Sentencia CP-409-14 — Registro 8854
Resumen
Se condena al imputado por el delito de secuestro agravado y se absuelve por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."De la Procedencia del Recurso. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por el recurrente al momento de plantear y desarrollar su recurso de casación, pues denunció varios motivos de casación sin cumplir con lo que relata el artículo 363 del Código Procesal Penal, es decir que deben ser presentados de manera separada, precisamente para evitar lo que ocurrió con el presente recurso, que se vuelve falto de claridad y precisión. El suplicante al desarrollar su recurso hace referencia a las pruebas evacuadas en el juicio, efectuando una revalorización de los medios probatorios, ejercicio mental que está vedado en esta etapa casacional, puesto que el Juez Sentenciador al ser el único que tiene contacto directo con la prueba y su desarrollo, es quien tiene el derecho de razonarla y concederle o no valor probatorio; todas estas inconsistencias hacen que el recurso se vuelva confuso y falto de claridad y no permite darle una respuesta a los cuestionamientos del recurrente. A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión general de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal, y si el Juzgador efectuó un adecuado juicio de valor respecto de las pruebas que fueron evacuadas en el debate o juicio oral. Iniciaremos con el cimiento de toda sentencia penal, es decir los Hechos Probados, los cuales al analizarlos observa esta Sala que los mismos fueron conformados con claridad, precisión y coherencia, de tal forma que ubican al lector en tiempo y espacio, siendo claros en las actuaciones que realizó el acusado O. J. O. O., encajando de manera perfecta en la norma penal por el cual fue condenado el imputado, es decir en el artículo 192 literal “A” del Código Penal que regula el delito de Secuestro Agravado. En relación a los juicios de valor utilizados por el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, es posible deducir que los argumentos del A-quo son racionales, coherentes y se derivan precisamente del legajo probatorio, pues realizó una valoración tanto individual como conjunta de toda la prueba, en cuyos raciocinios se observa la aplicación de las reglas de la sana crítica. Se evacuaron en el debate abundante prueba testifical, documental, pericial y evidencias que al ser analizados de forma conjunta y armónica llevaron al Sentenciador a determinar sin lugar a dudas la participación y responsabilidad del señor O. J. O. O. en los hechos investigados; considera esta Sala Penal que las valoraciones efectuadas por el Juzgador de las pruebas evacuadas fueron correctamente razonadas, teniendo como base las Reglas de la Sana Crítica. Este Tribunal de Casación revisó integralmente la sentencia recurrida y pudo comprobar que el Tribunal Sentenciador respetó en todo momento los derechos y garantías constitucionales que le asisten a toda persona sometida a proceso penal, mismas que están contenidas en nuestra Constitución de la República y en los instrumentos internaciones de derechos humanos que somos signatarios, por tanto no ha existido violación alguna a los derechos del imputado. En conclusión la Sentencia dictada por el Juez A-quo cumple con los requisitos exigidos en el artículo 338 del Código Procesal Penal, por lo que es procedente desestimar el recurso de casación presentado"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días de septiembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 409-2014, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual: 1) Condenó al señor O. J. O. O. como autor responsable del delito de Secuestro Agravado en perjuicio de M. de J. R. H. a la pena de Veinte (20) años de reclusión. 2) Condenó al señor O. J. O. O. a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo que dure la pena principal. 3) Declaró la responsabilidad civil del acusado. 4) Absolvió a O. J. O. O. del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Interpuso el Recurso de Casación el Abogado E. M. L. en su condición de Defensor Privado del imputado. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado E. M. L. en su condición antes indicada como parte recurrente y la Abogada Y. M. M. L. en su calidad de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrente. II. Hechos Probados PRIMERO: El día martes 30 de octubre del año dos mil doce, aproximadamente a las ocho de la noche, el señor M. De J. R. H. a inmediaciones del Centro Comercial Uniplaza, por la calle que conduce al Hospital Vicente D´Antony de la ciudad de La Ceiba Atlántida, varios individuos interceptaron al señor M. De J. H. y lo introdujeron en otro vehículo, para llevarlo a un lugar desconocido. SEGUNDO: Ese mismo día 30 de Octubre del año 2012, aproximadamente a las ocho con veintidós minutos, los familiares del señor R. H. recibieron una llamada telefónica del número de celular 99228031, en la cual una voz masculina les exigía la cantidad de dos millones de lempiras, para dejar en libertad al señor R. H. TERCERO: El día Jueves 1 de noviembre del mismo año, encontrándose el agente de servicios especiales J. L. H. D., en la casa del hermano de la víctima, estando debidamente autorizado por autoridad judicial, como perito para realizar las escuchas entre los negociadores y el hermano de la víctima, logró interceptar varias llamadas telefónicas desde los números telefónicos 97-31-49-99, 99-82-8031 en la cual el hermano de la víctima acordó pagar la cantidad de 274,0000 Lempiras por el rescate del señor R. H. y se reciben indicaciones para la entrega del dinero que fue recolectado por los familiares y seriados por el agente J. L. H. D. y entregado para el pago del rescate ese mismo día primero de noviembre entre diez y media y once de la noche. CUARTO: el día viernes 2 de noviembre del 2012, fue capturado el señor O. J. O. O., en la Colonia Irías Navas en el sector Bonitillo, La Ceiba, Atlántida en posesión de siete mil lempiras en denominación de 500 lempiras, de los cuales diez billetes correspondían a los que habían recibido por el pago del rescate del señor R. H. QUINTO: Las llamadas realizadas desde los números telefónicos 97-31-49-99, 99-82-803 y 98-845198, al celular del hermano del señor M. de J. R. H., para pactar el precio de la liberación se originaron desde el sector denominado Bonitillo, La Ceiba Atlántida, sector donde permaneció privado de libertad el señor M. R. por parte de O. J. O. y otros individuos. III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación “MOTIVO DE LA CASACION Infracción de Ley Sustantiva específicamente a los Artículos 338 párrafo cuarto DECLARACION DE HECHOS PROBADOS, en el sentido de que al pronunciarse la Sala en la Sentencia declaró respecto al hecho de que se VIOLENTO la cadena de custodia contentiva del acta de seriado de billetes, ya al momento de ponerle al a vista al Perito J. L. H. el sobre de Manila para que reconociera los 14 billetes con denominación de 500 lempiras, mismos que según el criterio del Ministerio Público y la misma Sala, eran producto del pago producto del secuestro, embalada con su respectiva cadena de custodia y al no haber encontrado en el acta el seriado de cuatro billetes de 500 lempiras se ha roto la misma al perder totalmente su crédito y al haber sido de tal manera el Tribunal no debió haber considerado ese hecho como probado porque la misma fue contaminada al haber embalado dineros producto de actividad lícita, en el caso que nos ocupa. También violenta el párrafo quinto específicamente a lo que respecta que ASIMISMO EN LA PARTE RESOLUTIVA SE DISPONDRA LO QUE PROCEDA ACERCA DEL DESTINO DE LAS PIEZAS DE CONVICCION, INSTRUMENTOS Y EFECTOS DEL DELITO. Efectuando una revisión minuciosa a la sentencia la Sala no se pronuncia respecto al comiso del arma de fuego específicamente para lo que respecta su devolución, tampoco se pronuncia sobre el comiso de los 04 billetes de 500 lempiras, los cuales no fueron encontrados en la cadena de custodia, desde ese instante honorable Tribunal la sentencia está viciada de nulidad al no reunir los requisitos o violentar los mismos establecidos en el artículo 338 referente a los requisitos de la sentencia aunados