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Sentencia CP-388-14 — Registro 8815

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Robo de Vehículo Marítimo Agravado, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal.- Interpuesto por la Defensa Privada. Único motivo. * Precepto autorizante: Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal; * Normas sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículos 15 en relación con el artículo 217, 218 y 219 numeral 1 del Código Penal; * Concepto de la infracción: Inaplicación de una norma sustantiva; y * Pretensión: Casar la sentencia y proferir la inclusión lo relativo a la tentativa. El Censor invoca como infringido el artículo 15 del Código Penal, al considerar que los hechos probados no constituye un delito consumado, por razón de la frustración de la comisión del delito proveniente de la participación inmediata de la Fuerza Naval, que si bien hubo un desapoderamiento de la cosa mueble causada por el sujeto activo, fue momentánea, debido a que su representado el señor F. A. T. no conto con el tiempo para tomar una decisión sobre el bien mueble sustraído. De la Tentativa El Iter Criminises la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el derecho penal de los que son relevantes. El Iter Criminis se divide en dos fases: 1).- FASE INTERNA: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su la ideación (Surgimiento de la Idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (Decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2).- FASE INTERMEDIA: Es una Fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, conspiración o proposición, lo cual podríamos estar ante un delito o falta independiente contemplado en el artículo 207 o en el artículo 397.2 del Código Penal, respectivamente; 3).- FASE EXTERNA: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta Fase se divide en tres etapas: Los Actos Preparatorios y los Actos Ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: a. Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal; b. Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los Actos Ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá si estamos ante una tentativa o un delito consumado; c. La Tentativa, conocida como delito tentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 CP). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: i Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos van encaminada “la intención de cometer un delito determinado” (Art. 15CP); el dolo debe de coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo debe de existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; ii. Comienzo de la Ejecución del Delito: Al mencionar el artículo 15 del Código Penal la realización de actos de ejecución, refiere a aquellos actos que deben de llevar al sujeto activo a la consumación del delito, para ello en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido; iii. Actos Inequívocos: Exige el Artículo 15 del Código Penal que los actos de ejecución deben de ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); iv. Actos Idóneos: El artículo 16 del Código Penal además exige que los actos realizados sean idóneos, que implica que el autor debe de realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguna al bien jurídico protegido (Tentativa Inidónea); y v. Involuntaria Falta de Consumación: Como requisito final la consumación no debe de producirse “por causas ajenas a la voluntad del agente” (Art. 15 CP), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá de responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. Delito Consumado: La Consumación es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal (Art. 14 del CP)..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso EL MOTIVO NO ES DE RECIBO.- Lamenta la Sala de lo Penal que la posibilidad de recurrir la sentencia mediante un recurso de casación que efectivamente permita auditar la legalidad de la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia se vea frustrada por un confuso e impropio planteamiento; El Censor ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos. Ha sido criterio de esta Sala de lo Penal ignorar aquellos defectos de forma en el planteamiento del recurso de casación, siempre y cuando el motivo casación invocado, el concepto de la infracción y su desarrollo argumentativo permitan cuando menos conocer cuál es la denuncia que formula el recurrente, ello en aras de realizar el principio de la tutela judicial efectiva. Sucede, sin embargo, que en el caso bajo estudio, los defectos de interposición del recurso antes apuntados no solo son de forma, sino de fondo, ya que imposibilitan que este Alto Tribunal pueda emitir un pronunciamiento, pues no existe claridad en la exposición de su recurso. El Recurrente plantea como precepto autorizante el artículo 362 numerales 3 y 6 del Código Procesal Penal, enunciando como motivo del numeral 3 la inobservancia de las reglas de la sana critica, guardando al silencio en cuanto al numeral 6 que refiere a la incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, asumiendo ésta Sala de lo Penal que se trata de un defecto de forma, sin embargo, en el desarrollo del motivo ataca la sentencia usando como arma sus propias valoraciones y criterios de cómo debió haberse valorado la prueba, en una clara invitación para que esta Sala de lo Penal deseche los razonamientos intelectivos del A-Quo y los reemplace con los señalados por el Defensor, dando al recurso de casación alcances no permitidos en la ley, pues solo así se entiende que la pretensión del recurso sea precisamente anular la sentencia por mala valoración y (en lugar de ordenar reenvío), se dicte una nueva en su lugar. Asimismo el Censor, de forma abstracta denuncia la violación a las reglas de la sana crítica sin identificar claramente a lo largo de su recurso cuál de ellas ha sido inobservada, limitando a decir “….correspondiendo al tribunal sentenciador valuar apropiadamente las pruebas en su conjunto como se ha señalado y cuyo “norte” han de ser las reglas de la sana critica según sicología, la lógica experiencia…” imposibilitando a este Tribunal de Casación de realizar una auditoría a la valoración probatoria del Tribunal de Sentencia; aunando que el recurrente omite confrontar el análisis intelectivo del Tribunal de Sentencia con los principios de las reglas de la sana critica desde su perspectiva transgredida, a efecto de evidenciar la disparidad entre uno y otro, lo que constituye una omisión toral que imposibilita poder dar respuesta a dicho reclamo pues no existe claridad en la exposición de su recurso; .."

