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Sentencia CP-382-14 — Registro 11035

Resumen

En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de robo de vehículo agravado, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Motivo no es de Recibo.- Lamenta la Sala de lo Penal que la posibilidad de recurrir la sentencia mediante un recurso de casación que efectivamente permita auditar la legalidad de la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia se vea frustrada por un confuso e impropio planteamiento; El Censor ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos.Ha sido criterio de esta Sala de lo Penal ignorar aquellos defectos de forma en el planteamiento del recurso de casación, siempre y cuando el motivo casación invocado, el concepto de la infracción y su desarrollo argumentativo permitan cuando menos conocer cuál es la denuncia que formula el recurrente, ello en aras de realizar el principio de la tutela judicial efectiva. Sucede, sin embargo, que en el caso bajo estudio, los defectos de interposición del recurso antes apuntados no solo son de forma, sino de fondo, ya que imposibilitan que este Alto Tribunal pueda emitir un pronunciamiento, pues no existe claridad en la exposición de su recurso.El Recurrente plantea como precepto autorizante el artículo 362 numerales 3, enunciando como motivo del numeral 3 violación de las reglas de la sana critica, para luego exponer como concepto de la infracción que la sentencia existe error de hecho en la apreciación y valoración de la prueba, asumiendo ésta Sala de lo Penal que se trata de un defecto de forma, sin embargo, en el desarrollo del motivo ataca la sentencia usando como arma sus propias valoraciones y criterios de cómo debió haberse valorado la prueba, exponiendo en su desarrollo su conocimiento propio “….horas despues de ocurrido el hecho me apersone a la posta de policía a fin de indagar sobre la detención de mi defendido manifestándome un agente que sospechaba que el delito lo cometió el pecoso….”, en una clara invitación para que esta Sala de lo Penal deseche los razonamientos intelectivos del A-Quo y los reemplace con los señalados por el Defensor, dando al recurso de casación alcances no permitidos en la ley, pues solo así se entiende que la pretensión del recurso sea precisamente anular la sentencia por mala valoración y (en lugar de ordenar reenvío), se dicte una nueva en su lugar, tal y como ha sido textualmente la pretención del Recurrente. Asimismo el Censor, de forma abstracta denuncia la violación a las reglas de la sana crítica sin identificar claramente a lo largo de su recurso cuál de ellas ha sido inobservada, limitando a decir “….que aunque ellos (Tribunal Sentenciador) manifiestan haberse sujetado a estas reglas, esta defensa considera que no están apegadas a la verdad…”imposibilitando a este Tribunal de Casación de realizar una auditoría a la valoración probatoria del Tribunal de Sentencia; aunando que el recurrente omite confrontar el análisis intelectivo del Tribunal de Sentencia con los principios de las reglas de la sana critica desde su perspectiva transgredida, a efecto de evidenciar la disparidad entre uno y otro, lo que constituye una omisión toral que imposibilita poder dar respuesta a dicho reclamopues no existe claridad en la exposición de su recurso; empero de la omisión anterior, el Recurrente señala nuevamente en este recurso la denuncia por la admisión por lectura autorizada de la declaración única del señor J. L. A. B. vulnerandose a su criterio el principio de inocencia, alegatos ya expuestos desde el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, y resuelto con antelación por esta Sala de lo Penal.Es de reflexionarse que no puede formalizarse recurso de casación por quebrantamiento de forma, alegando violación a las reglas de la sana crítica, cuando en su desarrollo se alegue transgresión a un derecho fundamental como lo es el Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia (Art. 89 Constitucional) y haberse basado el Tribunal Sentenciador en elementos probatorios incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el título IV del libro segundo del Código Procesal Penal.Por lo expresado es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo...."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso no es de recibo. Con acierto, al contestar el recurso de casación, el Ministerio Público acota que el censor ha presentado una impugnación sin atender una debida técnica recursiva, de inicio el recurrente confunde lo que es precepto autorizante con normas que se denuncian infringidas, pues son “preceptos autorizantes” las normas que autorizan al Recurrente al planteamiento del recurso como medio de impugnación valido (legitimación objetiva), que en el presente caso sería el artículo 361 del Código Procesal Penal que es donde se prevé el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, más sin embargo en su lugar el Censor hace la enumeración de las normas que considera infringidas; a pesar de esa inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. En ese sentido este Tribunal de Casación ha determinado, después de hacer una ponderación de la carga probatoria reproducida en la audiencia de debate, que no existe vulneración al principio/derecho de Inocencia, pues la prueba denunciada, fue incorporado mediante su lectura respetando los parámetros de su excepcionalidad, además la prueba en su conjunto no solo es lícita, sino que ha obedecido a un debido proceso probatorio, con solvente motivación y con un correcto razonamiento en respeto a las reglas de la sana critica, siendo ésta suficiente para permitir al Tribunal de Sentencia emitir un fallo. La suficiencia probatoria, punto toral del reclamo del Censor, no debe de medirse respecto a la cantidad de medios de prueba presentados, sino a su fuerza acreditativa, aun cuando solo exista un medio de prueba, tomando en cuenta la ya advertida forma en que dicha valoración debe de hacerse, pues entre menos medios de prueba existan, más rigurosa deberá de ser la valoración por parte de los Juzgadores de aquella poca que ha sido aportada, lo cual ha sido respetado en el presente proceso penal. En el caso sub judice, se aportó mediante lectura autorizada la declaración del testigo J..L.A. B., que fue denunciada por el recurrente al considerar que con la misma se vulnero el principio de inmediación y contradicción, asimismo alega que por sí sola, no es capaz de destruir la presunción de inocencia, ante ello se dará respuesta. Habiendo revisado el acumulado procesal, esta Sala de lo Penal ha podido constatar no existe vicio alguno en la decisión del Tribunal de Sentencia de admitir y evacuar por lectura la declaración del Testigo J. L.A. B., rendida de manera previa a la audiencia de debate.- Consta que en fecha 29 de abril de 2013, se celebró la audiencia de proposición de pruebas (f. 183), en la cual las partes ofertaron la prueba que tuvieron a bien, entre ésta la declaración del Testigo José Luis A. B., por parte del Ministerio Público, el cual fue admitido por unanimidad por el A-Quo; igualmente consta que en fecha 01 de abril de 2014 se abrió la audiencia de debate (f. 222), misma que en la etapa incidental el Ente Fiscal solicitara entre otras cosas, que en vista de las diligencias no se logró la ubicación del testigo J.L.A. B. que en su momento sea incoporado como prueba documental de lectura autorizada amparada en el 311.2 del Código Procesal Penal, en su momento la defensa objeto dicha lectura autorizada amparandose en que debe agotarse los mecanismos de busqueda, ante ello, el Tribunal Sentenciador resolvio iniciar el debate con la prueba a disposición, para luego suspenderla y se realice las diligencias de citación al testigo J.L. A. B., sin haber oposición de dicha resolución por las partes.- Una vez reanudada la sesión de debate el 01 de abril de 2014 se abrió por segunda ocasión la audiencia de debate, donde el Ministerio Público informó que no fue posible localizar y citar al Testigo J. L.A. B., solicitando por ello que fuese introducida por lectura la declaración de éste rendida en audiencia inicial, para ello presentó como prueba; una constancia de diligencia extendida por la Analista de Investigación de fecha 31 de marzo de 2014, en la que informa que el testigo referido se encuentra en el país de Estados Unidos desde hace varios años, dando cuenta los vecinos del sector (F 219)Habiéndose escuchado la petición del Ministerio Público se le dio la palabra a la Defensa Privada para efectos de que hiciere pronunciamiento, señalando oponerse a la introducción por lectura de la declaración testifical por considerar que la constancia solo detalla que personas expresaron que se encuentra en Estados Unidos, luego de lo cual el Tribunal de Sentencia concedió lo solicitado, sin que dicha resolución haya sido cuestionada por las partes. Para esta Sala de lo Penal lo resuelto por el A-Quo no transgrede el derecho fundamental a un Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia (Art. 89 Constitucional), pues el caso de autos se ajusta al supuesto extraordinario que prevé el artículo 311.2 del Código Procesal Penal, y que resuelve los casos en donde los órganos judiciales se ven en la imposibilidad de citar en legal y debida forma a un testigo para su comparecencia a debate, prefiriendo entonces el legislador introducir por lectura una declaración previa que perder de manera total la información que éste podría aportar, ello con independencia a la valoración que se haga de dicha declaración, la que queda sujeta al prisma de las reglas de la sana critica.- En el presente caso fue acreditado fehacientemente las gestión tendiente a localizar y citar al testigo y que llevaron a suspender en una ocasión la audiencia de debate, y que para la segunda ocasión en que se apertura el debate obligaron al Fiscal del Ministerio Público a decantarse por la alternativa prevista en la ley procesal para allegar a los Jueces el contenido de su declaración: la lectura del testimonio rendido en una etapa previa al debate.- Esta Sala de lo Penal considera importante recalcar que al momento de evacuar el medio de prueba testifical en la audiencia inicial de fecha 08 de octubre de 2009 (F. 56) se realizo ante un Juez competente, que en dicha audiencia estuvo presente el abogado defensor O.A. G. Z. siendo recurrente en esta única instancia, quien tuvo la oportunidad de tener presente al testigo J. L.A. B., de escuchar su deposición y de interrogarlo, sin identificarse con ello, vulneración a los principios de inmediación y contradicción como fue denunciado en su recurso, por lo cual la evacuación de la prueba testifical mediante lectura autorizada no se ha transgredido el Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia. El recurrente igualmente ha denunciado única prueba la declaración mediante lectura autorizada de la victima J. L. A. B., la cual por si sola no es capaz de destruir la presunción de inocencia del acusado; esta Sala analizando sobre dicho argumento ha evaluado la carga probatoria de la imputación por el delito de Robo de Vehículo Agravado, resultado cualitativamente suficiente, permitiendo a los Sentenciadores hacer un pronunciamiento condenatorio al amparo de la certeza que aquella le ha generado arribar, a saber: 1. Fue acreditado el despojo del vehículo automotor pues así deriva de los medios probatorios: A) Respecto a como sucedieron los hechos los siguientes: Declaración mediante lectura autorizada del señor J. L. A. B. como victima, A.K. Y.F. (Testigo de descargo)  y como prueba documental la denuncia interpuesta en 03 de octubre de 2009 (F. 16). B) Respecto a la detención y diligencias posteriores las siguientes: Declaración Testifical de los policias H. N.A. H. y J.A.G. M. y como prueba documental acta de decomiso o secuestro (F.12). C) Respecto a las diligencias posteriores a la denuncia y la acreditación de la existencia y propiedad del vehículo los siguientes: Medio de Prueba documental, acta de inspecciones oculares (F 13) y documentación del vehículo (F. 52) 2. A criterio de los Juzgadores la responsabilidad del acusado fue acreditada mediante las declaraciones de los testigos presenciales J, L, A. B. misma que fue evacuada en la audiencia de debate mediante lectura autorizada, A, K, Y, F,, así como la denuncia interpuesta por el señor J, L, A. B..El Testigo J,L,A. B. (f. 57), hace relato que a las 10:10 de la noche del 02 de octubre, a la altura de la colonia 21 de febrero le salió una carrera de cuatro pasajeros hacia la Kennedy, en el trayecto un menor de edad le puso un puñal en el cuello a la altura de la farmacia Miraflores, hicieron girar en U y a la altura de la Corte lo pasaron al lado del pasajero ya ahí el cuchillo se lo puso el acusado U., posteriormente lo bajaron del carro en el retorno de Las Cascadas, aprovechando la posta de las brisas interpuso la denuncia. Por su parte la Testigo de descargo A, K, Y, F, (f. 227), relata que se encontraba en su casa de habitación con el acusado U., luego se hizo presente E. que le dicen “el choco”, para invitarles a una fiesta en la Kennedy, al bajar al boulevard, E. se encontró con alguien no conocer que le decían “el pecoso” quien paro un taxi y se fueron con rumbo al lugar indicado, E. le puso algo al taxista y no sabe que fue, pidiéndole este que se detuviera, el taxista  se paso para el otro lado, el pecoso se puso a conducir, sacando al taxista del vehículo, que posteriormente se bajo la testigo, fue hasta después que se dio cuenta que los habían agarrado. La denuncia del señor J,L, A. B. en el Centro de Recepción de Denuncias de fecha sábado 03 de octubre de 2009 siendo las 00:13 horas donde describe los pormenores sufridos al sustraerle el vehículo automotor.              El recurrente de manera escueta denuncia única prueba la declaración de la víctima y que la misma por sí sola no es capaz de destruir la presunción de inocencia del imputado, sin hacer mayor explicación porque de su conclusión; alegato que carece de razón al ser patente la claridad con que los testigos antes descritos, describen el hecho, incluso la testigo de descargo, ubica al acusada en la escena como parte de los que juntos se transitaban en el interior del taxi, aunando a los anterior se acredito prueba respecto a la detención y diligencias posteriores consistente en la declaración de los agentes de policía y prueba documental consistente en acta de decomiso. El policía H.N. A.H. declaró que al encontrarse con su compañero J.A. M., manifestaron le habían llevado el vehículo, que lo habían llevado con un puñal y que lo habían dejado abandonado por los puentes de la 21 de febrero, saliendo en patrullaje de rutina, cerca de mercadito Tony a orilla de calle, vieron pasar un vehículo con las características descritas, alarmando a los demás para que les dieran apoyo en tanto le dan persecución al vehículo, dándose a la fuga uno de ellos y capturando a dos remitiéndoles a la fiscalía, a preguntas del ente fiscal respondió que el vehículo era conducido por el acusado U. S. G. L..El policía J.A. G. M. expreso que se encontraba con su compañero H. A. a bordo de motorizada haciendo patrullaje de rutina, cuando vía radio  recibió la denuncia de robo de un taxi registro 8139, encontrándose frente a mercadito Tony, lograron observar al referido vehículo, dándole persecución, que a bordo solo iban tres jóvenes entre ellos U. S. siendo la persona que conducía el vehículo. El acta de decomiso o secuestro de fecha viernes 02 de octubre de 2009 estando presente el señor U. S. G. L. se procede a decomisar un vehículo marca Toyota, tipo turismo, color blanco, año 1999, placa AAR-2146, motor N0 1220246360, serie 1NXBRIZE2X7180593 con registro de taxi .xxxxx con firma del interesado con letra molde U. S. G. L. ajunta huella digital. Ante lo anterior, no existe violación al Estado de Inocencia, pues la prueba que fue presentada ante los Juzgadores en la audiencia de debate, es suficiente para apuntalar una decisión de condena en contra del acusado, a partir de las valoraciones que fueron externadas en la sentencia, es decir, la condena proferida contra el joven U. S. G. L. se sustenta en actividad probatoria practicada de modo no arbitrario, habiendo verificado ésta Sala de lo Penal que existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el Tribunal de sentencia según las reglas de la sana critica. Por lo expuesto es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “ I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha 30 de abril de 2014, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenando al señor U. S. G. L., a la pena de trece (13) años de reclusión por el delito de robo de vehículo agravado, en perjuicio de A. S. V.. Segundo: Condenando al señor U. S. G. L., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Declaro la responsabilidad civil de dicho imputado. Cuarto: No condeno en costas al señor U. S. G. L.. Interpuso el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el abogado O. A. G. Z., en su condición de apoderado defensor del señor U. S. G. L.. Son Partes En Única Instancia: El Abogado O. A. G. Z., defensor privado del señor U. S. G. L., en su condición de Recurrente y la Abogada M.E. G., Agente Fiscal del Ministerio Público en su condición de Recurrida.II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“PRIMERO: El día viernes dos de octubre del 2009 el señor J. L. A. B. se conducía un vehículo marca Toyota, Corolla, año 99 que prestaba servicios de taxi con registro No. 3189, propiedad del señor A. S., cuando a la altura de la Colonia 21 de Febrero a eso de las ocho de la noche le fue solicitado una carrera por cuatro personas, entre las cuales se encontraba el joven U. S. G. L., una era de sexo femenino y un menor de edad, quienes le solicitaron los Llevara hacia la colonia Kennedy y aceptando así estos abordaron la unidad y emprendieron la marcha a esa dirección, ubicándose este menor detrás del conductor, al par de este la mujer y en el otro extremo del asiento el hoy procesado U. G. en tanto que el nominado como el chele pecoso se sentó en el asiento del copiloto a la par del conductor. SEGUNDO: A la altura de la Colonia Miraflores el señor B., amenazado por el menor que venía atrás de él con lo que parecía ser un cuchillo o puñal, fue obligado a dar la vuelta de regreso por el mismo camino indicándole que era un asalto, siendo despojado en ese trayecto de un celular y posteriormente a inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia fue sacado del vehículo y trasladado al asiento del copiloto momento en el que U. asumió la acción de mantenerlo bajo amenaza con lo que parecía ser un cuchillo; en tanto que el chele pecoso pasó a conducir el taxi hasta que una vez bajada la intercesión del boulevard Kuwait hacia el Boulevard Fuerzas Armadas, paran nuevamente la unidad y sacan del vehículo al señor B., yéndose todos del lugar, procediendo este a caminar hacia la posta ubicada en la colonia Las Brisas, que queda cerca del lugar, donde puso la denuncia y a raíz de lo cual fue alertada la policía con la indicación de que probablemente estos se dirigían hacia la Colonia 21 de Febrero, en un momento del trayecto desaborda de la unidad la mujer y asume el control del volante el joven U. G..TERCERO: Teniendo conocimiento vía radio de la referida denuncia dos agentes de la policía preventiva a bordo de una motorizada que se encontraban en la colonia San Francisco, lograron divisar el vehículo denunciado al cual le hicieron persecución logrando requerirlos, siendo conducido en ese momento por el hoy procesado, logrando el chele pecoso en el momento de la captura darse a la fuga.”III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOSExposición de los motivos de casación. - Por Infracción de Precepto Constitucional: Único Motivo: “La sentencia recurrida infringe el derecho fundamental a la presunción de inocencia que consagra la Constitución de la República en su artículo número 89 relacionado con el artículo número 2 del Código Procesal Penal vigente.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 89 de la Constitución de la República. EXPOSICION DEL MOTIVOEXTRACTO. - Considera esta representación que se ha lesionado el derecho a la presunción de inocencia de mi defendido por valorar como prueba de cargo la declaración única de la víctima rendida en audiencia inicial e incorporada como lectura autorizada sin la inmediación y contradicción debida en el juicio oral y público, tanto porque es objetable la valoración de la prueba que hace el Tribunal desde la perspectiva de la necesaria racionalidad y congruencia que debe requerirse para configurarla como prueba de cargo acreditando la credibilidad del imputado. DESARROLLO DEL MOTIVO. No concurren en el caso los requisitos esenciales como para considerar prueba de cargo la declaración de la víctima rendida en audiencia inicial, vulnerando el principio de inmediación y contradicción evitando al ente juzgador captar las aptitudes, los gestos y las vacilaciones que podrían darse en el momento de interrogación a la víctima, que permitan darle la credibilidad necesaria y valorarla objetivamente por la falta de otros indicios precisos que ratifiquen la declaración de la víctima, disipando así la sospecha de parcialidad que concurre en su contra, ya que la misma por sí sola no es capaz de destruir la presunción de inocencia del imputado por lo que debe casarse y anularse la sentencia dictada, dando lugar a la absolución de mi defendido.”“Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma.Expresión Del Motivo De Casación Único Motivo:“La sentencia que se recurre existe error de hecho en la apreciación y valoración de la prueba según resulta de los medios de prueba admitidos y evacuados por el Tribunal”PRECEPTO AUTORIZANTE:Artículo número 362 numeral (3) en relación con el artículo número 202 del Código Procesal Penal. DESARROLLO DEL MOTIVO:“El Tribunal Sentenciador al proferir su fallo impugnado debe obligadamente como lo consigna el Código Procesal Penal sujetarse a las reglas de la sana crítica como medio de valoración de los medios de prueba aportados en el juicio oral y público, aunque ellos manifiestan haberse sujetados a estas reglas, esta defensa considera que no están apegadas a la verdad, ya que mi defendido no realizó los hechos por los que se le condena, veamos porque: a). - Con la objeción de la defensa el Tribunal admite la lectura autorizada de la declaración única de la víctima rendida a la audiencia inicial y le otorga el valor de prueba de cargo causando indefensión en el imputado, se dice declaración única, porque el delito se cornete en dos momentos separados; Cuando se despoja a la víctima del vehículo automotor y cuando se procede a la captura de los individuos, desconociendo hasta ese momento los testigos (policías) corno ocurrieron los hechos 20 minutos antes, siendo la única en conocer los mismos la víctima, siendo este unilateral testimonio de la victima capaz de destruir la presunción de inocencia siempre y cuando no aparezcan razones objetivas que provoquen en el Tribunal “DUDA” que impida su convicción, pero conferir valor a esta declaración sin los principios básicos de inmediación y contradicción, evitando a la defensa su interrogatorio libre a la víctima, voluntaria, alejada de todo temor, nerviosismo, estado de shock que pudo padecer la víctima al momento del hecho vulnera la presunción de inocencia, tomando en cuenta que el juzgador no valoró a favor del imputado, la serie de incidencias descritas por los mismos testigos durante la secuela del juicio, luces apagados dentro del vehículo, parecido físico del imputado con el otro hechor, fuga de uno de los imputados, vidrios subidos en su totalidad, abordar el vehículo a oscuras por la parte de atrás, como la víctima precisó e identificó quien de los imputados cometió el delito en su contra y quienes no participaron, valorar corno cierta la declaración de la víctima se comete un error ya que podría contener vicios de parcialidad en perjuicio del imputado.- Al respecto la sentencia número 243 de fecha 20 de febrero de 1998 del Tribunal Supremo de España contenida en el libro “La Prueba Penal” del Jurisconsulto Carlos Climent Duran dice: “QUE PARA ESA VIABILIDAD PROBATORIA ES NECESARIO NO SOLO QUE NO SE DEN RAZONES OBJETIVAS COMO PARA DUDAR DE LA VERACIDAD DE LA VICTIMA SI NO TAMBIEN QUE POR LOS JUECES SE PROCEDA A UNA PROFUNDA Y EXHAUSTIVA VERIFICACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES EN ORDEN A ESA CREDIBILIDADQUE VA DE LA MANO DE LA VEROSIMILITUD” b).- Falta de apreciación objetiva del tribunal sentenciador de la declaración manifestada por la testigo de descargo A. K. Y. F. y los testigos policiales las que son congruentes en el sentido que el pecoso llevaba amenazado al imputado (U.) negándole bajarse del vehículo como exigiéndole que no dijeran nada, valorando el Tribunal más bien lo declarado por la joven en perjuicio del imputado sin tomar en consideración las incidencias anteriormente descritas como las amenazas contra el imputado y la denuncia de este ante la policía de las amenazas generando así también duda sobre la participación de mi representado en el hecho delictivo, hecho que no desvirtúa la presunción de inocencia debiendo absolverse al imputado bajo el principio “Indubio-pro-reo”. c). - Inequívoco error en la apreciación de la prueba testifical por el ente juzgador argumentando que el imputado (U.) conducía el vehículo ante la conducción errática de el pecoso, siendo evidente la parcialidad de los agentes policiales en sus manifestaciones, ya que no encajan cuando el vehículo iba en marcha, vidrios subidos en su totalidad según inspecciones oculares, luces apagadas, hecho realizado en horas nocturnas, parecido físico de mi representado con otro hechor, creo dijo un policía que cambiaron con U. para conducir, con todas estas divergencias como pudieron estos agentes, apreciar con claridad y precisión quien conducía el vehículo, cuando lo lógico dice que si el pecoso se hizo al volante del vehículo desde el inicio debió terminar el recorrido con convicción de su accionar ya que se fugó, horas después de ocurrido el hecho me apersone a la posta de policía a fin de indagar sobre la detención de mi defendido manifestándome un agente que sospechaba que el delito lo cometió el pecoso y no dejaron en libertad en ese momento a los menores por la aglomeración de personas alrededor del vehículo, por lo que sabiendo que el imputado no sabe manejar vehículo en la etapa de proposición de pruebas propuse “Prueba Pericial” aefecto que la practicara la dirección General de Transito y determinar con ello si U. “sabia conducir vehículo o no” misma que fue rechazado por el Tribunal, proposición que se hizo con el objeto de desmentir lo dicho por los agentes policiales; Por lo tanto existiendo error de apreciación en los medios de prueba que se citan procede apreciar el presente motivo casacional, casando y anulando la sentencia recurrida y dictando otra por lo que se acuerde la absolución de mi defendido.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional.El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1]En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada.Único Motivo. * Precepto Autorizante:Sin determinar por el Recurrente. *Normas que se denuncian infringidas:Artículo 89de la Constitución de la República en relación con el artículo número 2 del Código Procesal Penal vigente. *Concepto de la Infracción: Violación al derecho fundamental de presunción de inocencia; y, *Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: No determinado por la Censora; *Pretensión:Casar y Anular la Sentencia.Con poca claridad y de manera escueta el Censor expone los argumentos que sustentan el recurso, pudiendo identificar esta Sala de lo Penal que se trata porque el Tribunal Sentenciador ha valorarado como prueba de cargo la declaración única de la víctima rendida en audiencia inicial e incorporada como lectura autorizada, vulnerando el principio de inmediación y contradicción y que por sí sola no es capaz de destruir la presunción de inocencia.Del Derecho/Principio del Estado Material de InocenciaEl derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; Éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3)De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal).El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable.En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República(Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de Septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso L. Mendoza vs. Venezuela ha indicado:128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”.Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de Mayo de 2011, en expediente 304-2010:“La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”.En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar(Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a. Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b. Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c. Debida Motivación:Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d. Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e. Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos.Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que:“183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”.De la Procedencia del Recurso El recurso no es de recibo. Con acierto, al contestar el recurso de casación, el Ministerio Público acota que el censor ha presentado una impugnación sin atender una debida técnica recursiva, de inicio el recurrente confunde lo que es precepto autorizante con normas que se denuncian infringidas, pues son “preceptos autorizantes” las normas que autorizan al Recurrente al planteamiento del recurso como medio de impugnación valido (legitimación objetiva), que en el presente caso sería el artículo 361 del Código Procesal Penal que es donde se prevé el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, más sin embargo en su lugar el Censor hace la enumeración de las normas que considera infringidas; a pesar de esa inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. En ese sentido este Tribunal de Casación ha determinado, después de hacer una ponderación de la carga probatoria reproducida en la audiencia de debate, que no existe vulneración al principio/derecho de Inocencia, pues la prueba denunciada, fue incorporado mediante su lectura respetando los parámetros de su excepcionalidad, además la prueba en su conjunto no solo es lícita, sino que ha obedecido a un debido proceso probatorio, con solvente motivación y con un correcto razonamiento en respeto a las reglas de la sana critica, siendo ésta suficiente para permitir al Tribunal de Sentencia emitir un fallo. La suficiencia probatoria, punto toral del reclamo del Censor, no debe de medirse respecto a la cantidad de medios de prueba presentados, sino a su fuerza acreditativa, aun cuando solo exista un medio de prueba, tomando en cuenta la ya advertida forma en que dicha valoración debe de hacerse, pues entre menos medios de prueba existan, más rigurosa deberá de ser la valoración por parte de los Juzgadores de aquella poca que ha sido aportada, lo cual ha sido respetado en el presente proceso penal. En el caso sub judice, se aportó mediante lectura autorizada la declaración del testigo J..L.A. B., que fue denunciada por el recurrente al considerar que con la misma se vulnero el principio de inmediación y contradicción, asimismo alega que por sí sola, no es capaz de destruir la presunción de inocencia, ante ello se dará respuesta. Habiendo revisado el acumulado procesal, esta Sala de lo Penal ha podido constatar no existe vicio alguno en la decisión del Tribunal de Sentencia de admitir y evacuar por lectura la declaración del Testigo J. L.A. B., rendida de manera previa a la audiencia de debate.- Consta que en fecha 29 de abril de 2013, se celebró la audiencia de proposición de pruebas (f. 183), en la cual las partes ofertaron la prueba que tuvieron a bien, entre ésta la declaración del Testigo José Luis A. B., por parte del Ministerio Público, el cual fue admitido por unanimidad por el A-Quo; igualmente consta que en fecha 01 de abril de 2014 se abrió la audiencia de debate (f. 222), misma que en la etapa incidental el Ente Fiscal solicitara entre otras cosas, que en vista de las diligencias no se logró la ubicación del testigo J.L.A. B. que en su momento sea incoporado como prueba documental de lectura autorizada amparada en el 311.2 del Código Procesal Penal, en su momento la defensa objeto dicha lectura autorizada amparandose en que debe agotarse los mecanismos de busqueda, ante ello, el Tribunal Sentenciador resolvio iniciar el debate con la prueba a disposición, para luego suspenderla y se realice las diligencias de citación al testigo J.L. A. B., sin haber oposición de dicha resolución por las partes.- Una vez reanudada la sesión de debate el 01 de abril de 2014 se abrió por segunda ocasión la audiencia de debate, donde el Ministerio Público informó que no fue posible localizar y citar al Testigo J. L.A. B., solicitando por ello que fuese introducida por lectura la declaración de éste rendida en audiencia inicial, para ello presentó como prueba; una constancia de diligencia extendida por la Analista de Investigación de fecha 31 de marzo de 2014, en la que informa que el testigo referido se encuentra en el país de Estados Unidos desde hace varios años, dando cuenta los vecinos del sector (F 219)Habiéndose escuchado la petición del Ministerio Público se le dio la palabra a la Defensa Privada para efectos de que hiciere pronunciamiento, señalando oponerse a la introducción por lectura de la declaración testifical por considerar que la constancia solo detalla que personas expresaron que se encuentra en Estados Unidos, luego de lo cual el Tribunal de Sentencia concedió lo solicitado, sin que dicha resolución haya sido cuestionada por las partes. Para esta Sala de lo Penal lo resuelto por el A-Quo no transgrede el derecho fundamental a un Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia (Art. 89 Constitucional), pues el caso de autos se ajusta al supuesto extraordinario que prevé el artículo 311.2 del Código Procesal Penal, y que resuelve los casos en donde los órganos judiciales se ven en la imposibilidad de citar en legal y debida forma a un testigo para su comparecencia a debate, prefiriendo entonces el legislador introducir por lectura una declaración previa que perder de manera total la información que éste podría aportar, ello con independencia a la valoración que se haga de dicha declaración, la que queda sujeta al prisma de las reglas de la sana critica.- En el presente caso fue acreditado fehacientemente las gestión tendiente a localizar y citar al testigo y que llevaron a suspender en una ocasión la audiencia de debate, y que para la segunda ocasión en que se apertura el debate obligaron al Fiscal del Ministerio Público a decantarse por la alternativa prevista en la ley procesal para allegar a los Jueces el contenido de su declaración: la lectura del testimonio rendido en una etapa previa al debate.- Esta Sala de lo Penal considera importante recalcar que al momento de evacuar el medio de prueba testifical en la audiencia inicial de fecha 08 de octubre de 2009 (F. 56) se realizo ante un Juez competente, que en dicha audiencia estuvo presente el abogado defensor O.A. G. Z. siendo recurrente en esta única instancia, quien tuvo la oportunidad de tener presente al testigo J. L.A. B., de escuchar su deposición y de interrogarlo, sin identificarse con ello, vulneración a los principios de inmediación y contradicción como fue denunciado en su recurso, por lo cual la evacuación de la prueba testifical mediante lectura autorizada no se ha transgredido el Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia. El recurrente igualmente ha denunciado única prueba la declaración mediante lectura autorizada de la victima J. L. A. B., la cual por si sola no es capaz de destruir la presunción de inocencia del acusado; esta Sala analizando sobre dicho argumento ha evaluado la carga probatoria de la imputación por el delito de Robo de Vehículo Agravado, resultado cualitativamente suficiente, permitiendo a los Sentenciadores hacer un pronunciamiento condenatorio al amparo de la certeza que aquella le ha generado arribar, a saber: 1. Fue acreditado el despojo del vehículo automotor pues así deriva de los medios probatorios: A) Respecto a como sucedieron los hechos los siguientes: Declaración mediante lectura autorizada del señor J. L. A. B. como victima, A.K. Y.F. (Testigo de descargo) y como prueba documental la denuncia interpuesta en 03 de octubre de 2009 (F. 16). B) Respecto a la detención y diligencias posteriores las siguientes: Declaración Testifical de los policias H. N.A. H. y J.A.G. M. y como prueba documental acta de decomiso o secuestro (F.12). C) Respecto a las diligencias posteriores a la denuncia y la acreditación de la existencia y propiedad del vehículo los siguientes: Medio de Prueba documental, acta de inspecciones oculares (F 13) y documentación del vehículo (F. 52) 2. A criterio de los Juzgadores la responsabilidad del acusado fue acreditada mediante las declaraciones de los testigos presenciales J, L, A. B. misma que fue evacuada en la audiencia de debate mediante lectura autorizada, A, K, Y, F,, así como la denuncia interpuesta por el señor J, L, A. B..El Testigo J,L,A. B. (f. 57), hace relato que a las 10:10 de la noche del 02 de octubre, a la altura de la colonia 21 de febrero le salió una carrera de cuatro pasajeros hacia la Kennedy, en el trayecto un menor de edad le puso un puñal en el cuello a la altura de la farmacia Miraflores, hicieron girar en U y a la altura de la Corte lo pasaron al lado del pasajero ya ahí el cuchillo se lo puso el acusado U., posteriormente lo bajaron del carro en el retorno de Las Cascadas, aprovechando la posta de las brisas interpuso la denuncia. Por su parte la Testigo de descargo A, K, Y, F, (f. 227), relata que se encontraba en su casa de habitación con el acusado U., luego se hizo presente E. que le dicen “el choco”, para invitarles a una fiesta en la Kennedy, al bajar al boulevard, E. se encontró con alguien no conocer que le decían “el pecoso” quien paro un taxi y se fueron con rumbo al lugar indicado, E. le puso algo al taxista y no sabe que fue, pidiéndole este que se detuviera, el taxista se paso para el otro lado, el pecoso se puso a conducir, sacando al taxista del vehículo, que posteriormente se bajo la testigo, fue hasta después que se dio cuenta que los habían agarrado. La denuncia del señor J,L, A. B. en el Centro de Recepción de Denuncias de fecha sábado 03 de octubre de 2009 siendo las 00:13 horas donde describe los pormenores sufridos al sustraerle el vehículo automotor. El recurrente de manera escueta denuncia única prueba la declaración de la víctima y que la misma por sí sola no es capaz de destruir la presunción de inocencia del imputado, sin hacer mayor explicación porque de su conclusión; alegato que carece de razón al ser patente la claridad con que los testigos antes descritos, describen el hecho, incluso la testigo de descargo, ubica al acusada en la escena como parte de los que juntos se transitaban en el interior del taxi, aunando a los anterior se acredito prueba respecto a la detención y diligencias posteriores consistente en la declaración de los agentes de policía y prueba documental consistente en acta de decomiso. El policía H.N. A.H. declaró que al encontrarse con su compañero J.A. M., manifestaron le habían llevado el vehículo, que lo habían llevado con un puñal y que lo habían dejado abandonado por los puentes de la 21 de febrero, saliendo en patrullaje de rutina, cerca de mercadito Tony a orilla de calle, vieron pasar un vehículo con las características descritas, alarmando a los demás para que les dieran apoyo en tanto le dan persecución al vehículo, dándose a la fuga uno de ellos y capturando a dos remitiéndoles a la fiscalía, a preguntas del ente fiscal respondió que el vehículo era conducido por el acusado U. S. G. L..El policía J.A. G. M. expreso que se encontraba con su compañero H. A. a bordo de motorizada haciendo patrullaje de rutina, cuando vía radio recibió la denuncia de robo de un taxi registro 8139, encontrándose frente a mercadito Tony, lograron observar al referido vehículo, dándole persecución, que a bordo solo iban tres jóvenes entre ellos U. S. siendo la persona que conducía el vehículo. El acta de decomiso o secuestro de fecha viernes 02 de octubre de 2009 estando presente el señor U. S. G. L. se procede a decomisar un vehículo marca Toyota, tipo turismo, color blanco, año 1999, placa AAR-2146, motor N0 1220246360, serie 1NXBRIZE2X7180593 con registro de taxi .xxxxx con firma del interesado con letra molde U. S. G. L. ajunta huella digital. Ante lo anterior, no existe violación al Estado de Inocencia, pues la prueba que fue presentada ante los Juzgadores en la audiencia de debate, es suficiente para apuntalar una decisión de condena en contra del acusado, a partir de las valoraciones que fueron externadas en la sentencia, es decir, la condena proferida contra el joven U. S. G. L. se sustenta en actividad probatoria practicada de modo no arbitrario, habiendo verificado ésta Sala de lo Penal que existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el Tribunal de sentencia según las reglas de la sana critica. Por lo expuesto es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo.Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por Defensa Privada. Único Motivo. *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Artículo 202 del Código Procesal Civil. *Concepto de la Infracción Expuesto: La sentencia que se recurre existe error de hecho en la apreciación y valoración de la prueba según resulta de los medios de prueba admitidos y evacuados por el Tribunal de Sentencia. *Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Sin determinar por el Censor; *Pretensión: Casar la sentencia recurrida y dictando otra por lo que se acuerde la absolución de mi defendido. El Censor refiere que aunque el Tribunal Sentenciador manifiestan haberse sujetado a las reglas de la sana critica, a su criterio considera que no estan apegados a la verdad, al haberse admitido lectura autorizada de la declaración única de la víctima rendida en audiencia inicial y conferirle valor sin los principios básicos de inmediación y contradicción evitando a la defensa su interrogatorio libre a la víctima, vulnerando el estado de inocencia, que valorar como cierta la declaración de la víctima el Sentenciador cometió error ya que podría contener vicios de parcialidad en perjuicio del imputado. Argumento el Censor que horas después del hecho se apersono a la posta de policía a fin de indagar sobre la detención de su defendido manifestando le un agente que sospechaba que el delito lo cometío el pecoso. Que en la estapa de proposición de prueba propuso prueba pericial para acreditar si su representado sabía conducir vehículo, misma que le fue rechazada, por lo cual a su criterio existe error de apreciación en los medios de prueba.De las Reglas de la Sana CríticaEl Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones.El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal).En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal.En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el porqué lo considera así.2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible.b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella .Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión este basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado.De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado.De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso El Motivo no es de Recibo.- Lamenta la Sala de lo Penal que la posibilidad de recurrir la sentencia mediante un recurso de casación que efectivamente permita auditar la legalidad de la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia se vea frustrada por un confuso e impropio planteamiento; El Censor ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos.Ha sido criterio de esta Sala de lo Penal ignorar aquellos defectos de forma en el planteamiento del recurso de casación, siempre y cuando el motivo casación invocado, el concepto de la infracción y su desarrollo argumentativo permitan cuando menos conocer cuál es la denuncia que formula el recurrente, ello en aras de realizar el principio de la tutela judicial efectiva. Sucede, sin embargo, que en el caso bajo estudio, los defectos de interposición del recurso antes apuntados no solo son de forma, sino de fondo, ya que imposibilitan que este Alto Tribunal pueda emitir un pronunciamiento, pues no existe claridad en la exposición de su recurso.El Recurrente plantea como precepto autorizante el artículo 362 numerales 3, enunciando como motivo del numeral 3 violación de las reglas de la sana critica, para luego exponer como concepto de la infracción que la sentencia existe error de hecho en la apreciación y valoración de la prueba, asumiendo ésta Sala de lo Penal que se trata de un defecto de forma, sin embargo, en el desarrollo del motivo ataca la sentencia usando como arma sus propias valoraciones y criterios de cómo debió haberse valorado la prueba, exponiendo en su desarrollo su conocimiento propio “….horas despues de ocurrido el hecho me apersone a la posta de policía a fin de indagar sobre la detención de mi defendido manifestándome un agente que sospechaba que el delito lo cometió el pecoso….”, en una clara invitación para que esta Sala de lo Penal deseche los razonamientos intelectivos del A-Quo y los reemplace con los señalados por el Defensor, dando al recurso de casación alcances no permitidos en la ley, pues solo así se entiende que la pretensión del recurso sea precisamente anular la sentencia por mala valoración y (en lugar de ordenar reenvío), se dicte una nueva en su lugar, tal y como ha sido textualmente la pretención del Recurrente. Asimismo el Censor, de forma abstracta denuncia la violación a las reglas de la sana crítica sin identificar claramente a lo largo de su recurso cuál de ellas ha sido inobservada, limitando a decir “….que aunque ellos (Tribunal Sentenciador) manifiestan haberse sujetado a estas reglas, esta defensa considera que no están apegadas a la verdad…”imposibilitando a este Tribunal de Casación de realizar una auditoría a la valoración probatoria del Tribunal de Sentencia; aunando que el recurrente omite confrontar el análisis intelectivo del Tribunal de Sentencia con los principios de las reglas de la sana critica desde su perspectiva transgredida, a efecto de evidenciar la disparidad entre uno y otro, lo que constituye una omisión toral que imposibilita poder dar respuesta a dicho reclamopues no existe claridad en la exposición de su recurso; empero de la omisión anterior, el Recurrente señala nuevamente en este recurso la denuncia por la admisión por lectura autorizada de la declaración única del señor J. L. A. B. vulnerandose a su criterio el principio de inocencia, alegatos ya expuestos desde el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, y resuelto con antelación por esta Sala de lo Penal.Es de reflexionarse que no puede formalizarse recurso de casación por quebrantamiento de forma, alegando violación a las reglas de la sana crítica, cuando en su desarrollo se alegue transgresión a un derecho fundamental como lo es el Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia (Art. 89 Constitucional) y haberse basado el Tribunal Sentenciador en elementos probatorios incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el título IV del libro segundo del Código Procesal Penal.Por lo expresado es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. V. DECISIÓNNo ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo.No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo.VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 338, 359, 361, 362 numeral 3, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla :Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. - Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo; ambos interpuestos por el Abogado O.A. G. Z., en su condición de defensor privado del señor U. S. G. L.a quien se le condenó por el delito de Robo de Vehículo Agravado en perjuicio de A. S. V.. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la Sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-382-2014.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.