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Sentencia CP-425-14 — Registro 11048

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por el delito de violación especial, se declara sin lugar el recurso interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ha analizado detalladamente los argumentos de la censora, así como el juicio oral llevado a cabo, puede concluir que el Estado de Inocencia que posee constitucionalmente el acusado fue vencido de manera correcta y por los procesos legales correspondientes. Existe prueba suficiente con la cual se establece que el señor M. G. H. C., sostuvo relaciones sexuales con la menor D. L. G., conforme lo regula el artículo 140.1 del Código Penal; es indistinto que haya existido o no violencia o amenaza, incluso la voluntad de la ofendida, pues ya la norma en referencia establece que comete el delito de violación especial, aun sin mediar violencia o amenazas, siempre que la ofendida sea menor de 14 años, que es el caso de la joven D. L. G.. Este Tribunal de Casación ha podido comprobar, que el ente acusador incriminó al ahora acusado unos hechos que son totalmente típicos y subsumibles en el tipo penal de violación especial; es posible determinar que el legajo probatorio con el que contó el Juzgador, se desarrolló bajo los principios del Juicio Oral, respetando la oralidad, inmediación, contradicción y publicidad que exige nuestra legislación procesal; de igual forma se estableció que la prueba practicada en etapas previas al juicio, fue debidamente incorporada al debate conforme lo establece el artículo 311 del Código Procesal Penal; así mismo se acreditó que esas pruebas evacuadas por el sentenciador, se practicaron con estricta observancia de las normas procesales y en respeto a sus derechos fundamentales, aquellas pruebas que no fueron así conformadas, fueron desestimadas por el Juzgador y excluidas del acervo probatorio; por último los razonamientos del Juez A-quo para valorar la prueba fueron coherentes, concatenados y suficientes para enervar el Estado de Inocencia. En relación a lo argumentado por la recurrente, en el sentido de que el Dictamen Psiquiátrico y el Dictamen Médico legal practicado a la joven D. L. G., se habían elaborado en violación de los derechos del imputado, pues en el primero no fue notificada la defensa de cuándo se practicaría dicho examen, ni fue juramentado el perito conforme nuestra legislación procesal y en el dictamen médico legal, se establece que se mandó al laboratorio una toalla y un blúmer, sin que se haya hecho el proceso legal de decomiso de una evidencia, con la previsiones que ya establece la ley para evitar su contaminación. Al respecto esta Sala de lo Penal ha podido verificar que en el acta de proposición de pruebas (F 250-255), la fiscalía propuso ambas pericias, sin que la defensa tuviese objeción alguna, luego en fecha 24 de junio del 2011, el ente acusador presentó los dictámenes para que fueran revisados con suficiente antelación por la defensa (F 299), antes que se celebrase el juicio oral, pero ya en el acto del debate (F383-384), la defensa si bien presentó nulidades y objeciones sobre el dictamen de serología forense y otras pruebas, nada dijo sobre estos medios de pruebas periciales, siendo ese el momento procesal oportuno para presentar su objeción sobre los mismos, por lo que, no es posible consentir un vicio del cual se tuvo la posibilidad de presentar reclamo, para alegarlo ahora como yerro casacional. Por estas razones, esta Sala de Casación desestima el presente motivo por infracción de precepto constitucional..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Al tratarse de un recurso de casación donde se denuncia la violación de normas sustantivas, la labor de este Tribunal de Casación se circunscribe en la revisión de los hechos probados y luego establecer conforme a la norma penal utilizada por el Sentenciador, si éstos encajan y son armónicos entre sí. En el caso sometido a análisis, los hechos probados en resumen revelan: Que el 16 de septiembre del 2009, la niña D. L. G. F. de 14 años de edad, se encontraba en su casa de habitación junto a su madre, arreglando la puerta del baño y les hacían falta algunas reglas, por lo que la menor le sugiere a su madre ir al taller de carpintería del señor J. I.a ver si le regalaban la madera. Al llegar la ofendida D. al taller, fue atendida por el acusado M. G.H. C., quien le dijo que tomara las reglas que necesitaba, no sin antes platicar con ella, luego de eso la subió a una mesa y se fue a la habitación contigua para subirle el volumen el televisor, en eso la menor se baja de la mesa para irse, pero el acusado la jaló hasta el cuarto, le tocó sus partes íntimas; el imputado se mete al baño, en ese momento D. intentó irse del lugar pero él salió, la tiró a la cama, le tapaba la boca para que no gritara, hasta que la penetró con fuerza vía vaginal; D. L. le dijo que se tenía que ir y el acusado dejó que se fuera. La penetración vaginal le ocasionó a D. ruptura de himen, un hematoma en una horquilla externa de la vagina y desgarro orientado a pared vaginal. Estos hechos los ha catalogado el Sentenciador como constitutivos de un delito de Violación Especial conforme lo regula el artículo 140 numeral 1 del Código Penal, parecer con el que concuerda esta Sala de lo Penal, puesto que, tal como lo explicamos en el apartado anterior, en el delito de violación especial no se requiere de la violencia o amenaza para dar por acreditado el delito, basta con que exista penetración y que la ofendida sea menor de 14 años para que se conformen los elementos objetivos del tipo penal; y esto es así puesto que el legislador considera más lesiva y reprochable la acción de violentar la indemnidad sexual o libertad futura de una menor que no posee la madurez para hacerlo, que la de una mujer madura que puede decidir si acepta o no copular con algún sujeto. Se hace evidente que la recurrente equivoca su argumentación, puesto que presenta como norma aplicada incorrectamente, el artículo 140 del Código Penal, sin embargo, el acusado ha sido sentenciado por el delito de Violación Especial contenido en el artículo 140 numeral 1 del mismo cuerpo legal. En el caso de autos el Juez A-quo ha conformado los sucesos probados de manera tal que encajan y son perfectamente armónicos con el artículo 140 numeral 1 del Código Penal, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. ..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal observa que la censora incurre en algunos razonamientos de su impugnación, en inadecuada técnica recursiva, puesto que realiza argumentos propios de instancia, efectuando una revaloración probatoria, pues establece cómo -a su criterio- se debió valorar la prueba, ejercicio mental que está vedado en esta etapa casacional, puesto que, por el principio de inmediación, dicha tarea corresponde al Juez A-quo quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo. Este Tribunal de Casación considera que el Juzgador A-quo ha razonado adecuadamente la prueba aportada en el debate, efectuando argumentos coherentes, lógicos y concatenados, mismos que tienen como base las reglas del correcto pensamiento humano. En el acápite “Valoración de la Prueba” numeral primero, valora la declaración de la mejor D. L. G. F., a quien le concede credibilidad, testimonio además que ha servido para corroborar datos importantes, como su edad, quien fue la persona que la ultrajó, el día y lugar en que sucedieron los hechos, cómo el acusado a la fuerza abusó sexualmente de ella, todo lo cual se lo hizo saber a su madre quien denunció a las autoridades al encartado; además de verificarse su dicho con el dictamen de evaluación física forense, en el cual presenta rupturas de himen reciente. Es de hacer notar también y como lo ha establecido en otros fallos esta Sala de lo Penal, que el testimonio de la víctima de un delito de agresión sexual, debe ser cuidadosamente valorado: “Obviamente que en los delitos sexuales dadas las circunstancias de clandestinidad en que en la gran mayoría de los casos suelen cometerse, tanto se trate de sujetos pasivos adultos como los cometidos contra niños o niñas menores de edad, lo normal es que los tribunales de justicia, no reclamen la presencia en juicio de testigos oculares, a excepción de la declaración de la propia víctima, por lo que deben asegurarse de valorar adecuadamente la versión de la ofendida, como las vertidas en juicio por los testigos de referencia.[3]” Así vemos que en el caso subjudice, la declaración de la menor cuenta con prueba corroborativa, como ser el dictamen médico de los hallazgos encontrados en el cuerpo de la joven, con himen de ruptura reciente y una lesión a nivel vaginal que la dejó varios días hospitalizada; además la declaración de la madre de la menor, quien instantes después del abuso y por el dicho de su hija, tuvo conocimiento de lo sucedido. La parte recurrente ha querido desmeritar el dictamen médico practicado a la menor con argumentos falaces y con una relevancia menor, pues lo cierto es que en ese dictamen se establece que la menor D. L. G. F., fue evaluada el 16 de septiembre del 2009, horas después de ocurridos los hechos; por tanto los hallazgos encontrados fueron recientes, contundentes y confirmaron la versión de la menor; por lo que el Sentenciador no podía sino derivar de dicha prueba la responsabilidad penal del acusado en el delito de violación especial. En ese mismo sentido, el sentenciador valoró adecuadamente y conforme a las reglas el recto entendimiento humano, la declaración de la señora N. M. F. M., madre de la menor ofendida y quien si bien se constituye en una testigo de referencia, sus dichos encajan perfectamente con la declaración de su menor vástago; en cuanto a que el imputado M. G. H. C., fue la persona que la agredió sexualmente en contra de su voluntad. La Censora ha establecido dentro de sus argumentos, que la relación sexual entre imputado y ofendida fue consentida, por lo menos así lo deja ver en algunos apartados de su impugnación; en primer lugar este dato resulta irrelevante cuando se trata de una violación especial, pues aunque fuese consentida la relación, lo que se castiga es la indemnidad sexual de los menores, quienes por su inmadurez no pueden determinar si es correcto o no un acto sexual a esa edad; en segundo lugar, ese argumento de que la relación sexual entre el acusado y la menor fue voluntaria, no surge de ningún medio de prueba evacuado en el juicio, puesto que, los únicos que podía establecer dicha circunstancia son el acusado, quien no declaró pues utilizó su derecho de guardar silencio, y la propia ofendida quien fue categórica al establecer que en varios ocasiones trató de huir del lugar, pero el imputado se lo impedía, al grado tal que la tomó por la fuerza y la tiró a una cama para penetrarla vaginalmente; por tanto resulta inverosímil alegar una relación sexual consentida, cuando ni el propio acusado lo ha advertido así en la diferentes etapas del proceso. Con el resto de prueba documental y pericial el Sentenciador ha realizado una valoración correcta, conjunta y armónica, derivando de dichas probanzas razonamientos lógicos y adecuados a las Reglas de la Sana Crítica, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 425-2014 por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de julio de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor M. G. H. C., a la pena de once años de reclusión, por el delito de Violación Especial en perjuicio de D. L. G. F.. 2) Condenando al señor M. G. H. C., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. 