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Sentencia CP-421-13 — Registro 9864

Resumen

En primera instancia se absolvió a los imputados del delito de delito de Ocultamiento de Vehiculo de Ajena Pertenencia. La Sala Penal declara con lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Esta Sala considera que en el presente caso, el Juzgador efectivamente omite interpretar correctamente el contenido del artículo 212 del Código Procesal Penal y lo dispuesto en al artículo 99 Constitucional, en lo referente a no tomar en consideración los casos excepcionales en lo que se autoriza ingresar a una vivienda sin consentimiento de su morador, ni orden judicial previa, cuando dice: “No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”. Congruente con lo resuelto en el motivo de casación anterior, de quebrantamiento de forma, esta Sala estima, que el presente caso el A Quo debió haber calificado las circunstancias como un caso de excepción o de urgencia, en que la propia Constitución de la República y Ley Procesal Penal permiten una intervención inmediata por parte de la Policía, bajo la control y dirección técnico jurídica de la Fiscalía, para con ello: “…evitar la fuga de un delincuente, la destrucción, pérdida o ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial”. El presente caso, cumple con los presupuestos exigidos por la Jurisprudencia de esta Sala establecida en la sentencia de fecha trece de agosto de dos mil ocho, sobre los tres criterios de inmediatez temporal, inmediatez personal y estado de urgencia, para el ingreso a una vivienda sea licito. Se trata de un caso de urgencia, por el corto tiempo transcurrido entre el hecho ilícito y el hallazgo del automotor, habida cuenta de la gravedad del hecho en que personas armadas interceptan el vehículo en mención en plena carretera CA-5 y despojan al conductor de dicha unidad asignado por la empresa, y debido al seguimiento continuo que por medios electrónicos se hace del automotor, mediante el Sistema de localización global (GPS) instalado en el vehículo, con el cual permitió a la empresa propietaria, a las autoridades de policía de investigación y a la Fiscalía, y en especial debido al seguimiento que se da al mencionado automóvil sustraído a su conductor asignado desde el momento mismo en que el hecho ilícito fue notificado a la autoridad, hasta su ubicación y recuperación en el estacionamiento de la vivienda los acusados lo mantenían oculto. Los policías localizan el automotor y proceden a asegurar la casa, en la que ingresan bajo el criterio de urgencia a efecto de recuperar el vehículo Ford Ranger que había sido despojado a su conductor, detener y evitar la fuga de los autores del ilícito, y el desaparecimiento de los demás objetos del delito. Se trata de un caso de flagrancia debido a que desde el momento de la notificación de la comisión del ilícito se comenzó a dar seguimiento al vehículo objeto del proceso, hasta dar con el lugar preciso donde había sido llevado para mantenerlo oculto, vivienda en la que además fueron encontrados otros objetos de uso policial y la que estaba habitada por los acusados señores W. J. L. S., R. J. S. Y E. M. T., vehículo que a pesar del corto tiempo de posesión los acusados ya habían despojado de sus placas, y del logotipo de la empresa. Por lo anterior, esta Sala concluye que el Acta de allanamiento de morada convalidada por el Juez de Garantías, debió el A Quo dotarlas de fuerza probatoria suficiente y no debió haberlas anulado por defectos de forma, y que, al haberlo hecho de esta forma, efectivamente incurrió en la infracción del Precepto Constitucional por interpretación errónea del contenido en los artículos 99 de la Constitución de la República, en relación con el 212 del Código Procesal Penal. Por lo anterior, esta Sala declara con lugar el motivo de casación de infracción del Precepto Constitucional, invocado por el recurrente. Motivo de casación de Infracción de Precepto Constitucional, que se aplica con preferencia al Motivo de Casación de Quebrantamiento de forma, que también ha prosperado, en virtud de resolver el asunto en el fondo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha uno de febrero del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “I.SENTENCIAEn la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno (1) de febrero del dos mil dieciocho (2018). - El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, quien actúa como Coordinadora, Jose Olivio Rodriguez Vasquez y Miguel Alberto Pineda Valle, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA SENTENCIA EN EL RECURSO DE CASACIÓN SP-421-2013 POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de septiembre de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló:1)ABSOLVIENDO a los acusados W. J. L., R. J.S., E. M. T., del delito de OCULTAMIENTO DEVEHICULO DE AJENA PERTENENCIA, en perjuicio de LA EMPRESA TECHNOSERVE. 2) NO CONDENO en costas procesales al Ministerio Público. -Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional la Abogada E. L. B., en su condición de Fiscal del Ministerio Público.-SON PARTES: La Abogada E.L. B., Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. I I.HECHOS PROBADOS“PRIMERO: El día catorce de octubre del año dos mil ocho, aproximadamente como a las cinco treinta de la tarde el señor N. R. M. B. quien a bordo de un vehículo marca Ford Color beige, tipo Pick Up, doble cabina, placas PBU- 3514, con logotipo de la Empresa TECHNOSERVE, hacia su recorrido por la carretera CA 5, y a la altura del lugar conocido como la “aldea El Rodeo”, del municipio de Comayagua, departamento de Comayagua, cuando en el trayecto hacia Tegucigalpa, es interceptado por otro vehículo doble cabina en el que se transportaban varios individuos no identificados que le rebasa y le obstruye el paso obligándole a detener la marcha, procediendo de inmediato a despojar a M. B. del automotor y dejándolo en el mismo lugar antes establecido. SEGUNDO: Inmediatamente de lo acontecido M.B.se comunicó con su compañero de trabajo G. G. notificándole lo sucedido, este procede a informar a sus superiores y teniendo conocimiento que el vehículo posee un sistema de localización GPS, (Sistema de Posicionamiento Global) procede a realizar las gestiones de inmediato para su pronta localización, teniendo como resultado su ubicación en el barrio “el Carmen” de Municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.” III. ADMISIBILIDADEl Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Abogada E. L.B., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. IV.RECURSO DE CASACIÓN “LA RECURRENTE ABOGADA E. L. B., EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE LA MANERA SIGUIENTE:” EXPOSICIONDE LOS MOTIVOS DE CASACION.PRIMER MOTIVO: Haber excluido el sentenciador prueba de valor decisivo en la Litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.2 del C.C.P. EXPLICACION DEL MOTIVO. Previo a desarrollarse el presente motivo, es conveniente aclarar, para los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencia recurrido, ha excluido prueba de valor decisivo, de fundamental importancia para decidir en forma regular lo debatido en el juicio. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación prescribe: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. Elórgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Expresa el sentenciador en el apartado de valoración de la prueba, numeral primero, (pag. 4 de la sentencia) que los testigos G. E. G.M., D. A. M. M. y W. E. M.C., “. . .resultan creíbles y concordantes entre sí, ya que una vez proporcionada la información de la ubicación del vehículo proceden en su búsqueda y hallazgo y guardan relación con lo declarado con G. E. G.. Estas declaraciones resultan aceptables por coincidir entre sí en cuanto a esta circunstancia de los hechos, así como también se constata la presencia de ambos testigos en la fecha, lugar y hora en que se realizó el registro del inmueble, constatándose a la vez por dichos documentos la presencia en el lugar y hora de los testigos, así como la presencia de los testigos en el lugar, sin embargo no se establece que motivo a permanecer en dicho lugar aproximadamente desde las siete y ocho de la mañana hasta las once de la mañana en el lugar, antes establecido así como también que en el momento de ingresar a la vivienda encontraron a los señores a la señora E. M. T., R. y al señor J. L. sin determinarse quien de esos fue la persona que autorizo dicho ingreso al inmueble, la cual no resulta confiable procedimiento a utilizar para el ingreso de los agentes de investigación a la vivienda”. Continua manifestando el sentenciador que: “Del análisis conjunto del contenido de estas declaraciones testificales de los agentes de investigación se desprende que estos actuaron sin el procedimiento requerido por la norma jurídica, dichos testimonio coinciden con el acta de ingreso en la vivienda, sin observancia de lo que exige el Código Procesal Penal, violentando las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución de la República, y lo establecido en el artículo 212 del Código Procesal Penal. De acuerdo al contenido del acta de allanamiento, se concluye que en la presente causa que el allanamiento de morada rea fizado por los agentes de investigación criminal (DGIC) se hizo sin previo consentimiento de los moradores del inmueble en cuestión, para el Tribunal dichos actos carecen eficacia probatoria, restándole a la actuación policial de credibilidad por haber utilizado el procedimiento equivocado…” Siempre refiriéndose ahora al numeral segundo, prueba documental del apartado valoración de la Prueba en lo referente a la certificación auto de convalidación expresa el Tribunal (Pág.5 de la Sentencia) “. . .emitido por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque que, carece de confiabilidad ya que el mismo está falto de motivación suficiente para alcanzar esa finalidad. La motivación de las resoluciones judiciales son el control de la actividad jurisdiccional, por lo que no basta con que el juez haga mención del requerimiento fiscal, elación de la alguna prueba, la cita de o transcripción de artículos de leyes o la simple transcripción la solicitud de convalidación de las partes no constituye en ningún momento la motivación del juez. El resultado del allanamiento debe considerarse una prueba nula ya que no cumple con los requisitos para considerarla como tal en razón de su defensa en la convalidación realizada por el juez. Es claro que el auto de convalidación de allanamiento que nos ocupa en el caso concreto ha sido breve, sin explicar los antecedentes del caso y en que basa su decisión” Y finalmente expone en sentenciador seguidamente “Con la Certificación del Acta de Allanamiento realizada en la casa de la señora E.M. T. que consta a folio cuarenta y nueve documento incorporado mediante lectura al debate, establece que en fecha quince de octubre del año dos mil ocho a las once y diez minutos los agentes de investigación P. A., D. M., Eh M., M. M., A. V., A. P., técnico de EFEC, E. H. y S/I A. O., S/O D. C., así como también en el garaje de vivienda se encontró un vehículo Ford Ranger, color beige, tipo pick up placa PBU 3514, y un vehículo tipo pick up, marca Isuzu, color gris, placas PBC9083, y varios objetos entre ellos unos de uso policial. Se desprende que el contenido de dicha ata de allanamiento coincide con los testimonios de los agentes de investigación que realizaron el ingreso a la vivienda” Como se puede apreciar los razonamientos del tribunal son claros en cuanto a la descalificación de la declaración de los testigos presenciales de G. E. G. M., D. A. M. M. y W. E. M. C., en relación a sus deposiciones y la certificación del auto de convalidación e allanamiento y su respectiva acta, por lo que conviene traer a la memoria del Tribunal de Casación lo expresado por estos testigos en el debate para que se determine sí las razones del Tribunal de instancia son concordantes y soportan la fuerza probatoria de este testimonio en relación con otras evacuadas en juicio a las que nos referiremos más adelante. Dicho lo anterior, pasamos a describir y analizar las decisivo a que nos referimos, veamos: 1. Declaración del testigo presencial D. A. M. M., que según consta en el acta del debate, entre otras cosas dijo: “Que estando asignado en el año 2008 en la ciudad de Siguatepeque en fecha 14 de octubre de 2008, me encontraba en las oficinas de la DGIC, recibí una llamada de un celular u un señor de nombre G. me manifestó que la había rogado un vehículo en Comayagua a la altura de El Rodeo, me manifestó en ese momento que dicho vehículo estaba registrado con GPS, y que estaba localizado en la ciudad de Síguatepeque, no dio una dirección para que realizáramos la búsqueda, luego salimos con un compañero supuestamente donde se encontraba el vehículo, llegamos a una barrio o colonia que se llama El Carmen, buscamos por los alrededores pero no lo encontramos... al día siguiente como a las siete y minutos pudimos contactar al señor y nos mostró la imagen y ya pudimos observar que efectivamente en dicho lugar habíamos andado buscando el vehículo y él nos manifestó que el vehículo se había parado como a eso de las cinco y media horas, en la cuesta el Rodeo y de allí retrocedió tomo la dirección opuesta hacia Siguatepeque y llegó hasta el barrio el Carmen y no se volvió a mover durante toda la noche; entonces ya teniendo la dirección por medio del sistema nos ubicamos y procedimos a ir al lugar porque ya anteriormente habíamos pasado por el lugar y el en sistema se logra ver cuadras y todo, los caminos y llegamos directamente a una casa de habitación y me acerque al portón que era un portón cerrado y un espacio que ha entre el portón y la pared pude observar que estaban dos vehículos un pick up Isuzu KB y un Ford Ranger anteriormente descrito en eso solicitamos apoyo al personal de la policía preventiva ya que solo andábamos tres agentes en esos momentos y posteriormente se procedió a estar acordonando el área