Sentencia CP-360-14 — Registro 9504
Resumen
Se condena al imputado por el delito de Sustracción de un objeto confiado a la custodia de un funcionario público y violación de los deberes de los funcionarios, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de marzo de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha 26 de mayo de 2014, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor M. E. D. N., a la pena de 3 años y 9 meses, por los delitos de Sustracción de un objeto confiado a la custodia de un funcionario público y Violación de los deberes de los funcionarios todos en concurso ideal, en perjuicio de la Administración Pública; asimismo lo condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado F. R. C. G., actuando en su condición de Defensor Privado del acusado M. E. D. N.. Son Partes En Única Instancia: El Abogado F. R. C. G., Defensor Privado del acusado M. E. D. N., en su condición de Recurrente; la Abogada M. E. G., Agente Fiscal del Ministerio Público y el Abogado A. C. E. en representación de la Procuraduría General de la República, en su condición de Recurridos. III. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “UNO.- Que en fecha cinco de agosto del año dos mil once, mientras el Abogado M. E. D. N., cumplía su turno como Coordinador de la oficina regional del Ministerio Público en Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, como a eso de las tres de la tarde llegó a su oficina regional del Ministerio Público el agente de investigación H. S. quien en el ejercicio de sus funciones le hizo entrega formal del expediente investigativo Denuncia 404-2011, junto con las evidencias correspondientes al caso, y consistentes en un arma de fuego tipo revólver Smith Wesson, empuñadura de madera y serie borrosa, y otras evidencias. DOS El Abogado M. E. D. N., recibió el expediente investigativo Denuncia 404-2011, sin practicar el ingreso conforme a la ley, del arma de fuego tipo revólver Smith Wesson empuñadura de madera, serie borrosa, recibida como evidencia, por parte del agente H. S., al almacén de evidencias, e igualmente no registró su ingreso en dicho almacén, en el centro de computo del Ministerio Público. TRES: El abogado M. E. D. N., con el expediente investigativo, a la vista presenta el correspondiente requerimiento fiscal ante el Juzgado Tercero de Letras Departamental, describiendo el arma de fuego, celular y vehículo como evidencias sin poner a la orden el órgano jurisdiccional las evidencias de mérito y ya en el juicio oral y público en el proceso seguido contra el señor J. G. H. M., acusado por el delito de Asesinato en perjuicio de M. L. R. M., por la no presentación de la evidencia y la imposibilidad de la práctica en la pericia se dicto sentencia absolutoria.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS “Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma: Expresión Del Motivo De Casación Motivo Único: No haber puesto en practica las reglas de la sana critica, en relación a la valoración lógica de las pruebas en conjunto. Precepto Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, en relación con la valoración y la no valoración de los medios de prueba y no se observaron las reglas de la sana critica.- Desarrollo Del Motivo Invocado: “el tribunal de Sentencia de Santa Bárbara al momento de dictar sentencia definitiva en fecha veintiséis de Mayo del año dos mil catorce, lo hizo condenando al abogado M. E. D. N. que el día cinco de Agosto del año dos mil once el Abogado M. E. D. N. en su horario normal de trabajo se encontraba en la oficina regional del Ministerio Público donde llegó el agente de investigación H. S. quien le hizo entrega formal del informe del caso 404- 2011, el Abogado M. E. D. N. elaboró de inmediato el requerimiento fiscal y lo presentó al Juzgado Tercero de Letras Departamental describiendo un arma de fuego, un teléfono celular y un vehículo como evidencias ya que dichas evidencias se mencionaban en el informe presentado por los agentes de Investigación Criminal, tal hecho que para el recurrente no constituye una conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico de nuestro país, el tribunal de sentencia en consecuencia lo condena incurriendo en quebrantamiento de las reglas de la sana crítica al ultrajar los cánones de la lógica formal convirtiendo la sentencia referida en: a- La sentencia no obedece las reglas de la lógica b- Sus razonamientos no obedecen las reglas de la deducción lógica formal. c- Que con las premisas propuestas es imposible llegar a la conclusión y consecutiva convicción de culpabilidad del imputado d- Que el tribunal construye hechos para apoyar sus teorías e- Que las conclusiones o hechos obedecen al pensamiento natural e inductivo y no lógico deductivo. f- Sus enunciados además de estar mal planteados, son de orden especulativo y contradictorio. Todos