3) Declaró la responsabilidad civil del imputado M. G. H. C.. 4) No condenó en costas procesales, personales y gastos del juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, la Abogada R. Y. A. R., actuando en su condición de Defensora Privada del señor M. G. H. C.. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada R. Y. A. R., en su condición de Defensora Privada del imputado, como parte recurrente. II. Hechos Probados “PRIMERO: En fecha 16 de septiembre del año dos mil nueve, entre las ocho y media y nueve de la mañana, la niña D. L. F. de 14 años de edad se encontraba en su casa de habitación en la colonia Las Palmas de la ciudad de Tegucigalpa, junto a su madre N. M. F. M., estaban arreglando la puerta del baño y como les hacía falta algunas reglas de madera, D. le dijo a su madre que iría al taller de carpintería del señor J. I., a ver si le regalaba reglas de madera que necesitaba, en virtud de que éste en otras ocasiones les había facilitado algo de madera para trabajo de la escuela; D. se dirigió al taller de carpintería donde tocó la puerta y la atendió el hijo del señor J. I., de nombre M. G. H. C., quien le dio las reglas de madera diciéndole que las tomara de un sitio donde se encontraban reunidas, no sin antes platicar con ella, preguntándole sobre lo que ésta había hecho el fin de semana, a lo que le respondió que había ido de viaje a Maraita con su abuela, luego de ello la subió a una mesa y se dirigió a la habitación contiguo al taller y le subió el volumen al televisor, en eso D. se bajó de la mesa para irse del lugar pero M. la jaló hasta el cuarto, le tocaba sus partes íntimas, sus pechos, su vulva, la besaba y él se metió al baño, D. intentó irse del lugar pero él salió del baño, la tiró a la cama, le tapaba la boca para que no gritara y la besaba, le hizo a un lado el blúmer y un bóxer que utilizaba como short, color azul y con su pene erecto la penetró con fuerza la vulva de D., luego de ello D. le dijo a M. que se tenía que ir, él la dejo ir; ella tomó sus reglas de madera y se fue a su casa. SEGUNDO: La penetración vaginal le ocasionó a D. ruptura de himen, un hematoma violación en una orquía externa la vagina en el área bulbar y un desgarro orientado a pared vaginal, que ocasionó un sangrado a tal extremo que requirió atención medica hospitalaria en el Hospital Materno Infantil de esta ciudad capital.” III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos “Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional MOTIVO PRIMERO: Infracción, por falta de aplicación, del artículo 89 de la Constitución de la República que, a la letra, dispone lo siguiente; “Toda persona ES INOCENTE mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente” (Lo destacado es nuestro). PRECEPTO AUTORIZANTE: Considero que este motivo se encuentra comprendido dentro de lo que dispone el artículo 361 del Código Procesal Penal, que establece: “En todos los casos en que con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional“. EXPLICACION DEL MOTIVO: El Derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por nuestra Constitución en su artículo 89, establece “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”, este Derecho-Principio, constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el Derecho del Acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de la prueba obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del Derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria, considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un Derecho Fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas, conforme lo cita esa Honorable Sala en su sentencia de fecha veintisiete de mayo del 2014, en el expediente numero 52-2012, “el principio de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es un medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad, para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado”. En este orden de ideas, y siguiendo la Sentencia dictada por vuestro Honor, se puede entonces establecer que el Estado de Inocencia es un Estado Inherente a la persona humana...., así lo reconocen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 11.1, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.2, y de la Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 8.2, además es norma pilar de la Constitución de la República así lo consagra el Artículo 89, y ampliamente desarrollado en el Código Procesal Penal como norma legal secundaria en su artículos 1 y 2, que desde el ámbito penal, se define como el Derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funde la tesis acusatoria. La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima prueba de cargo, aportada por el acusador en juicio oral y público con estricta observancia de las reglas del Debido Proceso. Es preciso entonces analizar si conforme la prueba aportada por el Ministerio Público el Tribunal hizo una correcta valoración que le permitiera una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de pruebas válidas y suficientes, entendiéndose como tal aquella aunque mínima ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el Tribunal de Sentencia según las reglas de la Sana Crítica, así pues, es importante determinar los aspectos siguientes: a) licitud de la prueba: si las pruebas han sido obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los Derechos Humanos. En el caso de mérito tal como lo solicitarnos en juicio el dictamen Psiquiátrico emitido por la Doctora H. P. Guifarro, fue realizado con vulneración al derecho de defensa, de igualdad y de debido proceso consagrados en los artículos 82, 60, 90, respectivamente de la Constitución de la República, y recogidos en los artículos 14, 15, 13 y 1 respectivamente del Código Procesal Penal, en virtud que tal como se aprecia en el mismo, la evaluación de la joven D. L. G. F. se realizó en fecha 18 de Noviembre del 2009, dos meses después, de que se haya judicializado el proceso, sin que se haya convocado o al menos informado a la defensa violentándose así lo dispuesto en el articulo 101 numeral 10 del CPP, el cual establece corno un derecho del imputado, para efectivizar su Derecho de defensa y de Debido Proceso, “Estar presente con su defensor en todos los actos que implique elementos de prueba”. Conforme el artículo citado mi representado adquirió el estatus de imputado desde el momento en que se presentó el requerimiento Fiscal, tal como consta en el acta de debate, la defensa jamás estuvo presente al momento de evacuarse la pericia cuestionada, más aun, la perito afirmó haber sido nombrada por el Fiscal, mediante un proveído, violentándose así el procedimiento establecido en el artículo 242 del Código Procesal Penal, el cual señala el procedimiento para el nombramiento de peritos. No debemos olvidar que si bien el CPP en su artículo 242 le da al Ministerio Público la potestad de nombrar peritos, esto es dentro del marco de la etapa preparatoria, y más específicamente el artículo 273 regula que estas atribuciones son en la investigación preliminar, que es la fase previa a la presentación del requerimiento Fiscal, encontrándose entonces la pericia citada en una situación de nulidad insubsanable por afectar derechos fundamentales, “haber sido practicado con inobservancia de las disposiciones concernientes a la intervención y participación del imputado, en el procedimiento a las relativas a su representación y defensa; con infracción de las normas esenciales de procedimiento establecidas por el código, con infracción de los principios de igualdad entre las partes, de audiencia contradicción asistencia y defensa, siempre que se haya producido una efectiva indefensión “; conforme lo señala el artículo 166 numeral 3, 5, 6 y 7 del CPP, vemos que también se aportó al proceso el dictamen médico legal número 2026-09 emitido por el Doctor T. A. A., mismo que contiene datos que vician su contenido, situación que ha sido pasada por alto por el Tribunal sentenciador, específicamente lo relativo a que en apartado de conclusiones en el punto nueve se consigna el análisis laboratorial de una toalla y un bóxer (blúmer ), cuya procedencia no se especifica y de la cual no se hizo decomiso, y al preguntársele al Médico forense de donde obtuvo esta prenda, manifestó que alguien se la dio en el Hospital, sin consignar quien es ese alguien, ni hacer un debido manejo de esta prueba conforme los procedimientos esblencados en la Ley; resultando ambas pruebas ser ilícitas b) debido proceso probatorio: esto es analizar si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) debida motivación: si las conclusiones probatorias del Tribunal Sentenciador, han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad. El derecho a la debida motivación constituye una garantía fundamental, ya que la decisión afecta de alguna manera a la situación jurídica de la persona y es así cuando exista una arbitrariedad en las resoluciones por falta de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional, puede apreciarse en la resolución que el Tribunal no hace una debida motivación, pues no explica fundamente las razones que le llevan a la conclusión de que mi representado sostuvo relaciones sexuales mediante violencia o amenaza, con la supuesta ofendida, véase el hecho primero del fundamento jurídico (folio 432V), donde establece que “a criterio del Tribunal el hecho tercero declarado probado” primero ese hecho no existe en los hechos probados pues únicamente contiene el hecho primero y segundo, y jamás se hace una motivación del porque se considera que se actuó con violencia o amenaza, pues la misma joven L. G. nunca, ha referido haber sido víctima de amenazas, y su relato deja ver que hubo una relación consentida, que permaneció en el lugar el tiempo que ella deseó, que en la misma vivienda estaba su hermana, el padre y la tía del señor M. H., esta ausencia de los elementos de violación, llevan a que una de las miembros del Tribunal se aparte del criterio de la mayoría y emita su voto disidente, no motivó el Tribunal por qué considera que hay violencia y si la misma fue suficiente, no razona el hecho de que el mismo dictamen forense refleja ausencia total de lesiones para o extra genitales, o algún otro indicativo de que haya sido víctima de tal violencia, la ruptura de un himen por sí sola no puede ser considerada como indicativo de violencia, debe llevar aparejadas otras señales o vestigios que nos indique esta situación, y que la supuesta víctima opuso la resistencia necesaria. Igualmente la sentencia resulta carente de motivación, rebasando los límites de la arbitrariedad al establecer en el hecho sexto folio 428F, específicamente en la valoración de la prueba pericial, consistente en el dictamen Psiquiátrico emitido por la Dra. H. P., que ha quedado establecido por el tribunal que la niña D. L. RECIBIO TRES MESES DE TERAPIA PSICOLOGICA, pero no señala el Tribunal cuales son los elementos probatorios que le sirvieron para establecer tal extremo, pues ni el dictamen Psiquiátrico hace referencia a esta situación, ni se le presentó prueba documental que acreditase esto. Se resalta lo expuesto en el hecho tercero de la fundamentación jurídica, segundo párrafo que el Tribunal establece tratando de motivar su resolución que el señor M. H. C. se aprovechó de la ausencia de personas en el lugar para seducir a la supuesta ofendida, pero no motiva del porqué de esta conclusión, cuando todos los testigos han sido contestes al afirmar que habían tres personas más en la vivienda, incluida la hermana de la supuesta ofendida, y es más las puertas estaban abiertas, y es un barrio sumamente probado, y sus padres viven a cuadra o cuadra y media de la casa de M., (escúchese la declaración de la señora N. M. F. M.), realmente hubiese sido interesante que el Tribunal hiciese una adecuada motivación para tener la certeza de aplicación de justicia pero esto no sucedió así a lo largo de la sentencia recurrida. Refirámonos al último elemento el cual es vital en la determinación de que ha habido una infracción constitucional, este es el d)Debido razonamiento probatorio, si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonable y vinculantes a la prueba practicada; en este punto es necesario señalar que el Tribunal ha declarado probados unos hechos, que jamás le fueron demostrados con la prueba aportada, ha violado las reglas de la sana Crítica específicamente las reglas de la lógica al violentar los Principios de Derivación y de Razón Suficiente pues ha deducido un hecho de declaraciones y pericias que son contradictorias entre si, no encontrando lo re]atado por la supuesta víctima un soporte científico en las pericias realizadas y allegadas al proceso, siendo contundente el dictamen Médico Forense al establecer la ausencia de lesiones para y extra genitales Y EL DICTAMEN PSIQUIATRICO LA AUSENCIA TOTAL DE INDICATIVOS DE HABER SIDO VICTIMA DE ABUSO O AGRESION SEXUAL; asimismo del análisis de la sentencia en su totalidad se aprecia que ésta carece del proceso intelectivo de la actividad probatoria por cuanto en ninguno de los apartados destinadas a valorar la prueba se realiza un razonamiento del porqué se le califica de una u otra forma la misma, limitándose el Tribunal de Sentencia a repetir el medio de prueba y ha a señalar que esta es válida o inválida y con ello la conclusión a la que arribaron fijada en los hechos probados, no deriva de una valoración acorde con las reglas de la Sana Crítica sino de la íntima convicción de los juzgadores, vemos como al analizar las declaraciones, no se hace más que citar textualmente las mismas, sin referirse a los requisitos que ésta debe reunir para merecer valor probatorio, igualmente se procede con las pericias, donde únicamente se refiere a que le merecen credibilidad por ser ellos profesionales, sin decir nada de nada con respecto a los hechos y el porqué le han convencido de la presencia de los elementos del delito, en un análisis armónico con toda la prueba ofrecida, la cual al no acreditar los elementos del delito evidentemente debe conducir a un fallo absolutorio, por insuficiencia probatoria. Ha quedado pues demostrado que los hechos declarados probados no encuentran respaldo en elementos probatorios, y de esa manera se ha vulnerado el Estado de Inocencia que constitucionalmente asiste al señor M. H. C.. Así se ha configurado este motivo de Violación de Precepto Constitucional.” Recurso de Casación por Infracción de Ley. MOTIVO UNICO. Infracción, por aplicación indebida, del artículo 140 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE. El artículo 360 del Código Procesal Penal, en la parte que a la letra se lee así: “... Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley..., cuando dados los hechos que se declaran probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal... de carácter sustantivo... EXPLICACION DEL MOTIVO. El artículo 140 del Código Penal describe como violación “el acceso carnal con personas de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge o compañero de hogar o a uno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad un perjuicio grave e inminente“. Es importante, señalar que en los hechos declarados probados por el Tribunal no se enmarca en el delito de violación, pues nada se dice de la concurrencia de los elementos del tipo, contradiciéndose en su narración al establecer primeramente “que esa mañana la supuesta ofendida quien estaba arreglando las puertas del baño con su madre, le dijo que iría a la carpintería de don Inés a traer unas reglitas de madera siendo atendida por el señor M. H. quien le dio las reglas, indicándole donde se encontraban reunidas, no sin antes platicar con ella, preguntándole sobre lo que había hecho el fin de semana a lo que le respondió que había ido de viaje a Maraita con su abuela, luego de ello la subió a una mesa y se dirigió a la habitación contiguo al taller, le subió el volumen al televisor, en eso D. se bajó de la mesa para irse pero en lugar de eso M. la jaló hasta el cuarto, le tocaba sus partes íntimas, sus pechos y su vulva, la besaba y él se metió al baño, la tiró a la cama, le tapaba la boca para que no gritara y la besaba, le hizo el blúmer a un lado y con su pene erecto la penetró con fuerza, la vulva de D., luego de eso ella le dijo a M. que se tenía que ir, ella tomó sus reglas y se fue a su casa. Nótese de la descripción de hechos probados que el Tribunal cuando dice que la jaló, o que la tiró en la cama, no describe la intensidad de la supuesta violencia ejercida, y si ésta era suficiente para disminuir su voluntad, pero si resalta enfáticamente que le introdujo su pene erecto con fuerza, en este orden de ideas es necesario señalar que conforme la doctrina el delito de violación sexual se constituye como la realización del acto sexual mediante violencia o amenaza, por lo tanto lo que se castiga no es la cópula en sí, sino el empleo de esos medios para ello. Igualmente es importante analizar que no toda violencia reúne la calidad de típica esta deberá reunir ciertos requisitos para ser considerada como tal veamos: Por violencia debe entenderse la fuerza física ejercida sobre una persona con la finalidad de practicarle el acto sexual. No es indispensable que sea irresistible (independientemente de que se presenten casos), pero sí suficiente para el logro del fin perseguido, vemos primeramente que el tribunal en sus hechos probados establece que la joven D. sugirió a su madre ir al taller y vivienda del padre de M. H., con quien se conocen de acuerdo a la prueba evacuada de toda la vida, es importante destacar que existía un deseo de D. por visitar ese lugar, seguidamente tiene como hecho probado que M. le dio las reglas de madera diciéndole que las tomara de un sitio donde se encontraban reunidas, nótese que se hace ver con esta afirmación que M. y D. tiene tan buena comunicación que él ya le tenía las reglas reunidas para que ella únicamente las tomara. Continúa el Tribunal afirmando en sus hechos probados que estuvieron conversando sobre un viaje a Maraita con su abuela, y que luego la subió a una mesa y la empezó a acariciar, retirándose él en ése momento para subirle el volumen al televisor, y preguntémonos con quien se quedó D. luego de recibir las caricias y que M. se fue a subirle el volumen al televisor, todos los testigos han sido contestes que las puertas permanecían abiertas, que le impidió retirarse del lugar, no antes bien se quedó a esperarle, vemos como el Tribunal en sus hechos probados se refiere a que el señor H., la jaló, no indica de donde ni con qué fuerza, mucho menos que intentos hizo la señorita D. para oponerse a la supuesta violencia, y más importante aún que después de esto él se metió al baño, pregunta quién la sostenía porque no gritaba si su hermana y las otras personas estaban en la vivienda, antes bien al parecer de los mismos hechos probados se denota que ella muy complacientemente se quedó a esperarle que el saliera del baño, se trata de establecer que él la tiró a la cama, no indica el Tribunal cómo, ni con qué intensidad de violencia, simplemente porque de la misma prueba pericial se establece que D. no presenta ninguna lesión ni para ni extra genital. En el delito de violación, la violencia presupone a un sujeto pasivo que se encuentre dotado plenamente de sus facultades psíquicas para comprender la pretensión del agente y decidirse por la negativa, y de sus capacidades físicas para materializar su decisión contraria al acto sexual Por consiguiente, la violencia se concreta contra la materialización de los actos oponentes a la imposición del coito por el sujeto pasivo, constituyéndose de este modo el binomio violencia-resistencia. Jamás ella reveló o demostró una actitud contraria a la relación sexual, antes bien luego de que la acariciara y se separa de ella para subirle el volumen al televisor lo espera plácidamente, sin que nada le impida irse, igual sucede cuando él se introduce al baño según los hechos probados y más aún indican esos hechos que después de terminar así como lo relatan los hechos probados, se despidió, “LE DIJO YA ME TENGO QUE IR” SALIO TRANQUILAMENTE TOMO SUS REGLAS DE MADERA Y SE FUE A SU CASA, ESTA NO ES LA CONDUCTA de una persona que ha sido violada. De la narración fáctica de hechos probados podemos entonces percibir claramente que la decisión adoptada en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible con la narración fáctica, es por ello que una de las miembros del Tribunal, ha emitido su voto disidente al considerar que no concurren los elementos del delito de violación estableciendo la Juez disidente en su fallo que quedó demostrado en el proceso que D. accedió a tener relaciones sexuales, argumentando la Juez que lo hizo bajo engaño, criterio que no comparto pues es evidente que si lo hizo fue con el deseo de hacerlo, sin que concurra ninguna otra circunstancia. Evidentemente el Tribunal Sentenciador ha infringido por aplicación indebida el artículo 140 del Código Penal, entendiéndose por aplicación indebida. La aplicación de normas extrañas a la cuestión debatida, como innegablemente ha quedado demostrado en el presente acto de impugnación, donde los hechos no se enmarcan en el delito por el cual se condenó.” Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. MOTIVO PRIMERO. En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica, Infringiéndose así el artículo 202 del Código Procesal Penal, en la parte que dispone lo siguiente: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica, el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida“, en relación con lo dispuesto en los artículos 336 y 338 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, en la parte que se transcribe a continuación: “Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Recuso de Casación por Quebrantamiento de Forma, puede interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: ... 3. Que... en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. EXPLICACION DEL MOTIVO: Del análisis de la escasa prueba evacuada en el juicio encontramos, primeramente que la mayor parte de esta fue excluida del proceso por ser prueba ilícita tras haber sido recolectada como producto de un allanamiento ilegal, quedando así como prueba de cargo únicamente tres declaraciones testificales de las cuales dos son de referencia y la supuestamente presencial es contradictoria con la prueba científica, una partida de nacimiento, el dictamen psiquiátrico emitido por la Doctora H. P. y el dictamen médico legal de la evaluación física practicada a la Joven D. L. G. por el Doctor T.A.; asimismo vemos que se propusieron y evacuaron los medios de prueba denominados testificales consistentes en las declaraciones de D. L. G. F., I. M. G. F. Y N. M. F. M., estas declaraciones que fueron contradictorias tanto en lo dicho en el juicio oral y público como en lo manifestado en la audiencia inicial, contradicciones que fueron en todo momento evidenciadas por la defensa, incorporando incluso lecturas autorizadas para ponerlas de manifiesto, como se podrá apreciar en las grabaciones del juicio pues se aprecia que el Tribunal recoge en sus declaraciones solo los aspectos que incriminan a mi representado sin consignar las preguntas formuladas por esta defensa y las contradicciones resaltadas, las cuales citó en consonancia con esas grabaciones; primeramente manifestó L. G. que ese día se encontraba arreglando el baño de su casa y se miraban unas hendiduras, razón por la cual le dijo a su mamá que si podía ir a la carpintería a traer unas reglas, para tapar el baño, y cuando llegó a la carpintería fue atendida por el hijo de don Inés, quien empezó a preguntarle que había hecho el fin de semana y ella le platicó sobre un viaje a Maraita, luego señala que él la llevó a la habitación y no gritaba porque él la besaba y le tenía la boca tapada, pero que luego se fue al baño y le subió el volumen al televisor, la pregunta de rigor es quien le tapaba la boca o le impedía salir de la casa cuando él se fue al baño, fue enfática al informar en su declaración que personas estaban en la casa indicando que allí estaba su hermana la tía de M., y el papá de éste quién se encontraba dormido, afirmando que la mamá de M. andaba trabajando y la hermana de éste en la universidad, preguntémonos cómo es que sabe tantos detalles de la casa, resalto que las puertas de la casa siempre estuvieron abiertas, a preguntas de la defensa contesto que una vez concluido el acto sexual ella le dijo que se tenía que ir, salió de la casa con las reglas de madera y se fue a su casa, cuando llegó a su casa se fue al baño y se puso a lavar su ropa, afirmó que mientras él estuvo en el baño nadie le tapaba la boca ni le impedía irse, pues las puertas estaban abiertas y que cuando al fin decidió irse de la casa nadie le abrió el portón, ella lo abrió sola, esto indica que incluso no hubo nada que le impidiera salir de la casa, obsérvese que ni ella ni las otras testigos relata que saliera llorando, corriendo o asustada, sino que tranquilamente tomó sus reglas de madera le dijo a él que ye se tenía que ir, abrió la puerta y se fue; perdóneseme pero esta no es la conducta de una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual. Por su parte la joven I. M. G. no sabe nada de nada a pesar de haber estado dentro de la vivienda donde supuestamente ocurrieron los hechos afirmando que ella lo único que sabe es cuando su mamá llegó gritando, que ella no escuchó nada ni siquiera se dio cuenta de la presencia de su hermana, y que las puertas del taller siempre permanecían abiertas. Por su parte la señora N. M. F. MADRE DE LA JOVEN D. L. G., relata que cuando ella llegó a la casa de M. a reclamarle, éste le abrió la puerta, preguntémonos ¿pero qué persona va a acabar de cometer un delito de violación y va a proceder a abrirle la puerta a la madre de su supuesta víctima?, ratificó que L., fue quién sugirió que quería ir a la casa de M. y que ella la autorizó, y que ésta visitaba con frecuencia la misma, nótese que tanto la madre como la joven D. L. G., son contestes en afirmar que ella le preguntó qué le pasaba porque la vio bañándose, en ningún momento se ha referido a que ella llegó llorando o asustada o en cualquier actitud que hiciera presumir que había sufrido algún evento traumático, el Tribunal en la valoración de la prueba se aparta de las reglas de la sana crítica, limitándose a hacer un resumen de las declaraciones, acomodándolo solo en lo que conviene a una condena, y al proceder a valorar las declaraciones no hace un razonamiento lógico, sino que una vez más vuelve a resumir las mismas, no ajusta su valoración a las reglas de la lógica y del sentido común, limitándose a establecer que el dicho de D. se ha corroborado con el dictamen médico forense, pues se encontró roturas en su himen, sin valorar de manera alguna por qué si se trata de un acto violento donde supuestamente el agresor le tapó la boca, le separó las piernas con fuerza, la tiró sobre la cama ella no presenta ni la mínima lesión para ni extra genital, mucho menos el Tribunal ha hecho un razonamiento lógico del porqué la señorita L. G., solicita a su madre el ir a la casa de M., lugar que visitaba frecuentemente y donde además se encontraba su hermana, y como es que conoce con lujo de detalles las actividades que esa mañana estaban haciendo cada uno de los miembros de la familia de M., igualmente no ha valorado el hecho de que como la misma testigo relata sostuvieron una conversación amena, en qué momento es que esa conversación se tomó violenta y donde están los signos de esa violencia, no ha razonado el hecho de que ella dice que le tapaba la boca y la besaba lo que supuestamente le impedía gritar, entonces ¿porqué no gritó cuando el luego de acariciarla la dejo sola y se fue a subirle volumen al tele, o cuando él se fue al baño?, o mejor aún ¿porqué no se fue si el portón estaba abierto?, como es posible que estando su hermana en el lugar, ella no pudo pedir auxilio o que estando la casa completamente habitada como ella misma afirma no haya escuchado nadie ni el mínimo lamento o disturbio que indicara que se estaba ejerciendo un acto de violencia y que había una víctima oponiéndose a la misma, las máximas de la experiencia nos dicen que de haberse ejecutado un acto violento necesariamente debería existir una lesión al menos extra o para genital que conforme lo dicho por la víctima, siendo indispensable que su declaración este corroborada por datos objetivos, tales como pruebas científicas que nos lleven a confirmar que su testimonio es veraz, el Tribunal yerra en su valoración al afirmar que la ruptura del himen sin más es lo que le permite determinar que hubo un acto sexual violento, pues no obstante que se le presentó por la defensa un medio probatorio al cual le dio certeza absoluta tal como lo es el dictamen emitido por el Doctor L.C. G., para conocer entre otros aspectos relevantes la proporcionalidad genital de M. H., no ha hecho un análisis armónico de estas pruebas con la ruptura del himen, lo que no viene a ser un acto de violencia, lógicamente un himen va a romperse cuando hay una primera relación sexual ya sea esta consentida o violenta, por lo que no es la ruptura del himen o lo que hay más allá de la copula lo que determina la violación, es la violencia ejercida para obtener esa copula de la cual solo nos hablaran los datos objetivos que confirmen lo dicho por la testigo. El Tribunal violenta las reglas de la Sana crítica cuando en el hecho segundo párrafo cuarto de la fundamentación jurídica, en contradicción a lo dicho por las testigos quienes afirmaron que en la casa donde supuestamente ocurren los hechos estaban la tía y el papá de M., así como la hermanas de D., no obstante afirma el Tribunal que M. se aprovechó de la ausencia de personas en el lugar para seducirla, considero que estas confusiones del Tribunal puede ser porque sin justa causa procedió a dictar la sentencia de mérito dos años después del juicio, lo que ya no le permitía tener una visión clara del proceso. Si el Tribunal hubiese realizado una adecuada valoración hubiese llegado a la certeza que L. esa mañana deseaba ir a la casa de M., que permaneció en ése lugar y se retiró cuando ella así lo deseó, y que no fue sino porque su madre la descubrió bañándose que le comentó que había tenido una relación sexual diciéndole que ella no la consintió para evitar ser castigada, lo que evidentemente provoca arrebato en cualquier madre. Igualmente yerra el Tribunal al establecer que con la declaración de la madre constató que la niña recibió tratamiento psicológico por tres meses no obstante contar con un dictamen Psiquiátrico, que no le indica nada al respecto, ésto pone de manifiesto un afán de condenar. Refirámonos a la valoración que el Tribunal hace del dictamen médico forense emitido por el Doctor T.A. A., quién en su dictamen se encuentra una serie de contradicciones, tales como que establece en el apartado de EXAMEN GENITAL, vagina diferida, explicando en estrado ante la pregunta del consultor técnico ¿Qué quiere decir diferida? contesta “que no se hizo Doctor” explicando en diferentes manera que no la revisó, contradiciéndose cuando en su dictamen aduce que le introdujo un hisopo” que esto indica que no revisó la vagina, al respecto sino revisó la vagina, como puede establecer que había una lesión en la pared vaginal interna, otra contradicción importante la encontramos el apartado de EXAMEN GENITAL al establecer periné normal, himen de forma anular íntegro, a preguntas de la defensa sobre esta contradicción de su dictamen no dio una respuesta correcta del porque había sostenido en su dictamen tal situación a lo largo de dos años, lo que es contradictorio con la supuesta ruptura de un himen o está roto o está íntegro. Cabe destacar que se ha tratado de crear un sensacionalismo basado en el hecho de que aducen que D. sangró y que usaron una toalla para llevarla al Hospital; no obstante nótese en el punto nueve de las conclusiones del dictamen que la misma fue remitida a Serología Forense y no se encontró indicios ni de espermatozoides mucho menos de sangre, encontrándose aquí una importante contradicción. Igualmente debido a que se habla de que había un desgarro de himen con horquilla, a preguntas del consultor que tratamiento le dieron a esa supuesta lesión, dice que él no sabe, seguidamente se observa en el dictamen que se analizó un bóxer azul, indicó que en el hospital le entregaron un bóxer azul el cual mando a examinar, pero que no hizo la correspondiente acta de decomiso pues no lo consideró importante, y al preguntársele por la defensa de quien era el bóxer aduce que le fue entregado por la joven, pero a preguntas del Tribunal sobre si el bóxer lo usaba la niña, manifestó que él no ahondó en eso. No ha analizado el Tribunal por qué si se trata de una agresión sexual, donde según la supuesta ofendida manifiesta que la jaló, la tiró, le tapó la boca, no hay ninguna lesión ni para ni extra genital, estas acciones del supuesto agresor necesariamente hubiesen dejado al menos una de estas lesiones, máxime cuando ella dice que ni siquiera le quitó el SHORT sino que se lo hizo a un lado, debiendo entonces encontrarse lesiones para genitales por la forma en que se introduciría el pene, pero tal como sucede si ella estuviese en una posición complaciente éstas no se encuentran; el Tribunal concluye en la valoración de la prueba y fundamentación jurídica que el hecho que el pene esté erecto y la ruptura de un himen en un primera relación sexual son elementos suficientes para determinar el delito sin hacer ninguna valoración del resto de circunstancias descritas en el dictamen. Nótese en la valoración de este medio de prueba el Tribunal tiene como probado únicamente que “los hallazgos descritos sin lugar a dudas permiten corroborar lo manifestado por la víctima de que M. la penetró con su pene erecto vía vaginal”, nada dice sobre la