre de 1999 (Vigente); 3. Odeca: Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos, firmada en Panamá el 11 de julio de 1997, la que entro en vigor en fecha 5 de julio de 1999 y ratificada por el Estado de Honduras el 25 de enero de 2000 (Vigente);4. Ley Nacional: Ley contra el Delito de Lavado de Activos contenida en el Decreto No. 045-2002, de fecha 05 de marzo de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 29,781, el 15 de Mayo de 2002; (Derogada); 5. Onu: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, aprobada en fecha 14 de diciembre de 2000, misma que entro en vigor en fecha 29 de septiembre de 2003, siendo ratificada por el Estado de Honduras en fecha 2 de diciembre de 2003 (Vigente); 6. Ley Nacional: Ley de Disponibilidad Emergente de Activos Incautados, contenida en el Decreto Legislativo No. 23-2012, de fecha 21 de marzo de 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,799 en fecha 19 de Abril de 2012; (No Vigente); 7. Ley Nacional: Ley Especial contra el Lavado de Activos, contenido en el Decreto Legislativo No. 144-2014, de fecha 13 de Enero de 2015 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33,718, el 30 de Abril de 2015. (Vigente)Procedencia del Recurso El Recurso No es de Recibo.- El argumento que plantea el Recurrente es de fácil respuesta, pues éste desvía la atención a hechos que no son objeto de la imputación; Entiéndase que el reproche hecho por el Ministerio Público no estriba en que el acusado haya fundado una empresa en 1993 o la de haber generado supuestamente ganancias como consecuencia de la actividad comercial de dicha empresa, sino que, según se lee en la formalización de cargos de la audiencia preliminar, el acusado facilitó una cuenta bancaria de una institución del sistema financiero hondureño para que terceras personas realizarán depósitos en corto tiempo, cuidando éstos que las cantidades no sobrepasasen de aquel monto que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros había fijado para ser considerada como transacciones atípica, logrando depositar una alta cantidad de dinero, sin que exista justificación legal o económica de dichas transacciones, esto ocurrido en fecha 18, 19 y 20 de Junio de 2008, tiempo en que estaba vigente la Ley contra el Delito de Lavado de Activos contenida en el Decreto No. 045-2002.El Recurrente equivoca (o trata de que este Tribunal incurra en error), al alegar que los activos tienen un origen previo al año 2002 y que por ende se ha aplicado retroactivamente una ley a un tiempo anterior de su vigencia en perjuicio de la persona procesada, aun cuando el hecho imputado por el Ministerio Público se circunscribe a la realización de depósitos a una cuenta bancaria en el sistema financiero nacional en tres días determinados, todos a favor del acusado.2.- Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal:1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).2.2.- Primer Motivo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 294 del Código Penal (Uso Indebido de Nombre); Concepto de la Infracción: Sin Determinar por el Recurrente; Pretensión: Decretar sentencia absolutoria a favor del acusado. Protesta el Recurrente contra la Sentencia, increpando que en el hecho declarado probado segundo no se aprecian los elementos típicos descritos en el artículo 294 del Código Penal; Especifica que el factum, no señala que el acusado hubiese tenido el propósito de ocultar algún delito, de eludir una pena o de causar un perjuicio. Del Tipo Penal de Uso Indebido de Nombre Prevé el Código Penal, como un delito en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras, el delito de Uso Indebido de Nombre, mismo que se encuentra tipificado en el artículo 294 y que para el año 2008, había sido reformado mediante Decreto legislativo Número 191-96 del 31 de Octubre de 1996, publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 28,182 de fecha 28 Febrero del 1997 y vigente a partir del 28 de febrero de 1997; Mismo que establecía: “Artículo 294.- […]: 1) …; 2) …; y, 3) ...- A quien use públicamente nombre supuesto con el objeto de ocultar un delito, eludir una pena o causar algún perjuicio, se le impondrá reclusión de dos (2) a cinco (5) años.”.Sobre este delito ya se ha pronunciado la Sala de lo Penal en Sentencia de fecha dos de noviembre de dos mil dieciséis en el Expediente 063-2013, señalando que éste se compone de los siguientes elementos objetivos: 1. Sujeto Activo: El tipo penal se refiere a éste como “Quien”, lo que es una descripción incluyente, pudiendo ser entonces cualquier persona; 2. Sujeto Pasivo: Recayendo el perjuicio en el Estado de Honduras, éste es quien figura como sujeto pasivo, como titular de la Fe Pública y encargado de la Administración Pública; 3. Objeto del delito: A depender del propósito del uso público de nombre supuesto, se pueden identificar dos objetos del delito distintos: i.- La Correcta y Efectiva Administración de justicia del Estado de Honduras, cuando el sujeto activo busque tratar de eludir la acción de la justicia ocultando un delito o eludiendo una pena impuesta; ii.- La De Pública, al tener el propósito el acusado de causar un perjuicio a persona natural o jurídica, al identificarse como una persona distinta a la que es; 4. Conducta Criminosa: Consistente en el uso público de nombre supuesto; Es importante señalar que la conducta se centra en el verbo rector “Usar”, lo que permite las siguientes reflexiones: i.- El Sujeto Activo debe de ser la fuente del nombre, es decir debe éste ser quien se identifique con el nombre supuesto, quedando fuera de la tipificación los casos donde terceros identifiquen al sujeto activo con otro nombre, con o son la aquiescencia del sujeto activo; ii.- El sujeto activo debe de usar un nombre distinto al propio; El nombre debe de ser aquellos de apariencia real, por lo que debe de incluir nombre propio y apellido, ergo no califican como tales los apodos, alias, sobrenombres o prenombres cuya designación no buscan reemplazar el nombre verdadero de la persona; iii.- El nombre debe de ser usado de manera pública, lo que no debe de entenderse como una exigencia legal de que sea divulgado de manera masiva o por un tiempo prolongado, sino que sea usado por el Sujeto Activo frente a terceros para identificarse a sí mismo con alguno de los propósitos descritos en el tipo; 5. Modalidad Criminosa, entendido como la forma de realizar el verbo rector, lo cual no está descrito en el tipo penal por el legislador, por lo que la identificación del sujeto activo con el nombre supuesto puede realizarse por cualquier medio escrito o de manera verbal.El elemento subjetivo del tipo penal en estudio está compuesto por el un dolo reforzado, dado que no solo se exige conocimiento y voluntad, sino que además intencionalidad, a saber: i.-Elemento cognitivo: El conocimiento del sujeto activo de estar usando un nombre distinto al propio de manera pública; ii.- Elemento Volitivo: la voluntad de usar ese nombre supuesto; iii.-Intencionalidad: Buscar el sujeto activo con el uso del nombre supuesto de manera pública conseguir cualquiera de los siguientes propósitos, aun cuando éstos no lleguen a concretarse: *.- Ocultar algún delito; **.- Eludir una pena; ***.- Causar algún perjuicio. Entonces son las características del tipo penal de Uso Indebido de Nombre: 1. Según Su Estructura: i) Tipo Penal Básico al describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano sin que sea un tipo evolucionado de otro; ii) Tipo Penal Simple al describir un único modelo de comportamiento (usar); 2. Según su Contenido; i) Tipo Penal de mera conducta, de pura acción o de pura actividad, pues la descripción de ésta se agota en una sola acción del sujeto activo o que no requiere la producción de un resultado en el mundo exterior que sea separable espacio-temporalmente; El tipo penal es explicito que la conducta del autor debe de buscar un propósito, sin que condicione que dicho propósito sea alcanzado para considerar consumado el delito, ergo la mera conducta hace consumar el delito; ii) Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento, es pues que no se requiere que se proyecte en el tiempo; iii) Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv) Tipo Penal Cerrado ya que el supuesto de hecho y sus tres intencionalidades están determinadas con precisión, de tal forma que la conducta prohibida se desprende con precisión del tipo penal; 3. Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; y 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Pluriofensivo, al proteger un más de un bien jurídicamente protegido, a depender del propósito perseguido por el sujeto activo: la afectación de la fe pública o la afectación de la efectiva administración de justicia; ii) Tipo Penal de peligro describir una conducta que no causa una lesión efectiva al bien jurídicamente tutelado, pero si le pone en peligro.De la Procedencia del Primer Motivo El Primer Motivo es de Recibo.- Hemos desarrollado el estudio científico de la norma penal sustantiva cuestionada, por lo que ahora corresponde determinar si la misma ha sido seleccionada correctamente por el Tribunal de Sentencia como aquella que debe de gobernar los hechos que fueron probados en el proceso penal; Ello solo es posible mediante la confrontación del factum con los elementos de la norma.- Señaló en su sentencia el A-quo que tras la recepción de la prueba se pudo fijar como hecho histórico: 1. El acusado O. A. M. nació en la Ciudad de Comayagua, República de Honduras, el día 06 de enero de 1961, siendo inscrito como hondureño por nacimiento en el Registro Nacional de las Personas; 2. Que el acusado, con documentos que le presentaban como nacional de la República de Guatemala y bajo el nombre de O. U. S., fundo la Empresa Transportes “Allan”, en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala; 3. Que la Señora D. C. Joachin, contrato un seguro de vida con la empresa Pan American Life Insurance Company, designando como beneficiario al acusado, al cual identificó con el nombre de O. U. S.; y 4. Que el acusado realiza múltiples movimientos migratorios entre las Repúblicas de México y Honduras, entre Guatemala y Honduras, entre El Salvador y Honduras, y entre Panamá y Honduras. Lo relacionado está contenido en el numeral segundo de la declaratoria de hechos probados. Es de apuntar como primera observación que la descripción es atemporal, no se señala por los Juzgadores el tiempo en que ocurrieron los hechos, lo que imposibilitaría poder saber cuál es la norma sustantiva que estaba vigente al momento en que ocurrieron, esto de importancia pues el artículo 294 del Código Penal ha sido objeto de dos reformas desde su aprobación; Por otra parte en tal descripción no se señala que el acusado haya utilizado un nombre distinto al inscrito legalmente en Honduras dentro del territorio nacional, tomando en cuenta que la suscripción del Seguro de Vida fue realizado por la Señora D. C. y no por el acusado; Por otra parte los movimientos migratorios que se enumeran no refieren que nombre fue el usado por el acusado para realizarlos; Finalmente, siendo lo más importante, no se señala en los hechos probados que el acusado estuviese ocultando la comisión de un delito, estuviese eludiendo el cumplimiento de una pena, o haya tenido como propósito causar un perjuicio especifico a alguna persona natural o jurídica.- Recuérdese que la mera utilización de nombre supuesto no constituye delito, sino es cuando se realiza por la propia persona acusada y cuando sea con alguno de los tres propósitos descritos. En la fundamentación jurídica los Señores Jueces aseveraron que los hechos declarados probados se ajustaban al ámbito situacional que prevé el artículo 294 del Código Penal, pues el acusado causo perjuicio a la Fe Pública al usar un nombre diferente (f. 2118), aun cuando ello no está reflejado en el factum, ni tampoco explicado en la fundamentación, es decir no se señala en que consistió ese perjuicio. Por ello, ha acertado el Recurrente en su reclamo, pues el órgano jurisdiccional ha aplicado una norma penal sustantiva a un caso concreto de manera incorrecta.2.3.- Segundo Motivo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos (2002); Concepto de la Infracción: Sin Determinar por el Recurrente; Pretensión: Decretar sentencia absolutoria a favor del acusado. Explica el Recurrente que el delito de lavado de activos requiere que el sujeto activo realice cualquiera de los verbos rectores descrito en el tipo penal: adquirir, poseer, administrar, custodiar, utilizar, convertir, transferir, trasladar u ocultar. Reprende que el hecho primero declarado probado en la sentencia no se establece ninguno de los verbos rectores requeridos por el tipo penal de lavado de activos por el cual el Tribunal de Sentencia condenó al acusado. Del Bien Jurídico Protegido en el delito de Lavado de ActivosAtendiendo al Bien Jurídico Tutelado el lavado de activos es un delito Pluriofensiva: en tanto que afecta inmediatamente el orden socioeconómico y de manera mediata a la Administración de Justicia. Si bien es cierto que las conductas de lavado de activos obstaculizan el funcionamiento de la Administración de Justicia dificultando la investigación de los hechos delictivos, y la labor de identificación y comiso de aquellos bienes de origen criminal;no es menos cierto que la afectación de dicho bien jurídico por aquellos comportamientos sólo se produce de manera mediata. Si se hubiese querido proteger de manera inmediata a la Administración de Justicia como interés jurídico, hubiese bastado con reformar las figuras del encubrimiento previstas en la legislación penal ya existente. Por otro lado, el lavado no supone la mera ocultación de bienes tal y como se concibe en el encubrimiento; al contrario, la adquisición, conversión, y transmisión de efectos, productos o ganancias de origen delictivo con la finalidad de darles una apariencia de legitimidad, supone un proceso dinámico, en el que los bienes no permanecen estáticos. El orden socioeconómico es una categoría sistemática que dada su vaguedad e imprecisión resulta insuficiente para designar en rigor al bien jurídico inmediatamente protegido por el delito de lavado de activos o por cualquier otro delito, siendo necesario determinar cuál o cuáles de sus parcelas son lesionadas o puestas en peligro portales comportamientos. Para un sector de la doctrina el bien jurídico protegido es el tráfico lícito de bienes en el mercado como elemento indispensable para su normal funcionamiento y el de la economía en general. Desde tal perspectiva se confunde uno de los objetivos político-criminales que persigue el legislador al tipificar el lavado o blanqueo, con lo que constituye en sí el bien jurídico penalmente tutelado. Es claro que con la incriminación del lavado de activos se pretende impedir que bienes de origen delictivo se incorporen a los circuitos económicos legales, sin embargo, ello no explica cuál es la concreta parcela del orden socioeconómico que se velesionada o puesta en peligro por tales comportamientos. Los costes a que está sujeta la obtención de recursos procedentes de actividades delictivas son abrumadoramente inferiores a los exigidos para conseguir fondos lícitos, lo que estimula y favorece la aparición de situaciones de progresiva apropiación del mercado por parte de empresas ilegales que tienden a convertirse en monopolios, expulsando con ello a las dotadas de una menor disponibilidad de medios económicos y sometidas a cargas más elevadas. Con el castigo del lavado de activos se pretende salvaguardar la libre competencia como igualdad de oportunidades que se vería lesionada por la introducción de bienes de origen delictivo en los circuitos económicos legales. Por otro lado, la inyección de grandes cantidades de dinero de origen delictivo en las entidades de intermediación financiera puede incidir negativamente en la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema en su conjunto. Las transferencias imprevistas de fondos que suelen caracterizar algunas operaciones de lavado,pueden traer como resultado la volatilidad de los tipos de cambio y de las tasas de interés. Por otra parte, la creación de bases de pasivos inestables y de estructuras de activos poco sólidas, genera grandes riesgos de que se produzcan crisis sistémicas caracterizadas por la inestabilidad y consecuente pérdida de confianza del público. De éste modo el lavado de activos se configura como un delito pluriofensivo, que protege la libre competencia como igualdad de oportunidades en el mercado, junto con la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema financiero, los intereses y a la vez condiciones para el buen funcionamiento del orden socioeconómico, que se ven inmediatamente protegidos al sancionar penalmente esa figura delictiva. Finalmente, las funciones de la Administración de Justicia consistentes en el descubrimiento de los delitos, identificación de sus autores y partícipes y la aplicación de las consecuencias jurídicas de la infracción penal, son los intereses jurídicos mediatamente protegidos por la normativa penal relativa al lavado de activos. El artículo 3 de la LCDLA establece que: “incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.”- De la descripción típica se distinguen dos grandes grupos de conducta: a)Por un lado las de adquirir, poseer, administrar, custodiar, convertir, transferir y trasladar y por el otro, b) las de ocultar o impedir la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad;constituyendo un elemento denominador común quetalesaccionestengan por objeto activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.La redacción del tipo contentivo de diversas modalidades de lavado de activos ciertamente no es la más afortunada, puesto que en esencia el legislador se limitó a la reproducción de los comportamientos descritos en textos jurídicos internacionales, sin embargo, podemos afirmar que el primer grupo de conductas que es el que nos interesa para resolver el presente motivo de casación, responde a las características de un tipo penal de naturaleza mixta alternativa en tanto que basta con la realización de cualquiera de los verbos nucleares, es decir, adquirir, poseer, administrar, custodiar, convertir, transferir o trasladar, sin que la reiteración de comportamientos permita apreciar dos o más conductas delictivas. Habitualmente, las conductas de lavado de activos no se agotan en un solo acto, sino que es frecuente la realización consecutiva de varios de ellos con el fin de acentuar la separación del bien respecto a la actividad ilícita del que trae su origen. Así ocurre, por ejemplo, cuando un sujeto adquiere un bien a sabiendas de su procedencia delictiva y a continuación, como parte de la misma operación de lavado, lo convierte o lo vende para terminar invirtiendo el dinero obtenido por él en la adquisición de otro bien completamente distinto. En el grupo de conductas analizado, el legislador ha enumerado una serie de comportamientos, adquisición, posesión, administración, custodia, conversión, transmisión y traslado. Cualquiera de ellos realiza el tipo penal y si la conducta desplegada coincide, además, con otra de las que el mismo tipo contempla, el ejemplo arriba expuesto: la transmisión onerosa del bien supone, asimismo su conversión en otro distinto, no podrá mantenerse que el sujeto ha cometido más de un delito. Del mismo modo, el traslado físico de unos bienes de procedencia ilícita puede producir, como resultado, la ocultación de su ubicación. El grupo de conductas analizadas responde a las características de los delitos de consumación anticipada. El artículo 14 del Código Penal hondureño ofrece un concepto general de consumación, al expresar que “El delito es consumado cuando en él concurren todos los elementos de su tipificación legal”. De este modo podemos definir el delito consumado como la realización de todos los elementos, tanto objetivos como subjetivos del tipo del delito previsto en la Parte Especial. Por tal razón si queremos saber en cada caso cuando concurre el delito consumado debemos acudir a cada una de las figuras delictivas previstas en el Código o en una ley penal especial. Por otro lado, la consumación no precisa la terminación o agotamiento material de la lesión del bien jurídico protegido. Esto reviste particular importancia en el tema que ahora nos ocupa. El primer grupo de las modalidades de lavado de activos previstas en el artículo 3 de la LCDLA responden a la estructura de los delitos de mera actividad y de consumación anticipada, ya que se consuman con la sola realización de la conducta prohibida (adquisición, posesión, administración, custodia, utilización, conversión, transferencia, traslado, de bienes de origen ilícito) sin que sea necesario que se alcancen las finalidades de impedir definitivamente la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o propiedad de activos procedentes de las actividades descritas en el precepto, delitos conexos, o de aquellos bienes que no tengan una justificación económica legal de su procedencia. En conclusión, para la consumación de las modalidades de lavado de activos previstas en el primer grupo de conductas que describe el artículo 3 de la LCDLA, basta con la realización de las acciones enunciadas en el tipo sin que sea necesario alcanzar el resultado penalmente antijurídico perseguido por el autor. De la Procedencia del Segundo Motivo El Segundo Motivo no es de Recibo. -Distingue esta Sala de lo Penal defectos de forma en la interposición del recurso, como ser la falta de determinación del concepto de la infracción, haciendo silencio si se trata de una indebida aplicación o una indebida interpretación de la norma penal sustantiva señalada, esto sumado a que el motivo fue planteado junto con otro bajo el mismo título. De igual forma existe defecto de fondo en la interposición del motivo al hacer el Recurrente un trazado lacónico que no exigen mayor análisis para esta Sala de lo Penal y permite dar una respuesta simple y concreta: El motivo no es de recibo. El Recurrente denuncia que la descripción fáctica no describe ninguno de los verbos rectores requeridos por el tipo penal para la configuración del delito; Ello obliga avocarse al numeral primero de la declaratoria de los hechos probados, en donde se narracantidades de dinero que recibió el acusado de diferentes personas en un corto tiempo, mediante deposito en una misma cuenta bancaria, sin que existiera justificación económica y legal sobre el origen de dichos fondos ni sobre los depósitos en sí mismos, a saber:
Fecha
Depositante
No. De Depósitos
Cuenta Bancaria
Total del dinero Depositado
18 de Junio de 2008
B. E. C. B.
L. 970,000.00
B. C. G.
K. A. R. D.
Persona Desconocida
19 de Junio de 2008
B. E. C. B.
07 Depósitos Distintos
L. 1,200,000.00
B. C. G.
K. A. R.
J. A. C.
20 de Junio de 2008
A. R. L.
08 Depósitos Distintos
L. 1,674,000.00
B. C. G.
K. A. R.
J. A. C.
TOTAL
L. 3,854,000.00
En promedio cada una de las personas depositaron a favor del acusado la cantidad de L. 214,111.11 por cada día, es decir L. 642,333.33 en los tres días; Cantidad de dinero que usando el sistema financiero nacional fue puesto a la orden del acusado y con ello éste asumió no solo su posesión, sino que su custodia, que son precisamente dos conductas que están descritas como verbos rectores a reprochar mediante la imputación del delito de Lavado de Activos conforme la ley vigente para ese tiempo.3.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo al que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.3.1.- Primer Motivo Precepto Autorizante: Artículo 362.1 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin Determinar por el Recurrente. Concepto de la Infracción: Declaración de hechos probados es Contradictoria; Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al estar contenido el vicio en la Sentencia Definitiva; Pretensión: Se revoque la sentencia condenatoria y se dicte en su lugar una Sentencia Absolutoria. Arguye el Recurrente que el A-Quo en su valoración de la prueba refiere que es indiscutible la capacidad económica del acusado y que no se duda de las ganancias que éste tenía que llegaron a un monto de dieciocho millones de lempiras, obtenida por la explicación de la Empresa Transportes Allan, pero al mismo tiempo declara probado que tres millones, ochocientos cincuenta y cuatro mil lempiras no tienen justificación económica, siendo esto muna evidente contradicción. De los Hechos Declarados Probados de la Sentencia Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; Es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); y c. Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de Noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009).Siguiendo a Fernández de la Reguera[2], esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad, terminación o coherencia los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba y que reproduzcan el hecho histórico; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; 4. Que tomando únicamente como base los hechos probados, el Tribunal de Sentencia haga un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, de modo de no poder saber cómo ocurrió el hecho histórico; y 5. Que el Censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. De la Procedencia del Primer Motivo El Primer Motivo no es de Recibo.- El Código Procesal Penal exige la cualidad de logicidad en la construcción de los hechos declarados probados (Art. 362.1 cpp), debiendo ser un pronunciamiento coherente, articulado, y concomitante en toda su estructura. Entonces, se produce vicio in procedendo cuando la sentencia contenga hechos probados que se contrapongan, cuando exponen verdades distintas en relación a un mismo hecho, dándose como consecuencia planteamientos antagónicos que se excluyen entre sí y por ende que imposibiliten definir cuál es la verdad histórica en que se fundamenta el juzgamiento, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de la verdad de lo ocurrido. El Recurrente hace un mal planteamiento de su primer motivo, pues denuncia la existencia de una supuesta contradicción entre los hechos probados y la valoración de la prueba, desbordando las fronteras del motivo contenido en el numeral 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal que ha citado como fundamento, pues éste limita la denuncia a contradicciones In Términos, es decir a afirmaciones colisionantes y excluyentes recíprocamente contenidas en los hechos probados, sin consideración a otras secciones de la sentencia.3.2 Segundo Motivo Precepto Autorizante: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin Determinar por el Recurrente. Concepto de la Infracción: La Sentencia deja de considerar prueba de valor decisiva; Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al estar contenido el vicio en la Sentencia Definitiva; Pretensión: Se revoque la sentencia condenatoria y se dicte en su lugar una Sentencia Absolutoria. Aqueja el Recurrente que fueron evacuados una serie de medios de prueba en la audiencia de debate que no fueron objeto de valoración por parte del Tribunal de Sentencia; Especifica como medios de prueba no valorados y que son de carácter decisivo: 1. Libro de Registro de Salarios; Cuya importancia es porque es el registro que se llevaba en la Empresa Transportes Allan del dinero en dólares que se le envió al acusado y que fue el que mando a cambiar al mercado negro y que luego se le depositara en su cuenta bancaría; 2. Acta de Allanamiento realizado en fecha 15 de Octubre de 2010, en la Hacienda Piñuelas; Documento de importancia pues en el hecho probado tercer se señala que como producto de esta diligencia se encontraron en poder del acusado armas de fuego, lo que originó una sentencia condenatoria; 3. Informe técnico de Recolección de Indicios de allanamiento realizado en la Hacienda Piñuelas; Relacionado con el tercer hecho probado, como explica en el numeral anterior; 4. Informe de Análisis Patrimonial con toda la documentación de soporte, rendido por el Señor H.M.A.P., presentado por el Ministerio Público con el propósito de desacreditar el informe patrimonial que propuso la Defensa; 5. Declaración testifical del Señor J.A. G. A., perito y contador de la Empresa Transportes Allan, cuya importancia radica en que mediante éste se acreditó el origen del dinero y como se le enviaba al acusado O. A. M.; 6. Dictamen Patrimonial y los documentos soportes, presentado por el Señor J.Roberto S., de interés dado que se pretendía por parte de la defensa probar el origen lícito de los bienes del acusado. Advierte el Recurrente que los Jueces de Sentencia dejaron de valorar muchos de los medios de prueba que fueron evacuados en la audiencia de debate, pero que solo los señalados tienen la categoría de ser pruebas de valor decisivo. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o dejede considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia.- No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Segundo Motivo El Segundo Motivo no es de Recibo.- Se evidencia un mal entendimiento del Recurrente respecto a los conceptos que gobiernan el Motivo, ya que cuando se habla de Falta de Consideración, como ya se ha explicado, se refiere a la falta de relación del medio de prueba en la sentencia, es decir que en ésta no se hace mención del medio de prueba como si fuese inexistente, pero el Propio Recurrente reconoce que en la sentencia se hace mención de los medios de prueba que enumera, pero que éstos no fueron valorados, lo que sería un vicio diferente. Ha pedido del Recurrente se ha revisado la sentencia impugnada, constatando esta Sala de lo Penal que los medios de prueba que enumera el Recurrente fueron objeto de relación en la sentencia, es decir que éstos fueron efectivamente considerados por los Juzgadores (esto con independencia si fueron debidamente valorados con suficiente motivación, pues ello no es objeto del motivo interpuesto); De este modo: 1. Fotocopia autenticada de Libro de Registro de Salarios, medio de prueba que fue propuesto en la etapa de incidente de la audiencia de debate (F. 2070), y admitido por el Tribunal de Sentencia (f. 2073); Relacionado en el numeral cuarto de la fundamentación probatoria de la sentencia, como se lee a folio 2116; 2. Acta de Allanamiento realizado en fecha 15 de Octubre de 2010, en la Hacienda Piñuelas, ratificado por el Señor F. D. Reyes .F., contenido en la Fundamentación Probatoria a folio 2108; 3. Informe técnico de Recolección de Indicios de allanamiento realizado en la Hacienda Piñuelas, considerado por los Juzgadores en la Fundamentación probatoria a folio 2113 v.; 4. Informe de Análisis Patrimonial con toda la documentación de soporte, rendido por el Señor H.M. A.P., cuyo contenido fue relacionado por el Tribunal de Sentencia en el numeral Primero de la Valoración Probatoria, apreciable a folio 2113 v; 5. Declaración testifical del Señor J.A. G. A., perito y contador de la Empresa Transportes Allan, cuya declaración fue relacionada en el numeral tercero de la Fundamentación Probatoria, a folio 2114; y 6. Dictamen Patrimonial y los documentos soportes, presentado por el Señor J.R. S., considerado por el A-Quo en el numeral tercero de la fundamentación probatoria, a folio 2114 v. Como se ha constatado el vicio que se denuncia es inexistente; Los seis medios de prueba que adujo el Recurrente fueron dejados de considerar por los Juzgadores, de hecho se encuentran relacionados en la sentencia, con independencia de su debida y/o correcta valoración, pues ello como se ha señalado no atañe al motivo elegido.3.3. Tercer Motivo Precepto Autorizante: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin Determinar por el Recurrente; Concepto de la Infracción: La Sentencia contiene Motivación Contradictoria e Insuficiente; Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al estar contenido el vicio en la Sentencia Definitiva; Pretensión: Se revoque la sentencia condenatoria y se dicte en su lugar una Sentencia Absolutoria. Para el Recurrente la Sentencia impugnada presenta un contradicción insalvable, pues declara que el acusado llego a ganar por su actividad comercial la suma de dieciocho millones de lempiras, por lo que sería normal realizar una transacción de tres millones de lempiras; La Sentencia admite la capacidad económica del acusado, señalando que no es un hecho controvertido, lo que resulta contradictorio el exigir entonces el acreditar el origen de cada uno de los depósitos que componen la transacción atípica. Agrega como alegato de su tercer motivo que la sentencia contiene motivación insuficiente al haber declarado los juzgadores que emite una sentencia basada en prueba indiciaria, aun cuando: 1. El Ministerio Público no solicitó una sentencia en base a prueba indiciaria; 2. En la sentencia el tribunal sentenciador no explica como determino la univocidad de los indicios, ni enumera como fueron probados cada uno de los indicios considerados para arribar al fallo condenatorio; 3. No explica de forma clara la inexistencia de prueba directa y como se concatena los indicios que sirvieron de base para dictar el fallo condenatorio. Mala Técnica Recursiva Es de anotar que el Recurrente ha planteado de manera errónea su Tercer motivo, pues en este hace denuncia de dos vicios distintos, que debieron ser expuestos de manera separada: i.- Motivación contradictoria; ii.- Motivación Insuficiente. Por otra parte, señala como pretensión que se dicte una sentencia absolutoria, aun cuando lo denunciado trata de un supuesto vicio de forma que en caso de comprobarse su existencia provoca la invalidación del juicio, debiendo éste ser celebrado nuevamente; Error que se observó de igualmente en los Motivos Primero y Segundo. De la Motivación En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación, cuando hay insuficiencia de motivación y cuando la motivación es contradictoria. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez/a, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el Juez/a ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el Instrumento Jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legitima y Respetuosa de la Sana Critica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación Completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación Expresa, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica está asociado con el Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal).Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez/a y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez/a defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal).Motivación Contradictoria La Sentencia Judicial, si bien compuesta por varias partes o apartados, constituye toda ella una sola verdad, debiendo entonces guarda coherencia entre cada parte y éstas con el todo.- La sentencia deben de contar con la cualidad de logicidad, de modo que de contener argumentos coherentes, concomitantes y derivados en toda su estructura. La cualidad de logicidad, exigida para la construcción de los hechos declarados probados (Art. 362.1 cpp) o en el proceso de razonamiento valorativo de la prueba (Art. 362.3), igualmente es exigido como requisito general en la construcción de la sentencia, pues esta como un todo único debe de contener pronunciamientos coherentes y articulados, concomitantes y derivados en toda su estructura. Entonces, se produce vicio In Procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre si y que por tanto excluyan sus contenidos, ya sea que los mismos se estén desarrollados en un solo apartado de la resolución, como ser la fundamentación probatoria o la fundamentación jurídica, como cuando dichos argumentos se encuentren en distintas apartados, como ser los que se encuentren en la motivación punitiva y en la parte dispositiva del fallo. Para que el vicio sea atendible la contradicción debe de ser esencial, es pues que se trate de manifestaciones esenciales que por ser contrapuestas se excluyan mutuamente, dejando un vacío de información sin el cual no sea posible adoptar la decisión.- La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria es su invalidación declarándola nula, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento son afirmaciones colisionantes, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria, con planteamientos antagónicos que se excluyen entre sí, es la imposibilidad de definir cuáles de dichos planteamientos es el correcto, o cuáles de ellos apuntalan la decisión adoptada, provocando su validez y consecuentemente la necesidad de declararla nula para que tal vicio sea corregido, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento es contradictorio, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. De la Procedencia del Tercer Motivo El Tercer Motivo no es de Recibo.- Adicional a los errores de forma en el planteamiento del Recurso, existen errores de fondo en cuanto a los supuestos vicios alegados que no permiten que sea de recibo el Tercer Motivo. En Cuanto a la Supuesta Contradicción. De manera insistente el Recurrente señala que la sentencia resulta contradictoria pues en ésta se declara que el acusado tenía capacidad económica; El recurrente indica que dicha capacidad económica le permitió al acusado poder disponer en algún momento de dieciocho millones de lempiras, lo cual no es mencionado por los Juzgadores en la resolución; Entonces el reproche estriba en que para el Recurrente es contradictorio decir que el acusado tenía capacidad económica pero sancionarlo por poder disponer de un poco más de tres millones de lempiras. El alegato se basa en un mal entendimiento del delito de lavado de activos, pues éste no castiga que una persona funde una empresa, mucho menos que ésta le llegue a generar tal rentabilidad que le permita poder disponer de grandes sumas de dinero; De otro modo: No es delito tener dinero. La Sala de lo Penal en sentencias de 30 días de mayo del 2012 en el Expediente 304-2010 y de fecha 20 de Junio del 2012, en el Expediente 304-2008 estableció que “El Lavado de activos conforme el artículo 2.9 de la Ley contra el Delito de Lavados de Activos (En adelante LCDLA), es toda conducta humana –acción u omisión- que tiene por objeto revestir de apariencia de legalidad activos, instrumentos o productos que provengan de la ejecución y consumación de una actividad prohibida por la ley –en especial delitos- y así ser utilizados en el trafico económico de un país; El revestir de apariencia legal activos, instrumentos o productos de origen ilícito, tiene como contraparte la consecuencia de imposibilitar el poder determinar el origen de los mismos, su movimiento, destino o autentico propietario”, es pues que esencialmente se sanciona que bienes, productos o instrumentos que no tienen soporte legal ni económico, sean sometidos a procedimientos o mecanismos previstos en el quehacer económico o comercial del país, para darles apariencia de legalidad.El delito de Lavado de Activos y el de Testaferrato no se limitan en la mera ocultación de bienes tal y como se concibe en el delito de encubrimiento, sino que son de carácter más complejo pues implican la adquisición, conversión, y transmisión de efectos, productos o ganancias de origen delictivo con la finalidad de darles una apariencia de legitimidad, supone un proceso dinámico, en el que los bienes no permanecen estáticos. Entonces, retornando al caso concreto, el Recurrente en su alegato ha perdido de vista que el reproche formulado por el Ministerio Público es la imposibilidad del acusado de poder determinar el origen económico o el origen legal de los activos de los que tuvo a disposición como consecuencia de múltiples depósitos hechos por varias personas en una cuenta bancaría del sistema financiero nacional; La acusación no es por la disponibilidad económica del acusado, sino por lo ocurrido específicamente en días 18, 19 y 20 de Junio de 2008.- Entiéndase que el lavado de activos puede realizarse mediante la confusión de bienes de origen lícito con los de origen ilícito, precisamente para ocultar los últimos con los primeros, que es precisamente el supuesto planteado por el ente acusador del Estado, cuando en la formalización de los cargos señaló el ingreso al patrimonio del acusado de una cantidad de dinero que no tenía justificación legal o económica alguna y que por ende tiene origen ilícito aun cuando no se haya podido especificar cuál sea éste. Es por todo lo anterior que el Tribunal de Sentencia hizo hincapié sobre la capacidad económica del acusado, pero especifico claramente que esto no era el centro de reproche, es decir no era el supuesto de hecho objeto de la acusación, que el Señor O. A. M. hubiese obtenido sus bienes como producto de actividades ilícitas, sino que en tres días determinados bienes de origen ilícito ingresaron a su patrimonio, disponiendo de ellos. Es por ello que no existe la contradicción que se alega en el Motivo. En Cuanto a la Motivación Insuficiente El reclamo del Recurrente es específico: Increpa que el Tribunal de Sentencia haya señalado que fueron acreditados indicios unívocos sobre la existencia del delito y la participación del acusado, sin que el Ministerio Público haya solicitado una sentencia en base a prueba indiciaria, lo que no es un conflicto por motivación insuficiente sino entre lo peticionado y lo resuelto (lo que tampoco constituye vicio por no transgredir el Principio de Correlación entre Sentencia y Acusación); También reprende que el A-Quo no haya explicado la condición de univocidad de los indicios ni como fueron probados cada uno de éstos para arribar al fallo condenatorio, lo que es una falacia de generalidad, dado que el Tribunal no señala que la sentencia se sustente exclusivamente en prueba indiciaria, sino que hace mención a la acreditación de hechos indiciarios al momento de valorar prueba específica, a saber: 1. Al Valorar el Reporte de Transacciones atípicas del Banco de El País, copia certificada de la Escritura Pública de Comerciante Individual, escritura pública de compra/venta otorgada por la Señora A.H. M., Escritura Pública de Constitución de la Sociedad. Hacienda Piñuelas S.A., de C.V., Escritura Pública de compra/venta otorgada por la Señora D. C., Escritura Pública de Compra/Venta otorgada por el Señor C. U., la Escritura Pública de Constitución de Sociedad de la Empresa Inversiones Doa M. S.A. de C.V., la escritura pública de compra/venta otorgada por O. M. R., la Escritura pública de Remedida y reunión de lotes otorgada por el acusado O. A. M., la Escritura Pública de compra/venta otorgada por el Señor L.A. C.G., la certificación de Acta de nacimiento del acusado O. A. M., la certificación del acta de matrimonio entre el acusado O. M. y la Señora D. C., el patrón fotográfico del Registro Nacional de las Personas del acusado O. M., el acta de inspección y registro realizado en la Hacienda Piñuelas y el auto de convalidación de allanamiento, fueron valorados de manera conjunta señalando el A-Quo que tales documentos aportaban una pluralidad de indicios, todos unívocos, que indican la existencia del delito y la participación del acusado en el mismo; y 2. Al valorar la evidencia física A/E01869-2010, el Tribunal de Sentencia determinó que esta acreditaba una “abundante actividad económica” realizada por el acusado, lo que infirió como indicio de que éstas estaban encaminadas a la utilización de fondos y por consiguiente de lavado de capitales por medio de la inversión privada; Valoración que de igual forma debe de ser asociada a aquella hecha en el numeral quinto de la fundamentación probatoria. De las dos afirmaciones de la existencia de prueba indiciaria, hecha por el Tribunal de Sentencia, solo la primera es defectuosa por motivación suficiente.-La motivación intelectiva contenida en el numeral primero de la “Valoración de la Prueba”, consistente en aquella que se identifican como Prueba 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 y 2.15 (antes enumeradas), pues se señala que aporta indicios, sin identificar cuáles son éstos y porque tienen la calidad de unívocos, y de qué forma acreditan la existencia de un delito y la participación del acusado en éste, esto sin considerar además que no señala a que delito se refiere pues el proceso es por imputación de varios delitos. Ahora bien, la sentencia si bien tiene un defecto de motivación, éste no tiene la entidad como para invalidar lo decidido, esto porque: i.- El A-Quo realizó una motivación intelectiva individual respecto a los medios de prueba de ocho de los dieciséis medios de prueba mencionados: 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.10, 2.11, 2.13 y 2.14; y ii.-En el numeral quinto de la “Valoración de la Prueba”, el Tribunal de Sentencia hace una valoración conjunta de los medios de prueba, en donde hace un pronunciamiento sobre el delito de Lavado de Activos, delito de Uso Indebido de Nombre, delito relacionado con armas de fuego y delito relacionado con munición para arma de fuego, sin que señalen apoyarse en prueba indiciaria para arribar a sus conclusiones. Para finalizar, merece recordar que el artículo 350 del Código Procesal Penal dispone imperativamente que los Órganos Jurisdiccionales que conocen recursos devolutivos, como lo es la Casación, no podrán referirse en sus resoluciones a cuestiones distintas a aquellas que han sido objeto de impugnación por el Recurrente; Por ello esta Sala de lo Penal ha revisado exclusivamente lo referente a la suficiencia de la motivación en torno a lo que indicó el tribunal como prueba indiciaria, con independencia del acierto de esa calificación, del acierto de la motivación intelectiva y sin referirse a otra clase de vicio que pudiese tener la motivación, pues ello rebasa el motivo presentado.3.4 Cuarto Motivo Precepto Autorizante: Artículo 362.6 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 337 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: La Sentencia no es congruente con las Pretensiones de las Partes; Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al estar contenido el vicio en la Sentencia Definitiva; Pretensión: Se revoque la sentencia condenatoria y se dicte en su lugar una Sentencia Absolutoria. En su último motivo de casación por Quebrantamiento de Forma, el Recurrente cita el artículo 337 del Código Procesal Penal que regula lo que en doctrina se le conoce como Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación, explicando que en conclusiones el Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria por el delito de Almacenamiento de Municiones para Armas de Fuego de Guerra, consistente en municiones para fusil A-K-47, armas encontradas en un allanamiento que fue calificado como ilícito, y que por ello la decisión del tribunal debió haber sido una sentencia absolutoria; Que al dictar el A-quo dictó una sentencia condenatoria de manera distinta a la pretensión del Ministerio Público. Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación El Proceso Penal vigente se basa en el Principio Acusatorio donde la acción penal (pública o privada) es ejercida por un sujeto procesal distinto al que Juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsable y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contra posición el Juzgador se ve obligado a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. El Principio Acusatorio da paso al Derecho de defensa, permitiendo que el imputado sea intimado de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra parte el imputado/a quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación, de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa.- En relación, la Corte IDH, en sentencia del 17 de noviembre de 2009, en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, dispuso:“54.- Uno de los derechos fundamentales es el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, previsto en el artículo 8.2 de la Convención, que obliga al Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra.- Asimismo, se debe respetar el principio del contradictorio, que garantiza la intervención de aquel en el análisis de la prueba.”. (En el mismo sentido ver la Sentencia de la Corte IDH de 26 de Noviembre de 2010, en el caso Cabrera G. y Montiel Flores vs. México).El destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el Juzgador a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al mérito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación. (Ver Sentencia de la Sala de lo Penal de 11 de agosto de 2009 en el Exp 322-2007).El Principio de Congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, que prohíbe al Juzgador distraerse de los elementos objetivos y subjetivos de la acusación: 1. Elemento Objetivo: Prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el derecho de defensa del imputado, quien podría resultar condenado por hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo; 2. Elemento Subjetivo: Prohíbe al Juzgador extender el Ius Puniendi contra persona o personas distintas determinadas en la formalización de la acusación. En resumen el sentido del Principio de Congruencia de la Sentencia con la acusación exige que la sentencia debe versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación, es decir que debe mediar identidad entre los hechos que se informa al inculpado y aquellos por los que se le procesa, acusa y sentencia (En ese sentido ver las Sentencias de la Corte IDH de 20 de Junio de 2005 en el caso F.R.. vs Guatemala, párrafos 67 y 68 y de 17 de noviembre de 2009, en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, párrafo 47), permitiendo que la persona imputada conozca oportunamente el alcance y el contenido de la acusación que le permita ejercer defensa de ésta y no ser condenada por hechos de los que nunca se le dio oportunidad ser oída, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito diferente al que fue objeto de debate procesal; El derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo.(Ver en ese sentido las Sentencias de la Sala de lo Penal de 20 de junio de 2012 en Exp 308-2009 y de 18 de octubre de 2012, en Exp 065-2010).- La Corte IDH, en el caso Tibi vs Ecuador, señaló que:“28.- … el Estado debe informar al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones y omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a esos hechos.[Esta información debe ser] expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al Juez[a] su versión de los hechos.”.Con todo, no debe de entenderse que el Juzgador se encuentra atado al contenido de la acusación, tal cual que su respuesta solo pueda ser positiva o negativa a lo planteado; el Principio de Congruencia no limita al actor o al Tribunal de Sentencia a calificar los hechos contenidos en la acusación de una manera diferente a la planteada en la acusación.- La Corte IDH ha advertido que la calificación jurídica de los hechos que se le imputan a una persona puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los mismos hechos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación (Ver sentencia del caso F. R. vs Guatemala, óp. ci.t, párrafo 67 y 68).- En consecuencia la modificación de la calificación jurídica solo podrá realizarse cuando: 1. El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación; 2. En el factum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, que hayan sido objeto de contradictorio y finalmente probados en el debate; y 3. El delito apreciado por el Tribunal de Sentencia no supere las expectativas punitivas del ente acusador, por tanto, no podría reprochar penalmente un delito que conlleve una pena más grave, más si uno de igual o menor gravedad o incluso una falta (Art. 334 párrafo 5to, cpp).Ahora bien, como regla general el principio de Congruencia vincula la sentencia con el contenido de la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, en donde el acusador estatal o privado debe de calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (Art. 301.3 del Código Procesal Penal).- Como excepción el artículo 337 del Código Procesal Penal (reformado por Decreto 074-2013, a partir del 11 de diciembre de 2013) advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio, con la ampliación de la acusación o con las conclusiones de las partes en el debate, en los casos y formas siguientes: 1. Hechos fijados en el Auto de Apertura a Juicio: La Fase intermedia del Proceso es una etapa crítica sobre las conclusiones de la investigación preparatoria, tiene por objeto el control concreto y previo sobre la validez formal y la seriedad material de la acusación. Lo que se busca con esta etapa procesal es racionalizar la administración de justicia, evitando someter inútilmente a un ciudadano a los rigores del juicio oral. La etapa intermedia se compone por: Formalización de la acusación, Contestación de Cargos y Auto de Apertura a juicio (Art. 265 cpp).- El Juez o Jueza de Letras, siempre a la sombra del principio Indubio Pro Accusatione, evaluara si la acusación presentada en la audiencia preliminar tienen apariencia de poder sustentarse en la audiencia de debate, lo cual se conoce como presupuesto objetivo material, pero además verificará si dentro de la acusación se individualiza la persona o personas a las que se le atribuye los hechos imputados, lo cual se denomina presupuesto subjetivo material; Es muy importante resaltar que el Juez/a de la Etapa Intermedia no le corresponde examina la calificación jurídica de la acusación, de hecho el Código Procesal Penal no determina que en el auto de apertura a juicio deba existir por parte del Juzgador una calificación penal de los hechos que contienen la acusación, ya que su tarea exclusiva es verificar la existencia de los presupuestos objetivos y subjetivos antes explicados (Art. 302 del Código Procesal Penal).- En caso de que la acusación no supere el examen del Juez/a de la etapa intermedia, dictara un sobreseimiento provisional o definitivo, el cual puede afectar total o parcialmente el contenido de la formalización de la acusación; En caso de una afectación parcial (sea porque se dictó sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho especifico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán de ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos la sentencia, además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio. 2. Ampliación de la Acusación: Determina el artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de: a.- Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y b.- Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación.-Para tal modificación, se requiere: i.- Se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos; y ii.- Que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación.- Señala el precepto legal que reunidos los requisitos mencionados, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado/a sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Finalmente la norma procesal señala que no constituye ampliación de la acusación: a.- La corrección de errores materiales; b.- La inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta; y en forma negativa c.- La Introducción de hechos nuevos, ya que sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; En estos casos dispone el Código de Rito que se deberá de proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa. 3. Las Conclusiones del Debate: En una inclusión, por reforma al artículo 337 del Código Procesal Penal, el legislador dispuso que las conclusiones de las partes en la audiencia del debate vinculaban al Tribunal de Sentencia respecto a las decisiones que deba tomar en la sentencia. Es importante advertir que las conclusiones son el último acto procesal que realizan los/as apoderados/as legales de las partes en el proceso penal previo a la decisión de fondo, en el cual dan a conocer sus pretensiones basadas en la actividad probatoria que ha tenido lugar; Además es de tener en cuenta que lo señalado en las conclusiones no puede ser objeto de ulterior contradictorio, mucho menos de prueba o contra prueba, pues con esta actuación se da por finalizada la audiencia de debate. Por lo anterior el derecho de defensa no permite como admisible la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público que conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado/a, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, pues si no es permisible en la ampliación de la acusación que se hace al inicio del debate, mucho menos podría serlo en la etapa de conclusiones .Por lo anterior se considerará vinculante para el Tribunal en la etapa de conclusiones: a. La renuncia de la acción penal por parte del Ministerio Público, la que conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal favorecería no solo a la persona imputada sino a todos los involucrados en la acción penal; b. La modificación (sin que sea permisible la inclusión) de las calificaciones penales, siempre que no implique modificación de los hechos imputados en los términos señalados por la Corte IDH en la sentencia del caso F. R. vs Guatemala (óp. cit.); y c. El planteamiento de calificaciones de delitos alternativos sobre los mismos hechos que fueron objeto de debate, en base a la especialidad o subsidiariedad entre unos y otros. No será vinculante el allanamiento por la representación legal del acusado/a sobre los hechos objeto de imputación, pues deberá ser precisamente definido por el mérito de la prueba, más si puede ser objeto de valoración la aceptación de los hechos que haga el acusado/a en su última intervención previo a declarar cerrado el debate, valoración que se realizará de manera conjunta con la prueba evacuada. En conclusión, la sentencia estaría vinculada no solo con la formalización de cargos, sino además con el auto de apertura a juicio, la ampliación de cargos realizada en la audiencia de debate y con las conclusiones hechas en la audiencia de debate, siempre que se ajuste a lo señalado en este apartado. De la Procedencia del Cuarto Motivo El Cuarto Motivo No es de Recibo.- Es importante señalar que el presente Recurso de Casación es interpuesto sobre el pronunciamiento condenatorio por el delito de “Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, emitido por el A-Quo en contra del acusado. Para dar respuesta a lo señala por el Recurrente es requerido hacer una revisión de la formalización de cargos hecha por el Ministerio Público en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso penal, además del auto de apertura a juicio y de la audiencia de debate respecto a la ampliación de cargos (si existiese) y a las conclusiones emitidas, toda vez que el contenido de dichas diligencias procesales son las que vinculaban al Tribunal de Sentencia para emitir su decisión final. Según consta a folio 3,806 del Acumulado Judicial, la audiencia Preliminar fue celebrada el 09 de Marzo de 2011, iniciada a las 10:00 a.m., con la participación de la Agente Fiscal V.E.M. F.., del Defensor Privado R. A., sin la presencia de los acusados.- En ésta audiencia se dio la palabra al Ministerio Público para que formalizara la acusación por los diversos delitos, señalando en cuanto a las armas y municiones: “… igualmente se amplía la acusación y por ende la formalización en contra de ambos imputados [O. A. M. y R.Al. C.] habidos por los delitos previstos y sancionados en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal Vigente referidos al delito de Fabricación y tráfico de material de Guerra y Armas y Municiones, y Fabricación y tráfico de armas de fuego, municiones comerciales de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales, para lo que se establece penas de ocho a diez años y de tres a seis años; imputación que se les hace a título de autores directores…”.(f. 3,806 v.).- Tras la celebración de la audiencia preliminar y acatando sentencia de la Corte de Apelaciones, el Juzgado de Letras procedió a emitir auto de apertura a juicio en fecha 18 de Mayo de 2011 (f. 4,194), realizando este Ad-Quem, en donde se aprecia la transcripción delo señalado por el Ministerio Público y la Defensa Privada en la audiencia preliminar. En fecha 18 de Marzo de 2014, el Tribunal de Sentencia asignado celebró la audiencia de debate en el presente caso (f. 2,058), en donde las partes actoras: Ministerio Público (f. 2073 v) y Procuraduría General de la República (f. 2075), formularon sus respectivos alegatos de apertura, sin que ninguno de ellos peticionara en ese momento la aplicación de la acusación; Posterior a ello, en la etapa de Conclusiones, los mismos actores formularon sus respectivas pretensiones en torno a la acusación por armas de fuego y municiones: 1. Ministerio Público: Solicitando se declarase la responsabilidad penal del acusado O. A. Mesa por los delitos de: i.- Fabricación y tráfico de material de guerra y municiones, por el verbo de almacenamiento de municiones para arma de guerra, consistente en municiones de AK-47 sancionado por el artículo 332-A; ii.- Delito de Portación, posesión y almacenamiento de armas de fuego de uso comercial, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal; y 2. La Procuraduría General de la República: Solicitando pronunciamiento condenatorio en contra del acusado por: i.- Tráfico de armas y municiones en base al artículo 332-A del Código Penal; y ii.- Tráfico de armas y municiones en base al artículo 332-B del mismo cuerpo legal. Como resultado del debate el A-Quo emitió sentencia declarando al acusado penalmente responsable del delito de Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Persona o Deportivas y explosivos comerciales, sin hacer ningún pronunciamiento respecto a la imputación por armas y municiones de guerra hecha por los actores. Lo anterior permite a esta Sala de lo Penal dar respuesta al reclamo planteado por el Recurrente; Según éste no se debió condenar al acusado por el delito de “tráfico de armas de fuego y municiones comerciales de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales”, pues las armas que sustentan tal pronunciamiento fueron declaradas ilícitas, lo que ocasiono violación del principio de congruencia de la sentencia con la acusación, más al revisar la acusación, formalizada en la audiencia preliminar, aceptada en el auto de apertura a juicio y sostenida en las conclusiones de la audiencia de debate, se puede constatar que si existió pretensión condenatoria de parte del Ministerio Público y posteriormente de la Procuraduría General de la República para que fuesen condenado el Señor O. A. M. por un delito en base al artículo 332-B del Código Penal. El Recurrente mal entiende el Principio que invoca violentado, pues si existió siempre una petición de parte de los actores de que se condenara al acusado por el delito aludido, siendo ajeno al motivo (por falta de reclamo): i.- Si la ampliación de la acusación hecha en la audiencia preliminar era procedente; ii.- Si la formalización de la acusación se ajustaba a lo ordenado en el artículo 301 del Código Procesal Penal (derecho de Defensa y Debido proceso); iii.- Si el auto de apertura a juicio se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 302 del Código Procesal penal (Derecho de Defensa y Debido Proceso); iv.- Si el pronunciamiento condenatorio era procedente o no conforme a la prueba evacuada (Estado de Inocencia).Reitera la Sala de lo Penal que el motivo invocado por el Recurrente tiene por objeto auditar si lo pedido por la parte acusadora, encuentra identidad en lo resuelto por el Tribunal de Sentencia, siendo que en el presente caso el Ministerio Público en la audiencia preliminar, momento en que formalizó la acusación y posteriormente en la audiencia de debate, en donde se le sumo la Procuraduría General de la República, solicitaron en todo momento la condena al acusado por un delito en base al artículo 332-B del Código Penal, que fue lo que precisamente decretaron los Jueces de Sentencia en la parte dispositiva; El reclamo en que la sentencia se basa en prueba ilícita escapa al examen del motivo invocado. V. DECISIÓN 1. Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo; 2. Declarar Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Primer Motivo; 3. Declarar No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Segundo Motivo; y 4. Declarar No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus cuatro motivos.VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el motivo segundo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y los cuatro motivos del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, todos interpuestos por el Abogado R. A. I., en su condición de apoderado defensor privado del acusado O. A. M..- Segundo: Declara Firme y Ejecutable la Sentencia de fecha veinticinco (25) de Julio de dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en relación a los siguientes pronunciamientos: 1.- Sentencia condenatoria dictada en contra del acusado O. A. M., como autor responsable de un delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Económica del Estado de Honduras; y 2.- Sentencia condenatoria dictada en contra del acusado O. A. M., como autor responsable de un delito de Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Tercero: Declara Con Lugar el primer motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado R. A. I., en su condición de apoderado defensor privado del acusado O. A. M., por lo que se Casa parcialmente la Sentencia de fecha veinticinco (25) de Julio de dos mil catorce (2014); En consecuencia se Revoca el numeral Tercero y se Reforma el Numeral Cuarto de la Parte Resolutiva de la Sentencia (f. 2,119 v.), en los siguientes términos: “Tercero: Que se debe de absolver y se absuelve al acusado O. A. M., también conocido como O. U. S., de toda responsabilidad penal como autor directo de un supuesto delito consumado de Uso Indebido de Nombre, en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras; Cuarto: Debemos condenar y condenamos al acusado O. A. M., como consecuencia de las penas de reclusión impuestas, a la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta por el delito de Lavado de Activos y a la pena accesoria de Inhabilitación Especial por el delito de Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales, por el tiempo en que dure las respectivas penas de reclusión; y además a la pena de interdicción civil y a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, por cada uno de los delitos, por el mismo tiempo de la pena de reclusión.”.- Y Manda: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán G.. Magistrada CoorD.dora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. Certificación de la sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-437-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2]Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011.- pág. 118