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Sentencia CP-361-14 — Registro 10970

Resumen

En primera instancia se absuelve al imputado por el delito de usurpación, se declara sin lugar el recurso interpuesto por los recurrentes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Para esta Sala de lo Penal al recurrente no le asiste la razón, puesto que al revisar los razonamientos externados por el Juzgador es posible detectar en ellos, la aplicación irrestricta de las Reglas de la Sana Crítica, puesto que sus juicios de valor son coherentes, lógicos y derivados del legajo probatorio. Cuestionó el recurrente el razonamiento expresado por el A-quo al establecer en relación a la declaración de los testigos E.A.R. y J.D. C.R. “De lo declarado por los testigos propuestos por las partes acusadoras que eran Guardias de seguridad de la compañía Exportadora del Atlántico S.A. DE C.V. a quienes nunca les consto personalmente la presencia de Leandro Andrade en los terrenos supuestamente usurpados estos testigos en ningún momento pudieron observar por si mismos a dicho acusado presente en los predios supuestamente invadidos por él. Dichos testigos no merecen la credibilidad de este Tribunal, porque quienes podrían haber corroborado la autenticidad de sus dichos eran los guardias a los que refieren en sus testimonios que les dieron aviso de que L. G.A. ocupaba esa propiedad jamás comparecieron al juicio oral y público, jamás fueron propuestos como testigos ni por el acusador ni por la señora fiscal del Ministerio Publico” lo cual lo derivó efectivamente de la prueba testifical en referencia, quienes afirmaron E.A.R. no conocer a L., que su trabajo no es en el área donde está el caso, que trabaja con la Exportadora del Atlántico pero en otro sitio, que en su momento acompaño a sus jefes a inspeccionar el terreno sin encontrar a L., que quienes dieron aviso fueron otro personal de guardia a los jefes superiores; por su parte J.D. C. R., refirió no conocerlo a Leandro y que no vio a L. en la tierra, solo los mozos de él. El Sentenciador con estos testimonios concluyó por tanto, “…que el valor probatorio de los testigos de referencia queda un tanto en el aire porque carece de soporte confirmatorio que permita establecer sin lugar a dudas la veracidad de sus dichos;por lo tanto no es posible atribuir al acusado la realización de actos tendientes a asegurar la ocupación y aprovechamiento del terreno propiedad de Exportadora del Atlántico S.A. de C.V.”En el resto de la sentencia el Juzgador explicó de manera razonada y concatenada cada medio de prueba y cómo lo relacionó, no encontrando fundamentos para condenar al acusado, al no demostrarse los hechos con los cuales los acusadores calificaron el delito de Usurpación definido y circunstanciado en el artículo 227 del Código Penal, todo lo cual quedó conformado teniendo como base las Reglas de la Sana Crítica mismas que fueron aplicadas correctamente, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. ..."

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Es evidente para esta Sala de lo Penal que el Pretensor no cumplió con la tarea de investigar la naturaleza del recurso de casación previo al planteamiento del recurso. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, como ya se ha explicado, es un recurso extraordinario debido a que solo puede ser alegado como motivo de impugnación los supuestos previstos en el artículo 360 del Código Procesal Penal (ya enumerados), y siempre bajo el respeto del Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; Contrario a ello el Pretensor hace referencia a los medios de prueba evacuados en audiencia de juicio, así como argumentos sobre las pretensiones de las partes, cuestionamientos al fallo absolutorio, ante sus propias valoraciones que la parte defensora ha aceptado tácitamente que el acusado lo ocupaba con ánimo de dueño sin serlo legítimamente, por lo que califica el Censor que debió haberse aplicado al señor L. G. el artículo 227 del Código Penal.La interposición del recurso de casación por infracción de ley basado en el cuestionamiento de prueba y argumento expresados por el Censor, es contraria a lo estipulado por el artículo 360 del Código Procesal Penal, además no existe, falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo, dado que de los hechos probados únicamente describe la pertenencia del bien inmueble, sin hacer referencia a participaciones del acusado, ante ello el resultado de un fallo absolutorio, por lo que éste debe de ser declarado sin lugar.."