ausencia de signos de violencia, y mucho menos se refiere a si esa penetración fue producto de actos violentos científicamente comprobados, así las cosas todos los hombres son susceptibles de ser condenados injustamente. Obsérvese como el Tribunal lejos de valorar las contradicciones presentes ya resaltadas, y la inexpertica revelada por el perito quien inicialmente estableció que ella tenía una lesión en la pared abdominal interna y luego que era en la pared vaginal, establece en su valoración que el dictamen es una prueba científica que no deja lugar a dudas de su fiabilidad e imparcialidad dado a que el perito realiza una función oficial derivada de su cargo sin ningún interés en las resultas del caso y que no fue desvirtuado por ninguna prueba, conclusión a la que arriba sin valorar que ante el interrogatorio del consultor el perito ha manifestado, que “cuando él evalúa la orientación la hace hacia lo que va a buscar que no es lo mismo que él encuentre una paciente en una emergencia la que me está diciendo una historia muy diferente a la que ya me está ordenando un Fiscal orientándome hacia que debo orientar mi interrogatorio y buscar lo que me están indicando y como perito tengo que buscar lo que se acomode a mi profesión”. Esto definitivamente es contrario a la conclusión a la que ha llegado el Tribunal sobre que por el hecho de ser perito del Ministerio Público ya se es imparcial. Refirámonos a la prueba pericial Psiquiátrica consistente en el dictamen emitido por la Doctora H. P., quien compareció a ratificarlo en estrado, dictamen que como lo referimos anteriormente fue realizado con vulneración a los derechos de defensa, de igualdad y de debido proceso al haberse realizado dos meses después de iniciado el proceso, cuando mi representado era ya un imputado conforme el artículo 101 del CPP y tenía por lo tanto derecho a estar presente en todos los actos que impliquen elementos de prueba, y a fin de efectivizar este derecho, el nombramiento debía hacerse conforme el procedimiento establecido en el artículo 242 del mismo código, cosa que no sucedió, no obstante el Tribunal poco o nada le ha interesado esta situación. El dictamen Psiquiátrico establece que la joven a tan solo dos meses del supuesto acto sexual, se encuentra con su estado mental normal, sin presentar signo alguno que evidencie que ha sido víctima de alguna agresión sexual, indicando en el interrogatorio de la partes “que una persona víctima de agresión sexual puede desarrollar un trastorno de ansiedad con todos estos síntomas que son dolores corporales insomnio, ansiedad, pensamientos de preocupación, tristeza, llanto, mal humor, dificultades para dormir ¿Cuántos de esos sintamos encontró? contesta NINGUNO. (Véase la sentencia folio 428 vuelto). Apartándose la perito de su deber de objetividad al establecer que el hecho de que no tenga estos signos y que tenga un estado mental normal no es indicativo de que no haya sufrido una agresión sexual, asimismo recomendando otras pruebas periciales, de las cuales únicamente se hizo la evaluación física la cual no nos indica elementos de violencia. Obsérvese en la valoración inculpatoria del Tribunal que se limita establecer puntos sobre la credibilidad de la perito, teniendo por probado incluso hechos a los cuales ella jamás se ha referido al grado de afirmar lo siguiente ha quedado establecido por el Tribunal que la niña D. L. recibió tres meses de terapia psicológicas de ahí que al momento de la evaluación no presente daño psiquiátrico, perdóneseme pero me preocupan estas afirmaciones de un juzgador y violenta las reglas de la sana crítica en su máxima expresión, en primer lugar el tribunal no relaciona en su valoración con qué medio de prueba objetivo se acreditó que D. ha recibido tres meses de tratamiento, en que hospital con que doctor y cuáles fueron los avances del mismo, y la perito no refiere en lo absoluto esta situación; segundo cuando la entrevista se realizó fue en fecha 18 de noviembre del dos mil nueve exactamente dos meses y dos días después de que supuestamente ocurrieron los hechos como puede el Tribunal pretender que la doctora no encontró ningún trastorno debido a que había recibido tres meses de terapias psicológicas, y que por eso al momento de la evaluación no presenta daño psiquiátrico. Honorables Magistrados e allí una evidencia del sensacionalismo que las mujeres al juzgar un delito sexual le damos al caso, apartándonos de todo deber objetivo y observando al hombre como un criminal por el simple hecho de ser hombre, esto debería en atención al principio de igualdad ser considerado un acto de discriminación contra el sexo masculino, con matices de tal gravedad que lleva a las juzgadoras a sustentar una injusta condena en especulaciones que solo existen en la íntima convicción del juzgador, pus incluso no se le ha ofrecido prueba de ello. Veamos ahora la forma en que el Tribunal valora la prueba de la defensa al valorar al testigo O. L.. A., simplemente no le merece credibilidad porque no relata los hechos como los testigos de cargo, y aquí si establece el Tribunal, “que la defensa no presentó otro medio de prueba objetivamente confiable que corrobore lo manifestado por el testigo manifestaciones que quedan huérfanas de confirmación“, se aprecia que esta exigencia solo es para la defensa, igual debió requerirse que la Fiscalía en su labor acusatoria y deber de ofrecer prueba de cargo suficiente, presentara pruebas tales como dictámenes psicológicos, físicos y psiquiátricos que confirmaran la tesis de la supuesta ofendida. En cuanto al dictamen pericial emitido por el Doctor L.C.R.. S., le da absoluta credibilidad mas no hace relación qué importancia tiene lo acreditado con el mismo, o si no reviste importancia simplemente se limita citar partes del mismo, quedando así huérfana de respuesta los planteamientos de la defensa, quien aspira a que se valore su prueba y se le diga si sus argumentaciones son válidas o no y porque razones, esto hace que se confié en la justicia y que se pueda hacer los planteamientos con respecto a las actuaciones judiciales. Dicho todo lo anterior esta defensa es del criterio que la valoración realizada por el Tribunal carece del proceso intelectivo de la actividad probatoria, por cuanto en ninguno de los apartados destinados para valorar la prueba se realiza un razonamiento por el que se califica de una u otra forma la misma limitándose el Tribunal de Sentencia a repetir el contenido del medio de prueba y a señalar su validez o invalidez y con ello la conclusión a la que arribaron fijada en los hechos probados no deriva de una valoración acorde a las reglas de la Sana crítica sino de la íntima convicción de los juzgadores tal como se ha expuesto, al grado que tienen por acreditados hechos que jamás se demostrado con medio de prueba alguno, valorando pruebas inexistentes tales como el supuesto tratamiento psicológico recibido por D., el cual según ellos influyó para que tuviese un estado mental normal aduciendo que como el mismo fue de tres meses y desconociendo que la evaluación se realizó dos meses después de los supuestos hechos, tiempo en el cual no había podido recibir tal tratamiento de ser cierto que lo recibió, pues no se sabe ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Es importante referir que los hechos declarados probados por el Tribunal constituyen la verdad a la que se ha arribado sustentados en el acervo probatorio, es decir que el encuadre fáctico viene generado de la actividad valorativa expresada en la fundamentación probatoria de tal suerte que el acierto que en esta función intelectual manifieste el juzgador quedará plasmado en una correcta consignación de hechos probados por el contrario si el Tribunal fracasa en esa valoración e interpretación probatoria ese vicio queda plasmado en una incorrecta reproducción de hechos. Esta labor de valoración del Juez en la fase intelectiva el juzgador debe explicar porque el medio de prueba le merece o no confiabilidad, porque le conduce a una conclusión determinada, porque este resulta útil para resolver el conflicto planteado y cuál es el elemento que con su luz se revela en los hechos planteados. Es por eso que el Tribunal al tomar sin más como cierta la contradictoria declaración de la joven D. L. F., sin que encuentre apoyo en pruebas objetivas y científicas, y arribar a conclusiones fuera de la lógica humana como que el pene erecto se introdujo es un acto de violencia por sí solo, justificando infundadamente por qué no presenta daño psiquiátrico y nótese algo más desconociendo en todas sus valoraciones las argumentaciones y cuestionamientos que la defensa hizo de la prueba, al parecer no había defensor en ese juicio, pues nada de lo que dijo mereció por lo menos ser objeto de valoración para aprobarlo o improbarlo, o explicarlo en el contexto de las pruebas, se ha violado las reglas de la SANA CRITICA específicamente las reglas de la lógica al violentar los principios de derivación y de razón suficiente, pues ha deducido un hecho de pruebas contradictorias, pero que analizadas armónicamente hubiesen conducido a que D. en su declaración deja ver cuán complaciente le esperó mientras él iba a subirle el volumen al televisor, igualmente le espero cuando él se introdujo al baño, que jamás se ejerció fuerza sobre ella, de allí que no tenga en su cuerpo ninguna lesión ni para ni extra genital que indique un acto sexual forzado antes bien deseado, al grado que ella le solicito a su madre ir al lugar, igualmente hubiese arribado a la conclusión de que la ausencia de indicadores de un abuso o agresión sexual en el dictamen psiquiátrico es simplemente porque en este contexto de hechos no ha existido el mismo. Debiendo absolver a mi representado, pues la prueba aportada no es suficiente para condenarlo. La importancia de las reglas de la Sana Crítica es que no obstante que impera la plena libertad del convencimiento del juzgador se le exige que las conclusiones a las que arribe sean el fruto razonado de las pruebas en que se les apoye, razonamiento que debe ser estructurado en sintonía con las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. Estimo que con ese proceder del tribunal se obvió además el principio de razón suficiente que forma parte de la sana crítica, el cual puede expresarse en sentido afirmativo, de esta manera: “todo lo que es tiene su razón de ser”; y, en sentido negativo, de esta otra: “nada hay sin razón suficiente”. Y sostengo que no se dio aplicación a ese principio, pues no es razón suficiente la ruptura de un himen expuesta por un dictamen en el cual el mismo perito aduce no haber revisado la vagina, para que sin más se considere que por estar el pene erecto ya hay un acto de violencia suficiente, máxime cuando ninguna de las dos pruebas científicas respaldan la versión de D. L., antes bien evidencian que si un acto sexual ocurrió fue totalmente consentido sin dejar secuelas emocionales y mucho menos físicas. No pudo hacerse ninguna reclamación contra el vicio indicado porque se produjo en el pronunciamiento de la sentencia que estoy impugnando. SEGUNDO MOTIVO. Haberse inobservado las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, para la realización del juicio oral y público, en este caso, para principiar, la prescrita en el artículo 335, párrafos primero y segundo, del mencionado ordenamiento jurídico, en los que a la letra se dispone lo siguiente: “De la deliberación. Cerrado el debate el Tribunal de Sentencia se reunirá de inmediato para deliberar, a fin de dictar la sentencia que procede en derecho. La deliberación no podrá suspenderse, salvo fuerza mayor o caso fortuito. La suspensión durará el tiempo estrictamente necesario“. Y luego, por tratarse de un fallo condenatorio, las que se prescriben en los artículos 342, 343 y 344; además, por remisión, también el artículo 338 y 340, todos del mismo Código a que se ha hecho mención. PRECEPTO AUTORIZANTE. Artículo 362 del Código Procesal Penal, en la parte que a continuación se transcribe: “Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: ... 5,) La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público“. EXPLICACION DEL MOTIVO: En el Libro Segundo, relativo al Procedimiento Ordinario, del Código Procesal Penal, propiamente en el artículo 263, se establecen las “Etapas de la Investigación y el Juzgamiento”; siendo la última, que se señala con el número tres, la que corresponde al “debate o juicio oral y público”. Y en el artículo 266 del mismo Código, bajo la rúbrica “Los actos integrantes del debate”, se determinan tales actos, que son los siguientes: 1) Preparación del debate; 2) Sustanciación del juicio y 3) Deliberación y sentencia. O sea, pues, que la deliberación y la sentencia son actos comprendidos dentro del concepto general del debate o juicio oral y público. Es decir que entre las reglas establecidas en el mencionado Código para la realización del juicio oral y público, están comprendidas las relativas a esa tercera y última parte, o sea la deliberación y la sentencia. Veamos, entonces, cuáles son las reglas relativas a esa tercera etapa, en especial las referentes a los fallos de condena, con relación a los que se dan dos fases. La primera corresponde al juicio oral y público, en la cual se declara la culpabilidad del imputado (artículo 342 del Código Procesal Penal); y, en la segunda se determina la pena concreta (artículo 343 del mismo Código). Ahora, para la redacción, lectura y notificación de la sentencia se hace remisión a los artículo 338 y 340, disposición esta relativa a la sentencia absolutoria, la que según esa norma deberá se redactada y firmada tan pronto haya sido votada, pero si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos, no puede cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes; en ese caso el Presidente del Tribunal señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de notificación. Pues bien, el juicio oral y público en el proceso instruido contra el señor M. H. C., se inició el 1 de FEBRERO DEL 2012 y terminó ese mismo mes, ha pasado tanto tiempo que ni el mismo Tribunal lo recuerda al grado que nótese a folio 413 primera página de la sentencia que se establece el juicio se llevó a cabo el primero de febrero del año dos mil doce y la individualización de la pena en fecha, no se consigna la fecha de individualización, ni el número de sentencia y nótese que el voto disidente no contiene fechas tampoco, esto Honorables Magistrados porque en ésos días las Honorable Jueces pasaron a conformar otras salas, pasando así más de dos años para que se dictara la sentencia de mérito, al grado de cansados de ir a preguntar por ella, nos olvidamos del caso incluso las partes, no así el Fiscal quien estuvo más pendiente, y prueba de mis afirmaciones es el hecho de que el Fiscal a pesar de asistir con mayor regularidad al Tribunal por sus funciones propias, se notifica en fecha 25 de febrero del dos mil catorce lo cual hace por escrito, o sea dos años después de que el juicio concluyó. Siendo que, tal como antes se ha señalado, según el artículo 340 de la misma ley, la sentencia deberá ser redactada y firmada tan pronto haya sido votada, con la excepción, repitiéndolo, de que, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos, no puede cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes, debiendo señalar el Presidente fecha para la celebración de audiencia de notificación. Sin embargo, el Honorable Tribunal tuvo a bien extender el plazo previsto por la ley a más de dos años. Es evidente, entonces, la inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del debate, específicamente las relativas a la última etapa, correspondiente a la deliberación y a la sentencia, contenidas en los párrafos primero y segundo del artículo 266 y demás disposiciones del mencionado ordenamiento que antes he citado, proceder en qué consiste el motivo de casación en la forma a que me he estoy refiriendo. No creo necesario extenderme más en esta explicación. Aclaro que no se presentó antes ningún reclamo tendente a la subsanación del vicio en qué consiste el motivo que estoy terminando de explicar, porque se produjo en el pronunciamiento mismo de la sentencia de que se está recurriendo. Aclaro, también, que este motivo no encierra ningún propósito de crítica contra el Honorable Tribunal; antes bien, lo he formulado con la mayor comprensión y el mayor de los respetos, considerando que las señoras jueces fueron removidas de la sala donde se celebró el juicio, sin que esto sea justificativo del quebrantamiento de forma planteado.” IV. Fundamentación 1) Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 1.a) Único Motivo Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma Constitucional que se denuncia Infringida: Artículo 89 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: Violación al Estado de Inocencia. Pretensión: Sin determinar por la censora. Explicó la recurrente que, conforme a la prueba aportada por el Ministerio Público, es posible detectar que se violentó el principio de inocencia que tiene relación con el debido proceso, por lo que es importante determinar los siguientes aspectos: a) La licitud de la prueba. En el presente caso se evacuó un dictamen psiquiátrico realizado a la menor ofendida, pero en vulneración del derecho de defensa, pues el expediente ya estaba judicializado cuando la fiscalía ordenó la evaluación a la ofendida, sin que se haya notificado a la defensa del acusado, conforme lo establece el artículo 101 del Código Procesal Penal. De igual forma se presentó el Dictamen Médico Legal emitido por el Dr. T. A.A., mismo que contiene datos que vician su contenido, pues en el apartado de conclusiones se consigna el análisis de laboratorio de una toalla y un bóxer, cuya procedencia se ignora y de la cual no se hizo decomiso; b) Debida Motivación. Se puede apreciar que la motivación que realiza el Tribunal no explica fundadamente las razones que le llevan a concluir que el imputado sostuvo relaciones sexuales mediante violencia o amenaza con la ofendida; c) Debido razonamiento probatorio. El Tribunal ha declarado como probados unos hechos que jamás le fueron demostrados con la prueba aportada. 1.b) Del Derecho a la Presunción de Inocencia. Resulta conveniente establecer los parámetros que ha establecido esta Sala de lo Penal, acerca del derecho a la presunción de inocencia. El artículo 89 de la Constitución de la República establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse expresamente reconocido en nuestra Constitución y normas legales secundarias (vid. Arts. 1 y 2 del Código Procesal Penal), también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art.14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2). Significa el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria y de la intervención en los mismos del procesado. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal deberá considerar: a) Las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona, b) Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, c) Si de haber sido practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal, d) Si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales, y e) Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no resultan arbitrarias. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo[1]. 1.c) De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ha analizado detalladamente los argumentos de la censora, así como el juicio oral llevado a cabo, puede concluir que el Estado de Inocencia que posee constitucionalmente el acusado fue vencido de manera correcta y por los procesos legales correspondientes. Existe prueba suficiente con la cual se establece que el señor M. G. H. C., sostuvo relaciones sexuales con la menor D. L. G., conforme lo regula el artículo 140.1 del Código Penal; es indistinto que haya existido o no violencia o amenaza, incluso la voluntad de la ofendida, pues ya la norma en referencia establece que comete el delito de violación especial, aun sin mediar violencia o amenazas, siempre que la ofendida sea menor de 14 años, que es el caso de la joven D. L. G.. Este Tribunal de Casación ha podido comprobar, que el ente acusador incriminó al ahora acusado unos hechos que son totalmente típicos y subsumibles en el tipo penal de violación especial; es posible determinar que el legajo probatorio con el que contó el Juzgador, se desarrolló bajo los principios del Juicio Oral, respetando la oralidad, inmediación, contradicción y publicidad que exige nuestra legislación procesal; de igual forma se estableció que la prueba practicada en etapas previas al juicio, fue debidamente incorporada al debate conforme lo establece el artículo 311 del Código Procesal Penal; así mismo se acreditó que esas pruebas evacuadas por el sentenciador, se practicaron con estricta observancia de las normas procesales y en respeto a sus derechos fundamentales, aquellas pruebas que no fueron así conformadas, fueron desestimadas por el Juzgador y excluidas del acervo probatorio; por último los razonamientos del Juez A-quo para valorar la prueba fueron coherentes, concatenados y suficientes para enervar el Estado de Inocencia. En relación a lo argumentado por la recurrente, en el sentido de que el Dictamen Psiquiátrico y el Dictamen Médico legal practicado a la joven D. L. G., se habían elaborado en violación de los derechos del imputado, pues en el primero no fue notificada la defensa de cuándo se practicaría dicho examen, ni fue juramentado el perito conforme nuestra legislación procesal y en el dictamen médico legal, se establece que se mandó al laboratorio una toalla y un blúmer, sin que se haya hecho el proceso legal de decomiso de una evidencia, con la previsiones que ya establece la ley para evitar su contaminación. Al respecto esta Sala de lo Penal ha podido verificar que en el acta de proposición de pruebas (F 250-255), la fiscalía propuso ambas pericias, sin que la defensa tuviese objeción alguna, luego en fecha 24 de junio del 2011, el ente acusador presentó los dictámenes para que fueran revisados con suficiente antelación por la defensa (F 299), antes que se celebrase el juicio oral, pero ya en el acto del debate (F383-384), la defensa si bien presentó nulidades y objeciones sobre el dictamen de serología forense y otras pruebas, nada dijo sobre estos medios de pruebas periciales, siendo ese el momento procesal oportuno para presentar su objeción sobre los mismos, por lo que, no es posible consentir un vicio del cual se tuvo la posibilidad de presentar reclamo, para alegarlo ahora como yerro casacional. Por estas razones, esta Sala de Casación desestima el presente motivo por infracción de precepto constitucional. 2) Recuso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto” .

Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. 2.a) Único Motivo Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 140 del Código Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del delito de violación. Pretensión: Sin determinar por la censora. Expuso la censora, que conforme a los hechos probados, no se describe la intensidad de la supuesta violencia ejercida y si ésta era suficiente para disminuir su voluntad; el delito de violación sexual se constituye como la realización del acto sexual mediante violencia o amenaza, por lo tanto lo que se castiga no es la cópula en sí, sino el empleo de esos medios para ello. Acotó también la recurrente, que no toda violencia reúne la calidad de típica, ésta deberá reunir ciertos requisitos para ser considerada como tal. 2.b) Del Delito de Violación Especial. La libertad sexual, entendida como aquella parte de la libertad referida al ejercicio de la propia sexualidad, y en cierto modo a la disposición del cuerpo, aparece como un bien jurídico merecedor de una protección penal especifica. En el caso de menores, el problema especial que presentan estos delitos es precisamente que no se puede hablar de la libertad sexual como bien jurídico protegido, dado que los sujetos pasivos sobre los que recaen son personas que carecen de esa libertad (menores e incapaces). Más que la libertad del menor o incapaz, que obviamente no existe en estos casos, se pretende en el caso del menor, proteger su libertad futura, o, mejor dicho, la normal evolución y desarrollo de su personalidad para que cuando sea adulto decida con libertad su comportamiento sexual. Actualmente, la sexualidad con menores está oficialmente proscrita, es considerada como una grave aberración sexual y es castigada con dureza en la mayoría de los Códigos Penales de todo el mundo[2]. En ese sentido, en el delito de Violación el bien jurídico que se protege es la libertad sexual, pero en el caso de menores, al no contar con esa independencia, se entiende que lo que se protege es su Libertad Futura. Se desprende del artículo 140, numeral 1 del Código Penal, que los requisitos objetivos del delito de Violación Especial, son, en primer término, que la ofendida sea “menor de 14 años”; y además, que se consuma un “acceso carnal” entre imputado y ofendida, que puede ser anal, vaginal o bucal. 2c) De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Al tratarse de un recurso de casación donde se denuncia la violación de normas sustantivas, la labor de este Tribunal de Casación se circunscribe en la revisión de los hechos probados y luego establecer conforme a la norma penal utilizada por el Sentenciador, si éstos encajan y son armónicos entre sí. En el caso sometido a análisis, los hechos probados en resumen revelan: Que el 16 de septiembre del 2009, la niña D. L. G. F. de 14 años de edad, se encontraba en su casa de habitación junto a su madre, arreglando la puerta del baño y les hacían falta algunas reglas, por lo que la menor le sugiere a su madre ir al taller de carpintería del señor J. I.a ver si le regalaban la madera. Al llegar la ofendida D. al taller, fue atendida por el acusado M. G.H. C., quien le dijo que tomara las reglas que necesitaba, no sin antes platicar con ella, luego de eso la subió a una mesa y se fue a la habitación contigua para subirle el volumen el televisor, en eso la menor se baja de la mesa para irse, pero el acusado la jaló hasta el cuarto, le tocó sus partes íntimas; el imputado se mete al baño, en ese momento D. intentó irse del lugar pero él salió, la tiró a la cama, le tapaba la boca para que no gritara, hasta que la penetró con fuerza vía vaginal; D. L. le dijo que se tenía que ir y el acusado dejó que se fuera. La penetración vaginal le ocasionó a D. ruptura de himen, un hematoma en una horquilla externa de la vagina y desgarro orientado a pared vaginal. Estos hechos los ha catalogado el Sentenciador como constitutivos de un delito de Violación Especial conforme lo regula el artículo 140 numeral 1 del Código Penal, parecer con el que concuerda esta Sala de lo Penal, puesto que, tal como lo explicamos en el apartado anterior, en el delito de violación especial no se requiere de la violencia o amenaza para dar por acreditado el delito, basta con que exista penetración y que la ofendida sea menor de 14 años para que se conformen los elementos objetivos del tipo penal; y esto es así puesto que el legislador considera más lesiva y reprochable la acción de violentar la indemnidad sexual o libertad futura de una menor que no posee la madurez para hacerlo, que la de una mujer madura que puede decidir si acepta o no copular con algún sujeto. Se hace evidente que la recurrente equivoca su argumentación, puesto que presenta como norma aplicada incorrectamente, el artículo 140 del Código Penal, sin embargo, el acusado ha sido sentenciado por el delito de Violación Especial contenido en el artículo 140 numeral 1 del mismo cuerpo legal. En el caso de autos el Juez A-quo ha conformado los sucesos probados de manera tal que encajan y son perfectamente armónicos con el artículo 140 numeral 1 del Código Penal, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. 3) Recuso de Casación por Quebrantamiento de forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. 3.a) Primer Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículos 202, 336, 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación a las Reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: No pudo hacerse ninguna reclamación contra el vicio indicado, porque se produjo en el pronunciamiento de la sentencia. Pretensión: Sin determinar por la censora. Acotó la reclamante que la escasa prueba evacuada en el juicio, consistente en las declaraciones de tres testigos, de los cuales: 2 son de referencia y la declaración de la ofendida es contradictoria con la prueba científica, además se contó con prueba documental y pericial. Las declaraciones de los testigos fueron contradictorias entre sus dichos que establecieron en la audiencia inicial, con la declaración rendida en el juicio oral. Las máximas de la experiencia establecen que de haberse ejecutado un acto violento necesariamente debería existir una lesión al menor extra o paragenital que confirme lo dicho por la víctima, siendo indispensable que su declaración sea corroborada por datos objetivos. El Tribunal Sentenciador violenta las reglas de la Sana Crítica, cuando en el hecho segundo, párrafo cuarto de la fundamentación jurídica estableció que: “M. se aprovechó de la ausencia de personas en el lugar para seducirla”, cuando testigos afirmaron que una tía, el papá de M. y una hermana de la ofendida se encontraban en el lugar. Estableció también la recurrente, que el Juez A-quo yerra al establecer que con la declaración de la madre se constató que la niña recibió tratamiento psicológico por tres meses, no obstante contar con un Dictamen Psiquiátrico que no indica nada al respecto. Cuestionó también la censora el dictamen médico forense emitido por el Doctor Tulio Alberto Avila, el cual considera contradictorio, mismo argumento utiliza la recurrente al momento de referirse al dictamen psiquiátrico de la Doctora H. P.. Al momento de valorar la declaración de la menor ofendida, el Tribunal de Sentencia viola las reglas de la Sana Crítica, específicamente la regla de la lógica, al violentar los principios de derivación y razón suficiente, pues al analizarlas armónicamente hubiese concluido que D. L. y el imputado tuvieron relaciones sexuales de manera consentida. 3.b) De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal observa que la censora incurre en algunos razonamientos de su impugnación, en inadecuada técnica recursiva, puesto que realiza argumentos propios de instancia, efectuando una revaloración probatoria, pues establece cómo -a su criterio- se debió valorar la prueba, ejercicio mental que está vedado en esta etapa casacional, puesto que, por el principio de inmediación, dicha tarea corresponde al Juez A-quo quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo. Este Tribunal de Casación considera que el Juzgador A-quo ha razonado adecuadamente la prueba aportada en el debate, efectuando argumentos coherentes, lógicos y concatenados, mismos que tienen como base las reglas del correcto pensamiento humano. En el acápite “Valoración de la Prueba” numeral primero, valora la declaración de la mejor D. L. G. F., a quien le concede credibilidad, testimonio además que ha servido para corroborar datos importantes, como su edad, quien fue la persona que la ultrajó, el día y lugar en que sucedieron los hechos, cómo el acusado a la fuerza abusó sexualmente de ella, todo lo cual se lo hizo saber a su madre quien denunció a las autoridades al encartado; además de verificarse su dicho con el dictamen de evaluación física forense, en el cual presenta rupturas de himen reciente. Es de hacer notar también y como lo ha establecido en otros fallos esta Sala de lo Penal, que el testimonio de la víctima de un delito de agresión sexual, debe ser cuidadosamente valorado: “Obviamente que en los delitos sexuales dadas las circunstancias de clandestinidad en que en la gran mayoría de los casos suelen cometerse, tanto se trate de sujetos pasivos adultos como los cometidos contra niños o niñas menores de edad, lo normal es que los tribunales de justicia, no reclamen la presencia en juicio de testigos oculares, a excepción de la declaración de la propia víctima, por lo que deben asegurarse de valorar adecuadamente la versión de la ofendida, como las vertidas en juicio por los testigos de referencia.[3]” Así vemos que en el caso subjudice, la declaración de la menor cuenta con prueba corroborativa, como ser el dictamen médico de los hallazgos encontrados en el cuerpo de la joven, con himen de ruptura reciente y una lesión a nivel vaginal que la dejó varios días hospitalizada; además la declaración de la madre de la menor, quien instantes después del abuso y por el dicho de su hija, tuvo conocimiento de lo sucedido. La parte recurrente ha querido desmeritar el dictamen médico practicado a la menor con argumentos falaces y con una relevancia menor, pues lo cierto es que en ese dictamen se establece que la menor D. L. G. F., fue evaluada el 16 de septiembre del 2009, horas después de ocurridos los hechos; por tanto los hallazgos encontrados fueron recientes, contundentes y confirmaron la versión de la menor; por lo que el Sentenciador no podía sino derivar de dicha prueba la responsabilidad penal del acusado en el delito de violación especial. En ese mismo sentido, el sentenciador valoró adecuadamente y conforme a las reglas el recto entendimiento humano, la declaración de la señora N. M. F. M., madre de la menor ofendida y quien si bien se constituye en una testigo de referencia, sus dichos encajan perfectamente con la declaración de su menor vástago; en cuanto a que el imputado M. G. H. C., fue la persona que la agredió sexualmente en contra de su voluntad. La Censora ha establecido dentro de sus argumentos, que la relación sexual entre imputado y ofendida fue consentida, por lo menos así lo deja ver en algunos apartados de su impugnación; en primer lugar este dato resulta irrelevante cuando se trata de una violación especial, pues aunque fuese consentida la relación, lo que se castiga es la indemnidad sexual de los menores, quienes por su inmadurez no pueden determinar si es correcto o no un acto sexual a esa edad; en segundo lugar, ese argumento de que la relación sexual entre el acusado y la menor fue voluntaria, no surge de ningún medio de prueba evacuado en el juicio, puesto que, los únicos que podía establecer dicha circunstancia son el acusado, quien no declaró pues utilizó su derecho de guardar silencio, y la propia ofendida quien fue categórica al establecer que en varios ocasiones trató de huir del lugar, pero el imputado se lo impedía, al grado tal que la tomó por la fuerza y la tiró a una cama para penetrarla vaginalmente; por tanto resulta inverosímil alegar una relación sexual consentida, cuando ni el propio acusado lo ha advertido así en la diferentes etapas del proceso. Con el resto de prueba documental y pericial el Sentenciador ha realizado una valoración correcta, conjunta y armónica, derivando de dichas probanzas razonamientos lógicos y adecuados a las Reglas de la Sana Crítica, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. 3.c) Segundo Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículos 335, 338, 340, 342, 343, 344, del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Inobservancia a las Reglas establecidas para la realización del juicio oral. Reclamación Ex Ante: No pudo hacerse reclamación contra el vicio indicado, porque se produjo en el pronunciamiento de la sentencia. Pretensión: Sin determinar por la censora. Manifestó la recurrente que en el juicio oral instruido contra el imputado, se inició el 01 de febrero del 2012, pasó tanto tiempo que el Tribunal Sentencia no consignó en la primera página de su sentencia, la fecha en que se había llevado la individualización de la pena; de igual forma el voto disidente no posee fecha; pasando así más de dos años para que se dictara la sentencia, pues es posible verificar que el fiscal del despacho se notificó el 25 de febrero del 2014, es decir dos años después de que el juicio concluyera; todo lo cual es contrario a lo que establece el artículo 340 del Código Procesal Penal. 3. D) De las Reglas para la realización del Juicio Oral y Público. En este motivo deben considerarse las reglas esenciales para el desarrollo de la parte más importante del juicio: el debate; por lo cual esas reglas deben referirse a los principios sobre los cuales descansa esta etapa del juicio: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración. De ello se desprende que el vicio no estará constituido por una simple infracción a una norma procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar un acto particular de la fase de juicio, sino que se refiere a la infracción de una norma de tanta incidencia, que su violación afecte el proceso. Las normas que informan la manera de desarrollar el debate están comprendidas del artículo 304 al 346 del Código Procesal Penal. Tendrá validez la invocación del vicio, cuando se trate de una infracción a una de estas normas, pero esencialmente de aquellas fundamentales, es decir la que se desarrollan los principios apuntados (como por ejemplo el no permitir a una de las partes su derecho a interrogar a los testigos de la parte contraria, lo cual violentaría el artículo 330 del Código Procesal Penal, conllevaría la afectación del principio de contradicción, y con ello el derecho de defensa). Mas no es suficiente la existencia del vicio procesal, se hace necesario el formal reclamo del acto irregularmente desarrollado, a efecto de que pueda ser subsanado, por exigirlo así el párrafo tercero del artículo 363 del Código Procesal Penal, en relación al numeral 6 del artículo 346 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, deberán tomarse en cuenta dos aspectos: la trascendencia de la infracción (lo cual no ocurriría en el caso en que el tribunal decida comenzar él con las preguntas directas al testigo antes que las demás partes) y la protesta del acto viciado para lograr su corrección y generar la facultad de recurrir a través de esta vía. 3.e) De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal analiza los planteamientos de la Censora y aunque no es clara en determinar cuál es el principio que se vería afectado con los errores del Tribunal Sentenciador, se entiende que es el principio de concentración. Tal como lo explicamos en el apartado anterior, el numeral 5 del Código Procesal Penal se refiere a las reglas exclusivas para la celebración del juicio oral, entre los cuales sin duda alguna lo constituye el principio de concentración, el censor considera como normas infringidas los artículos 335, 338, 340, 342, 343, y 344 del Código Procesal Penal. Para que proceda este motivo de casación se requiere de dos condiciones necesarias: a) Que el vicio no esté constituido por una simple infracción a una norma procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar un acto particular de la fase de juicio, sino que se refiere a la infracción de una norma de tanta incidencia, que su violación afecte el proceso. En tal sentido, si bien el Tribunal Sentenciador incurrió en inobservancia de las normas relativas al principio de concentración, esta Sala de lo Penal no considera que tal error haya afectado de manera irremediable al proceso penal o a la defensa del acusado, puesto que la prueba ya había sido evacuada y las conclusiones de las partes ya se habían realizado, el imputado gozaba de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, por tanto si bien el A-quo incurrió en un error, éste no tiene mayor transcendencia en el proceso, por lo menos el recurrente no explicó en su recurso cual fue la afectación a algún derecho, que le ocasionó el hecho que el Tribunal haya inobservado las reglas para la deliberación; b) No es suficiente la existencia del vicio procesal, se hace necesario el formal reclamo del acto irregularmente desarrollado, a efecto que pueda ser subsanado. En el caso sometido a estudio, es posible verificar en el acta de debate que corre agregada a folios 385 al 400 que, el juicio oral terminó el 07 de febrero del 2012, posteriormente el Fiscal del Ministerio Público asignado al caso solicitó la celebración de la audiencia de determinación de la pena en fecha 23 de mayo del 2012 (F 409), misma que se desarrolló el 28 de junio del 2012 (F 413). Posteriormente a ese escrito, no encontramos ninguna otra diligencia que haga ver a esta Sala de lo Penal que los Jueces del Tribunal se hayan tardado 2 años en dictar sentencia, pues no encontramos que ninguna de las partes haya instado al Tribunal para hacerlo, pues lo único que aparece luego de la audiencia de individualización de la pena, es la Sentencia Condenatoria con fecha 17 de julio del 2012 (F414). En conclusión, si en efecto el Tribunal incurrió en esa falta de tardar 2 años para dictar sentencia, tal como lo hace ver la censora, ninguna de las partes realizó el reclamo oportuno para evitar que el yerro se cometiera, por lo que al guardar silencio se consiente el acto y por tanto no puede ahora alegar como vicio, un hecho del cual no se hizo ninguna protesta. Por las razones antes expuestas se declara no ha lugar el presente motivo de casación. V. Decisión Se desestima el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la defensa privada del acusado. VI. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 140 numeral 1 del Código Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, Infracción de Ley en su único motivo y Quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuestos por la Abogada R. Y. A. R. en su condición de Defensora Privada del señor M. G. H. C., a quien se le condenó del delito de Violación Especial en perjuicio de D. L. G. F.. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diecisiete de julio del dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firma y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-425-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Sentencia de Casación Penal SP 42-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 05 de abril del 2011

[2] Muñoz Conde Francisco. Derecho Penal Parte Especial 14° Edición. Valencia, España. Año: 2002. Páginas 200 al 20 SP 193-2011

[3] Sentencia de Casación Penal N° SP 347-2008, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 27 de octubre del 2008