Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-384-13 — Registro 8799

Resumen

En primera instancia se absuelve al imputado por los delitos delito de Difamación Constitutivos de Calumnias e Injurias

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal encuentra que el recurrente es carente de toda técnica recursiva, al momento de desarrollar su impugnación fue incapaz de establecer en qué consiste la supuesta violación al debido proceso, pues lo que hizo fue un listado de las pruebas, efectuando una revaloración subjetiva de cómo debió razonarlas el Tribunal Sentenciador, ejercicio mental que está vedado en esta etapa casacional. Sin embargo en virtud del control de convencionalidad que deben observar todos los Tribunales de la República, en relación a los fallos y opiniones que haya vertido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente sobre el derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior, consignado en el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos, este Tribunal de Casación realizó una revisión del juicio oral celebrado en el presente proceso y encuentra que en todo momento la garantía del debido proceso se practicó y garantizó por parte de los jueces sentenciadores, pues se cumplió con la posibilidad de las partes de accesar a la justicia, a que su causa fuese conocida por un Juez natural e imparcial, se le concedieron los mismas oportunidades que a la parte contraria; se les dio la posibilidad de aportar los medios de prueba que consideraran pertinentes y útiles para probar sus pretensiones y además se les concedió la posibilidad que su sentencia adversa fuese revisada por un Tribunal Superior. En conclusión, el Juez A-quo cumplió a cabalidad con los alcances y exigencias del debido proceso pues en todo momento respetó los procesos que la misma ley establece para prosecución del juicio penal, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Resulta evidente para esta Sala de lo Penal, la inadecuada técnica recursiva del censor al momento de plantear y desarrollar su recurso, pues ha denunciado el quebranto a las reglas de la sana crítica, pero no ha sido específico y tajante en establecer cuál regla la considera transgredida. Si bien al final de su libelo establece que los raciocinios del Juzgador no son conformes a la derivación y razón suficiente como elementos de la lógica, no es capaz de establecer cuáles son esos criterios del A-quo contrarios a las reglas del recto entendimiento humano, todo lo contrario efectúa una revaloración de las pruebas evacuadas, argumentando cómo a su criterio se debieron razonar las probanzas, proceso mental que no es permitido en esta etapa casacional, puesto que por el Principio de Inmediación es el A-quo a quien le compete la valoración de las pruebas, ya que ha sido él quien ha tenido contacto con ellas y su desarrollo. Sin embargo tal como lo establecimos en el motivo anterior, el control de convencionalidad obliga a los Tribunales de la República, a acatar lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de lo sencillo y eficaz del recurso y del derecho de las personas condenadas a que un Tribunal Superior revise su fallo, es por tal circunstancia que se procederá a revisar los juicios de valor que utilizó el Sentenciador para razonar las pruebas y determinar si en efecto se quebrantaron las reglas de recto entendimiento humano o por el contrario fueron aplicadas de manera correcta. En el acápite valoración de la prueba, el Juzgador razonó en su numeral primero la deposición de señor A. A. A. R. (Testigo de la acusación), de la cual el Juzgador extrajo que su declaración sirvió para determinar que él fungió como director del Fondo Social de la vivienda, pero que no aportó mayores datos para confirmar la tesis acusadora, pues si bien se refiere que al llegar al fosovi se dio la tarea de dar ejecución a diversas demandas, no ofrece precisión para determinar a qué casos concretos se refiere; estableció el testigo que eran muchos casos del fosovi, incluso algunos fuera de la ciudad, expresó que en algunos existían fideicomisos y entidades bancarias que no fueron mencionados por la acusación; también advierte el Tribunal que la parte acusadora aun teniendo el medio de prueba documental consistente en el escrito que dice el querellado que interpuso, obvió establecer que se trataba del mismo caso al que se refería y que relacionaba al querellado, pues no interrogó al testigo en torno a si reconocía el documento; así mismo no se le pusieron a la vista las supuestas publicaciones que se alega fueron ordenadas por el acusado, de forma tal que no hay manera de establecer cuáles son las publicaciones específicas que el testigo observó en unos medios de comunicación; todo lo cual lleva a la conclusión del Juzgador que no hay certeza que esas supuestas publicaciones se hayan efectuado por la Procuraduría General de la República; por lo que razonando esta deposición con la prueba documental, la declaración del señor A. A. A. poco ha servido para satisfacer la finalidad pretendida por el querellante. Éstos argumentos del Tribunal Sentenciador revisten de razonamientos coherentes, adecuados y que se derivan precisamente de un proceso intelectivo tanto individual como conjunto de la prueba; en sus razonamientos se observa la aplicación de las reglas de la Sana Crítica, mismas que se revelan a lo largo de todo el fallo tanto al momento de razonar la prueba documental como la declaración del propio acusado; en ese orden de ideas considera este Tribunal de Casación que el planteamiento del recurrente es incorrecto, puesto que las reglas del recto entendimiento humanos fueron respetadas y aplicadas por el A-quo en todo momento, razones suficientes para desestimar el presente Recurso de Casación."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.

SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días de septiembre de dos mil dieciocho (2018), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 384-2013 por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) Absolviendo al señor S. R. Z. L., del delito de Difamación Constitutivos de Calumnias e Injurias, en perjuicio de T. C. F.. 2) No Declaró la responsabilidad civil del imputado S. R. Z. L.. 3) No Condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma el Abogado T. C. F., actuando en causa propia. SON PARTES: El Abogado T. C. F., actuando en causa propia, como parte recurrente y el Abogado S. M. O. en su condición de Defensor Privado del señor S. Z. L., como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El señor S. Z. L. fungió como Procurador General de la República de Honduras desde el mes de enero del año dos mil dos hasta el año dos mil seis. En el ejercicio de sus funciones, el señor S. Z. L., interpuso ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo un escrito de Contestación de Demanda en el caso número 204-2002 interpuesto por el Abogado T. C. F. contra el Fondo Social de la Vivienda (FOSOVI), promoviendo una Reclamación de Honorarios. En dicha contestación, el señor S. Z. L., refriéndose al Abogado T. C., indica varias expresiones tales como las siguientes “...es un profesional del Derecho que labora en la asesoría legal de Fosovi, es un servidor del Estado; pagado por el Estado, que pretende utilizar su posición para asaltar al Estado en sus arcas. El Estado de Honduras jamás le ha contratado como profesional del derecho, como para que pretenda dolosamente como lo hace, el pago de supuestos honorarios…” “. . . Por tanto, es evidente que la trama urdida en este proceso es completamente dolosa y atentatoria del erario público y del interés superior del Estado de Honduras…” “Lo único que hizo fue formular un escrito de contestación de la demanda y ya cree que tiene en la bolsa tres millones de lempiras supuestamente para fraccionarios o repartirlos entre los actores de este drama de despojo. Es de hacer notar lo malicioso de esta última pretensión...” “según lo que aparece evidenciado del proceso ambos funcionarios públicos están coludidos en la consecución de esos fondos ilegítimos de los que se quiere despojar al erario público” “que maravilla de diligencia de estos funcionarios cuando actúan, en causa propia cuando esperan recibir gran botines del erario público” “aunque ya se había pronunciado sobre el particular, es decir, sobre la total procedencia del atraco” sobresaliendo del escrito de impugnación la siguiente expresión. “Esta situación es de suyo, peligrosa y repudiable, de llegarse a confirmar esta trama extractora de recursos del país, pues se asimila a una operación propia del crimen organizado, en el área de fraude contra el Estado, contra la nación toda...” entre otras expresiones. SEGUNDO: En fecha 9 de octubre de 2002, aparecieron en los diarios “El Heraldo y “La Tribuna notas periodísticas en las que los corresponsales de los diarios en mención, hacían referencia al escrito presentado por el Procurador General de la República, Z. L., ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el que impugnaba la reclamación de honorarios efectuada por el señor T. C., y del que se ha hecho referencia a acápite anterior. TERCERO: En fecha 15 de noviembre de 2004, un representante del Departamento de Relaciones Públicas de la Procuraduría General de la República suscribió un contrato de publicidad con el diario “La Tribuna” periódicos y Revistas S.A de C.V. para la publicación de un comunicado en una página en blanco y negro.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “EXPOSICION DEL UNICO MOTIVO. “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está autorizado por el Artículo 361 del Código Procesal Penal que dice: “Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. -En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse Recurso de Casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional”. DISPOSICION CONSTITUCIONAL VIOLADA. Artículo 90 de la Constitución de la República, en lo que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” EXPLICACION. El Tribunal Sentenciador da por HECHOS PROBADOS: “PRIMERO: El señor S. Z. L. fungió como Procurador General de la Republica de Honduras desde el mes de enero del año dos mil dos hasta el año dos mil seis. En el ejercicio de sus funciones, el señor S. Z. L., interpuso ante el Juzgado de Letras de Lo Contencioso Administrativo un escrito de contestación de demanda en el caso número 204-2002 interpuesto por el Abogado T. C. F. contra el Fondo Social Para La Vivienda (FOSOVI), promoviendo una reclamación de honorarios.-En dicha contestación, el señor S. Z. L., refiriéndose al Abogado T. C. F., indica varias expresiones tales como las siguientes “...es un profesional del derecho que labora en asesoría legal de Fosovi, es un servidor del Estado, que pretende utilizar su posición para asaltar al Estado en sus arcas. El Estado de Honduras jamás le ha contratado como profesional del derecho, para que pretenda dolosamente como lo hace, el pago de supuestos honorarios...” “...Por tanto, es evidente que la trama urdida en este proceso es completamente dolosa y atentatoria del erario público y del interés superior del Estado de Honduras...” “...Lo único que hizo fue formular un escrito de contestación de la demanda y ya cree que tiene en la bolsa tres millones de lempiras supuestamente para fraccionarios o repartirlos entre los actores de este drama de despojo. Es de hacer notar lo malicioso de esta última pretensión...” “...Según lo que aparece evidenciado del proceso ambos funcionarios públicos están coludidos en la consecución de esos fondos ilegítimos de los que se quiere despojar al erario público.” “aunque ya se había pronunciado sobre el particular, es decir, sobre la total procedencia del atraco” sobresaliendo del escrito de impugnación la siguiente expresión: “Esta situación es de suyo, peligrosa y repudiable, de llegarse a confirmar esta trama extractora de recursos del país, pues se asimila a una operación del crimen organizado, en el área de fraude contra el Estado, contra la nación toda...” entre otras expresiones”. SEGUNDO: “En fecha 9 de octubre de 2002, aparecieron en los Diarios “El Heraldo” y “La Tribuna” notas periodísticas en los corresponsales de los diarios en mención, hacían referencia al escrito presentado por el Procurador General de la República. Z. L., ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el que se impugnaba la reclamación de honorarios efectuada por el señor T. C., y del que se ha hecho referencia en el acápite anterior”. TERCERO: “En fecha 15 de noviembre de 2004, un representante del departamento de Relaciones Públicas de la Procuraduría General de la República suscribió un contrato de publicidad con el Diario “La Tribuna” Periódicos y Revistas, S.A. de C.V. por la publicación de un comunicado en una página en blanco y negro.” Doctrina: “EN LA VALORACION DE LA PRUEBA EL TRIBUNAL SENTENCIADOR DEBE EXPLICAR PORQUE UN MEDIO DE PRUEBA LE MERECE FE Y OTRO NO Y ADEMAS PORQUE UN ELEMENTO DE PRUEBA u OTRO LE LLEVAN A UNA CONCLUSION DETERMINADA”. Doctrina: “EL CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS POR PARTE DEL QUERELLADO ES EL QUE LE SIRVE AL JUEZ PARA APRECIAR LA CAPACIDAD INJURIOSA o CALUMNIOSA DE LA CONDUCTA SOBRE LA QUE HA DE PRONUNCIARSE” Doctrina: “EL ELEMENTO MORAL SE PRUEBA POR LA CONFESION DEL INCULPADO, Y A FALTA DE ESTA, MEDIANTE EL CONCURSO DE INDICIOS QUE NACEN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE LA CAUSA, ESTABLECIDOS POR OTROS MEDIOS DE PRUEBA” Doctrina: “DICHO o HECHO SIN PRUEBA CARECE DE VALOR” Después de estos enunciados doctrinarios, procederemos a enfocamos a identificar, no mediante alegatos, sino producto del análisis intelectivo del Juzgador y derivada del examen probatorio, qué hechos o circunstancias revisten los elementos objetivo y subjetivo de los delitos acusados, sin perjuicio del principio de intangibilidad de los hechos establecidos en la sentencia, pero que si es procedente el control del iter lógico que ha seguido el Juzgador y la eventualidad de que ese procedimiento caiga en ERRORES DE LOGICIDAD. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el Tribunal Sentenciador: P R I M E R O: Valorando la prueba “1.1.-TESTIFICAL” ofertada por la parte Querellante, consistente en la declaración del señor (Abogado) “A. A. A. R.”, el Tribunal Sentenciador concluye en que: “En razón de todo lo expuesto, ligando la declaración del testigo con los medios de prueba documentales, el testimonio del señor A. A. de poco ha servido para satisfacer la finalidad pretendida por el Querellante, quien al proponerlo lo hizo con la finalidad de comprobar el supuesto dolo con el que el señor S. Z. L. ha actuado” (párrafo segundo de la página 8 de la sentencia que impugno). MÁS ESTA CONCLUSION ANTES INDICADA ES ERRONEAM ENTE DERIVADA DE LA DECLARACION DE DICHO TESTIGO, quién por el contrario, al declarar que: “encontró un montón de órdenes de la Junta Directiva que eran de aplicación y ejecución inmediata...la Auditoria lo dio todo por bien hecho... todo lo tenía respaldado por la Junta Directiva y la Auditoria, acudió al Tribunal Superior de Cuentas y pidió que se realizaran auditorias por el tiempo en que estuvo en el cargo, obteniendo su respectivo finiquito del Tribunal Superior de Cuentas...” (Ver párrafo primero de la página 6 de la sentencia que impugnó). SIGNIFICA que TODAS LAS ACTUACIONES EJECUTADAS POR EL QUERELLANTE COMO APODERADO DE FOSOVI FUERON REALIZADAS CONFORME A DERECHO. Al declarar el mencionado testigo que: “En tal sentido, y viendo que era un buen profesional, se le dio la oportunidad de manejar las demandas las cuales se las resolvieron bien... Se le pregunto al testigo respecto al resultado de la causa que se llevó en el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo indicando el testigo que se ganó en primera instancia...no se pagó los diecinueve millones porque todos los planteamientos de la demanda y contestación fueron torales y bien argumentados y respaldado por las operaciones de la institución...” (Ver párrafo primero y tercero de la página 7 de la sentencia que impugnó) SIGNIFICA que EL FOSOVI (ESTADO DE HONDURAS) SE BENEFICIO CON EL TRABAJO DEL QUERELLANTE. Al declarar el testigo referido que: “Fue así como encontró un caso relacionado con Banco Capital...pidió dictamen a la Procuraduría dirigida por el Abogado S. Z., con el fin de que le indicase si eran correctos los caminos seguidos, recibiendo contestación por escrito en el que se le decía que la demanda estaba bien incoada y que todo estaba de conformidad a derecho...Posteriormente, el testigo relató que pudo ver en los diarios El Heraldo, La Tribuna y El Tiempo unas publicaciones que le causaron inquietud por el alto concepto que le ha tenido en todo momento al Honorable Procurador de la República, publicaciones donde se manifestaba que habían juicios inventados y amañados, a pesar de tener conocimiento pleno de las resoluciones de la Junta Directiva que el testigo ejecutaba y teniendo conocimiento que el testigo había sido convocado por el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo.-Tal situación la considero como una vil calumnia y no sabía el porqué de los conceptos antes vertidos por el Procurador” (Ver párrafos primero y segundo de la página 6 de la sentencia que impugnó). SIGNIFICA que el Querellado antes de proferir las expresiones calumniosas e injuriosas de que trata este juicio TUVO CONOCIMIENTO de la legalidad de las actuaciones del Querellante como apoderado del “FOSOVI”. Prueba testifical señalada, que ligándola con la prueba documental referida más adelante en el numeral “CUARTO”, la INSPECCION a la Honorable Sala de Lo Constitucional, la DECLARACION DEL ACUSADO y las presunciones, detalladas más adelante, sumado a que no existe prueba en el proceso que acredite que el ESTADO DE HONDURAS se BENEFICIO con la conducta del Querellado, acreditan el elemento subjetivo de los delitos de INJURIA y CALUMNIA, el DOLO, la intención nociva del Querellado. Asociado a lo anterior, el Tribunal Sentenciador concluye erradamente cuando dice que de ella (prueba testifical) se deriva que: “...de poco ha servido...” (Párrafo segundo de la página 8 de la sentencia que impugno) sin precisar SI sirve o NO sirve pues un fallo no puede fundamentarse en conceptos aproximados (poco); y sin embargo señala que se basó en ella (esta prueba testifical) para arribar a las conclusiones que llego. S E G U N D O: Valorando la prueba “DOCUMENTAL” ofertada por la parte Querellante, consistente en: “1.2.-FOTOCOPIA DEL DIARIO EL HERALDO QUE OBRA A FOLIO 16 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2002” “1.3.- FOTOCOPIA DEL DIARIO EL TIEMPO QUE OBRA A FOLIO 17 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2002” “1.4.- FOTOCOPIA DEL DIARIO LA TRIBUNA QUE OBRA A FOLIO 19 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2002”. El Tribunal Sentenciador concluye erradamente cuando dice que de ella se deriva que: “...no se encuentra una expresión que fuese así recogida del propio querellado...” (Párrafo séptimo de la página 10 de la sentencia que se impugna). Si se revisa la página 4 del ACTA DE DEBATE aparece que “S. Z. L....hizo posible que los periodistas recogieran dichas calumnias e injurias y lo publicaran...tal actuación del querellado es a título de dolo por cuanto él es Abogado y sabia y tenía que prevenir que hechos calumniosos e injuriosos podían ser recogidos por los periodistas y podían convertirse en el delito de difamación como en efecto así sucedió de conformidad con el artículo 13 en relación con el 32 del Código Penal, el querellado ha participado a título de autor y a título de dolo”. De lo anteriormente trascrito se colige que de la acusación no aparece que se le atribuye al imputado que él dijo a los periodistas “una expresión”. T E R C E R O: Valorando la prueba “DOCUMENTAL” ofertada por la parte Querellante, consistente en: “1.5.-FOTOCOPIA DE UNA IMPRESION QUE OBRA A FOLIO 129 y que se dice esta autenticada a folio 144”.“1.6.-FOTOCOPIA DE UNA IMPRESION QUE OBRA A FOLIO 130 y que se dice autenticada a folio 144”, “1.7.-copia de factura de crédito de fecha 20 de noviembre de 2004, que obra a folio 390 autenticado por folio 393” “1.8.-copia autenticada de Orden/contrato de publicidad número 387708 que obra a folio 391 autenticada según folio 393” El Tribunal Sentenciador concluye erradamente cuando dice que de ellas se deriva que: “...En base a lo anterior, no existe certeza en primer lugar de que las impresiones que obran a folios 129 y 130 hayan sido efectivamente publicadas en algún medio de comunicación...en segundo lugar, no existe certeza...En tercer lugar...En tal virtud, las impresiones supuestamente autenticadas no merecen ningún valor probatorio...Respecto a la fotocopia de factura 05308.. poco o nada aportan al presente caso...Asimismo, la factura y la Orden/contrato de publicidad poco o nada aportan al presente caso y por ende no merecen mayor valor probatorio” (Párrafos segundo y tercero de la página 13 de la sentencia que se impugna), sin precisar SI las impresiones están autenticadas o NO están autenticadas SI aporta o NO aporta, SI le merece valor o NO le merece valor pues un fallo no puede descansar en conceptos imprecisos (supuestamente, poco, mayor); y sin embargo señala que se basó en ellas (estas pruebas) para arribar a las conclusiones que llego. Aunado a lo anterior, dichas pruebas referidas anteriormente ya fueron sometidas al escrutinio sobre admisibilidad del Tribunal Sentenciador, en la audiencia de proposición de pruebas correspondiente, quien analizo la concurrencia de los requisitos de admisibilidad legalmente exigidos, como ser la pertinencia, la utilidad, la necesidad y la proporcionalidad, lo que realizo, MOTIVANDO su ADMISION. C U A R T O: Valorando la prueba “DOCUMENTAL” ofertada por la parte Querellante, consistente en la CERTIFICACION extendida por la Secretaría del Juzgado de Letras de Lo Contencioso Administrativo (folios del 353 al 355), el Tribunal Sentenciador concluye erradamente cuando dice que de ella se deriva que: “Ante ello, efectivamente el Tribunal ha podido apreciar en el escrito frases y contenido expuesto en un contexto donde se relaciona al señor T. C. con actos irregulares...En el presente caso, la defensa ha establecido que el escrito mencionado a obedecido a la labor que el querellado ha asumido en pro de la protección de los intereses económicos del Estado...tampoco se acredito algún evento o factor fuera de lo relacionado con los intereses económicos del Estado...”Ello, aunado a todo lo anterior, hace ver por parte del Querellado ciertos actos externos que informan que la voluntad subjetiva o interna del mismo no haya sido la de dañar el honor del Querellante, sino defender los intereses del Estado”, (Párrafo cuarto de la página 14 y párrafos segundo, cuarto y quinto de la página 15 de la sentencia que se impugna), sin precisar CUALES SON ESOS ACTOS IRREGULARES, CUALES SON ESOS INTERESES ECONOMICOS, CUALES SON ESOS INTERESES DEL ESTADO; pues un fallo no puede descansar en conceptos imprecisos; y sin embargo señala que se basó en ella (esta prueba) para arribar a las conclusiones que llego. La conclusión antes dicha a que arribó el Tribunal Sentenciador derivado de esta prueba documental mencionada es errónea, ya que de ella se desprende el ELEMENTO OBJETIVO de los delitos de INJURIA y CALUMNIA, toda vez que el Querellado las reconoció cuando DECLARO, y no acredito sus dichos que aparecen plasmados en este medio de prueba documental indicado; y siempre que tales dichos son idóneos para lesionar el honor de cualquier servidor público, expresiones que tienen un significado objetivamente ofensivo. Q U I N T O: Valorando la prueba de “INSPECCION” a la SALA DE LO CONSTITUCIONAL, ofertada por la parte Querellada, el Tribunal Sentenciador concluye erradamente cuando dice que de ella se deriva que: “ha merecido entero valor probatorio y credibilidad...se demostró la pretensión del Querellante, en representación del señor A. A. A. R., en obtener más de VEIaNTE MILLONES de Lempiras, así como la relación entre T. C. F. con el señor A. A. A. R., derivado de una relación de confianza Abogado-cliente, y donde el primero es el querellante y el segundo testigo a favor del primero...nada aporta al proceso...” (Párrafo segundo de la página 16 de la sentencia que se impugna).El Tribunal Sentenciador ha extraído conclusiones que no vienen de esta prueba mencionada; de ella se desprende el PERJUICIO (civil) que el Querellado causó con sus actuaciones al ESTADO DE HONDURAS. Véase copia del libelo de demanda titulada “DEMANDA PROCESO ORDINARIO SOBRE TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS HONORIFICOS.-CONDENA POR VEINTE MILLONES DE LEMPIRAS COMO INDEMNIZACION DE PERJUICIOS POR VIOLACION A MI ESTADO DE INOCENCIA .-CITACION AL MINISTERIO PUBLICO COMO PARTE EN DEFENSA DEL INTERES GENERAL” presentada por el Querellante el 1 de noviembre de 2010, a las 7:33 A.M., ante el Juzgado de Letras Civil de este departamento (expediente 0801-2010-00001 C.P.C.O.), amparado en el los Artículos 89 y 324 de la Constitución de la República en relación con el 2 del Código Procesal Penal y 1403 del Código Civil, que proporciono la Honorable Sala de Lo Constitucional del Máximo Tribunal de Justicia, que corre agregada visible a folios del 396 al 401 de este expediente. De la demanda proceso ordinario relacionado en el párrafo anterior aparece que la misma fue interpuesta por el Querellante en representación de sí mimo y NO “en representación del señor A. A. A. R.”, como dice el Tribunal Sentenciador. Igualmente, de la demanda proceso ordinario mencionada anteriormente no aparece ni por asomo “la relación entre T. C. F. con el señor A. A. A. R., derivado de una relación de confianza Abogado-cliente” como dice el Tribunal Sentenciador. Incorporado a lo anterior, el Tribunal Sentenciador concluye erradamente cuando dice: “En ese sentido, la inspección practicada...poco o nada aporta...” (Párrafo segundo de la página 16 de la Sentencia que se impugna), sin precisar SI aporta o NO aporta pues un fallo no puede fundamentarse en conceptos aproximados (poco); y sin embargo, señala que se basó en ella (la inspección) para llegar a las conclusiones que arribo. S E X T O: PRESUNCIONES (indicios): Todos los participantes en este proceso somos Abogados SERVIDORES PUBLICOS (los jueces, el ofendido, el acusado y el testigo) por tanto: SABEMOS, DEBEMOS SABER, ESTAMOS OBLIGADOS A SABER: a) como se configura la injuria, la calumnia y la difamación; b) que el SERVIDOR PUBLICO debe ser PROBO; c) que las expresiones que usó el Querellado son capaces de destruir la reputación de cualquier SERVIDOR PUBLICO; d) que los periodistas pueden recoger la noticia de los expedientes judiciales, toda vez que estos son públicos, y pueden publicar expresiones constitutivas de los delitos de injuria y/o calumnia, y con ello producirse un delito de DIFAMACION; e) que previo a impugnar o contestar una demanda lo PRIMERO que hace un profesional del Derecho es imponerse de los autos, y luego actúa, de acuerdo a la cuestión de facto y de jure; De consiguiente, el acusado revisó las demandas o juicios en los que intervino el Querellante como apoderado del “FOSOVI”, por lo tanto, descubrió (TUVO CONOCIMIENTO) que las actuaciones del Querellante se encontraban dentro de la ley y que las expresiones que usó son capaces de destruir la reputación de cualquier SERVIDOR PUBLICO, resultando IRRELEVANTE si lo conoce o no. S E P T I M O: La DECLARACION DEL ACUSADO contrastado con la prueba TESTIFICAL referida en el numeral “P R I M E R O”, la prueba DOCUMENTAL referida en el numeral “C U A R T O” y las PRESUNCIONES referidas en el numeral “S E X T O”, que anteceden, fueron capaces de demostrar el elemento objetivo de los delitos de injuria y calumnia; y estas pruebas, sumado a que NO EXISTE demostrado en el proceso que el ESTADO DE HONDURAS se BENEFICIO con la conducta del Querellado, y a la prueba de INSPECCION referida en el numeral “Q U I N T O” que antecede, acreditan el elemento subjetivo de dichos delitos de injuria y calumnia; el efecto negativo en el HONOR del Querellante y las implicaciones que tuvo en su vida laboral (perjuicio) que le causaron las expresiones vertidas por el Querellado refiriéndose al Querellante, ya que a causa de ellas (injurias y calumnias) el señor Ex Presidente de la República Licenciado R. M. se formó conceptos y juicios de valor negativos del ofendido, siempre que las expresiones referidas son efectivas y en menosprecio del ofendido y claramente buscaban rebajarle el crédito y reputación social, pues ellas son capaces de destruirle la reputación social a cualquier servidor público, y no digamos la del Querellante que es un Abogado que vive del libre ejercicio de su profesión, surtiendo efectos destructivos en su reputación, al grado que dicho Ex Presidente ordeno de inmediato la DESTITUCION de su trabajo, siendo posible colegir que se había puesto al menos en peligro el bien jurídico protegido, el honor del Querellante (PRINCIPIO DE LESIVIDAD, artículo 2-C del Código Penal), cuando el ACUSADO DECLARO: «El acusado también explicó que de acuerdo a los artículos 24 y 25 de la Ley de la Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo se puso en conocimiento del respectivo órgano y del Presidente, el cual Ordeno la destitución del director del Fosovi y el querellante también fue destituido” (Párrafo tercero de la página 18 de la sentencia que se impugna). He aquí el elemento subjetivo de los delitos de injuria y calumnia (intención, moral) la conciencia y el sentimiento perverso de las acciones del Querellado, pues él sabía que “puso en conocimiento….del Presidente” injurias y calumnias y que ellas producirían el efecto que produjeron, DAÑAR el HONOR del Querellante, y con ello la destitución de su trabajo, deduciéndose la VOLUNTAD del Querellado de proferir las injurias y calumnias relacionadas, las que uso como medio, obtuvo el fin, sin importarle los medios, infiriéndose que, NO ES POSIBLE JUSTIFICAR las acciones del querellado, antes bien se trata de una decisión suficientemente meditada con el propósito de causar los efectos que produjo y que el acusado esperaba lograr con su acción. O C T A V O: El Tribunal Sentenciador erradamente concluye que de la prueba aportada al proceso se deriva que: “2.-Del contexto...más allá de los intereses del Estado...facultado para dar a conocer situaciones que acorde a investigaciones a informes, le han indicado al querellado procederes irregulares que afectan la situación económica del Estado...la parte acusadora...en el presente caso, no ha logrado ser suficiente para demostrar aspectos necesarios relacionados con esa intencionalidad en el sujeto activo en la realización de los hechos alegados”; (párrafos tercero y final de la página número 19 de la sentencia impugnada), sin precisar CUALES SON ESOS INTERESES DEL ESTADO, CUALES SON ESAS SITUACIONES, CUALES SON ESAS INVESTIGACIONES, CUALES SON ESOS INFORMES, CUALES SON ESOS PROCEDERES IRREGULARES, CUALES SON ES OS ASPECTOS NECESARIOS, siempre que NO EXISTE prueba en el proceso que acredite ESOS INTERESES DEL ESTADO, ESAS INVESTIGACIONES, ESAS SITUACIONES, ESOS INFORMES, ESOS PROCEDERES IRREGULARES, ESOS ASPECTOS NECESARIOS; pues un fallo no puede descansar en conceptos imprecisos; y sin embargo señala que se basa en ella (la prueba) para arribar a las conclusiones que llego. El raciocinio empleado por el Tribunal de instancia NO ha sido estructurado correctamente, todo lo cual NO fue contemplado, valorado y debidamente calificado en un ejercicio adecuado de los postulados de la derivación y razón suficiente como partes integrantes de la lógica. Esta defectuosa motivación fáctica fue decisiva en el sentido de la sentencia impugnada, de aquí su virtualidad, ya que llevo al Tribunal a proceder contrario a Derecho, por lo que el fallo impugnado es manifiestamente ILEGAL. De la forma anteriormente detallada se violaron los Artículos 202, 336 y 338 Regla Cuarta, numeral 2 del Código Procesal Penal, y con ello las garantías Constitucionales alegadas como quebrantadas, como una cadena, eslabón tras eslabón. El LEGISLADOR ordena al JUEZ que en la valoración de la prueba observe las reglas de la sana crítica, y este, desobedeciendo al Legislador, procede distinto (violación del debido proceso y a una tutela judicial efectiva). Defecto de construcción, vicio de actividad, error in procedendo, como lo denomina La Doctrina. Pero si el Tribunal Sentenciador no hubiera incurrido en estos vicios revelados la sentencia hubiese sido distinta, la de CONDENAR al Querellado por los delitos acusados. Manifiesto que no se hizo ningún reclamo para obtener la subsanación de estos vicios porque se pusieron de manifiesto justo al momento de dictarse la sentencia que provoca este reproche recursivo. Demostrado el error, su influencia decisiva en el sentido de la resolución impugnada, esta se derrumba, cae por su propia base, pulverizándose, aniquilándose; en consecuentemente, debe declararse CON LUGAR este motivo de Casación.” Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICION DEL UNICO MOTIVO DE LA CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Impugno la sentencia recurrida porque en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está autorizado por la parte final del numeral 3) del Artículo 362 del Código Procesal Penal, en lo que dice: “El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes:...3.-Que...si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica” PRECEPTOS PENALES OBJETIVOS VIOLADOS: El fallo objetado transgrede los siguientes Artículos del Código Procesal Penal, en lo que dicen: 202:”Valoración de las pruebas. La Sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” 336:” Normas para la Deliberación y la Votación. El Tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica...” 338 Regla Cuarta, numeral 2: “Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados” .EXPLICACION. El Tribunal Sentenciador da por HECHOS PROBADOS: “PRIMERO: El señor S. Z. L. fungió como Procurador General de la República de Honduras desde el mes de enero del año dos mil dos hasta el año dos mil seis. En el ejercicio de sus funciones, el señor S. Z. L., interpuso ante el Juzgado de Letras de Lo Contencioso Administrativo un escrito de contestación de demanda en el caso número 204-2002 interpuesto por el Abogado T. C. F. contra el Fondo Social Para La Vivienda (FOSOVI), promoviendo una reclamación de honorarios.-En dicha contestación, el señor S. Z. L., refiriéndose al Abogado T. C. F., indica varias expresiones tales como las siguientes “...es un profesional del derecho que labora en asesoría legal de Fosovi, es un servidor del Estado, que pretende utilizar su posición para asaltar al Estado en sus arcas. El Estado de Honduras jamás le ha contratado como profesional del derecho, para que pretenda dolosamente como lo hace, el pago de supuestos honorarios...” “...Por tanto, es evidente que la trama urdida en este proceso es completamente dolosa y atentatoria del erario público y del interés superior del Estado de Honduras...” “...Lo único que hizo fue formular un escrito de contestación de la demanda y ya cree que tiene en la bolsa tres millones de lempiras supuestamente para fraccionarlos o repartirlos entre los actores de este drama de despojo. Es de hacer notar lo malicioso de esta última pretensión...” “...Según lo que aparece evidenciado del proceso ambos funcionarios públicos están coludidos en la consecución de esos fondos ilegítimos de los que se quiere despojar al erario público.” “aunque ya se había pronunciado sobre el particular, es decir, sobre la total procedencia del atraco” sobresaliendo del escrito de impugnación la siguiente expresión: “Esta situación es de suyo, peligrosa y repudiable, de llegarse a confirmar esta trama extractora de recursos del país, pues se asimila a una operación del crimen organizado, en el área de fraude contra el Estado, contra la nación toda...” entre otras expresiones”. SEGUNDO: “En fecha 9 de octubre de 2002, aparecieron en los Diarios “El Heraldo” y “La Tribuna” notas periodísticas en los corresponsales de los diarios en mención, hacían referencia al escrito presentado por el Procurador General de la República. Z. L., ante el Juzgad de lo Contencioso Administrativo en el que se impugnaba la reclamación de honorarios efectuada por el señor T. C., y del que se ha hecho referencia en el acápite anterior”. TERCERO: “En fecha 15 de noviembre de 2004, un representante del departamento de Relaciones Públicas de la Procuraduría General de la República suscribió un contrato de publicidad con el Diario “La Tribuna” Periódicos y Revistas, S.A. de C.V. por la publicación de un comunicado en una página en blanco y negro.” Procederemos a enfocarnos a identificar, no mediante alegatos, sino producto del análisis intelectivo del Juzgador y derivada del examen probatorio, qué hechos o circunstancias revisten los elementos objetivo y subjetivo de los delitos acusados, sin perjuicio del principio de intangibilidad de los hechos establecidos en la sentencia, pero que si es procedente el control del iter lógico que ha seguido el Juzgador y la eventualidad de que ese procedimiento caiga en ERRORES DE LOGICIDAD. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el Tribunal Sentenciador: P R I M E R O: Valorando la prueba “1.1.-TESTIFICAL” ofertada por la parte Querellante, consistente en la declaración del señor (Abogado) “A. A. A. R.”, el Tribunal Sentenciador concluye en que: “En razón de todo lo expuesto, ligando la declaración del testigo con los medios de prueba documentales, el testimonio del señor A. A. de poco ha servido para satisfacer la finalidad pretendida por el Querellante, quien al proponerlo lo hizo con la finalidad de comprobar el supuesto dolo con el que el señor S. Z. L. ha actuado” (párrafo segundo de la página 8 de la sentencia que impugno). MAS ESTA CONCLUSION ANTES INDICADA ES ERRONEAMENTE DERIVADA DE LA DECLARACION DE DICHO TESTIGO, quién por el contrario, al declarar que: “encontró un montón de órdenes de la Junta Directiva que eran de aplicación y ejecución inmediata...la Auditoria lo dio todo por bien hecho... todo lo tenía respaldado por la Junta Directiva y la Auditoria, acudió al Tribunal Superior de Cuentas y pidió que se realizaran auditorias por el tiempo en que estuvo en el cargo, obteniendo su respectivo finiquito del Tribunal Superior de Cuentas...” (Ver párrafo primero de la página 6 de la sentencia que impugno). SIGNIFICA que TODAS LAS ACTUACIONES EJECUTADAS POR EL QUERELLANTE COMO APODERADO DE FOSOVI FUERON REALIZADAS CONFORME A DERECHO. Al declarar el mencionado testigo que: “En tal sentido, y viendo que era un buen profesional, se le dio la oportunidad de manejar las demandas las cuales se las resolvieron bien... Se le preguntó al testigo respecto al resultado de la causa que se llevó en el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo indicando el testigo que se ganó en primera instancia...no se pagó los diecinueve millones porque todos los planteamientos de la demanda y contestación fueron torales y bien argumentados y respaldado por las operaciones de la institución...” (Ver párrafo primero y tercero de la página 7 de la sentencia que impugno) SIGNIFICA que EL FOSOVI (ESTADO DE HONDURAS) SE BENEFICIO CON EL TRABAJO DEL QUERELLANTE. Al declarar el testigo referido que: “Fue así como encontró un caso relacionado con Banco Capital...pidió dictamen a la Procuraduría dirigida por el Abogado S. Z., con el fin de que le indicase si eran correctos los caminos seguidos, recibiendo contestación por escrito en el que se le decía que la demanda estaba bien incoada y que todo estaba de conformidad a derecho...Posteriormente, el testigo relató que pudo ver en los diarios El Heraldo, La Tribuna y El Tiempo unas publicaciones que le causaron inquietud por el alto concepto que le ha tenido en todo momento al honorable Procurador de la República, publicaciones donde se manifestaba que habían juicios inventados y amañados, a pesar de tener conocimiento pleno de las resoluciones de la Junta Directiva que el testigo ejecutaba y teniendo conocimiento que el testigo había sido convocado por el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo. Tal situación la considero como una vil calumnia y no sabía el porqué de los conceptos antes vertidos por el Procurador” (Ver párrafos primero y segundo de la página 6 de la sentencia que impugno) SIGNIFICA que el Querellado antes de proferir las expresiones calumniosas e injuriosas de que trata este juicio TUVO CONOCIMIENTO de la legalidad de las actuaciones del Querellante como apoderado del “FOSOVI”. Prueba testifical señalada, que ligándola con la prueba documental referida más adelante en el numeral “CUARTO”, la INSPECCION a la Honorable Sala de Lo Constitucional, la DECLARACION DEL ACUSADO y las presunciones, detalladas más adelante, sumado a que no existe prueba en el proceso que acredite que el ESTADO DE HONDURAS se BENEFICIO con la conducta del Querellado, acreditan el elemento subjetivo de los delitos de INJURIA y CALUMNIA, el DOLO, la intención nociva del Querellado. Asociado a lo anterior, el Tribunal Sentenciador concluye erradamente cuando dice que de ella (prueba testifical) se deriva que: “...de poco ha servido...” (Párrafo segundo de la página 8 de la sentencia que impugno) sin precisar SI sirve o NO sirve pues un fallo no puede fundamentarse en conceptos aproximados (poco); y sin embargo señala que se basó en ella (esta prueba testifical) para arribar a las conclusiones que llego. S E G U N D O: Valorando la prueba “DOCUMENTAL” ofertada por la parte Querellante, consistente en: “1.2.-FOTOCOPIA DEL DIARIO EL HERALDO QUE OBRA A FOLIO 16 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2002” “1.3.- FOTOCOPIA DEL DIARIO EL TIEMPO QUE OBRA A FOLIO 17 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2002” “1.4.- FOTOCOPIA DEL DIARIO LA TRIBUNA QUE OBRA A FOLIO 19 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2002” El Tribunal Sentenciador concluye erradamente cuando dice que de ella se deriva que: “...no se encuentra una expresión que fuese así recogida del propio querellado...” (Párrafo séptimo de la página 10 de la sentencia que se impugna). Si se revisa la página 4 del ACTA DE DEBATE aparece que “S. Z. L....hizo posible que los periodistas recogieran dichas calumnias e injurias y lo publicaran...tal actuación del querellado es a título de dolo por cuanto él es Abogado y sabia y tenía que prevenir que hechos calumniosos e injuriosos podían ser recogidos por los periodistas y podían convertirse en el delito de difamación como en efecto así sucedió de conformidad con el articulo 13 en relación con el 32 del Código Penal, el querellado ha participado a título de autor y a título de dolo”. De lo anteriormente transcrito se colige que de la acusación no aparece que se le atribuye al imputado que él dijo a los periodistas “una expresión”. T E R C E R O: Valorando la prueba “DOCUMENTAL” ofertada por la parte Querellante, consistente en: “1.5.-FOTOCOPIA DE UNA IMPRESION QUE OBRA A FOLIO 129 y que se dice esta autenticada a folio 144” “1.6.-FOTOCOPIA DE UNA IMPRESION QUE OBRA A FOLIO 130 y que se dice autenticada a folio 144”, “1.7.-copia de factura de crédito de fecha 20 de noviembre de 2004, que obra a folio 390 autenticado por folio 393” “1.8.-copia autenticada de Orden/contrato de publicidad número 387708 que obra a folio 391 autenticada según folio 393” El Tribunal Sentenciador concluye erradamente cuando dice que de ellas se deriva que: “...En base a lo anterior, no existe certeza en primer lugar de que las impresiones que obran a folios 129 y 130 hayan sido efectivamente publicadas en algún medio de comunicación...en segundo lugar, no existe certeza...En tercer lugar...En tal virtud, las impresiones supuestamente autenticadas no merecen ningún valor probatorio...Respecto a la fotocopia de factura 05308...poco o nada aportan al presente caso...Asimismo, la factura y la Orden/contrato de publicidad poco o nada aportan al presente caso y por ende no merecen mayor valor probatorio” (Párrafos segundo y tercero de la página 13 de la sentencia que se impugna), sin precisar SI las impresiones están autenticadas o NO están autenticadas SI aporta o NO aporta, SI le merece valor o NO le merece valor pues un fallo no puede descansar en conceptos imprecisos (supuestamente, poco, mayor); y sin embargo señala que se basó en ellas (estas pruebas) para arribar a las conclusiones que llego. Aunado a lo anterior, dichas pruebas referidas anteriormente ya fueron sometidas al escrutinio sobre admisibilidad del Tribunal Sentenciador, en la audiencia de proposición de pruebas correspondiente, quien analizo la concurrencia de los requisitos de admisibilidad legalmente exigidos, como ser la pertinencia, la utilidad, la necesidad y la proporcionalidad, lo que realizo, MOTIVANDO su ADMISION. C U A R T O: Valorando la prueba “DOCUMENTAL” ofertada por la parte Querellante, consistente en la CERTIFICACION extendida por la Secretaria del Juzgado de Letras de Lo Contencioso Administrativo (folios del 353 al 355), el Tribunal Sentenciador concluye erradamente cuando dice que de ella se deriva que: “Ante ello, efectivamente el Tribunal ha podido apreciar en el escrito frases y contenido expuesto en un contexto donde se relaciona al señor T. C. con actos irregulares...En el presente caso, la defensa ha establecido que el escrito mencionado a obedecido a la labor que el querellado ha asumido en pro de la protección de los intereses económicos del Estado...tampoco se acredito algún evento o factor fuera de lo relacionado con los intereses económicos del Estado...”Ello, aunado a todo lo anterior, hace ver por parte del Querellado ciertos actos externos que informan que la voluntad subjetiva o interna del mismo no haya sido la de dañar el honor del Querellante, sino defender los intereses del Estado”, (Párrafo cuarto de la página 14 y párrafos segundo, cuarto y quinto de la página 15 de la sentencia que se impugna), sin precisar CUALES SON ESOS ACTOS IRREGULARES, CUALES SON ESOS INTERESES ECONOMICOS, CUALES SON ESOS INTERESES DEL ESTADO; pues un fallo no puede descansar en conceptos imprecisos; y sin embargo señala que se basó en ella (esta prueba) para arribar a las conclusiones que llego. La conclusión antes dicha a que arribo el Tribunal Sentenciador derivado de esta prueba documental mencionada es errónea, ya que de ella se desprende el ELEMENTO OBJETIVO de los delitos de INJURIA y CALUMNIA, toda vez que el Querellado las reconoció cuando DECLARO, y no acredito sus dichos que aparecen plasmados en este medio de prueba documental indicado; y siempre que tales dichos son idóneos para lesionar el honor de cualquier servidor público, expresiones que tienen un significado objetivamente ofensivo. Q U I N T O: Valorando la prueba de “INSPECCION” a la SALA DE LO CONSTITUCIONAL, ofertada por la parte Querellada, el Tribunal Sentenciador concluye erradamente cuando dice que de ella se deriva que: “ha merecido entero valor probatorio y credibilidad...se demostró la pretensión del Querellante, en representación del señor A. A. A. R., en obtener más de VEINTE MILLONES de Lempiras, así como la relación entre T. C. F. con el señor A. A. A. R., derivado de una relación de confianza Abogado-cliente, y donde el primero es el querellante y el segundo testigo a favor del primero...nada aporta al proceso...” (Párrafo segundo de la página 16 de la sentencia que se impugna). El Tribunal Sentenciador ha extraído conclusiones que no vienen de esta prueba mencionada; de ella se desprende el PERJUICIO (civil) que el Querellado causo con sus actuaciones al ESTADO DE HONDURAS. Véase copia del libelo de demanda titulada “DEMANDA PROCESO ORDINARIO SOBRE TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS HONORIFICOS.-CONDENA POR VEINTE MILLONES DE LEMPIRAS COMO INDEMNIZACION DE PERJUICIOS POR VIOLACION A MI ESTADO DE INOCENCIA.-CITACION AL MINISTERIO PUBLICO CIOMO PARTE EN DEFENSA DEL INTERES GENERAL” presentada por el Querellante el 1 de noviembre de 2010, a las 7:33 A.M., ante el Juzgado de Letras Civil de este departamento (expediente 0801-2010-00001 C.P.C.O.), amparado en el los Artículos 89 y 324 de la Constitución de la República en relación con el 2 del Código Procesal Penal y 1403 del Código Civil, que proporcionó la Honorable Sala de Lo Constitucional del Máximo Tribunal de Justicia, que corre agregada visible a folios del 396 al 401 de este expediente. De la demanda proceso ordinario relacionado en el párrafo anterior aparece que la misma fue interpuesta por el Querellante en representación de sí mismo y NO “en representación del señor A. A. A. R.”, como dice el Tribunal Sentenciador. Igualmente, de la demanda proceso ordinario mencionada anteriormente no aparece ni por asomo “la relación entre T. C. F. con el señor A. A. A. R.”, derivado de una relación de confianza Abogado-cliente” como dice el Tribunal Sentenciador. Incorporado a lo anterior, el Tribunal Sentenciador concluye erradamente cuando dice: “En ese sentido, la inspección practicada...poco o nada aporta...” (Párrafo segundo de la página 16 de la sentencia que se impugna), sin precisar SI aporta o NO aporta pues un fallo no puede fundamentarse en conceptos aproximados (poco); y sin embargo, señala que se basó en ella (la inspección) para llegar a las conclusiones que arribo. SEXTO: PRESUNCIONES (indicios): Todos los participantes en este proceso somos Abogados SERVIDORES PUBLICOS (los jueces, el ofendido, el acusado y el testigo) por tanto: SABEMOS, DEBEMOS SABER, ESTAMOS OBLIGADOS A SABER: a) como se configura la injuria, la calumnia y la difamación; b) que el SERVIDOR PUBLICO debe ser PROBO; c) que las expresiones que uso el Querellado para referirse al Querellante son capaces de destruir la reputación de cualquier SERVIDOR PUBLICO; d) que los periodistas pueden recoger la noticia de los expedientes judiciales, toda vez que estos son públicos, y pueden publicar expresiones constitutivas de los delitos de injuria y/o calumnia, y con ello producirse un delito de DIFAMACION; e) que previo a impugnar o contestar una demanda lo PRIMERO que hace un profesional del Derecho es imponerse de los autos, y luego actúa, de acuerdo a la cuestión de facto y de jure; De consiguiente, el acusado reviso las demandas o juicios en los que intervino el Querellante como apoderado del “FOSOVI”, por lo tanto, descubrió (TUVO CONOCIMIENTO) que las actuaciones del Querellante se encontraban dentro de la ley y que las expresiones que uso son capaces de destruir la reputación de cualquier SERVIDOR PUBLICO, resultando IRRELEVANTE si lo conoce o no. S E P T I M O: La DECLARACION DEL ACUSADO contrastado con la prueba TESTIFICAL referida en el numeral “P R I M E R O”, la prueba DOCUMENTAL referida en el numeral “C U A R T O” y las PRESUNCIONES referidas en el numeral “S E X T O”, que anteceden, fueron capaces de demostrar el elemento objetivo de los delitos de injuria y calumnia; y estas pruebas, sumado a que NO EXISTE demostrado en el proceso que el ESTADO DE HONDURAS se BENEFICIO con la conducta del Querellado, y a la prueba de INSPECCION referida en el numeral “Q U I N T O” que antecede, acreditan el elemento subjetivo de dichos delitos de injuria y calumnia; el efecto negativo en el HONOR del Querellante y las implicaciones que tuvo en su vida laboral (perjuicio) que le causaron las expresiones vertidas por el Querellado refiriéndose al Querellante, ya que a causa de ellas (injurias y calumnias) el señor Ex Presidente de la República Licenciado Ricardo Maduro se formó conceptos y juicios de valor negativos del ofendido, siempre que las expresiones referidas son efectivas y en menosprecio del ofendido y claramente buscaban rebajarle el crédito y reputación social, pues ellas son capaces de destruirle la reputación social a cualquier servidor público, y no digamos la del Querellante que es un Abogado que vive del libre ejercicio de su profesión, surtiendo efectos destructivos en su reputación, al grado que dicho Ex Presidente ordeno de inmediato la DESTITUCION de su trabajo, siendo posible colegir que se había puesto al menos en peligro el bien jurídico protegido, el honor del Querellante (PRINCIPIO DE LESIVIDAD, artículo 2-C del Código Penal), cuando el ACUSADO DECLARO: «El acusado también explicó que de acuerdo a los artículos 24 y 25 de la Ley de la Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo se puso en conocimiento del respectivo órgano y del Presidente, el cual ordenó la destitución del Director del Fosovi y el querellante también fue destituido” (Párrafo tercero de la página 18 de la sentencia que se impugna).He aquí el elemento subjetivo de los delitos de injuria y calumnia (intención, moral) la conciencia y el sentimiento perverso de las acciones del Querellado, pues él sabía que “puso en conocimiento...del Presidente” injurias y calumnias y que ellas producirían el efecto que produjeron, DAÑAR el HONOR del Querellante, y con ello la destitución de su trabajo, deduciéndose la VOLUNTAD del Querellado de proferir las injurias y calumnias relacionadas, las que uso como medio, obtuvo el fin, sin importarle los medios, infiriéndose que, NO ES POSIBLE JUSTIFICAR las acciones del querellado, antes bien se trata de una decisión suficientemente meditada con el propósito de causar los efectos que produjo y que el acusado esperaba lograr con su acción. O C T A V O: El Tribunal Sentenciador erradamente concluye que de la prueba aportada al proceso se deriva que: “2.-Del contexto...más allá de los intereses del Estado...facultado para dar a conocer situaciones que acorde a investigaciones a informes, le han indicado al querellado procederes irregulares que afectan la situación económica del Estado. La parte acusadora...en el presente caso, no ha logrado ser suficiente para demostrar aspectos necesarios relacionados con esa intencionalidad en el sujeto activo en la realización de los hechos alegados”; (párrafos tercero y final de la página número 19 de la sentencia impugnada), sin precisar CUALES SON ESOS INTERESES DEL ESTADO, CUALES SON ESAS SITUACIONES, CUALES SON ESAS INVESTIGACIONES, CUALES SON ESOS INFORMES, CUALES SON ESOS PROCEDERES IRREGULARES, CUALES SON ESOS ASPECTOS NECESARIOS, siempre que NO EXISTE prueba en el proceso que acredite ESOS INTERESES DEL ESTADO, ESAS INVESTIGACIONES, ESAS SITUACIONES, ESOS INFORMES, ESOS PROCEDERES IRREGULARES, ESOS ASPECTOS NECESARIOS; pues un fallo no puede descansar en conceptos imprecisos; y sin embargo señala que se basa en ella (la prueba) para arribar a las conclusiones que llegó. El raciocinio empleado por el Tribunal de instancia NO ha sido estructurado correctamente, todo lo cual NO fue contemplado, valorado y debidamente calificado en un ejercicio adecuado de los postulados de la derivación y razón suficiente como partes integrantes de la lógica. Estos defectos fueron decisivos en el sentido de la sentencia impugnada, de aquí su virtualidad, ya que llevo al Tribunal a proceder contrario a Derecho, por lo que el fallo impugnado es manifiestamente ILEGAL. Pero si el Tribunal Sentenciador no hubiera incurrido en estos vicios revelados la sentencia hubiese sido distinta, la de CONDENAR al Querellado por los delitos acusados. Manifiesto que no se hizo ningún reclamo para obtener la subsanación de estos vicios denunciados porque se pusieron de manifiesto justo al momento de dictarse la sentencia que provoca este reproche recursivo. Demostrado el error, su influencia decisiva en el sentido de la resolución impugnada, esta se derrumba, cae por su propia base, pulverizándose, aniquilándose; en consecuentemente, debe declararse CON LUGAR este motivo de Casación.” IV. FUNDAMENTACIÓN 1) DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denunciar a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 1.A) ÚNICO MOTIVO Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma Constitucional que se denuncia Infringida: Artículo 90 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: Violación al debido proceso. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor. Pretensión: Que se anule el fallo recurrido y se celebre un nuevo juicio. Explicó el recurrente que la sentencia violenta el artículo 90 de la Constitución de la República, pues del análisis intelectivo del Juzgador se deriva qué hechos o circunstancias revisten los elementos objetivos y subjetivos del delito acusados, sin perjuicio de la intangibilidad de los hechos, lo que demuestra la existencia de errores de logicidad. 1.b) DEL DEBIDO PROCESO. Resulta necesario establecer los alcances que esta Sala de lo Penal ha concedió a la garantía del Debido Proceso alegado por el recurrente. La garantía genérica del Debido Proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso, dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. 1.c) DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal encuentra que el recurrente es carente de toda técnica recursiva, al momento de desarrollar su impugnación fue incapaz de establecer en qué consiste la supuesta violación al debido proceso, pues lo que hizo fue un listado de las pruebas, efectuando una revaloración subjetiva de cómo debió razonarlas el Tribunal Sentenciador, ejercicio mental que está vedado en esta etapa casacional. Sin embargo en virtud del control de convencionalidad que deben observar todos los Tribunales de la República, en relación a los fallos y opiniones que haya vertido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente sobre el derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior, consignado en el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos, este Tribunal de Casación realizó una revisión del juicio oral celebrado en el presente proceso y encuentra que en todo momento la garantía del debido proceso se practicó y garantizó por parte de los jueces sentenciadores, pues se cumplió con la posibilidad de las partes de accesar a la justicia, a que su causa fuese conocida por un Juez natural e imparcial, se le concedieron los mismas oportunidades que a la parte contraria; se les dio la posibilidad de aportar los medios de prueba que consideraran pertinentes y útiles para probar sus pretensiones y además se les concedió la posibilidad que su sentencia adversa fuese revisada por un Tribunal Superior. En conclusión, el Juez A-quo cumplió a cabalidad con los alcances y exigencias del debido proceso pues en todo momento respetó los procesos que la misma ley establece para prosecución del juicio penal, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. 2) DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues, éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. 2.a) ÚNICO MOTIVO Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncia infringida: Artículos 202, 336, 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: No se hizo ningún reclamo, pues los vicios se pusieron de manifiesto en el momento de dictar sentencia. Pretensión: que se declare con lugar el presente motivo de casación. Explicó el censor que existen vicios de valoración por parte del Sentenciador al momento de razonar la prueba testifical, documental, inspección, así como de la deposición del propio acusado. Se acredita con las pruebas los elementos objetivos de los delitos de injurias y calumnia pues se produjo un efecto negativo en el honor del querellante. 2b) DE LA REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. El proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso, por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. 3c) DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Resulta evidente para esta Sala de lo Penal, la inadecuada técnica recursiva del censor al momento de plantear y desarrollar su recurso, pues ha denunciado el quebranto a las reglas de la sana crítica, pero no ha sido específico y tajante en establecer cuál regla la considera transgredida. Si bien al final de su libelo establece que los raciocinios del Juzgador no son conformes a la derivación y razón suficiente como elementos de la lógica, no es capaz de establecer cuáles son esos criterios del A-quo contrarios a las reglas del recto entendimiento humano, todo lo contrario efectúa una revaloración de las pruebas evacuadas, argumentando cómo a su criterio se debieron razonar las probanzas, proceso mental que no es permitido en esta etapa casacional, puesto que por el Principio de Inmediación es el A-quo a quien le compete la valoración de las pruebas, ya que ha sido él quien ha tenido contacto con ellas y su desarrollo. Sin embargo tal como lo establecimos en el motivo anterior, el control de convencionalidad obliga a los Tribunales de la República, a acatar lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de lo sencillo y eficaz del recurso y del derecho de las personas condenadas a que un Tribunal Superior revise su fallo, es por tal circunstancia que se procederá a revisar los juicios de valor que utilizó el Sentenciador para razonar las pruebas y determinar si en efecto se quebrantaron las reglas de recto entendimiento humano o por el contrario fueron aplicadas de manera correcta. En el acápite valoración de la prueba, el Juzgador razonó en su numeral primero la deposición de señor A. A. A. R. (Testigo de la acusación), de la cual el Juzgador extrajo que su declaración sirvió para determinar que él fungió como director del Fondo Social de la vivienda, pero que no aportó mayores datos para confirmar la tesis acusadora, pues si bien se refiere que al llegar al fosovi se dio la tarea de dar ejecución a diversas demandas, no ofrece precisión para determinar a qué casos concretos se refiere; estableció el testigo que eran muchos casos del fosovi, incluso algunos fuera de la ciudad, expresó que en algunos existían fideicomisos y entidades bancarias que no fueron mencionados por la acusación; también advierte el Tribunal que la parte acusadora aun teniendo el medio de prueba documental consistente en el escrito que dice el querellado que interpuso, obvió establecer que se trataba del mismo caso al que se refería y que relacionaba al querellado, pues no interrogó al testigo en torno a si reconocía el documento; así mismo no se le pusieron a la vista las supuestas publicaciones que se alega fueron ordenadas por el acusado, de forma tal que no hay manera de establecer cuáles son las publicaciones específicas que el testigo observó en unos medios de comunicación; todo lo cual lleva a la conclusión del Juzgador que no hay certeza que esas supuestas publicaciones se hayan efectuado por la Procuraduría General de la República; por lo que razonando esta deposición con la prueba documental, la declaración del señor A. A. A. poco ha servido para satisfacer la finalidad pretendida por el querellante. Éstos argumentos del Tribunal Sentenciador revisten de razonamientos coherentes, adecuados y que se derivan precisamente de un proceso intelectivo tanto individual como conjunto de la prueba; en sus razonamientos se observa la aplicación de las reglas de la Sana Crítica, mismas que se revelan a lo largo de todo el fallo tanto al momento de razonar la prueba documental como la declaración del propio acusado; en ese orden de ideas considera este Tribunal de Casación que el planteamiento del recurrente es incorrecto, puesto que las reglas del recto entendimiento humanos fueron respetadas y aplicadas por el A-quo en todo momento, razones suficientes para desestimar el presente Recurso de Casación. V. DECISIÓN Se desestiman los Recursos de Casación Interpuestos por el Abogado T. C. F. actuando en causa propia. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único interpuesto por el Abogado T. C. F. actuando como acusador en causa propia, en la querella incoada al señor S. R. Z. L. a quien se le absolvió por el delito de Difamación constitutivas de Injurias y Calumnias. SEGUNDO: Declara FIRME la sentencia de fecha quince de noviembre del dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-384-2013.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

1