Sentencia CP-420-14 — Registro 11043
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por los delitos de robo agravado, asociación ilícita se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ante lo denunciado por los recurrentes, recuerda que Honduras está constituida por tres poderes del Estado, cada uno de los cuales posee facultades y actuaciones diferentes, pero todos encaminados a conformar un Estado Democrático de Derecho. En este Poder del Estado, que constitucionalmente posee como facultad principal aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, se encuentra totalmente limitado a resolver el fondo del recurso que plantea la censora. Esta Corte Suprema de Justicia reconoce y respeta las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de igual forma conoce los alcances que la Sentencia de fecha 28 de febrero del 2012 dictada por la Corte IDH recomendó al Estado de Honduras, sin embargo se ve limitada al no poseer las facultades de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes que si posee el Poder Legislativo, a quien le correspondería el cumplimiento de la Sentencia en el caso Pacheco Teruel y otros versus Honduras. Ante tal falencia encontrada en nuestra legislación penal, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, ha resuelto infinidad de juicios en donde fueron procesados ciudadanos por el delito de Asociación Ilícita y al detectar que el tipo penal se encontraba incompleto, ha establecido a través de su jurisprudencia[1], los elementos necesarios para la conformación de dicho delito, misma que ya constituye doctrina legal y es de obligatorio cumplimiento para los Juzgados y Tribunales de la República, por tanto la única manera de evitar que ese tipo penal se siga utilizando, será a través de la reforma recomendada por la Corte IDH. Ahora bien, el Soberano Congreso Nacional emitió el Decreto 70-2015 de fecha 28 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 33,942 de fecha 25 de enero del 2016 mediante el cual reformó el artículo 332 del Código Penal, reforma en la cual se incluyen los elementos objetivos del tipo penal de Asociación Ilícita, cumpliendo con ello con lo mandado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien estas reformas no abarcan a la presente causa, puesto que para la fecha en que sucedieron los hechos, aun no se encontraba vigente, este Tribunal de Casación ha dictado sentencias que conforman doctrina legal y en las que se señala, cuáles serán los elementos objetivos necesarios para la conformación del tipo penal de asociación ilícita, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ha revisado de manera detallada el expediente judicial incoado contra los acusados E. F. R. N., M. A. R. S., W. A. L. G. y W. L. R. R., examinando además la sentencia recurrida y es posible detectar que desde que se dieron inicio a las investigaciones, requerimiento fiscal y diferentes audiencias, en todo momento se nombró al imputado W. L. R. R. con ese nombre; de la misma manera sucede con el fallo recurrido, pues en los hechos probados y relación de las diferentes pruebas, el Sentenciador utilizó de manera correcta el nombre del señor R. R.. Sin embargo en la parte resolutiva numeral primero de la sentencia, que refiere al delito de Robo Agravado Tentado, el Juzgador por un error material involuntario, se equivoca al consignar el nombre de los imputados, pues si bien consignó correctamente los nombres de los imputados E. F. R. N. y M. A. R. S., pero al momento de consignar el nombre de los otros 2 imputados y debido a que ambos poseen el mismo primer seudónimo, es decir “W.”, lo consignó como W. L. L. G., que es una combinación entre los nombres de los dos restantes imputados cuyos nombres correctos son W. A. L. G. y W. L. R. R.. Similar situación sucede en el numeral segundo de la “Parte Resolutiva” de la Sentencia, que refiere al delito de Asociación Ilícita, en donde el Juzgador consigna correctamente los nombres de los acusados E. F. R. N. y M. A. R. S., pero al señalar los otros dos imputados los nombra como W. L. L. G. y W. A.L.G., pero sus nombres correctos son W. A. L. G. y W. L. R. R. En el apartado “Fundamentación Jurídica” de la Sentencia recurrida, el Juez A-quo estableció en sus numerales primero y tercero que los imputados: E. F. R. N., M. A. R. S., W. A. L. G. y W. L. R. R., son responsables a título de autor de los delitos de Robo Agravado en su grado de Ejecución de Tentativa y del delito de Asociación ilícita, por tanto es totalmente verificable y comprobable, que la consignación errónea de los nombres de los acusados W. A. L. G. y W. L. R. R. que se suscitó en la parte resolutiva de la sentencia, se debió a un error material que perfectamente puede ser subsanable por este Tribunal de Casación. El artículo 142 del Código Procesal Penal en su último párrafo establece. “Los meros errores materiales y los aritméticos o de cálculo, cuando sean manifiestos, podrán ser rectificados en cualquier momento, a petición de parte o por propia iniciativa del órgano jurisdiccional.” Tratándose en el presente caso, de un mero error material, mismo que ha quedado evidenciado en la Sentencia dictada contra los señores E. F. R. N., M. A. R. S., W. A. L. G. y W. L. R. R., específicamente en los numerales primero y segundo de la Sentencia recurrida, al nombrar de manera errónea a los señores W. A. L. G. y W. L. R. R., por lo que se rectifica la sentencia recurrida en el sentido siguiente: 1) Que el Tribunal Sentenciador condenó a los señores W. A. L. G. y W. L. R. R. del delito de Robo Agravado en su grado de ejecución de Tentativa en perjuicio de Testigo Protegido “A”, a la pena de Nueve (9) años de reclusión más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. 2) Que el Tribunal Sentenciador condenó a los señores W. A. L. G. y W. L. R. R. del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de Trece (13) años, tres (3) meses de reclusión más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Por lo que, al constituirse el yerro del sentenciador en un error material involuntario, el mismo no conlleva reproche casacional, si no que más bien, la rectificación oficiosa conforme lo establece nuestra legislación procesal, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. ..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días de septiembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 420-2014 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha ocho de abril de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) Condenando a los señores E. F. R., M. A. R. S. y W. L. L. G., a la pena de Nueve (09) años de reclusión por el delito de Robo Agravado en perjuicio de Testigo Protegido “A”. Asimismo, los condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. 2) Condenando a los señores E. F. R., M. A. R. S., W. L. L. G. y W. A. L. G., a la pena de Trece (13) años, con tres (03) meses de reclusión, por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado. 3) Condenando al señor W. A. L. G., a la pena de Un (01) año de reclusión, por el delito de Atentado en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, asimismo lo condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil. 4) Declaró la responsabilidad civil de los imputados. 5) No condenó a dichos procesados al pago de costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpusieron Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional: El Abogado K. M. G., en su condición de Defensor Público del señor E. F. R. S. y la Abogada M. Y. B. S., en su condición de Defensora Pública del señor M. A. R. S.; interpuso además Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, la Abogada L. S. M. S., en su condición de Defensora Pública del señor W. L. R. R. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado K. M. G., en su condición de Defensor Público del señor E. F. R. S., como recurrente N°1; la Abogada M. Y. B. S., en su condición de Defensora Pública del señor M. A. R. S. como recurrente N°2; la Abogada L. S.M. S., en su condición de Defensora Pública del señor W. L. R.R. como recurrente N°3, y la Abogada I. A. F. N. en su calidad de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. II. Hechos Probados UNO: El día martes dos de agosto del dos mil once el testigo protegido “K” se conducía en su vehículo Marca Toyota, Tipo RAV4 cuando es interceptado por cuatro personas de sexo masculino pertenecientes a una organización dedicada a realizar actos ilícitos en forma permanentes, que se bajaron de una camioneta color café, los cuales tenían cubierto su rostro con pasamontañas, quienes obligan a la testigo a bajarse de su vehículo y la trasladan a la camioneta color café, llevándosela a un lugar no determinado del Boulevard Fuerzas Armadas, en donde la dejaron abandonada, llevándose el vehículo Toyota RAV4. DOS: El día sábado seis de agosto del dos mil once, aproximadamente a las seis y cuarenta de la mañana el testigo protegido “A” se conducía en su vehículo Toyota Pick Up 3.0 color gris, cuando fue interceptado por al menos cuatro individuos pertenecientes a una organización dedicada a delinquir, que se conducían en el vehículo Toyota camioneta RAV4 del que había sido despojada el testigo protegido K, el día dos de agosto del mismo año al cual obligaron a bajarse de su vehículo y lo subieron al vehículo Toyota RAV4, yéndose uno grupo de individuos en el Vehículo RAV4 y otro grupo en el Toyota 3.0 en dirección al Barrio Sipile y la Colonia Soto de Comayagüela, siendo seguidos por policías motorizados que fueron advertidos del hecho, quienes al darse cuenta que eran seguidos por motorizados de la policía preventiva, abrieron fuego contra la policía produciendo un intercambio de disparos, saliendo herido el policía G.E.A. por disparo de arma de fuego, huyendo del lugar en la camioneta RAV4 cuatro de los participantes en el hecho entre ellos los señores E. F. R., M. A. R., y W. L. R. R., siendo capturados en la Colonia Fuerzas Armadas de Comayagüela, así mismo el señor W. A. L. G., quien se conducía en el vehículo Toyota 3.0 salió huyendo en dirección al parque la Libertad de Comayagüela, siendo perseguido por la policía y capturado posteriormente. III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurrente N°1 Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. I. MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 1, 15, 16, 17 y 18 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1.1, 2, 7.3 