los defectos anteriores señalados provocan indefectiblemente un error en la estructuración y en su fallo da como hechos probados imaginaciones irracionales que contradicen no solo la verdad de los hechos que ocurrieron el cinco de Agosto del año dos mil once, sino también contradicen los mismos medios de prueba evacuados en el juicio propuestos por El Ministerio Público, en efecto y de conformidad con la sección cuarta del artículo 338 del Código Procesal Penal, El Tribunal de Sentencia tenía la obligación de valorar los actos del debate conforme a las reglas de la sana crítica racional, es decir, sustentando la sentencia mediante el estudio que hace de la prueba utilizando las leyes de la lógica, las reglas de la psicología y la experiencia común. Para la lógica formal las conclusiones, teorías, teoremas, leyes o simples racionamientos populares están constituidos sobre premisas o presupuestos y éstos los divide a su vez en premisas o presupuestos válidos o premisas y presupuestos verdadero; premisa valida es aquella que obedece a la voluntad del que la construye, es decir, caprichosamente construida a la medida del autor, por otro lado premisa verdadera, exige ser comprobada, ser científica y excluye valoraciones fingidas por tanto, en el caso en que conocemos el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, se ha dejado convencer por premisas válidas construidas por tres testigos que siendo parte interesada porque siendo los responsables de haber creado impunidad en el caso 404-2011 donde absuelven a los responsables de un homicidio crean una premisa válida, es decir caprichosamente construida a la medida de estos autores y el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara hace caso omiso y no valora las premisas verdaderas que son infalibles, auténticas, indiscutibles, reales y como pueden ser comprobadas también se les puede denominar científicas por lo anteriormente expuesto podemos denominar que los hechos que el Tribunal de Sentencia da como probados al estar basados en premisas válidas pero no en premisas verdaderas se denomina como Inferencia o Derivación, en cambio si fuesen basados en premisas científicamente comprobadas se les llamaría Deducción Lógica. FALTAS A LA LOGICA DEDUCTIVA POR PARTE DEL TRIBUNAL DE SENTENCIAS QUE CONVIERTE CONTRADICTORIO SU FALLO DE FECHA VEINTISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE 1. Comenzaremos a establecer que el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara da como hecho probado y consta en la segunda página al final del tercer párrafo de la sentencia subtitulada Hechos Probados Número Uno el cual señala textualmente que el Abogado M. E. D. N. recibió de manos del Agente de investigación H. S. un expediente investigativo denuncia 404-2011 juntos con las evidencias correspondientes del caso y consistentes en un arma de fuego, tipo revólver y otras evidencias. ¿Cómo puede el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara expresar que es un hecho probado lo anteriormente expuesto? Y que ha valorado conjuntamente las pruebas si en la declaración del Agente de investigación H. S. que fue un testigo propuesto por el Ministerio Público y que a criterio de la parte recurrente es parte interesada la cual se encuentra desde la veinte página en adelante del acta del debate él expresa que eran tres evidencias: un arma, un vehículo y un teléfono celular en la misma declaración asegura haber dejado el vehículo en la oficina de la DNIC de Quimistán, también declara que el Abogado M. D. nunca le recibió el teléfono celular; y en la misma declaración el dice haber mandado un fax de Quimistán que era una copia de una cadena de custodia y al ponerle a la vista el fax al Tribunal claramente se lee que fue enviado de Catacamas y al preguntarle tal extremo dice haberse equivocado quedando evidenciado que llegó a mentir al tribunal y teniendo el ministerio Público tal evidencia se olvida de la objetividad y lo que hace es no proponer ese medio de prueba ya que la firma que allí aparece no es la del abogado M. E. D. N. y el mismo Tribunal en la sentencia manifiesta que se dibujó su firma quedando únicamente como medio de prueba en contra del imputado las declaraciones de los testigos dos, agentes de investigación que son interesados ya que fueron los responsables de crear impunidad en el caso 404-2011 por el delito de asesinato. En la declaración del Agente de investigación S. I. T. V. que también fue un testigo propuesto por el Ministerio Público y que a criterio de la parte recurrente también es parte interesada que se encuentra desde la página veinte y seis en adelante del Acta de Debate al preguntársele si traían el vehículo refiriéndose al vehículo que servía como evidencia, él claramente expresó “No, no lo traíamos”; En la copia autenticada del libro de novedades de La Dirección Nacional de Investigación Criminal de Quimistán, Santa Bárbara que se encuentra entre los medios de prueba evacuados en el Juicio, señala que el día cuatro de Agosto del año dos mil once los Agentes antes mencionados, ingresaron a las instalaciones de la DNIC De Quimistán, Santa Bárbara con las evidencias del caso, pero en las novedades del cinco de Agosto, ósea del día siguiente registran la novedad que los agentes antes mencionados salen hacia la ciudad de Santa Bárbara a dejar a unos detenidos. ¿DÓNDE QUEDARON LAS EVIDENCIAS? II. El Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara da como hecho probado y consta en la segunda página el cuarto párrafo de la sentencia subtitulada Hechos Probados Número Dos el cual señala que el Abogado M. E. D. N. no practicó el ingreso conforme a la Ley del arma de fuego tipo Revólver Smith Wesson, empuñada de madera, serie borrosa, recibida como evidencia por parte del agente H. S., al almacén de evidencias, e igualmente no registró su ingreso en dicho almacén, en el centro de cómputo del Ministerio Público. ¿Cómo el abogado M. D. va a registrar en el libro de evidencias y en el sistema digital del almacén de evidencias, evidencias que no ha recibido? El Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara se contradice en cuanto a que en el hecho probado número uno responsabiliza al Abogado de haber recibido como medios de prueba un arma, un teléfono celular y un vehículo, y en el hecho probado número dos responsabiliza al Abogado M. D. de no haber registrado en el libro de evidencias y en el sistema digital el arma de fuego. Eso demuestra la inseguridad que existe en el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara en cuanto a los hechos probados en este caso. III. El Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara da como hecho probado y consta en el primer párrafo de la tercera página de la Sentencia subtitulada Hechos Probados Número Tres el cual señala que el Abogado M. E. D. N. teniendo el expediente a la vista presentó el requerimiento fiscal y describe como evidencias un arma de fuego, un celular y un vehículo tal como se encuentra descrito en el expediente presentado por la DNIC, no pone a la orden del Juzgado dichas evidencias y en el Juicio se dictó sentencia absolutoria a los responsables de un asesinato por la no presentación de la evidencia y la imposibilidad de la pericia. El Hecho probado número tres se contradice con el hecho probado número uno ya que en el hecho probado numero tres el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, manifiesta apegado a la verdad que el Abogado M. E. D. N. con el expediente a la vista elaboró el Requerimiento Fiscal y lo presentó en el Juzgado de Letras Tercero de Letras Departamental, donde describe como evidencias un arma de fuego, un celular y un vehículo como igualmente lo describe el informe elaborado por la DGIC que el Abogado M. D. tenía a la vista, mientras que en el hecho probado número uno, el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara menciona que al Abogado M. D. se le entregó no solo el expediente investigativo como lo menciona en el hecho probado número tres, sino también un arma de fuego y las otras evidencias como ser un teléfono celular y un vehículo, tales contradicciones dejan en manifiesto que el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara atenta con el razonamiento lógico en la aplicación de las reglas de la sana crítica en que debe fundamentarse.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Único Motivo. Interpuesto por la Defensa Privada. Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Sin Determinar por el Recurrente. Concepto de la Infracción Expuesto: No haber puesto en práctica las reglas de la sana crítica, con relación a la valoración lógica de las pruebas en conjunto. Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Sin Determinar por el Recurrente. Pretensión: Sin Determinar por el Recurrente. El Pretensor refiere que el sentenciador da como hechos probados imaginaciones irracionales que contradicen, no solo la verdad de los hechos, sino que los mismos medios de prueba evacuados, para luego hacer una descontextualización de lo aportado por algunos medios probatorios, que fueron evacuados en la audiencia de debate, al argumentar el censor “que el Tribunal de Sentencia ha faltado a la lógica deductiva que convierte su fallo contradictorio, ya que la declaración del agente de investigación H. S., (que a criterio del censor es parte interesada), expresó que eran tres evidencias: un arma, un vehículo y un teléfono celular, asegurando dejar el vehículo en la oficina de la DNIC de Quimistán; también declaró que el acusado M. D. nunca le recibió el teléfono celular; que mandó un fax de Quimistán que era una copia de una cadena de custodia y al ponerle a la vista el fax al Tribunal, claramente se lee que fue enviado de Catacamas y al preguntar tal extremo dice haberse equivocado quedando evidenciado que llegó a mentir al tribunal; continuó expresando el Censor que en la declaración del Agente de Investigación S. I T. V. (que a criterio del recurrente es parte interesada), al preguntársele si traían el vehículo refiriéndose al vehículo que servía como evidencia, expresó “No, no lo traíamos”; en la copia autenticada del libro de novedades de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Quimistán Santa Barbará, señala que el cuatro de agosto de dos mil once, los agentes antes mencionados ingresaron a las instalaciones de la DNIC de Quimistán, Santa Bárbara con las evidencias del caso y que al siguiente día registran que los agentes en referencia salen a la ciudad de Santa Bárbara a dejar unos detenidos, a lo que el censor se pregunta ¿Dónde quedaron las evidencias?”
Así mismo el Censor cuestiona: ¿Cómo el acusado M. D. va a registrar en el libro de evidencias y en el sistema digital del almacén de evidencias lo que no ha recibido? por lo cual refiere “que el Tribunal Sentenciador se contradice en cuanto a que el hecho probado número uno responsabiliza al acusado de haber recibido un arma, un teléfono celular y un vehículo, en el hecho probado número dos lo responsabiliza de no haber registrado en el libro de evidencias y en el sistema digital, el arma de fuego”. Persiste el Censor “que el hecho probado número tres se contradice con el hecho probado número uno, al expresar el Tribunal Sentenciador que el acusado con el expediente a la vista elaboró el requerimiento fiscal y lo presentó en el Juzgado de Letras Departamental, describiendo como evidencias un arma de fuego, un celular y un vehículo, descrito de igual forma en el informe elaborado por la DGIC, mientras en el hecho número uno, el sentenciador refiere que se le fue entregado al acusado no solo el expediente administrativo como lo menciona en el hecho probado número tres, sino un arma de fuego y las otras evidencias como ser un teléfono celular y un vehículo”. En conclusión el Censor manifiesta que tales contradicciones dejan en manifiesto que el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara atenta con el razonamiento lógico en la aplicación de las reglas de la sana crítica en que debe fundamentarse. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología.
Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El Principio de t. Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o Cuando la conclusión este basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 3. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 4. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo. Los hechos declarados probados son el resultado del proceso de valoración de los diferentes medios de prueba que son aportados en la audiencia de debate; valoración tanto individual como conjugada, que para poder ser realizada por los juzgadores aplican las reglas de la sana crítica que componen el recto entendimiento humano y que es el sistema de valoración probatoria que dispone el Código Procesal Penal que debe ser usado por los Tribunales de Justicia en materia penal. En el presente caso, el Pretensor formula denuncia de violación al principio lógico de una forma generalizada, por haber valorado positivamente el Tribunal de Sentencia a los testigos H. I. S. J. y S. I. T. V. y al medio de prueba documental consistente en una copia autenticada del libro de novedades de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Quimistán Santa Bárbara, dándoles a criterio del censor, el alcance probatorio del que carece la información brindada por éstos, lo cual, no constituye una denuncia certera, pues efectivamente el A-Quo, ha puesto cuidado al contenido de las declaraciones, haciendo una reconstrucción atinada de los hechos históricos. Declaraciones en su contexto que fueron cuestionadas por el Pretensor son las siguientes: 1. H. I. S. J., quien entre otros hechos, admitió en el desarrollo del Juicio: “tener conocimiento de un arma que se extravió por un expediente que trabajó con su compañero de nombre S. T.; que entregó el arma; tener copia de una cadena de custodia que la recibió el abogado M. D.; a preguntas de la Fiscalía ¿Cuántas evidencias recolectó en la investigación? Respondió: un arma, un vehículo y un celular; en cuanto al vehículo ¿Levantó cadena de custodia? Respondió: no, porque la fiscalía siempre alegaba que no tenía parqueo para vehículo y se dejaba estacionado en los predios que tenía la DNIC, que no podía recibir una evidencia como un vehículo que no iba estar a la vista de él, se mencionaba en el informe que estaba a disponibilidad de la fiscalía, parqueado en los predios enfrente de la posta policial de Quimístan, Santa Barbara; ¿Había otras evidencias? Contestó: era un celular, como le manifesté, posterior el abogado no quería firmarme las cadenas de custodia, más el arma que era que le habían dado muerte a la muchacha, el celular no me firmó la cadena de custodia, lo dejé embalado la cadena de custodia sin recibir; a preguntas de la Defensa Privada, ha referido al interrogatorio que usted envió por fax la cadena de custodia ¿Qué fax lo envió? Responde del fax de la oficina, que pertenece a la policía preventiva; ¿Del sector de Quimístan? Responde, queda a la par de la DNIC, ¿Cuántas veces lo envió? Al abogado V. en dos ocasiones, ¿A otras personas? Al abogado J. me la pidió en una ocasión, ¿Siempre se las envió del mismo fax? Si del mismo, Se le pone a la vista un documento ¿Reconoce usted el documento? Si, ¿Qué lugar se consigna? La fecha 13 de marzo del año 2012, la hora, DNIC Catacamas, ¿y el teléfono? 2977-7005, ¿Explique al Tribunal como usted hace llegar ese fax desde Catacamas? Fueron en varias ocasiones, las que más recuerdo son las que mencionó, fui asignado el 15 de septiembre de 2011 a Catacamas, pude ser que haya faxeado yo la cadena de custodia, desde ese lugar, no tengo recuerdo de que teléfono, pero si estuve asignado en ese lugar, si fueron ya casi tres años, recordaba más cuando estaba en Quimístan, que fue cuando me empezaron a pedir los fax. A preguntas de Juez J. P., ¿Cuál es el procedimiento que usan cada vez que hay un detenido y hay evidencia? Respondió: En este caso se detuvo al muchacho, primeramente, luego no teníamos ninguna evidencia que vinculara al individuo, tenía el arma, la embalé personalmente, realicé la cadena de custodia, posteriormente de tener el informe listo y todo embalado, se pone a disposición de un fiscal de turno, ¿Quién trajo la evidencia ese día? Yo. ¿Qué traía? Un arma de fuego, un celular, solamente eso, ¿A quien se las traía? Estaba un abogado de turno, no recuerdo el nombre, quien, de los abogados, al final quien me terminó recibiendo el arma de fuego y el celular fue el abogado M. D., personalmente, yo se la entregué, él estaba en la oficina, la última oficina de mano derecha, él estaba ahí, ¿Firmaron la cadena de custodia? ¿La del arma de fuego, le dijo algo que no quería firmar? Cuando yo le entregué la evidencia que iba saliendo, que tenía algo que hacer y que luego me iba la cadena de custodia, yo le pedí que firmara la del arma, y me firmó la del arma, dejando de firmarme lo que era del celular, pero quedo él con el celular”. 2. Declaración del S. I. T. V., el que oralmente informó a los jueces en la audiencia de debate, entre otras cosas: “Que el día 4 de agosto de 2011, ocurrió un asesinato en Quimístan, Santa Bárbara, en el cual estaba asignado en ese entonces, hicimos el respectivo levantamiento, como el caso era sonado en la comunidad, comenzamos a trabajarlo, con un grupo de compañeros de la DNIC, el día 4 de agosto de 2011, le dimos captura a los sospechosos del delito, decomisamos una arma tipo revólver, un celular y un vehículo tipo pick-up, el día cinco de agosto de dos mil once, nos desplazamos con el compañero H. S., encargados del caso, llegamos a la oficina del abogado M. D., entonces coordinador de la fiscalía, le entregamos el caso, y las evidencias, el abogado andaba un poco rápido, siempre rápido nos dijo que no podía recibir las evidencias, que tenía que salir, mi compañero H. le dijo que le recibiera el arma de fuego por lo menos, que era la principal evidencia del asesinato, la recibió y posteriormente le recibió el informe investigativo, después nos dimos cuenta que se había perdido una arma y no aparecía. A las preguntas respondió ¿Quién remite esas evidencias a esta ciudad de Santa Bárbara? Respondió: mi compañero H. S. y su servidor, ¿Traían el vehículo? No, no lo traíamos, ¿Por qué no pusieron a la orden el vehículo automotor, sí ahí supuestamente habían trasladado a la víctima y había rastro de sangre? Recuerde que de Santa Barbara a Quimístan está a una hora o más, no estaba en las condiciones, estaba punchado, no podíamos traer un vehículo de Quimístan hasta acá, porque nos pudiéramos quedar en la carretera, eso es algo normal que los vehículos se dejen en los predios de la DNIC”. 3. Copia autenticada del libro de novedades de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Quimistán, Santa Bárbara evacuada a propuesta de la defensa, la cual fue analizada por el Tribunal Sentenciador en conjunto con otros documentos a propuesta de la defensa, considerando “que los mismos son parte de las investigaciones en la causa incoada en contra de J. G. H. M., los cuales resultan insuficientes por un lado para justificar la omisión del imputado M. D. como funcionario público, y por otro para descartar el elemento de culpabilidad para la existencia del delito “. El Tribunal de Sentencia valoró efectivamente la copia autenticada del libro de novedades, que fue valorada en conjunto con otras pruebas y resultó insuficiente en descargo de la acusación, así como de los testimonios, con los cuales sustenta la declaración de los hechos probados en su acápite uno, conteniendo aspectos señalados por los declarantes, como ser que H. S. hizo entrega formal de las evidencias correspondientes al caso, al señor M. E. D. N., consistente en un arma de fuego y otras evidencias como ser el aparato celular, a excepción del vehículo, como bien dijo el señor H. I., el mismo se encontraba en los predios enfrente de la posta policial de Quimistán, Santa Barbará. Asimismo, la declaración del señor S. I. T. V. confirmó lo dicho por el señor H. I. y agrega que el vehículo no lo trajeron, argumentando la distancia de un lugar a otro, el estado en el cual se encontraba el vehículo y que es normal que los vehículos sean dejados en los predios de la DNIC, no encontrando la Sala de lo Penal aspectos contradictorios como los denunciados por el recurrente; en cambio, lo señalado por los juzgadores concuerda con lo declarado por los testigos en mención, valorando la prueba de forma conjunta y armónica, respetando las reglas de la lógica, las cuales fueron denunciadas como infringidas por el recurrente, quien al momento de desarrollar el contenido de su recurso, descontextualizó lo depuesto por los testigos y hace sus propias valoraciones subjetivas. En referencia a lo acotado por el censor, en relación a que los testigos H. I. S. J. y S. I. T. V., son parte interesada y que el primero llegó a mentir al tribunal, son apreciaciones subjetivas encaminadas a obtener un reexamen o revalorización (revisio de facto) de dichos testigos, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren este medio de prueba, extraigan conclusiones probatorias y luego compararlas con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de sentencia está bien o mal, a depender si coincide la valoración de la prueba, todo ello impropio en esta instancia. En conclusión no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo uso de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. El Censor ha persistido en recalcar la contradicción del hecho probado número Dos, con el hecho probado número Uno, argumentando que el acusado M. D. no practicó el ingreso conforme a la ley, al no registrar el arma de fuego recibida como evidencia en el almacén de evidencias, ni en el centro de cómputo del Ministerio Público, lo que a su criterio era imposible registrar al no haber recibido evidencia alguna el acusado M. D., pues el hecho primero lo responsabiliza de haber recibido medios de prueba, un arma, un teléfono celular y un vehículo y el hecho segundo, de no haberlas registrado, demostrando inseguridad en el Tribunal Sentenciador, contradicción que también le atribuye al hecho probado número Tres al manifestar el Juzgador que el acusado M. D. con el expediente a la vista elaboró el requerimiento fiscal y lo presentó en el juzgado correspondiente describiendo como evidencia: un arma de fuego, un celular y un vehículo, mientras que en el hecho probado número uno, el sentenciador menciona que a M. D. se le entregó no solo el expediente investigativo como lo menciona el hecho probado número Tres, sino también un arma de fuego y las otras evidencias como ser un teléfono celular y un vehículo. Al hablar de contradicción, en el párrafo que antecede, el censor encamina su denuncia a los hechos comprendidos en el relato fáctico por ser contradictorios entre sí, de tal forma que la afirmación de uno implique la negación de otro. Siendo que el recurso planteado por el recurrente debió dirigirse, como lo hizo con el hecho probado número uno, a la inobservancia de las reglas de la sana crítica, pauta que omitiera el sensor al referirse al hecho probado Dos y Tres el cual se encamina a un motivo de casación distinto al presentado, siendo éste el contenido en el artículo 362.1 CPC “falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados... o que sea contradictoria” que debió haberse formalizado por separado por ser excluyente. Es de reflexionar que no puede formalizarse recurso de casación por quebrantamiento de forma alegando contradicciones con medios probatorios para luego atacar en si el relato fáctico. V. DECISIÓN No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362.3 del Código Procesal Penal. falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado F. R. C. G., actuando en su condición de Defensor Privado del señor M. E. D. N. Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha 26 de mayo de 2014, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en la cual se declara la responsabilidad penal del señor M. E. D. N. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de abril de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-360-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL