Sentencia CP-387-14 — Registro 8801
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio y Portación Ilegal de Arma de Uso Comercial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación .
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por Defensa Privada. - Único Motivo. * Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. * Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Sin determinar por el Recurrente. * Concepto de la Infracción Expuesto: Incorporación de Medios de Prueba mediante lectura en violación a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal. * Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Sin determinar por el Recurrente; * Pretensión: Sin determinar por el Recurrente.* El Pretensor luego de exponer de manera escueta su recurso, denuncia como vicio que adolece la sentencia, que consiste en la incorporación que hizo la parte acusadora de medios de prueba mediante lectura, como es el Acta de levantamiento cadavérico en violación de los preceptos consignados en el Código Procesal Penal. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. - El Censor ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos. Siendo la Casación por Quebrantamiento de Forma una vulneración de reglas del proceso, el Recurrente debió tener presente el indicar qué regla procesal en concreto ha sido violentada y la forma en que se ha producido esa infracción, por lo que no debe bastar la simple cita del motivo que invoque, sino que al hacer esa concretización deberá señalar la norma que rige el acto particular y señalar por supuesto la forma en que la violación o vicio le ocasiona el perjuicio. El Recurrente, dde forma abstracta denuncia la violación de preceptos consignados en el Código Procesal Penal sin identificar claramente en su corto recurso cuál de ellas ha sido inobservada, lo que constituye una omisión toral que imposibilita poder dar respuesta a dicho reclamo pues no existe claridad en la exposición de su recurso. Por lo expresado es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los Hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO El recurso no es de recibo. Por su estrecha relación, cuando se vulnera el derecho de defensa, sucede también lo mismo con el debido proceso legal. Bajo esa configuración el censor considera vulnerado uno y otro derecho tal como ha sido el desarrollo del recurso. Esta Sala de lo Penal ha establecido a través de su jurisprudencia, que el derecho de defensa se divide en defensa material y defensa técnica. La defensa material se desarrolla a través de tres garantías: 1) Derecho a la participación, o derecho a participar activamente en todas las etapas del proceso, sobre todo en aquellas en las que se produce elementos probatorios que sirven de base a la acusación y a la sentencia que resolverá la situación jurídica del acusado. 2) Derecho de petición, consiste en formular a la autoridad judicial todas aquellas peticiones que considere oportunas a efecto de hacer valer su defensa; 3) Derecho al conocimiento inmediato y de forma comprensible de cuáles son sus derechos como acusado. Por su parte, la defensa técnica, es el derecho del acusado de ser asistido por un profesional del derecho desde el primer acto del procedimiento, sea actuación policial o judicial que señale al imputado como partícipe de un hecho punible. (Véase fallo de fecha 11 de agosto de 2009, recaído en el expediente No. CP-322-2007). En el presente caso, el acusado ha estado presente en la fase instructora, ha tenido oportunidad de intervención en las diferentes actuaciones judiciales realizadas, ha conocido las pericias emitidas y las declaraciones de los testigos, ha tenido conocimiento de la acusación formulada en su contra, ha designado un asistente letrado de su confianza, ha propuesto prueba y controvertido la allegada en su contra, ha tenido oportunidad de recurrir el fallo que limita sus derechos fundamentales y, con rotundidad, se ha visto asistido de todas las garantías que nuestra legislación procesal prevé para el acusado. No se desprende objetivamente una violación al derecho de defensa como alega el censor y, por consiguiente, al debido proceso legal; pues el alegato denunciado por el recurrente, de que el Tribunal Sentenciador le admitió de manera condicionada el medio de prueba reconstrucción de hechos, al establecer que si en el desarrollo del debate establecen circunstancias contradictorias y no establecen una claridad sobre los hechos que se investigan dicho medio de prueba será considerado útil, pertinente y proporcional y por lo tanto se evacuará el mismo (F.133v), esa admisión condicionada no limita el derecho de defensa como lo ha denunciado el Recurrente, pues él mismo, consintió dicha resolución al no haber realizado en su oportunidad el reclamo para subsanarlo.- Ahora, en cuanto a la omisión de no haberse consignado en el acta de debate (F.177v), ni en la sentencia (F.204) cada uno de los pormenores por la no evacuación del medio de prueba reconstrucción de los hechos, el recurrente ha expresado en el desarrollo del recurso, que el mismo no fue evacuado ante la incomparecencia de los testigos de cargo, quienes fueron citados en legal y debida forma para su comparecencia, lo que imposibilitaba la evacuación del medio de prueba en mención, ante esa imposibilidad como bien lo señala el Recurrente, renunció a la evacuación del mismo y en su lugar -como auto para mejor proveer- propuso como medio de prueba Inspección Judicial, la cual le fue concedida, evacuada (F.172) y objeto de análisis en la sentencia de mérito (F.215); Si bien es cierto, existió una omisión al no consignarse cada una de las actuaciones judiciales en el acta de debate, tampoco es menos cierto, que dicha omisión haya ocasionado algún perjuicio material, pues no se evacuó el medio de prueba reconstrucción de hechos por su propia renuncia y se evacuó la inspección judicial por su propia petición la cual fue valorado por el Tribunal Sentenciador; dicha omisión denunciada por el recurrente es imputable a la Secretaría y al Tribunal obligados a documentar las actuaciones judiciales, omisión que no tiene incidencia material, que haya perjudicado la decisión adoptada por el Tribunal Sentenciador ya que el proceso fue llevado a cabo tal como ha sido solicitado por las partes procesales. El Censor en su recurso se ha referido a que los miembros del Tribunal Sentenciador no le llamaron la atención a la Fiscal por la ausencia de sus testigos, al contrario evidenciaron camaradería; en apariencia, el Censor indebidamente usa el recurso de casación para formular denuncia en contra de los funcionarios judiciales, confundiendo a la Sala de lo Penal con un órgano receptor de denuncias y/o investigador del comportamiento de servidores públicos; olvidando el recurrente la finalidad del recurso. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Penal estima de manera definitiva que en el caso bajo examen se ha respetado la garantía del debido proceso, por ende el derecho de defensa del acusado y deviene la desestimación del recurso de casación por infracción de precepto constitucional. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO El recurso no es de recibo. Por su estrecha relación, cuando se vulnera el derecho de defensa, sucede también lo mismo con el debido proceso legal. Bajo esa configuración el censor considera vulnerado uno y otro derecho tal como ha sido el desarrollo del recurso. Esta Sala de lo Penal ha establecido a través de su jurisprudencia, que el derecho de defensa se divide en defensa material y defensa técnica. La defensa material se desarrolla a través de tres garantías: 1) Derecho a la participación, o derecho a participar activamente en todas las etapas del proceso, sobre todo en aquellas en las que se produce elementos probatorios que sirven de base a la acusación y a la sentencia que resolverá la situación jurídica del acusado. 2) Derecho de petición, consiste en formular a la autoridad judicial todas aquellas peticiones que considere oportunas a efecto de hacer valer su defensa; 3) Derecho al conocimiento inmediato y de forma comprensible de cuáles son sus derechos como acusado. Por su parte, la defensa técnica, es el derecho del acusado de ser asistido por un profesional del derecho desde el primer acto del procedimiento, sea actuación policial o judicial que señale al imputado como partícipe de un hecho punible. (Véase fallo de fecha 11 de agosto de 2009, recaído en el expediente No. CP-322-2007). En el presente caso, el acusado ha estado presente en la fase instructora, ha tenido oportunidad de intervención en las diferentes actuaciones judiciales realizadas, ha conocido las pericias emitidas y las declaraciones de los testigos, ha tenido conocimiento de la acusación formulada en su contra, ha designado un asistente letrado de su confianza, ha propuesto prueba y controvertido la allegada en su contra, ha tenido oportunidad de recurrir el fallo que limita sus derechos fundamentales y, con rotundidad, se ha visto asistido de todas las garantías que nuestra legislación procesal prevé para el acusado. No se desprende objetivamente una violación al derecho de defensa como alega el censor y, por consiguiente, al debido proceso legal; pues el alegato denunciado por el recurrente, de que el Tribunal Sentenciador le admitió de manera condicionada el medio de prueba reconstrucción de hechos, al establecer que si en el desarrollo del debate establecen circunstancias contradictorias y no establecen una claridad sobre los hechos que se investigan dicho medio de prueba será considerado útil, pertinente y proporcional y por lo tanto se evacuará el mismo (F.133v), esa admisión condicionada no limita el derecho de defensa como lo ha denunciado el Recurrente, pues él mismo, consintió dicha resolución al no haber realizado en su oportunidad el reclamo para subsanarlo.- Ahora, en cuanto a la omisión de no haberse consignado en el acta de debate (F.177v), ni en la sentencia (F.204) cada uno de los pormenores por la no evacuación del medio de prueba reconstrucción de los hechos, el recurrente ha expresado en el desarrollo del recurso, que el mismo no fue evacuado ante la incomparecencia de los testigos de cargo, quienes fueron citados en legal y debida forma para su comparecencia, lo que imposibilitaba la evacuación del medio de prueba en mención, ante esa imposibilidad como bien lo señala el Recurrente, renunció a la evacuación del mismo y en su lugar -como auto para mejor proveer- propuso como medio de prueba Inspección Judicial, la cual le fue concedida, evacuada (F.172) y objeto de análisis en la sentencia de mérito (F.215); Si bien es cierto, existió una omisión al no consignarse cada una de las actuaciones judiciales en el acta de debate, tampoco es menos cierto, que dicha omisión haya ocasionado algún perjuicio material, pues no se evacuó el medio de prueba reconstrucción de hechos por su propia renuncia y se evacuó la inspección judicial por su propia petición la cual fue valorado por el Tribunal Sentenciador; dicha omisión denunciada por el recurrente es imputable a la Secretaría y al Tribunal obligados a documentar las actuaciones judiciales, omisión que no tiene incidencia material, que haya perjudicado la decisión adoptada por el Tribunal Sentenciador ya que el proceso fue llevado a cabo tal como ha sido solicitado por las partes procesales. El Censor en su recurso se ha referido a que los miembros del Tribunal Sentenciador no le llamaron la atención a la Fiscal por la ausencia de sus testigos, al contrario evidenciaron camaradería; en apariencia, el Censor indebidamente usa el recurso de casación para formular denuncia en contra de los funcionarios judiciales, confundiendo a la Sala de lo Penal con un órgano receptor de denuncias y/o investigador del comportamiento de servidores públicos; olvidando el recurrente la finalidad del recurso. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Penal estima de manera definitiva que en el caso bajo examen se ha respetado la garantía del debido proceso, por ende el derecho de defensa del acusado y deviene la desestimación del recurso de casación por infracción de precepto constitucional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “ I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a diez de octubre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley o Doctrina Legal y por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha 13 de diciembre de 2013, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, departamento de Choluteca, mediante la cual falló: Primero: Condenando al señor S. M. Á. M., a la pena de quince (15) años de reclusión, a título de autor del delito de Homicidio, en perjuicio de I. Y. C. Á..- Segundo: Condenando al señor S. M. Á. M. a la pena de tres (3) años de reclusión, a título de autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Uso Comercial, en perjuicio de Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Tercero: Condenando al señor S. M. Á. M. a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que duren las condenas principales.- Cuarto: Se declaró al señor S. M. Á. M. la responsabilidad civil.- Quinto: No procedió condenar con costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Sexto: Se ordenó el comiso de las armas de fuego.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley o Doctrina Legal y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado J. B. O. C., actuando en su condición de Defensor Privado del señor S. M. Á. M.. Son Partes En Única Instancia: El Abogado J. B. O. C. y L. A. M. R., Defensores Privados en su condición de recurrentes y la abogada I. A. F. N. en su condición de agente fiscal del Ministerio Público como recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En fecha once de enero del año dos mil nueve, entre las seis y seis y treinta de la tarde, el señor S. M. Á. M., ingerido de bebidas alcohólicas y portando un arma de fuego tipo revólver, llegó a la vivienda de su hermana M. Y. Á. M., ubicada en el caserío El Llano, aldea El Obrajito, Municipio de San Isidro, Departamento de Choluteca, donde se llevaba a cabo una reunión familiar. SEGUNDO: encontrándose en la vivienda, la menor de cuatro años de edad, I. Y. C. Á., acompañada de su madre O. M. Á. y R. L. Á. entre otros familiares, M. Á. ingresó al corredor de la vivienda saludando a O. M., quien se encontraba en la puerta de acceso a la cocina, manifestando R. L. Á. a S. Á., cuando vio que llegaba a la casa S. M. “Mejor me voy a apartar porque no me gusta platicar con bolos”. TERCERO: S. M. comenzó a insultar a sus hermanas, mientras ellas se retiraban al interior de la vivienda, y enseguida se escucharon varios disparos efectuados en la entrada de la puerta, al tiempo que cayó al suelo la menor I. Y. C. Á., quien se encontraba en la puerta de acceso a la cocina, a cuatro metros de distancia aproximadamente de la puerta principal, procediendo O. M. a levantarla del suelo, gritando “L. me mató la niña”. CUARTO: Los familiares presentes se acercaron a auxiliar a la niña I. Y. C. Á. al tiempo que S. M. Á. se marchó del lugar, siendo trasladada en un vehículo, I. Y. al Hospital de Choluteca, de donde fue remitida de emergencia al Hospital Escuela en la ciudad de Tegucigalpa por una herida penetrante localizada en párpado de ojo derecho, quedando hospitalizada durante ocho días en dicho centro hospitalario, falleciendo en fecha dieciocho de enero del año dos mil nueve. QUINTO: Según dictamen de autopsia el fallecimiento de I. Y. C. Á. fue a consecuencia de una meningitis aguda que provocó el proyectil deformado y contaminado encontrado en el cerebro de I. Y. con orificio de entrada localizado en área orbitaria derecha de 0.5x1cm, con anillo de contusión de 0.1cm de ancho excéntrico hacia arriba a 99 cm de altura de talones y a 1.5 cms de la línea media anterior del cuerpo con trayectoria de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo. SEXTO: En fecha veintiuno de junio del año dos mil once, los agentes policiales de investigación procedieron a la captura del s. S. M. Á., producto de una orden emitida por el Juzgado Segundo Departamental de Choluteca en fecha ocho de junio del año dos mil nueve, quienes al momento de su captura en su casa de habitación encontraron en posesión de S. M. un arma de fuego tipo revólver, color no determinado, cacha de madera color café, tambor con recámara de seis proyectiles, que se lee made in U.S.A., serie #41349, mismo que fue decomisado, así como tres casquillos color de metal blanco, que en su base lee 38 spl, dos proyectiles que se lee en su base 38 spl, color amarillo. SEPTIMO: El dictamen de balística comparativo entre el arma de fuego decomisada, tres casquillos color de metal blanco, que en su base lee 38 spl, dos proyectiles que se lee en su base 38 spl, color amarillo, y el proyectil deformado encontrado en el cuerpo de I. Y. C. Á., determinó que los casquillos indicios sí fueron percutidos por el arma decomisada y que el fragmento metálico por la deformación que presenta no se determina el calibre ni se puede hacer comparación con las pruebas patrones del arma indicio.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado J. B. O. C., defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: CASACION POR VIOLACION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO. — Violación de Preceptos Constitucional de obligatoria observancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Considero que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 361, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El asidero como precepto autorizante del presente motivo, tiene íntima relación con el artículo 90 de la Constitución de La República de Honduras, el que en su letra dice: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. En el presente caso, la parte defensora hizo uso del derecho de proponer prueba a favor del imputado, proponiendo en tiempo y forma una reconstrucción de hechos, a sabiendas que esa prueba es un arma de doble filo; es decir, que puede ayudar al imputado demostrando su inocencia, o ha contrario sensu, puede llevar al Tribunal a encontrar la verdad real, y determinar efectivamente que el imputado ha participado en el hecho que se le imputa. Tomando en cuenta los aspectos anteriores, previa consulta con e] encausado, propusimos nuestra prueba denominada Reconstrucción de hechos, inicialmente el Tribunal no accedía a su admisión, no obstante después de tanta insistencia de la defensa la aceptó de manera condicionada; es decir que, si el Tribunal determinaba en el transcurso del proceso que la reconstrucción de hechos resultaba pertinente para la búsqueda de la verdad, se procedería a realizar la misma, de lo contrario se declararía impertinente. Esta última condición impuesta al medio de prueba, limitaba el derecho de defensa, que en teoría es inviolable. Estos extremos son fácil de comprobar, únicamente se debe remitirse al acta donde se admitió el medio de prueba Reconstrucción de Hechos, como también el acta de debate, cuando suspende la audiencia en el Tribuna] de Sentencia de Choluteca, se llega al lugar de los hechos y no se hace ni en la sentencia ni en el acta, lo referente al porqué no se llevó a cabo la Reconstrucción de hechos. Lógicamente era ya último día del periodo de prueba. La fiscal era la responsable de que en el lugar de los hechos donde se llevaría a cabo la Reconstrucción estuvieran presentes los testigos de cargo, que habían sido citados en legal y debida forma, se llegó al lugar y no estaban presentes los testigos de cargo, la casa con llave, solamente los testigos de la defensa. El Tribunal presente en el lugar no llamó la atención a la fiscal, del por qué la no comparecencia de sus testigos, muy por e] contrario se evidenciaba la camaradería entre los miembros del Tribunal y la Fiscal, además de personal de la Defensa Pública que se encontraba presente que no tenía nada que hacer en el lugar de los hechos. Luego después de llegada la hora acordada y la no presencia de los testigos de cargo el Tribunal comenzó a presionar de que el medio de prueba no podría ser evacuado y que cuál era la postura de la defensa, ante tanta presión judicial, la defensa optó por renunciar al medio de prueba de Reconstrucción y proponer para mejor proveer el medio cíe prueba Inspección judicial, al que se accedió pero no se menciona en el acta. Únicamente en la sentencia en perjuicio de mi representado. No hubo ninguna llamada de atención a la fiscal, al menos para demostrarle a la defensa que no hubiera una confabulación que produjera una indefensión en perjuicio del imputado.” “CASACION POR INFRACCION DE LEY Aplicación indebida del artículo 116 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Considero que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 360, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Tribunal Sentenciador en el presente caso evidencia una ventaja a favor del Ministerio Público, que como expliqué en motivo anterior, es de camaradería, que en Derecho Penal no puede suceder porque estamos ante la libertad de un ser humano por un largo tiempo. Manifiesta el Tribunal sentenciador en el desarrollo de la sentencia que han hecho uso de las reglas de la sana crítica, por lo que hace un desarrollo de lo que a su juicio es la concurrencia en el caso sub júdice de la figura dolo eventual. Me referiré a la misma cita que ellos hacen que es el libro de Derecho Penal parte especial del jurisconsulto Francisco Muñoz Conde en su página 34 que dice a) El dolo exige el conocimiento y voluntad de realizar la circunstancias del tipo objetivo; es decir, saber que se mata a otra persona y querer hacerlo. Esta definición que argumenta el Tribunal sentenciador y que hago mía, deseo agregar otra del mismo autor y que es importante, por el hecho de tener intima relación en la aplicación de justicia limpia. Tipo Subjetivo. Sucede esto por ejemplo; con la apreciación del dolo eventual, verdadera «Zona de nadie», entre el dolo directo y la imprudencia, que unas veces se incluye en el tipo subjetivo del asesinato (véase infra) y otras se degrada a la calificación de homicidio por imprudencia. En este orden de ideas, recordemos que la ciencia jurídica del derecho y específicamente la penal, moderniza constantemente, que la política criminal no estriba en condenar a las personas sin la prueba necesaria, sino que el derecho penal se inclina cada día a la despenalización de los comportamientos de las personas. Si analizamos la declaración de la testigo de cargo R. I. A. M., que es una de las testigos más contundentes, la que consta a folio 207 del expediente judicial, se aprecia que la misma manifiesta que el imputado S. M. A. M., su hermano y supuesto hechor, estuvo en el lugar de los hechos. Si se lee la declaración, ella en ningún momento manifiesta que mi representado haya tenido la intención de matar y mucho menos a una menor con la que no tenía ningún tipo de problema, ni con sus padres, esto se demuestra que durante la tramitación del juicio los padres no estuvieron presentes en ninguna etapa. Sí la testigo de cargo con mayor credibilidad por estar según su declaración, cerca del supuesto agresor no manifiesta que la intensión era matar, produce entonces la interrogante. ¿De dónde colige el Tribunal que la intensión de mi representado haya sido la de matar? Por tal razón considero que es errónea la interpretación que da el tribunal sentenciador hace al artículo 13 del Código Penal en su párrafo segundo que a la letra dice. “El delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las circunstancias que del mismo se derivan”. Fin de la cita. Es por esta razón que considero que es procedente que se case la sentencia en el presente motivo. CASACION POR INFRACION DE LEY. La no aplicación del artículo 121 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Considero que este motivo se encuentra comprendido en e] artículo 360, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El presente motivo de casación tiene como fundamento el hecho de que el Tribunal sentenciador no estimó a bien aplicar el artículo 121 del Código Penal, que a la letra dice “El Autor de un homicidio culposo será castigado con tres a cinco años de reclusión. Como este tipo penal no define el tipo, es necesario remitirse al artículo 13 del Código Penal. El delito es culposo cuando es resultado de imprudencia, impericia o negligencia o cuando es producto de la inobservancia de una ley, de un reglamento o de órdenes, resoluciones o deberes, atendida las circunstancias y la situación personal del delincuente. Al tenor de la teoría del jurisconsulto Francisco Muñoz Conde, cuando dice: Sucede esto por ejemplo, con la apreciación del dolo eventual, verdadero «Zona de nadie», entre el dolo directo y la imprudencia, que unas veces se incluye en el tipo subjetivo del asesinato (véase infra) y otras se degrada a la calificación de homicidio por imprudencia. Como dije un español nato, oye hombre, como puede un sentenciado desconocer el tipo subjetivo del imputado, que ninguno de los testigos manifiesta haber escuchado u observado la intencionalidad del autor de matar a alguien y mucho menos a una menor inocente. De toda la prueba analizada en su conjunto se colige que en ningún momento tubo la intensión de matar como elemento subjetivo, y mucho menos con una menor. Existe una situación difícil en el presente caso, el tribunal sentenciador se deja llevar por sentimientos por ser una menor la fallecida, pero no aplica la ciencia de] derecho en una verdadera dimensión, puesto que si la prueba fuese contundente, la condena debería de ser por un homicidio culposo, por la imprudencia del supuesto actor y no por un dolo eventual, razón por la que considero procedente casar el presente motivo.” “CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA UNICO MOTIVO. Incorporación de medios de prueba mediante lectura en violación a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del juicio oral y público. PRECEPTO AUTORIZANTE: Considero que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 362, preámbulo y numeral 2), del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Hoy pretendemos demostrar a la máxima autoridad Jurisdiccional uno de los vicios que adolece la sentencia cuestionada, dicho vicio consiste en la incorporación que hizo la parte acusadora de medios de prueba mediante lectura, como es Acta de Levantamiento Cadavérico que obra a folio 69 del Expediente judicial, el que fue introducido mediante lectura en violación de los preceptos consignados en el Código Procesal Penal, medio de prueba al cual el Tribunal sentenciador concedió toda credibilidad y fue determinante en el fallo en contra de mi patrocinado.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los Hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. * Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Civil. * Normas que se denuncian infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República.
- Concepto de la Infracción: Violación al debido proceso; y, * Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: No determinado por el Censor; * Pretensión: No determinado por el Censor. El Censor denuncia en el desarrollo de su recurso, que propuso como medio de prueba la Reconstrucción de Hechos la cual fue admitida de manera condicionada, lo que a criterio del Censor limitaba el derecho de defensa; de igual manera denuncia el Recurrente que el Tribunal Sentenciador no describe ni en el acta de debate ni en la sentencia los motivos o razones del por qué no se evacuó el medio de prueba Reconstrucción de los Hechos, que deviene ante la ausencia de los testigos de cargo, quienes habían sido citados en legal y debida forma, ante tal situación y a pregunta del Tribunal ¿cuál era la postura de la defensa?, relata el Recurrente que se optó por renunciar a dicho medio de prueba y proponer -para mejor proveer- el medio de prueba Inspección Judicial al que se accedió sin ser mencionado en el acta, únicamente en la sentencia, que a juicio del Censor provoca indefensión en perjuicio del imputado. Asimismo, denuncia que el Tribunal no llamó la atención a la Fiscal ante la ausencia de testigos de cargo, al contrario, se evidenció camaradería entre los miembros del Tribunal y la Fiscal. Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso, invocada por la Pretensora como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra.- Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i) Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii) Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii) A un juez predeterminado por la ley; iv) A la imparcialidad e independencia del juez; v) Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi) A la igualdad de armas procesales; vii) A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii) Respeto al principio de presunción de inocencia; ix) Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x) Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi) Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii) El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii) A una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del Derecho a la Defensa Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional.- La inobservancia de las normas procesales penales provocan indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos: la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales. Como consecuencia, cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el Órgano Jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de solicitar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO El recurso no es de recibo. Por su estrecha relación, cuando se vulnera el derecho de defensa, sucede también lo mismo con el debido proceso legal. Bajo esa configuración el censor considera vulnerado uno y otro derecho tal como ha sido el desarrollo del recurso. Esta Sala de lo Penal ha establecido a través de su jurisprudencia, que el derecho de defensa se divide en defensa material y defensa técnica. La defensa material se desarrolla a través de tres garantías: 1) Derecho a la participación, o derecho a participar activamente en todas las etapas del proceso, sobre todo en aquellas en las que se produce elementos probatorios que sirven de base a la acusación y a la sentencia que resolverá la situación jurídica del acusado. 2) Derecho de petición, consiste en formular a la autoridad judicial todas aquellas peticiones que considere oportunas a efecto de hacer valer su defensa; 3) Derecho al conocimiento inmediato y de forma comprensible de cuáles son sus derechos como acusado. Por su parte, la defensa técnica, es el derecho del acusado de ser asistido por un profesional del derecho desde el primer acto del procedimiento, sea actuación policial o judicial que señale al imputado como partícipe de un hecho punible. (Véase fallo de fecha 11 de agosto de 2009, recaído en el expediente No. CP-322-2007). En el presente caso, el acusado ha estado presente en la fase instructora, ha tenido oportunidad de intervención en las diferentes actuaciones judiciales realizadas, ha conocido las pericias emitidas y las declaraciones de los testigos, ha tenido conocimiento de la acusación formulada en su contra, ha designado un asistente letrado de su confianza, ha propuesto prueba y controvertido la allegada en su contra, ha tenido oportunidad de recurrir el fallo que limita sus derechos fundamentales y, con rotundidad, se ha visto asistido de todas las garantías que nuestra legislación procesal prevé para el acusado. No se desprende objetivamente una violación al derecho de defensa como alega el censor y, por consiguiente, al debido proceso legal; pues el alegato denunciado por el recurrente, de que el Tribunal Sentenciador le admitió de manera condicionada el medio de prueba reconstrucción de hechos, al establecer que si en el desarrollo del debate establecen circunstancias contradictorias y no establecen una claridad sobre los hechos que se investigan dicho medio de prueba será considerado útil, pertinente y proporcional y por lo tanto se evacuará el mismo (F.133v), esa admisión condicionada no limita el derecho de defensa como lo ha denunciado el Recurrente, pues él mismo, consintió dicha resolución al no haber realizado en su oportunidad el reclamo para subsanarlo.- Ahora, en cuanto a la omisión de no haberse consignado en el acta de debate (F.177v), ni en la sentencia (F.204) cada uno de los pormenores por la no evacuación del medio de prueba reconstrucción de los hechos, el recurrente ha expresado en el desarrollo del recurso, que el mismo no fue evacuado ante la incomparecencia de los testigos de cargo, quienes fueron citados en legal y debida forma para su comparecencia, lo que imposibilitaba la evacuación del medio de prueba en mención, ante esa imposibilidad como bien lo señala el Recurrente, renunció a la evacuación del mismo y en su lugar -como auto para mejor proveer- propuso como medio de prueba Inspección Judicial, la cual le fue concedida, evacuada (F.172) y objeto de análisis en la sentencia de mérito (F.215); Si bien es cierto, existió una omisión al no consignarse cada una de las actuaciones judiciales en el acta de debate, tampoco es menos cierto, que dicha omisión haya ocasionado algún perjuicio material, pues no se evacuó el medio de prueba reconstrucción de hechos por su propia renuncia y se evacuó la inspección judicial por su propia petición la cual fue valorado por el Tribunal Sentenciador; dicha omisión denunciada por el recurrente es imputable a la Secretaría y al Tribunal obligados a documentar las actuaciones judiciales, omisión que no tiene incidencia material, que haya perjudicado la decisión adoptada por el Tribunal Sentenciador ya que el proceso fue llevado a cabo tal como ha sido solicitado por las partes procesales. El Censor en su recurso se ha referido a que los miembros del Tribunal Sentenciador no le llamaron la atención a la Fiscal por la ausencia de sus testigos, al contrario evidenciaron camaradería; en apariencia, el Censor indebidamente usa el recurso de casación para formular denuncia en contra de los funcionarios judiciales, confundiendo a la Sala de lo Penal con un órgano receptor de denuncias y/o investigador del comportamiento de servidores públicos; olvidando el recurrente la finalidad del recurso. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Penal estima de manera definitiva que en el caso bajo examen se ha respetado la garantía del debido proceso, por ende el derecho de defensa del acusado y deviene la desestimación del recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal. - Interpuesto por la Defensa Privada.
- Primer Motivo. Alegato: Aplicación indebida de normas sustantivas; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: artículo 116 del Código Penal; Normas Autorizantes: 360 del Código Procesal Penal; Pretensión: Se Case la sentencia. El Censor comienza el desarrollo de su recurso manifestando que el Tribunal Sentenciador evidencia una ventaja a favor del Ministerio Público al ser de camarería, que el mismo Tribunal manifiesta en su sentencia que han hecho uso de las reglas de la sana crítica, concurriendo la figura del dolo eventual, para luego cuestionar el Recurrente con el análisis de los medios de prueba. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO El Recurso no es de RECIBO. - Es evidente para esta Sala de lo Penal que el Pretensor no cumplió con la tarea de investigar la naturaleza del recurso de casación previo al planteamiento del mismo. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, como ya se ha explicado, es un recurso extraordinario debido a que solo puede ser alegado como motivo de impugnación los supuestos previstos en el artículo 360 del Código Procesal Penal (ya enumerados), y siempre bajo el respeto del Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; contrario a ello el Pretensor hace referencia a los medios de prueba evacuados en audiencia de juicio, así como valoraciones propias de los mismos. La interposición del recurso de casación por infracción de ley basado en el cuestionamiento de prueba y argumento expresados por el Censor, es contraria a lo estipulado por el artículo 360 del Código Procesal Penal, por lo que éste debe ser declarado sin lugar. Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal. - Interpuesto por la Defensa Privada.
- Segundo Motivo. Alegato: No aplicación de normas sustantivas; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: artículo 121 del Código Penal; Normas Autorizantes: 360 del Código Procesal Penal; Pretensión: Se Case la sentencia. El Censor describe en su recurso que el Tribunal Sentenciador no estimó a bien aplicar lo concerniente al delito de homicidio culposo, para concluir que de toda la prueba analizada en su conjunto se colige que en ningún momento tuvo la intención de matar, dejándose llevar el Sentenciador por sentimientos al ser una menor la fallecida, por lo cual no aplicó la ciencia del derecho en una verdadera dimensión. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO El Recurso no es de Recibo.- Nuevamente el censor hace caso omiso al Principio de Debida Técnica explicado en el primer motivo de casación, resulta aún más difícil para esta Sala de lo Penal tratar de dar respuesta a este segundo motivo, el recurrente en el momento de desarrollar sus argumentos, nunca estableció de manera clara y precisa el punto central de su impugnación bajo el respeto del Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados, sin embargo, el censor basa su interposición del recurso contrario a la norma autorizante, lo que resulta en la imposibilidad en dar una respuesta adecuada; razones suficientes para desestimar el segundo motivo de casación. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por Defensa Privada. - Único Motivo. * Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. * Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Sin determinar por el Recurrente. * Concepto de la Infracción Expuesto: Incorporación de Medios de Prueba mediante lectura en violación a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal. * Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Sin determinar por el Recurrente; * Pretensión: Sin determinar por el Recurrente.* El Pretensor luego de exponer de manera escueta su recurso, denuncia como vicio que adolece la sentencia, que consiste en la incorporación que hizo la parte acusadora de medios de prueba mediante lectura, como es el Acta de levantamiento cadavérico en violación de los preceptos consignados en el Código Procesal Penal. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO El Motivo no es de RECIBO. - El Censor ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos. Siendo la Casación por Quebrantamiento de Forma una vulneración de reglas del proceso, el Recurrente debió tener presente el indicar qué regla procesal en concreto ha sido violentada y la forma en que se ha producido esa infracción, por lo que no debe bastar la simple cita del motivo que invoque, sino que al hacer esa concretización deberá señalar la norma que rige el acto particular y señalar por supuesto la forma en que la violación o vicio le ocasiona el perjuicio. El Recurrente, dde forma abstracta denuncia la violación de preceptos consignados en el Código Procesal Penal sin identificar claramente en su corto recurso cuál de ellas ha sido inobservada, lo que constituye una omisión toral que imposibilita poder dar respuesta a dicho reclamo pues no existe claridad en la exposición de su recurso. Por lo expresado es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. V. DECISIÓN No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en sus dos motivos. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 338, 359, 360, 361, 362 numeral 2, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo.- Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en sus dos motivos; Tercero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo; interpuesto por el Abogado J. B. O. C., actuando en su condición de Defensor Privado del señor S. M. Á. M. a quien se le condenó por los delitos de Homicidio y Portación Ilegal de Arma de Uso Comercial, en perjuicio de I. Y. C. Á. y la Seguridad Interior del Estado de Honduras respectivamente. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha trece (13) de diciembre de dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, departamento de Choluteca. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la Sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-387-2014.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.