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza la interposición del presente Recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. FUNDAMENTACION: Desarrollamos la explicación del motivo de la siguiente manera: PRIMERO Las normas constitucionales y de orden internacional que se denuncian como infringidas establecen que Honduras es un Estado de Derecho que proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las Sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional; que todos los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez entren en vigor, forman parte del derecho interno y que en caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero; que los Estados partes en la Convención Americana se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio, a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna; y que nadie puede ser condenado, sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. SEGUNDO: Los juzgadores al dictar Sentencia Condenatoria contra el señor E. F. R. por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, violentan el principio de legalidad y el debido proceso, al atribuirle una participación delictiva aplicando un tipo penal que ha sido aceptado por el Estado de Honduras como violatorio del principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. TERCERO: El vicio denunciado se presenta en vista que el Estado de Honduras, al contestar la demanda presentada en su contra ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en el caso PACHECO TERUEL Y OTROS V. HONDURAS, el 28 de febrero de 2012, durante la audiencia pública del caso, junto con los representantes de las víctimas, presentaron al Tribunal un acuerdo de solución amistosa, mediante el cual, el Estado de Honduras reconocía su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos. CUARTO: A la luz del reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado de Honduras y de las pruebas allegadas al expediente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el numeral 61 de la Sentencia del 27 de abril de 2012, se pronunció en el sentido que el artículo 332 del Código Penal de Honduras, incumple el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, declarándolo expresamente de la manera siguiente: “61 En relación con los artículos 7, 9 y 2 de la Convención Americana, el Esta1o reconoció que el Decreto Legislativo 117-2003, que reformó el artículo 332 del Código Penal de Honduras, relativo a la llamada “Ley Antimaras”, no precisó los elementos de la acción que se considerarían punibles, lo que condujo a que éstos fueran usados de manera arbitraria y discrecional por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Esta norma permitió un amplio margen de discrecionalidad que permitió la detención arbitraria de personas sobre la base de percepciones acerca de su pertenencia a una mara. En ese sentido, la inexistencia de mecanismos legales o criterios de verificación de la efectiva existencia de una conducta ilícita implicó que el aludido Decreto no cumpliera la exigencia de extremar precauciones parar que el poder punitivo del Estado se administrara con respeto de los derecho fundamentales. Por tanto dicha reforma incumplió el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención. Asimismo, las detenciones practicadas con base en la reforma legal aludida, siguiendo los patrones descritos precedentemente, fueron arbitraras en los términos del artículo 7.3 de la Convención Americana, todo lo anterior en relación a los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.” QUINTO: En el marco del referido acuerdo de solución amistosa suscrito por el Estado de Honduras, éste se comprometió en un plazo de un año a adaptar, entre otras medidas legislativas, las de revisar, modificar o derogar el artículo 332 del Código Penal y otras disposiciones legislativas o reglamentarias afines, con el propósito de adecuarlos a los estándares establecidos en los artículos 7, 9 y 24 de la Convención Americana, compromiso que es recogido en el numeral 98 literal a) de Sentencia de 27 de abril de 2012, pronunciada por la Corte Interamericana, compromiso que a la fecha sigue pendiente de cumplimiento. SEXTO: Por lo antes expuesto, en vista que el Estado de Honduras expresamente ha reconocido su responsabilidad, sin haber atendido al compromiso adquirido, y siendo que la Corte Interamericana de Derecho Humanos en su Sentencia de 27 de abril de 2012 sostuvo que el artículo 332 del Código Penal no cumple con el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su aplicación resulta indebida y violatoria de los artículos 1.1, 2, 7 y 9 de Convención Americana sobre Derecho Humanos y del 1, 15, 16, 17, 18, 83 y 90 de la Constitución de la República de Honduras. PRETENSION IMPUGNATIVA: En virtud que en la condena dictada en contra del señor E. F. R. por el delito de ASOCIACION ILICITA, aplicó indebidamente el artículo 332 del Código Penal, se pretende la absolución del imputado por el delito de ASOCIACION ILICITA.” Recurrente N°2 Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional 1. MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 1, 15, 16, 17 y 18 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1.1, 2, 7.3 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza la interposición del presente Recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. FUNDAMENTACION: Desarrollamos la explicación del motivo de la siguiente manera: PRIMERO: Las normas constitucionales y de orden internacional que se denuncian como infringidas establecen que Honduras es un Estado de Derecho que proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las Sentencias arbítrales y judiciales de carácter internacional; que todos los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez entren en vigor, forman parte del derecho interno y que en caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero; que los Estados partes en la Convención Americana se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio, a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna; y que nadie puede ser condenado, sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. SEGUNDO: Los juzgadores al dictar Sentencia Condenatoria contra el señor M. A.R. S. por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, violentan el principio de legalidad y el debido proceso, al atribuirle una participación delictiva aplicando un tipo penal que ha sido aceptado por el Estado de Honduras como violatorio del principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. TERCERO: El vicio denunciado se presenta en vista que el Estado de Honduras, al contestar la demanda presentada en su contra ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en el caso PACHECO TERUEL Y OTROS V. HONDURAS, el 28 de febrero de 2012, durante la audiencia pública del caso, junto con los representantes de las víctimas, presentaron al Tribunal un acuerdo de solución amistosa, mediante el cual, el Estado de Honduras reconocía su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos. CUARTO: A la luz del reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado de Honduras y de las pruebas allegadas al expediente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el numeral 61 de la Sentencia del 27 de abril de 2012, se pronunció en el sentido que el artículo 332 del Código Penal incumple el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, declarándolo expresamente de la manera siguiente: “61. En relación con los artículos 7, 9 y 2 de la Convención Americana, el Estado reconoció que el Decreto Legislativo 117-2003, que reformó el artículo 332 del Código Penal de Honduras, relativo a la llamada “Ley Antimaras”, no precisó los elementos de la acción que se considerarían punibles, lo que condujo a que éstos fueran usados de manera arbitraria y discrecional por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Esta norma permitió un amplio margen de discrecionalidad que permitió la detención arbitraria de personas sobre la base de percepciones acerca de su pertenencia a una mara. En ese sentido, la inexistencia de mecanismos legales o criterios de verificación de la efectiva existencia de una conducta ilícita implicó que el aludido Decreto no cumpliera la exigencia de extremar precauciones parar que el poder punitivo del Estado se administrara con respeto de los derecho fundamentales. Por tanto dicha reforma incumplió el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención. Asimismo, las detenciones practicadas con base en la reforma legal aludida, siguiendo los patrones descritos precedentemente, fueron arbitraras en los términos del artículo 7.3 de la Convención Americana, todo lo anterior en relación a los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.” QUINTO: En el marco del referido acuerdo de solución amistosa suscrito por el Estado de Honduras, éste se comprometió en un plazo de un año a adaptar, entre otras medidas legislativas, las de revisar, modificar o derogar el artículo 332 del Código Penal y otras disposiciones legislativas o reglamentarias afines, con el propósito de adecuarlos a los estándares establecidos en los artículos 7, 9 y 24 de la Convención Americana, compromiso que es recogido en el numeral 98 literal a) de Sentencia de 27 de abril de 2012, pronunciada por la Corte Interamericana, compromiso que a la fecha sigue pendiente de cumplimiento. SEXTO: Por lo antes expuesto, en vista que el Estado de Honduras expresamente ha reconocido su responsabilidad, sin haber atendido al compromiso adquirido, y siendo que la Corte Interamericana de Derecho Humanos en su Sentencia de fecha Sentencia de 27 de abril de 2012 sostuvo que el artículo 332 del Código Penal no cumple con el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su aplicación resulta indebida y violatoria de los artículos 1.1, 2, 7 y 9 de Convención Americana sobre Derecho Humanos y del 1, 15, 16, 17, 18, 83 y 90 de la Constitución de la República de Honduras. PRETENSION IMPUGNATIVA: En virtud que en la condena dictada en contra del señor M. A. R. S. por el delito de ASOCIACION ILICITA, aplicó indebidamente el artículo 332 del Código Penal, se pretende la absolución del imputado por el delito de ASOCIACION ILICITA.” Recurrente N° 3 Recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional I. MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO: Infracción de los artículos 1, 15, 16, 17 y 18 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1.1, 2, 7.3 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza la interposición del presente Recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. FUNDAMENTACION: Desarrollamos la explicación del motivo de la siguiente manera: PRIMERO: Las normas constitucionales y de orden internacional que sé denuncian como infringidas establecen que Honduras es un Estado de Derecho que proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las Sentencias arbítrales y judiciales de carácter internacional; que todos los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez entren en vigor, forman parte del derecho interno y que en caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero; que los Estados partes en la Convención Americana se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio, a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna; y que nadie puede ser condenado, sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. SEGUNDO: Los juzgadores al dictar Sentencia Condenatoria contra el señor WALTER LEONEL REYES por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, violentan el principio de legalidad y el debido proceso, al atribuirle una participación delictiva aplicando un tipo penal que ha sido aceptado por el Estado de Honduras como violatorio del principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. TERCERO: El vicio denunciado se presenta en vista que el Estado de Honduras, al contestar la demanda presentada en su contra ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en el caso PACHECO TERUEL Y OTROS V. HONDURAS, el 28 de febrero de 2012, durante la audiencia pública del caso, junto con los representantes de las víctimas, presentaron al Tribunal un acuerdo de solución amistosa, mediante el cual, el Estado de Honduras reconocía su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos. CUARTO: A la luz del reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado de Honduras y de las pruebas allegadas al expediente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el numeral 61 de la Sentencia del 27 de abril de 2012, se pronunció en el sentido que el artículo 332 del Código Penal de Honduras, incumple el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, declarándolo expresamente de la manera siguiente: “61. En relación con los artículos 7, 9 y 2 de la Convención Americana, el Estado reconoció que el Decreto Legislativo 1172OO3, que reformó el artículo 332 del Código Penal de Honduras, relativo a la llamada “Ley Antimaras “, no precisó los elementos de la acción que se considerarían punibles, lo que condujo a que éstos fueran usados de manera arbitraria y discrecional por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Esta norma permitió un amplio margen de discrecionalidad que permitió la detención arbitraria de personas sobre la base de percepciones acerca de su pertenencia a una mara. En ese sentido, la inexistencia de mecanismos legales o criterios de verificación de la efectiva existencia de una conducta ilícita implicó que el aludido Decreto no cumpliera la exigencia de extremar precauciones parar que el poder punitivo del Estado se administrara con respeto de los derecho fundamentales. Por tanto dicha reforma incumplió el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención. Asimismo, las detenciones practicadas con base en la reforma legal aludida, siguiendo los patrones descritos precedentemente, fueron arbitraras en los términos del artículo 7.3 de la Convención Americana, todo lo anterior en relación a los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.” QUINTO: En el marco del referido acuerdo de solución amistosa suscrito por el Estado de Honduras, éste se comprometió en un plazo de un año a adaptar, entre otras medidas legislativas, las de revisar, modificar o derogar el artículo 332 del Código Penal y otras disposiciones legislativas o reglamentarias afines, con el propósito de adecuarlos a los estándares establecidos en los artículos 7, 9 y 24 de la Convención Americana, compromiso que es recogido en el numeral 98 literal a) de Sentencia de 27 de abril de 2012, pronunciada por la Corte Interamericana, compromiso que a la fecha sigue pendiente de cumplimiento. SEXTO: Por lo antes expuesto, en vista que el Estado de Honduras expresamente ha reconocido su responsabilidad, sin haber atendido al compromiso adquirido, y siendo que la Corte Interamericana de Derecho Humanos en su Sentencia de fecha Sentencia de 27 de abril de 2012 sostuvo que el artículo 332 del Código Penal no cumple con el principio de legalidad establecido en el artículo 9 d la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su aplicación resulta indebida y violatoria de los artículos 1.1, 2, 7 y 9 de Convención Americana sobre Derecho Humanos y del 1, 15, 16, 17, 18, 83 y 90 de la Constitución de la República de Honduras. PRETENSION IMPUGNATIVA: En virtud que en la condena dictada en contra del señor W. L. R.por el delito de ASOCIACION ILICITA, aplicó indebidamente el artículo 332 del Código Penal, se pretende la absolución del imputado por el delito de ASOCIACION ILICITA. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO ÚNICO: Omisión de la individualización precisa del imputado en la parte resolutiva del fallo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza la interposición del presente Recurso el artículo 363.4 del Código Procesal Penal. FUNDAMENTACION: Desarrollamos la explicación del motivo de la siguiente manera: PRIMERO: Consta en el Acta de Debate que tras la evacuación de los medios de prueba y las conclusiones del ente acusador y de la defensa de los imputados, el Tribunal Condenó a los señores M. A. R. S., W.L. R. S., E. F. R. N. y W. A. L. G. por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: En la Sentencia de fecha 8 de abril de 2014, concretamente en la parte resolutiva, numeral segundo, el Tribunal establece: “Que debemos condenar y condenamos a los Señores E. F. R., M. A. R. S., W. L. L. G. y W. A. L. G. como autores responsables penalmente del delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado, a la pena de Trece Años con tres meses de reclusión, más las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CTVIL, y a trabajar por el tiempo que dure la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal.” TERCERO: Con la simple lectura de la Sentencia se evidencia que se omitió la individualización precisa del señor W. L. R. en la parte resolutiva, ya que, en el fallo impugnado se declara penalmente responsables por el delito de ASOCIACION ILICITA a “W. L. L. G. y W. A. L. G.”, no así a mi representado, W. L. R., quien fue condenado por el delito referido en la Audiencia de Debate. Siendo que corresponde a este alto Tribunal la enmienda de los vicios procesales, y tratándose el presente, de un error en menoscabo de las garantías establecidas por el Código Procesal Penal, resulta procedente en la presente causa, se anule la Sentencia de fecha 8 de abril de 2014. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL VICIO DENUNCIADO: Siendo que el yerro que provoca la interposición del presente motivo se produce en el fallo mismo, sólo es posible su corrección a través de esta vía, de lo que resulta que no hubo reclamación ex-ante.” IV. Fundamentación 1) Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Observa esta Sala de lo Penal que los tres recurrentes han interpuesto Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y sus impugnaciones son prácticamente iguales, alegan mismos argumentos, iguales motivos, mismas normas constitucionales violentadas; en ese sentido para mantener la logicidad de la Sentencia Penal, se resolverán estos recursos en un mismo apartado. 1.a) Recurrentes 1 ,2 y 3 Único Motivo Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma Constitucional que se denuncia Infringida: Artículos 1, 15, 16, 17 y 18 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 1.1, 2, 7.3 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Concepto de la Infracción: Violación al Principio de Legalidad y al Debido Proceso. Pretensión: Que se dicte sentencia absolutoria favor de todos los imputados. Explicaron los recurrentes, que al dictar el Juzgador un fallo condenatorio contra los imputados E. F. R. N., M. A. R. S. y W. L. R. R. por el delito de Asociación Ilícita, viola gravemente el Principio de Legalidad y el Debido Proceso, al atribuírseles un tipo penal que el Estado de Honduras ha aceptado que es violatorio a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El vicio denunciado se presenta porque el Estado de Honduras al contestar la demanda presentada en su contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Pacheco Teruel y otros vrs Honduras, en la audiencia pública de acuerdo de solución amistosa, el Estado reconoció su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos y la Corte IDH en su sentencia de fecha 27 de abril del 2012 se pronunció diciendo que el artículo 332 del Código Penal de Honduras, no precisa elementos de acción que se consideren punibles, lo que condujo a que estos fueran usados de manera arbitraria y discrecional por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Incumpliendo dicha reforma el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención ADH. Establecieron además los recurrentes que en el marco del acuerdo de solución amistosa el Estado de Honduras se comprometió a revisar, modificar y derogar el artículo 332 del Código Penal, con el propósito de adecuarlos a los estándares que regula la Convención ADH, compromiso que a la fecha está pendiente de cumplimiento. 1.B) De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ante lo denunciado por los recurrentes, recuerda que Honduras está constituida por tres poderes del Estado, cada uno de los cuales posee facultades y actuaciones diferentes, pero todos encaminados a conformar un Estado Democrático de Derecho. En este Poder del Estado, que constitucionalmente posee como facultad principal aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, se encuentra totalmente limitado a resolver el fondo del recurso que plantea la censora. Esta Corte Suprema de Justicia reconoce y respeta las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de igual forma conoce los alcances que la Sentencia de fecha 28 de febrero del 2012 dictada por la Corte IDH recomendó al Estado de Honduras, sin embargo se ve limitada al no poseer las facultades de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes que si posee el Poder Legislativo, a quien le correspondería el cumplimiento de la Sentencia en el caso Pacheco Teruel y otros versus Honduras. Ante tal falencia encontrada en nuestra legislación penal, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, ha resuelto infinidad de juicios en donde fueron procesados ciudadanos por el delito de Asociación Ilícita y al detectar que el tipo penal se encontraba incompleto, ha establecido a través de su jurisprudencia[1], los elementos necesarios para la conformación de dicho delito, misma que ya constituye doctrina legal y es de obligatorio cumplimiento para los Juzgados y Tribunales de la República, por tanto la única manera de evitar que ese tipo penal se siga utilizando, será a través de la reforma recomendada por la Corte IDH. Ahora bien, el Soberano Congreso Nacional emitió el Decreto 70-2015 de fecha 28 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 33,942 de fecha 25 de enero del 2016 mediante el cual reformó el artículo 332 del Código Penal, reforma en la cual se incluyen los elementos objetivos del tipo penal de Asociación Ilícita, cumpliendo con ello con lo mandado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien estas reformas no abarcan a la presente causa, puesto que para la fecha en que sucedieron los hechos, aun no se encontraba vigente, este Tribunal de Casación ha dictado sentencias que conforman doctrina legal y en las que se señala, cuáles serán los elementos objetivos necesarios para la conformación del tipo penal de asociación ilícita, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. 2) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. 2.a) Recurrente N° 3 Único Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 4 del Código Procesal Penal. Norma Procesal que se denuncia Infringida: Sin determinar por el pretensor. Concepto de la Infracción: Omisión en la individualización precisa del imputado. Reclamación ex-ante: Siendo que el yerro que provoca la interposición del presente motivo se produce en el fallo mismo, sólo es posible su corrección a través de esta vía, de lo que resulta que no hubo reclamación ex-ante Pretensión: Que se anule la sentencia de fecha 08 de abril del 2014. Explicaron los recurrentes, que consta en el acta de debate que el Tribunal Sentenciador condenó a los señores M. A. R. S., W. L. R. S., E. F. R. N. y W. A. L. G. por el delito de Asociación ilícita. Continua estableciendo que, en la Sentencia recurrida, en la parte resolutiva, numeral segundo, el Tribunal establece que condena a E. F. R., M. A. R. S., W. L. L. G. y W. A. L. G. por el delito de Asociación Ilícita. Concluye diciendo que, de la simple lectura de la sentencia se evidencia que se omitió la individualización precisa del señor W. L. R., ya que en el fallo se declara penalmente responsable del delito de Asociación Ilícita a W. L. L. G. y W. A. L. G., pero no así al imputado W. L. R. S.. 2.b) De la Individualización Precisa del Imputado. La sección quinta del artículo 338 del Código Procesal Penal, señala que en la parte resolutiva de la Sentencia se absolverá o se condenará a las personas imputadas, con pronunciamientos separados respecto a cada una de ellas, y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, debiéndose de determinar, caso de ser condenatoria la sentencia, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción. Esa disposición refleja la exigencia de absoluta precisión que debe existir en la parte dispositiva de la resolución, puesto que al absolver o condenar, se debe indicar claramente sobre quien se está resolviendo. Evidentemente, esta exigencia cobra mayor intensidad cuando estamos ante varios procesados y sobre varias infracciones penales imputadas, ya que la precisión en la individualización de cada uno de ellos y las decisiones que se tomen, reflejará seguridad en lo resuelto, lo que, a su vez, tornará inequívoco el contenido del fallo. Ello es así, porque al momento de la condena el juzgador debe tener total certeza de la ocurrencia del hecho y de la responsabilidad del encausado, de tal suerte que la omisión de los elementos esenciales de la causa (Entre ellos la consignación precisa del imputado), incidirá en no apreciar dicho grado de convencimiento. 2.c) De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ha revisado de manera detallada el expediente judicial incoado contra los acusados E. F. R. N., M. A. R. S., W. A. L. G. y W. L. R. R., examinando además la sentencia recurrida y es posible detectar que desde que se dieron inicio a las investigaciones, requerimiento fiscal y diferentes audiencias, en todo momento se nombró al imputado W. L. R. R. con ese nombre; de la misma manera sucede con el fallo recurrido, pues en los hechos probados y relación de las diferentes pruebas, el Sentenciador utilizó de manera correcta el nombre del señor R. R.. Sin embargo en la parte resolutiva numeral primero de la sentencia, que refiere al delito de Robo Agravado Tentado, el Juzgador por un error material involuntario, se equivoca al consignar el nombre de los imputados, pues si bien consignó correctamente los nombres de los imputados E. F. R. N. y M. A. R. S., pero al momento de