mientras llegaba el refuerzo ya que no se sabía con cuantas personas se contaba en el interior de la vivienda y por seguridad esperamos y a eso de las once horas se procedió a ingresar en la fecha quince de octubre de 2008. estando adentro de la vivienda pues se observó el vehículo Ford que ya no tenía sus placas en su lugar el logo de la ONG que no recuerdo el nombre se lo borraron y posteriormente en la vivienda se encontraban tres personas, dos hombres y una mujer de nombre E. M. T., W. L. y R. S....”La declaración rendida por este testigo presencial, no se contradice, sino que la ratifica y confirma en cuanto a que pudo constatar que desde el robo del vehículo, personal de la empresa afectada procedió a localizar el automotor, siendo perseguidos los sospechosos por el ofendido mediante el sistema de GPS, acreditándose así la flagrancia en la comisión de los delitos de robo de vehículo y ocultación de vehículo robado. Es por ello, que estimamos que el testimonio de este testigo presencial, es verdadero y debió concedérsele por el Tribunal recurrido plena credibilidad, por haber sido rendida en juicio oral y público, en forma clara, espontánea, libre de dudas o contradicciones entre si, por lo que se vuelve prueba consistente merecedora de credibilidad suficiente para acreditar el hecho justiciable. 2. Declaración del testigo W. M. C., que según el acta de la audiencia del juicio, seguidamente siendo interrogado por las partes manifestó: “Las primeras diligencias que hicimos fue que nos reunimos con el señor luego nos trasladamos al lugar que indicaba el satélite, y ya una vez ubicado los vehículos por la hendidura de un portón, nos coordinamos con la Fiscalía para esperar apoyo para hacer el ingreso a la vivienda, nos encontramos el señor G. y el conductor N. a eso de las siete de la mañana en la repostería la Princesita, porque necesitábamos internet para ver la Impresión en un lugar donde hubiese Internet, fue por esa razón que no fuimos a reunir allí... continua manifestando: ... nos trasladamos al Barrio El Carmen de Siguatepeque, el compañero D. M., M. .M. P. Á. y mi persona, llegamos a ese lugar aproximadamente como a las ocho u ocho y media. al llegar lo primero que hicimos es asegurarnos de que los vehículos que están allí y luego mantener las medidas de seguridad, pedir apoyo a la policía y coordinar con la Fiscalía. El compañero D. M. por una hendidura del portón miro que había un vehículo gris, por lo que yo me asome también y mire que estaba vehículo y el Ford Ranger, similar a las características del que se habían robado en Comayagua, en ese momento el compañero que estaba encargado le manifestó a la Fiscal que estaba de turno en Siguapeque, esperamos la respuesta del apoyo de los compañeros de la policía preventiva esperamos hasta a eso de las once de la mañana, después de esa hora ingresamos a la vivienda...” 3.- Certificación de Acta de Allanamiento, el cual se puede apreciar que dio inicio a las once y diez de la mañana, el miércoles quince de octubre de dos mil ocho, señalando a los participantes en el mismo, ubicando la dirección exacta y las personas encontradas en la vivienda identificando a los acusados. Asimismo, señala la misma acta los hallazgos que encontraron, entre ellos las evidencias consistentes en el vehículo objeto de robo y posteriormente ocultación. Acta que reúne todos los requisitos exigidos en el artículo 212 párrafo final “En los casos contemplados en los numerales precedentes, la autoridad policial que practique el allanamiento deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos (2)testigos mayores de edad, que no tengan vinculación alguna con los cuerpos de investigación. Concluido el allanamiento, se levantará acta que firmarán quienes ha van participado en el mismo y aquellos en cuya presencia se efectuó. Si se negaren a hacerlo, se hará constar esta circunstancia y las razones que aduzcan para ello”. 4.- Certificación deauto motivado de Convalidación de Allanamiento. Este documento contiene los requisitos de una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. Contiene en los antecedentes procesales los hechos, así como las circunstancias que llevaron a la Policía Nacional a ingresar a la vivienda, descubriendo evidencia relacionada con el delito y el descubrimiento de otros. Señala además los fundamentos en los cuales, se basa para dar por correcta y bajo los parámetros legales el allanamiento procediendo a su convalidación. De la declaración de los testigos presenciales se desprende claramente que una vez cometido el robo de vehículo de que fue objeto la empresa TECHNOSERVE, el 14 de octubre de 2008, y una vez comunicado este hecho al personal de la empresa, de inmediato se inició un seguimiento del vehículo a través de GPS, logrando ubicarlo en la ciudad de Siguatepeque, en el Barrio El Carmen, precisamente en la vivienda en que se descubrieron los hechos, lo que sin lugar a duda pone al descubierto la inconsistencia de los superficiales razonamientos utilizados por el sentenciador para excluir esta prueba que como se expresará en el motivo siguiente son violatorios a las reglas de la sana crítica. En efecto, las declaraciones de los principales testigos del hecho penalmente antijurídico, por haberlo vivido en las circunstancias en que se acreditó en el debate, por ello su declaración merece el más amplio y absoluto valor probatorio, pues por demás su versión es veraz y consistente, confirmada por el otro testigo propuesto por el ente acusador, al cual ya nos hemos referido, con anterioridad. Así las cosas, es evidente que si el Tribunal sentenciador hubiere valorado en forma conjunta, armónica y en toda su dimensión, la prueba evacuada en juicio, especialmente la declaración del testigo D. A. M. y W. Eh M. C. quienes con claridad meridiana y sin vacilaciones identificaron el lugar y lograron obtener la evidencia y a los acusados como las personas responsables de haberlo ocultado, y que existieron las razones de flagrancia siendo la medida necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables, hubiese llegado a la necesaria conclusión que efectivamente los encausados W. J. L. S., R. J. S. Y E. M. T.. De acuerdo a lo dispuesto en él artículo 202, citado como infringido, el órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida en juicio, sin embargo, como ya se expreso, extrañamente el Tribunal en el acto fundamental de sentenciar, no valoro, es más, excluyo totalmente las declaraciones testifícales, la certificación de acta de allanamiento y la certificación del auto de convalidación de juez competente, que por ser acreditativos de los hechos, se convierte en una prueba de valor decisivo en el juicio, merecedora de la correspondiente apreciación, por ser prueba válidamente incorporada al debate. En ese sentido resulta de trascendencia indicar que la determinación del valor decisivo de una prueba, es por medio del método denominado “supresión hipotética” que consiste en que su invalidez afecte de manera fundamental a la motivación, cuando si mentalmente se le suprimiese las conclusiones hubieren sido necesariamente distintas y a contrarío censu no será de valor decisivo la probanza que al ser suprimida mentalmente no afecta la resolución impugnada conservando esta última su sustento independiente. Con las razones legales antes expuestas se concluye, que el carácter de valor decisivo de esta prueba se pone de manifiesto, cuando si se le excluye mentalmente (como es el caso de que se trata) surge la duda de sí en realidad los imputados ocultaban un vehículo robado, pero si se le incluye y valora en toda su dimensión de acuerdo a la tesis propuesta, tenemos que inescindiblemente por su peso y consistencia se traduce en certeza positiva de que W. J. L. S., R. J. S. Y E.M. T., son responsables del delito de OCULTACION DE VEHICULO ROBADO, cometido en perjuicio de EMPRESA TECHNOSERVE, como se ha dejado demostrado. Finalmente es necesario señalar que la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sala de lo Penal ha indicado que los requisitos para llevar a cabo el ingreso a una vivienda sin orden judicial son 1) inmediatez temporal; 2) Inmediatez personal y 3) Estado de Urgencia, los cuales se desarrollaran en el segundo motivo. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el propio acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.”II. LA ABOGADA RECURRENTE MANIFIESTA EN SU:”SEGUNDO MOTIVO: Infracción por Interpretación Errónea del Párrafo primero del artículo 99de la Constitución de la República, en relación con el artículo 212 del Código Procesal Penal PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Los preceptos constitucionales y penales citados como infringidos por violación textualmente dicen: El artículo 99 Constitucional en su parte conducente dice: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad.” El artículo 212 del Código Procesal Penal prescribe: “Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. En estos casos, el Ministerio Público, una vez practicado el allanamiento, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Juez competente, al que explicará las razones que lo determinaron. El Juez, por auto motivado, convalidará o anulará, total o parcialmente, lo actuado. En lo demás, se estará a lo dispuesto por el Artículo 99 de la Constitución de la República.” En armonía con el primero motivo del presente recurso, encontramos que ha plasmado el Tribunal de Sentencia que: “...resultan creíbles y concordantes entre sí, ya que una vez proporcionada la información de la ubicación del vehículo proceden en su búsqueda y hallazgo y guardan relación con lo declarado con G. E. G.. Estas declaraciones resultan aceptables por coincidir entre sí en cuanto a esta circunstancia de los hechos, así como también se constata la presencia de ambos testigos en la fecha, lugar y hora en que se realizó el registro del inmueble, constatándose a la vez por dichos documentos la presencia en el lugar y hora de los testigos, así como la presencia de los testigos en el lugar, sin embargo no se establece que motivo a permanecer en dicho lugar aproximadamente desde las siete y ocho de la mañana hasta las once de la mañana en el lugar, antes establecido así como también que en el momento de ingresar a la vivienda encontraron a los señores a la señora E. M. T., R. y al señor J. L. sin determinarse quien de esos fue la persona que autorizo dicho ingreso al inmueble, la cual no resulta confiable procedimiento a utilizar para el ingreso de los agentes de investigación a la vivienda” Continua manifestando el sentenciador que: “Del análisis conjunto del contenido de estas declaraciones testificales de los agentes de investigación se desprende que estos actuaron sin el procedimiento requerido por la norma jurídica, dichos testimonio coinciden con el acta de ingreso en la vivienda, sin observancia de lo que exige el Código Procesal Penal, violentando las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución de la Republica, y lo establecido en el artículo 212del Código Procesal Penal. De acuerdo al contenido del acta de allanamiento, se concluye que en la presente causa que el allanamiento de morada realizado por los agentes de investigación criminal (DGIC) se hizo sin previo consentimiento de los moradores del inmueble en cuestión, para el Tribunal dichos actos carecen eficacia probatoria, restándole a la actuación policial de credibilidad por haber utilizado el procedimiento equivocado...”. Asimismo, en la parte fundamentación jurídica del fallo impetrado, señala el Tribunal de Sentencia que: “En el referido allanamiento, no existe autorización por parte de la señora E. M. T., que permite el ingreso a la vivienda a los agentes de investigación D. M., W. E.M., P. Á., M. M. Estos solo establecen que llegaron como a las ocho y treinta de la mañana procedieron acordonar la zona luego se pusieron en contacto con la fiscal de turno y a la once y diez realizaron el allanamiento. Cabría entonces mencionar que estos agentes de investigación ingresaron a la vivienda sin tener conocimiento los moradores de la casa ni mucho menos autorización.., continua expresando el Tribunal….estos agentes de investigación establecen que actuaron considerando el suceso como caso en flagrancia, desde el momento que despojaron al señor N. M. del vehículo, estos no tenía ninguna información de donde se encontraba el vehículo si no hasta un día después, pues este hecho ha quedado claramente establecido con el acta de allanamiento el cual debe considerarse una prueba ilícita que no cumple con los requisitos para considerarla como tal en razón de la forma de su obtención así como también de su defecto de la con validación realizada por juez. Es vista que el obtener la información antes de su actuación tuvieron el tiempo suficiente para poner en conocimiento a la Fiscalía y de esa forma solicitar una orden judicial al juez competente ya que según el testimonio de los testigos de cargo estos ubicaron la vivienda las ocho con treinta minutos de la mañana”. Con dicho razonamiento esgrimido por el sentenciador, no cabe duda que desconoce la jurisprudencia de La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando señala el verdadero sentido de lo dispuesto en al artículo 99 Constitucional sobre lo que señala en casos excepcionales cuando dice: “No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad” Aspecto también desarrollado en el Código Procesal Penal en su párrafo segundo del artículo 212 antes transcrito. La Honorable Corte Suprema, mediante sentencia de fecha trece de agosto de dos ocho, confirma el sentido y alcance de esta parte del artículo y para ello brinda tres criterios a seguir, para que e/ingreso de la policía a un una vivienda sea licito. Estos son: Inmediatez temporal, el sospechoso debe ser detenido en el momento mismo en que se encuentra cometiendo el delito o en momento inmediatamente posterior; Inmediatez personal, no es otro que la percepción directa del delincuente en el lugar del hecho en relación con aspectos del delito que proclaman su directa participación en la acción delictiva y, Estado de urgencia, cuando la situación delictiva surge de tal modo que por las circunstancias concurrentes en el caso, se justifica la necesidad de intervenir inmediatamente con el fin de poner término a la situación existente, impidiendo en todo lo posible la propagación del mal que el delito acarrea y conseguir la detención del autor del mismo, supuestos que permitan la urgente necesidad de la diligencia de allanamiento y razones especiales que dan al Fiscal la oportunidad de convalidar el allanamiento practicado”. (Sentencia SP-296-07). Ahora, en cuanto al primero criterio, se acreditó que en efecto, una vez robado dicho vehículo Ford Ranger al señor N. M., este comunico lo sucedido, y desde ese momento, se procedió a seguir el automotor mediante la tecnología de GPS, el cual informaba el paradero del mismo, siendo objeto de revisiones periódicas y que se encontraba toda la noche en el mismo lugar, en la ciudad de Siguatepeque, en la casa de la señora E. M. T.. Por tanto, la flagrancia se mantuvo en todo momento y de la posterior ocultación del vehículo robado. En el segundo criterio, se establece que en la vivienda donde se encontraba el vehículo robado así como otros objetos de uso policial estaban en el lugar W. J. L. S., R. J. S. Y E. M. T., y agregado a ello, tal como lo acepto el Tribunal de Sentencia, dicho vehículo no tenía las placas ni el logotipo de la empresa. Y en cuanto al tercer criterio, encontramos que se justifica la necesidad de intervenir inmediatamente con el fin de poner término a la situación existente, impidiendo en todo lo posible la propagación del mal que el delito acarrea y conseguir la detención del autor del mismo, y aún más cuando esto se deriva del seguimiento, vigilancia y ubicación que concluye por si mimo la necesidad de ingresar. Este, se llevó a cabo bajo los parámetros Constitucionales y del Código Procesal Penal, resultando además en hallazgos inevitables de la comisión de otros delitos. Contrario a lo que ha establecido el sentenciador, la urgencia no se sitúa por las horas de vigilancia y esperar el apoyo policial, sino de una intervención idónea y adecuada para poner fin a la comisión del delito y sus consecuencias, así como la detención del autor. El registro domiciliario consiste en la búsqueda de cosas relacionadas con el delito que se investiga o que puedan servir como prueba de ello de sus supuestos partícipes, llevada a cabo por la autoridad judicial o policial en un lugar determinado, aun en contra de la voluntad del titular de la facultad de exclusión del recinto registrado. El propósito del registro es buscar, en e/lugar en que se/o practica, cosas pertinentes al delito o a alguna persona imputada, evadida, o sospechada de criminalidad. El Ministerio Público, deja claro que la infracción denunciada es por interpretación errónea en cuanto a la excepción y el significado de casos de urgencia, en los cuales no es necesaria la orden judicial, plasmada en el artículo 99 de la Constitución de la República.”V. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA1) EXCLUSIÓN DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO. “Este motivo de impugnación resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba (por considerarla ilícita sin serlo, por ejemplo) o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella), siendo decisiva para decretar la absolución o la condena del imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tiene obligada proyección en el relato histórico de la sentencia combatida. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuera desacertadamente, en y otro caso habrá de rechazar e el motivo, sin perjuicio que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso amparado en el numeral siguiente, si en su ponderación no se observaron las reglas de la sana critica”.[1] “Que la prueba omitida, hemos señalado, debe ser decisiva; si carece de eficacia, la omisión no afecta a la motivación…Carece de relevancia y por lo tanto no ocasiona vicio a la sentencia: la nulidad de un acto de una prueba no tenida en cuenta en la motivación…Tampoco produce la nulidad por falta de motivación la invalidez de una prueba, cuando la sentencia se sustenta en otros elementos de juicio suficientes y válidos… Para apreciar la decisividad de la prueba eliminada el tribunal de casación ha de acudir al MÉTODO DE LA SUPRESIÓN HIPOTÉTICA de la manera siguiente: una prueba será decisiva, y su validez afectará de manera fundamental a la motivación, cuando -si mentalmente se la suprimiera- las conclusiones hubieran sido necesariamente distintas.- Es claro que para este examen, como en otra parte ya lo hemos anticipado, el Tribunal de casación formula, en alguna medida, un juicio de hecho relativo a valoración de la prueba; ello es inevitable en tanto tiene que apreciar la suficiencia de las pruebas válidas que el fallo conservará como sustento. Pero esta tarea estimativa del material probatorio subsistente, no debe modificar los límites de su función de contralor jurídico. El examen se reducirá a la legalidad y racionalidad de esos elementos como fuente de convicción”. [2]2) Al respecto del RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL en Honduras, el Consultor Internacional Jose Luis Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[3]VI. 1) RESUMENRECURSO DE CASACION DE QUEBRANTAMIENTO DE FORMA CONSISTENTE EN HABER EXCLUIDO EL SENTENCIADOR PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN LA LITIS. En el apartado de valoración de la prueba, numeral primero de la sentencia, el A Quo estima que los testigos G. E. G. M., D. A. M. M. Y W.E. M.C., “. . .resultan creíbles y concordantes entre sí, ya que una vez proporcionada la información de la ubicación del vehículo proceden en su búsqueda y hallazgo y guardan relación con lo declarado con G. E. G.. El sentenciador asegura que: “Del análisis conjunto del contenido de estas declaraciones testificales de los agentes de investigación se desprende que estos actuaron sin el procedimiento requerido por la norma jurídica, dichos testimonios coinciden con el acta de ingreso en la vivienda, sin observancia de lo que exige el Código Procesal Penal, violentando las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución de la República, y lo establecido en el artículo 212 del Código Procesal Penal. De acuerdo al contenido del acta de allanamiento, se concluye que en la presente causa que el allanamiento de morada realizado por los agentes de investigación criminal (DGIC) se hizo sin previo consentimiento de los moradores del inmueble en cuestión, para el Tribunal dichos actos carecen eficacia probatoria, restándole a la actuación policial de credibilidad por haber utilizado el procedimiento equivocado…”. Asimismo, que el resultado del allanamiento debe considerarse una prueba nula, ya que no cumple con los requisitos para considerarla como tal en razón de su defensa en la convalidación realizada por el juez. El Juzgador refiere que el auto de convalidación de allanamiento ha sido breve, sin explicar los antecedentes del caso y en que basa su decisión, en que” los razonamientos del tribunal son claros en cuanto a la descalificación de la declaración de los testigos presenciales de G. E. G.M., D.A.M. M. y W. E. M. C., en relación a sus deposiciones y la certificación del auto de convalidación e allanamiento y su respectiva acta. Estima que la declaración del testigo presencial D.A. M.M. es verdadera y debió concedérsele plena credibilidad, por haber sido rendida en juicio oral y público, en forma clara, espontánea, libre de dudas o contradicciones entre si, por lo que se vuelve prueba consistente merecedora de credibilidad suficiente para acreditar el hecho justiciable. La declaración del testigo W. M. C., es conteste con la realidad de los hechos; la CERTIFICACIÓN DE ACTA DE ALLANAMIENTO, reúne todos los requisitos exigidos en el artículo 212 párrafo final del Código Procesal Penal. La CERTIFICACIÓN DEAUTO MOTIVADO DE CONVALIDACIÓN DE ALLANAMIENTO, contiene los requisitos de ley respectivos. Concluye que el A Quo no valoro, y excluyo totalmente las declaraciones testifícales, la certificación de acta de allanamiento y la certificación del auto de convalidación de Juez competente, que por ser acreditativos de los hechos, se convierte en una prueba de valor decisivo en el juicio, merecedora de la correspondiente apreciación, por ser prueba válidamente incorporada al debate. De haber valorado esta prueba de valor decisivo el A Quo hubiese encontrado certeza positiva de que los acusados señores W. J. L. S., R. J.S. Y E. M.T., son responsables del delito de OCULTACION DE VEHICULO ROBADO, cometido en perjuicio de EMPRESA TECHNOSERVE, como fue demostrado. 2) INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. El artículo 99 Constitucional en su parte conducente dice: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad.” El artículo 212 del Código Procesal Penal prescribe: “Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. En estos casos, el Ministerio Público, una vez practicado el allanamiento, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Juez competente, al que explicará las razones que lo determinaron. El Juez, por auto motivado, convalidará o anulará, total o parcialmente, lo actuado. En lo demás, se estará a lo dispuesto por el Artículo 99 de la Constitución de la República.” El A Quo en la sentencia que se impugna manifiesta que: “Del análisis conjunto del contenido de estas declaraciones testificales de los agentes de investigación se desprende que estos actuaron sin el procedimiento requerido por la norma jurídica, dichos testimonio coinciden con el acta de ingreso en la vivienda, sin observancia de lo que exige el Código Procesal Penal, violentando las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución de la República, y lo establecido en el artículo 212del Código Procesal Penal. De acuerdo al contenido del acta de allanamiento, se concluye que en la presente causa que el allanamiento de morada realizado por los agentes de investigación criminal (DGIC) se hizo sin previo consentimiento de los moradores del inmueble en cuestión, para el Tribunal dichos actos carecen eficacia probatoria, restándole a la actuación policial de credibilidad por haber utilizado el procedimiento equivocado...”. Asimismo, en la parte fundamentación jurídica del fallo impetrado, el A Quo señala que: “En el referido allanamiento, no existe autorización por parte de la señora E. M. T., que permite el ingreso a la vivienda a los agentes de investigación D. M., W. E. M., P. Á., M. M.. Estos solo establecen que llegaron como a las ocho y treinta de la mañana procedieron acordonar la zona luego se pusieron en contacto con la fiscal de turno y a la once y diez realizaron el allanamiento. Cabría entonces mencionar que estos agentes de investigación ingresaron a la vivienda sin tener conocimiento los moradores de la casa ni mucho menos autorización.”. El recurrente reprocha que no cabe duda que con lo expresado el Juzgador desconoce la Jurisprudencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando señala el verdadero sentido de lo dispuesto en al artículo 99 Constitucional sobre lo que señala en casos excepcionales cuando dice: “No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad” Aspecto también desarrollado en el Código Procesal Penal en su párrafo segundo del artículo 212 antes transcrito. Refiere que la Honorable Corte Suprema, mediante sentencia de fecha 13 de agosto de dos mil ocho, confirma el sentido y alcance de esta parte del artículo y para ello brinda 3 criterios a seguir, para que e/ingreso de la policía a un una vivienda sea licito. Estos son: Inmediatez temporal, el sospechoso debe ser detenido en el momento mismo en que se encuentra cometiendo el delito o en momento inmediatamente posterior; Inmediatez personal, no es otro que la percepción directa del delincuente en el lugar del hecho en relación con aspectos del delito que proclaman su directa participación en la acción delictiva y, Estado de urgencia, cuando la situación delictiva surge de tal modo que por las circunstancias concurrentes en el caso, se justifica la necesidad de intervenir inmediatamente con el fin de poner término a la situación existente. Refiere que en cuanto al primero criterio, se acreditó que una vez robado dicho vehículo Ford Ranger al señor N. M., este comunico lo sucedido, y desde ese momento, se procedió a seguir el automotor mediante la tecnología de GPS, el cual informaba el paradero del mismo, siendo objeto de revisiones periódicas y que se encontraba toda la noche en el mismo lugar, en la ciudad de Siguatepeque, en la casa de la señora E.M. T.. Por tanto, la flagrancia se mantuvo en todo momento y de la posterior ocultación del vehículo robado. En el segundo criterio, se establece que en la vivienda donde se encontraba el vehículo robado, así como otros objetos de uso policial estaban en el lugar W. J. L. S., R. J.S. Y E. M.T., y agregado a ello, tal como lo acepto el A Quo, dicho vehículo no tenía las placas ni el logotipo de la empresa. Y en cuanto al tercer criterio, encontramos que se justifica la necesidad de intervenir inmediatamente con el fin de poner término a la situación existente, impidiendo en todo lo posible la propagación del mal que el delito acarrea y conseguir la detención del autor del mismo, y aún más cuando esto se deriva del seguimiento, vigilancia y ubicación que concluye por si mimo la necesidad de ingresar. Por lo anterior considera que el allanamiento se llevó a cabo bajo los parámetros Constitucionales y del Código Procesal Penal, resultando de ello además hallazgos inevitables de la comisión de otros delitos. Aprecia que contrario a lo que ha establecido el sentenciador, la urgencia no se sitúa por las horas de vigilancia y esperar el apoyo policial, sino de una intervención idónea y adecuada para poner fin a la comisión del delito y sus consecuencias, así como la detención del autor. El registro domiciliario consiste en la búsqueda de cosas relacionadas con el delito que se investiga o que puedan servir como prueba de ello de sus supuestos partícipes, llevada a cabo por la autoridad judicial o policial en un lugar determinado, aun en contra de la voluntad del titular de la facultad de exclusión del recinto registrado. El propósito del registro es buscar, en e/lugar en que se/o practica, cosas pertinentes al delito o a alguna persona imputada, evadida, o sospechada de criminalidad. El Ministerio Público, deja claro que la infracción denunciada es por interpretación errónea en cuanto a la excepción y el significado de casos de urgencia, en los cuales no es necesaria la orden judicial, plasmada en el artículo 99 de la Constitución de la República.”VII. DECISIÓNEsta Sala observa que el recurrente funda su motivo de casación por quebrantamiento de forma en la exclusión de prueba de valor decisivo, consistente en las declaraciones de los testigos G. E. G. M., D. A. M.M. Y W. E. M. C., la CERTIFICACIÓN DE ACTA DE ALLANAMIENTO y la CERTIFICACIÓN DEL AUTO DE CONVALIDACIÓN de Juez competente, acreditativos de los hechos sometidos a juzgamiento, y que de haberlos apreciado conforme a las reglas de la sana crítica hubiese encontrado certeza positiva de que los acusados señores W. J. L. S., R. J. S. Y E. M. T., son responsables del delito de OCULTACION DE VEHICULO ROBADO, cometido en perjuicio de EMPRESA TECHNOSERVE, como fue demostrado. La sentencia que se impugna, (folios 81 al 86 del proceso), en el apartado de la valoración de la prueba, el A Quo describe lo declarado por los testigos de cargo, anteriormente nominados y pondera que tales declaraciones le son creíbles y concordantes entre sí, en la información que vierten sobre la ubicación del vehículo objeto del proceso en el interior del lugar y en el lapso de tiempo en que duró el ingreso y registro del inmueble, lugar en que también se encontraba los acusados, no obstante que estos no refieren concretamente al acusado que les autorizó la entrada a dicho inmueble. Asimismo, el A Quo valora la prueba documental de ACTA DE ALLANAMIENTO, de la casa rentada por la acusada (folio 49) incorporado mediante lectura al juicio, del que se desprende que en el garaje de la vivienda fue encontrado el vehículo Ford Ranger, color beige, tipo pick up, placa PBU3514, otro vehículo y objetos de uso policial, acta que coincide con los declarado por el testigos de cargo antes relacionados.- De igual forma el A Quo valora el AUTO DE CONVALIDACIÓN del acta de allanamiento emitido por el Juzgado de Letras Seccional del Municipio de Siguatepeque, sobre el cual el A Quo aprecia que este carece de confiabilidad por falta de motivación y concluye que el Allanamiento de morada es nulo por ser breve y no explicar los antecedentes en que se basa su decisión. El A Quo aprecia que el Acto de Allanamiento de Morada practicado a la vivienda rentada por la acusada E.M. T. se lleva a cabo sin el consentimiento de los moradores, por lo que concluye que el allanamiento carece de eficacia probatoria. El motivo de impugnación invocado por el recurrente solo resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba, por considerarla ilícita sin serlo, o no se considere una prueba, omitiéndose toda referencia a ella, siendo decisiva para decretar la absolución o la condena del imputado. Al analizar los hechos declarados probados de la sentencia impugnada, esta Sala constata que el Juzgador no ha declarado probados hechos de suma relevancia al juicio, no obstante haber sido debidamente convalidado por el Juez de garantías el allanamiento de morada practicado los Agentes de Policía en la casa de habitación indicada. El A Quo ha declarado nulo sin argumentos sólidos, ni suficiente fundamentación jurídica, el acta de convalidación del allanamiento de morada practicado por la Policía a cargo de la Fiscalía, en la vivienda rentada por la acusada E. M. T., al ser ubicado en el garaje de dicha vivienda el vehículo marca Ford, tipo Ranger, color beige, pick up, Placa PBU3514, que el día anterior había sido despojado con arma de fuego cuando era conducido por el empleado de la empresa TECHOSERVE. Esta Sala considera que en el presente caso, las razones vertidas por el A Quo para anular el acto de convalidación del allanamiento de morada, con base en una aparente falta de motivación en atención sola a la brevedad del auto y a la no consignación de los antecedentes del caso, razones que esta Sala estima insuficientes para anular y dejar si valor ni efecto, el conjunto de pruebas consistentes en las declaraciones de los testigos G. E. G. M., D. A. M. M. Y W. E. M. C., la CERTIFICACIÓN DE ACTA DE ALLANAMIENTO y la CERTIFICACIÓN DEL AUTO DE CONVALIDACIÓN de Juez competente legalmente incorporadas al juicio. Aun y cuando de las declaraciones de los testigos de cargo, no se habría logrado establecer con certeza la persona que autorizó a los policías el ingreso a la vivienda en cuestión, lo cierto ello en el presente caso esta circunstancia resulta ser irrelevante. Lo anterior, en virtud que se trataba de una circunstancia de excepción a la regla de autorización de ingreso por parte del morador y/o de obtención de orden judicial previo a ingresar, por tratarse de un caso denominado de flagrancia o de urgencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 del Código Procesal Penal y 99 de la Constitución de la República, en que las autoridades de la Policía competentes bajo la dirección técnica y jurídica de la Fiscalía del Ministerio Público, podrán actuar de inmediato con el fin de “…evitar la fuga de un delincuente, la destrucción, pérdida o ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial”. En además un caso calificado de urgencia, tomando en consideración el poco tiempo transcurrido entre el hecho ilícito y el hallazgo del automotor, la gravedad del hecho por el que varias personas armadas interceptan dicho vehículo en plena carretera CA-5 despojan al conductor asignado por la empresa, y sobretodo del seguimiento continuo en el tiempo que por medios electrónicos se hace del automotor, debido a la utilización de un Sistema de localización global (GPS) instalado en el mencionado vehículo, lo que permitió a tanto a la empresa propietaria como a las autoridades de policía de investigación y a la Fiscalía, dar continuo seguimiento al automóvil desde el momento en que fueron notificados de la comisión del hecho ilícito, hasta su ubicación y recuperación en el estacionamiento de la vivienda en mención. El Juzgador por motivos de forma anula el allanamiento de morada y la respectiva convalidación judicial, siendo prueba lícita, útil, pertinente y necesaria para con ella formar su convicción judicial, motivo por el que deja de incorporar hechos relevantes al cuadro fáctico de la sentencia. Esta Sala estima que la prueba excluida es decisiva para resolver la litis, debido a que al hacer uso mentalmente del método de exclusión hipotética de la prueba, se logra establecer que de no haberse producido por parte del Juzgador la exclusión de la prueba por considerarla prueba nula y ineficaz, hubiese podido dictar una sentencia diferente a la se impugna. Por lo anterior, esta Sala declara con lugar el motivo de casación de quebrantamiento de forma, por exclusión de prueba decisoria para la litis, invocado por el recurrente. 2)Esta Sala de lo Penal observa que el recurrente funda su motivo de Casación de Infracción de Precepto Constitucional en la interpretación errónea del párrafo primero del artículo 99 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 212 del Código Procesal Penal. Lo anterior, en virtud que en la sentencia que se impugna el Juzgador considera que del testimonio de los testigos de cargo señores G. E. G. M., D.A. M.M. Y W. E.M. C. resulta que ingresaron a la vivienda rentada por la acusada E. M. T. sin observar los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal, violentando con ello garantías del debido proceso establecidas en la Constitución de la República, y lo establecido en el artículo 212del Código Procesal Penal. Concluye además que la diligencia de Allanamiento de morada realizado por los agentes de investigación criminal (DGIC) se hizo sin previo consentimiento de los moradores del inmueble en cuestión, por lo que carece de eficacia probatoria. En la fundamentación jurídica del fallo impetrado, el A Quo señala que: “En el referido allanamiento, no existe autorización por parte de la señora E.M.T., que permite el ingreso a la vivienda a los agentes de investigación D.M. W. E.M., P. Á., M. M. Esta Sala considera que en el presente caso, el Juzgador efectivamente omite interpretar correctamente el contenido del artículo 212 del Código Procesal Penal y lo dispuesto en al artículo 99 Constitucional, en lo referente a no tomar en consideración los casos excepcionales en lo que se autoriza ingresar a una vivienda sin consentimiento de su morador, ni orden judicial previa, cuando dice: “No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”. Congruente con lo resuelto en el motivo de casación anterior, de quebrantamiento de forma, esta Sala estima, que el presente caso el A Quo debió haber calificado las circunstancias como un caso de excepción o de urgencia, en que la propia Constitución de la República y Ley Procesal Penal permiten una intervención inmediata por parte de la Policía, bajo la control y dirección técnico jurídica de la Fiscalía, para con ello: “…evitar la fuga de un delincuente, la destrucción, pérdida o ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial”. El presente caso, cumple con los presupuestos exigidos por la Jurisprudencia de esta Sala establecida en la sentencia de fecha trece de agosto de dos mil ocho, sobre los tres criterios de inmediatez temporal, inmediatez personal y estado de urgencia, para el ingreso a una vivienda sea licito. Se trata de un caso de urgencia, por el corto tiempo transcurrido entre el hecho ilícito y el hallazgo del automotor, habida cuenta de la gravedad del hecho en que personas armadas interceptan el vehículo en mención en plena carretera CA-5 y despojan al conductor de dicha unidad asignado por la empresa, y debido al seguimiento continuo que por medios electrónicos se hace del automotor, mediante el Sistema de localización global (GPS) instalado en el vehículo, con el cual permitió a la empresa propietaria, a las autoridades de policía de investigación y a la Fiscalía, y en especial debido al seguimiento que se da al mencionado automóvil sustraído a su conductor asignado desde el momento mismo en que el hecho ilícito fue notificado a la autoridad, hasta su ubicación y recuperación en el estacionamiento de la vivienda los acusados lo mantenían oculto. Los policías localizan el automotor y proceden a asegurar la casa, en la que ingresan bajo el criterio de urgencia a efecto de recuperar el vehículo Ford Ranger que había sido despojado a su conductor, detener y evitar la fuga de los autores del ilícito, y el desaparecimiento de los demás objetos del delito. Se trata de un caso de flagrancia debido a que desde el momento de la notificación de la comisión del ilícito se comenzó a dar seguimiento al vehículo objeto del proceso, hasta dar con el lugar preciso donde había sido llevado para mantenerlo oculto, vivienda en la que además fueron encontrados otros objetos de uso policial y la que estaba habitada por los acusados señores W. J. L. S., R. J. S. Y E. M. T., vehículo que a pesar del corto tiempo de posesión los acusados ya habían despojado de sus placas, y del logotipo de la empresa. Por lo anterior, esta Sala concluye que el Acta de allanamiento de morada convalidada por el Juez de Garantías, debió el A Quo dotarlas de fuerza probatoria suficiente y no debió haberlas anulado por defectos de forma, y que, al haberlo hecho de esta forma, efectivamente incurrió en la infracción del Precepto Constitucional por interpretación errónea del contenido en los artículos 99 de la Constitución de la República, en relación con el 212 del Código Procesal Penal. Por lo anterior, esta Sala declara con lugar el motivo de casación de infracción del Precepto Constitucional, invocado por el recurrente. Motivo de casación de Infracción de Precepto Constitucional, que se aplica con preferencia al Motivo de Casación de Quebrantamiento de forma, que también ha prosperado, en virtud de resolver el asunto en el fondo. VIII. RESOLUCIÓNPOR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 reformados y 99 de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 32 y 218 B del Código Penal; 212 y 361 del Código Procesal Penal. FALLA:1) Declarar CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en único motivo, invocado por la Abogada E. L. B., Fiscal del Ministerio Público;2) Casa la sentenciade fecha ocho de septiembre de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua; 3) En consecuencia, CONDENA a la pena de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSION, a los acusados señores W. J. L., R. J. S., E.M. TURCIOS por el delito de OCULTAMIENTO DE VEHICULO DE AJENA PERTENENCIA, en perjuicio de LA EMPRESA TECHNO.- Además, impone a los condenados las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, y declara la responsabilidad civil de los condenados por este delito.- Sentencia privativa de libertad que los condenados deberán de cumplir en la Penitenciaria Nacional de Comayagua, departamento de Comayagua.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la Sentencia de fecha uno de febrero del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-421-2013.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1] Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Los Recursos. Angel Llorente Fernández de la Reguera y Rixi Moncada Godoy. Tomo 7. Paginas 120.

[2] “El Recurso de Casación”. Fernando de la Rua. Edición 1968. Página 174 y 175

[3]Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narvaez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Paginas 31 y 32.