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha 24 de junio de 2014, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolviendo al señor L.G.A. por un delito de Usurpación en perjuicio de Exportadora del Atlántico S.A. de C.V. Segundo: No procede condenar en costas al Ministerio Público.- Interpuso el Recurso de Casación, el Abogado N. J. P. G., actuando en su condición de Acusador Privado de la Exportadora del Atlántico S.A. de C.V.Son Partes En Única Instancia:El Abogado N. J.P. G., actuando en su condición de Acusador Privado de la Exportadora del Atlántico S.A. de C.V., la Abogada R. L. C. G., Agente Fiscal del Ministerio Público en su condición de Recurrente y el abogado J. R. R. C., Defensor Privado del señor L. G. A. como Recurrido.II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“Único: La Sociedad Exportadora del Atlántico, S.A. de C.V. es legítima propietaria de un lote de terreno ubicado en Lean Jurisdicción del Municipio de Arizona, Atlántida que tiene un área de 187.20 hectáreas, con las siguientes colindancias; Al Norte propiedad de J. H. A., al Sur con la propiedad de H. A. y N. C. S., Río Lean de por medio, al Este con la propiedad de Juan Rodríguez y al Oeste con posesiones de S.C. y A. C. J. que aparece descrita en el lote No. 5 de la Escritura Pública No. 117 de fecha cinco de Noviembre de 2003, inscrita bajo el No. 82, Tomo 363 del Registro de la Propiedad de esta ciudad de Tela.”III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOSEXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION.-POR INFRACCION DE LEY: ÚNICO MOTIVO: “Por violación o falta de aplicación del artículo del artículo 227 del código penal, que literalmente dice “quien usurpare un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años…”” PRECEPTO AUTORIZANTE: Me sirve de fundamento autorizante para el presente motivo de casación, el artículo 360 del Código procesal penal que en la parte conducente dice: “Artículo 360. Casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal. Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observado para la aplicación de la ley penal…”DESARROLLO DEL MOTIVO DE CASACIÓN: El hecho declarado probado en la sentencia impugnada en casación, literalmente dice: “UNICO: La Sociedad Exportadora del Atlántico S.A. de C.V. es legítima propietaria de un lote de terreno ubicado en Lean jurisdicción del Municipio de Arizona, Atlántida que tiene un área de 187.20 hectáreas, con las siguientes colindancias; Al Norte propiedad de J.H. A., al Sur con la propiedad de H. A. y N. C. S., río Lean de por medio, al Este con la propiedad de J. R. y al Oeste con posesión de S. C. y A. C. J. que aparece descrita en el lote número 5 de la escritura pública número 117 de fecha cinco de Noviembre de 2003, inscrita bajo el número 82 del tomo 363 del Registro de la Propiedad de esta ciudad de Tela”. Esta afirmación del tribunal recurrido, evidencia que durante el proceso se discutió, como único hecho controvertido, quien era o no el propietario del terreno que ilegalmente ocupa el acusado; pues nunca fue objeto de controversia, por las partes, si el señor L. G. A. estaba en posesión o no del mismo; tácitamente se aceptó, por ambas partes, que el imputado poseía el predio, como lo demuestran los medios probatorios aportados en el debate que tienen como finalidad demostrar la calidad de dueño; lo controvertido en juicio fue, en consecuencia, quien era o no el legítimo dueño del mismo; es decir, las partes aportaron documentación tendente a acreditar su derecho de propiedad sobre el terreno objeto de la usurpación; en ese sentido la parte acusadora probó el derecho de la sociedad mercantil Exportadora del Atlántico S.A. de C.V. mediante la Escritura Pública descrita en el hecho probado único; igualmente la parte defensora trató de hacerlo a través de los siguientes medios de prueba: documento privado de traspaso del terreno a favor del acusado, fotocopia de declaratoria de herencia de la señora A. L.A. y «constancia catastral de fecha 06 de mayo de 2014, los que para el Tribunal de sentencia resultaron insuficientes e, inclusive, impertinentes f para probar el pretendido derecho de propiedad; es decir, para la defensa la ocupación del terreno por parte del señor L. G. A. no era un hecho controvertido y lo que trataron de probar en el transcurso del proceso fue su derecho legítimo de ocupar el mismo; es i por lo expresado que el Tribunal de sentencia consideró como legítimo propietario del predio en cuestión a mi representada, lo que constituye un hecho irrefutable y una verdad formal de la que no puede apartarse el casacionista, y menos el sentenciador, que estaba obligado a emitir su fallo sin contradecir el hecho declarado probado, pues este representa