consignar el nombre de los otros 2 imputados y debido a que ambos poseen el mismo primer seudónimo, es decir “W.”, lo consignó como W. L. L. G., que es una combinación entre los nombres de los dos restantes imputados cuyos nombres correctos son W. A. L. G. y W. L. R. R.. Similar situación sucede en el numeral segundo de la “Parte Resolutiva” de la Sentencia, que refiere al delito de Asociación Ilícita, en donde el Juzgador consigna correctamente los nombres de los acusados E. F. R. N. y M. A. R. S., pero al señalar los otros dos imputados los nombra como W. L. L. G. y W. A.L.G., pero sus nombres correctos son W. A. L. G. y W. L. R. R. En el apartado “Fundamentación Jurídica” de la Sentencia recurrida, el Juez A-quo estableció en sus numerales primero y tercero que los imputados: E. F. R. N., M. A. R. S., W. A. L. G. y W. L. R. R., son responsables a título de autor de los delitos de Robo Agravado en su grado de Ejecución de Tentativa y del delito de Asociación ilícita, por tanto es totalmente verificable y comprobable, que la consignación errónea de los nombres de los acusados W. A. L. G. y W. L. R. R. que se suscitó en la parte resolutiva de la sentencia, se debió a un error material que perfectamente puede ser subsanable por este Tribunal de Casación. El artículo 142 del Código Procesal Penal en su último párrafo establece. “Los meros errores materiales y los aritméticos o de cálculo, cuando sean manifiestos, podrán ser rectificados en cualquier momento, a petición de parte o por propia iniciativa del órgano jurisdiccional.” Tratándose en el presente caso, de un mero error material, mismo que ha quedado evidenciado en la Sentencia dictada contra los señores E. F. R. N., M. A. R. S., W. A. L. G. y W. L. R. R., específicamente en los numerales primero y segundo de la Sentencia recurrida, al nombrar de manera errónea a los señores W. A. L. G. y W. L. R. R., por lo que se rectifica la sentencia recurrida en el sentido siguiente: 1) Que el Tribunal Sentenciador condenó a los señores W. A. L. G. y W. L. R. R. del delito de Robo Agravado en su grado de ejecución de Tentativa en perjuicio de Testigo Protegido “A”, a la pena de Nueve (9) años de reclusión más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. 2) Que el Tribunal Sentenciador condenó a los señores W. A. L. G. y W. L. R. R. del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de Trece (13) años, tres (3) meses de reclusión más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Por lo que, al constituirse el yerro del sentenciador en un error material involuntario, el mismo no conlleva reproche casacional, si no que más bien, la rectificación oficiosa conforme lo establece nuestra legislación procesal, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. Decisión Se declara no ha lugar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuestos por la Defensa Pública a favor de los imputados E. F. R. N., M. A. R. S. y W. L. R. R.. VI. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 142, 338, 359, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado K. M. G., en su condición de Defensor Público del señor E. F. R. N. a quien se le condenó por los delitos de: Robo Agravado en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Testigo Protegido “A”; y del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada M. Y. B. S., en su condición de Defensora Pública del señor M. A. R. S., a quien se le condenó por los delitos de: Robo Agravado en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Testigo Protegido “A”; y del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Tercero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de forma, en sus únicos motivos, interpuesto por la Abogada L. S. M. S., en su condición de Defensora Pública del señor W. L. R. R., a quien se le condenó por los delitos de: Robo Agravado en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Testigo Protegido “A”; y del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Cuarto: Se Rectifica la sentencia de fecha ocho de abril del dos mil catorce, en su parte dispositiva numerales Primero y Segundo , en el sentido de que el Tribunal Sentenciador determinó: 1) Condenar a los señores W. A. L. G. y W. L. R. R. del delito de Robo Agravado en su grado de ejecución de Tentativa en perjuicio de Testigo Protegido “A”, a la pena de Nueve (9) años de reclusión mas las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. 2) Condenar a los señores W. A. L. G. y W. L. R. R. del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de Trece (13) años, tres (3) meses de reclusión mas las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Quinto: Mantener incólume la Sentencia condenatoria, en sus penas y pronunciamientos, en relación a los imputados E.F. R. N. y M. A. R. S.. Sexto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha ocho (8) de Abril de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firma y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. José Ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-420-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Fallos de la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia números: SP 22-2009, SP 122-2009, 280-2007 y SP 449-2011.