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Penales, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha 09 de mayo de 2014, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los señores G. R. P. B., F. A. T. L., A. J. C. M. y P. A. F. V., como autores responsables del delito de Robo de Vehículo Marítimo Agravado, en perjuicio del señor A. S. B., a las penas de: a) G. R. P. B., catorce (14) años cuatro (4) meses de reclusión; b) F. A. T. L., trece (13) años diez (10) meses; c) A. J. C. M., catorce (14) años cuatro (4) meses y d) P. A. F. V., catorce (14) años diez (10) meses de reclusión.- Segundo: Absolvió a los señores G. R. P. B., F. A. T. L., A. J. C. M. y P. A. F. V., del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio del señor A. S. B..- Tercero: Condenó a los señores G. R. P. B., F. A. T. L., A. J. C. M. y P. A. F. V., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil y a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, por el tiempo que dure la condena principal.- Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Quinto: Se declaró la responsabilidad civil de los condenados G. R. P. B., F. A. T. L., A. J. C. M. y P. A. F. V..- Interpuso el Recurso de Casación, el Abogado O. A. L., actuando en su condición de defensor Privado del señor F. A. T. L.. Son Partes En Única Instancia: El Abogado O. A. L. Z., defensor privado del señor F. A. T. L., en su condición de Recurrente y la Abogada D. E. R. C., Agente Fiscal del Ministerio Público en su condición de Recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: Que el día dos de noviembre del año dos mil doce, entre tres y cuatro de la tarde, el señor A. S. B., se encontraba en la Isla de Utila, Departamento de Islas de la Bahía, cuando decide salir de la isla en un lancha de su propiedad color azul y blanco de 25 pies de eslora, 06 pies de manga tipo tiburonera, con un motor marca Yamaha de 60 H.P. motor serie ELL01262, en compañía de los señores G. O. P. B., P. A. F. V., A. J. C. M. y F. A. T., quienes lo habían contratado ese día a fin de que los trasladara a los Cayitos de la isla, al sector de Water Bay; durante el trayecto y estando en alta mar el señor F. A. T. le ordena al señor A. S. B., que entregue el timón y motor de la lancha al señor A. F. V., y al negarse a hacerlo, le someten y le quitan el control de la mencionada lancha, tratando en ese momento el señor G. O. P. B., de amarrarle; una vez que se aproximan a la costa cerca de los arrecifes del lugar conocido como Jack Neal, los señores P. A. F. V. y F. A. T., tiran al agua al señor A. S. B., y le arrastran hasta la playa en donde le abandonan, mientras los señores G. O. P. B. y A. J. C. M. se quedan dentro de la lancha y aguardan el regreso de los señores P. A. F. V. y F. A. T.; posteriormente los antes mencionados retornaron a la embarcación, y deciden todos los encausados marcharse del lugar llevándose consigo la lancha propiedad del señor A. S. B., quien Posteriormente es auxiliado y se pone en conocimiento de las autoridades lo sucedido. SEGUNDO: Entre cuatro y cinco de la tarde de ese mismo día dos de noviembre del año dos mil doce, el señor R. D. A., quien se desempeñaba como Teniente de Fragata de la Fuerza Naval de Honduras, junto a cuatro elementos más, dio seguimiento a la denuncia interpuesta y encuentra en alta mar a los señores G. O. P. B., P. A. F. V., A. J. C. M. y F. A. T., dentro de la lancha color azul y blanco de 25 pies de eslora, 06 pies de manga tipo tiburonera, con un motor marcha Yamaha de 60 H.P. motor serie ELL01262, propiedad del señor A. S. B., siendo ésta conducida en ese momento por el señor A. J. C. M., a quien le decomisan dicha embarcación, seguidamente deciden escoltar a los acusados de regreso a la isla de Utila en donde les ponen a la orden de la Policía Nacional Preventiva.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. Exposición de los motivos de casación.- Por Quebrantamiento de Forma: Primer Motivo: “Inobservancia de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba” El Tribunal de Sentencia de la sala tercera de la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida dicto sentencia condenatoria siendo evidente que al momento de valorar la prueba y resolver condenando al señor F. A. T. L., no observó las reglas que comprenden la sana crítica para valorar la prueba desarrollada en la audiencia de juicio oral y su posterior resolución. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación invocado como infringido por Quebrantamiento de Forma, está comprendido en el artículo 362 en su numeral 3 y6 del Código Procesal Penal que dice “Si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. EXPOSICION DEL MOTIVO El Tribunal de Sentencia ha estimado como probados los hechos siguientes: “PRIMERO: Que el día 02 de noviembre del año 2011 entre 3 y 4 de la tarde el señor A. S. B. se encontraba en la Isla de Utilla, departamento de Islas de la Bahía, cuando decide salir de la Isla en una lancha de su propiedad color azul y blanco de 25 pies de Eslora, 6 pies de manga tipo tiburonera, con motor marca Yamaha de 60 H. P. motor serie ELL01262 en compañía de los señores G. O. P. B., P. A. F. V., A. J. C. M. y F. A. T. L. quienes lo habían contratado ese día a fin de que los trasladara a los Cayitos de la isla, al sector de Water Bay; Durante el trayecto y estando en altamar el señor F. A. T. le ordena al señor A. S. B., que entregue el timón y motor de la lancha al señor A. F. V., y al negarse hacerlo, le someten y le quitan el control de la mencionada lancha, tratando en ese momento el señor G. O. P. B., de amarrarle; Una vez que se aproximan a la costa cerca de los arrecifes del lugar conocido como Jack Neal, los señores P. A. F. V. y F. A. T., tiran al agua al señor A. S. B., y le arrastran hasta la playa donde le abandonan, mientras los señores G. O. P. B., y A. C. M. se quedan dentro de la lancha y aguardan que regresen los señores P. A. F. V. y F. A. T.; Posteriormente los antes mencionados retornaron a la embarcación, y deciden todos los encausados marcharse del lugar llevándose consigo la lancha propiedad del señor A. S. B., quien posteriormente es auxiliado y se pone en conocimiento de las autoridades lo sucedido. SEGUNDO: Entre cuatro y cinco de la tarde de ese mismo día dos de noviembre del año 2012, el señor R. D. A., quien se desempeñaba como Teniente de Fragata de la Fuerza Naval de Honduras, junto a cuatro elementos más, dio seguimiento a la denuncia interpuesta y encuentra en altamar a los señores G. O. P. B., A. C. M., P. A. F. V. y F. A. T., dentro de la lancha color azul y blanco de 25 pies de eslora, 06 pies de manga tipo tiburonera, con un motor marca Yamaha de 60 H. P. motor serie ELL01262 propiedad del señor A. S. B., siendo esta conducida en este momento por el señor A. J. C. M., a quien se le decomisa dicha embarcación, seguidamente deciden escoltar a los acusados de regreso a la Isla de Utilla en donde les ponen a la Orden de la Policía Nacional Preventiva.- EXPOSICIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION PRIMERO: Al analizar lo anteriormente expuesto se invoca la inobservancia de las reglas establecidas en la sana critica relacionadas a la valoración de la prueba en la presente causa, determinándose que en el análisis de la prueba examinada en juicio no fueron tomados en consideración aspectos que a criterio muy propio eran de suma importancia en la deliberación de la resolución final por parte del tribunal sentenciador, mismo que no aplicó concretamente sin duda alguna las reglas de la sana crítica las cuales son de irrestricta observancia con el único fin de aplicar la ley acorde a los hechos que se desprenden como verdad histórica de la evacuación del juicio, al observar el apartado de la sentencia definitiva denominado “Valoración de la Prueba” este establece como un hecho cierto que el Objeto del Delito que comprende un Vehículo Marítimo color azul y blanco de 25 pies de eslora, 06 pies de manga tipo tiburonera, con un motor marca Yamaha de 60 H. P. motor serie ELL01262 era propiedad del supuesto ofendido A. S. B., no tiene el mas mínimo concepto de “certeza” de tal afirmación la cual es necesaria para justificar la culpabilidad del acusado como referencia elemental a la clasificación de las pruebas de acuerdo al fin a que están destinadas, en el apartado de la “valoración de la prueba” el Órgano sentenciador es impreciso al indicar “que a la declaración del señor A. S. B. (página 3 reverso de la sentencia) “es la que da pie para dar por cierto lo contenido en el Primer acápite de los hechos probados” señor que manifestó ser propietario de un Bien Mueble como el descrito “Lancha color azul y blanco de 25 pies de eslora, 06 pies de manga tipo tiburonera, con un motor marca Yamaha de 60 H. P. motor serie ELL01262”, sin embargo hay que tomar en cuenta que el delito de ROBO DE VEHICULO es una Figura criminal que se encuentra contenida en el Titulo Séptimo (VII) del capítulo l del Código Penal mismo que prevé los DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD describiendo sus diversas modalidades aunado los elementos que se requieren para que una acción se configure como delito. A nuestro juicio razonamos que el tribunal le da únicamente el valor que “cree conveniente o que resulta convincente desprendido del testimonio del señor A. S. B.” concatenándolo con el resto de la prueba, premisa que es de suma importancia analizar de acuerdo a las máximas de la experiencia, sicología y analogía en vista que este Testimonio interrelacionado con la prueba documental como ser la consistente en una “Declaración Unilateral jurada de propiedad del supuesto propietario de la embarcación marítima objeto del delito, visible a folio 21 del expediente judicial” permitió dejar al desnudo una incongruencia significativa, decisiva, determinante en la Valoración de la Prueba, si bien es cierto el señor A. S. B. expreso las características de la embarcación de la cual adujo ser el propietario interrelacionada con la prueba documental examinada no fue concreta para determinarse cómo verdad absoluta que efectivamente el supuesto ofendido era su propietario, su testimonio no tiene correspondencia con la documentación llevada a juicio como lo fue la denominada “DECLARACIÓN JURADA DE PROPIEDAD (evacuada a folio 149 del acta de debate)” que no es elemento concreto, irrebatible, categórico que certifique la legítima propiedad de un bien mueble, estimando que se trata de un vehículo marítimo que debe poseer los documentos que refrenden tal extremo como por ejemplo factura, traspaso, registro de marina mercante, licencia o permiso para operar transporte marítimo de personas, ya que esta fue la Labor que señalo A. S. B. como la actividad a la que se dedica en la isla de Utila, cabe señalar que no es desconocido para los Tribunales este tipo de inferencias tomando en cuenta que se trata de un bien mueble y que se cometió un delito contra la propiedad por tanto es imperativo demostrar esa posesión legítima mediante los documentos que acrediten la condición que poseía la supuesta Víctima. SEGUNDO: Al ser sometido al interrogatorio el supuesto ofendido expreso que era propietario del bien mueble y que poseía los documentos que acreditaban esa condición (observar sentencia, valoración de la prueba, inicio pagina 4), sin embargo el único documento que fue proporcionado como medio probatorio que lamentablemente considero valido el Tribunal Sentenciador fue la “Declaración de Propiedad de Embarcación (Lancha)” la cual como reseñamos es una DECLARACION UNILATERAL del supuesto ofendido y no representa un documento Oficial y objetivo que certifique su contenido, este documento figura con fecha 14 de febrero del 2012 contraviniendo el testimonio del señor A. S. B. aunado el susodicho documento Fue autenticado por el Juez de Paz de la isla de Utila, departamento de Islas de la Bahía “el que valga la aclaración acorde al Código del Notariado que fue creado mediante decreto legislativo número 353-2005 que instituyó el Código del Notariado el cual reglamenta en su artículo 6 “Los Jueces de Paz LETRADOS pueden ejercer la Función Notarial en el ámbito de su competencia territorial Únicamente en lo que se refiere a Testamentos, cuando no hubiese notario hábil radicado en su jurisdicción” armonizado con el artículo 25 del mismo cuerpo legal” CONSECUENTEMENTE NO TENIA VALIDEZ LA AUTENTICA que redactó la Funcionaria Judicial referida, siendo asombroso que el Tribunal Sentenciador inobservó lo anteriormente expuesto, según esta Normativa la Juez de Paz de dicha Jurisdicción estaba impedida para realizar un acto de esta Naturaleza como autenticar una declaración unilateral de Propiedad de Embarcación, cabe destacar que el señor A. S. B. señaló que dicho vehículo marítimo lo había adquirido mediante compra venta que realizó al señor A. D. en el año 1990 teniendo en su Poder los documentos como factura, traspaso, registro de embarcación en capftanía de puerto, etc., los cuales nunca se hicieron lleqar al Tribunal Sentenciador por parte del Ministerio Público para corroborar los extremos precedentes, proviniendo en un asunto de tal Naturaleza como es los delitos contra “LA PROPIEDAD” a forzar su inclusión en la Valoración con los testimonios de R. W. R. L. quien se limito a expresar que el Vehículo Marítimo es propiedad del supuesto ofendido sin proveer mayor dato sucesivo, igualmente el oficial de la Fuerza Naval RUBEN DARIO ANDINO quien tampoco proveyó datos de relevancia vinculados al legitimo propietario limitándose únicamente a manifestar que se le presento el documento controvertido que fue objeto de significativos cuestionamientos del suscrito vacilando sobre los documentos de propiedad que dieron pie para que este último testigo entregara la Embarcación Marítima al señor A. S. B., dichos extremos están contenidos en el acta de debate a folios 147 y 148 donde el suscrito solicito en su momento que se pusiera a la vista el supuesto documento denominado “Declaración de Propiedad de Embarcación” que supuestamente acreditaba la propiedad del objeto del delito al señor R. D. A. para que lo identificara conforme lo previsto en el artículo 251 del código procesal penal, reflexionando que era un medio de prueba legalmente incorporado a juicio y que con anterioridad había relacionado en su testimonio, sin embargo el Tribunal desestimó la solicitud del suscrito quien interpusiera el Recurso pertinente mismo que fue declarado sin lugar.- Analizando lo anteriormente expuesto con respecto a la inadecuada valoración que se le dio a la declaración del Supuesto Ofendido A. S. B. vinculada a la prueba documental el tribunal sentenciador determina concederle validez a la Denominada “DECLARACION DE PROPIEDAD DE EMBARCACION de fecha 14 de febrero del 2012 autenticada por la Juez de paz del municipio de Utila, departamento de Islas de la Bahía que se supone fue adquirido en 1990 con los documentos pertinentes por lo tanto no se le puede considerar concluyente e inequívoco a ambos medios de prueba testifical y Documental concretándose una efectiva contravención entre estos que propiamente desemboca en la falta de legitimidad de la propiedad constituyendo invalidez probatoria en aplicación de las Reglas de la sana crítica al valorar la prueba. TERCERO: Por lo antedicho inferimos que antes que el espíritu humano se encuentre en relación con el conocimiento de determinado hecho suele estar en estado de ignorancia y estando ante todas estar afirmaciones que tienen derecho a ser creídas estableciendo un principio racional que establezca el derecho a la credibilidad (prueba) respecto a la inocencia de mi representado basta la sola duda de la Lesión al bien jurídicamente protegido “para evidenciar la falta de los elementos objetivos del delito por constituirse en difusa la Víctima, siendo necesaria la certeza para decretar la culpabilidad”, por lo tanto silo ordinario se presume lo extraordinario se prueba (principio ontológico) y que debe de ser un elemento lógico que lleve al sentenciador a establecer el origen inmediato como medio de convicción invocando el principio de “probatio ei qui dicit, non qui negat” la prueba le incumbe a quien afirma no a quien niega y estimando que toda persona sometida a un proceso goza del principio de inocencia, el cual solo puede ser enervado por la sentencia del órgano correspondiente que debe gozar y llenar varios requisitos entre estos una valoración adecuada de la prueba y en consonancia con el desarrollo de la misma asociado a lo vislumbrado en los artículos 198 y 199 del Código Procesal que tienen como finalidad que los medios de prueba establezcan la verdad de los hechos intimado al artículo 202 del mismo cuerpo legal, correspondiendo al tribunal sentenciador valuar apropiadamente las pruebas en su conjunto como se ha señalado y cuyo “norte” han de ser las reglas de la sana crítica según la sicología, la lógica y experiencia por lo que hay que razonar el resultado ya que el nexo causal o lógico que liga el hecho mediato del inmediato ha de ser fruto de un proceso inductivo racional “no de una simple suposición” de tal modo que nadie puede ser condenado sobre la base de un proceso de inferencia que solo ofrezca simples conjeturas ya que si bien es cierto se cometió uñ delito “pero es necesaria la certeza de la identidad del sujeto pasivo y la propiedad que efectivamente poseía sobre el objeto del delito, ya que si esta falta o es “dudosa” la estructura procedimental es inútil, considerando que el propósito del proceso penal es evitar presunciones y establecer valoraciones objetivas de acuerdo a la prueba y en total congruencia, por lo que “darle merito señalándolos como concluyentes a los testimonios junto a la prueba documental es una evidente contradicción tal y como ocurre en la presente así como el evidente desequilibrio entre una y otra valoración en su conjunto reflejada en los acápites 2, 3, 4 y 5 de la sentencia recurrida”. “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL. MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY: Inaplicación de Norma Penal sustantiva Concerniente al artículo 15 del Código Penal, el cual prevé lo relativo al Delito en su grado de ejecución de Tentativa vinculado a los artículos 217, 218 y 219

1 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360

párrafo primero del Código Procesal Penal, que literalmente dice Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. EXPOSICIÓN DE MOTIVO PRIMERO: El hecho declarado probado y que sirvió de fundamento a la condena, es precisamente la vinculación directa que según declaraciones de los testigos de cargo relacionan a mi representado en la comisión del delito de ROBO DE VEHICULO MARITIMO consumado lo que es totalmente contradictorio con la prueba examinada en juicio ya que al ser sometidos al contradictorio se comprobó que la Imputación formulada por el Ministerio Público no constituía delito consumado por razón de la Frustración de la comisión del delito proveniente de la participación inmediata de la Fuerza Nava la conllevó a la captura a los imputados G. R. P., J. C. M. y P. A. F. V. y F. A. T. L.; Obsérvese el folio 149 del acta de debate que contiene el Testimonio del Oficial R. D. A. quien manifiesto que fueron notificados a las 4 de la tarde en que notifican a la Fuerza Naval del acontecimiento ya que fue inmediato al desapoderamiento de la Embarcación dato que coincide con los testimonios de los señores A. S. B. y R. W. R. L., quienes al tener conocimiento de lo acontecido los efectivos militares dispusieron inmediatamente una tenaz persecución avizorando en el altamar cuando los imputados huían, el testigo referido R. D. A. a preguntas del suscrito respondió que “no perdieron de vista a los imputados en altamar a los cuales lograron darle alcance procediendo a detenerlos y trasladándolos al muelle de Utila para entregarlos a la Policía Nacional” consecuentemente fueron detenidos en un tiempo promedio de 20 minutos desde el despojamiento del Vehículo marítimo al supuesto propietario A. S. B. y su detención. SEGUNDO: Considerando lo anteriormente expuesto esta defensa No comparte lo resuelto por el Tribunal sentenciador que en su resolución definitiva estimo que nos encontrábamos ante un delito consumado acotando que el bien jurídicamente protegido ya había sido despojado de la esfera de disposición del supuesto ofendido, hay que evaluar que acorde a las exigencias procedimentales en la sentencia se exige un escrupuloso respeto de los términos del relato de hechos probados y evitar cualquier intento de modificación como el “caso que nos ocupa” el que vislumbra la exclusión de lo preceptuado en el artículo l5 del Código Penal, es de lato conocimiento la intangibilidad de los hechos declarados probados en juicio, sin embargo no menos cierto es que hay imprecisión entre la norma penal sustantiva aplicada concerniente al delito consumado con la Tentativa por razón de los relatos desprendidos de la prueba en juicio, la defensa en todo momento arguyo que la presente causa no constituía un delito consumado ya que los hechos no eran propicios para sostener esa teoría y que si bien es cierto hubo un desapoderamiento de la cosa mueble causada por el sujeto activo la que fue momentánea no constituyo lo suficiente para determinar que mi representado F. A. T. gozó de “Disponibilidad suficiente e inmediata” o se encontró en situación beneficiosa lo cual se tenía que comprobar ya que no se aconteció de esa manera porque los imputados fueron detenidos casi de inmediato por tanto no contaron con el tiempo para tomar una decisión sobre el bien mueble sustraído de la propiedad del supuesto ofendido (enajenación, venta, alquiler, etc.) al darles persecución la fuerza naval de Honduras, por tanto al invocar el presente motivo de casación se acomete contra la sentencia por la Inaplicación o falta de aplicación de la Norma penal sustantiva sucesiva a los hechos declarados probados en la sentencia reñido a su correcta subsunción en la norma jurídico- penal en el sentido estricto.- Corresponde por esta vía poner en conocimiento del Tribunal supremo este tipo de disipaciones jurídicas que atañen el proceso consiguientemente la aplicación correcta de la ley, como establecía Becaria, que la pena entonces, debe ser proporcional al delito efectivamente cometido como en el caso de autos, los hechos probados se consideran una verdad indiscutible y que no se pretende atacar, pero si se trata de analizar los mismos por razón de considerarse la inobservancia del articulo 15 del Código Penal el cual valoramos debió aplicarse al caso concreto que nos incumbe dictándose una sentencia por el delito de ROBO DE VEHICULO MARITIMO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA. APLICACIÓN PRETENDIDA: Del análisis de la sentencia no puede subsumirse la conducta de mi representado en la comisión a titulo de autor directo y material de un delito consumado de ROBO DE VEHICULO MARITIMO AGRAVADO debiendo por tanto CASAR LA SENTENCIA y que por separado se dicte un fallo con la Inclusión de lo estatuido en el artículo 15 del código penal vigente relativo a la TENTATIVA”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Res peto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por Ministerio Público. El Censor hostiga la sentencia de la instancia por el cauce impugnativo que prevé el artículo 362 numerales 3 y 6 del Código Procesal Penal, promoviendo dos motivos en un solo desarrollo, a saber: * Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numerales 3 y 6 del Código Procesal Penal. * Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Sin determinar por censor. * Concepto de la Infracción Expuesto: No observar las reglas que comprenden la sana critica. * Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Sin determinar por el Censor; * Pretensión: Casar la sentencia recurrida. El Censor refiere que al analizar el hecho probado, invoca la inobservancia de las reglas establecidas en la sana crítica relacionadas a la valoración de la prueba, que a criterio del censor no fueron tomados en consideración aspectos de suma importancia; que el Tribunal al establecer en la valoración de la prueba como un hecho cierto que el objeto del delito era propiedad del supuesto ofendido A. S. B., no tiene el más mínimo del concepto de certeza. Que al ser sometido al interrogatorio el supuesto ofendido declaró que era propietario del bien mueble, sin embargo el único documento proporcionado como válido por el Tribunal fue la declaración de propiedad de embarcación, la cual es una declaración unilateral, autenticado en el año 2012 por el Juez de Paz de la Isla de Utila, departamento de Islas de la Bahía, cuando esté no puede ejercer la función notarial para ese ámbito, sin embargo el tribunal ha inobservado lo anterior. Argumento el Censor que el documento en referencia, fue objeto de significativos cuestionamientos en la audiencia de debate a folio 147 al 148. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iii. Cuando la conclusión este basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso El Motivo no es de Recibo.- Lamenta la Sala de lo Penal que la posibilidad de recurrir la sentencia mediante un recurso de casación que efectivamente permita auditar la legalidad de la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia se vea frustrada por un confuso e impropio planteamiento; El Censor ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos. Ha sido criterio de esta Sala de lo Penal ignorar aquellos defectos de forma en el planteamiento del recurso de casación, siempre y cuando el motivo casación invocado, el concepto de la infracción y su desarrollo argumentativo permitan cuando menos conocer cuál es la denuncia que formula el recurrente, ello en aras de realizar el principio de la tutela judicial efectiva. Sucede, sin embargo, que en el caso bajo estudio, los defectos de interposición del recurso antes apuntados no solo son de forma, sino de fondo, ya que imposibilitan que este Alto Tribunal pueda emitir un pronunciamiento, pues no existe claridad en la exposición de su recurso. El Recurrente plantea como precepto autorizante el artículo 362 numerales 3 y 6 del Código Procesal Penal, enunciando como motivo del numeral 3 la inobservancia de las reglas de la sana critica, guardando al silencio en cuanto al numeral 6 que refiere a la incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, asumiendo ésta Sala de lo Penal que se trata de un defecto de forma, sin embargo, en el desarrollo del motivo ataca la sentencia usando como arma sus propias valoraciones y criterios de cómo debió haberse valorado la prueba, en una clara invitación para que esta Sala de lo Penal deseche los