el punto de partida o la piedra angular sobre la que se construye la sentencia y, en el presente caso, el fallo no puede desconocer la única verdad a la que se llegó formalmente, pues la f sentencia es un todo lógico y armónico, en el que cada una de sus partes guardan coherencia y no se contradicen entre sí, como en la I sentencia recurrida suceda, cuando se absuelve al acusado por considerar que no se probó la ocupación material del terreno, aun y cuando, reitero, la parte defensora acepta tácitamente que lo ocupaba con ánimo de dueño sin serlo legítimamente .Lo expuesto, conduce a cuestionar el fallo en cuanto evidentemente, de acuerdo al hecho declarado probado, debió haberse aplicado al señor L. G. A. el artículo 227 del código penal, en cuanto se probaron cada de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de usurpación; pues como acertadamente lo explica en el numeral primero de la fundamentación jurídica la sentencia recurrida, el elemento rector de este de este tipo de delitos es la ocupación material del inmueble y su despojo al legítimo dueño y, al haberse establecido como hecho probado único, que mi representada es la legítima propietaria del terreno en cuestión y al no haberse, igualmente, controvertido por las partes que quien ocupaba el terreno era el imputado (pues este hecho no fue controvertido, inclusive por la defensa, quien más bien pretendió, como ya se dijo, probar su derecho como propietario), es evidente que la ocupación material del terreno y su despojo al verdadero dueño, se subsume en el tipo penal de usurpación y debe considerarse al señor Leandro García Andrade, como autor del delito de usurpación, pues la parte acusadora si logró probar su pretensión, al demostrar que la empresa mercantil Exportadora del Atlántico S. A. de C. V. es, insisto, la única y legítima propietaria del bien usurpado, en cambio el acusado no pudo acreditar su derecho de propiedad con los medios de prueba que aportó. Por todo lo expuesto, debe casarse la sentencia, por falta de aplicación del artículo 227 del código penal, dictando una nueva sentencia condenatoria en el plazo establecido en la ley. CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: ÚNICO MOTIVO: “Por haber incurrido la sentencia, en violación a las reglas de la sana critica en la valoración de las pruebas” PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal que en la parte conducente, literalmente dice: “Artículo 362.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1.- 2.- 3.-… o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”.DESARROLLO DEL MOTIVO DE CASACIÓN: “La sentencia recurrida evidencia una clara violación al principio lógico de razón suficiente, específicamente a la regla lógica de la derivación, que establece que la motivación debe ser verdadera o no falsa. En la resolución ahora recurrida en casación, se manifiesta una clara y evidente manipulación de las fuentes de prueba, al haberse falseado el contenido de algunos medios de prueba, extrayendo conclusiones inexactas y derivadas de apreciaciones ajenas al contenido del medio probatorio; en especial se aprecia una manipulación del medio de prueba testifical aportado por la parte acusadora, cuando en el numeral cuarto de la valoración probatoria se dice que los testigos propuestos por la parte acusadora, señores E.A. R. y J. D. C. R., “no merecen la credibilidad de este tribunal, porque quienes podrían haber corroborado la credibilidad de sus dichos eran los guardias a quienes se refieren en sus testimonios que les dieron aviso que L. G. A. ocupaba esa propiedad…”, lo que reduce su testimonio a un hecho aislado, dejándose de valorar el hecho fáctico que estos testigos presenciaron que en el lugar el acusado realizaba labores agrícolas, a través de sus empleados, lo que se aprecia en ambos testimonios y que acredita la ocupación del terreno por parte del imputado; es más, los testigos puntualizan el lugar de los hechos, al establecer que la usurpación se materializó en lote número 5, de la Finca Manga Sierra, ubicada en el sitio conocido como Zizama, de la Jurisdicción del Municipio de Arizona, Departamento de Atlántida; por otro lado resulta falso que los testigos no hayan visto al señor L. G. A. en lugar, basta con leer la declaración del Testigo J.D. C.R., para deducir lo contrario, pues este en su dicho afirmó que conoce que el terreno se le alquilaba al señor J. C. hasta el 31 de diciembre de 2010, así también que en el mes de marzo de 2011 L. G. había tomado posesión del terreno, habiendo expresado, literalmente que “yo no le dije nada a L. solo le di aviso al jefe” refiriéndose a la ocupación ilegal de la finca, por lo que se deduce que en el momento de darse cuenta de la situación, si vio a L. G. en el predio aunque no supiera después si este había permanecido en el lote, en el transcurso del tiempo (ver numeral tercero de la valoración de la prueba); en resumen, lo que se deduce de las declaraciones de los testigos son dos verdades irrefutables: Que el acusado estaba ocupando el terreno objeto de la usurpación y que, este realizaba labores agrícolas en el mismo; siendo falso o no verdadero, que los testigos no tengan credibilidad alguna, pues estos estuvieron en el terreno, vieron que en el mismo se realizaban labores de limpieza y siembra de diversas plantas e, inclusive, uno de ellos platicó con el imputado, amén de haber corroborado con los trabajadores agrícolas que estaban en el lugar, que las labores las hacían a nombre del señor L. G.. Lo expuesto nos conduce, inexorablemente, a deducir que de haberse apreciado correctamente lo dicho por los testigos de la parte acusadora, el tribunal de Sentencia, en concordancia con el hecho declarado probado, debió haber impuesto un fallo condenatorio; por lo que, la Corte Suprema de Justicia debe declarar, oportunamente, ha lugar el presente motivo de casación, debiendo anularse la sentencia recurrida, ordenándose el reenvío de los antecedentes al Tribunal de Sentencia de Tela para que se emita una nueva sentencia. Dejo expresa constancia que, por tratarse de un motivo de casación derivado de un vicio de la sentencia definitiva, no se ha presentado reclamo alguno; siendo entendido que el mismo coexiste con la presentación del presente recurso de casación.”IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICADel Recurso de Casación por Infracción de Ley.Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal.- Interpuesto por el Acusador Privado.- Único Motivo. *Precepto autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; * Normas sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 227 del Código Penal; * Concepto de la infracción: Falta de Aplicación de una norma sustantiva; y * Pretensión: Casar la sentencia y proferir una nueva condenatoria.El Censor denuncia en su recurso, que el hecho probado, evidencia que durante el proceso se discutió, como único hecho controvertido quien era o no el dueño del inmueble, sin embargo esa nunca fue el objeto de controversia, sino que el señor L. G.A. estaba en posesión o no del mismo. Luego refiere el Recurrente que los medios de prueba aportados demuestran que el acusado estaba en posesión del inmueble, que se probó el derecho de la sociedad mercantil, Exportadora del Atlántico S.A. de C.V., y que igualmente la parte defensora trato de hacerlo con otro medios de prueba los que para el Tribunal fueron insuficientes, por ello el Censor expreso que el Tribunal de Sentencia consideró como legitimo propietario del predio a su representada, lo que constituye un hecho irrefutable y una verdad formal de la que no puede apartarse el casacionista y menos el sentenciador, que estaba obligado a emitir su fallo sin contradecir el hecho declarado probado.De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- Es evidente para esta Sala de lo Penal que el Pretensor no cumplió con la tarea de investigar la naturaleza del recurso de casación previo al planteamiento del recurso. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, como ya se ha explicado, es un recurso extraordinario debido a que solo puede ser alegado como motivo de impugnación los supuestos previstos en el artículo 360 del Código Procesal Penal (ya enumerados), y siempre bajo el respeto del Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; Contrario a ello el Pretensor hace referencia a los medios de prueba evacuados en audiencia de juicio, así como argumentos sobre las pretensiones de las partes, cuestionamientos al fallo absolutorio, ante sus propias valoraciones que la parte defensora ha aceptado tácitamente que el acusado lo ocupaba con ánimo de dueño sin serlo legítimamente, por lo que califica el Censor que debió haberse aplicado al señor L. G. el artículo 227 del Código Penal.La interposición del recurso de casación por infracción de ley basado en el cuestionamiento de prueba y argumento expresados por el Censor, es contraria a lo estipulado por el artículo 360 del Código Procesal Penal, además no existe, falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo, dado que de los hechos probados únicamente describe la pertenencia del bien inmueble, sin hacer referencia a participaciones del acusado, ante ello el resultado de un fallo absolutorio, por lo que éste debe de ser declarado sin lugar. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por Acusador Privado. Único Motivo. *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Sin determinar por el Censor; *Concepto de la Infracción Expuesto:Haberse incurrido en la sentencia, violación a las reglas de la sana critica en la valoración de las pruebas; *Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; *Pretensión: Anular la sentencia recurrida.Explica el Censor que en la sentencia recurrida en casación se manifiesta una clara y evidente manipulación de las fuentes de prueba, en especial a la prueba testifical aportada por la parte acusadora, al expresar el Tribunal Sentenciador en el numeral cuarto de la valoración probatoria que los testigos E. A. R. y J. D. C. R., no merecen credibilidad, aludiendo el Censor que se ha dejado de valorar que estos testigos presenciaron, que en el lugar el acusado realizaba labores agrícolas, a través de sus empleados, acreditándose a criterio del Censor la ocupación del terreno por parte del imputado y que resulta falso que los testigos no hayan visto al señor L. G. A. en el lugar, basta con leer la declaración del testigo José D. C. R. para deducir lo contrario.De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal).En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el porqué lo considera así.2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión este basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando cómo características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- Para esta Sala de lo Penal al recurrente no le asiste la razón, puesto que al revisar los razonamientos externados por el Juzgador es posible detectar en ellos, la aplicación irrestricta de las Reglas de la Sana Crítica, puesto que sus juicios de valor son coherentes, lógicos y derivados del legajo probatorio. Cuestionó el recurrente el razonamiento expresado por el A-quo al establecer en relación a la declaración de los testigos E.A.R. y J.D. C.R. “De lo declarado por los testigos propuestos por las partes acusadoras que eran Guardias de seguridad de la compañía Exportadora del Atlántico S.A. DE C.V. a quienes nunca les consto personalmente la presencia de Leandro Andrade en los terrenos supuestamente usurpados estos testigos en ningún momento pudieron observar por si mismos a dicho acusado presente en los predios supuestamente invadidos por él. Dichos testigos no merecen la credibilidad de este Tribunal, porque quienes podrían haber corroborado la autenticidad de sus dichos eran los guardias a los que refieren en sus testimonios que les dieron aviso de que L. G.A. ocupaba esa propiedad jamás comparecieron al juicio oral y público, jamás fueron propuestos como testigos ni por el acusador ni por la señora fiscal del Ministerio Publico” lo cual lo derivó efectivamente de la prueba testifical en referencia, quienes afirmaron E.A.R. no conocer a L., que su trabajo no es en el área donde está el caso, que trabaja con la Exportadora del Atlántico pero en otro sitio, que en su momento acompaño a sus jefes a inspeccionar el terreno sin encontrar a L., que quienes dieron aviso fueron otro personal de guardia a los jefes superiores; por su parte J.D. C. R., refirió no conocerlo a Leandro y que no vio a L. en la tierra, solo los mozos de él. El Sentenciador con estos testimonios concluyó por tanto, “…que el valor probatorio de los testigos de referencia queda un tanto en el aire porque carece de soporte confirmatorio que permita establecer sin lugar a dudas la veracidad de sus dichos;por lo tanto no es posible atribuir al acusado la realización de actos tendientes a asegurar la ocupación y aprovechamiento del terreno propiedad de Exportadora del Atlántico S.A. de C.V.”En el resto de la sentencia el Juzgador explicó de manera razonada y concatenada cada medio de prueba y cómo lo relacionó, no encontrando fundamentos para condenar al acusado, al no demostrarse los hechos con los cuales los acusadores calificaron el delito de Usurpación definido y circunstanciado en el artículo 227 del Código Penal, todo lo cual quedó conformado teniendo como base las Reglas de la Sana Crítica mismas que fueron aplicadas correctamente, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓNNo ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su único motivo.No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 338, 359, 360, 362 numeral 3, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: DeclaraNo Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su único motivo.Segundo:Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo; ambos interpuestos por el Abogado Nelson Javier Pavón Guillen, actuando en su condición de Acusador Privado de la Exportadora del Atlántico S.A. de C.V. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la Sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-361-2014.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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