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Sentencia CP-433-14 — Registro 11054

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por el delito de homicidio simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Analizados los argumentos del Censor, esta Sala de lo Penal advierte que el derecho a la presunción de inocencia, que goza toda persona sometida a proceso penal y consignado en el artículo 89 de nuestra Constitución de la República, fue debidamente enervado con el legajo probatorio allegado al juicio. Encontramos en la Sentencia recurrida, en el acápite “Valoración de la Prueba” numeral uno, el razonamiento del Juez A-quo sobre la declaración del testigo D. V. M., quien afirmó: “…que observó cuando V. le tiró un machetazo en el pescuezo a J.…” esta conclusión la deriva el Sentenciador a través de la inmediación que posee y de la cual se carece en esta etapa casacional y si bien el acta de debate no refiere exactamente esa circunstancia, no significa que el testigo no se haya referido en esos términos, pues recordemos que el acta de debate es un resumen de las principales incidencias del mismo. Si se analiza esta declaración, que es un testigo presencial de los hechos, con las deposiciones de los testigos M.A. M.G., M. A.Z.G., éstos últimos testigos referenciales, concluimos que sus testimonios son contestes y coherentes acerca de cómo sucedieron los hechos, qué era lo que se celebraba en el pueblo, la hora aproximada del suceso, así como la persona que se señalaba como responsable de los hechos suscitados en el lugar. Por la dinámica de dónde suceden los hechos, que es una feria patronal, de un pueblo con poca población, es lógico deducir que las personas se dan cuenta de los acontecimientos suscitados en esas fiestas; ahora bien, lo interesante de los testigos cuestionados por la defensa, es que son concordantes en sus dichos, manifestaciones y contestes en establecer a qué persona responsabilizaban de la muerte del ofendido J.I.O., estas declaraciones, más la del testigo presencial D. V.M. hicieron que el Tribunal derivara la responsabilidad del acusado en los hechos investigados, todo lo cual hace que el Estado de Inocencia se haya desvanecido con prueba suficiente; razones para desestimar el presente recurso de casación...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.

Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 433-2014 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor V. M. R. C., a la pena de Quince (15) años de reclusión por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de J. I.O., asimismo lo condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. 2) Declaró la responsabilidad civil de dicho imputado. 3) No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado J. C. M. en su condición de Defensor Público del señor V.M. R.C. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado A. A. G. A. en su condición de Defensor Público del imputado como parte recurrente y la Abogada D. E. R. C. en su calidad de Fiscal del Ministerio Público como recurrida. II. Hechos Probados PRIMERO: A eso de las dos (2:00 AM) de la mañana (madrugada), del día dieciséis de (16) de Octubre del año dos mil catorce (2014), en la Aldea San Rafael, jurisdicción del Municipio de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá, fecha en la que se celebraba la feria patronal de aquel lugar, en el curso de la cual y precisamente a inmediaciones de una cancha da futbolito del Centro Básico conocido como “CRUTA” el señor V.M.R. C., quien sin motivo probado alguno y en presencia de varias personas, haciendo uso de un machete que portaba le propinó una herida en la región del cuello del señor J. I. O., quien a consecuencia de tal trauma seguidamente perdió la vida. III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: Violación del artículo 89 de la Constitución de la República en relación a los artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 02 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. La Norma Constitucional que se invocan como infringida es el artículo 89 que relata: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Dicha norma Constitucional en relación a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2 que instituye: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. De igual forma el Código Procesal Penal en su artículo 2 relata: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano Jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.” PRIMERO. De lo anterior se desprende que es una obligación del Estado y especialmente de los Tribunales que imparten Justicia en un Proceso Penal, el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho; el ser condenado por puras sospechas, es decir sin contar con pruebas, constituye una flagrante vulneración a la PRESUNCION DE INOCENCIA.- Resulta Honorable Sala Penal, que la Fiscalía del Ministerio Público durante todo el proceso, presentó un listado de pruebas, pero con ninguna de ellas se puede acreditar de forma directa la participación de nuestro representado V. M. R. C. en el delito de Homicidio Simple; las pruebas presentadas constituyen meras sospechas, dudas y verdades a medias con las cuales no puede enervarse el Estado de Inocencia de mi representado. SEGUNDO: Resulta Honorable Tribunal de Casación, que mi representado fue condenado por un delito de Homicidio Simple sin existir prueba contundente de su participación, solamente indicios aislados que no tuvieron soporte en ninguna otra prueba, indicios éstos que no nos lleven a la conclusión que, en efecto mi representado haya participado en los hechos sometidos a juzgamiento. Según la declaración de los hechos probados que emitió el Tribunal Sentenciador, estableció que: PRIMERO: A eso de las dos (2:00 AM) de la mañana (madrugada), del día dieciséis de octubre del año dos mil catorce (2014), en la Aldea San Rafael, jurisdicción del Municipio Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá, fecha en que se celebraba la feria patronal de aquél lugar, en el curso de la cual y precisamente a inmediaciones de una cancha de futbolito del centro básico conocido como “CRUTA” el señor V. M. R. C., quien sin motivo probado alguno y en presencia de varias personas, haciendo uso de un machete que portaba le propinó una herida en la región del cuello del señor J. I. O., quien a consecuencia de tal trauma seguidamente perdió la vida.