a que subjetivamente magnifican los hechos de la misma específicamente en los fundamentos jurídicos en cuanto expresa que en el presente caso, no cabe duda alguna que el señor M. DE J. R. E., fue obligado violentamente a entrar un vehículo para luego mantenerlo permanecer en un lugar no determinado donde lo mantuvieron en cautiverio por tres días, por lo que la acción realizada por los individuos ENTRE ELLOS EL IMPUTADO O. J. O. O., consistió en un primer momento a someter al ofendido en compañía de OTRA PERSONA y amenazado con arma de fuego para atarlo de pies y manos para luego introducirlo en un cuarto de la casa de habitación donde lo mantuvieron en cautiverio Y EN SEGUNDO MOMENTO FUE EL ACUSADO QUE MANTUVO VIGILADO Y BAJO EL CUIDADO EN LA HABITACIÓN DONDE ESTABA CAUTIVA LA VÍCTIMA, COLABORANDO EN SU SUBSISTENCIA Y EVITANDO QUE OBTUVIERA LA LIBERTAD Y PARTIENDO DE ESTA PRMISA ES QUE CONSIDERA EL TRIBUNAL QUE SE DA EL ELEMENTO OBJETIVO DEL TIPO Y QUE SE CUMPLE A CABALIDAD EN EL PRESENTE CASO.- Honorable Tribunal de dónde sacan estas aseveraciones que en ningún momento se mencionaron en ESTRADO JUDICIAL, esta circunstancia nos muestra que el ente Juzgador no ha sido en ningún momento objetivo, aunado al hecho de que al referirse también en los Fundamentos Jurídicos numeral quinto al arma de fuego no consideran el hecho de que se acreditó la legítima propiedad del arma decomisada, con sus documentos legales. Por otra parte y considerando la defensa es una tremenda aberración jurídica por parte del tribunal ya que en los mismos FUNDAMENTOS JURIDICOS numeral SEPTIMO refiere literalmente PROCEDE IGUALMENTE DECLARA EN INTERDICCION CIVIL A F. A. G. MALNDAODO POR LO QUE DEBERA SER PRIVADO TEMPORALMENTE DEL OS DERECHOS DE PATRIA POTESTAD, TUTELA, GUARDA Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES. Continuando en la Exposición Honorable Tribunal encontramos otra causa de Nulidad de Sentencia. Aunado a que el párrafo octavo de Fundamentos Jurídicos TAMBIEN SE EVACUO EN LA AUDIENICA DE JUICIO ORAL Y PUBLICO, COMO MEDIO DE PRUEBA CATORCE BILLETES CON DENOMINACION DE QUINIENTOS LEMPIRAS MISMOS QUE QUEDO ACREDITADO EN EL JUICIO ORAL Y PUBLICO DE LOS MISMOS PERTENECEN AL HERMANO DE LA VICTIMA, en relación a parte de la sentencia emitida en la continuación del debate el 07 de Febrero del 2014, la cual fue leída literalmente por el Tribunal y manifestar literalmente EL DIA 02 DE NOVIEMBRE FUE CAPTURADO EL SEÑOR O. O. O. EN LA COLONIA IRIAS NAVAS SECTOR DE BONITILLO, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA A QUIEN SE LE DECOMISON LA CANTIDAD DE SIETE MIL LEMPIRAS EN DENOMINACION DE QUINIENTOS LEMPIRAS LOS CUALES CORRESPONDIAN A LOS QUE HABIAN RECIBIDO POR EL PAGO DEL RESCATE A LAS VICTIMA. Esta es otra muestra que el Tribunal lo que menos ha sido es objetivo en la emisión de la Sentencia en el sentido de que en la misma sentencia enuncia que 04 billetes de denominación de 500 lempiras no se encontraron seriados y siendo de tal forma no pertenecen a las cantidades seriadas. En tal sentido este extremo no se acreditó. También se violenta el artículo 339 del Código Procesal Penal, en virtud de la duda razonable que no operó a favor del imputado en la sentencia (INDUVIO PRO REO) porque no se demostró que el señor O. J. O. O. haya participado en el secuestro en que se le involucra independientemente de la prueba de descargo a la que el Tribunal no le da ninguna credibilidad, pero la defensa considerando que es al Ministerio Público quien le corresponde acreditar la participación del imputado en la causa y al no haber sido de tal manera el Tribunal debió absolver a mi cliente. Otro elemento básico y elemental para tomar en consideración es el hecho de que en el acta de vaciado telefónico no se relacionan los números telefónicos cuestionados con el número telefónico de quien me apodera partiendo de la premisa de que el número del teléfono decomisado al señor O. O. es el 97-88-01-91 y los otros números son 97-31-49-49, 92-22-80-31, 97-31-99-49, 98-8451-98 y 95-57-45-45, propiedad del os supuestos secuestradores y el 33-78-82-43, propiedad del hermano de la víctima, este medio de prueba no es vinculante ya que no tienen absolutamente nada que ver con el número telefónico de mi cliente a la vez página 02 de la Sentencia el Fiscal manifiesta que la defensa presentó un medio de prueba testifical quienes manifestaron que llegó un señor de nombre J. C. a quien hubiese sido interesante escucharlo para que este dijera de dónde había salido ese dinero, violentándosele a mi representado el derecho de la defensa partiendo del hecho de que el Ministerio Público es quien dirige el impulso procesal por lo que en base al Artículo 14 ha violentado el derecho a la defensa.