Sentencia CP-359-14 — Registro 13693
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por los delitos de Sustracción de Documentos apreciado en Concurso Medial con el delito de Cohecho, en perjuicio de La Administración Pública, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ha revisado el acumulado judicial, apreciando que en fecha 15 de febrero de 2008, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el señor Oscar Guillermo Paredes Rosales por suponerle responsable a título de autor del delito de Abuso de Autoridad y Sustracción de Documentos en concurso ideal con el delito de Cohecho en perjuicio de la Administración Pública; sin embargo el 31 de mayo de 2010 se celebró la audiencia de Suspensión Condicional de la Persecución Penal (f. 173), donde el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, resolvió autorizar la aplicación de la medida desjudicializadora a favor del señor Oscar Guillermo Paredes Rosales a quien se le seguía proceso por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública (f.175v) tipificado en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal en relación al artículo 118 numeral 4 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, al haber ejecutado actos contrarios a la Ley, a razón de la prohibición como empleado del Registro Nacional de las Personas de suministrar a los particulares cualquier tipo de información, documentos entre otros que son de uso exclusivo de la institución, ante lo anterior, el Recurrente ha denunciado en esta instancia, que su representado ha sido sometido a un doble juzgamiento, por la razón que al aplicarle los mismos hechos en la medida desjudicializadora, también fue condenado por el delito de Sustracción de Documentos Públicos apreciado en Concurso Medial con el delito de Cohecho. La reseña anterior permite a la Sala de lo Penal advertir que el “Non bis in ídem” o prohibición de doble juzgamiento consignada en el artículo 95 de la Constitución de la República, así como también en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, consiste en la prohibición de someter a proceso a un imputado dos veces por el mismo hecho, sea en forma simultanea o sucesiva, es decir que de un mismo hecho resulte sancionado más de una vez; analizando entonces, tiene como objetivo impedir que alguien pueda estar sujeto a persecuciones litigiosas, cuando ya ha cumplido una condena previa, o haya sido absuelto definitivamente.- Dicho principio tiene una íntima conexión con la institución de cosa juzgada, puesto que la aplicación del mismo impide un ulterior enjuiciamiento, que en perjuicio del reo vaya en contra de lo resuelto definitivamente en un proceso anterior. En el proceso penal únicamente gozan de la cosa juzgada material (principio ne bis in ídem) dos tipos de resoluciones: 1. Las sentencias, siempre de fondo del proceso, tanto las absolutorias como las condenatorias; y, 2. Los autos de sobreseimiento definitivo, dictados con ocasión de la audiencia inicial o preliminar, al amparo del artículo 296 del Código Procesal Penal; ante ello, las resoluciones de medidas desjudicializadoras, como el caso de la Suspensión Condicional de la Persecución Penal no produce los efectos de cosa juzgada, pues su finalidad ha sido, que el Estado pueda, en ciertos casos, no renunciar al ejercicio del ius puniendi, sino el no ejercitar durante algún tiempo aquel derecho, bajo el entendido que, de cumplir el imputado la regla o reglas de comportamiento impuestas, éste queda extinguido, contrario al incumplimiento de dichas reglas, la medida desjudicializadora puede ser revocada en cualquier momento y el enjuiciamiento seguirá su curso. Aunando a lo anterior, la acusación del delito de Abuso de Autoridad como se expresó anteriormente, se debió al haber ejecutado el acusado, actos contrario a la ley, a razón de la prohibición como empleado del Registro Nacional de las Personas de suministrar a los particulares (Testigo Protegido 165-A) cualquier tipo de información, documentos entre otros que son de uso exclusivo de la institución, mientras el tipo penal de Sustracción de Documentos Públicos le fue acusado por tener en un vehículo automotor de su propiedad, documentos de uso exclusivo del Registro Nacional de las Personas como ser Certificación de Actas de Nacimiento con distintas series y otras sin series, formas sin llenar de constancias de tarjetas de identidad en trámite entre otros, siendo así, que la conducta del acusado Oscar Guillermo Paredes Rosales se debió a una pluralidad de acciones o conductas por lo cual le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes como es el caso del Abuso de Autoridad y de la Sustracción de Documentos Públicos y no como fue denunciado por el Recurrente. En este sentido, podemos concluir entonces que debido a esa pluralidad de conductas antijurídicas del acusado y por las cuales se le presentó requerimiento fiscal no solo por el delito de abuso de autoridad sino también por el delito de sustracción de documentos, al ser estos delitos autónomos, en nada afecta la aplicación de una medida desjudicializadora para el delito de Abuso de Autoridad el juzgamiento del delito de Sustracción de Documentos Públicos, por esta razón deviene improcedente el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. - Es posible detectar en la presentación del recurso de casación, la inadecuada técnica recursiva utilizada por el censor para desarrollar su impugnación, faltando al principio de Debida Técnica. El artículo 363 del Código Procesal Penal señala que, tratándose del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, es necesario que el Censor señale claramente los motivos que fundan su interposición, debiendo ser aquellos contenidos en el artículo 362 y en caso de existir varios, desarrollarlos de manera separada, citando en cada uno la norma procesal que se considere infringida, fijando el concepto de la infracción, exponiendo las peticiones presentadas para sanear el vicio en los casos que proceda, desarrollando la argumentación que compruebe la existencia del vicio y finalmente haciendo su formal petición al Tribunal de Casación de su pretensión. En el caso de marras, el Censor plantea en un solo título dos motivos distintos que debieron ser desarrollados por separado en igual número de motivos, y que además en sí mismos resultan impropios, a saber: 1. Se reclama que los hechos probados no son claros, por considerar el Recurrente que de los mismos no se advierte la responsabilidad de los delitos a los cuales fue condenado el acusado, mucho menos, el actuar del acusado, olvidando el Censor, que al denunciar que el factum no es claro, dicho vicio, se refiere a la redacción del mismo, en cuanto a la utilización de términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibiliten su comprensión, eso ocurrirá si dentro de los hechos probados se utilizaran expresiones como posiblemente, aparentemente, tal vez u otro similares que no conlleven a obtener certeza del acontecimiento histórico reproducido y no en cuanto a denunciar que alguno de los extremos del hecho probado en falso, por lo cual concluye la Sala de lo Penal que los hechos probados si conducen al lector a una conclusión precisa del hecho. 2. Indica falta de motivación en la declaración de los hechos probados, sin que éste haya sido desarrollado en el recurso invocado, sin embargo, se le aclara al Recurrente que este motivo no se refiere a los hechos probados, puesto que al analizar el motivo del numeral 1 del Artículo 362 del Código Procesal Penal, éste hace alusión precisa al hecho histórico, por lo que hablar de motivación fáctica, bajo el motivo de estudio, es referirse a la valoración probatoria. La casación por quebrantamiento de forma va dirigida a la demostración de los vicios ocurridos en la tramitación del juicio que afectan sus regulaciones esenciales, sin embargo, el Censor al desarrollar los motivos, dado los varios supuestos en cada uno de ellos contenidos, no indica con exactitud ese tipo de vicios para que el Tribunal de Casación pueda determinar si el Tribunal de Sentencia aplicó una afectación a disposiciones procesales concretas. Todo lo cual vuelve el recurso falto de claridad y precisión y no permite a esta Sala dar una respuesta conforme a los alegatos expresados..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.
SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha 16 de enero de 2014, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenando al señor Oscar Guillermo Paredes Rosales, a la pena principal de seis (06) años, tres (03) meses de reclusión, por la comisión de los delitos de Sustracción de Documentos apreciado en Concurso Medial con el delito de Cohecho, en perjuicio de La Administración Pública.- Segundo: Condenando al señor Oscar Guillermo Paredes Rosales a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta, por el doble de tiempo que dure la reclusión e Interdicción Civil por el tiempo que duren las penas principales.- Tercero: Se declaró al señor Oscar Guillermo Paredes Rosales la responsabilidad civil .- Cuarto: No procedió condenar con costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Quinto: No procede el comiso.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, los Abogados Ceferino Justiniano Lara y Fredy Omar Madrid, actuando en su condición de Defensores Privados del señor Oscar Guillermo Paredes Rosales. Son Partes En Única Instancia: El Abogado Fredy Omar Madrid, Defensor Privado en su condición de recurrente. La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO.- En el mes de febrero del año 2008, el testigo protegido 165A, compareció a las instalaciones del Registro Nacional de las personas RNP, ubicado en ese entonces en el boulevard Juan Pablo Segundo, frente al local que ocupa la empresa LEYDE, sector nor-este de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con el fin de tramitar una reposición de la contraseña de identidad de identidad de un amigo, una vez en dicho lugar, un tramitador, le recomendó al empleado público OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES, indicándole que este podía ayudarlo; durante la entrevista, éste le solicitó Dos mil lempiras (L.2,000.00) a cambio de extenderle el documento solicitado, pero, acordaron rebajar dicha suma, y en definitiva, le entrego Mil Quinientos Lempiras (L. 1,500.00), pues, solo esa cantidad portaba, Minutos después, en el vehículo propiedad del señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES, éste le entregó al testigo 165A una contraseña de estar en tramite la identidad en blanco, firmada y sellada por la autoridad correspondiente del Registro Nacional de las personas RNP. SEGUNDO: El 15 de febrero del año 2008, autoridades de la Dirección General de Servicios Especiales, practicaron una inspección en el vehículo Dodge Neón color gris propiedad del señor OSCAR GUILLERO PAREDES ROSALES, encontrando en su interior: 1.- Catorce (14) certificaciones de actas de nacimiento que corresponden a las series 10832540, 10832541,10538925, 10699608, 10849534, 10849533, 10840532, 10849530, 10830921, 10845126, 9820579, incluida una certificación literal con serie 11131556 y dos certificaciones sin serie, uno con número de identidad 0501-1972-000713 y otra con identidad numero 0501-1973- 03238, todos los documentos antes mencionados en original.- 2.-Seis (6) copias de certificación de actas de nacimiento con series: 3219551, 1455479, 6478293, 6478292, 7102179, y una literal con serie 11131556.- 3.Ocho (8) formas sin llenar de constancias de tarjetas de identidad en trámite, una forma sellada conteniendo datos de fecha 09 de enero de 2008, dos formas (hojas membretadas) de naturalización originales con series 10120830, 10065841.- 4.-Tres (3) contraseñas originales con los números de identidad siguientes: 0510-1984-00807, 0501-1987-09693, 0501-1971- 041180.- 5.-Dos (2) inscripciones de nacimiento (copia) con números de actas: 04984, 011093.- 6.- Una (1) copia de contraseña con número de identidad 0501-1976-06212.- 7.-Una (1) copia de certificación de acta de matrimonio con número 00235.- 8.-Un (1) papel informal firmado y sellado conteniendo seis números de identidad.- 9.-Una declaración jurada de vehículo con número 42031176162, un copia de revisión 334569, dos copias de VL, una forma para declaración de valores aduaneros, una copia de título de propiedad para vehículo, una copia de boletín de liquidación aduanera, dos copias de recibo de compra de pintura automotriz arquitectónica ambas de fecha 29-10-2007, un carné de identificación del Registro Nacional de las Personas RNP que corresponde al señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES con el cargo de llenados de formularios.- 10.-Un (1) sello original del Registro Nacional de las Personas RNP de solicitud de identidad 0501 marca Trodat.- Una vez realizado lo anterior, procedieron a detener al señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES y a ponerlo a la orden de las autoridades correspondientes.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS LOS RECURRENTES ABOGADOS CEFERINO JUSTINIANO LARA Y FREDY OMAR MADRID, DEFENSORES PRIVADOS, PROCEDIERON A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN. HECHOS DECLARADOS PROBADOS POR EL TRIBUNAL SENTENCIADOR: “PRIMERO.- En el mes de febrero del año 2008, el testigo protegido 165A, compareció a las instalaciones del Registro Nacional de las personas RNP, ubicado en ese entonces en el boulevard Juan Pablo Segundo, frente al local que ocupa la empresa LEYDE, sector nor-este de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, con el fin de tramitar una reposición de la contraseña de identidad de identidad de un amigo, una vez en dicho lugar, un tramitador, le recomendó al empleado público OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES, indicándole que este podía ayudarlo; durante la entrevista, este le solicito Dos mil lempiras (L.2,000.00) a cambio de extenderle el documento solicitado, pero, acordaron rebajar dicha suma, y en definitiva, le entrego Mil Quinientos Lempiras (L. 1,500.00), pues, solo esa cantidad portaba, Minutos después, en el vehículo propiedad del señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES, este le entrego al testigo 165A una contraseña de estar en tramite la identidad en blanco, firmada y sellada por la autoridad correspondiente del Registro Nacional de las personas RNP. SEGUNDO.- El 15 de febrero del año 2008, autoridades de la Dirección General de Servicios Especiales, practicaron una inspección en el vehículo Dodge Neón color gris propiedad del señor OSCAR GUILLERO PAREDES ROSALES, encontrando en su interior: 1.- Catorce (14) certificaciones de actas de nacimiento que corresponden a las series 10832540, 10832541,10538925, 10699608, 10849534, 10849533, 10840532, 10849530, 10830921, 10845126, 9810579, incluida una certificación literal con serie 11131556 y dos certificaciones sin serie, uno con número de identidad 0501-1972-000713 y otra con identidad numero 0501-1973- 03238, todos los documentos antes mencionados en original.- 2.- Seis (6) copias de certificación de actas de nacimiento con series: 3219551, 455479, 6478293, 647292, 7102179, y una literal con serie 11131556.- 3. Ocho (8) formas sin llenar de constancias de tarjetas de identidad en tramite, una forma sellada conteniendo datos de fecha 09 de enero de 2008, dos formas (hojas membretadas) de naturalización originales con series 10120830, 10065841.- 4.- Tres (3) contraseñas originales con los números de identidad siguientes: 0510-1984-00807, 0501-1987-09693, 0501-1971- 041180.- 5.- Dos (2) inscripciones de nacimiento (copia) con números de actas: 04984, 011093.- 6.- Una (1) copia de contraseña con número de identidad 0501-1976-06212.- 7.- Una (1) copia de certificación de acta de matrimonio con número 00235.- 8.- Un (1) papel informal firmado y sellado conteniendo seis números de identidad.- 9.- Una declaración jurada de vehículo con número 42031176162, un copia de revisión 334569, dos copias de VL, una forma para declaración de valores aduaneros, una copia de título de propiedad para vehículo, una copia de boletín de liquidación aduanera, dos copias de recibo de compra de pintura automotriz arquitectónica ambas de fecha 29-10-2007, un carné de identificación del Registro Nacional de las Personas RNP que corresponde al señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES con el cargo de llenados de formularios.- 10.- Un (1) sello original del Registro Nacional de las Personas RNP de solicitud de identidad 0501 marca Trodat.- Una vez realizado lo anterior, procedieron a detener al señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES y a ponerlo a la orden de las autoridades correspondientes.-” CASACION POR INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA. “PRIMER MOTIVO: Por Infracción de Ley Sustantiva: Haber infringido el juzgador un precepto penal sustantivo en relación a los hechos probados establecidos en la Sentencia; por aplicación indebida, del artículo 358 A, del Código Penal, que dice: “Quien sustraiga, oculte, destruya o inutilice registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona e interés del servicio público u objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente,…” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Partiendo de los hechos declarados probados en la sentencia, fácilmente se arriba a la conclusión de que en la sentencia que se está impugnando no se declaran probados hechos que pudieran subsumirse en la figura SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE COHECHO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Pues lo que se declara probado en un primer hecho, es que OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES en el mes de febrero del año 2008, el testigo protegido 165 A, compareció a las instalaciones del Registro Nacional de las personas RNP, ubicado en ese entonces en el boulevard Juan Pablo Segundo, frente al local que ocupa la empresa LEYDE, sector nor-este de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con el fin de tramitar una reposición de la contraseña de identidad de identidad de un amigo, una vez en dicho lugar, un tramitador, le recomendó al empleado público OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES, indicándole que este podía ayudarlo; durante la entrevista, éste le solicitó Dos mil lempiras (L.2,000.00) a cambio de extenderle el documento solicitado, pero, acordaron rebajar dicha suma, y en definitiva, le entrego Mil Quinientos Lempiras (L. 1,500.00), pues, solo esa cantidad portaba, Minutos después, en el vehículo propiedad del señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES, éste le entrego al testigo 165A una contraseña de estar en tramite la identidad en blanco, firmada y sellada por la autoridad correspondiente del Registro Nacional de las personas RNP.” Podemos observar que como hecho probado lo que encontramos, es que con el testimonio de una persona que carece de identidad real y verdadera, que realiza actos en una fecha no determinada y en favor “de un amigo” y no personales, dé sobra y más que dudosa credibilidad, por los actos que supuestamente realiza, se asume como hecho probado; actos que en su caso tendrían otra connotación legal, pero no se contiene los presupuestos del tipo penal de acuerdo al cuadro fáctico desarrollado, es importante al efecto que se analice, cuáles son los elementos que configuran ese delito, precisamente en la hipótesis prevista en el artículo 358A del Código Penal; veamos: 1.- “Quien sustraiga, oculte, destruye o inutilice registros o documentos; 2.- Confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona e interés del servicio público; 3.- U objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente”. Veamos, en seguida la descripción del presupuesto del artículo 361 del Código Penal “El funcionario o empleado público que solicite, reciba o acepte por si o a través de otra persona, dadivas, presentes, ofrecimientos, promesas o cualquier otra ventaja indebida para ejecutar un acto contrario a sus deberes que sea constitutivo de delito…” Es indiscutible que el caso en análisis, ninguna de esas acciones están desarrolladas en el hecho probado primero y segundo y que describan fueran realizadas el señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES, y que permita encuadrar la conducta en las figuras o tipos penales por la que fuera condenado, pues jamás se habla de que “haya sustraído, ocultado, destruido o inutilizado registros o documentos” y otra cosa sería, si se dijera para el caso, que poseía documentos en razón de un cargo de empleado que tenia en el Registro Nacional de las Personas; y que hizo uso de ellos de tal o cual forma, y esto no se declara como hecho probado, y siendo el verbo rector según el tipo penal, la palabra “sustraer” como se indica en la fundamentos jurídicos, ello no se configura en la descripción del hecho probado declarado como tal por el tribunal de sentencia; y por otra parte no existe identificación e individualización de una segunda persona que con sus nombres y apellidos, de certeza de la existencia de un cuadro fáctico en la figura de COHECHO, que sería el complemento en la descripción del hecho probado, pues tratase si fuera el caso de un delito bilateral, en donde hay sin lugar a dudas que identificar plenamente por nombre y apellidos a cohechante (cohecho activo) y cohechado (cohecho pasivo); de manera que no hacerlo, se cae al subjetivismo, y resulta incongruente que pueda entonces hablarse de la existencia recibir dadivas, hacer ofrecimiento o pago alguno; llevando todo ello a la imprecisión, incoherencia y por consiguiente dudoso lo contenido en dicho primer hecho probado, de manera que carece de logicidad encuadrar en un primer momento el tipo penal de SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS, EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE COHECHO. Es interesante referirse a lo expuesto en el apartado “Fundamentos jurídicos” numeral Segundo: que dice: “Los hechos que este Tribunal de sentencia ha declarado probados se encuentran enmarcados en el tipo penal de SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE COHECHO en base a los artículos 358 A y 361, en relación con el artículo 36 del Código penal”, de cuyos artículos de sustrae expresiones que se dice desarrolladas en los hechos probados, pero de la simple lectura de los mismos se colige no corresponden a los preceptos o presupuestos de los tipos penales indicados; pues igual al leer el SEGUNDO HECHO CONSIDERADO HECHO PROBADO, es una narración y descripción relacionado a documentos o papeles, que fueran encontrados productos de una investigación, inspección y decomiso, en un vehículo de propiedad del señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES, lo cual simplemente constituye narración de actuaciones procesales; pero de manera alguna un relato histórico que encuadre en un hecho típico penal; todo lo cual así queda demostrado de la parte última del citado hecho cuando el tribunal dice: “Una vez realizado lo anterior, procedieron a detener al señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES y a ponerlo a la orden de las autoridades correspondientes”.- En conclusión apreciamos que es necesario que en el hecho probado se relaten con precisión y claridad, los actos propios, fijados en el tiempo, y de los cuales sean subsumibles en los verbos rectores de sustraer, ocultar, destruir o inutilizar, y que indiscutiblemente en el presente sería el de sustracción; que con relación a las conductas desplegadas por nuestro representado, y dadas por probada en la relación misma de los hechos, no resulta probado con CERTEZA POSITIVA, que se advierta de ésta que el mismo fuese responsable de ese delito referido. Atreviéndose el sentenciador en este mismo hecho segundo a dar por probado que: los documentos que enlista como encontrados en el vehículo de nuestro representado son originales, y estos nunca estuvieron a la vista para su valoración por haber sido extraviados con anterioridad como así ellos lo acotan en la misma sentencia. Debiendo dar por recibido el presente motivo de casación y enmendar el vicio injudicando, del Tribunal de Sentencia ya referido, casando la sentencia y absolviendo a nuestro representado.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. “UNICO MOTIVO: Haber infringido el sentenciador el principio del debido proceso, en relación al principio de legalidad.-PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal, que dice: “ARTÍCULO 361.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional.” EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto constitucional que se invoca como infringido por incurrir el juzgador en error en la sentencia, es el principio al debido proceso dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación al principio de legalidad, artículo 2 A del Código Penal y el artículo 95 de norma constitucional: el primer precepto Reza: “nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…” y el artículo 95 también constitucional reza: “Ninguna persona será sancionada con penas que no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgado otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos”, estos en relación con el artículo 2A del Código Penal, que dice: “las Acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas con arreglo a dos o más preceptos legales de este Código se sancionaran observando las reglas siguientes: 1.- el precepto especial se aplicará con preferencia al precepto legal general. 2. El precepto subsidiario…; y 3 El precepto legal complejo absorberá a los que sancionan las infracciones consumidas en aquel.” En este sentido la autoridad juzgadora al tenor del artículo 321 de la Constitución de la República, no se ha respetado el principio de legalidad partiendo de dichas normas primarias citadas, así en el caso que nos ocupa; al señor GUILLERMO PAREDES ROSALES, se le hecho un doble juzgamiento, por cuanto fue sabido al conocer de todo el proceso y como consta del folio Ciento setenta y tres (f.173) de dicho expediente, que nuestro representado fue sometido a la figura alterna de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PERSECUSION PENAL, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la Administración Pública, lo que conduce irremediablemente a considerar que este tipo penal absorbió la figura penal de SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, porque se trata de los mimos hechos denunciados y enjuiciados o cuadro láctico descrito en el acta de suspensión de dicho procedimiento contenido entre los folios 173 y 176 de dichos autos; y de una simple lectura podrá observarse que corresponde a la misma descripción fáctica de los libelos acusatorios futuros que hizo la Fiscalía, y por los mismos hechos se terminó condenándole en Juicio Oral y Público; siendo más que flagrante la violación al artículo 95 Constitucional, que establece que nadie podrá ser juzgado otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos; principio que se desarrolla perfectamente en la norma secundaria precisamente en el artículo 11 del Código Procesal Penal, que vosotros muy bien conocéis; siendo entonces notable la infracción a los preceptos nominados, en cuanto que en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diez la señora juez de Letras Penal realizo audiencia de Suspensión Condicional de la Persecución Penal, solicitada por todas las partes, y por el delito de Abuso de Autoridad de que se le venía enjuiciando a nuestro representado y por los mismos hechos que se le realizo el enjuiciamiento que culminó con la sentencia que ahora se reprocha, y donde nuevamente se le condena por la comisión de los delitos de SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS APRECIADO EN CONCURSO MEDIAL CON EL DELITO DE COHECHO; delitos que fueron juzgados individualmente pero al tenor del artículo 36 del Código Penal el sentenciador aprecio la existencia de un concurso ideal entre ambos delitos, imponiéndole la pena que tiene mayor sanción en el caso del Cohecho por lo que le aplicaron la pena que oscila entre (5) a (7) años aumentada en una cuarta parte es decir con una pena concreta de SEIS (6) AÑOS, TRES (3) MESES, siendo este momento del juzgamiento de donde se aprecio nuevamente el delito de SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS para aumentar en concurso ideal a un cuarto de la pena del delito de COHECHO, que dio nacimiento al doble juzgamiento, pues dicho delito fue absorbido por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD del que ya se había juzgado a nuestro representado, por lo que nunca debió de enjuiciársele por un delito que se había desvanecido al aceptar nuestro representado el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, que fue precisamente por el acto de haber sustraído los documentos que se configuró, y quedó ya sancionado en la medida desjudicializadora de SUSPENSIÓN DE LA PERSECUCIÓN PENAL; rogando aceptéis este motivo y emitáis la nueva sentencia donde se le Absuelva de dicho delito de SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS y se haga justicia a favor de nuestro representado.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. “MOTIVO PRIMERO: Por Quebrantamiento de Forma: Falta de claridad y motivación en la declaración de los hechos que el Tribunal estimó probados. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numerales 1 y 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DE MOTIVO: El precepto Procesal Penal que se invoca como infringido prescribe que: “ARTÍCULO 141.- Motivación de las Resoluciones Judiciales…, Los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación,…, La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución,…, La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el Artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos. La simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o trascripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación.- además el ARTÍCULO 338.- Requisitos de la Sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: …, CUARTA: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de Hechos Probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia A.- Indicación del vicio.- Partiendo de los hechos declarados probados en la sentencia, fácilmente se arriba a la conclusión de que en la sentencia que se está impugnando no se aprecia con meridiana claridad, lo que el sentenciador trato de dar como hecho probado, al establecer que: sic: PRIMERO.- En el mes de febrero del año 2008, el testigo protegido 165 A, compareció a las instalaciones del Registro Nacional de las personas RNP, ubicado en ese entonces en el boulevard Juan Pablo Segundo, frente al local que ocupa la empresa LEYDE, sector nor-este de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, con el fin de tramitar una reposición de la contraseña de identidad de un amigo, una vez en dicho lugar, un tramitador, le recomendó al empleado público OSCAR GUILLERMO PÁREDES ROSALES, indicándole que este podía ayudarlo; durante la entrevista, este le solicitó Dos mil lempiras (L.2,000.00) a cambio de extenderle el documento solicitado, pero, acordaron rebajar dicha suma, y en definitiva, le entrego Mil Quinientos Lempiras (L.1,500.00), pues, solo esa cantidad portaba, Minutos después, en el vehículo propiedad del señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES, este le entregó al testigo 165Á una contraseña de estar en trámite la identidad en blanco, firmada y sellada por la autoridad correspondiente del Registro Nacional de las personas RNP. SEGUNDO. - El 15 de febrero del año 2008, autoridades de la Dirección General de Servicios Especiales, practicaron una inspección en el vehículo Dodge Neón color gris propiedad del señor OSCAR GUILLERO PAREDES ROSALES, encontrando en su interior: 1.- Catorce (14) certificaciones de actas de nacimiento que corresponden a las series 10832540, 10832541,10538925, 10699608, 10849534, 10849533, 10840532, 10849530, 10830921, 10845126, 9810579, incluida una certificación literal con serie 11131556 y dos certificaciones sin serie, uno con número de identidad 0501-1972-000713 y otra con identidad número 0501-1973-03238, todos los documentos antes mencionados en original.- 2.-Seis (6) copias de certificación de actas de nacimiento con series: 3219551, ¡455479, 6478293, 647292, 7102179, y una literal con serie 11131556.- 3.Ocho (8) formas sin llenar de constancias de tarjetas de identidad en trámite, una forma sellada conteniendo datos de fecha 09 de enero de 2008, dos formas (hojas membretadas) de naturalización originales con series 10120830, 10065841.- 4.-Tres (3) contraseñas originales con los números de identidad siguientes. 0510-1984-00807, 0501-1987-09693, 0501-1971-041180.- 5.-Dos (2) inscripciones de nacimiento (copia) con números de actas. 04984, 011093.- 6.-Una (1) copia de contraseña con número de identidad 0501-1976-06212.- 7.-Una (1) copia de certificación de acta de matrimonio con número 00235. - 8.- Un (1) papel informal firmado y sellado conteniendo seis números de identidad.- 9.-Una declaración jurada de vehículo con número 42031176162, un copia de revisión 334569, dos copias de VL, una forma para declaración de valores aduaneros, una copia de título de propiedad para vehículo, una copia de boletín de liquidación aduanera, dos copias de recibo de compra de pintura automotriz arquitectónica ambas de fecha 29-10-2007, un carnet de identificación del Registro Nacional de las Personas RNP que corresponde al señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES con el cargo de llenados de formularios. - 10.- Un (1) sello original del Registro Nacional de las Personas RNP de solicitud de identidad 0501 marca Trodat.- Una vez realizado lo anterior, procedieron a detener al señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES y a ponerlo a la orden de las autoridades correspondientes.- Así pues, de la sola lectura, de estos hechos declarados como probados, a que llegó el sentenciador después de la vista pública, jamás se puede establecer con la claridad mínima requerida, que con ellos, se den por reconstruidos los acontecimientos, que supuestamente acaecieron, en una fecha no determinada del mes de febrero del año 2008.- De tal suerte y como ya lo apuntamos en el motivo de reproche anterior, que para que una sentencia sea válida, es necesario que en el hecho probado se relaten con precisión y claridad, los actos propios, fijados en el tiempo, y de los cuales sean subsumibles en los verbos rectores, de los delitos que a nuestro representado se le imputan, con relación a las conductas desplegadas por nuestro representado, y dadas por probada en la relación misma de los hechos.- No resultando probado con CLARIDAD POSITIVA, que se advierta de éste fuese responsable de esos delitos referidos. No entendiéndose, como pretende dicho Tribunal, enlazar en tiempo y espacio los hechos probados, a numeral Primero, con los del numeral Segundo, de sus Hechos Probados; ya que nunca se relacionan entre sí, y tampoco son correlativos, específicos y dependientes, como para dar por acreditado que en una fecha cierta y precisa, en un lugar especifico y a hora señalada, se cometió por nuestro mandante, actos propios constitutivos de delitos a él imputados; así tampoco queda claro, y esto suponiendo que el sentenciador no conozca la a la técnica de redacción, como individualmente de cada uno de esos hechos dados por ciertos en la sentencia, se pueda colegir con la misma claridad meridiana que sea responsable de cualquiera de los delitos a él imputados, y esto sin ser muy profundo en el análisis individual en primer lugar del hecho Primero: del cual nunca se podrá establecer: ¿En qué fecha y horas sucedieron esos hechos?; ¿Quien fue el denunciante o su amigo?; ¿Para quién era dicha reposición de contraseña?; ¿Quien fue la víctima?; ¿Dónde está la contraseña?; ¿Cuál era el código de barra de dicha contraseña, o al menos la serie?; ¿Quién firmó y selló dicha contraseña?; ¿Porgué pagar por un acto que es gratuito? ¿Quien fue el tramitador que participó en el asunto y porqué dicho tramitador no realizó en persona tal negocio?.- Interrogantes simples, pero importantes, que nunca se podrán responder de tal oscura declaración de hecho probado número Primero. Así también, del hecho Segundo, y cuyo redacción es más propia de un relato informativo al estilo policial, donde solamente se refiere que en una fecha determinada, se realizó un acto investigativo, por la autoridad, encontrando dentro de un automotor, varios documentos, enlistando los mismos, refiriendo específicamente el Tribunal, que dichos documentos eran originales, (extremo que es completamente falso, ya que los mismos se extraviaron y nunca fueron llevados a estrados judiciales, tal como lo acepta el propio sentenciador); finalizando su hecho probado Segundo, relatando que: después de dicho acontecer nuestro representado fue puesto a la orden de autoridad correspondiente.- Véase, Honorables Magistrados casacionistas, que nunca se especificó, cuál fue el actuar, que en dicho hecho probado se establece, como conducta reprochable, que el señor Oscar Guillermo Paredes Rosales, infringió, como para que se le declare, culpable de delito alguno; o cual fue dicho delito; además de quien eran dichos documentos; tampoco queda claro si dicha actividad policial fue realizada antes o después de la supuesta denuncia, a que se refiere el hecho Primero; o que en donde se encontraba dicho vehículo al momento de ser requisado; que sucedió con dichos documentos enlistados; si dicha portación de documentos es prohibida o no por la ley; y así sigue la cantidad interminable de dudas que nunca tendrán respuesta por la falta de claridad de dichos hechos probados y que vosotros apreciaréis y daréis con lugar este motivo de casación que se presenta; pues tal como lo rige el artículo 141 supra indicado. La simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o trascripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación. B.-Es trascendente señalar que este sendero recursivo se impetra para demostrar el vicio in procedendo del que adolece el fallo, en relación a la sentencia condenatoria del señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES en el proceso que se le ha seguido por suponérsele responsable de los delitos de SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE COHECHO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, y que el mismo fue realizado al momento de la redacción de esta por lo que no se pudo alegar antes.” “MOTIVO SEGUNDO por Quebrantamiento de Forma: En la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida no se observaron las reglas de la sana crítica, en abierta infracción de lo que disponen los artículo 202 (cuya rúbrica es “Valoración de la prueba”) y 338 (en el que se contienen los “Requisitos de la sentencia”), regla cuarta, numeral segundo, ambos del Código Procesal Penal, en las partes de tales preceptos que, por su orden, se leen así: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica” y “Seguidamente (después de la declaración de hechos probados), se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, según las reglas de la sana crítica,…” (lo resaltado es nuestro). Así pues, es importante recordar, que los hechos probados de una sentencia penal, (que constituyen la verdad a la que el Tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria, misma que se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera (fundamentación probatoria), el Tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar porqué un medio probatorio le merece o no confiabilidad, y, además, porqué un elemento de prueba le conduce a una conclusión determinada.- Sobre esta segunda operación, es que recae el reproche del recurso de casación por violación a las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el artículo 338 supra indicado, ubica dentro de la “fundamentación del fallo” (regla cuarta), la valoración de la prueba.- Las reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. Y que por su importancia advertimos; qué, en el sistema de sana crítica racional que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los Jueces.- pero, exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.- Debiendo establecer el valor que debe consignarle a cada prueba, pero, siguiendo los límites: de las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, y respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los Arts. 202 y 336 CPP y que recalca el Art. 338, sección cuarta, numeral 2 (“…justficando según las reglas, de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas enjuicio…”), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal-El Recurso de Casación Penal en el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación), como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de la razón suficiente, para lo cual “ el razonamiento debe de estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”.- para ello la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se puede inferir de aquella. Extremos que nunca fueron respetados por el sentenciador y que ahora centramos nuestro reproche en contra de ese injusto actuar, y que desde ya esperamos déis de recibo el presente motivo de casación que por la forma se presenta, y enmendéis el arbitrio injusto que se ha cometido en contra de nuestro representado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, preámbulo y numeral tercero, en la última parte, del Código Procesal Penal; según el texto que trascribo a continuación: “El recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: …3. Que…, en la valoración de la prueba no se respetaron las reglas de la sana crítica”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: 1.- En el ordinal primero del apartado relativo a la valoración de la prueba, el Tribunal de Sentenciador, expresa lo que sigue: “PRIMERO: Se evacuaron como medios de prueba documental los siguientes:…” y lo que hace el Tribunal es copiar lo que como medio de prueba documentales fue evacuado en juicio, referido a ACTA DE INSPECCION; ACTA DE DECOMISO, ACTA DE DECOMISO DE UNA CONTRASEÑA DE TARJETA DE IDENTIDAD CON CODIGO 11709245 EN BLANCO; UNA CONSTANCIA, Y CONTEMDO ELABORADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN, reiterándose en la copia de documentos o formatos; y expresa al final el sentenciador (ver página 7): “Estas Juzgadoras, conceden valor probatorio a los medios de prueba documentales anteriormente descrito, teniendo con ello, por acreditado que en fecha 15 de febrero de 2008, autoridades de la Dirección General de Servicios Especiales, practicaron una inspección en el vehículo Dodge Neón, color gris, propiedad del señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES y que encontraron en su interior;…” Obsérvese que en seguida se sigue copiando las características de documentos señalados de encontrados en el vehículo de nuestro representado.- Más adelante, siempre en el ordinal primero del apartado correspondiente a la valoración de la prueba, se expone esto: Asimismo se tiene por probado que las evidencias anteriores fueron decomisadas como consecuencia de una investigación realizada por la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION DGSEI, iniciadas a partir de que un agente de esta unidad policial, decomisara una contraseña de identidad en blanco firmada y sellada, que estaba en poder del testigo protegido 165 A, corroborándose así lo manifestando por los testigos IVAN ENRIQUE SUÁREZ, LUIS ALONSO ESTRADA Y TESTIGO PROTEGIDO 165 A, que analizaremos más adelante en el sentido de tener por acreditado que tanto los documentos encontrados en el vehículo propiedad del acusado y la contraseña en blanco decomisada al testigo protegido 165 A, fueron extraídas del Registro Nacional de las Personas por el acusado, con la finalidad de proporcionar a particulares documentos de uso exclusivo del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, RNP a cambio de dinero, que como consecuencia de la investigación se detuvo al acusado, iniciándose el proceso penal en su contra, por el cual ha sido traído ajuicio. - De la misma manera se tiene por probado que las evidencias fueron decomisadas en el presente caso, fueron entregadas para su custodia a la Secretaria General del Juzgado de letras penal de San Pedro Sula, Cortés, el 07 de abril de 2008, en 04 sobres de papel Manila, las que fueron presentadas en la audiencia inicial en la causa seguida contra el señor OSCAR GUILERMO PAREDES ROSALES, que correspondía al expediente número 165-2008 de dicho Juzgado; también que las mismas en su formato original fueron extraviadas en el Juzgado de Letras, de conformidad al oficio enviado por la Secretaria de Letras del mismo órgano a la Secretaria de la Sala Quinta de este Tribunal el l8 de junio de 2013, por lo cual la documentación decomisada en el vehículo propiedad del señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES, fue evacuada en copia, la que fue corroborada por el informe remitido…; 2.- En el proceso denominado “valoración de la prueba” que el Tribunal sentenciador hace, en el ordinal segundo (inclusive entre páginas 8 a la 13), se describen las declaraciones de IVAN ENRIQUE SUAREZ LAINEZ (número 1); EDI OSWALDO SALINAS PEREZ (número 2); LUIS ALONSDO ESTRADA ENAMORADO (número 3); y luego Obsérvese con número 4), se dice: “En virtud de constar la imposibilidad física de contar con la presencia física del testigo protegido identificado en las presentes diligencias como 165A, en base a lo establecido en el articulo 311 numeral 2, se procedió a introducir por lectura su declaración hecha ante Juez competente en la audiencia inicial y después de la trascripción en la audiencia del contenido de dicha declaración, procede a realizar según lo expresa” les conceden valor probatorio positivo, teniendo por acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, tal y como han sido declarados, determinadote, que un día no precisado, del mes de febrero del año 2008, el testigo protegido 165 A, compareció a las instalaciones del Registro Nacional de las Personas,…”, 3.- Se observa, que nuevamente el Tribunal, vuelve a copiar relatos de testigos y otros actos procesales; sin concluir que proceso de valoración siguiera para dar por acreditado la participación del señor OSCAR GUILLERMO PAREDES, para llegar a una condena, silos hechos probados no describen la conducta penal referida; y de lo transcrito y expresado por este Tribunal, no contiene nada de sustancial relacionado a las reglas de valoración de la prueba, que se exige en toda sentencia; pues el Tribunal nunca expresa, como a través de dicha prueba se llega a determinar, tomando en cuenta elementos de la sana crítica, para concluir, partiendo de que el señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES, realizara la conducta por la que es condenado, es decir justificar a través de que razonamiento y pruebas, da por probado un hecho; y en la sentencia recurrida nada se dice al respecto.- 4.-CONCLUSIÓN: No se respetaron, en la sentencia que estamos impugnando, las reglas de la sana crítica para dar por probado que el señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES, sustrajo documentos, recibió dinero alguno, en su función de llenar formularios como empleado del Registro nacional de las Personas; y el relato de haber encontrado formatos de documentos diversos en su vehículo, no es coherente en dar probado lo consignado como hechos probados; cuando el Tribunal sentenciador da por probado de tener documentos originales y luego en esta valoración señala que fueron documentos en copia, los que se evacuaron, porque fueron extraviados los originales que fueron presentados en la audiencia inicial, resulta entonces de semejante contradicción que se rompe el esquema de hacer valoración de prueba de forma veraz y objetiva, y no pudo haberse dado por probado el ofrecimiento de pago de Dos mil lempiras, y que en “definitivo, se le entrego Mil quinientos lempiras a Oscar Guillermo Paredes, reitero, de esto ni un ápice se valoró de forma cierto y ecuánime, cuando el dizque testigo protegido “cohechante”, cometiendo no solo cohecho activo sino otros delitos al aceptar que portaba o utilizando documentos fraudulentos, “a quien se le decomisó la también dizque contraseña de identidad”, ni por asomo se señala que tratamiento procesal, le diera el órgano persecutor del Estado, en el entendido de que de haberse materializado tal conducta, no podían quedar en la impunidad la conducta criminosa de un testigo protegido; y mas aun cuando para someterlo al contradictorio, se viola reglas del debido proceso en la audiencia de juicio oral, cuando no se presentó a dicha audiencia, y acepta por el tribunal sentenciador incorporar por lectura su declaración al debate en abierta contravención a los principios del proceso penal como lo son: la contradicción, seguidos de la oralidad e inmediación que nos referiremos en el siguiente motivo de casación.- 5.-Si bien es cierto y como ya lo apuntamos, qué: bajo nuestro sistema penal, nuestros jueces, tienen libertad en la forma de apreciar la prueba, pero, no pueden apartarse de las reglas de la lógica, experiencia y psicología, que conlleven a apreciar las pruebas con un correcto entendimiento; es decir hacer un razonamiento que sea convincente, claro, coherente y con precisión; pero esto ha sido soslayado en el presente caso, resultando por ello en el presente caso injusta y contraria a derecho la condena que indebidamente se le hace a nuestro representado OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES por el delito SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE COHECHO en perjuicio de la ADMINSTRACIÓN PÚBLICA.- Finalizando aclarando que no se pudo hacer antes ninguna reclamación contra el vicio en que consiste el motivo, porque éste se produjo en el pronunciamiento de la sentencia que ahora estamos impugnando.” “MOTIVO TERCERO: Por Quebrantamiento de Forma: Haber el sentenciador basado su fallo en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en la norma procesal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 2 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DE MOTIVO: El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe que: “ARTÍCULO 200.- Pruebas Prohibidas o Ilícitas. Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procésales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información. “.- Dicho lo cual, de la sola lectura del acta de debate y de la sentencia por ahora impugnada, se infiere la continencia de un vicio altamente dañino que atenta contra las reglas de la incorporación de medios de prueba a para ser evacuados, convirtiéndose consecuentemente en violación al artículo antes referido. A. INDICACIÓN DEL VICIO. El Tribunal de Sentencia ha concluido que OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES ha tenido una participación directa y personal, de un delito consumado por el delito SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE COHECHO tipificados en los Artículos 358A y 361 del Código Penal, en perjuicio de la ADMINSTRACIÓN PÚBLICA.- Para que la condena recaída en él, sea legítima, desde el punto de vista probatorio el Tribunal debió haber arribado al nivel de conocimiento de CERTEZA, Y CON PRUEBA LEGÍTIMA; único grado que Constitucionalmente faculta a los Órganos de Justicia Penal para emitir un fallo de condena; de tal suerte que si del resultado de la prueba no alcanza a la obtención de ese nivel, sino cualquier otro (probabilidad, duda o constatación negativa, sobre la participación), debe absolverse puesto que la prueba evacuada no habrá quebrantado el estado de inocencia del procesado.- Obsérvese que el sentenciador da por cierto en su hecho probado primero la existencia de un testigo protegido identificado como número 165A.- Pero, para arribar a esta conclusión, debió tener a la vista la persona física y su documentación que así lo acredita, además de escuchar de su propia voz lo que el testigo deponía; extremo que no sucedió, por haberse extraviado de la secretaria del despacho el sobre conteniendo los datos que acreditaban la identificación del testigo y su dirección, por lo que nunca pudo ser citado para que compareciera a estrados judiciales a ratificar su deposición que sirvió de noticia criminis; tal como se puede verificar en la primera hoja del acta de debate, donde el Ministerio Público, sorprendió al Tribunal trasladándoles la responsabilidad a la judicatura de que por haber extraviado ésta el sobre con los datos del testigo protegido, no sería posible hacerlo llegar a declarar, y que por dicho error, se debía de incorporar como lectura autorizada la declaración inicial que dicho testigo depuso; petición que la defensa se opuso porque el ente fiscal debió asegurar con copia los datos de un testigo tan importante y evitar lo sucedido o en su defecto haber tomado la declaración con las formalidades de la prueba anticipada; además que tenía que darle un tratamiento judicial penal al mismo por ser confeso de haber cometido los delitos de COHECHO ACTIVO y USO DE DOCUMENTOS FALSOS; así el Tribunal accedió a tal violatoria petición y para subsanar ese defecto específicamente acotó en el numeral 4, de su Capítulo Segundo del acápite de la Valoración de la Prueba, lo siguiente: sic: En virtud de constar la imposibilidad física de contar con la presencia física del testigo protegido identificado en las presentes diligencias como 165A, en base a lo establecido en el articulo 311 numeral 2, se procedió a introducir por lectura su declaración hecha ante Juez competente en la audiencia inicial.- Continúa en su resolución el sentenciador con la transcripción del contenido de dicha declaración, en la audiencia inicial.- Y seguidamente procede a realizar la valoración de dicho medio de prueba según lo expresado por este quine manifestó que: “les conceden valor probatorio positivo, teniendo por acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, tal y como han sido declarados”, siendo este testimonio determinante para la realización de su hecho probado Primero que a su letra dice: que un día no precisado, del mes de febrero del ano 2008, el testigo protegido 165A, compareció a las instalaciones del Registro Nacional de las personas RNP, ubicado en ese entonces en el boulevard Juan Pablo Segundo, frente al local que ocupa la empresa LEYDE, sector nor-este de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con el fin de tramitar una reposición de la contrasena de identidad de identidad de un amigo, una vez en dicho lugar, un tramitador, le recomendó al empleado público OSCAR GUILLERMO FARDES ROSALES, indicándole que este podía ayudarlo; durante la entrevista, este le solicito Dos mil lempiras (L. 2,000.00) a cambio de extenderle el documento solicitado, pero, acordaron rebajar dicha suma, y en definitiva, le entrego Mil Quinientos Lempiras (L.1,500. 00), pues, solo esa cantidad portaba, Minutos después, en el vehículo propiedad del señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES, este le entregó al testigo 165A una contraseña de estar en trámite la identidad en blanco, firmada y sellada por la autoridad correspondiente del Registro Nacional de las personas. RNP.- Inobjetablemente del testimonio rendido por el testigo protegido 156A, el Tribunal a hecho propios dichos decires para afincar todo su hecho probado; rematando la cuestión con su capítulo Primero de la Fundamentos Jurídicos donde establece categóricamente que: el proceso contra nuestro representado se desarrollo con respeto a todos los principios, garantías y derechos constitucionales, como las reglas del proceso, finalizando con la aseveración de que garantizo la tutela judicial efectiva y la jurisdiccionalidad.- Esta defensa es del criterio que nuestro representado al habérsele juzgado por dicho Tribunal y haberse introducido como lectura autorizada un testimonio que si bien es cierto inicialmente sirve para dictar un Auto de Formal Procesamiento, pues el mismo solo requiere de la mínimo indicio racional, no es menos cierto que para que de este se colija en su totalidad un hecho probado de una sentencia tiene que partir de que realmente existe físicamente dicho testigo, pero, nunca se podrá verificar por persona o institución alguno la existencia física de éste; verbigracia si nuestro representado quisiera iniciar acción por falso testimonio, nunca podrá, porque no existe la individualización de dicho testigo; habida cuenta que testigo protegido 165A puede ser cualquier persona, inclusive un policía; reprochamos que en toda la República si a estrados llega un testigo sin portar la cedula que lo identifica plenamente, nunca lo dejan declarar.- Así estos extremos dejan huérfano el hecho que el sentenciador dé por probado que efectivamente dicha persona existió y que de sus decires se colige entre otras cosas que el ofrecimiento de pago de Dos mil lempiras, y que en definitivo, se le entrego Mil quinientos lempiras a Oscar Guillermo Paredes, reitero, de esto ni un ápice se valoró de forma cierto y ecuánime, cuando el dizque testigo protegido “cohechante”, cometiendo no solo cohecho activo sino otros delitos al aceptar que portaba o utilizando documentos fraudulentos, a quien se le decomiso la también dizque contraseña de identidad, ni por asomo se señala que tratamiento procesal, le diera el órgano persecutor del Estado, en el entendido de que de haberse materializado tal conducta, no podían quedar en la impunidad la conducta criminosa de un testigo protegido.- Por lo que denunciamos que el acto de acceder a la lectura autorizada de la declaración inicial de un testigo sin individualizar, sin su presencia física y sin la posibilidad del controvertido, deja en indefensión, por violación a los principio rectores del proceso penal como ser el controvertido, igualdad de armas, de mediación y el debido proceso. En ese mismo orden de violaciones, en la parte final del Capítulo Primero del Acápite de Valoración de las Pruebas, el Tribunal al realizar la valoración de la copias de las diferentes actas presentadas por el Ministerio Público, a falta de originales estableció que: sic: De la misma manera se tiene por probado que las evidencias fueron decomisadas en el presente caso, fueron entregadas para su custodia a la Secretaria General del Juzgado de letras penal de San Pedro Sula, Cortés, el 07 de abril de 2008, en 04 sobres de papel Manila, las que fueron presentadas en la audiencia inicial en la causa seguida contra el señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES, que correspondía al expediente número 165-2008 de dicho Juzgado; también que las mismas en su formato original fueron extraviadas en el Juzgado de Letras, de conformidad al oficio enviado por la Secretaria de Letras del mismo órgano a la Secretaria de la Sala Quinta de este Tribunal el l8 de junio de 2013, por lo cual la documentación decomisada en el vehículo propiedad del señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES, fue evacuada en copia,…; Además, como ya lo advertimos anteriormente, no es coherente en dar probado según lo consignado como hechos probados; en cuando el Tribunal sentenciador da por probado que dentro del vehículo se encontraron documentos originales y luego en esta valoración señala que fueron documentos en copia los que tuvo a la vista, y que fueron los que se evacuaron, porque supuestamente le dio credibilidad a la versión del ente fiscal que los originales que fueron presentados en la audiencia inicial, fueron extraviados por la judicatura; resulta entonces de semejante contradicción que se rompe el esquema de hacer valoración de prueba de forma veraz y objetiva, y no pudo haberse dado por probado que dichos documentos eran originales y peor aun aceptar que sean introducidas copias como medios de prueba que a todas luces violan el debido proceso por ser pruebas no solo ilícitas sino también prohibidas.- Y más aun cuando para someterlas al contradictorio, se viola reglas del debido proceso en la audiencia de juicio oral, cuando no se presento a dicha audiencia los documentos originales, y acepta copias el tribunal sentenciador además de incorporar por lectura su declaración al debate del testigo protegido arriba referido, todo en abierta contravención a los principios del proceso penal como lo son: la contradicción, seguidos de la oralidad e inmediación que ya nos referiremos ampliamente y que vosotros conocéis perfectamente. EN CONCLUSIÓN: Con este inconsistente accionar, el Tribunal sentenciador, a criterio de la defensa, ha infringido la norma al aceptar Pruebas Prohibidas o Ilícitas, que por ser violatorias carecen de eficacia probatoria por vulnerar las garantías procésales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forma parte; teniendo por su aceptación la consecuencia que no hubiera sido posible arribar al hecho probado sin la información derivada de éstos; y que en todo caso el postulado universal de cualquier Estado, democrático y de derecho de QUE ANTE LA INEXISTENCIA DE CERTEZA POSITIVA, APLICA EL PRINCIPIO INDUBIO PRO-REO, y resultando en una sentencia diferente a los hechos probados. Por último, es trascendente señalar que este sendero recursivo se impetra para demostrar el vicio “in procedendo” del que adolece el fallo, en relación a la sentencia condenatoria de nuestro representado OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES por el delito SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE COHECHO en perjuicio de la ADMINSTRACIÓN PÚBLICA.- y que el mismo se ha venido reprochando por la defensa en las diferentes etapas del proceso, pero encontrándose un no rotundo al que no nos queda más que alegarlo nuevamente para que seáis vosotros los que apreciéis dicho vicio y lo enmendéis.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los Hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general, toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal.- Interpuesto por la Defensa Privada.- Único Motivo. Alegato: Aplicación indebida de normas sustantivas; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: artículo 358A del Código Penal, referente al tipo penal de Sustracción de Documentos Públicos; Normas Autorizantes: 360 del Código Procesal Penal; Pretensión: Declare Sentencia Absolutoria. El Censor denuncia que partiendo de los hechos declarados probados en la sentencia, no se subsume la figura de Sustracción de Documentos Públicos en concurso ideal con el delito de Cohecho, hechos que en su caso tendrían otra connotación legal; es indiscutible para el Recurrente, que ninguna de las acciones que se describen, fueran realizadas por el acusado y que permita encuadrar la conducta por la cual fue condenado, al no hablarse de que haya sustraído, ocultado, destruido o inutilizado registros o documentos y menos, que poseía documentos en razón de un cargo de empleado que tenía en el Registro Nacional de las Personas y que haya hecho uso de ello. Continua el recurrente que el Tribunal Juzgador al asignar la norma jurídica aplicable al caso de autos, ha realizado una aplicación indebida de las normas penales, lo cual ha provocado un vicio de juicio; que para el Censor consiste en la mala decisión adoptada en la parte resolutiva de la sentencia, producto de la incorrecta fundamentación jurídica que se invocó. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de RECIBO. - Es evidente que el Recurrente, en el desarrollo de su recurso, denuncia la falta de aplicación de los delitos penales por los cuales fue condenado el acusado, no obstante, siendo que la norma sustantiva que se denuncia es por aplicación indebida del artículo 358A del Código Penal que narra la Sustracción de Documentos Públicos, ante ello, será en base a este tipo penal que se dará respuesta. La conducta típica del delito de Sustracción de Documentos Públicos está descrita en el Código Penal en su artículo 358A, con deficiente técnica por la diversidad de los verbos nucleares empleados por el legislador: sustraer, ocultar, destruir o inutilizar documentos cuya custodia esté encomendada a un funcionario público de que se trate, circunstancia ésta, no cuestionada, pues de la simple lectura del hecho probado resulta que el acusado Oscar Guillermo Paredes Rosales, ostentaba el cargo de Llenado de Formularios, pues así lo describe un carnet de identificación del Registro Nacional de la Personas (RNP) descrito en el numeral 9 del hecho segundo; consecuentemente, responsable de la documentación a su cargo, lo cuestionable por el Recurrente es si la conducta narrada en el Factum es penalmente típica. En el presente caso, el A Quo ha tenido por acreditado que: “SEGUNDO: El 15 de febrero del año 2008, autoridades de la Dirección General de Servicios Especiales, practicaron una inspección en el vehículo Dodge Neón color gris propiedad del señor OSCAR GUILLERO PAREDES ROSALES, encontrando en su interior: 1.- Catorce (14) certificaciones de actas de nacimiento que corresponden a las series 10832540, 10832541,10538925, 10699608, 10849534, 10849533, 10840532, 10849530, 10830921, 10845126, 9820579, incluida una certificación literal con serie 11131556 y dos certificaciones sin serie, uno con número de identidad 0501-1972-000713 y otra con identidad número 0501-1973- 03238, todos los documentos antes mencionados en original.- 2.-Seis (6) copias de certificación de actas de nacimiento con series: 3219551, 1455479, 6478293, 6478292, 7102179, y una literal con serie 11131556.- 3.Ocho (8) formas sin llenar de constancias de tarjetas de identidad en trámite, una forma sellada conteniendo datos de fecha 09 de enero de 2008, dos formas (hojas membretadas) de naturalización originales con series 10120830, 10065841.- 4.-Tres (3) contraseñas originales con los números de identidad siguientes: 0510-1984-00807, 0501-1987-09693, 0501-1971- 041180.- 5.-Dos (2) inscripciones de nacimiento (copia) con números de actas: 04984, 011093.- 6.- Una (1) copia de contraseña con número de identidad 0501-1976-06212.- 7.-Una (1) copia de certificación de acta de matrimonio con número 00235.- 8.-Un (1) papel informal firmado y sellado conteniendo seis números de identidad.- 9.-Una declaración jurada de vehículo con número 42031176162, un copia de revisión 334569, dos copias de VL, una forma para declaración de valores aduaneros, una copia de título de propiedad para vehículo, una copia de boletín de liquidación aduanera, dos copias de recibo de compra de pintura automotriz arquitectónica ambas de fecha 29-10-2007, un carné de identificación del Registro Nacional de las Personas RNP que corresponde al señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES con el cargo de llenados de formularios.- 10.-Un (1) sello original del Registro Nacional de las Personas RNP de solicitud de identidad 0501 marca Trodat.- Una vez realizado lo anterior, procedieron a detener al señor OSCAR GUILLERMO PAREDES ROSALES y a ponerlo a la orden de las autoridades correspondientes.” Dicha conducta, fue realizado con conocimiento pleno del acusado, ante la prohibición para sustraer cualquier tipo de información, documentos, materiales, equipo e implementos de uso privativo de la institución; asimismo, de entregar, mantener y retener los materiales que se utilizan para la producción de tarjetas de identidad o para la emisión de certificaciones y constancias, a la cual estaba sometido como empleado del Registro Nacional de las Personas (RNP) (Artículo 118 numerales 5 y 7 Ley del Registro Nacional de las Personas); sin embargo, mantenía en el interior de su vehículo antes descrito, entre otros documentos, Certificaciones de Actas de Nacimiento, formas sin llenar de Constancias de Tarjetas de Identidad en trámite, contraseñas originales, sello original de solicitud de identidad; de lo que se deriva que el acusado, dado las funciones que desempeñaba, no fue más que él mismo, quien sustrajo documentación sometida bajo su custodia y que mantenía en el interior del vehículo automotor de su propiedad, a sabiendas de que le estaba prohibido por la Ley del Registro Nacional de las Personas; por lo que esta Sala aprecia que, el acusado Oscar Guillermo Paredes Rosales, para tener en el interior de su vehículo la documentación referida, utilizó en forma consiente medios, modos o formas para sustraerlos. De ahí que la conducta desplegada por el acusado, descrita en el cuadro fáctico de la sentencia recurrida, se subsume perfectamente en el tipo penal de Sustracción de Documentos Públicos, tipificado y sancionado en el artículo 358A del Código Penal, por lo que es procedente desestimar el motivo de casación invocado por el recurrente. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Civil. Normas que se denuncian infringidas: Artículo 90 y 95 de la Constitución de la República en relación con el artículo 2A del Código Penal y 321 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: Violación al principio del debido proceso en relación con el principio de legalidad. Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: No determinado por la Censora; Pretensión: Casar Sentencia y dictar una absolutoria. El Censor denuncia el irrespeto al principio de legalidad, a su criterio, por habérsele hecho un doble juzgamiento a su representado, quien fue sometido a la figura alterna de la Suspensión Condicional de la Persecución Penal por el delito de Abuso de Autoridad, el cual absorbió según el recurrente la figura penal de Sustracción de Documentos Públicos al ser los mismos hechos denunciados y enjuiciados en el cuadro factico descrito en la acta de suspensión y que corresponden igual a la misma descripción fáctica con la que fue condenado el acusado por el delito de Sustracción de Documentos Públicos apreciado en Concurso Medial con el delito de Cohecho. A criterio del Censor, el delito de Sustracción de Documentos Públicos se absorbió en el delito de Abuso de Autoridad del que ya se había juzgado a su representado, provocando así un doble juzgamiento. Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso, invocada por el Pretensor como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra.- Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez -además de respetar las formas procesales- reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii. A un juez predeterminado por la ley; iv. A la imparcialidad e independencia del juez; v. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi. A la igualdad de armas procesales; vii. A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii. Respeto al principio de presunción de inocencia; ix. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii. A una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del Principio de Legalidad El principio es un postulado para la legitimidad democrática y una garantía de previsibilidad de la actuación de los poderes públicos. Se trata de un principio básico del derecho en general y un pilar fundamental en el derecho penal y procesal penal, lo que no implica que éste igual gobierne las distintas ramas del derecho, regulándose en cada área de esta ciencia conforme con los principios generales de las mismas. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en la legislación internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11.2 el cual dice: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito." y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 9, que establece: "Nadie puede ser condenado por acciones y omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.".- Por su parte la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 indica que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley” y en el Código Penal en los artículos 1 y 2, nos dice: "Artículo 1.- Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito; Artículo 2.- No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley". El Principio de legalidad constituye el principal límite impuesto al Estado de Derecho y comprende una serie de garantías para las personas, las cuales pueden conducir a la imposibilidad de que el Estado intervenga y actúe penalmente más allá de lo que permite la ley, de este modo se "garantiza la protección del ciudadano contra el ejercicio y la extensión arbitrarios del poder penal estatal. Constituye a su vez una doble función, la primera de ellas política, en la que se da un predominio del poder legislativo sobre los otros poderes del Estado, convirtiéndose en una garantía de seguridad para los ciudadanos y en segundo lugar cumple una función técnica, ya que exige que el legislador utilice al formular los tipos penales, cláusulas seguras y taxativas. Significa a su vez, que sólo una ley escrita puede fundamentar la punibilidad de una acción y amenazar con una pena como consecuencia jurídica" (Wessels, Johannes. Derecho penal, Parte general, Ediciones Depalma, sexta edición, Buenos Aires, 1980, pág. 13.). Conforme al Principio de Legalidad solo la ley crea delitos, y sólo podrá considerarse delito, aquel hecho que la ley declare como tal expresamente y en forma previa al hecho imputado. Por eso es que decimos que "no hay delito sin ley". Mientras la ley no prohíba un hecho, la persona tiene libertad para realizarlo, no pudiendo el Juzgador crear figuras penales, ni siquiera por analogía. - Hassemer explica que en su actual configuración, el principio de legalidad (Nullum crimen, nulla poena, sine lege) mantiene diversas exigencias, tanto frente al legislador penal, como frente al Juez: del legislador exige que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible y que las leyes no tengan efecto retroactivo. Del juez exige que sus condenas se basen en la ley escrita y no en el derecho consuetudinario y que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (Hassemer, Winfried Hassemer, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984, Pág. 313.)”. - Como consecuencia el Principio incorpora: 1. Principio de Taxatividad de la ley (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Certa); 2. El principio de la irretroactividad de la ley, salvo en materia penal cuando favorezca al reo o procesado; (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Praevia); 3. Principio de Reserva de Ley (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Scripta); y 4. La Prohibición de aplicación analógica de las normas a hechos no contemplados en ellas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta). En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "certa", "praevia", "scripta", "stricta"y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Como consecuencia, el Principio de Legalidad define una serie de garantías que dan validez al proceso penal y a la aplicación de las normas penales sustantivas: garantía criminal, garantía penal, garantía procesal y garantía de ejecución(Rodríguez Devesa, José María. Derecho Penal Español, Parte General, Madrid España, Edición 10°, 1986. Pág. 175 y 176): a. Garantía Criminal (Nulla Crimen, Sine Lege Praevia).- Mediante la cual la definición de un delito solo puede ser realizada por la ley, de ese modo se garantiza que solo son delitos los establecidos por la ley, a contrario sensu, sin ley no hay delito.- La garantía criminal, significa entonces, que se tendrán por delitos, delitos agravados o calificados y también de circunstancias agravantes, solo los que señale la ley penal, sin que se puedan tener como tales los que señale otra fuente distinta.( Luzón Peña, Diego Manuel. Curso de Derecho Penal Parte General I. Editorial Hispamer, 1997. Pág. 133). Esta Garantía está regulada en el Artículo 95 de la Constitución Política al señalar que "Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos" y reproducido en el Código Penal en su artículo 1 que establece que "Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito". b. Garantía Penal (Nulla Poena Sine Lege).- Esta garantía establece la previsión de la pena o penas para quien cometa un delito, ha de estar señalada en la ley en forma abstracta. (Gómez de la Torre, Ignacio Berdugo; Arroyo Zapatero, Luis; García Rivas, Nicolás; Ferré Olivé, Juan Carlos; Cerrano Piedecasa, José Ramón. Lecciones de Derecho Penal Parte General, Editorial Praxis. 1° Edición, España. 1996. Pg. 318.). c. Garantía Procesal (Nulla Poena Sine Judicio). - Regula que la actividad procesal no exceda lo que estrictamente establece la ley y excluye toda posibilidad de arbitrariedad en el proceso. (Bustos Ramírez, Juan; Hormazabal Malarée, Hernán. Lecciones de Derecho Penal, Vol. 1. Madrid, España, Editorial Trotta. 1997. pg. 87 y 88.). Encontramos esta garantía procesal en el Artículo 90 de la Constitución política, el cual literalmente dice: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece", advirtiendo en el artículo 321 que “los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley”. d) Garantía de Ejecución: Implica que la pena ha de ejecutarse no arbitrariamente, sino que en los términos prescritos por la ley. Las Leyes de Ejecución Penal han de recoger las garantías, derechos fundamentales y libertades públicas consagradas constitucionalmente. Relacionado con esta garantía, el artículo 68 de la Constitución de la República que indica que "toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe de ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". De la Procedencia del Recurso El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha revisado el acumulado judicial, apreciando que en fecha 15 de febrero de 2008, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el señor Oscar Guillermo Paredes Rosales por suponerle responsable a título de autor del delito de Abuso de Autoridad y Sustracción de Documentos en concurso ideal con el delito de Cohecho en perjuicio de la Administración Pública; sin embargo el 31 de mayo de 2010 se celebró la audiencia de Suspensión Condicional de la Persecución Penal (f. 173), donde el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, resolvió autorizar la aplicación de la medida desjudicializadora a favor del señor Oscar Guillermo Paredes Rosales a quien se le seguía proceso por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública (f.175v) tipificado en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal en relación al artículo 118 numeral 4 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, al haber ejecutado actos contrarios a la Ley, a razón de la prohibición como empleado del Registro Nacional de las Personas de suministrar a los particulares cualquier tipo de información, documentos entre otros que son de uso exclusivo de la institución, ante lo anterior, el Recurrente ha denunciado en esta instancia, que su representado ha sido sometido a un doble juzgamiento, por la razón que al aplicarle los mismos hechos en la medida desjudicializadora, también fue condenado por el delito de Sustracción de Documentos Públicos apreciado en Concurso Medial con el delito de Cohecho. La reseña anterior permite a la Sala de lo Penal advertir que el “Non bis in ídem” o prohibición de doble juzgamiento consignada en el artículo 95 de la Constitución de la República, así como también en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, consiste en la prohibición de someter a proceso a un imputado dos veces por el mismo hecho, sea en forma simultanea o sucesiva, es decir que de un mismo hecho resulte sancionado más de una vez; analizando entonces, tiene como objetivo impedir que alguien pueda estar sujeto a persecuciones litigiosas, cuando ya ha cumplido una condena previa, o haya sido absuelto definitivamente.- Dicho principio tiene una íntima conexión con la institución de cosa juzgada, puesto que la aplicación del mismo impide un ulterior enjuiciamiento, que en perjuicio del reo vaya en contra de lo resuelto definitivamente en un proceso anterior. En el proceso penal únicamente gozan de la cosa juzgada material (principio ne bis in ídem) dos tipos de resoluciones: 1. Las sentencias, siempre de fondo del proceso, tanto las absolutorias como las condenatorias; y, 2. Los autos de sobreseimiento definitivo, dictados con ocasión de la audiencia inicial o preliminar, al amparo del artículo 296 del Código Procesal Penal; ante ello, las resoluciones de medidas desjudicializadoras, como el caso de la Suspensión Condicional de la Persecución Penal no produce los efectos de cosa juzgada, pues su finalidad ha sido, que el Estado pueda, en ciertos casos, no renunciar al ejercicio del ius puniendi, sino el no ejercitar durante algún tiempo aquel derecho, bajo el entendido que, de cumplir el imputado la regla o reglas de comportamiento impuestas, éste queda extinguido, contrario al incumplimiento de dichas reglas, la medida desjudicializadora puede ser revocada en cualquier momento y el enjuiciamiento seguirá su curso. Aunando a lo anterior, la acusación del delito de Abuso de Autoridad como se expresó anteriormente, se debió al haber ejecutado el acusado, actos contrario a la ley, a razón de la prohibición como empleado del Registro Nacional de las Personas de suministrar a los particulares (Testigo Protegido 165-A) cualquier tipo de información, documentos entre otros que son de uso exclusivo de la institución, mientras el tipo penal de Sustracción de Documentos Públicos le fue acusado por tener en un vehículo automotor de su propiedad, documentos de uso exclusivo del Registro Nacional de las Personas como ser Certificación de Actas de Nacimiento con distintas series y otras sin series, formas sin llenar de constancias de tarjetas de identidad en trámite entre otros, siendo así, que la conducta del acusado Oscar Guillermo Paredes Rosales se debió a una pluralidad de acciones o conductas por lo cual le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes como es el caso del Abuso de Autoridad y de la Sustracción de Documentos Públicos y no como fue denunciado por el Recurrente. En este sentido, podemos concluir entonces que debido a esa pluralidad de conductas antijurídicas del acusado y por las cuales se le presentó requerimiento fiscal no solo por el delito de abuso de autoridad sino también por el delito de sustracción de documentos, al ser estos delitos autónomos, en nada afecta la aplicación de una medida desjudicializadora para el delito de Abuso de Autoridad el juzgamiento del delito de Sustracción de Documentos Públicos, por esta razón deviene improcedente el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por Defensa Privada.- Primer Motivo. Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 parte final de los numerales 1 y 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Artículo 141 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción Expuesto: Falta de claridad y motivación en la declaración de los hechos que el Tribunal estimó probados. Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad de saneamiento o subsanación, dado que el vicio está contenido en la Sentencia definitiva; Pretensión: Sin determinar por el Recurrente. El censor hace un planteamiento inicial en donde bajo un mismo título plantea en apariencia dos motivos diferentes: asimismo el Pretensor partiendo de los hechos declarados probados en la sentencia arriba a la conclusión de que en la sentencia impugnada no se aprecia meridiana claridad, pues de la sola lectura, jamás se puede establecer con la claridad mínima requerida, que con ellos, se den por reconstruidos los acontecimientos, por lo que a criterio del Censor para que una sentencia sea válida, es necesario que en el hecho probado se relate con precisión y claridad, los actos propios, fijados en el tiempo y subsumibles en los verbos rectores de los delitos que a su representado se le imputan, que los hechos del acápite primero no se relacionan con los del segundo, que los documentos encontrados en el vehículo no eran originales como lo afirmó el Tribunal, en conclusión nunca se especificó, cuál fue el actuar, que en dicho hecho probado se establece la conducta reprochable o cual fue ese delito, de quien eran dichos documentos y así una cantidad interminable de dudas que nunca tendrán respuestas por la falta de claridad. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de RECIBO. - Es posible detectar en la presentación del recurso de casación, la inadecuada técnica recursiva utilizada por el censor para desarrollar su impugnación, faltando al principio de Debida Técnica. El artículo 363 del Código Procesal Penal señala que, tratándose del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, es necesario que el Censor señale claramente los motivos que fundan su interposición, debiendo ser aquellos contenidos en el artículo 362 y en caso de existir varios, desarrollarlos de manera separada, citando en cada uno la norma procesal que se considere infringida, fijando el concepto de la infracción, exponiendo las peticiones presentadas para sanear el vicio en los casos que proceda, desarrollando la argumentación que compruebe la existencia del vicio y finalmente haciendo su formal petición al Tribunal de Casación de su pretensión. En el caso de marras, el Censor plantea en un solo título dos motivos distintos que debieron ser desarrollados por separado en igual número de motivos, y que además en sí mismos resultan impropios, a saber: 1. Se reclama que los hechos probados no son claros, por considerar el Recurrente que de los mismos no se advierte la responsabilidad de los delitos a los cuales fue condenado el acusado, mucho menos, el actuar del acusado, olvidando el Censor, que al denunciar que el factum no es claro, dicho vicio, se refiere a la redacción del mismo, en cuanto a la utilización de términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibiliten su comprensión, eso ocurrirá si dentro de los hechos probados se utilizaran expresiones como posiblemente, aparentemente, tal vez u otro similares que no conlleven a obtener certeza del acontecimiento histórico reproducido y no en cuanto a denunciar que alguno de los extremos del hecho probado en falso, por lo cual concluye la Sala de lo Penal que los hechos probados si conducen al lector a una conclusión precisa del hecho. 2. Indica falta de motivación en la declaración de los hechos probados, sin que éste haya sido desarrollado en el recurso invocado, sin embargo, se le aclara al Recurrente que este motivo no se refiere a los hechos probados, puesto que al analizar el motivo del numeral 1 del Artículo 362 del Código Procesal Penal, éste hace alusión precisa al hecho histórico, por lo que hablar de motivación fáctica, bajo el motivo de estudio, es referirse a la valoración probatoria. La casación por quebrantamiento de forma va dirigida a la demostración de los vicios ocurridos en la tramitación del juicio que afectan sus regulaciones esenciales, sin embargo, el Censor al desarrollar los motivos, dado los varios supuestos en cada uno de ellos contenidos, no indica con exactitud ese tipo de vicios para que el Tribunal de Casación pueda determinar si el Tribunal de Sentencia aplicó una afectación a disposiciones procesales concretas. Todo lo cual vuelve el recurso falto de claridad y precisión y no permite a esta Sala dar una respuesta conforme a los alegatos expresados. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por Defensa Privada.- Segundo Motivo. Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 preámbulo y numeral 3 en la última parte del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Artículo 202 y 338 regla cuarta, numeral segundo del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción Expuesto: En la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida no se observaron las reglas de la sana crítica. Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad de saneamiento o subsanación, dado que el vicio está contenido en la Sentencia definitiva; Pretensión: Sin determinar por el Recurrente. El censor luego de la transcripción del párrafo primero del acápite valoración de la prueba, ha denunciado que el Sentenciador lo que realizó fue copiar la prueba documental evacuada en juicio, para luego describir como acreditado el hecho probado del numeral segundo, y continuar por tener como probado que las evidencias encontradas en el vehículo automotor y la decomisada al testigo protegido165-A fueron extraídos del Registro Nacional de las Personas por el acusado, con la finalidad de proporcionar a particulares documentos de uso exclusivo del Registro a cambio de dinero. Continuó denunciando el Recurrente que el párrafo segundo del mismo acápite, nuevamente el Sentenciador lo que hace es describir las declaraciones testificales para luego manifestar que le concede valor probatorio positivo, teniendo por acreditadas las circunstancia de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, por lo cual el Censor concluye que el Tribunal Sentenciador no refiere que proceso de valoración siguió para dar por acreditada la participación del señor Oscar Guillermo Paredes al no tener nada de sustancial relacionado a las reglas de la valoración de la prueba. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión este basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- El Censor, de forma abstracta denuncia la violación a las reglas de la sana crítica sin identificar claramente a lo largo de su recurso cuál de ellas ha sido inobservada, solo se limitó a describirlas sin identificar cuál de ellas fue obviada por el Tribunal Sentenciador al momento de la valoración de la prueba en descargo, imposibilitando a este Tribunal de Casación de realizar una auditoría a la valoración probatoria del Tribunal de Sentencia; aunando que el recurrente omite confrontar el análisis intelectivo del Sentenciador con los principios de las reglas de la sana critica desde su perspectiva transgredida, a efecto de evidenciar la disparidad entre uno y otro, lo que constituye una omisión toral que imposibilita poder dar respuesta a dicho reclamo pues no existe claridad en la exposición de su recurso; empero de la omisión anterior. Asimismo, del relato de su escrito, se podría sustraer, que la queja del Censor, va encaminada a una insuficiencia de motivaciones fácticas y jurídicas, que a la inobservancia en la valoración de la prueba de las reglas de la sana crítica; partiendo de que el vicio de insuficiencia, se dirigirá a la consignación de argumentos de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución, es decir, que no resulte posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos, o a aplicar los preceptos penales por los que resuelve; ante ello se desborda de la finalidad que persigue este motivo en estudio. Las imprecisiones señaladas vedan la posibilidad de respuesta de fondo por parte de esta Sala de lo Penal. Se reitera que no se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la norma procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en una garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el tribunal de casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso interpuesto. No atender tal falta de claridad, pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, lo cual está vedado por el artículo 350 del Código Procesal Penal, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por Defensa Privada.- Tercer Motivo. Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 parte final del numeral 2 en la última parte del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Artículo 200 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción Expuesto: Haber el Sentenciador basado su fallo en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en la norma procesal. Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad de saneamiento o subsanación, dado que el vicio está contenido en la Sentencia definitiva; Pretensión: Sin determinar por el Recurrente. El reproche del Censor va orientado a que el Sentenciador da por cierta la existencia de un testigo protegido identificado como número 165-A, pero para arribar a esa conclusión, debió tener a la vista -según el Recurrente- a la persona física y su documentación que así lo acredite, además de escuchar de su propia voz lo que el testigo deponía, extremo que no sucedió, por haberse extraviado de la secretaría del despacho el sobre conteniendo los datos que acreditaban la identificación del testigo y su dirección, por lo que nunca pudo ser citado para su comparecencia a ratificar su deposición que sirvió de noticia criminis; incorporación como lectura autorizada a la cual la defensa se opuso, sin embargo, el acceder a su lectura a criterio del Censor le dejó en indefensión, por violación a los principios rectores del proceso penal, como ser el controvertido, igualdad de armas, de mediación y el debido proceso. Asimismo el haber valorado el Tribunal Sentenciador, copias de las diferentes actas presentadas por el Ministerio Público, a falta de originales, no fue coherente, al dar por probado que dentro del vehículo se encontraron documentos originales y luego en la valoración señala que fueron documentos en copia que fueron los evacuados, violentando el debido proceso por ser pruebas no solicitadas, sino también prohibidas. De la Oralidad en el Proceso Penal y la Introducción de prueba por Lectura como su Excepción. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la Oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP).- Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, éste Principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia; Entre estas circunstancias tenemos la prevista en el numeral 2 del artículo 311. Señala el segundo numeral que se podrán incorporar por su lectura: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”.- Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP); 2. Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: a. Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b. Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos de que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello; y 3. Que el testigo haya rendido su declaración o que la pericia haya sido practicada en la Etapa Preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá de conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 CPP), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viendo obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial por uno documental. Las partes podrán recurrir la sentencia que valore un medio de prueba introducido por lectura a la audiencia de debate: 1. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, alegando la introducción indebida por lectura del medio de prueba en violación a alguna de las reglas contenidas en el artículo 311 del mismo Código; y/o 2. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.3 del Código procesal Penal, alegando una inadecuada valoración del medio de prueba introducido por lectura, colisionando con la regla contenida en el artículo 202 del Código indicado. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de RECIBO. - Nuevamente el Censor hace un desatinado planteamiento de su recurso de casación, pues en el preámbulo de su escrito hace la presentación de dos motivos de casación, que merecen ser analizados de forma separada, sin embargo, fue enunciado como uno solo “Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura, en violación a las normas contenidas en el título iv del libro segundo del Código Procesal Penal.” En el desarrollo del libelo el Censor cita como precepto autorizante el numeral 2 del Artículo 362 del Código Procesal Penal, explicando como uno solo los motivos que describe la norma citada en el que plantea como denuncia, siendo éstos:1. Que la sentencia se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio; 2. Que la sentencia se base en medios o elementos probatorios incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del Código Procesal Penal; Es después de leer la totalidad del recurso, que entiende esta Sala de lo Penal que el motivo denunciado es la incorporación por lectura de la declaración del testigo protegido denominado 165-A, deducido así por la mención de ello del censor en su escrito, aunado a lo anterior, el recurrente señala como razones por las cuales denuncia que esas lecturas no reúnen las reglas establecidas para esa incorporación, por carecer de legitimidad al no ser individualizado, por cuanto el Tribunal no tuvo por acreditado la identidad de ese testigo, se evacuó sin presencia física, dejando en indefensión por violación a los principios rectores del proceso penal como ser el controvertido, igualdad de armas, mediación y el debido proceso. Se ha constatado en la foliada judicial que la introducción de la declaración rendida por el Testigo Protegido denominado 156A en la audiencia inicial de fecha tres (03) de abril del dos mil ocho (2008) (F. 22), a la audiencia de debate de fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013) (F. 247a) se ajusta al presupuesto excepcional que regula el artículo 311.2 del Código Procesal Penal. La declaración del testigo protegido denominado 165A, fue propuesta por el Ministerio Público en la audiencia de proposición de prueba celebrada en fecha doce (12) de marzo de dos mil doce (2012) (F. 218) manifestando el Ente Fiscal que el sobre corre agregado al expediente de mérito; dicha declaración testifical fue admitida por el Tribunal de Sentencia para su reproducción en la audiencia de debate, por lo que la Defensa Privada del acusado era sabida desde entonces que sería llamado a estrado.- Aconteció para la audiencia de debate que el testigo no pudo ser localizado para ser citados o llevado a prestar su declaración testifical, imposibilidad que deviene ante el extravió del sobre sellado que contenía los datos de identificación y de ubicación, tal como fue informado mediante constancia suscrita por la Lic. Damaris Bennetg Soriano en su condición de Secretaria Adjunta, (F.224) ante la solicitud del Tribunal de Sentencia de remitir la documentación; por lo cual el Ente Fiscal solicito la lectura autorizada, con oposición de la defensa privada, hoy recurrente (F. 247v). Comprobándose que era extraordinariamente difícil la identificación y localización del testigo (Art. 311.2 CPP), de manera correcta resolvió el Tribunal de sentencia de introducir por lectura la declaración hecha por éste en la audiencia inicial, misma que se desarrolla en la etapa preparatoria del proceso penal. La declaración del testigo protegido denominado 165A, reviste de esencialidad, pues se trata de testigo presencial, por lo que era necesario allegar sus declaraciones a la audiencia de debate, ésto con independencia a la valoración que debía hacerse de las mismas conforme a las reglas de la sana crítica, lo cual no puede ser objeto de revisión por esta Corte de Casación a través de este motivo, tal y como lo limita el artículo 350 del Código Procesal Penal. Asimismo la recurrente señala como queja, que el Sentenciador a falta de los documentos originales procedió a realizar valoración de copias que fuesen presentadas por el ente Fiscal, siendo los que tuvo a la vista y que fueron evacuados, violando el debido proceso por ser pruebas ilícitas y prohibidas. En atención a lo citado por el Censor es claro para este Tribunal que el motivo alegado es por una supuesta indebida incorporación de medios de prueba documental, que según, no eran los originales que habían sido inicialmente propuestos y admitidos en la etapa de preparación del debate, punto en el que se centrara esta Sala de lo Penal para dar una respuesta. Conforme el acumulado judicial en la audiencia de proposición de medios de prueba (F218), en donde el Ministerio Público ofertó, entre otros, los medios de prueba documental: Actas de Decomiso de la contraseña de la tarjeta de identidad que sería ratificado por Edi Owaldo Salinas, así como la evidencia consistente en 1. Un sobre manila conteniendo en su interior una contraseña de tarjeta de identidad; 2. Un sobre manila color amarillo conteniendo en su interior una revisión del vehículo propiedad del acusado; 3. Catorce actas de nacimiento; 4. Ocho forma sin llenar de constancias de tarjetas de identidad en trámite; 5. Un carnet de identificación que corresponde al acusado; 6. Un sello original del Registro Nacional de las Personas y abundante documentación perteneciente a dicha institución, ante lo anterior la Agente Fiscal en el uso de la palabra manifestó que al no encontrarse en el expediente de mérito los documentos relacionados, se solicitaran al Juzgado de Letras Penal ponerla a disposición del Tribunal de Sentencia, por lo cual fue admitida por el Tribunal Sentenciador.- Sin embargo en la etapa de incidentes de la audiencia de debate, el Ministerio Público planteó al Tribunal que las piezas de convicción, el acta de decomiso de la contraseña de identidad se evacuaran en fotocopia ante la imposibilidad de contar con las originales por lo que propuso un informe de fecha 15 de febrero del 2008 siendo la pretensión probatoria acreditar la documentación encontrada en el interior del vehículo, lo cual fue admitido por el A-quo, contando con la oposición de la Defensa del acusado y posteriormente, evacuado en la audiencia de debate. En conclusión, el vicio alegado por el Censor es inexistente por cuanto los medios de pruebas antes enunciados, fueron debidamente propuestos en el momento oportuno (audiencia de proposición de medios de prueba) y evacuado durante el debate como fotocopias, con la salvedad que serían analizadas por el Tribunal al momento de la valoración en la cual decidiría si conceder o no valor probatorio; el Tribunal Sentenciador tuvo por probado las evidencias, que ante la imposibilidad de tener a disposición las originales por el extravió en el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Cortés, el Tribunal tuvo a bien, corroborar la evidencias con el informe remitido por la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación; En ese sentido, lo anterior son razones suficientes para declarar sin lugar el presente motivo de casación. DECISIÓN No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su único motivo. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 338, 359, 360, 361, 362 numeral 1, 2 y 3, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su único motivo.- Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; Tercero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos; interpuestos por los Abogados Ceferino Justiniano Lara y Fredy Omar Madrid, actuando en su condición de Defensores Privados del señor Oscar Guillermo Paredes Rosales a quien se le condenó por el delito de Sustracción de Documentos apreciado en Concurso Medial con el delito de Cohecho, en perjuicio de La Administración Pública. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha dieciséis (16) de enero de dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-359-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.