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Sentencia CP-344-14 — Registro 11733

Resumen

En primera instancia se condena a la imputada por el delito de cohecho, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso No es de Recibo.- El Estado de Honduras, con la suscripción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se ha comprometido a formular, aplicar o en su caso, a mantener en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios de imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas (Art. 5.1); Dentro de esas políticas se deberán tener presente las medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del Ministerio Público (Art. 11.1 y 11.2). La Sentencia venida en impugnación por la vía de Recurso de Casación, hace la reconstrucción del hecho histórico en dos numerales (transcritos Ut Supra), que permiten a cualquier lector darse cuenta de cual fue la conducta realizada por la acusada Evelyn Yamileth Pinto Arita, misma que se ajusta al ámbito situacional que prevé la norma prevista en el artículo 362 del Código Penal y que se conoce bajo el Nomen Iuris: Cohecho Pasivo por Acto Lícito. En el primer numeral del Factum (F. 258 v), los juzgadores nos sitúan en un ámbito espacial y temporal, señalando que fue el miércoles 13 de enero de 2010, a la 01:00 p.m., cuando una ciudadana Miriam Janeth Murillo Sánchez se presentó a la Fiscalía contra la Corrupción a dar cuenta sobre un hecho concreto a manera de denuncia: La Señora Evelyn Yamileth Pinto Arita, Agente de la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público, solicitó la cantidad de L. 30,000.00 a la denunciante, a cambio de tramitar un Procedimiento Abreviado (Instituto Procesal Penal), a favor de su hermana: la Señora Heydi Lizeth Murillo Sánchez, sujeta a proceso penal por suponerla responsable de un delito en perjuicio de la propiedad, en el cual la Abogada Evelyn Pinto era la Fiscal Actuante. Ante tal solicitud la Señora Miriam Janeth Murillo Sánchez, había simulado aceptar, señalando que en ese mismo día, en horas de la tarde haría la entrega de los primeros L. 15,000.00. - Las autoridades de la Fiscalía contra la Corrupción, como consecuencia de la denuncia procedieron a sacar fotocopia del dinero que sería entregado por la denunciante. En el segundo numeral del Factum, los Juzgadores explican que aquello denunciado por la Señora Miriam Janeth Murillo Sánchez pudo ser comprobado, cuando alrededor de las 04:30 p.m., la entonces Agente Fiscal Evelyn Yamileth Pinto Arita, se personó a la Gasolinera ESSO, ubicada en el boulevard del Sur de la ciudad de San Pedro Sula, donde recibió de manos de la denunciante un sobre blanco conteniendo L. 15,000.00, los cuales habían sido previamente individualizados mediante sus números de serie; sin embargo, la Señora Evelyn Pinto se dio cuenta de la presencia policial teniendo como reacción soltar el sobre conteniendo el dinero, el cual cayó al suelo. El Recurso de Casación por Infracción de Ley que nos ocupa reclama concretamente que el Tribunal de Sentencia debió emitir una sentencia absolutoria, pues declara como probados hechos que no reproducen los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, pues se limita a dar por acreditado la interposición de una denuncia por parte de la Señora Miriam Janeth Murillo.- Tal reclamo no es atendible pues lo señalado por el Recurrente se limita a dar una apreciación del numeral uno de los hechos probados, sin tener en consideración el contenido factico del numeral dos, el cual complementa lo que le antecede y permite en conjunto construir la trama de hecho: La acusada concurrió al lugar acordado, el día y hora convenido, recibiendo de manos de la denunciante la cantidad de dinero pactado, esto como contraprestación a una diligencia judicial que prometió realizar y tras ser descubierta realizó el intento fútil de tirar el sobre con el dinero al suelo para no ser vinculada con éste. Conforme a lo anterior el Tribunal de Sentencia ha realizado una acertada elección de la norma sustantiva que gobierna la situación de hecho descrita, por lo que estrictamente el reclamo presentado por el Recurrente, el cual es el que debe resolver esta Sala de lo Penal (Art. 350 CPP), debe de ser desestimado. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “I. Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero pronuncian, En Nombre Del Estado De Honduras, La siguiente Sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 324-2014, por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete (17) de Diciembre de dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Condenando a la Señora Evelyn Yamileth Pinto Arita, por el delito de Cohecho, en perjuicio de la Administración Publica, a la pena de cinco (05) años de reclusión; así mismo la condenó las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta por el doble de tiempo que dure la reclusión e Interdicción Civil, por el tiempo que duren las condenas principales.