Sentencia CP-364-15 — Registro 10769
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como coautor del delito de Robo seguido de Asesinato, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A través del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, la censora del fallo denuncia la ilicitud del allanamiento de morada realizado a la casa de habitación de la señora M G A , en donde fueron obtenidos diversos elementos probatorios y fue capturado el acusado R M A ; de los testimonios de los agentes de policía W D V y F A S M , deduce que no tenían autorización para ingresar a dicha vivienda porque consideraron que era un caso de flagrancia. Enfatiza en señalar que no estamos ante este supuesto porque ya habían transcurrido más de dos horas desde el acaecimiento de los hechos, por lo que concluye que con esta actuación, se dio la infracción a dos derechos de trascendencia constitucional: la libertad personal y la inviolabilidad del domicilio.Así las cosas, corresponde a esta Sala de lo Penal, en principio, determinar si el ingreso de los agentes de la policía a la morada de la señora M G A , se ajusta a los parámetros de legalidad previstos en la norma procesal, para posteriormente determinar, si la recolección de los elementos pruebas y posterior detención del acusado R M A , frutos del ingreso a dicha morada, fue o no legalmente realizada por los agentes de la policía. Se desprende del acta de debate (f. 151) la declaración del agente de investigación A E P , mismo que declaró lo siguiente: “estaba asignado a la sección de delitos contra la vida y reportaron un homicidio que se dio en la carretera al sur, la víctima era el conductor de un rapidito; según los testigos, los hechores huyeron en un taxi y dicho vehículo se encontró abandonado en el barrio Suyapa de Chamelecón; según versiones, las personas que llegaron en ese vehículo estaban en la vivienda de enfrente, por ello se allanó la vivienda y se encontraron los documentos de las personas que se transportaban en el bus, se encontró un arma de fuego y se le dio detención a tres personas.” A preguntas de la fiscalía respondió lo siguiente: “…la dueña de la vivienda autorizó la entrada a la vivienda”. A preguntas de la defensa: “¿En qué momento esta persona les dio autorización? R: Cuando le explicamos lo que andábamos haciendo…”.Por otra parte, los agentes de policía W D V y F A S M , quienes también ingresaron a la vivienda y participaron en la captura del acusado, al momento de rendir su testimonio y al ser interrogados por la defensa (f. 152v, 153), manifestaron que no consideraban necesaria la autorización para ingresar a la morada porque estaban en un caso de flagrancia. Así las cosas, esta Sala de lo Penal considera –contrario invita la recurrente– que no corresponde realizar un análisis de si estamos o no ante un allanamiento de morada justificado en un supuesto de flagrancia que permitiera a los agentes de la policía ingresar a la casa de habitación de la señora M G A sin contar con la autorización judicial o del Ministerio Público, en su caso, ya que la declaración de los agentes W D y F S. no contraviene la declaración del agente de investigación A.E.P., quien al rendir su testimonio manifestó que contaron con la autorización de la propietaria del inmueble para ingresar y realizar el allanamiento. Cabe destacar que esta declaración fue corroborada en su contenido a folio 74 de la pieza de instancia, en donde aparece la autorización de ingreso a la vivienda de la señora M. G. A., realizada a las 16:53 de la tarde, expresando dicho consentimiento por medio de su firma, documento que fue propuesto y evacuado como medio probatorio sin que la defensa emitiera objeción alguna en debate. Es cierto que los agentes W.D. y F. S. consideraron que no necesitaban de autorización para ingresar a la morada porque estaban ante un supuesto de flagrancia, sin embargo, lejos de realizar el examen de si estamos o no ante un allanamiento justificado en este supuesto de hecho, lo cierto es que el ingreso a la morada fue autorizado por la propietaria del inmueble, informado así en la declaración testifical del agente A. E.P. y ratificado por la autorización que corre agregada a folio 74 de la pieza de instancia. En todo caso, el alegato de la recurrente de que a la señora M.G.A. la llamaron en horas de la noche para que firmara la autorización de ingreso a la vivienda, carece de todo sustento probatorio que acredite tal circunstancia, limitándose únicamente a los dichos de la testigo quien es la abuela del acusado y cuyo testimonio fue valorado negativamente por el Tribunal sentenciador, sin que ello implique infracción alguna a los preceptos constitucionales citados. También ha sido criterio de este órgano judicial (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, recaída en el expediente SP 142-2011), que no le corresponde alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (Artículos 336 y 338 regla 4ta párrafo segundo del Código Procesal Penal), por lo que esta Sala de lo Penal tiene vedada la posibilidad de realizar una valoración probatoria alternativa de los testigos, tal como propone la recurrente..Ahora bien, una vez determinado que no existió un ingreso ilícito a la morada de la señora M.G.A., corresponde el análisis en torno al artículo 69 Constitucional que contiene el derecho fundamental a la libertad y al artículo 84 que regula la reserva de ley sobre aquél derecho fundamental, para establecer si la detención del acusado estaba o no justificada legalmente. Establece el artículo 175 del Código Procesal Penal lo siguiente: “Artículo 175. Aprehensión de las personas. La Policía Nacional podrá aprehender a cualquier persona aún sin orden judicial en los casos siguientes: 1… 2… 3. Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes del delito o falta, o presente señales o vestigios que permitan inferir la participación del aprehendido en la infracción cometida o intentada; 4. Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito, de haber participado en él la persona aprehendida y que ésta pueda tratar de ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar; y, 5…”En el caso actual, según el testimonio del agente de investigación A. E. P.(f. 151), en la casa de habitación encontraron los documentos personales de los pasajeros del autobús, un arma de fuego y los supuestos sospechosos; el agente de policía W. D. V. manifestó al rendir su testimonio (f. 152) que estaba patrullando en el sector de Chamelecón y recibieron una alerta en la que establecían que en el bulevar del sur cometieron un homicidio en perjuicio del conductor de un autobús, se distribuyeron en el sector y andaban por las cañeras por la 33 calle, en eso un guardia le llamó y le dijo que había un vehículo en la colonia Suyapa similar al que abordaron los sospechosos, se ubicaron en el lugar y estaba otra patrulla, las personas que llamaban decían que dentro de la casa estaban las personas que cometieron el hecho, por eso realizaron el allanamiento… en la habitación en donde estaban los muchachos encontraron billeteras y documentación de las personas que les habían robado… detuvieron tres personas, dos estaban debajo de una cama y uno en el baño… encontraron pertenencias y celulares. El agente de policía F.A. S. manifestó al rendir su testimonio (f. 153) que en el dormitorio habían tres personas, dos debajo de la cama y el otro estaba afuera por una pila… encontraron billeteras y pertenencias de varias personas; según acta de allanamiento (f. 6) se encontraron varios casquillos ya percutidos los cuales fueron fotografiados ylevantados por el técnico G. G..Todos estos datos objetivos permitieron a los agentes de policía deducir ex ante a la detención, que existían indicios muy fundados de haberse cometido un delito y que las personas aprehendidas fueron sorprendidas teniendo en su poder armas y efectos procedentes del mismo, así como que podían tratar de ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar; función que se ajustan de manera perfecta a los presupuestos de hecho que contempla el artículo 175 del Código Procesal Penal citado anteriormente. De todo lo expuesto, se concluye, que no ha existido infracción al precepto constitucional contenido en el artículo 69 Constitucional que contiene el derecho fundamental a la libertad, ni tampoco al artículo 84 que regula la reserva de ley sobre aquél derecho fundamental, pues los agentes de la policía estaban autorizados según el Código Procesal Penal (reserva de ley) para realizar la detención de los que consideraron en aquél momento sospechosos de cometer el doble crimen..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A través del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, la censora del fallo denuncia la ilicitud del allanamiento de morada realizado a la casa de habitación de la señora M G A , en donde fueron obtenidos diversos elementos probatorios y fue capturado el acusado R M A ; de los testimonios de los agentes de policía W D V y F A S M , deduce que no tenían autorización para ingresar a dicha vivienda porque consideraron que era un caso de flagrancia. Enfatiza en señalar que no estamos ante este supuesto porque ya habían transcurrido más de dos horas desde el acaecimiento de los hechos, por lo que concluye que con esta actuación, se dio la infracción a dos derechos de trascendencia constitucional: la libertad personal y la inviolabilidad del domicilio.Así las cosas, corresponde a esta Sala de lo Penal, en principio, determinar si el ingreso de los agentes de la policía a la morada de la señora M G A , se ajusta a los parámetros de legalidad previstos en la norma procesal, para posteriormente determinar, si la recolección de los elementos pruebas y posterior detención del acusado R M A , frutos del ingreso a dicha morada, fue o no legalmente realizada por los agentes de la policía. Se desprende del acta de debate (f. 151) la declaración del agente de investigación A E P , mismo que declaró lo siguiente: “estaba asignado a la sección de delitos contra la vida y reportaron un homicidio que se dio en la carretera al sur, la víctima era el conductor de un rapidito; según los testigos, los hechores huyeron en un taxi y dicho vehículo se encontró abandonado en el barrio Suyapa de Chamelecón; según versiones, las personas que llegaron en ese vehículo estaban en la vivienda de enfrente, por ello se allanó la vivienda y se encontraron los documentos de las personas que se transportaban en el bus, se encontró un arma de fuego y se le dio detención a tres personas.” A preguntas de la fiscalía respondió lo siguiente: “…la dueña de la vivienda autorizó la entrada a la vivienda”. A preguntas de la defensa: “¿En qué momento esta persona les dio autorización? R: Cuando le explicamos lo que andábamos haciendo…”.Por otra parte, los agentes de policía W D V y F A S M , quienes también ingresaron a la vivienda y participaron en la captura del acusado, al momento de rendir su testimonio y al ser interrogados por la defensa (f. 152v, 153), manifestaron que no consideraban necesaria la autorización para ingresar a la morada porque estaban en un caso de flagrancia. Así las cosas, esta Sala de lo Penal considera –contrario invita la recurrente– que no corresponde realizar un análisis de si estamos o no ante un allanamiento de morada justificado en un supuesto de flagrancia que permitiera a los agentes de la policía ingresar a la casa de habitación de la señora M G A sin contar con la autorización judicial o del Ministerio Público, en su caso, ya que la declaración de los agentes W D y F S. no contraviene la declaración del agente de investigación A.E.P., quien al rendir su testimonio manifestó que contaron con la autorización de la propietaria del inmueble para ingresar y realizar el allanamiento. Cabe destacar que esta declaración fue corroborada en su contenido a folio 74 de la pieza de instancia, en donde aparece la autorización de ingreso a la vivienda de la señora M. G. A., realizada a las 16:53 de la tarde, expresando dicho consentimiento por medio de su firma, documento que fue propuesto y evacuado como medio probatorio sin que la defensa emitiera objeción alguna en debate. Es cierto que los agentes W.D. y F. S. consideraron que no necesitaban de autorización para ingresar a la morada porque estaban ante un supuesto de flagrancia, sin embargo, lejos de realizar el examen de si estamos o no ante un allanamiento justificado en este supuesto de hecho, lo cierto es que el ingreso a la morada fue autorizado por la propietaria del inmueble, informado así en la declaración testifical del agente A. E.P. y ratificado por la autorización que corre agregada a folio 74 de la pieza de instancia. En todo caso, el alegato de la recurrente de que a la señora M.G.A. la llamaron en horas de la noche para que firmara la autorización de ingreso a la vivienda, carece de todo sustento probatorio que acredite tal circunstancia, limitándose únicamente a los dichos de la testigo quien es la abuela del acusado y cuyo testimonio fue valorado negativamente por el Tribunal sentenciador, sin que ello implique infracción alguna a los preceptos constitucionales citados. También ha sido criterio de este órgano judicial (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, recaída en el expediente SP 142-2011), que no le corresponde alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (Artículos 336 y 338 regla 4ta párrafo segundo del Código Procesal Penal), por lo que esta Sala de lo Penal tiene vedada la posibilidad de realizar una valoración probatoria alternativa de los testigos, tal como propone la recurrente..Ahora bien, una vez determinado que no existió un ingreso ilícito a la morada de la señora M.G.A., corresponde el análisis en torno al artículo 69 Constitucional que contiene el derecho fundamental a la libertad y al artículo 84 que regula la reserva de ley sobre aquél derecho fundamental, para establecer si la detención del acusado estaba o no justificada legalmente. Establece el artículo 175 del Código Procesal Penal lo siguiente: “Artículo 175. Aprehensión de las personas. La Policía Nacional podrá aprehender a cualquier persona aún sin orden judicial en los casos siguientes: 1… 2… 3. Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes del delito o falta, o presente señales o vestigios que permitan inferir la participación del aprehendido en la infracción cometida o intentada; 4. Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito, de haber participado en él la persona aprehendida y que ésta pueda tratar de ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar; y, 5…”En el caso actual, según el testimonio del agente de investigación A. E. P.(f. 151), en la casa de habitación encontraron los documentos personales de los pasajeros del autobús, un arma de fuego y los supuestos sospechosos; el agente de policía W. D. V. manifestó al rendir su testimonio (f. 152) que estaba patrullando en el sector de Chamelecón y recibieron una alerta en la que establecían que en el bulevar del sur cometieron un homicidio en perjuicio del conductor de un autobús, se distribuyeron en el sector y andaban por las cañeras por la 33 calle, en eso un guardia le llamó y le dijo que había un vehículo en la colonia Suyapa similar al que abordaron los sospechosos, se ubicaron en el lugar y estaba otra patrulla, las personas que llamaban decían que dentro de la casa estaban las personas que cometieron el hecho, por eso realizaron el allanamiento… en la habitación en donde estaban los muchachos encontraron billeteras y documentación de las personas que les habían robado… detuvieron tres personas, dos estaban debajo de una cama y uno en el baño… encontraron pertenencias y celulares. El agente de policía F.A. S. manifestó al rendir su testimonio (f. 153) que en el dormitorio habían tres personas, dos debajo de la cama y el otro estaba afuera por una pila… encontraron billeteras y pertenencias de varias personas; según acta de allanamiento (f. 6) se encontraron varios casquillos ya percutidos los cuales fueron fotografiados ylevantados por el técnico G. G..Todos estos datos objetivos permitieron a los agentes de policía deducir ex ante a la detención, que existían indicios muy fundados de haberse cometido un delito y que las personas aprehendidas fueron sorprendidas teniendo en su poder armas y efectos procedentes del mismo, así como que podían tratar de ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar; función que se ajustan de manera perfecta a los presupuestos de hecho que contempla el artículo 175 del Código Procesal Penal citado anteriormente. De todo lo expuesto, se concluye, que no ha existido infracción al precepto constitucional contenido en el artículo 69 Constitucional que contiene el derecho fundamental a la libertad, ni tampoco al artículo 84 que regula la reserva de ley sobre aquél derecho fundamental, pues los agentes de la policía estaban autorizados según el Código Procesal Penal (reserva de ley) para realizar la detención de los que consideraron en aquél momento sospechosos de cometer el doble crimen..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentenciaconociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional número S.P.364-2015, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Absolver al señor A.R.S.O. por el delito de Robo seguido de Asesinato en perjuicio de O. C.L. Segundo: Condenar al acusado R.M.M. A., como coautor del delito de Robo seguido de Asesinato, en perjuicio de O. C.L , imponiéndose una pena de treinta y tres (33) años de reclusión, misma que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula. Tercero: Condenar al acusado R. M. M. A., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Cuarto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada O. F. Actuando en su condición de Defensora Pública.SON PARTES: Los Abogados A. A.G. y D. L. D., defensoras públicas, como recurrentes; y, la Abogada M.E.G., Fiscal del Ministerio Público, como recurrida .II. HECHOS PROBADOS: “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, éste Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día martes cuatro de marzo de dos mil tres, aproximadamente a la una con veinte minutos de la tarde, el señor O.C. L., conducía el autobús de la empresa de transporte ETISCA, de San Pedro Sula, Cortés con dirección a Santa Cruz de Yojoa, Cortés, al llegar al puente a desnivel de la Toyota, se estacionó para subir dos pasajeros, uno de ellos, el señor R. M. M.A., quienes, como parte de un plan determinado previamente, se ubicaron en forma separada en el interior del mismo, cerca del ayudante y del conductor, de manera, que al llegar a la altura de la empresa FUNIMAQ, siempre en el boulevard del sur, ambos se pusieron de pie y uno de ellos, extrajo un arma de su cintura, indicó al resto de los ocupantes del vehículo que se trataba de un asalto y mientras tanto, R. M. M.A., despojaba de sus pertenencias a los pasajeros, al conductor y al ayudante del dinero recaudado, enseguida, el que portaba el arma disparó en la parte de atrás del cuerpo del señor O. C. L., quien murió producto de dichas heridas. Después de lo anterior, ambas personas, se retiraron rápidamente del lugar, cruzando el boulevard hacia la terminal de autobuses donde abordaron un taxi, marca ISUZU, tipo camioneta, con dirección al sector Chamelecón, todo lo cual, fue puesto en conocimiento de la Policía por una persona que estaba en el lugar. SEGUNDO: Producto de tal denuncia, Agentes de Policía, que circulaban por el sector, comenzaron a buscar el vehículo antes descrito, siendo informados que frente a una casa rosada ubicada en la colonia Suyapa, estaba un taxi de similares características y que allí habían visto personas armadas, por lo cual, procedieron a realizar un allanamiento, en el inmueble mencionado, donde residía el señor R. M. M.A., siendo autorizados por la señora M. G.A., encontrando en su interior seis teléfonos celulares, billeteras, documentos personales y tarjetas bancarias de varias personas que se trasladaban en el autobús de la empresa de transporte ETISCA antes relacionado y tres personas, entre ellas, el acusado, el señor R. M. M. A..” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOSLa parte recurrente, Abogada O. F.A., defensora pública, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Infracción del precepto constitucional contenido en los artículos 69, 82, 90 y 99 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO Las normas sustantivas infringidas son los artículos 69, 82, 90 y 99, de la Constitución de la República que establecen: “Que el derecho de defensa es inviolable, asimismo dispone, que la justicia se imparte gratuitamente en nombre del Estado y que la ley dispondrá lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para atender a sus necesidades funcionales y administrativas.” Artículo 69.- “La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”. Articulo 90.- “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…..Artículo 99.- “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad.” PRIMERO: Los artículos antes relacionados han sido violentados por el Tribunal de Sentencias, por una parte al no tomar en cuenta la declaración del testigo de cargo Policía W. D. V. a quien al momento de su declaración en juicio la defensa pública a través de la Abogada O. F. A. le preguntó si ¿Andaban autorización para ingreso a la vivienda? a lo que este contestó “Que no” coincidiendo con lo declarado por el otro testigo de cargo policía F. A.S. M., cuando en el juicio la Fiscal le pregunta ¿A qué persona le solicitaron autorización de ingreso a la vivienda? Contestando el testigo que en ese momento no consideraron que fuera necesario, porque el hecho era infraganti; más sin embargo no fue en flagrancia en vista que la testigo de descargo M. G. A. L. (propietaria de la vivienda allanada) propuesta por el abogado defensor privado G. F. R., en el juicio le preguntó ¿le pidieron autorización para ingreso? Contestando “Que No.” ¿Firmó algún documento? A las 8 a 9 de la noche me llamaron a la DIC y allí me pusieron a firmar; razón por la cual nos hacemos la pregunta ¿Por qué el Policía testigo de cargo F. A. S.M. declaró en juicio que no solicitaron autorización para ingresar a la vivienda en ese momento porque el hecho era infraganti? Cuando la testigo de descargo dueña de la casa manifestó en su declaración que la llamaron de la DIC y de 8 a9 de la noche la pusieron a firmar; dicha violación al domicilio quedó acreditada cuando la fiscal le pregunto en juicio a la testigo M.G.A. ¿A qué hora entraron los policías a su casa? Contestando a las tres de la tarde; siendo así si observamos los hechos probados en el inciso primero dice “El día martes cuatro de marzo de dos mil trece, aproximadamente a la una con veinte minutos de la tarde…; esto nos viene a confirmar que al momento de allanar la vivienda y sacar a los imputados de la misma no tenían orden allanamiento, mucho menos estaban en flagrancia porque ya habían transcurrido más de dos horas del hecho, violentándose de esta forma garantías constitucionales, de detención ilegal y violación al domicilio, considerando que el hecho ocurrió el 4 de marzo de 2013 y el allanamiento y captura ocurrió el mismo día pero horas después. La defensa del imputado al analizar el expediente en su conjunto observa desprenderse del mismo que las actuaciones realizadas por la policía para poder llegar a capturar a los imputados, lo hicieron violentando garantías constitucionales como ser violación al domicilio y detención ilegal, por ende constituirse ambas en detenciones ilegales, tal y como se acreditó con las declaración en juicio oral de las personas antes señaladas; siendo así podemos observar existir un allanamiento donde no existía autorización alguna por parte de un Tribunal competente para allanar viviendas y detención ilegal por parte de la policía a personas que no estaban cometiendo delito alguno al momento de su captura y privándolas de su libertad sin orden judicial emanada por Juez competente, por consiguiente constituirse tales procedimientos en una detención ilegal y arbitraria, por lo que la ilegalidad de dicho acto proviene no solo de la vulneración de una norma de orden procesal o de una simple omisión de una formalidad, sino por el contrario de un comportamiento que compromete el respeto del marco constitucional, al vulnerarse directamente lo que la constitución no tolera ni permite, que se procediera a la entrada y registro de una morada, o detener a una persona, es decir sin el previo control de legalidad del acto efectuado por el Juez competente cuando esta situación acontecía, por lo que el acto cuestionado debía ser declarado nulo, porque la vulneración de una garantía constitucional acarrea de pleno derecho, nulidad del acto viciado, por imperativo constitucional. SEGUNDO: Consideramos y como se manifestó antes que el Tribunal sentenciador debió declarar nulo lo relacionado con el ROBO SEGUIDO DE ASESINATO, debiendo cualquier persona respetar el área destinada de manera exclusiva al particular y la libre circulación, por lo que la captura de los imputados se hizo irrespetando garantías constitucionales, en el entendido que la ley limita el uso de ese tipo de prácticas para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Honorables Magistrados consideramos que la captura de los imputados efectuada por la Policía proviene de un actuar ilegal, y la cual fue vertida en juicio siendo prueba ilícita (espuria) o prohibida, que es aquél medio de prueba que resulta por si mismo capaz de proporcionar elementos que permitan llegar a constatar la existencia de un hecho deducido en proceso, pero que el ordenamiento jurídico prohíbe utilizar, es decir que estaríamos ante una prueba ilícita procedimental por la forma en que se obtuvo, por lo que creemos que la prueba es el elemento procesal más susceptible de ser alterada, pues su manipulación se puede dar en varios momentos: a) a la hora de formarla, b) a la hora de aplicarla; y c) al momento de decisión Judicial. Queremos manifestar que la prueba en materia penal es sinónimo de garantía y como tal debe de manejarse tanto en la fase de formación, como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarle por parte del Juzgador quien debe acudir a los más estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción (sana crítica) para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa, de ahí que cada vez que la prueba venga vulnerada y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la NULIDAD ABSOLUTA de ésta. Y como es lógico, los efectos que de ella promanan, por lo que no podemos dudar que cuando el Juzgador basa su decisión en una prueba ilícita no viola la norma que disciplina el método para adquirir, aplicar o valorar la prueba, sino que viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legítimas. Sabemos que el Tribunal sentenciador le dio valor probatorio a la captura efectuada por la Policía lo que era en fase de actos preparatorios, como ser el hecho de allanarse la vivienda del imputado, por lo que esta praxis violentó derechos fundamentales, que unidos a otros elementos corroboran los hechos, considerándose como se dijo antes una injerencia arbitraria o abusiva en el domicilio y libertad personal, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques, por consiguiente no puede constituir prueba acusatoria si éste es el único medio de prueba. Es entonces que si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente, debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos entonces “VENERAR ”nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. No puede aceptarse que la lucha procesal sea como una guerra en la cual el “fin justifique los medios ”de manera que se pueda recurrir aun a las peores atrocidades con el pretexto de querer encontrar la verdad para aplicar la sentencia. Partimos del hecho que un allanamiento con orden judicial es un procedimiento lícito; un allanamiento para capturar a una persona infraganti también es un procedimiento lícito; pero si aquél o ésta se obtiene mediante la violación a un derecho fundamental como lo es la violación a la privacidad del domicilio, se convierte en un medio ilícito de administrar la justicia. En una palabra, será ilícito todo aquél elemento probatorio que sea consecuencia de un procedimiento irrespetuoso de las formas que la ley establece para la obtención de la prueba. El hacerlo así sería pretender hacer justicia violando la ley, lo que sería una “paradoja jurídica’ por lo que el único camino hacia la justicia es el respeto a nuestra carta magna. Y los únicos vehículos que nos llevaran a aquel destino son las garantías. Por consiguiente haciéndolo así haremos que sea la justicia Judicial realmente un instrumento de tutela y no un instrumento de agravio. Dicho lo anterior se colige que es una obligación del Estado y especialmente impartiendo justicia en un proceso penal el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad real, para garantizar a quién lo enfrenta, un juicio justo, el hecho de tomar en cuenta la prueba supra indicada para basar su fallo y condenar por ROBO SEGUIDO DE ASESINATO a nuestro representado R. M. M.A. ,esto es una flagrante violación al derecho de defensa del imputado, lo cual solo puede ser subsanado a través de la admisión del presente recurso de casación.”IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional.El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Único Motivo. *Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. *Normas constitucionales que se denuncian infringidas: 68, 82, 90 y 99 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Violación al domicilio y a la libertad personal; *Pretensión: Resolver conforme a derecho .La defensa pública, a través del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, denuncia la ilicitud del allanamiento de morada realizado a la casa de habitación de la señora M.G. A., en donde fue capturado el acusado R. M. A. De los testimonios rendidos por los agentes de policía W. D. V. y F.A.S.M., deduce que no tenían autorización para ingresar a dicha vivienda porque consideraron que era un caso de flagrancia, considera que no estamos ante este supuesto porque ya habían transcurrido más de dos horas desde el acaecimiento de los hechos, por lo que, concluye, que con el allanamiento se dio la infracción a dos derechos constitucionales: la libertad personal y la inviolabilidad del domicilio. Finalmente estima que el sentenciador debió declarar nulo todo lo relacionado con los delitos de robo seguido de asesinato, pues la captura del acusado proviene de un actuar ilegal por los agentes de la policía Allanamiento de Morada: El constituyente hondureño determinó la necesidad de declarar la inviolabilidad del domicilio en el artículo 99 de la Constitución de la República, el cual se constituye en un instrumento para salvaguardar el derecho a la intimidad personal. El domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende, no solo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc. que se interconecten entre si y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualiza el artículo 220 del Código Penal. Son elementos del domicilio: 1. Elementos objetivos: a. Espacio físico debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo. b. Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura.2. Que sea apto para el desarrollo de la vida privada. D. Elementos subjetivos: a. Que el espacio físico esté siendo usado permanente o temporalmente, para el desarrollo de la esfera privada de la vida .b. Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida de las personas, segregando los mismos a dicho espacio. En conclusión, el domicilio con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual solo tengan acceso aquellas personas que moran en él, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas. Ahora bien, como consecuencia de la inviolabilidad del domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir, que como regla general el ingreso a un domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y excepcionalmente como cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de allí la diferencia entre un ingreso y registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un estado de necesidad o delito flagrante: 1. Ingreso o Registro Autorizado :Es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio para que un tercero ajeno a éste ingrese y, en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora, en cualquier día y que tendrá validez para efectos procesales siempre que se sigan las siguientes reglas: a. Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito .b. Que una persona mayor de edad que more en el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar .c. Hacerse acompañar los agentes de la autoridad, de ser posible, de dos personas que sirvan como testigos de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso .d. Solo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados .e. Que se le permita a una de las personas moradores, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no exista peligro para la vida y que no vaya a entorpecer el resultado de la diligencia. f. Los agentes de la autoridad deberán abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizó el ingreso, salvo en los casos donde en el proceso de registro se revele la perpetración de un delito, sus instrumentos o efectos .g. Dejar constancia en acta de todo lo actuado, inventariando los objetos que hayan sido decomisados, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizó el ingreso al domicilio.2. El allanamiento por Orden Judicial: Es el acto de investigación consistente en la penetración a un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir orden de allanamiento a que se refiere el artículo 99 de la Constitución de la República es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar en donde se encuentre el domicilio. Establece el artículo 99 Superior que el allanamiento, aun con orden judicial deberá iniciarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde; el Constituyente apreció que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique en busca de la aplicación de la ley, deberá actuar sin ampararse en la oscuridad de la noche, ergo deberá actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realiza el Estado en aras de la seguridad pública. El propósito de que la ley establezca que solamente un órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad, entre el principio pro societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio, para la práctica de estas diligencias. El órgano jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte la necesidad racional para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento, deberán mantenerse en secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal. El Decreto Judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal, ordenado por el órgano jurisdiccional con competencia en el lugar en donde se lleve a cabo. Aun con orden judicial, el allanamiento que se practique irrespetando el protocolo contemplado para tal efecto en los artículos 214 y 215 del Código procesal Penal, será calificado como ilegal. 3. Allanamientos por un Estado de necesidad o Delito Flagrante: Establece el artículo 99 de la Constitución que se exceptúa a lo anterior, es decir que se podrá realizar un allanamiento sin autorización de las personas que lo habitan o sin orden de autoridad competente y aun fuera de las horas establecidas para ello, cuando sea con el objeto de impedir la comisión de un delito, para impedir la impunidad de delitos, para impedir daños graves a la persona o para impedir daños graves a la propiedad. Lo anterior es desarrollado por el Código Procesal Penal en su artículo 212, determinando que cuando no se pueda obtener autorización judicial para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, es posible practicar un allanamiento, siempre que acontezca una de las siguientes circunstancias: a. Casos de flagrancia, cuya noción se forma de tres elementos[2]: *Inmediatez temporal, referida a la comisión del delito que dentro de poco se perpetrará, la que se está ejecutando o a la que hace instantes se ejecutó. *Inmediatez personal, que vincula a una persona determinada, ya sea porque se encuentre en el lugar con intención de cometer el delito, ejecutándolo o próximo al lugar en donde se ejecutó. *Urgencia de intervención para evitar el mal del delito o asegurar al delincuente. b. Cuando la medida sea necesaria para: *Evitar la comisión de un delito *Evitar la fuga de un delincuente *Evitar la pérdida o destrucción de pruebas o evidencias c. Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a esta en circunstancias inusuales. d. Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena. e. Cuando dentro de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio. f. Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para efectos de impedir o minimizar los daños a la vida y a los bienes. La autoridad policial encargada del allanamiento deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos testigos que no tengan ninguna vinculación con los cuerpos de investigación, levantando el acta respectiva de lo actuado, la que deberá ser firmada por los agentes policiales y por las personas en cuya presencia se haya realizado la diligencia o en su caso, se deberá consignar su negativa de no hacerlo. Los agentes de Policía pondrán en conocimiento inmediatamente al Ministerio Público sobre la práctica del allanamiento, cuando no haya sido ordenada por éste, para que sin demora alguna solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la misma en forma previa y acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia. La práctica de un allanamiento con violación a lo relacionado, constituye un delito tipificado en los artículos 202 y 203 del Código Penal, mismo que es de orden público.- Ahora bien, cuando el allanamiento ilegal se produce en perjuicio del acusado, puede tener repercusiones en dos sentidos: En el ámbito Penal, ajeno al proceso penal que se conoce en contra de la persona acusada (que se convertiría en ofendida de un allanamiento ilegal): En este caso el Ministerio Público deberá proceder criminalmente en contra de la persona o personas que hayan cometido un allanamiento ilegal, una detención ilegal, en su caso y, en general todo acto que esté tipificado como delito sin importar que estos actos hayan sido cometidos en perjuicio de una persona que esté siendo investigada o procesada por un delito. La Sala de lo Penal quiere dejar claro que un allanamiento ilegal o una detención ilegal en perjuicio del acusado no nulifica el proceso criminal en contra de éste, no lo exime de responsabilidad de los actos criminales que pudiese haber cometido y por tanto no podrán oponerse estos hechos como argumentos de defensa exculpatorios, como bien lo señala el artículo 101 del Código Procesal Penal en su último párrafo; y En el ámbito procesal, la repercusión de un allanamiento o una detención practicada fuera del marco de la ley, tiene como imperativa consecuencia su declaratoria de ilicitud, así como todo acto de investigación, elemento u objeto de prueba que haya sido obtenida como consecuencia única e inmediata de dicho acto ilegal, ordenado así por el artículo 200 del Código Procesal Penal y en respeto de los derechos fundamentales regulados en la Constitución de la República y los Derechos Humanos reconocidos en los Tratados y Convenios internacionales suscritos por el Estado de Honduras. Nuevamente la Sala de lo Penal recalca que la ilicitud declarada, de un allanamiento o de una detención ilegal, produce efectos procesales en cuanto a que estas actuaciones y todas aquellas que le deriven por dependencia única, no podrán ser utilizadas como medios probatorios en el proceso penal en contra del acusado, más no imposibilita al Estado de Honduras a iniciar y sustentar un proceso penal en contra del acusado, basándose en todas las actuaciones y medios de prueba que hayan sido practicadas y obtenidas lícitamente; ello, como igualmente ya se indicó, sin perjuicio de la deducción de la responsabilidad penal de todas aquellas personas que hayan cometido los actos ilícitos de allanamiento, detención u otros.Restricción del Derecho a la Libertad por Aprehensión: En sentencia del 21 de septiembre de 2006, en el caso Servellón García y otros vs. Honduras, la Corte IDH, señaló que: “89. La restricción del derecho a la libertad personal, como es la detención, debe darse únicamente por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellos (aspecto material), y además con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal). 90. Asimismo la Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de proporcionalidad. La Corte ha establecido que para que se cumplan los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que la detención sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. “.Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe 35/08, caso 12,019 Antonio Ferreira Brega Brasil, del 18 de julio de 2008, señaló que:“68.La Comisión entiende, que una detención es arbitraria e ilegal cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, cuando se ejecuta sin observar las normas exigidas por la ley y cuando se ha incurrido en desviación de las facultades de detención, es decir, cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la ley. Este órgano ha señalado también que la detención para fines impropios es, en sí misma, un castigo o pena que constituye una forma de pena sin proceso o pena extralegal que vulnera la garantía del juicio previo, lo cual propicia a que el término “arbitrario” sea considerado sinónimo de “irregular, abusivo, contrario a derecho”.”.Conforme a la legislación hondureña, solo es procedente la detención de una persona por orden escrita emitida por autoridad competente o en los casos de flagrancia.1. Orden escrita emitida por autoridad competente :La orden deberá ser emitida por un órgano jurisdiccional con competencia objetiva para conocer el caso concreto (orden de aprehensión) o, en los casos expresamente señalados por la ley, por el Ministerio Público (orden de detención preventiva). (Artículo 1, 61, 69 y 84 de la Constitución de la República; 173.1 y 176 del Código Procesal Penal).Además, la orden deberá ser escrita (no verbal), en la cual deberán consignarse el nombre y apellidos completos de la persona o personas que se solicita sea objeto de aprehensión, agregando las generales de identidad que sean conocidas hasta el momento, el delito por el cual está siendo procesado o por el cual se le ha condenado e identificación de la persona natural o jurídica que sea víctima o perjudicada. Será indispensable que cuando se trate de la primera aprehensión de una persona procesada, que la orden contenga además una relación sucinta de los hechos objeto de imputación, a efecto de darlos a conocer a la persona al momento de la aprehensión (tercer párrafo del artículo 84 de la Constitución de la República).El motivo de la orden de aprehensión o de detención preventiva, deberá estar tipificado como delito que merezca pena privativa de libertad, fijado así con anterioridad al hecho que se le impute a la persona requerida. Por otra parte, la orden deberá ser dirigida para que sea ejecutada por la Policía Preventiva o Policía de Investigación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública o de alguna de las unidades dependientes del Ministerio Público cuando el hecho sea de aquellos que indica la ley que deben ser investigados por estas agencias y, en defecto de todos estos, a la Policía Preventiva. 2. Personas en delito Flagrante: La flagrancia es una condición mediante la cual un tercero observa las acciones delictivas realizadas por una persona mientras acontecen, se trata de un evento casual donde converge la acción delictiva y la contemplación de dichas acciones por el tercero que las percibe directamente. Por ello, la condición de flagrancia es condicionada, puesto que depende precisamente de la concurrencia del tercero que observa y sorprende al sujeto activo del delito, instante en que se le etiqueta como “In fraganti”. Para ello se requieren tres elementos: a) Inmediatez causal: Que el delito se esté cometiendo en ese momento o que apenas instantes antes se haya cometido. b) Inmediatez personal: Que el sujeto activo sea observado al momento de la ejecución del delito o inmediatamente después de ello por un tercero. c) Inmediatez temporal: Que el tercero reaccione ante la situación que observa, ya sea directamente, aprehendiendo a la persona o dándole persecución, ya sea dando aviso inmediato de la situación a otros, quienes a su vez aprehenden o persiguen a la persona. Como tercero se debe entender, incluida la víctima, quien en realidad no es un observador del delito, sino quien lo sufre y por tanto quien presencia la flagrante acción del sujeto activo, pudiendo detenerle en ese momento o perseguirle para el mismo efecto. Sin embargo, el legislador hondureño ha dado un mayor contenido al concepto de flagrancia, señalando en el artículo 175 del Código Procesal Penal los casos en que nos encontraremos ante una Flagrancia Material y una Flagrancia Presunta: 0.1. Flagrancia material: a) Flagrancia propia: La persona que sea sorprendida cometiendo el delito o en el momento de ir a cometerlo; y b) Flagrancia por evasión: La persona que se haya evadido de una aprehensión, detención o prisión ordenada por autoridad competente de manera legítima. 0.2Flagrancia Presunta (ficción legal): a) Flagrancia por inmediatez personal: La persona que sea sorprendida inmediatamente después de cometido el delito; (Supuesto de Cuasi-Flagrancia). b) Flagrancia por inmediatez causal: Cuando la persona de la que se presuma ha cometido un delito, sea perseguida inmediatamente por la fuerza pública, por el ofendido o por otras personas (Supuesto de Cuasi-Flagrancia) c) Flagrancia por inmediatez material: Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes del delito o falta, o presente señales o vestigios que permitan inferir la participación del aprehendido en la infracción cometida o intentada. d) Aprehensión precautoria: Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito, de haber participado en él la persona aprehendida y que esta pueda tratar de ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar; y e) Retención para aseguramiento: Cuando al iniciarse las investigaciones, en la imposibilidad de distinguirse entra las personas presentes en el lugar, a los partícipes en el hecho y a los testigos, exista necesidad urgente de impedir que alguna de ellas se ausente, o se comuniquen entre sí, así como evitar que puedan modificar en cualquier forma, el estado de las cosas o el lugar del delito. Como regla general, la condición de flagrancia autoriza a toda persona, esté o no revestida de autoridad pública, para que pueda aprehender a aquel de manera inmediata, sin necesidad de previa autorización fiscal o judicial, para efectos de ser puesta de manera inmediata a la orden de la autoridad competente (Artículo 84 de la Constitución de la República). Sin embargo, debe entenderse que tal potestad legal solo recae en los supuestos de Flagrancia Material y los casos de Cuasi-Flagrancia, siendo los restantes supuestos facultades exclusivas de los cuerpos del Estado.DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A través del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, la censora del fallo denuncia la ilicitud del allanamiento de morada realizado a la casa de habitación de la señora M G A , en donde fueron obtenidos diversos elementos probatorios y fue capturado el acusado R M A ; de los testimonios de los agentes de policía W D V y F A S M , deduce que no tenían autorización para ingresar a dicha vivienda porque consideraron que era un caso de flagrancia. Enfatiza en señalar que no estamos ante este supuesto porque ya habían transcurrido más de dos horas desde el acaecimiento de los hechos, por lo que concluye que con esta actuación, se dio la infracción a dos derechos de trascendencia constitucional: la libertad personal y la inviolabilidad del domicilio.Así las cosas, corresponde a esta Sala de lo Penal, en principio, determinar si el ingreso de los agentes de la policía a la morada de la señora M G A , se ajusta a los parámetros de legalidad previstos en la norma procesal, para posteriormente determinar, si la recolección de los elementos pruebas y posterior detención del acusado R M A , frutos del ingreso a dicha morada, fue o no legalmente realizada por los agentes de la policía. Se desprende del acta de debate (f. 151) la declaración del agente de investigación A E P , mismo que declaró lo siguiente: “estaba asignado a la sección de delitos contra la vida y reportaron un homicidio que se dio en la carretera al sur, la víctima era el conductor de un rapidito; según los testigos, los hechores huyeron en un taxi y dicho vehículo se encontró abandonado en el barrio Suyapa de Chamelecón; según versiones, las personas que llegaron en ese vehículo estaban en la vivienda de enfrente, por ello se allanó la vivienda y se encontraron los documentos de las personas que se transportaban en el bus, se encontró un arma de fuego y se le dio detención a tres personas.” A preguntas de la fiscalía respondió lo siguiente: “…la dueña de la vivienda autorizó la entrada a la vivienda”. A preguntas de la defensa: “¿En qué momento esta persona les dio autorización? R: Cuando le explicamos lo que andábamos haciendo…”.Por otra parte, los agentes de policía W D V y F A S M , quienes también ingresaron a la vivienda y participaron en la captura del acusado, al momento de rendir su testimonio y al ser interrogados por la defensa (f. 152v, 153), manifestaron que no consideraban necesaria la autorización para ingresar a la morada porque estaban en un caso de flagrancia. Así las cosas, esta Sala de lo Penal considera –contrario invita la recurrente– que no corresponde realizar un análisis de si estamos o no ante un allanamiento de morada justificado en un supuesto de flagrancia que permitiera a los agentes de la policía ingresar a la casa de habitación de la señora M G A sin contar con la autorización judicial o del Ministerio Público, en su caso, ya que la declaración de los agentes W D y F S. no contraviene la declaración del agente de investigación A.E.P., quien al rendir su testimonio manifestó que contaron con la autorización de la propietaria del inmueble para ingresar y realizar el allanamiento. Cabe destacar que esta declaración fue corroborada en su contenido a folio 74 de la pieza de instancia, en donde aparece la autorización de ingreso a la vivienda de la señora M. G. A., realizada a las 16:53 de la tarde, expresando dicho consentimiento por medio de su firma, documento que fue propuesto y evacuado como medio probatorio sin que la defensa emitiera objeción alguna en debate. Es cierto que los agentes W.D. y F. S. consideraron que no necesitaban de autorización para ingresar a la morada porque estaban ante un supuesto de flagrancia, sin embargo, lejos de realizar el examen de si estamos o no ante un allanamiento justificado en este supuesto de hecho, lo cierto es que el ingreso a la morada fue autorizado por la propietaria del inmueble, informado así en la declaración testifical del agente A. E.P. y ratificado por la autorización que corre agregada a folio 74 de la pieza de instancia. En todo caso, el alegato de la recurrente de que a la señora M.G.A. la llamaron en horas de la noche para que firmara la autorización de ingreso a la vivienda, carece de todo sustento probatorio que acredite tal circunstancia, limitándose únicamente a los dichos de la testigo quien es la abuela del acusado y cuyo testimonio fue valorado negativamente por el Tribunal sentenciador, sin que ello implique infracción alguna a los preceptos constitucionales citados. También ha sido criterio de este órgano judicial (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, recaída en el expediente SP 142-2011), que no le corresponde alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (Artículos 336 y 338 regla 4ta párrafo segundo del Código Procesal Penal), por lo que esta Sala de lo Penal tiene vedada la posibilidad de realizar una valoración probatoria alternativa de los testigos, tal como propone la recurrente..Ahora bien, una vez determinado que no existió un ingreso ilícito a la morada de la señora M.G.A., corresponde el análisis en torno al artículo 69 Constitucional que contiene el derecho fundamental a la libertad y al artículo 84 que regula la reserva de ley sobre aquél derecho fundamental, para establecer si la detención del acusado estaba o no justificada legalmente. Establece el artículo 175 del Código Procesal Penal lo siguiente: “Artículo 175. Aprehensión de las personas. La Policía Nacional podrá aprehender a cualquier persona aún sin orden judicial en los casos siguientes: 1… 2… 3. Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes del delito o falta, o presente señales o vestigios que permitan inferir la participación del aprehendido en la infracción cometida o intentada; 4. Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito, de haber participado en él la persona aprehendida y que ésta pueda tratar de ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar; y, 5…”En el caso actual, según el testimonio del agente de investigación A. E. P.(f. 151), en la casa de habitación encontraron los documentos personales de los pasajeros del autobús, un arma de fuego y los supuestos sospechosos; el agente de policía W. D. V. manifestó al rendir su testimonio (f. 152) que estaba patrullando en el sector de Chamelecón y recibieron una alerta en la que establecían que en el bulevar del sur cometieron un homicidio en perjuicio del conductor de un autobús, se distribuyeron en el sector y andaban por las cañeras por la 33 calle, en eso un guardia le llamó y le dijo que había un vehículo en la colonia Suyapa similar al que abordaron los sospechosos, se ubicaron en el lugar y estaba otra patrulla, las personas que llamaban decían que dentro de la casa estaban las personas que cometieron el hecho, por eso realizaron el allanamiento… en la habitación en donde estaban los muchachos encontraron billeteras y documentación de las personas que les habían robado… detuvieron tres personas, dos estaban debajo de una cama y uno en el baño… encontraron pertenencias y celulares. El agente de policía F.A. S. manifestó al rendir su testimonio (f. 153) que en el dormitorio habían tres personas, dos debajo de la cama y el otro estaba afuera por una pila… encontraron billeteras y pertenencias de varias personas; según acta de allanamiento (f. 6) se encontraron varios casquillos ya percutidos los cuales fueron fotografiados y levantados por el técnico G. G..Todos estos datos objetivos permitieron a los agentes de policía deducir ex ante a la detención, que existían indicios muy fundados de haberse cometido un delito y que las personas aprehendidas fueron sorprendidas teniendo en su poder armas y efectos procedentes del mismo, así como que podían tratar de ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar; función que se ajustan de manera perfecta a los presupuestos de hecho que contempla el artículo 175 del Código Procesal Penal citado anteriormente. De todo lo expuesto, se concluye, que no ha existido infracción al precepto constitucional contenido en el artículo 69 Constitucional que contiene el derecho fundamental a la libertad, ni tampoco al artículo 84 que regula la reserva de ley sobre aquél derecho fundamental, pues los agentes de la policía estaban autorizados según el Código Procesal Penal (reserva de ley) para realizar la detención de los que consideraron en aquél momento sospechosos de cometer el doble crimen..V. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública.VI. POR TANTO. La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 361 y 363 del Código Procesal Penal, FALLA: 1) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Abogada O.F.A., actuando en su condición de defensora pública del señor R. M. A.; 2) DECLARA FIRME Y EJECUTABLE LA SENTENCIA condenatoria de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés;Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los. Cuatro días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-364-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Cabezudo Bajo, María José; La Inviolabilidad del Domicilio y el Proceso Penal,Iustel Publicaciones, 2004, Madrid, España, Pág.263.