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Sentencia CP-376-14 — Registro 10972

Resumen

En primera instancia se absuelve al acusado del delito de lavado de activo, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Debe de tenerse presente que la Sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para arribar a la conclusión; Por ende el Recurrente al alegar la violación del Principio De Derivación asume una ardua tarea que consiste en identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia lógica es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; Tarea que no termina allí pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal, en particular por ser la vía recursiva a la que más acude el Ministerio Público; Desafortunadamente en algunos casos el Recurrente presentan como pretensión un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba, todo ello impropio en la única instancia. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el Juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; Las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación y asi lo ha manifestado en su pronunciamiento del recurso la parte recurrida. En el presente caso el Ministerio Público hace una relación de los medios de prueba que fueron evacuados en la audiencia de debate, reproduciendo lo más importante de su contenido, transcribiendo la valoración del Tribunal Sentenciador, luego de lo cual denuncia la violación al principio de derivación como consecuencia de que tras la valoración de la prueba el Juzgado emitió una sentencia absolutoria en lugar de condenatoria como era la pretensión del representante de la sociedad, remarcando que con dicha prueba, se evidencia que es suficiente para acreditar el delito de Lavado de Activos; el Recurrente entonces no hace menos que presentar una queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella, lo que es un alegato que no es propio para un Recurso de Casación. No existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. Olvida la Recurrente, que la Sana Crítica cumple con una función de operatividad lógica y fáctica, valorativa y racional que permite que el argumento de sustentación pueda ser sometido al análisis crítico de verificación, y no pretender un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal. No habiéndose presentado de manera adecuada el Recurso, esta Sala de lo Penal no tiene ninguna guía de cuáles son los razonamientos judiciales que vulneran el principio alegado, ni el porqué, pues solo se cuenta con el señalamiento que la sentencia absolutoria es indebida a causa de que existía suficiente carga probatoria de cargo, más ello no determina cuales fueron las conclusiones valorativas, en cada caso, que fueron indebidamente derivadas y por ende sin correspondencia con determinadas premisas, las que también debieron ser identificadas; lo anterior resultan ser razones suficientes para desestimar este motivo de casación. ..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.

SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha 26 de mayo de 2014, dictada por el Tribunal Especial de Sentencia con Jurisdicción Nacional, mediante la cual falló: Primero: Absolviendo al señor J. G. Á., del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de La Economía del Estado.- Segundo: Ordenó se libre Carta de Libertad Provisional, a favor del señor J.G. Á. C..- Tercero: Ordenó devolución una vez firme la sentencia treinta y ocho mil dólares ($38,000.00).- Cuarto: No se declaró la responsabilidad civil en perjuicio del señor J.G. Á.C..- Quinto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada I. A.F., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes En Única Instancia: La Abogada I. A.F., Agente Fiscal del Ministerio Público como recurrente y las Abogadas N.E. F. Q. y M. I. P. N., actuado como Defensoras Privadas, en su condición de Recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: El día martes cuatro de septiembre del 2012, a eso de las doce del mediodía, el señor J. G. Á.C., se dirigía a abordar un vuelo de la aerolínea Delta Airlines con número de vuelo 512 con destino a New Jersey, Estados Unidos, y al pasar por el punto de inspección de vuelos exactamente por la máquina de rayos X se detectó que en su maleta de mano transportaba lo que aparentaba ser dinero, fue así que la autoridad de migración lo requirió para su respectivo registro, decomisándole la cantidad de 38,400.00 dólares americanos en denominación de billetes de 100 dólares americanos. SEGUNDO: El señor J. G. Á. C., demostró que la cantidad de dinero que portaba ese día, proviene de su trabajo como contratista de construcción en New Jersey, Estados Unidos, de América en su condición de residente de dicho país y bajo el sistema de protección temporal TPS, desde hace 18 años, lo cual justifica la cantidad de dinero que portaba en efectivo.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS LA RECURRENTE ABOGADA I. A.F., AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, se evacuó durante la Audiencia de Juicio, la prueba de cargo que se describe a continuación: PRUEBA DE CARGO 1. TESTIGO O. E.R., Policía de Servicios Especiales asignado al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, quien manifestó: “El día cuatro de Septiembre de 2012, aproximadamente a las once y cuarenta horas me encontraba de turno en le punto de inspección de rayos X internacional del aeropuerto con personal de Seguridad Aeroportuaria, donde para nosotros es de rutina el chequeo de equipaje a personas nacionales y extranjeras, donde se me informó por parte del señor R.A. que al parecer en el equipaje de un pasajero llevaba dinero, fue entonces que lo requerí al señor solicitándole el pasaporte, pase de abordaje y que me acompañara a la policía de frontera para realizarle un chequeo de su rutina a su equipaje, previo a una entrevista, donde él me respondió que si, que revisara y que no había ningún problema, le pregunté que si llevaba dinero en su equipaje, me respondió que sí, que aproximadamente treinta y ocho mil dólares, le pregunté si los había declarado y respondió que no que desconocía eso y que su dinero era legal; que el no era ningún delincuente y que su dinero le había costado ya que él tenía muchos años de vivir en Estados Unidos, fue entonces que reporté lo sucedido como es mi deber, a los jefes, al sub inspector de policía O.M., y al Clase Uno R.., para realizar el trámite que corresponde”. 2. TESTIGO O. M. P., Policía de Investigación, asignado a la Regional número dos de San Pedro Sula, refirió que “El día 4 de septiembre del año 2012, aproximadamente entre once y cuarenta fue informado que había sido requerido el señor José G. C. porque llevaba algo ilícito en sus maletas, él se hace presente en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, se pidió autorización al señor J. G. para registrar la maleta que mediante un acta que él firmó, también realizó un acta de decomiso, se le encontró efectos personales y 384 billetes de cien dólares americanos, le hicieron el acta de decomiso del dinero, la lectura de los derechos y presentaron el informe a la fiscalía, ese es el proceso”. A las preguntas del Ministerio Público dijo que cuando recibió la información se presentó a la oficina de la policía de fronteras en el aeropuerto, inició con las actas de decomiso, encontró al señor J.G. Á. C., requerido por sus compañeros con unas Acta de Autorización, e inspeccionó la maleta, se realizó el Acta de Inspección de la maleta, se encontró desodorante, ropa, cosas personales y el dinero, se procedió a contarlo enfrente de él y del fiscal, a embalarlo y presentarlo a la fiscalía.- A las preguntas de la defensa dijo que había disponibilidad por parte del señor J.G. porque él le firma la autorización, el dinero estaba adentro de la maleta con la ropa dentro de unos paquetes, venía suelto dentro de una maleta. Le dijeron al testigo que lo habían requerido en el punto de rayos x. 3. ACTA DE INSPECCIÓN Y REGISTRO. La cual describe la maleta azul, marca Nike en cuyo interior se encontró la cantidad de 384 billetes en denominación de 100 dólares para un total de Treinta y ocho mil cuatrocientos dólares americanos ($ 38,400.00). También consta que se procedió a la revisión de un total de cuatro maletas. 4. ACTAS DE DECOMISO. Mediante las cuales se acredita el decomiso de treinta y ocho mil cuatrocientos ($38,400) dólares americanos y documentos personales consistentes en pasaporte, tarjeta de identidad, dos licencias de conducir y tarjeta de Employment Autorization, todos pertenecientes y emitidos a nombre del señor J.G.Á. C. 5. ACTA DE AUTORIZACIÓN Y ACTA DE RECEPCIÓN DE VALORES, OFICIO DE ADUANAS Gln 002-2014. Documentos mediante los cuales se acredita que el acusado dio la correspondiente autorización para el registro de su equipaje, asimismo el procedimiento de custodia del dinero decomisado y la constancia de que el acusado no hizo declaración en Aduanas de la cantidad de dinero que portaba. 6. DICTAMEN PATRIMONIAL Y FINANCIERO. Realizado y ratificado en Juicio por el Perito R. A. R.T., el cual refiere la actividad laboral del acusado en Estados Unidos. 7. CONSTANCIA de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). En la que consta que el acusado no registró la forma número DEI-181, declaración jurada única de transporte Internacional de efectivo o títulos valores de convertibilidad inmediata que exceda el monto de diez mil dólares o su equivalente en cualquier divisa extranjera. 8. CONSTANCIA DE SECRETARÍA DEL INTERIOR Y POBLACIÓN, que hace constar que el señor J. G.Á. presentó los siguientes movimientos migratorios: 1. Salida no registrada, ingreso el 30 de Septiembre de 2009 con procedencia de Estados Unidos. 2. Salida el 23 de Noviembre de 2009 con destino a Estados Unidos. 9. CONSTANCIA DE INTERNATIONAL COMMUNITY SERVICE, empresa que elabora las declaraciones de impuestos en Estados Unidos y de la cual el acusado ha sido cliente desde hace siete años. La prueba anteriormente relacionada fue valorada por el Tribunal de la siguiente manera: A la prueba testifical y documental el Juzgador le otorgó pleno valor probatorio; pero la prueba pericial consistente en Análisis Financiero y Patrimonial, la consideró inútil, además que no reflejaba datos confiables para esta Tribunal (Ver numerales segundo y tercero del apartado de la Valoración Probatoria de la Sentencia). Al referirse a la pretensión acusatoria el sentenciador consideró que no se configura el delito de Lavado de Activos pues las actuaciones del señor J. G. Á. no se enmarcan en el tipo objetivo en estudio ya que quedó probado que los activos que el imputado llevaba en su maletín de mano, no los llevaba ocultos y tienen justificación legal de su procedencia, ya que provienen de todo el esfuerzo de trabajo del acusado, por más de veinte años en Estados Unidos y con los cuales pretendía comprar un .inmueble en la ciudad de Puerto Cortés, mismo que no se perfeccionó, por lo que llevaba sus ahorros de vuelta a su lugar de domicilio, también señala que este dinero no iba encaminado a ser lavado para eludir responsabilidades penales o de cualquier otro tipo, pues se demostró que el mismo tiene justificación económica legal, por lo que se desvanece la presunción de ilicitud del dinero encontrado. (Ver numeral cuarto de la Fundamentación Jurídica del fallo) Que por su parte la defensa del encausado evacuó los siguientes elementos probatorios: Declaración de la señora D.R.P., quien expresó que su yerno (el ahora imputado) vino a comprar una propiedad pero la misma estaba hipotecada y no quiso hacer el trato. Documental, consistente en, diferentes transacciones bancarias en cuenta en el Bank of América realizadas desde el 16 de abril de 2012 hasta el 5 de julio de 2012; diferentes cuentas de ahorro con promedios que oscilan entre los $ 7,142.12 hasta los $ 59.51; constancia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros con la que se acredita que el señor J. G. Á. C.s no tiene relaciones con ninguna institución financiera del país; documentos de pagos de impuesto al Departamento de rentas de los Estados Unidos de América; contrato de promesa de venta y tracto migratorio. El Ministerio Público en su condición de garante de legalidad, estima que el Órgano Jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio in procedendo anunciado en el primer acápite de nuestra explicación del motivo; y que a continuación procedemos a evidenciar lo inobservado por el Juzgador de la prueba en relación, y que indudablemente no puede dar otro resultado más que la existencia del delito por el cual se acusó y del que el procesado es el autor material del mismo. Del andamiaje probatorio de cargo allegado al proceso y cuya descripción hemos hecho con anterioridad y específicamente de la Pericia DICTAMEN PATRIMONIAL y FINANCIERO que fue realizado y el cual fue ratificado en Juicio por el Perito R. A. R. T., podemos concluir en las siguientes afirmaciones: • Que la información proveida no refleja datos que acrediten los gastos de estadía en Estados Unidos, solamente de la empresa. • Los costos incurridos en materiales para el funcionamiento de la empresa son muy bajos para reflejar la utilidad o magnitud, no resultando proporcional con la inversión. • En relación a las cuentas bancarias del imputado en Estados Unidos, los movimientos financieros reflejados no son continuos o correlativos, ni cronológicos, sino que el reporte es por fracciones.• Que la liquidez del acusado ascendía a la cantidad de catorce mil setecientos dólares con noventa y dos centavos ($14,700.92), cantidad que no tiene vinculación con el dinero decomisado. • No se acredita que el acusado haya tenido alguna fuente de ingreso, actividad comercial, ni cuentas bancarias en Honduras. • Que el mismo proviene de prueba proporcionada por la misma defensa del encausado. Que este elemento probatorio, así como de la prueba supra referida se evidencia que es suficiente para acreditar el delito de Lavado de Activos, pues los elementos probatorios de cargo resultaron ser contundentes para acreditar la tesis acusatoria, sumado a la circunstancia que a pesar de que el imputado incorporó algunos medios probatorios para justificar la tenencia de $ 38,400.00, no logró justificar como ingresó esta cantidad de dinero al país, así como tampoco logró probar, con los movimientos de sus cuentas de ahorro que tuviese la disponibilidad de esas cantidades de dinero en efectivo; además que con sus acciones se logra reflejar la mala fe, dado que éste no realizó la declaración obligatoria para reportar el ingreso de esos recursos al país, así como tampoco lo realizó al momento de intentar salir de Honduras; por otra parte con la prueba de descargo se demostró que el acusado no tiene actividad comercial en el país, asimismo se allegó al proceso prueba referente a las cuentas bancarias del acusado en Estados Unidos, sin embargo, no consta en ninguna de las transacciones el retiro de dicha cantidad y que pudiese concordar con la decomisada o transacción bancaria para la disposición del dinero en Honduras, siendo que las máximas de la experiencia nos conducen a afirmar que cualquier persona que realice transacciones con grandes cantidades de dinero, utilizará el sistema financiero para ello, pues además de resultarle más seguro, no implica ningún riesgo para su integridad física; pero si lo hace de manera oculta, evadiendo las declaraciones aduanales que la ley ordena, es porque quiere evitar que le identifiquen, se sepa el origen del bien, su movimiento y por ende su destino, configurándose, por tanto, el delito por el cual fue acusado. En relación a lo expuesto cabe resaltar lo plasmado por la Sala de lo Penal, a través del fallo emitido en el expediente registrado bajo el número AP-145-2010, de fecha 09 de Febrero de 2012, en la que se estableció que: “El delito de lavado de activos supone un conjunto de actos que pueden darse conjunta o separadamente bastando que se de tan solo alguno de ellos para hablar justamente del delito consumado, el hecho de que los justiciables no hayan podido trasladarlos dólares a su destino final no implica que no se esté frente al delito consumado por las razones siguientes: a) No es necesario que se de el traslado del activo fuera de las fronteras patrias para que se consume el delito, basta un traslado internamente y en poca distancia para que se de consumada ésta acción... b) La acción de llevar ocultos los dólares no solo revela el dolo sino la concurrencia de una acción (ocultar) que por si sola con figura el ilícito por el cual se ha dado una persecución penal. c) La acción de portar los dólares supone una conducta que indica posesión de las cosas, lo que ubica nuevamente la conducta entre las acciones consumadas que prevé el artículo 3 de la Ley Contra el Lavado de Activos.”. Es claro, que en el caso subjudice que la acción realizada por el acusado es concordante con los requisitos anteriormente expuestos, dado que éste llevaba ocultos en su maletín la cantidad de $38,400.00, con la intención de sacarlos del país, sin tener justificación alguna para su tenencia. Finalmente hay que señalar que, respecto a la inversión de la carga probatoria a la que hace referencia el Tribunal Sentenciador al manifestar que “la presunción de inocencia del imputado sólo puede ser desvanecida por la prueba de cargo del Ministerio Público, sin la necesidad de presentar prueba alguna el procesado, y si la prueba resulta insuficiente se absuelve... Son las partes acusadoras quienes han de acreditar en el juicio oral la concurrencia de unos hechos y que los mismos puedan subsumirse dentro de un tipo penal. Sin la prueba de tales extremos no cabe imponer sentencia condenatoria alguna... Es así que sería completamente equívoco afirmar que la inversión de la prueba se da en los casos de lavado de activos, ya que si bien es cierto, el procesado le toca demostrar la justificación de los bienes y activos, esto no representa una inversión, sino que más bien hace uso del derecho a la defensa al producir prueba, como lo habíamos señalado para justificar la procedencia económica legal del dinero (en el caso presente) y de los activos y bienes (como ejemplo general) y asimismo desvanece como se ha dicho anteriormente, la presunción de su ilicitud”. (Ver numeral sexto del apartado de la Fundamentación Jurídica del Fallo). Este ente acusador, en relación a la inversión de la carga de la prueba, considera relevante hacer referencia a la obra “Comentarios a La Ley Contra el Delito de Lavado de Activos” del Abog. O.C., al señalar que: “En lo que concierne a que el ciudadano relacionado a un proceso de lavado de activos al acreditar el origen de los bienes, no se está invirtiendo la carga de la prueba... El legislador señaló en el artículo tres de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos que se incurría en dicho delito si se llegase a adquirir, poseer, administrar, custodiar, utilizar, convertir, transferir, trasladar, ocultar o impedirla determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia, pero no plasmó a quién le correspondía probar tales extremos, debido a que se deduce que el ente que ejercita la acción penal debe aportar elementos para romper el estado de inocencia al individuo, lo que significa que corresponde al órgano persecutor del delito (Ministerio Público) probarla comisión del hecho criminal de lavado de activos, o sea debe probar la imputación sin esperar que sea el imputado que lo haga, es decir, debe acreditar que el enriquecimiento fue ilícito al estar vinculado a un delito específico o que los bienes que posee no tienen causa o justificación económica o legal de su procedencia (origen genérico)... Claro está que eso no impide que el sospechoso realice diligencias tendientes a establecer la forma mediante la cual obtuvo los bienes, es más se deviene obligado a ello, cuando el Ministerio Público ya tiene los indicios necesarios acerca de que sus bienes son de origen ilícito o que están relacionados a una actividad delictiva en lo que a su procedencia se refiere, el sujeto está ante una inminente carga de la prueba, por lo que citarlo para que justifique el origen no sería una inversión de carga de la prueba, sino el ejercitamiento a su derecho de poder tener acceso a defenderse y desvirtuar la carga probatoria que tiene e! Ministerio Público”[1], y en el presente caso, se ha acreditado más allá de la duda razonable que el ahora procesado, ha incurrido en el delito de lavado de activos, infracción que ha sido demostrada no solo con la prueba de cargo, sino que también con la descargo, al evidenciar que el señor José Germán Álvarez en sus cuentas de ahorro, nunca ha contado con cantidades iguales o superiores a la decomisada, de ahí que no resulta coherente la afirmación realizada por el sentenciador, en el sentido que éste ha justificado la tenencia de $38,400.00. En consecuencia y en este orden de resultados de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que analizada de manera conjunta y armónica con los restantes medios probatorios, es decir, la científica y documental, conducen todas ellas a la inexorable conclusión de que el imputado J. G. Á. C. sí perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual esta constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que de ellas se vaya determinando. Cumpliendo las acciones perpetradas por el acusado, con los elementos del delito tipificado en el Decreto 45- 2002 como Lavado de Activos. En consecuencia, la Fiscalía, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Critica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba en comento, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por Ministerio Público, único motivo. Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numerales 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción Expuesto: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica. Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; Pretensión: Anulación del Fallo recurrido. El Pretensor luego de una resumida transcripción de los medios de prueba de cargo y descargo evacuados en la audiencia de Juicio Oral y Público y transcribir como fue valorada por el Tribunal Sentenciador la prueba de cargo, concluyo con sus propias afirmaciones que el elemento probatorio Dictamen Patrimonial y Financiero, así como la prueba referida en el desarrollo del Recurso, se evidencia que es suficiente para acreditar el delito de Lavado de Activos, que a criterio del Censor, los elementos probatorios de cargo resultaron ser contundentes para acreditar la tesis acusatoria, ya que con la prueba en descargo del acusado no logró justificar como ingreso la cantidad de dinero al país. Describe el recurrente que el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las misma, ya que analizada de manera conjunta y armónica con los restantes medios de prueba, conducen a la inexorable conclusión de que el imputado J. G.Á.C. si perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado. Por lo cual el Censor denuncia que el A-quo en la valoración de dichos medios de prueba, vulneró las reglas de la sana crítica, infringiendo el postulado de la derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su caracteristica de suficiencia. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria.

Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión este basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso El Recurso No es de Recibo.- Debe de tenerse presente que la Sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para arribar a la conclusión; Por ende el Recurrente al alegar la violación del Principio De Derivación asume una ardua tarea que consiste en identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia lógica es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; Tarea que no termina allí pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal, en particular por ser la vía recursiva a la que más acude el Ministerio Público; Desafortunadamente en algunos casos el Recurrente presentan como pretensión un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba, todo ello impropio en la única instancia. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el Juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; Las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación y asi lo ha manifestado en su pronunciamiento del recurso la parte recurrida. En el presente caso el Ministerio Público hace una relación de los medios de prueba que fueron evacuados en la audiencia de debate, reproduciendo lo más importante de su contenido, transcribiendo la valoración del Tribunal Sentenciador, luego de lo cual denuncia la violación al principio de derivación como consecuencia de que tras la valoración de la prueba el Juzgado emitió una sentencia absolutoria en lugar de condenatoria como era la pretensión del representante de la sociedad, remarcando que con dicha prueba, se evidencia que es suficiente para acreditar el delito de Lavado de Activos; el Recurrente entonces no hace menos que presentar una queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella, lo que es un alegato que no es propio para un Recurso de Casación. No existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. Olvida la Recurrente, que la Sana Crítica cumple con una función de operatividad lógica y fáctica, valorativa y racional que permite que el argumento de sustentación pueda ser sometido al análisis crítico de verificación, y no pretender un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal. No habiéndose presentado de manera adecuada el Recurso, esta Sala de lo Penal no tiene ninguna guía de cuáles son los razonamientos judiciales que vulneran el principio alegado, ni el porqué, pues solo se cuenta con el señalamiento que la sentencia absolutoria es indebida a causa de que existía suficiente carga probatoria de cargo, más ello no determina cuales fueron las conclusiones valorativas, en cada caso, que fueron indebidamente derivadas y por ende sin correspondencia con determinadas premisas, las que también debieron ser identificadas; lo anterior resultan ser razones suficientes para desestimar este motivo de casación. V. DECISIÓN No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 338, 359, 362 numeral 3, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Ilse Adela Fuentes, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal Especial de Sentencia con Jurisdicción Nacional. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-376-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Chávez, Orlan Arturo. Comentarios a la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos. Segunda Edición revisada. P 209. Tegucigalpa, Honduras 2008.