- No Condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado Benjamín Lavaire Flores, actuando en su condición de Apoderado Defensor de la señora Evelyn Yamileth Pinto Arita. Son Partes En Única Instancia: El Abogado Benjamín Lavaire, Defensor Privado, apoderado legal de la Señora Evelyn Yamileth Pinto Arita, en su condición de Recurrente y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. II. Hechos Probados En La Primera Instancia Primero: El día miércoles trece de enero de dos mil diez a la una de la tarde, la señora Miriam Janeth Murillo Sanchez, en compañía del Abogado Oscar Danilo Turcios se presentó a la Fiscalía contra la corrupción a denunciar que la fiscal Evelyn Yamileth Pinto Arita, adscrita a la fiscalía de delitos comunes de esta ciudad, le había solicitado la cantidad de Treinta Mil Lempiras a cambió de beneficiar a su hermana Heydi Lizeth Murillo Sanchez, ofreciéndole tramitar un procedimiento abreviado en la causa que se le seguía en el Juzgado de Letras Penal por el delito de Hurto en perjuicio de la empresa Multicable S. De R.L. de Choloma, Cortés ya que en ese momento era la Fiscal que manejaba la causa. Denunció además que ese mismo día había acordado con la Fiscal Evelyn Pinto el pago de Quince Mil Lempiras, los cuales portaba en ese momento y que iban a ser entregados en horas de la tarde, por lo que se levantó el acta correspondiente, dejando copia fotostática de los billetes debidamente seriados. Segundo: Ese mismo día aproximadamente a las cuatro y treinta de la tarde la señora Evelyn Yamileth Pinto Arita, llegó a la gasolinera ESSO ubicada en el bulevar del sur de esta ciudad, donde recibió de manos de la señora Miriam Janeth Murillo Sanchez un sobre blanco, conteniendo treinta billetes de quinientos, identificados por sus series; al percatarse de la presencia policial la acusada arrojó al suelo el sobre con el dinero, siendo requerida por Agentes de investigación que se encontraban en el lugar y puesta a la orden de las autoridades correspondientes Junto con el sobre conteniendo el dinero. III. Recurso De Casación.- Motivos Y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción De Ley: Explicación Del Motivo: La declaración de hechos probados constituye el cimiento de la Sentencia Penal, el juicio de hecho que debe ser establecido de forma terminante y certera por el Juzgador es la que fundamenta el juicio jurídico de la misma, la consecuencia de aplicación del derecho al caso concreto, pues se ha extraídos esos hechos probados de los razonamiento probatorios realizados por el Tribunal Sentenciador, de esa realidad concreta se deriva la responsable y estricta adecuación de! cuadro fáctico al presupuesto normativo penal que se supone infringido Así que los hechos declarados probados en sus estrictos términos y en toda su integridad, orden y significación, deben contener la totalidad de los requisitos mínimos que concurren para definir si se encuadran en una hipótesis normativa penal. En el presente caso La Sala Quinta del Tribunal de Sentencias de las Sección Judicial de San Pedro Sula, declaró probados los siguientes hechos: Primero: El día miércoles trece de enero de dos mil diez a la una de la tarde, la señora Miriam Janeth Murillo Sánchez, en compañía del Abogado Oscar Danilo Turcios se presentó a la Fiscalía contra la corrupción a denunciar que la fiscal Evelyn Yamileth Pinto Arita, adscrita a la fiscalía de delitos comunes de esta ciudad, le había solicitado la cantidad de Treinta Mil Lempiras a cambió de beneficiar a su hermana Heydi Lizeth Murillo Sánchez, ofreciéndole tramitar un procedimiento abreviado en la causa que se le seguía en el Juzgado de Letras Penal por el delito de Hurto en perjuicio de la empresa Multicable S. De R.L. de Choloma, Cortés ya que en ese momento era la Fiscal que manejaba la causa. Denunció además que ese mismo día había acordado con la Fiscal Evelyn Pinto el pago de Quince Mil Lempiras, los cuales portaba en ese momento y que iban a ser entregados en horas de la tarde, por lo que se levantó el acta correspondiente, dejando copia fotostática de los billetes debidamente seriados. Segundo: Ese mismo día aproximadamente a las cuatro y treinta de la tarde la señora Evelyn Yamileth Pinto Arita, llegó a la gasolinera ESSO ubicada en el bulevar del sur de esta ciudad, donde recibió de manos de la señora Miriam Janeth Murillo Sánchez un sobre blanco, conteniendo treinta billetes de quinientos, identificados por sus series; al percatarse de la presencia policial la acusada arrojó al suelo el sobre con el dinero, siendo requerida por Agentes de investigación que se encontraban en el lugar y puesta a la orden de las autoridades correspondientes Justos con el sobre conteniendo el dinero. Honorables Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, podéis apreciar que de los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia, no derivan acreditados los elementos típicos del delito de Cohecho conforme al indebidamente aplicado artículo 362 del Código Penal, dado que lo que se ha acreditado es la denuncia que se hizo por parte de la señora Miriam Janeth Murillo Sánchez, ante la Fiscalía del Ministerio Público de unos supuestos hechos en los que se mencionó a nuestra representada, no obstante; no se ha probado y no se ha declarado así que efectivamente eso haya sido cierto. Al hacer un elemental ejercicio de adecuación de esos hechos probados, a la hipótesis normativa contenida y descrita en el artículo 362 antes referido queda manifiesto que no resulta aplicable. Resulta preciso desarrollar los elementos típicos requeridos por el Derecho penal vigente para la existencia de un delito de Cohecho, conforme al artículo 362 del Código Penal, en el mismo se dispone: “El funcionario público que solicite, reciba o acepte, directa o indirectamente, dádivas, presentes; ofrecimientos, promesas o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto injusto no constitutivo de delito relativo al ejercicio de su cargo, serán sancionado con reclusión de dos a cinco años. Si dicho acto no llega a consumarse, se sancionará al reo con reclusión de uno a tres años. En ambos casos se aplicará inhabilitación absoluta igual al doble de tiempo que de la reclusión. Es un delito especial por la calidad de sujeto activo, pues solo comete la persona que tenga el carácter de funcionario público, circunstancia fáctica que no se contiene probada en la declaración de hechos probados de la sentencia de forma terminante; en este tipo penal, el soborno (dádivas, presentes, ofrecimientos, promesas o cualquier otra ventaja indebida), persigue le realización de un acto injusto no constitutivo de delito, relativo, además al ejercicio de su cargo, Lo que no esté plasmado en los hechos declarados probadas por el Tribunal Sentenciador; la acción del delito consiste en solicitar, recibir o aceptar, directa o indirectamente, las dádivas, presentes ofrecimiento, promesas o cualquier otra ventaja indebida, intencionalmente pera realizar un acto injusto no constitutivo de delito, relacionado al ejercicio de su cargo, a este respecto escribe el Jurista Francisco Muñoz Conde en su obra Derecho Penal Parte Especial, decimocuarta edición, en su página 965 y 966, que constituye parte del tipo objetivo de este delito una necesaria conexión causal entre la dádiva o presente y el acto a realizar o realizado, además de los actos realizadas por el sujeto activo del delito, que tiene que estar necesariamente relacionados con el cargo del funcionario, y que esto sea lo que ha motivado la recepción, solicitud o petición de beneficio injusto. Como notará la Honorable Sala, en el presente paso los hechos probados en el ordinal primero establecen que está probado la existencia de la denuncia de unos hechos que era preciso investigar, y lo expresa en la sentencia así “Primero: El día miércoles trece de enero de dos mil diez a la una de la tarde, la señora Miriam Janeth Murillo Sánchez, en compañía del Abogado Oscar Danilo Turcios se presentó a la Fiscalía contra la corrupción a denunciar que la fiscal Evelyn Yamileth Pinto Arita, adscrita a la fiscalía de delitos comunes de esta ciudad, le había solicitado la cantidad de Treinta Mil Lempiras a cambio de beneficiar a su hermana Heydi Lizeth Murillo Sánchez, ofreciéndole tramitar un procedimiento abreviado en la causa que se le seguía en el Juzgado de Letras Penal por el delito de Hurto en perjuicio de la empresa Multicable S. De R.L. de Choloma, Cortés, ya que en ese momento era la Fiscal que manejaba la causa. Denunció además que ese mismo día había acordado con la Fiscal Evelyn Pinto el pago de Quince Mil Lempiras, los cuales portaba en ese momento y que iban a ser entregados en horas de la tarde, por lo que se levantó el acta correspondiente, dejando copia fotostática de los billetes debidamente seriados. (Lo subrayado es mío) De los mismos resulta evidente que no se constituyen los elementos objetivos del delito de Cohecho, pues resulta inaplicable el artículo 362 del Código Penal, pues no se ha declarado probado ninguna conducta de mi representada que sea constitutiva del delito que como se ha indicado, precisa la concurrencia integral de los presupuestos típicos de la descripción normativa del tipo penal, para poder sin incurrir en error llegar a establecer una condena. Lo que se ha declarado probado es que fueron denunciados unos supuestos hechos. A través de este motivo de casación, se amerite una revisión por parte de la Honorable Sala de lo Penal al conocer del control casacional de si dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se ha infringido la ley penal; este motivo de casación parte de un irrestricto respeto a los hechos declarados probados en la sentencia, que constituyen un relato cronológico de un acontecimiento anterior al proceso y que es fijado por el Tribunal de Sentencia considerando las pruebas que se han llevado ante ellos; partiendo de esa intangibilidad de los hechos probados de la sentencia, le corresponde al Tribunal de Casación verificar si existe correspondencia entre los hechos probados y la norma sustantiva penal aplicada, en el presente caso resulta manifiesto que no existe correspondencia entre los hechos declarados probados y el artículo 362 del Código Penal que ha sido aplicado indebidamente pues no corresponde al caso. La sentencia recurrida adolece un vicio u indicando al aplicar indebidamente el artículo 362 del Código Penal, debido a que cuando este tipo penal se confronte con los hechos declarados probados es imposible subsumir la conducta en el delito de Cohecho, pues no se declaran probados acciones, conductas de nuestra representada que sean congruentes con la integridad del delito por el que fue erróneamente condenada, sino solamente se aprecia de esos hechos, circunstancias que fueron denunciadas por la señora Miriam Yaneth Murillo Sánchez, y de la entrega que hizo de una cantidad de dinero a mi patrocinada, sin que pueda establecerse de esos hechos de forma certera y precisa la vinculación que ese acto tienen con otros hechos que igualmente probados sugieran la existencia del delito de Cohecho de forma cierta y terminante. El Tribunal Sentenciador, al momento de hacer el juicio jurídico deja de manifiesto el error cometido, y al respecto en el único ordinal en que se fundamente jurídicamente la parte resolutiva de la Sentencia, se establece: “Primero: Este Tribunal ha podido concluir en base a los medios de prueba propuestos y evacuados por el Ministerio Público la participación de la imputada a título de Autora conforme al artículo 32 del Código Penal en los hechos investigados y que los mismos constituyen el delito de Cohecho conforme al artículo 362 de ese mismo cuerpo legal, en virtud de que concurren los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal. Se observan los elementos objetivos constitutivos del delito de Cohecho, ya que ha quedado probado más allá de toda duda razonable, con los testimonios y prueba documental, que una funcionaria pública recibió directamente dinero, estableciéndose asimismo, el elemento subjetivo de Dolo, o la voluntariedad de la acción con el fin de realizar un acto injusto no constitutivo de delito, acción que se enmarca en la Teoría del delito, por ser una acción humana, típica, antijurídica, culpable y punible.” Cabe referir que es toda la fundamentación jurídica del fallo, y que de lo expresado por el Honorable Tribunal de Sentencias en este apartado, se denota con suficiencia el error al Juzgar los hechos declarados probados en la misma sentencia, pues no existen en los hechos probados, lo correspondiente a los elementos objetivos del tipo penal descrito en el artículo 362, que no se desarrollan puntualmente en la motivación jurídica porque no existen en los hechos probados, por ello solo se hacer relación a la recepción de dinero por parte de la Señora Evelyn Yamileth Pinto Arita, de quien no se dio por acreditado que ese hecho lo hubiera realizado en condición de funcionaria pública, no está probado que vinculación existe entre esta conducta y el manejo que tuviera de causa criminal alguna en su caso, ni de que haya realmente solicitado, recibido o aceptado beneficios injustificados a fin de realizar acto injusto no constitutivo de delito, como se denunció, ya que lo que establece el Tribunal de Sentencia en los hechos probados de la Sentencia es que se probó que se recibió denuncia de estos hechos, no que estos hechos hayan ocurrido realmente. Como fácilmente se colige de los hechos probados de la sentencia, y la aplicación indebida del artículo 362 del Código Penal, mi representada la señora Evelyn Yamileth Pinto, ha sido injustamente condenada por el delito de Cohecho, sin que existan hechos acreditados que configuren los elementos tanto objetivos ni mucho menos subjetivos de ese tipo penal, siendo evidente que no existe correspondencia entre el juicio fáctico y la tipificación penal que le ha sido aplicada a mi patrocinada. Interpretación Pretendida. Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma penal sustantiva en relación con los hechos declarados probados, y partiendo del principio de intangibilidad de los hechos de la sentencia, se somete a control de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que en efecto al verificarse los extremos expuestos en el presente recurso, y siendo manifiesto el error al Juzgar los hechos declarados probados que llevaron al Tribunal de Sentencia a condenar a mi representada Evelyn Yamileth Pinto Arita por un delito de Cohecho, pues se aplicó incongruentemente con los hechos probados el artículo 362 del Código Penal, se declare Con Lugar el motivo de casación expuesto, dictando una sentencia absolutoria a favor de mi patrocinada, a fin de ratificar el reconocimiento constitucional de inocencia contenido en el artículo 9 de la Constitución de la República. IV. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo. *Precepto Autorizante citado: Artículo 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 362 del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Errónea aplicación de la norma penal sustantiva que tipifica el delito de Cohecho Pasivo por Acto Lícito; y *Pretensión: Se emita sentencia absolutoria a favor de la acusada. El Recurrente plantea que los hechos declarados probados dispuestos por el Tribunal de Sentencia no permiten derivar como acreditados los elementos típicos del delito de Cohecho, contenido en el artículo 362 del Código Penal, que fue la norma aplicada y que sustenta el pronunciamiento condenatorio en contra de la acusada; Explica que los hechos probados se limitan a dar por acreditada la denuncia que en su momento interpusiera la Señora Miriam Janeth Murillo Sánchez, ante la Fiscalía del Ministerio Público y los hechos de esta denuncia; Detalla que los hechos no determinan que la acusada Evelyn Yamileth Pinto Arita tenga la calidad de funcionaria pública, tampoco que ésta haya solicitado un soborno para efecto de realizar un acto injusto no constitutivo de delito, relativo al ejercicio de un cargo público. Concluye el Recurrente que no fue declarado probado ninguna conducta de la acusada que sea constitutiva de delito, que precisa la concurrencia integral de los presupuestos típicos de la descripción normativa del tipo penal; lo que se ha declarado probado fue que se denunciaron unos supuestos hechos. Del Delito de Cohecho Pasivo Es propio señalar que el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, agrupa una serie de tipos penales que tienen como objeto la salvaguarda del bien jurídico Administración Pública, el cual debe conceptualizarse para efectos penales en un sentido lato como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Social de Derecho como deber del empleado y funcionario público de conducirse con lealtad y probidad, como depositarios de la autoridad y responsables ante la sociedad de sus actuaciones, en los términos que dispone el artículo 323 de la Constitución de la República. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, señala que los Estados Parte se comprometen a tipificar como delito la solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales (Art. 15.b). Compromiso que ha sido cumplido por Honduras como Estado Parte, al tipificar como delito en contra de la Administración Pública el Cohecho Pasivo por acto ilícito (Art. 361 CP) o por Acto Lícito (Art. 362 CP) que reprocha la venalidad del funcionario público, en procura de proteger el funcionamiento normal de la Administración amenazada por la actitud del depositario de la autoridad que debería protegerle; La venalidad, independientemente si es ejercida en relación con un acto que el funcionario debe cumplir legalmente o de aquellos que son contrarios a la ley, deteriora el correcto funcionamiento administrativo y pone en peligro la normalidad de su desenvolvimiento. El delito de Cohecho Pasivo por Acto Lícito, se encuentra tipificado en el artículo 362 del Código Penal el que indica que: “El funcionario público que solicite, reciba o acepte, directa o indirectamente, dadivas, presentes, ofrecimientos, promesas o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto injusto no constitutivo de delito relativo al ejercicio de su cargo, será sancionado con reclusión de dos (2) a cinco (5) años. Si dicho acto no llega a consumarse, se sancionará al reo con reclusión de uno (1) a tres (3) años. En ambos casos se aplicará inhabilitación absoluta igual al doble del tiempo que dure la reclusión”. Los elementos objetivos del tipo penal son: A. Sujeto Activo: Se trata de un tipo penal de autor calificado ya que debe ser un empleado o funcionario público en ejercicio de su cargo con competencia para llevar a cabo el acto cuya realización u omisión se pretende, entendiéndose como funcionario o empleado público lo señalado por el artículo 2.a de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: i. Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii. Toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii. Toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno de un Estado Parte. De igual forma el concepto dado por el artículo 393 del Código Penal, señala que es funcionario o empleado público toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público, incluidos los alcaldes y regidores municipales. B. Sujeto Pasivo Es el Estado de Honduras, como titular de la Administración Pública. C. Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso son de tres órdenes: solicitar, recibir o aceptar: i) Solicita quien a partir de su iniciativa pide o exige dádivas presentes o una ventaja Indebida; ii) Recibe el que entra en la tenencia material del objeto que se le entrega; y iii) Acepta quien admite recibir en el futuro lo que se le promete. La primera acción implica una actitud activa del funcionario, mientras que las restantes adopta una actitud pasiva (de allí el nombre del delito: Cohecho Pasivo), en donde además converge la comisión de otro delito por quien hace la entrega o el ofrecimiento (Cohecho Activo). Lo que se solicite o se reciba deben ser dádivas, presentes o cualquier ventaja Indebida, y lo que se acepte debe ser la promesa o el ofrecimiento igualmente de dádivas, presentes o cualquier ventaja Indebida: i. Dádivas o Presentes hacen referencia a algo que se puede dar y recibir en sentido material, por tanto son cualquier objeto que pueda transferirse con valor económico en el tráfico comercial lícito o incluso tráfico comercial ilícito (como por ejemplo: drogas).- Es importante señalar que la entidad, medida o extensión de la dádiva o el presente en valor económico es irrelevante a los fines de la tipicidad, no tiene por qué guardar proporción con la importancia del acto esperado del funcionario, respecto del cual puede ser ínfimo o absurdamente desproporcionado, ya que lo que interesa es que constituya el precio de la actividad o inactividad de aquél; y ii. Ventaja Indebida es todo aquello que constituya beneficio, que se identifique con algo codiciable para el receptor aun cuando no pueda atribuírsele un valor económico, como por ejemplo favores sexuales. La promesa u ofrecimiento debe ser aceptada e implica la expectativa del empleado o funcionario público de recibir en el futuro una dádiva, presente o ventaja indebida, independientemente que ésta se haya identificado o cuantificado e independientemente de si se ha establecido el momento en que se otorgará. D. Objeto material del delito es la administración pública, como bien jurídico protegido, individualizado en el acto al que se compromete el empleado o funcionario Público realizar a cambio de la dádiva, presente o ventaja indebida. La estructura del tipo penal determina que la conducta del empleado o funcionario público debe recaer sobre un acto u omisión futuro: se solicita, se da y se recibe, se ofrece y se acepta, para actuar u omitir, no por haber actuado o haber omitido; la dádiva, presente o ventaja indebida entregada para retribuir una conducta funcional Ya Adoptada por el funcionario se encuentra fuera de los límites del delito de cohecho pasivo, encuadrándose en el delito de Aceptación Indebida de Dadivas del artículo 365 del Código Penal. E. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, puede ser ejecutada directamente por el empleado o Funcionario Público o a través de otra persona la cual sirve de intermediario: i. La acción de solicitar puede ser de manera explícita, donde el funcionario público exprese directamente o a través de otro, su pretensión de obtener una dadiva, un presente o una ventaja indebida, pero también puede realizarse de manera implícita mediante insinuaciones, comentarios que traten de ornamentar la solicitud pero que no deje margen de dudas de lo que se quiere; ii. La acción de recibir, también puede ser de manera directa o por interpósita persona, para beneficio del funcionario público o de un tercero; Así pues el beneficio injusto puede ser recibido por el funcionario público para provecho propio o para provecho de un tercero, por una otra persona para beneficio del funcionario, por otra persona para su propio beneficio, o por otra persona para que ésta a su vez utilice lo recibido para beneficio de un tercero; iii. La aceptación del beneficio injusto igualmente puede ser directamente por el funcionario público o por medio de un tercero en nombre de aquel, independientemente de que se hubiese pactado monto, cantidad o extensión del beneficio o momento en que éste debe ser entregado, concedido u otorgado. - F. Penalidad: La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, indica en el Artículo 30.1 que cada Estado Parte penalizará la comisión del delito de Cohecho con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de éste; Agregando en el artículo 30.7.a que además cada Estado Parte debe considerar la posibilidad de establecer procedimientos para inhabilitar a las personas condenadas para ejercer cargos públicos. El Legislador hondureño, para el delito de Cohecho Pasivo por Acto Lícito (Art. 362 CP) ha previsto dos niveles de punibilidad: i) Con reclusión de uno (1) a tres (3) años, si el acto prometido o que se espera realice el empleado o funcionario público no llega a consumarse, ello por el peligro que el mero ofrecimiento constituye para la administración pública; o ii) Con reclusión de dos (2) a cinco (5) años, si por el contrario el acto prometido o que se espera sea realizado por el funcionario se concretiza, traduciéndose en una afectación material para la administración pública. En estos casos el artículo 34 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción señala que los Estados, de conformidad con el derecho interno, adoptaran las medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. Como efecto de la declaratoria de culpabilidad, dispone el artículo 31 de la Convención In Comento, los Estados Partes cuando corresponda procederán a decretar el comiso de los activos producto del delito, que hayan servido de instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la ejecución del delito, o de bienes de valor equivalente a aquellos, cuando los originales no pudiesen ser localizados o estuviesen entremezclados con otros de origen lícito. El tipo penal de Cohecho Pasivo de acto ilícito (Art. 361 CO) y de acto lícito (Art. 362 CP) tienen como elemento subjetivo el dolo, donde el autor, motivado por algo distinto que el fiel cumplimiento de la ley, se compromete a la realización de un acto lícito o ilícito con la expectativa de recibir a cambio una dádiva, presente o ventaja Indebida. En relación a ello el Artículo 28 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dispone que el conocimiento, la intención o el propósito se requieren como elemento de un delito de Cohecho, lo que podrá inferirse de circunstancias fácticas objetivas. El dolo requiere que el funcionario tenga conciencia del sentido de la dádiva, presente o ventaja indebida que solicita, recibe o de la oferta que acepta y, consecuentemente, que la solicitud, la recepción o la aceptación se hagan teniendo presente las finalidades perseguidas a quien se le solicita, por quien da o por quien promete. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Cohecho Pasivo: A. Según Su Estructura: i) Tipo Penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano. - ii) Tipo Penal Compuesto: Ya que describe tres modelos de comportamiento distinto derivados de tres diferentes verbos rectores, cada uno de los cuales conforman por su mismo una modalidad típica distinta. B. Según su Contenido: i) Tipo Penal de Mera Conducta, los verbos rectores de solicitar, recibir y aceptar, se agotan con la mera acción del autor, sin que se requiera la producción de un resultado, de modo que el cumplimiento de lo acordado por ambas partes no es más que un acto de agotamiento irrelevante desde el punto de vista de la tipicidad del art. 361 y 362 del CP, y por tanto es un delito que no admite tentativa, es decir: 1) En el verbo rector solicitar no se requiere que la persona a la que se le realice dicha solicitud la acepte, tampoco se requiere que la persona habiendo accedido a la solicitud entregue la dádiva, presente o la ventaja Indebida; y 2) Para los verbos rectores de recibir o aceptar, no se requiere que el funcionario concretice el acto ilícito contrario a sus deberes.- ii) Tipo de Conducta Instantánea al contener tres supuestos de hecho (solicitar, recibir y aceptar) cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento.- iii) Tipo Penal de Acción: Porque en las conductas criminosas de solicitar, recibir y aceptar, describe un modelo de comportamiento comisivo, es decir exigen que el sujeto activo realice una conducta aun cuando ésta sea la de expresar su consentimiento.- iv) Tipo Penal cerrado porque siendo un tipo penal en blanco, el supuesto de hecho está descrito por tres verbos rectores que son integrados por lo dispuesto en la Constitución y en las leyes de la República, determinando así con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta reprochada está claramente definida. C. Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo.- ii) Tipo Penal de Sujeto Activo Calificado ya que exige que el sujeto activo tenga la condición especial de Empleado o Funcionario Público. D).- Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Monoofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Administración Pública que puede verse afectada por la conducta realizada por el empleado o funcionario público motivando su conducta funcional por causa distinta al cumplimiento de la ley.- ii) Tipo Penal de Peligro: La aparición del delito es con independencia si el funcionario realiza o no la conducta a la cual se ha comprometido a cambio de la dadiva, presente o ventaja Indebida, por tanto el solo peligro de una actuación motivada por causa distinta a la ley está dentro la esfera de protección de la norma. De la Procedencia del Recurso El recurso No es de Recibo.- El Estado de Honduras, con la suscripción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se ha comprometido a formular, aplicar o en su caso, a mantener en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios de imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas (Art. 5.1); Dentro de esas políticas se deberán tener presente las medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del Ministerio Público (Art. 11.1 y 11.2). La Sentencia venida en impugnación por la vía de Recurso de Casación, hace la reconstrucción del hecho histórico en dos numerales (transcritos Ut Supra), que permiten a cualquier lector darse cuenta de cual fue la conducta realizada por la acusada Evelyn Yamileth Pinto Arita, misma que se ajusta al ámbito situacional que prevé la norma prevista en el artículo 362 del Código Penal y que se conoce bajo el Nomen Iuris: Cohecho Pasivo por Acto Lícito. En el primer numeral del Factum (F. 258 v), los juzgadores nos sitúan en un ámbito espacial y temporal, señalando que fue el miércoles 13 de enero de 2010, a la 01:00 p.m., cuando una ciudadana Miriam Janeth Murillo Sánchez se presentó a la Fiscalía contra la Corrupción a dar cuenta sobre un hecho concreto a manera de denuncia: La Señora Evelyn Yamileth Pinto Arita, Agente de la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público, solicitó la cantidad de L. 30,000.00 a la denunciante, a cambio de tramitar un Procedimiento Abreviado (Instituto Procesal Penal), a favor de su hermana: la Señora Heydi Lizeth Murillo Sánchez, sujeta a proceso penal por suponerla responsable de un delito en perjuicio de la propiedad, en el cual la Abogada Evelyn Pinto era la Fiscal Actuante. Ante tal solicitud la Señora Miriam Janeth Murillo Sánchez, había simulado aceptar, señalando que en ese mismo día, en horas de la tarde haría la entrega de los primeros L. 15,000.00. - Las autoridades de la Fiscalía contra la Corrupción, como consecuencia de la denuncia procedieron a sacar fotocopia del dinero que sería entregado por la denunciante. En el segundo numeral del Factum, los Juzgadores explican que aquello denunciado por la Señora Miriam Janeth Murillo Sánchez pudo ser comprobado, cuando alrededor de las 04:30 p.m., la entonces Agente Fiscal Evelyn Yamileth Pinto Arita, se personó a la Gasolinera ESSO, ubicada en el boulevard del Sur de la ciudad de San Pedro Sula, donde recibió de manos de la denunciante un sobre blanco conteniendo L. 15,000.00, los cuales habían sido previamente individualizados mediante sus números de serie; sin embargo, la Señora Evelyn Pinto se dio cuenta de la presencia policial teniendo como reacción soltar el sobre conteniendo el dinero, el cual cayó al suelo. El Recurso de Casación por Infracción de Ley que nos ocupa reclama concretamente que el Tribunal de Sentencia debió emitir una sentencia absolutoria, pues declara como probados hechos que no reproducen los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, pues se limita a dar por acreditado la interposición de una denuncia por parte de la Señora Miriam Janeth Murillo.- Tal reclamo no es atendible pues lo señalado por el Recurrente se limita a dar una apreciación del numeral uno de los hechos probados, sin tener en consideración el contenido factico del numeral dos, el cual complementa lo que le antecede y permite en conjunto construir la trama de hecho: La acusada concurrió al lugar acordado, el día y hora convenido, recibiendo de manos de la denunciante la cantidad de dinero pactado, esto como contraprestación a una diligencia judicial que prometió realizar y tras ser descubierta realizó el intento fútil de tirar el sobre con el dinero al suelo para no ser vinculada con éste. Conforme a lo anterior el Tribunal de Sentencia ha realizado una acertada elección de la norma sustantiva que gobierna la situación de hecho descrita, por lo que estrictamente el reclamo presentado por el Recurrente, el cual es el que debe resolver esta Sala de lo Penal (Art. 350 CPP), debe de ser desestimado. V. Decisión No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único. VI. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recursos de Casación por Infracción de Ley en su motivo único, interpuesto por el Abogado Benjamín Lavaire Flores, apoderado defensor privado de la acusada Evelyn Yamileth Pinto Arita; Segundo: Declara Firme y Ejecutable la Sentencia de fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.- Y Manda: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para su inmediato cumplimiento, una vez que sean debidamente notificadas las partes.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho. recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-344-2014.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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