Sentencia CP-434-14 — Registro 8844
Resumen
Se condena a los imputados por los delitos de Asesinato, Asesinato en su grado de Ejecución de Tentativa y Posesión de Sustancias básicas (Marihuana)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
LOS MOTIVO SON PARCIALMENTE DE RECIBO. Al presentarse un recurso de casación por infracción de ley, se abre la posibilidad que este Tribunal de Casación revise los hechos probados y determine si el tipo penal que utilizó el Sentenciador es correcto o no, incluso se le otorga la facultad a esta Sala de lo Penal, para que, tomando como base ese cuadro fáctico, pueda encontrar la norma penal que encaja y sea armónica. En el caso de autos este Supremo Tribunal no comparte la posición de la parte recurrente al considerar que en los hechos probados se conforman los elementos objetivos de un delito de Asesinato por alevosía y esto es así pues en ellos se relata, que primero todo inicia con una discusión entre los acusados y el ofendido, es decir los sucesos no revelan que haya existido un plan preconcebido por los acusados para que ese día le quitaran la vida al señor M. A. F. I., sino que el altercado se da circunstancialmente; continúan diciendo los hechos que los imputados L., B. y C. todos de apellidos G. G., comenzaron a tirarle piedras al señor F. I. y en ese momento el señor L. G. le hace en su espalda 7 heridas producidas por arman blanca (Cuchillo); el hecho que las heridas se hayan provocado en la espalda no significa necesariamente que sea un elemento para considerarlo como asesinato, puesto que debemos observar la dinámica de los acontecimientos, ya que el ofendido está siendo atacado por tres personas quienes le tiran piedras, es lógico pensar que haya existido movilidad del ofendido y de sus agresores; continúan diciendo los hechos que don M. A. (Ofendido) en el ánimo de repeler el acometimiento, hace uso del arma de fuego que portaba y dispara contra los acusados; este último elemento que afirma el cuadro fáctico, termina de establecer que en el presente caso no se dan los elementos para considerar la existencia de la alevosía, puesto que, tal como lo estudiamos en el apartado anterior, en la alevosía se pretende la muerte de la víctima de manera desleal y cuando se encuentre en estado de indefensión, pues lo más grave que ocurre es el hecho que se ejecuta de manera traidora y secreta, de forma tal que los ejecutores actúan con medios o formas que impiden la posibilidad de la defensa por parte de la víctima; pero en el caso subjudice el señor M. A. F. I. no fue ejecutado de manera traicionera u oculta, puesto que fue consumado en plena vía pública e iniciando todo con una discusión entre los actores. En ese orden de ideas y tal como están redactados los hechos probados, esta Sala de lo Penal no encuentra los elementos objetivos para encuadrar las acciones de los acusados L., B. y C. todos de apellidos G. G. en un delito de Asesinato, pero es un hecho que los encartados L. y B. cooperaron fundamentalmente con el señor L. G. G., en vedar la vida del señor M. A. F. I., puesto que al comenzar a tirarle piedras hicieron que sus capacidades disminuyeran, momento en el cual fue aprovechado por el imputado L. G. G. para asestarle 7 heridas con arma blanca misma que le produjeron la muerte. Para la Sala de lo Penal los sucesos redactados por el A-quo encajan de manera perfecta en un delito de homicidio simple, regulado en el artículo 116 del Código Penal, pues la dinámica de los hechos nos demuestran que los imputados L., B. y C. todos de apellidos G. G., luego de una discusión previa dieron muerte al señor M. A. F. I., esto en virtud que se produce una virtual comunidad de intenciones o de voluntades, entre los imputados B. y C. de apellidos G. G. y el ejecutor material del hecho L. G. G., cooperación que consiste en tirar pedradas al ofendido para disminuir su capacidad de reacción y lograr que aquél (L.) le quitara la vida, aporte fáctico esencial y determinante para que se produjera el resultado fatal producido. En cuanto al grado de participación, el señor L. G. G. se constituye en el autor directo de la muerte del ofendido M. A. F. I. y los imputados B. y C. al haber participado de manera fundamental para asegurar la muerte del ofendido, deben responder como cooperadores necesarios, cuya pena es igual que la de los autores. Para la determinación de la pena concreta a imponer, debe tomarse en cuenta lo regulado en el artículo 69 del Código Penal, en relación a las agravantes, antecedentes personales, a la mayor o menor peligrosidad; este Tribunal de Casación y conforme a la dinámica en que sucedieron los hechos, encuentran circunstancias agravantes que deban considerarse, por ejemplo realizar el hecho en cuadrilla, que la doctrina ya ha establecido que son más de tres sujetos los que participan activamente en el delito; de igual forma esta Sala de lo Penal considera a los acusados altamente peligrosos, pues al utilizar piedras para cometer su delito hicieron que el ofendido tuviera una capacidad de respuesta menor: por último consideramos que, el hecho de haber vedado de la vida al señor M. A. F. I. en presencia de su esposa, hace que el delito sean aún más execrable, por lo que debe imponerse a cada uno de los acusados la pena máxima del delito de homicidio simple. Esta Sala de lo Penal no se pronuncia sobre el motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el ente fiscal, toda vez que ha declarado parcialmente ha lugar los motivos de casación por infracción de ley. Se hace un fuerte llamado de atención a los Jueces de Sentencia: A. D. E., V. A. C. P. y J. J. A., para que en próximos fallos se tomen los correctivos necesarios para conformar hechos probados adecuados a las normas penales establecidas, pues no es posible condenar a un acusado como autor de un delito de asesinato y luego condenar a otros dos imputados por los mismos hechos y en perjuicio del mismo ofendido, pero catalogándolo como asesinatos tentados, ya que ambas resoluciones son contradictorias y restan logicidad a la Sentencia
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
LOS MOTIVO SON PARCIALMENTE DE RECIBO. Al presentarse un recurso de casación por infracción de ley, se abre la posibilidad que este Tribunal de Casación revise los hechos probados y determine si el tipo penal que utilizó el Sentenciador es correcto o no, incluso se le otorga la facultad a esta Sala de lo Penal, para que, tomando como base ese cuadro fáctico, pueda encontrar la norma penal que encaja y sea armónica. En el caso de autos este Supremo Tribunal no comparte la posición de la parte recurrente al considerar que en los hechos probados se conforman los elementos objetivos de un delito de Asesinato por alevosía y esto es así pues en ellos se relata, que primero todo inicia con una discusión entre los acusados y el ofendido, es decir los sucesos no revelan que haya existido un plan preconcebido por los acusados para que ese día le quitaran la vida al señor M. A. F. I., sino que el altercado se da circunstancialmente; continúan diciendo los hechos que los imputados L., B. y C. todos de apellidos G. G., comenzaron a tirarle piedras al señor F. I. y en ese momento el señor L. G. le hace en su espalda 7 heridas producidas por arman blanca (Cuchillo); el hecho que las heridas se hayan provocado en la espalda no significa necesariamente que sea un elemento para considerarlo como asesinato, puesto que debemos observar la dinámica de los acontecimientos, ya que el ofendido está siendo atacado por tres personas quienes le tiran piedras, es lógico pensar que haya existido movilidad del ofendido y de sus agresores; continúan diciendo los hechos que don M. A. (Ofendido) en el ánimo de repeler el acometimiento, hace uso del arma de fuego que portaba y dispara contra los acusados; este último elemento que afirma el cuadro fáctico, termina de establecer que en el presente caso no se dan los elementos para considerar la existencia de la alevosía, puesto que, tal como lo estudiamos en el apartado anterior, en la alevosía se pretende la muerte de la víctima de manera desleal y cuando se encuentre en estado de indefensión, pues lo más grave que ocurre es el hecho que se ejecuta de manera traidora y secreta, de forma tal que los ejecutores actúan con medios o formas que impiden la posibilidad de la defensa por parte de la víctima; pero en el caso subjudice el señor M. A. F. I. no fue ejecutado de manera traicionera u oculta, puesto que fue consumado en plena vía pública e iniciando todo con una discusión entre los actores. En ese orden de ideas y tal como están redactados los hechos probados, esta Sala de lo Penal no encuentra los elementos objetivos para encuadrar las acciones de los acusados L., B. y C. todos de apellidos G. G. en un delito de Asesinato, pero es un hecho que los encartados L. y B. cooperaron fundamentalmente con el señor L. G. G., en vedar la vida del señor M. A. F. I., puesto que al comenzar a tirarle piedras hicieron que sus capacidades disminuyeran, momento en el cual fue aprovechado por el imputado L. G. G. para asestarle 7 heridas con arma blanca misma que le produjeron la muerte. Para la Sala de lo Penal los sucesos redactados por el A-quo encajan de manera perfecta en un delito de homicidio simple, regulado en el artículo 116 del Código Penal, pues la dinámica de los hechos nos demuestran que los imputados L., B. y C. todos de apellidos G. G., luego de una discusión previa dieron muerte al señor M. A. F. I., esto en virtud que se produce una virtual comunidad de intenciones o de voluntades, entre los imputados B. y C. de apellidos G. G. y el ejecutor material del hecho L. G. G., cooperación que consiste en tirar pedradas al ofendido para disminuir su capacidad de reacción y lograr que aquél (L.) le quitara la vida, aporte fáctico esencial y determinante para que se produjera el resultado fatal producido. En cuanto al grado de participación, el señor L. G. G. se constituye en el autor directo de la muerte del ofendido M. A. F. I. y los imputados B. y C. al haber participado de manera fundamental para asegurar la muerte del ofendido, deben responder como cooperadores necesarios, cuya pena es igual que la de los autores. Para la determinación de la pena concreta a imponer, debe tomarse en cuenta lo regulado en el artículo 69 del Código Penal, en relación a las agravantes, antecedentes personales, a la mayor o menor peligrosidad; este Tribunal de Casación y conforme a la dinámica en que sucedieron los hechos, encuentran circunstancias agravantes que deban considerarse, por ejemplo realizar el hecho en cuadrilla, que la doctrina ya ha establecido que son más de tres sujetos los que participan activamente en el delito; de igual forma esta Sala de lo Penal considera a los acusados altamente peligrosos, pues al utilizar piedras para cometer su delito hicieron que el ofendido tuviera una capacidad de respuesta menor: por último consideramos que, el hecho de haber vedado de la vida al señor M. A. F. I. en presencia de su esposa, hace que el delito sean aún más execrable, por lo que debe imponerse a cada uno de los acusados la pena máxima del delito de homicidio simple. Esta Sala de lo Penal no se pronuncia sobre el motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el ente fiscal, toda vez que ha declarado parcialmente ha lugar los motivos de casación por infracción de ley. Se hace un fuerte llamado de atención a los Jueces de Sentencia: A. D. E., V. A. C. P. y J. J. A., para que en próximos fallos se tomen los correctivos necesarios para conformar hechos probados adecuados a las normas penales establecidas, pues no es posible condenar a un acusado como autor de un delito de asesinato y luego condenar a otros dos imputados por los mismos hechos y en perjuicio del mismo ofendido, pero catalogándolo como asesinatos tentados, ya que ambas resoluciones son contradictorias y restan logicidad a la Sentencia
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
nformes sobre un mismo asunto” CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete (7) días de mayo de dos mil dieciocho (2018), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 434-2014 por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de junio del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor L. G. G., a la pena de veintitrés (23) años de reclusión, por el delito de Asesinato, en perjuicio de M. A. F. I.; 2) Condenando al señor C. G. G., a la pena de trece (13) años de reclusión, por el delito de Asesinato en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de M. A. F. I.; 3) Condenando al señor B. G. G., a la pena de trece (13) años de reclusión, por el delito de Asesinato en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de M. A. F. I.; 4) Condenando al señor B. G. G., a la pena de tres (3) años de reclusión, por el delito de Posesión de Sustancias básicas (Marihuana) en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; asimismo se le impone al imputado B. G. G., la multa de veinte mil (L. 20,000.00) lempiras; 5) Declarando a los imputados L. G. G., C. G. G. y B. G. G. civilmente responsables de los perjuicios causados por los delitos cometidos; 6) No procede en condenar en costas. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, la Abogada E. A. A., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada Y. M. M. L. en su condición de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrente y la Abogada A. R. P. P. en su calidad de Defensora Pública de todos los acusados como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Que en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil trece (2013), aproximadamente a las cinco de la tarde, en la Aldea La Unión de Praga, Jurisdicción del Municipio de J. de O., Departamento de Intibucá, el señor M. A. F. I., luego de iniciar una discusión con los señores L., B. Y C. G. G., comenzaron a tirarle pedradas y de seguido recibió por parte de L. G. once heridas, de las cuales 7 fueron en su espalda, producidas por arma blanca (cuchillo), y las demás heridas producidas por objeto romo (piedra) que le produjeron instantáneamente, su muerte; don M. A. en el ánimo de repeler el acometimiento, hizo uso de un arma de fuego que portaba, disparando contra sus provocadores. SEGUNDO: Que, en el mismo lugar y fecha, al momento de la detención del señor B. G. G., y al practicarle un registro se le encontró un arma de fuego tipo calibre 38 y en una bolsa de su pantalón cinco envoltorios de papel periódico conteniendo hierba seca, que conforme al dictamen toxicológico de medicina forense resulto ser marihuana. III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS Recurso de Casación por Infracción de Ley. “CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. PRIMER MOTIVO: Infracción por Aplicación indebida del artículo 15 en relación con el 117 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 15: “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”. “Artículo 117: Es reo de asesinato, quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con premeditación conocida...” El Tribunal sentenciador estableció como verdades intangibles las siguientes: “PRIMERO: Que en fecha veintidós (22) de Marzo del año dos mil trece (2013), aproximadamente a las cinco de la tarde, en la Aldea La Unión de Praga, Jurisdicción del Municipio de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá, el señor M. A. F. I., luego de iniciar una discusión con los señores L., B. Y C. G. G., comenzaron a tirarle pedradas y de seguido recibió por parte de L. G. once heridas, de las cuales 7 fueron en su espalda, producidas por arma blanca (cuchillo), y las demás heridas producidas por objeto romo (piedra) que le produjeron instantáneamente su muerte; don M. A. en el ánimo de repeler el acometimiento, hizo uso de un arma de fuego que portaba, disparando contra sus provocadores. SEGUNDO: Que, en el mismo lugar y fecha, al momento de la detención del señor B. G., y al practicarle un registro se le encontró un arma de fuego calibre 38 y en una bolsa de su pantalón cinco envoltorios de papel periódico conteniendo hierba seca, que conforme al dictamen toxicológico de medicina forense resultó ser marihuana.” Al analizar el cuadro fáctico establecido por el Juzgador, se desprende claramente que todos los encausados agredieron al ahora occiso con el propósito de quitarle la vida, B. y C. lanzándole piedras que le ocasionaron golpes graves y el imputado L. G. le infirió siete heridas con puñal en la espalda, hasta el grado de dejarle la hoja introducida en su cuerpo, agresiones que le provocaron la muerte; asimismo, se evidencia de los hechos, que todos los enjuiciados intervinieron para causarle la muerte al señor M. A. F.. El juzgador ha referido en el numeral primero del acápite de la fundamentación jurídica: “…En base a la teoría de personalidad es necesario referirnos a la participación de los señores B. G. G. Y C. G. G., en el hecho criminoso sometido a enjuiciamiento, y que según la prueba ejecutada la misma se subsume en el tipo penal consignado en el artículo 117 numeral 1) en relación a los artículos 33 y 66 del Código Penal, es decir en delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, ya que según la teoría del dominio del hecho, la participación de estos imputados se produjo por actos anteriores, ya que según lo declarado por M. R. D. estos hombres en compañía de L. G. comenzaron a lanzar pedradas a M. A., logrando impactarle en su cuerpo, momento este que aprovechó L. G. para utilizar un arma punzo cortante para apuñalar en varias ocasiones al hoy occiso, haciéndolo con tal fuerza que produjo que la hoja de metal se quebrara y una parte de esta arma quedara incrustada en la espalda de M. A....”. La conducta descrita en los hechos probados establecidos por el ente jurisdiccional, permiten determinar que los imputados B. y C., ejecutaron todos los elementos del delito de Asesinato, por lo que, consecuentemente no puede catalogarse o enmarcarse como un delito Tentado como ha calificado el Juzgador en la fundamentación jurídica y parte resolutiva de la sentencia, pues la Tentativa de un delito se presenta cuando: “con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”. Elementos objetivos que no se desprenden del fáctum, en virtud que en el mismo se relata que, cuando L., B., C. y otra persona se encontraron en la aldea de La Unión de Praga del Municipio de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá, con el señor M. A. comenzaron a discutir, luego los enjuiciados le tiraron piedras a tal grado que junto con las heridas de arma blanca le ocasionaron la muerte; de manera que al examinar estos hechos no se evidencian actos inequívocos de ejecución del delito, ya que ellos actuaron atacando al ofendido, aportando su esfuerzo para lograr el resultado, aunque no hayan ocasionado las lesiones con efecto mortal. Conforme a las argumentaciones planteadas es que se logra determinar, que la sentencia proferida por el Tribunal juzgador, adolece de coherencia, que origina el vicio de Casación por Infracción de Ley por Aplicación Indebida, ya que los hechos probados describen claramente los elementos de un Asesinato Consumado por parte de los enjuiciados, sin embargo condenan por el ilícito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa; entonces, al realizar la subsunción típica del fáctum que el Tribunal de Sentencia consideró como verdad incuestionable, violenta por Aplicación Indebida el artículo 15 en relación con el 117 del Código Penal, tal como se ha dejado establecido. SEGUNDO MOTIVO: Infracción por Falta de Aplicación del artículo 14 en relación con el 117 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 14: El delito es consumado cuando en el concurren todos los elementos de su tipificación legal” “Artículo 117: Es reo de asesinato, quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con premeditación conocida...” Para dar inicio a nuestra argumentación consideramos necesario abordar que comprende el concepto de delito Consumado: Es la adecuación completa del acto delictivo, con el precepto o artículo que lo comprende e impone la pena. De los hechos probados que han sido transcritos en el motivo primero del presente recurso, se hace patente que el comportamiento de los encausados se subsume en el delito de Asesinato Consumado, pues atacaron al ahora occiso hasta quitarle la vida, B. y C. lanzándole piedras que le ocasionaron golpes graves y el imputado L. G. le infirió siete heridas con puñal en la espalda, hasta el grado de dejarle la hoja introducida en su cuerpo, agresiones que le provocaron la muerte, es decir, han participado en el ataque emprendido en contra del ofendido, que a la postre derivó en su muerte, de ahí, que realizaron todos los elementos del tipo penal en cuestión. Es importante referir, que la sentencia constituye un todo, en ese sentido la motivación fáctica, es decir, el relato de los hechos derivado de cada uno de los elementos de prueba allegados al juicio, debe tener correspondencia y armonía con la fundamentación jurídica, exigencia que no se cumple en el caso subjudice, en virtud de que a pesar que el fáctum comprende los elementos objetivos del delito de Asesinato en su Grado de Consumación, en la fundamentación jurídica establece que se trata de un Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, dictando una condena en ese sentido. Atendiendo las argumentaciones antes señaladas, es que concluimos que la sentencia proferida por el Tribunal, presenta incongruencia entre el cuadro fáctico y la parte resolutiva del fallo que se cuestiona a través de esta vía impugnativa, ya que al realizar la subsunción típica de los hechos que el Tribunal de Sentencia consideró como verdad incuestionable, violenta por Falta de Aplicación el artículo 14 en relación con el 117 del Código Penal, tal como se ha dejado establecido. TERCER MOTIVO: Infracción, por Aplicación indebida del artículo 33, párrafo primero del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 33: Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el Artículo anterior cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Si de las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino por un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar.” Para abordar el motivo atinente a la participación de los acusados B. G. Y C. G. efectuaremos la transcripción de los hechos que el Tribunal ha declarado probados: “PRIMERO: Que en fecha veintidós (22) de Marzo del año dos mil trece (2013), aproximadamente a las cinco de la tarde, en la Aldea La Unión de Praga, Jurisdicción del Municipio de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá, el señor M. A. F. I., luego de iniciar una discusión con los señores L., B. Y C. G. G., comenzaron a tirarle pedradas y de seguido recibió por parte de L. G. once heridas, de las cuales 7 fueron en su espalda, producidas por arma blanca (cuchillo), y las demás heridas producidas por objeto romo (piedra) que le produjeron instantáneamente su muerte; don M. A. en el ánimo de repeler el acometimiento, hizo uso de un arma de fuego que portaba, disparando contra sus provocadores. SEGUNDO: Que, en el mismo lugar y fecha, al momento de la detención del señor B. G., y al practicarle un registro se le encontró un arma de fuego calibre 38 y en una bolsa de su pantalón cinco envoltorios de papel periódico conteniendo hierba seca, que conforme al dictamen toxicológico de medicina forense resultó ser marihuana.” Al examinar el fáctum establecido por el Juzgador, se desprende claramente que todos los encausados agredieron al ahora occiso con el propósito de quitarle la vida, B. y C. lanzándole piedras que le ocasionaron golpes graves y el imputado L. G. le infirió siete heridas con puñal en la espalda, hasta el grado de dejarle la hoja introducida en su cuerpo, agresiones que le provocaron la muerte; asimismo, se evidencia de los hechos, que todos los enjuiciados realizaron conductas tendientes a causarle la muerte al señor M. A. F.. El Tribunal ha referido en el numeral primero del acápite de la fundamentación jurídica: en relación a la participación de los imputados lo siguiente: “…que según la teoría del dominio del hecho, la participación de estos imputados se produjo por actos anteriores, ya que según lo declarado por M. R. D. estos hombres en compañía de L. G. comenzaron a lanzar pedradas a M. A., logrando impactarle en su cuerpo, momento este que aprovechó L. G. para utilizar un arma punzo cortante para apuñalar en varias ocasiones al hoy occiso, haciéndolo con tal fuerza que produjo que la hoja de metal se quebrara y una parte de esta arma quedara incrustada en la espalda de M. A....” (Lo resaltado es nuestro). Resulta innegable, que la conducta descrita en los hechos probados establecidos por el ente jurisdiccional, permiten determinar que los imputados B. y C., participaron como autores en el delito de Asesinato, pues cooperaron en la ejecución del mismo; consecuentemente, no puede catalogarse o enmarcarse su actuar como cómplices, como erróneamente lo ha establecido el Tribunal en la fundamentación jurídica supra indicada, al señalar que lanzar piedras sobre la humanidad de la víctima para cooperar con el encausado L. G. hasta quitarle la vida es un acto anterior, cuando está claramente expresado en el cuadro fáctico que atacaron al ofendido de manera conjunta y todo el ataque constituyó una sola agresión. Esta calificación de cómplice que le ha otorgado el Tribunal a los señores B. G. G. Y C. G. G., es lo que genera el vicio de Casación por Infracción de ley, en su hipótesis de Aplicación Indebida, específicamente del artículo 33 de la normativa penal sustantiva, en virtud que no resulta aplicable para la decisión del caso subjudice. CUARTO MOTIVO: Infracción por Falta de Aplicación del artículo 32 en relación al artículo 117 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Los preceptos penales de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 32: Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. El Tribunal Sentenciador en el apartado primero de la fundamentación jurídica, estableció que la participación de los encartados B. y C. G. G., se subsume en el tipo penal consignado en el artículo 117 numeral 1 en relación a los artículos 33 y 66 del Código Penal; siendo este punto donde nace nuestro reproche casacional, pues tal como está redactado el cuadro fáctico, específicamente el hecho primero, claramente se logra inferir que dichos encartados tomaron participación directa en los hechos, ya que en la aldea la Unión de Praga al encontrarse con el ofendido los tres imputados, tuvieron una discusión con el mismo, luego éstos procedieron a apedrearlo y luego L. con un puñal le infirió varias heridas en su espalda; golpes y heridas que le ocasionaron instantáneamente la muerte, constituyendo el accionar de estos enjuiciados, una autoría en un delito consumado, pues cooperaron de manera activa y efectiva en la realización del mismo en mutuo acuerdo con L. G.. Mir Puig, conceptualiza la coautoría en los siguientes términos: “Son coautores los que realizan conjuntamente y de mutuo acuerdo un hecho. Los coautores son autores porque cometen el delito entre todos. Los coautores se reparten la realización del tipo de autoría. Como ninguno de ellos por sí solo realiza completamente el hecho, no puede considerarse a ninguno partícipe del hecho de otro. No rige, pues, aquí el “principio de accesoriedad de la participación”. Aplicando lo supra indicado al caso subjudice se logra establecer, que si bien es cierto, del fáctum no se desprende que los acusados le propinaron las heridas con puñal al ofendido, si se torna evidente de dicho relato, que éstos ejecutaron actos propios de un plan común, orientado a provocar la muerte del señor M. A. F. I., ya que todos ellos al verlo, comenzaron a discutir con él, para luego apedrearlo lo que le provocó varias heridas, procediendo L. G. a inferirle siete heridas con su puñal en la espalda, que junto con las heridas producidas por las piedras, le provocaron instantáneamente la muerte, por lo que estimamos que los señores B. y C. desde el punto de vista penal resultan responsables de dicha acción a título de autores de un delito de Asesinato Consumado. Resulta relevante referir, que La Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido en relación a los coautores: “De lo anterior se desprende que efectivamente el acusado junto a sus acompañantes, tenían el dominio del hecho, existió un previo acuerdo o comunidad de voluntades, en el que cada uno de los actores desempeña papel distinto e Indispensable en el accionar delictivo acordado. No es necesario que el cuadro fáctico describa en forma expresa la palabra acuerdo previo, que vincule el accionar de un grupo de personas, sino basta que, en la descripción probada de lo acontecido, claramente se derive, como en el presente caso, que entre dichas personas efectivamente prevaleció un solo plan de acción, indicador de una misma voluntad delictiva” (ver sentencia SP-47-2007). En el presente caso, es claro que las acciones ejecutadas por los señores B. y C. G. fueron realizadas en conjunto con L. G., ya que todos actuaron con pleno dominio funcional del hecho, por lo que el vicio señalado por este ente fiscal es procedente, en virtud, que conforme al cuadro fáctico del fallo ahora recurrido, debió de condenarse a los señores B. y C. G. por el delito de Asesinato y no por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, ya que los imputados tomaron participación directa en el hecho objeto de enjuiciamiento. Es por ello, que al realizar la subsunción típica de los hechos que el Juzgador consideró como verdad intangible, violenta por Falta de aplicación el artículo 32 en relación al artículo 117 del Código Penal.” Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: Motivación Jurídica Insuficiente PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 3) del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Abordaremos este motivo exponiendo que la sentencia contiene motivación jurídica insuficiente, cuando no se exponen con suficiencia los argumentos jurídicos sobre cuestiones fundamentales de la causa que justifiquen la decisión del sentenciador, situación que concurre en el caso subjudice, pues al revisar el fallo proferido por el juzgador, observamos que no expone cuales son las razones que ha considerado para condenar a los imputados por la comisión del ilícito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, pues únicamente ha expuesto en el apartado de fundamentación jurídica: “...En base a la teoría de personalidad es necesario referirnos a la participación de los señores B. G. G. Y C. G. G., en el hecho criminoso sometido a enjuiciamiento, y que según la prueba ejecutada la misma se subsume en el tipo penal consignado en el artículo 117 numeral 1) en relación a los artículos 33 y 66 del Código Penal, es decir en delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, ya que según la teoría del dominio del hecho, la participación de estos imputados se produjo por actos anteriores, ya que según lo declarado por M. R. D. estos hombres en compañía de L. G. comenzaron a lanzar pedradas a M. A., logrando impactarle en su cuerpo, momento éste que aprovechó L. G. para utilizar un arma punzo cortante para apuñalar en varias ocasiones al hoy occiso, haciéndolo con tal fuerza que produjo que la hoja de metal se quebrara y una parte de esta arma quedara incrustada en la espalda de M. A....“. La obligación de sustentar y motivar las decisiones judiciales es vital en el ejercicio de la función jurisdiccional, la necesidad de justificar las decisiones judiciales garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del sentenciador la que defina el conflicto jurídico, en este sentido, la motivación de los actos jurisdiccionales, pueden ser vistos como un componente que refuerza el contenido mínimo del debido proceso, dado que constituye una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la providencia, lo que no ocurre en el caso en estudio, pues al exponer el juzgador solamente que condena a los encartados por la comisión del ilícito penal de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, sin explicar las razones que lo llevaron a tal conclusión, ni desarrollar de qué manera concurren los elementos del artículo 15 del Código Penal que regula la figura de la Tentativa, haciendo únicamente alusión a teorías que ni siquiera explica con claridad, porque resultan aplicables en la decisión del presente caso, omisión que provoca un perjuicio a las partes y genera límites al adecuado uso de la vía recursiva. En relación a la motivación, C. B., basándose en una sentencia del TC Español dice que “... la finalidad de la motivación en un Estado democrático de Derecho legítima la función jurisdiccional y, es múltiple ya que: 1. Permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública, cumpliendo así con el requisito de publicidad. 2. Logra el convencimiento de las partes, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el porqué concreto de la resolución. 3. Permite la efectividad de los recursos. 4. Pone de manifiesto la vinculación del Juez a la ley. No basta el simple encaje de los hechos en la norma, porque las razones de la decisión pueden seguir manteniéndose desconocidas, sino que hay que precisar porque encajan”. La Sala de lo Penal de la Corte de Suprema de Justicia hondureña, ha definido la motivación como “la exposición de las razones de hecho y de derecho que justifiquen la decisión.” Esto es, la exteriorización del porqué de las conclusiones de hecho y de derecho que justifican la decisión… Una sociedad moderna, donde los individuos no se conforman con una apelación a la autoridad, sino que exigen razones, la justificación o motivación de las decisiones tiene que verse, no ya como una exigencia técnica sino como el fundamento mismo de la legitimidad de los jueces. Entendida como instrumento para evitar la arbitrariedad de poder… Al conocer las razones por las que tomó su decisión, la parte perjudicada con el fallo, estará en condiciones para intentar rebatirlas al recurrirlo, haciendo uso de los remedios procesales que la ley ofrece”. (Sentencia CP-258-2008). Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” V. FUNDAMENTACIÓN 1) DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal analiza que los cuatro motivos de casación por Infracción de Ley interpuestos por el ente acusador se encuentran íntimamente ligados y relacionados, pues todos refieren a la fundamentación fáctica (Hechos Probados) de la Sentencia y a su confrontación de éstos con las normas penales utilizadas por el A-quo, por lo que, para mantener la logicidad de la Sentencia Penal serán resueltos en un mismo apartado. 1.a) MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 15 en relación 117 del Código Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del artículo 15 referente al delito tentado en relación al artículo 117 que contiene el delito de asesinato. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor. Pretensión: Que se condene a todos los acusados por un delito de Asesinato consumado. SEGUNDO MOTIVO Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 14 en relación 117 del Código Penal. Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del artículo 14 referente al delito consumado en relación al artículo 117 que contiene el delito de asesinato. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor. Pretensión: Que se condene a todos los acusados por un delito de Asesinato consumado. TERCER MOTIVO Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 33 párrafo primero del Código Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del artículo 33 párrafo primero del Código Penal referente a la complicidad. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor. Pretensión: Que se condene a todos los acusados como autores de un delito de asesinato. CUARTO MOTIVO Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 32 en relación al 117 ambos del Código Penal. Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del artículo 32 párrafo primero del Código Penal referente a los autores del delito. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor. Pretensión: Que se condene a todos los acusados como autores de un delito de asesinato. 1.b) DEL DELITO DE ASESINATO POR ALEVOSÍA. En virtud que mediante el recurso impetrado se demanda la revisión del cuadro fáctico declarado como probado, para luego ser confrontado con el tipo penal utilizado por el A-quo, consideramos necesario establecer los requisitos que deben considerarse para determinar la existencia de un delito de asesinato. De acuerdo con el artículo 117 del Código Penal: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía; 2. Con premeditación conocida; 3. Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; 4. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad”. Como se ve, el código penal tipifica el asesinato como delito autónomo, después del de homicidio, mediante la enumeración de una serie de circunstancias escogidas del copioso elenco de las agravantes del artículo 27 del mismo cuerpo legal. Tales circunstancias no son meras agravantes genéricas, sino elementos constitutivos del delito, bastando la concurrencia de una sola para que pueda calificarse de asesinato. Ahora bien, puede suceder que en la muerte de una persona concurran varias de las circunstancias del artículo 117. En tal caso, cualquiera de ellas puede tomarse para calificar esa muerte. El bien jurídico protegido es la vida humana, derecho inviolable de todas las personas (La vida humana independiente); referente a los sujetos, activo y pasivo del tipo básico, cualquier persona puede ser autor o víctima del delito de asesinato, sin más limitación que las derivadas del concurso de leyes. En cuanto a la causalidad, es necesario que medie una relación de causa y efecto entre la conducta del agente y el resultado muerte. El delito de asesinato admite una forma de imputación subjetiva: el dolo, es decir el ánimo o intención de matar (Animus necandi) es un elemento subjetivo del injusto, inaccesible si no es a partir de los actos de carácter objetivo que exteriorizan tal intención; dicho ánimo debe cumplirse a través las agravantes que establece el mismo artículo 117. En el actual Código Penal la figura de la alevosía se regula dentro de las agravantes genéricas que establece el artículo 27, estableciéndose así en el numeral 2) la circunstancia agravante de ejecutar el hecho con alevosía, y definiéndose: “Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida, y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarlas, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido”. En la referida definición se exige que el autor del delito haya elegido o utilizado los medios, modos o formas de ejecución con la finalidad precisa de asegurar el resultado delictivo y además buscando evitar los riesgos provenientes de una posible defensa de la víctima, no se trata de que necesariamente se hayan elegido determinados medios o formas de ejecución con la finalidad de evitar la defensa de la víctima, sino que, será suficiente con haber utilizado los medios o formas de ejecución que permitan la imposibilidad de la defensa de la víctima. Para que la circunstancia agravante pueda concurrir, necesariamente la realización del hecho deberá suceder empleando medios, modos o formas que tiendan directa y particularmente al aseguramiento del resultado sin riesgo de defensa de parte de la víctima. Como explica ARIAS EIBE, no habrá lugar a apreciar tal circunstancia cuando concurra una previa agresión por parte del ofendido, ni una defensa activa por parte del mismo, del mismo modo que cuando el agente avisa al agredido de su propósito de ataque o éste tenía motivos sobrados para sospechar un ataque inminente; sin embargo, la mera concurrencia de una defensa pasiva autoprotección o defensa dentro del marco del instinto de conservación por parte de la víctima no impedirá la apreciación de esta circunstancia. No obstante, lo dicho, la alevosía no podrá excluirse simplemente porque la victima haya tenido conocimiento de que exista una posibilidad de agresión por parte del autor ni tampoco cuando el agredido tenía alguna posibilidad de defensa, ya que cuando el atacante utiliza un arma de fuego frente a una persona desarmada, tal posibilidad es meramente ilusoria. Normativamente, la alevosía se regula en relación a los delitos contra la vida de las personas y la integridad corporal, por la naturaleza misma de la agravante debe entenderse delitos contra la vida independiente, siendo ya en la parte especial del Código Penal (Artículo 117 numeral 1), que la alevosía se regula para calificar el delito de homicidio como asesinato, en consecuencia, la agravante de alevosía deja de ser genérica y se regula específicamente como elemento normativo de la configuración del asesinato. La alevosía se ha considerado como una acción ejecutada a traición. Como señala DE DIEGO DIEZ, La alevosía se nos presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental aparte del aseguramiento de la ejecución es el aprovechamiento de una situación de indefensión y la falta por ello de riesgo para el sujeto activo al cometer su acción. El fundamento de la agravante se da en razón de considerar que el homicidio con alevosía supone un mayor desvalor del acto. Se reprocha que se busque dar muerte a la víctima con deslealtad al matar, cuando se encuentra en estado de indefensión. La mayor gravedad del hecho aparece en la ejecución insidiosa y clandestina del mismo. Es la facilidad y aseguramiento en la ejecución del hecho lo que agravara la conducta. Representando la alevosía una mayor gravedad del injusto, pues representa un determinado y grave desvalor de la acción realizada, que se manifiesta en el resultado asegurado al ejecutarse con medios o formas que impiden la posibilidad de la defensa por parte de la víctima. En cuanto a los medios, formas o modos de ejecución que se pueden emplear, normativamente no se describen las mismas, correspondiendo al juzgador el análisis de cada caso en particular, debiéndose valorar de acuerdo a las particularidades del hecho acaecido la adecuación de un hecho alevoso[1]. 1.b) CONCEPTO DE AUTOR. LOS TIPOS DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN. Dos de los motivos que plantea el recurrente, refieren a que el Juzgador erró al determinar la participación de los imputados en el hecho acusado, por lo que consideramos necesario establecer los parámetros que este Tribunal de Casación considera para determinar la autoría y la participación en un delito.
El verdadero autor de un hecho seria en efecto, aquél que lo realiza y del que se puede afirmar que es suyo[2]. Para establecer quien actúa como autor y quien, como partícipe, la doctrina ha establecido varias teorías que intentan determinar cuando se es autor de un delito y cuando es un mero cómplice; así las cosas, encontramos una Teoría muy usada en nuestra jurisprudencia denominada la Teoría del Dominio del Hecho. Dice Santiago Mir que esta Teoría constituye la opinión dominante en la doctrina alemana actual. Tiene su origen en el finalismo y en su tesis de que en los delitos dolosos es autor quien domina finalmente la ejecución del hecho del mismo modo que ve lo decisivo de la acción en el control final del hecho. Maurach resume el sentido de la teoría diciendo que es autor, porque tiene el dominio del hecho, quien tiene dolosamente en sus manos el curso del suceder típico. Para Jescheck esta teoría tiene las siguientes consecuencias: i. Siempre es autor quien ejecuta por su propia mano todos los elementos del tipo; ii. Es autor quien ejecutara el hecho utilizando a otro como instrumento (autoría mediata); iii. Es autor el coautor que realiza una parte necesaria de la ejecución del plan global (dominio funcional del hecho)[3]. El Código Penal vigente establece en su artículo 32 que se consideran autores, “A quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. Reconociéndose expresamente en nuestra legislación al llamado “Cooperador Necesario” como una forma de autoría. Es entendido que el llamado cooperador necesario debe aportar una condición “sine qua non” a la ejecución del delito, o sea una circunstancia que, de no haberse proporcionado, no se hubiera dado la realización del tipo penal. Si partiendo de éstos últimos argumentos y recurrimos a lo que la doctrina en materia de delimitación entre Cooperación Necesaria y la Complicidad conoce como “La Teoría de los Bienes Escasos”, comprendiendo la misma que, si lo que aporta el autor es -según las circunstancias- un bien escaso, el partícipe será cooperador necesario, pero si lo aportado es, en esas circunstancias, un bien abundante, habrá complicidad. 1. c) DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. LOS MOTIVO SON PARCIALMENTE DE RECIBO. Al presentarse un recurso de casación por infracción de ley, se abre la posibilidad que este Tribunal de Casación revise los hechos probados y determine si el tipo penal que utilizó el Sentenciador es correcto o no, incluso se le otorga la facultad a esta Sala de lo Penal, para que, tomando como base ese cuadro fáctico, pueda encontrar la norma penal que encaja y sea armónica. En el caso de autos este Supremo Tribunal no comparte la posición de la parte recurrente al considerar que en los hechos probados se conforman los elementos objetivos de un delito de Asesinato por alevosía y esto es así pues en ellos se relata, que primero todo inicia con una discusión entre los acusados y el ofendido, es decir los sucesos no revelan que haya existido un plan preconcebido por los acusados para que ese día le quitaran la vida al señor M. A. F. I., sino que el altercado se da circunstancialmente; continúan diciendo los hechos que los imputados L., B. y C. todos de apellidos G. G., comenzaron a tirarle piedras al señor F. I. y en ese momento el señor L. G. le hace en su espalda 7 heridas producidas por arman blanca (Cuchillo); el hecho que las heridas se hayan provocado en la espalda no significa necesariamente que sea un elemento para considerarlo como asesinato, puesto que debemos observar la dinámica de los acontecimientos, ya que el ofendido está siendo atacado por tres personas quienes le tiran piedras, es lógico pensar que haya existido movilidad del ofendido y de sus agresores; continúan diciendo los hechos que don M. A. (Ofendido) en el ánimo de repeler el acometimiento, hace uso del arma de fuego que portaba y dispara contra los acusados; este último elemento que afirma el cuadro fáctico, termina de establecer que en el presente caso no se dan los elementos para considerar la existencia de la alevosía, puesto que, tal como lo estudiamos en el apartado anterior, en la alevosía se pretende la muerte de la víctima de manera desleal y cuando se encuentre en estado de indefensión, pues lo más grave que ocurre es el hecho que se ejecuta de manera traidora y secreta, de forma tal que los ejecutores actúan con medios o formas que impiden la posibilidad de la defensa por parte de la víctima; pero en el caso subjudice el señor M. A. F. I. no fue ejecutado de manera traicionera u oculta, puesto que fue consumado en plena vía pública e iniciando todo con una discusión entre los actores. En ese orden de ideas y tal como están redactados los hechos probados, esta Sala de lo Penal no encuentra los elementos objetivos para encuadrar las acciones de los acusados L., B. y C. todos de apellidos G. G. en un delito de Asesinato, pero es un hecho que los encartados L. y B. cooperaron fundamentalmente con el señor L. G. G., en vedar la vida del señor M. A. F. I., puesto que al comenzar a tirarle piedras hicieron que sus capacidades disminuyeran, momento en el cual fue aprovechado por el imputado L. G. G. para asestarle 7 heridas con arma blanca misma que le produjeron la muerte. Para la Sala de lo Penal los sucesos redactados por el A-quo encajan de manera perfecta en un delito de homicidio simple, regulado en el artículo 116 del Código Penal, pues la dinámica de los hechos nos demuestran que los imputados L., B. y C. todos de apellidos G. G., luego de una discusión previa dieron muerte al señor M. A. F. I., esto en virtud que se produce una virtual comunidad de intenciones o de voluntades, entre los imputados B. y C. de apellidos G. G. y el ejecutor material del hecho L. G. G., cooperación que consiste en tirar pedradas al ofendido para disminuir su capacidad de reacción y lograr que aquél (L.) le quitara la vida, aporte fáctico esencial y determinante para que se produjera el resultado fatal producido. En cuanto al grado de participación, el señor L. G. G. se constituye en el autor directo de la muerte del ofendido M. A. F. I. y los imputados B. y C. al haber participado de manera fundamental para asegurar la muerte del ofendido, deben responder como cooperadores necesarios, cuya pena es igual que la de los autores. Para la determinación de la pena concreta a imponer, debe tomarse en cuenta lo regulado en el artículo 69 del Código Penal, en relación a las agravantes, antecedentes personales, a la mayor o menor peligrosidad; este Tribunal de Casación y conforme a la dinámica en que sucedieron los hechos, encuentran circunstancias agravantes que deban considerarse, por ejemplo realizar el hecho en cuadrilla, que la doctrina ya ha establecido que son más de tres sujetos los que participan activamente en el delito; de igual forma esta Sala de lo Penal considera a los acusados altamente peligrosos, pues al utilizar piedras para cometer su delito hicieron que el ofendido tuviera una capacidad de respuesta menor: por último consideramos que, el hecho de haber vedado de la vida al señor M. A. F. I. en presencia de su esposa, hace que el delito sean aún más execrable, por lo que debe imponerse a cada uno de los acusados la pena máxima del delito de homicidio simple. Esta Sala de lo Penal no se pronuncia sobre el motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el ente fiscal, toda vez que ha declarado parcialmente ha lugar los motivos de casación por infracción de ley. Se hace un fuerte llamado de atención a los Jueces de Sentencia: A. D. E., V. A. C. P. y J. J. A., para que en próximos fallos se tomen los correctivos necesarios para conformar hechos probados adecuados a las normas penales establecidas, pues no es posible condenar a un acusado como autor de un delito de asesinato y luego condenar a otros dos imputados por los mismos hechos y en perjuicio del mismo ofendido, pero catalogándolo como asesinatos tentados, ya que ambas resoluciones son contradictorias y restan logicidad a la Sentencia. V. DECISIÓN Declarar parcialmente ha lugar los motivos de casación por infracción de ley interpuestos por el Ministerio Público. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 339, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 32, 116 del Código Penal. FALLA: PRIMERO: Declara PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus cuatro motivos interpuestos por la Abogada E. A. A., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra los señores L., B. y C. todos de apellidos G. G.. SEGUNDO: Revocar parcialmente la sentencia de fecha veintisiete (27) de junio del dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua. TERCERO: Casa parcialmente la sentencia recurrida en el sentido siguiente: 1) Condena al señor L. G. G., a título de autor directo (Artículo 32 del Código Penal) por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de M. A. F. I., a la pena de Veinte (20) años de Reclusión, la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Comayagua, departamento de Comayagua. Imponer además las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarando la responsabilidad civil del condenado por este delito. 2) Condena al señor C. G. G., a título de autor (Cooperador necesario, artículo 32 del Código Penal) por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de M. A. F. I., a la pena de Veinte (20) años de Reclusión, la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Comayagua, departamento de Comayagua. Imponer además las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarando la responsabilidad civil del condenado por este delito. 3) Condena al señor B. G. G., a título de autor (Cooperador necesario, artículo 32 del Código Penal) por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de M. A. F. I., a la pena de Veinte (20) años de reclusión, la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Comayagua, departamento de Comayagua. Imponer además las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarando la responsabilidad civil del condenado por este delito. 4) Se mantiene incólume la sentencia en cuanto a la condena del señor B. G. G., del delito de Posesión de Sustancias Básicas que producen dependencia, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; así como en sus demás pronunciamientos y resoluciones. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- Firma y Sello.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. JOSE RAMON CRUZ FERRERA.- Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-434-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Calix Hernández, Jacobo. La Alevosía. Dogmatica Penal y Jurisprudencia. Revista de Derecho Volumen 36. Año 2015. Páginas 21-27
[2] Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 8° Edición. Editorial IB de F, Montevideo-Buenos Aires. Año 2009. Página 368
[3] Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 8° Edición. Editorial IB de F, Montevideo-Buenos Aires. Año 2009. Página 374