- Realmente Honorable tribunal existen enumerados vicios de Nulidad en la Sentencia y para ponerle la tapa al pomo en el Fallo párrafo Séptimo FALLA Declara sin lugar el incidente de nulidad planteado por el defensor.- Sin siquiera motivar dicho fallo no se fundamentan jurídicamente incurriendo en otro error ya que en la convalidación del allanamiento se convalida otros hechos mismos que a criterio de la defensa debió haber sido procedente porque se violentaron derechos constitucionalmente protegidos a mi patrocinado.- Incurriendo el ente Juzgador en error de Apreciación de la Prueba, quebrantamiento de norma y Garantía Procesal y por infracción de ordenamiento jurídico. ERROR EN APRECIACION DE LA PRUEBA. La sentencia que se recurre considera como hechos probados todos y cada uno de las pretensiones del Ministerio Público en base a los elementos de juicio basados en todos y cada uno de los medios probatorios y partiendo de los relatos fácticos del Fiscal, el juzgador de instancia fundamenta la condena de quien represento en base a las pruebas de cargo; sin embargo, a juicio de esta parte no llevan a colegir la comisión del delito por parte de quien me apodera ya que más bien de los mismos lo que se deduce es que conllevan a su absolución.” “QUEBRANTAMIENTO DE NORMAS Y GARANTIAS PROCESALES. Esta parte interpuso un incidente de Nulidad que basado en los estamentos legales enunciados en estrado judicial era eminentemente procedente, resolviendo el Tribunal de manera arbitraria sin lugar la misma, basándose la defensa precisamente de que en la convalidación del allanamiento realizado la juez de turno convalidó hechos diferentes a los que realmente se dieron. Manifestándome por esta parte la más enérgica protesta por dicha negativa, como así consta en la sentencia de la causa, violentándole con la denegación violación a las garantías individuales de mi representado, provocándole indefensión prescrita por el Artículo 82 Constitucional. La indefensión alegada resulta patente para esta parte dado que de haberse dado a lugar la misma se hubiere declarado la libertad definitiva de quien me apodera, aunado a la negativa por parte del Ministerio Público de hacer llegar a estrado testigos en el caso del señor J, C., quien fue la persona quien entregó la cantidad de dinero en cuestión al señor O. J. O. O., tal como se acreditó en estrado y a la vez no solicitar un reconocimiento en Rueda es más el mismo Ministerio Público actuó de manera irresponsable porque la defensa propuso en medio de prueba y el Fiscal ni se notificó, y de haberse llevado a cabo dicha diligencia se hubiera demostrado que el acusado no era responsable del delito imputado.” POR INFRACCIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO. “La Sentencia que se recurre ha infringido los Artículos 82 Constitucional en relación al 14 y 101 del Código Procesal Penal, 08, 12, 93, 165, 217, 220, 337, 339 del Código Procesal Penal. Por los motivos que es presenta esta casación es suficiente para que se anule y se revoque de pleno derecho la sentencia emitida y se absuelva a mi patrocinado del delito que se le imputa. PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 360 del Código Procesal Penal. ARTICULO VIOLENTADO Artículo 339 del Código procesal Penal. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA A juicio del Tribunal sentenciador el señor O. J. O. O., por el simple hecho de la cercanía del supuesto lugar en donde lo detuvieron y la cercanía con el lugar en donde se supone mantuvieron retenido el Secuestrado, además de la cantidad de dinero que le encontraron y que según la serie fueron producto de un pago por la liberación del secuestrado. Véase tamaña injusticia ya que toda persona tiene derecho de libre circulación, tomando en consideración de la cercanía en cuanto al momento en que fue secuestrado el señor R. y el tiempo en el que fue capturado el acusado con billetes de los mismos que habían sido pagados por dicho rescate, de esa manera lo refiere en al sentencia leída el 07 de Febrero del 2014 la cual difiere en la sentencia del 20 de marzo del 2014 y en cuanto al dinero, que es un circulante así como tenía esos dineros el imputado lo pudo haber tendido el Fiscal o la defensa o cualquier miembro del Tribunal, es más cuando el dinero es obtenido por una segunda persona de buena fe este dinero pasa a ser bueno ya que el filtro lo limpia, por lo que esos hechos no son suficientes como para condenar a mi representado. EXPRESION CONCRETA DE LA APLICACION PRETENDIDA POR LA DEFENSA La defensa solicita la aplicación del Artículo 339 del Código Procesal Penal, contentivo del Indubio Pro Reo, en caso de duda se debe absolver al reo y se le debe poner en inmediata libertad. IV. Fundamentación 1) Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de Agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aún intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. 1.a) De los Motivos de Casación Enunciados por el recurrente En virtud que esta Sala de lo Penal ya ha explicado en qué consiste el Principio de Debida Técnica Recursiva, se hace evidente la inadecuada técnica del censor al momento de argumentar y desarrollar su impugnación, lo que vuelve el presente recurso falto de claridad y precisión, haciendo difícil que se pueda dar una respuesta concreta a los cuestionamientos del recurrente. No es posible determinar con la presente impugnación qué tipo de recurso presenta, puesto que si bien señala en el inicio de su escrito “Infracción de ley sustantiva” al momento fundamentar su motivo, el censor no establece la norma que le autoriza para interponer su impugnación, cuando establece la norma sustantiva supuestamente violada señala el artículo 338 párrafo cuarto sin designar a que ley procesal o penal se refiere. Si enuncia el recurrente una infracción de ley, debe establecer qué norma sustantiva considera violentada, entendiéndose ésta como las diferentes normas penales señaladas en el Código Penal o leyes especiales donde se denuncien tipos penales; además deberá circunscribir su alegato en el cuadro fáctico (Hechos probados) que el Tribunal haya declarado como probados. Lamentablemente el recurrente en su exposición refiere que se violentó la cadena de custodia del acta de seriado de billetes y señalar varios puntos que a su criterio son objeto de nulidad de la Sentencia, sin embargo no fue capaz de desarrollarlos y puntualizarlos tal como lo establece el artículo 363 del Código Procesal Penal. Por último el recurrente señaló en su escrito unos encabezados denominados: “Error en apreciación de la prueba” otro referente a: “Quebrantamiento de Normas y Garantías Procesales” y otro como “Por infracción del ordenamiento jurídico”; si se realiza una revisión exhaustiva de los motivos de casación establecidos en los artículos 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal, podremos verificar que ninguno de los motivos ahí establecidos concuerda con las expresiones establecidas por el impetrante en sus encabezados; excepto el de Garantías procesales que podríamos incluirlo en el Recurso de Casación por Infracción de Precepto constitucional, sin embargo tampoco el censor lo ha plasmado así, ni mucho menos a desarrollado su recurso en esos términos. En ese sentido no es posible extraer del escrito del Censor los siguientes aspectos torales y esenciales para un recurso de casación: Normas Autorizantes: Sin determinar por el Pretensor. Norma Sustantiva, Procesal o Constitucional que se denuncia Infringida: Sin determinar por el Pretensor. Concepto de la Infracción: Sin determinar por el Pretensor. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor. Pretensión: Sin determinar por el Pretensor. 1.c) De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por el recurrente al momento de plantear y desarrollar su recurso de casación, pues denunció varios motivos de casación sin cumplir con lo que relata el artículo 363 del Código Procesal Penal, es decir que deben ser presentados de manera separada, precisamente para evitar lo que ocurrió con el presente recurso, que se vuelve falto de claridad y precisión. El suplicante al desarrollar su recurso hace referencia a las pruebas evacuadas en el juicio, efectuando una revalorización de los medios probatorios, ejercicio mental que está vedado en esta etapa casacional, puesto que el Juez Sentenciador al ser el único que tiene contacto directo con la prueba y su desarrollo, es quien tiene el derecho de razonarla y concederle o no valor probatorio; todas estas inconsistencias hacen que el recurso se vuelva confuso y falto de claridad y no permite darle una respuesta a los cuestionamientos del recurrente. A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión general de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal, y si el Juzgador efectuó un adecuado juicio de valor respecto de las pruebas que fueron evacuadas en el debate o juicio oral. Iniciaremos con el cimiento de toda sentencia penal, es decir los Hechos Probados, los cuales al analizarlos observa esta Sala que los mismos fueron conformados con claridad, precisión y coherencia, de tal forma que ubican al lector en tiempo y espacio, siendo claros en las actuaciones que realizó el acusado O. J. O. O., encajando de manera perfecta en la norma penal por el cual fue condenado el imputado, es decir en el artículo 192 literal “A” del Código Penal que regula el delito de Secuestro Agravado. En relación a los juicios de valor utilizados por el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, es posible deducir que los argumentos del A-quo son racionales, coherentes y se derivan precisamente del legajo probatorio, pues realizó una valoración tanto individual como conjunta de toda la prueba, en cuyos raciocinios se observa la aplicación de las reglas de la sana crítica. Se evacuaron en el debate abundante prueba testifical, documental, pericial y evidencias que al ser analizados de forma conjunta y armónica llevaron al Sentenciador a determinar sin lugar a dudas la participación y responsabilidad del señor O. J. O. O. en los hechos investigados; considera esta Sala Penal que las valoraciones efectuadas por el Juzgador de las pruebas evacuadas fueron correctamente razonadas, teniendo como base las Reglas de la Sana Crítica. Este Tribunal de Casación revisó integralmente la sentencia recurrida y pudo comprobar que el Tribunal Sentenciador respetó en todo momento los derechos y garantías constitucionales que le asisten a toda persona sometida a proceso penal, mismas que están contenidas en nuestra Constitución de la República y en los instrumentos internaciones de derechos humanos que somos signatarios, por tanto no ha existido violación alguna a los derechos del imputado. En conclusión la Sentencia dictada por el Juez A-quo cumple con los requisitos exigidos en el artículo 338 del Código Procesal Penal, por lo que es procedente desestimar el recurso de casación presentado. V. Decisión Se declara no ha lugar el Recurso de Casación presentado por la Defensa Privada del acusado. VI. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 192 literal “A” del Código Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado E. M. L., en su condición de Defensor Privado del señor O. J. O. O. a quien se le condenó por el delito de Secuestro Agravado en perjuicio de M. de J. R. E.. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinte de marzo del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Y manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firma y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. José ramón cruz ferrera. Receptor adscrito. Sala de lo penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-409-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012