- Por consiguiente siendo así ante tales hechos Probados deben existir pruebas que confirmen o respalden los mismos, en el caso sub udice, toda la prueba propuesta y evacuada en juicio no logró acreditar fehacientemente que hayan visto a mi representado asestarle un machetazo al ofendido J. I. O., sino que solamente se limitaron a decir que toda la gente decía que quien había sido era V. M. R., pero ellos por sus propios sentidos no pudieron apreciarlo, llevándonos solamente a sospechas, dudas y verdades a medias que haya sido nuestro representado, que por sí solas no pueden enervar el Estado de Inocencia de V. M.R.C.. Durante el desarrollo del juicio oral y público, se evacuaron las siguientes pruebas de la Acusación a propuesta del Ministerio Público: 1) D. V. M., quien estaba presente el día del hecho en que agredieron al ofendido J. I., más sin embargo refirió en su declaración que eran tres personas con las que él discutía pero que no miró quién lo agredió, preguntándole el Fiscal que quienes andaban machete, a lo que el testigo respondió que M .y V., a lo que el Fiscal le pregunta: dice que le dieron un machetazo a J., quién se lo da, contestando el testigo yo como le digo en lo que doy la vuelta todo el mundo gritó M. fue.- Observándose a todas luces que aun siendo testigo presencial no vio quien fue la persona que le dio el machetazo al ofendido J. I., limitándose a decir que la gente decía M. fue.- 2). M. A. M., quien refirió en su declaración que el día que sucedió el caso había una actividad bailable y que en esa fecha en ese momento del caso él iba para su barrio con su familia de dicha actividad, que por la acera de la casa de F. estaba sentado con su esposa esperando a sus hijos que estaban comprando frescos y que cuando estaban sentados que la bulla era que había un herido arriba y yo pues nos levantamos cuando llegaron los cipotes con los frescos y nos fuimos a ver que era y entonces cuando subimos ya el muchacho estaba muerto, estuvimos viendo quien era. De tal declaración se desprende que el mismo no vio nada sobre el hecho que se investiga.- 3) M. A. Z. G., (Auxiliar de San Rafael Jesé de Otoro), que cuando estaba en el orden de la fiesta adentro, salió afuera unos segundos a respirar aire a la cancha de futbolito y cuando iba para dentro iba entrando a la puerta cuando le dice la gente que hay un golpeado y se regresa y va a investigar y vino y preguntó a la demás frente quien era el golpeado que él no lo conocía, y le dijeron que era J., que en ese momento andaba la patrulla de Jesús de Otoro cuando vieron de que era un muerto ellos actuaron y siguieron a cierta parte y luego regresaron y recogieron el cuerpo lo treparon a la paila del carro y cuando vieron que estaba muerto lo bajaron de vuelta y lo dijeron a periciar. Si observamos esta declaración tampoco nos dice nada que él haya visto quien o quienes hayan herido al ofendido J. I.. Por último consta la declaración de 4) E.C. M., quién en su deposición dijo que él juraba ante Dios decir la verdad, que él en esa noche que hubieron los hechos no salió porque sinceramente estaba ebrio no se dio cuenta cuando ya amaneció, otro día fue la noticia que había un difunto, pero que él esa noche no salió, no podía decir si porque no miró absolutamente nada. Todas y cada una de estas pruebas, no acreditaron de forma alguna que el señor V. M. R. C., haya participado en los hechos por los cuales fue condenado; al no contar con esas pruebas corroborativas y lo único que existe en su contra es la deposición de cuatro (4) testigos de cargo que se presentaron a juicio y que sus dichos no revelan quien fue la persona que dio el machetazo al ofendido J., limitándose a decir que la gente decía que había sido V. M., declaraciones estas que por si solas no pueden enervar el Estado de Inocencia del imputado ya que constituye una mera sospecha. TERCERO: En conclusión Honorables Magistrados de la Sala Penal, las pruebas presentadas en el juicio oral y público son abundantes, pero ninguna es una prueba directa de la participación de nuestro representado V. M. R. C. en el delito de Homicidio Simple, las pruebas presentadas no incriminan a mi representado y no puede condenarse a una persona por Sospechas, Dudas o Verdades a Medias, además no se presentó en el debate, alguna prueba directa que acreditara que nuestro representado haya asestado el machetazo al ofendido J. y con eso haberle causado la muerte, como se dijo antes lo que existe son meras sospechas que por sí solas no desvirtúan el Estado de Inocencia de nuestro patrocinado. La jurista española María Félix Tena Aragón en su obra “MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL”(De Honduras) páginas 34 y 61, nos habla un poco acerca del Derecho a la “PRESUNCION DE INOCENCIA” y nos relata: “Este derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida. Por tanto, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya prueba de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado.” Tal como lo afirma la jurista María Félix, se entenderá vulnerado la Presunción de Inocencia cuando se condene sin prueba de cargo válida, entendiéndose por ésta, entre otras, cuando el razonamiento del juez sea ilógico o insuficiente, tal como ocurre en el caso subjudice en donde el Juez ha valorado prueba que no indica como responsable a mi representado. La Jurista Tena Aragón en su página 61 de la obra antes citada sigue ilustrándonos y nos dice: “La significación preponderante de la presunción de inocencia afecta a las exigencias respecto a la prueba, necesarias para que pueda hacerse una válida declaración de culpabilidad. Se infringe la presunción de inocencia cuando, sin que se pruebe, legal y previamente, la culpabilidad de un acusado, se refleja en una resolución judicial que le afecta el sentir de que es culpable.” Tal es el caso de nuestro patrocinado, que fue condenada con pruebas que arriban a meras sospechas, ya que nunca se acreditó de manera contundente y mediante la documentación legal, que acreditara sin lugar a dudas su participación en el Homicidio Simple de J. I. O., en ese orden de ideas podemos concluir que el Tribunal Sentenciador infringió gravemente el Derecho a la PRESUNCION DE INOCENCIA, y que la única forma de enmendarlo es declarando con lugar el presente recurso de casación, dictando la SENTENCIA ABSOLUTORIA que corresponde.” IV. Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación; al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma Constitucional que se denuncia Infringida: 89 de la Constitución de la República, en relación al artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Concepto de la Infracción: Violación a la presunción de inocencia. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor. Pretensión: Que se declare con lugar el Recurso de Casación y se dicte una Sentencia absolutoria. Explicó el recurrente que de la prueba de cargo presentada por el ente acusador, no es posible determinar la participación del imputado V.M. R. C. en la muerte del ahora ofendido, pues los testigos se limitaron a establecer que la gente decía que el responsable era V.M., pero ninguno fue testigo presencial de los hechos, por tanto no se ha podido enervar el Estado de Inocencia que goza el acusado. Del Derecho a la Presunción de Inocencia. Resulta conveniente establecer los parámetros que ha establecido esta Sala de lo Penal, acerca del derecho a la presunción de inocencia. El artículo 89 de la Constitución de la República establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse expresamente reconocido en nuestra Constitución y normas legales secundarias (vid. Arts. 1 y 2 del Código Procesal Penal), también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art.14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2). Significa el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria y de la intervención en los mismos del procesado. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal deberá considerar: a) Las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona, b) Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, c) Si de haber sido practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal, d) Si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales, y e) Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no resultan arbitrarias. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo[1]. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Analizados los argumentos del Censor, esta Sala de lo Penal advierte que el derecho a la presunción de inocencia, que goza toda persona sometida a proceso penal y consignado en el artículo 89 de nuestra Constitución de la República, fue debidamente enervado con el legajo probatorio allegado al juicio. Encontramos en la Sentencia recurrida, en el acápite “Valoración de la Prueba” numeral uno, el razonamiento del Juez A-quo sobre la declaración del testigo D. V. M., quien afirmó: “…que observó cuando V. le tiró un machetazo en el pescuezo a J.…” esta conclusión la deriva el Sentenciador a través de la inmediación que posee y de la cual se carece en esta etapa casacional y si bien el acta de debate no refiere exactamente esa circunstancia, no significa que el testigo no se haya referido en esos términos, pues recordemos que el acta de debate es un resumen de las principales incidencias del mismo. Si se analiza esta declaración, que es un testigo presencial de los hechos, con las deposiciones de los testigos M.A. M.G., M. A.Z.G., éstos últimos testigos referenciales, concluimos que sus testimonios son contestes y coherentes acerca de cómo sucedieron los hechos, qué era lo que se celebraba en el pueblo, la hora aproximada del suceso, así como la persona que se señalaba como responsable de los hechos suscitados en el lugar. Por la dinámica de dónde suceden los hechos, que es una feria patronal, de un pueblo con poca población, es lógico deducir que las personas se dan cuenta de los acontecimientos suscitados en esas fiestas; ahora bien, lo interesante de los testigos cuestionados por la defensa, es que son concordantes en sus dichos, manifestaciones y contestes en establecer a qué persona responsabilizaban de la muerte del ofendido J.I.O., estas declaraciones, más la del testigo presencial D. V.M. hicieron que el Tribunal derivara la responsabilidad del acusado en los hechos investigados, todo lo cual hace que el Estado de Inocencia se haya desvanecido con prueba suficiente; razones para desestimar el presente recurso de casación. V. Decisión Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Pública. VI. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Abogado J. C. M., en su condición de Defensor Público del señor V. M.R. C. a quien se le condenó por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de J. I. O.. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de junio del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua. Y manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firma y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-433-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Sentencia de Casación Penal SP 42-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 05 de abril del 2011