razonamientos intelectivos del A-Quo y los reemplace con los señalados por el Defensor, dando al recurso de casación alcances no permitidos en la ley, pues solo así se entiende que la pretensión del recurso sea precisamente anular la sentencia por mala valoración y (en lugar de ordenar reenvío), se dicte una nueva en su lugar. Asimismo el Censor, de forma abstracta denuncia la violación a las reglas de la sana crítica sin identificar claramente a lo largo de su recurso cuál de ellas ha sido inobservada, limitando a decir “….correspondiendo al tribunal sentenciador valuar apropiadamente las pruebas en su conjunto como se ha señalado y cuyo “norte” han de ser las reglas de la sana critica según sicología, la lógica experiencia…” imposibilitando a este Tribunal de Casación de realizar una auditoría a la valoración probatoria del Tribunal de Sentencia; aunando que el recurrente omite confrontar el análisis intelectivo del Tribunal de Sentencia con los principios de las reglas de la sana critica desde su perspectiva transgredida, a efecto de evidenciar la disparidad entre uno y otro, lo que constituye una omisión toral que imposibilita poder dar respuesta a dicho reclamo pues no existe claridad en la exposición de su recurso; empero de la omisión anterior, el Recurrente señala que cuestionó en el Juicio Oral el medio de prueba documental denominado “declaración de propiedad de embarcación (Lancha)” que hoy denuncia en esta única instancia, sin embargo, de la simple lectura del acta de proposición de medios de prueba de fecha 14 de agosto de 2013 (F.106 1ra pieza) el recurrente no objeto la propuesta de dicho medio de prueba, menos recurrió la resolución en la cual se admitió; si bien, el recurrente en el acta de audiencia de debate del juicio oral y público de fecha 06 de febrero de 2014 (F.148v 1ra pieza), realizo cuestionamiento al medio de prueba, dichos cuestionamientos no fueron en cuanto a la admisión o evacuación del mismo, sino por la resolución del Tribunal Sentenciador en cuanto a la negativa de ponerlo a la vista del testigo R. D. A. R. por considerar que dicho documento no es elemento de convicción para exhibirlo a los testigos; por lo cual el reclamo realizado por El Recurrente no fue con la intención de subsanar la denuncia que hoy expone en esta instancia, tal como lo señala el Artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal. Por lo expresado es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal.- Interpuesto por la Defensa Privada. Único motivo. * Precepto autorizante: Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal; * Normas sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículos 15 en relación con el artículo 217, 218 y 219 numeral 1 del Código Penal; * Concepto de la infracción: Inaplicación de una norma sustantiva; y * Pretensión: Casar la sentencia y proferir la inclusión lo relativo a la tentativa. El Censor invoca como infringido el artículo 15 del Código Penal, al considerar que los hechos probados no constituye un delito consumado, por razón de la frustración de la comisión del delito proveniente de la participación inmediata de la Fuerza Naval, que si bien hubo un desapoderamiento de la cosa mueble causada por el sujeto activo, fue momentánea, debido a que su representado el señor F. A. T. no conto con el tiempo para tomar una decisión sobre el bien mueble sustraído. De la Tentativa El Iter Criminises la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el derecho penal de los que son relevantes. El Iter Criminis se divide en dos fases: 1).- FASE INTERNA: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su la ideación (Surgimiento de la Idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (Decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2).- FASE INTERMEDIA: Es una Fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, conspiración o proposición, lo cual podríamos estar ante un delito o falta independiente contemplado en el artículo 207 o en el artículo 397.2 del Código Penal, respectivamente; 3).- FASE EXTERNA: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta Fase se divide en tres etapas: Los Actos Preparatorios y los Actos Ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: a. Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal; b. Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los Actos Ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá si estamos ante una tentativa o un delito consumado; c. La Tentativa, conocida como delito tentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 CP). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: i Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos van encaminada “la intención de cometer un delito determinado” (Art. 15CP); el dolo debe de coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo debe de existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; ii. Comienzo de la Ejecución del Delito: Al mencionar el artículo 15 del Código Penal la realización de actos de ejecución, refiere a aquellos actos que deben de llevar al sujeto activo a la consumación del delito, para ello en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido; iii. Actos Inequívocos: Exige el Artículo 15 del Código Penal que los actos de ejecución deben de ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); iv. Actos Idóneos: El artículo 16 del Código Penal además exige que los actos realizados sean idóneos, que implica que el autor debe de realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguna al bien jurídico protegido (Tentativa Inidónea); y v. Involuntaria Falta de Consumación: Como requisito final la consumación no debe de producirse “por causas ajenas a la voluntad del agente” (Art. 15 CP), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá de responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. Delito Consumado: La Consumación es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal (Art. 14 del CP). De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- El hecho probado constituye una verdad única e inmutable, allegada por el Juzgador tras la valoración de la prueba con la que han tenido inmediación, evacuada mediante el debido contradictorio.- Los hechos probados son la base de la sentencia pues éstos definen la norma legal que deberá de ser aplicada tras un juicio de subsunción, ya que la fijación de los hechos probados fundamenta el fallo en cuanto concreta el objetos de la valoración jurídica. En el caso de estudio, el Juzgador construyó el hecho probado que reproducen el hecho histórico que considera se ha acreditado; hecho probado que al ser analizado se subsume en la infracción penal de robo de vehículo marítimo agravado consumado. Esta Sala de lo Penal considera que el código penal en su artículo 15 dispone: “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente” y, en el artículo 217 del mismo cuerpo de leyes que: “Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerzas en las cosas. Se equipara a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo o el uso de medios que debiliten o anulen su resistencia”. En los hechos declarados probados se observa que existió el apoderamiento, ósea el bien mueble perdió proximidad con su dueño. Doctrinariamente la esfera del dominio no se refiere a la distancia o la proximidad del mueble, sino a la posibilidad real y efectiva de tener disponibilidad del mismo. Esta Sala considera que en los hechos declarados probados se aprecia que por parte del acusado señor F. A. T. junto a otras personas tuvieron en algún momento el “apoderamiento” del bien mueble consistente en una lancha color azul y blanco de 25 pies de eslora, 06 pies de manga tipo tiburonera, con un motor marca Yamaha de 60 H.P. motor serie ELL01262, que estaba en poder o tenencia del señor A. S. B., por el hecho de que el acusado F A T, ordenara al ofendido que entregare el timón y motor de la lancha a otra persona parte del grupo, ante la negativa de la víctima, le someten y le quitan el control de la mencionada lancha, posteriormente amarran a la víctima y el señor F. A. T. junto con otra persona lo lanzan al agua y le arrastran hasta la playa dejándolo abandonado, para luego volver a la embarcación, marchándose del lugar junto con las otras personas llevándose consigo la lancha objeto del delito, realizando todo el proceso de ejecución, produciéndose un resultado típico y antijurídico, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido, sin que esta Sala de lo Penal identificara del hecho probado actos inequívocos de ejecución, por lo cual el hecho de desapoderamiento violento de la lancha se consumó. A criterio del Recurrente el delito no fue consumado al expresar “…los hechos no eran propicios para sostener esa teoria que si bien es cierto hubo un desapoderamiento de la cosa mueble causada por el sujeto activo la que fue mementanea no constitutuo lo suficiente para determinar que mi representado F. A. T. gozo de “Disponibilidad suficiente e inmediata” o se encontró en situación beneficiosa lo cual se tenía que comprobar ya que no se aconteció de esa manera porque los imputados fueron detenidos casi de inmediatos” lo anterior constituye una denuncia errónea de parte del recurrente, pues del hecho probado se desprende que luego del desapoderamiento el señor A. S. B. fue auxiliado y puso en conocimiento a las autoridades de lo sucedido, por lo cual a ese momento se consumó el desapoderamiento total de la embarcación, aunando al hecho que los acusados fueron encontrados, aproximadamente una hora después, en alta mar en posesión de la embarcación, es decir, en un lugar distinto de donde ocurrió el hecho de desapoderamiento del bien mueble del ofendido. Por lo anterior esta Sala concluye que la sentencia que se impugna no ha infringido por inaplicación el contenido del artículo 15 en relación con el 217, 218 y 219 numeral 1 del Código Penal, por lo que declara sin lugar el motivo de casación de Infracción de ley invocado por el recurrente. V. DECISIÓN No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 338, 359, 360, 362 numeral 3 y 6, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo.- Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su único motivo; ambos interpuestos por el Abogado O. A. L., actuando en su condición de defensor privado del señor F. A. T. L. a quien se le condenó junto a otras personas por el delito de Robo de Vehículo Maritimo Agravado en perjuicio de A. S. B.. TERCERO: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha nueve (9) de mayo de dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la Sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-388-2014.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL