Sentencia CP-340-14 — Registro 13689
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de homicidio simple, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...
DE LA PROCEDENCIA DEL SEGUNDO MOTIVO. EL MOTIVO SEGUNDO ES DE RECIBO. El acta de debate (f. 31), nos informa que después de evacuada la prueba documental, el Ministerio Público invocando como fundamento el artículo 333 cpp, solicitó al Tribunal de Sentencia se trajera al estrado al Señor Misael Amaya, agente de investigación que había realizado el acto de investigación identificación fotográfica, llamado en el proceso como “Reconocimiento Fotográfico”, para que manifestare quien fue la persona que participó en esa diligencia, esto dado que el testigo Juan Orlando Hernández negó haber sido él; al turnarse el uso de la Palabra, el acusador privado manifestó estar de acuerdo con lo señalado, agregando además que el testigo Juan Orlando Hernández, fuese puesto delante del Señor Misael Amaya, para que éste último dijese si aquel había o no participado en la diligencia de investigación; finalmente la Defensa se manifestó en desacuerdo bajo el argumento que el Testigo Hernández había sido categórico de que no participo en la diligencia de investigación. En resumen, según se desprende del acta de debate, el Ministerio Público solicito como un auto para mejor proveer la declaración testifical del Señor Misael Amaya, y la acusación privada además que el testigo propuesto realizara la identificación de la persona que realizó el acto de investigación. Ante lo peticionado el Tribunal de Sentencia indicó que accedía a lo solicitado, ordenando la práctica de un Careo entre el testigo Juan Orlando Hernández y el Señor Misael Amaya (f. 40 v.), el que fue realizado de manera posterior (F. 47), siguiendo el siguiente procedimiento: i.- Se dio lectura a la declaración rendida por el Señor Juan Orlando Hernández; ii.- Se procedió a realizar un interrogatorio al Señor Misael Amaya, iniciando el Ministerio Público, luego la acusación privada, después la defensa privada y finalmente el Tribunal de Sentencia, además se le permitió al Ministerio Público reinterrogar al Señor Misael Amaya; Interrogatorio que se realizó frente al testigo Juan Hernández; y iii.- Finalmente la Defensa privada formulo una pregunta cerrada al testigo Juan Orlando Hernández. La Sala de lo Penal identifica en el proceder del Tribunal de Sentencia muchos yerros que afectaron la buena marcha del proceso, a saber: 1. El Ministerio Público y la Acusación privada solicitaron como auto para mejor proveer la declaración del Señor Misael Amaya, indicando haber sido la persona encargada de realizar la diligencia de investigación que fue conocida en el debate como “Reconocimiento Fotográfico”, aun cuando este información no era nueva, de hecho el documento debió haber sido propuesto con la ratificación de dicho agente; entonces estrictamente no reunía los requisitos del artículo 333 cpp, pues la existencia del testigo y la información que éste podía comunicar al Tribunal era de conocimiento de las partes proponentes desde la Etapa Preparatoria del Proceso; 2. La solicitud del Ministerio Público y de la Acusación Privada era que se recibiese la declaración testifical del Señor Misael Amaya, pero contrario a ello, el Tribunal de Sentencia ordeno la práctica de un Careo, que no había sido solicitado; en ese sentido se atiende el reclamo del Recurrente; 3. El Tribunal de Sentencia dispuso se efectuara un careo entre el testigo Juan Orlando Hernandez y el Señor Misael Amaya, aun cuando éste último no había declarado antes, de hecho ni siquiera figuraba como medio de prueba; de este modo el Tribunal llevo a debate un medio de prueba no propuesto, esto como consecuencia de olvidar que el Careo no es un medio de prueba independiente, sino dependiente de que se haya efectuado por lo menos dos medios de prueba previos (dos declaraciones testificales o dos deposiciones de peritos, la declaración testifical y la declaración de la persona acusada); de nueva cuenta el Recurrente tiene razón en este aspecto; y 4. El Desarrollo del medio de prueba Careo, no se siguió el protocolo que dispone el Código Procesal Penal para su desarrollo (y es que no era posible debido a la falta de declaración previa del Señor Misael Amaya), convirtiendo la diligencia en una mera declaración testifical, pues las partes u el tribunal se limitaron a interrogar al Agente Amaya. No tiene la razón el recurrente al señalar que el Careo se evacuo en un momento procesal no oportuno, pues aún faltaban medios de prueba que evacuar; el Careo ha de practicarse a continuación del término de la segunda declaración testifical o de la segunda deposición del perito, que evidencie la contradicción con lo dicho de manera anterior por otro testigo, por la persona acusada o por otro perito. Tampoco tiene la razón el Recurrente al alegar que el Careo se realizó entre una persona y un documento, pues si bien se interrogo al Señor Misael Amaya sobre la confección del documento, éste como tal no fue puesto en exhibición para ser confrontado. En la Sentencia los Señores Jueces valoraron el Careo, concluyendo gracias a éste que el testigo Juan Orlando Hernández, fue la persona que declaro, bajo la modalidad de testigo protegido, ante el agente de Investigación Misael Antonio Benítez; es pues que el Careo contribuyo al convencimiento del A-Quo que el testigo Juan Hernández identificó al acusado, mediante fotografías, como la persona que dio muerte a los ofendidos Ricardo Pérez y Carlos Cortes Hernandez; entonces el mal proceder del Tribunal de Sentencia al ordenar y practicar el Careo no solo tiene una repercusión formal, por la inobservancia de normas procesales de carácter público, sino que además una repercusión material por haber contribuido el careo en la formación de la convicción de los sentenciadores, contaminando la parte dispositiva de la sentencia. Identifica esta Sala de lo Penal al artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 260 y 261 del Código Procesal Penal, como las normas inobservadas por el Tribunal de Sentencia, debiendo declararse con lugar el segundo motivo de casación por infracción de Precepto Constitucional-..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.
SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (2) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP340-2014 por Infracción de Preceptos Constitucionales y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: 1) Condenando al acusado Santos Benítez Gómez, a la pena de Quince (15) Años De Reclusión, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Carlos Cortés; asimismo se le condena a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta E Interdicción Civil. 2) Condenando al acusado Santos Benítez Gómez, a la pena de Quince (15) Años De Reclusión, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Ricardo Pérez; asimismo se les condena a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta E Interdicción Civil. 3) Declaro al imputado Santos Benítez Gómez responsable civilmente.4) No Condeno en costas al imputado Santos Benítez Gómez. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Oscar López López, en su condición de Apoderado Defensor de Santos Benítez Gómez. SON PARTES: Recurrente: Abogado Oscar López López, apoderado defensor privado del Señor Santos Benítez Gómez; Recurrida: Abogada Roxana Lucila Castro, Agente Fiscal del Ministerio Público; Recurrido: Abogado José Santos Ortiz Castillo, en su condición de acusador privado. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA Único: Que en hora no determinada de la tarde del día veintitrés de octubre del año dos mil once, en el desvío que conduce a las aldeas de Cosire, El pelón y Cataulaca, jurisdicción del Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, el señor Santos Benítez Gómez, sin motivo alguno y haciendo uso de un arma de fuego que portaba disparó al cuerpo de los señores Ricardo Pérez y Carlos Cortés Hernández, y de seguido los remato con heridas propinadas con un machete, causándoles de inmediato a ambas personas la muerte. III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Primer motivo: infracción del artículo 90 de la constitución de la república de honduras. Precepto autorizante: artículo 361 del código procesal penal. Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 90 constitucional que garantiza: “nadie puede ser juzgado... con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; el derecho al debido proceso se violenta en relación con los artículos de nuestro código procesal penal en los artículos 200, 253, 255, 256 273.1, 274 y 275 los cuales desarrollaremos de manera conjunta: “artículo 200.- pruebas prohibidas o ilícitas.- carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la constitución de la república y en...; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos,...”. “artículo 253.- reconocimiento de personas en rueda.- para identificar a una persona o para establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto, deberá practicarse su reconocimiento, el cual se hará de la manera siguiente: 1) quien lleve a cabo el reconocimiento, describirá a la persona de que se trate y manifestará si después del hecho que es objeto de investigación, la ha visto de nuevo, en qué lugar, por qué motivo y con qué propósito; 2) se tomarán las previsiones para que el imputado no se desfigure y se le pondrá junto a otras personas que físicamente se le parezcan; 3) se preguntará a quien lleva a cabo el reconocimiento, si entre las personas a que se refiere el numeral anterior, se halla el imputado y, en caso afirmativo, se le invitará para que lo señale en forma precisa; y 4) finalmente, quien lleve a cabo el reconocimiento, expresará las diferencias y semejanzas que observe entre el estado actual de la persona señalada y el que tenía en la época a que se refiere la declaración. El reconocimiento procederá aún sin el consentimiento del imputado. Cuando el imputado no pueda estar presente, se podrá utilizar su fotografía u otros registros. La observación de las personas a que se refieren los numerales 1) y 2), se practicará desde un lugar en el que quien hace la identificación no pueda ser visto por aquel a quien se trata de identificar”. “artículo 255.- carácter de las personas que intervienen en su reconocimiento. - las personas que participen en la práctica de un reconocimiento, tendrán el carácter de testigos, por lo que quedarán sujetos a las reglas aplicables a éstos. Cuando el…”. “artículo 256.- forma de practicar el reconocimiento para que tenga el carácter de prueba anticipada...- para que el reconocimiento que se practique en la etapa preparatoria, tenga el carácter de prueba anticipada y pueda ser incorporado al debate, mediante la lectura del acta en que conste, deberá practicarse en presencia del juez, del fiscal y del defensor del imputado”. “artículo 273.- atribuciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar.- las dependencias del ministerio público, la policía nacional u otra autoridad competente a que se refiere el artículo anterior, al tener conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito, cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento, cuando la noticia parezca verosímil, teniendo en cuenta su contenido y los datos proporcionados para su comprobación, adoptará las medidas necesarias para impedir que produzca consecuencias ulteriores e iniciará las investigaciones del caso, para lo cual podrán: 1) citar a cualquier persona que pueda aportar datos relacionados con el hecho que se investiga y recibirle la correspondiente declaración. A… Podrá asimismo, …”; 2) … 3) …; y 4)…”. Para la realización de las actividades anteriores las señaladas dependencias no necesitarán autorización judicial, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la constitución de la república y los tratados internacionales de los que honduras forma parte. Las investigaciones de las mencionadas dependencias comprenderán no sólo los cargos que se hagan al imputado, sino también los hechos que puedan servir para su defensa”. “artículo 274.- citaciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar y obligación de colaborar con las mismas. - las citaciones que haga el ministerio público u otra autoridad competente, a través de las dependencias que quedan señaladas, serán de cumplimiento obligatorio. Los funcionarios… Para…- los funcionarios… El juez correspondiente,…- el incumplimiento”. “artículo 275.- obligaciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar. - en la práctica de toda diligencia investigativa, las autoridades encargadas de la investigación preliminar guardarán el más absoluto respeto a los derechos individuales consagrados por la constitución de la república, por los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que honduras forma parte y por este código. Las informaciones…”. Primero: este postulado del debido proceso es equivalente al otro principio de la ley sustancial que consagra el de la legalidad referida al hecho punible, a la pena y a la medida de seguridad. Son dogmas legales, puesto que su inobservancia hace irrelevante la condena o enerva el juzgamiento, las cuales, de producirse en flagrante violación de aquellos principios rectores, estigmatizarían el proceso penal con un altísimo coeficiente de injusticia, de arbitrariedad, de atropello a las vías legales.- ambas filosofías, la de la legalidad en el código penal y la de “legalidad del proceso” en el código procesal penal, tienen su origen en la constitución de la república, son derechos inviolables e inalienables en las diversas etapas del proceso, el acusado como principal protagonista del proceso penal, está severamente protegido y escudado en la inviolabilidad del debido proceso.- el artículo 200 es muy claro al señalar que carecerán de eficacia probatoria los actos que vulneren las garantías procesales, así mismo los que sean consecuencia de estos; resulta que el tribunal de sentencia violento en varias ocasiones el debido proceso, desde la audiencia de proposición de pruebas (folio 14 segunda pieza) al admitir la prueba documental número cuatro (4) propuesta por la fiscalía consistente en un reconocimiento fotográfico (folios 34 y 35) sin señalar quien lo ratificará; el cual se efectuó como un acto investigativo, antes de la presentación del requerimiento, sin las garantías procesales; una vez admitido, incorporó al juicio mediante lectura el acta de Reconocimiento fotográfico (folios 34 y 35) sin que nadie la ratificara, sin ninguna firma, siendo un documento apócrifo (inventado, simulado); le dio ingreso a petición de la fiscalía para efecto de contradicciones en base al artículo 311 numeral 6 (página 10 acta de debate), el que ordena “que las... y los testimonios practicados durante la etapa preparatoria, cuando sean contradictorios...”, lo que no procede porque se trata de un acta de reconocimiento fotográfico, no es ningún testimonio, y no es un testimonio realizado ante juez competente (doble violación en su incorporación); una vez evacuado este medio de prueba prohibido e ilegal, lo ocupa para realizar un careo ilegal (lo veremos adelante) y el tribunal lo utiliza para fundamentar su sentencia. Tanto la proposición con la evacuación se llevó de encuentro cantidad de normas procesales, las cuales detallamos a continuación.-segundo: al revisar el acta de reconocimiento fotográfico, observamos que fue elaborada el dieciséis de noviembre del dos mil once (16-11-11) por agente de la dnic Misael Amaya, en la misma no encontramos firma ni huella del supuesto testigo protegido, así como tampoco se encuentra una declaración administrativa del susodicho testigo protegido como paso previo a efectuar el reconocimiento fotográfico.- nos apoyamos en el texto de derecho procesal penal comentado y en el texto de derecho procesal penal de honduras (manual teórico practico) estos instrumentos orientadores como lo califican su autores internacionales y nacionales de alta calidad y con marcado conocimiento de la realidad procesal de nuestra patria, los cuales fueron entregados a todos los jueces del país; el manual teórico-práctico del derecho procesal de honduras elaborado por juristas españoles y hondureños, entregado a todos los jueces de la republica enseña en relación a los actos de investigación: “que en cuanto a la regulación de estos actos, la policía debe conocer perfectamente las normas por las que se rige su actuación en la práctica de dichas actuaciones, independientemente de que se apliquen técnicas policiales concretas, normadas o no, que deben de complementarse en todo caso por la autoridad fiscal (no hizo nada). Por otro lado, estos actos no tendrán valor probatorio para fundamentar la resolución definitiva que dictara el tribunal correspondiente sobre el problema sometido a su conocimiento mediante el proceso penal. Encontramos en el manual teórico practico específicamente en la pagina 291: diferencia de los actos de prueba con los actos de investigación, ya que prácticamente son coincidentes; de hecho, el CPP no distingue la diferencia, limitándose a regular los medios de prueba en los artículos 203 en adelante, precedidos por disposiciones generales en los artículos 198 al 202. Encontrando diferencias: 1) el acto de investigación se dirige a averiguar algo que se desconoce; el acto de prueba se dirige a convencer al juez de la verdad de una afirmación; 2) el acto de investigación se realiza en la etapa preparatoria y el acto de prueba en el juicio, salvo cuando son pruebas anticipadas; y 3) el acto de investigación puede practicarse sin contradicción y los actos de prueba tienen que realizarse con la presencia de todas las partes. Ya el artículo 199 manda y debe de interpretarse, pues, la certera declaración al respecto, y así debe interpretarse la vasta expresión “objetivamente confiables”. Que no existe en ningún caso autorizaci0n para practicar actos de investigación con violación de los derechos fundamentales, es decir, prohibidos o ilícitos (artículo 90 de la constitución y 200 del cpp). Es decir, que en la realización de todo acto de investigación que pueda llegar a significar una potencial limitación de derechos fundamentales, habrá que prestar especial atención a las exigencias, tanto de carácter constitucional como de legalidad ordinaria, previstas para su realización, so pena de posible inutilizabilidad de sus resultados en juicio. Agrega el código procesal comentado (pág. 296): “mediante la prohibición de utilizar medios de investigación ilícitos se trata de garantizar una investigación objetiva e imparcial. Es por ello un límite mucho más eficaz, porque la tentación de todo poder y las autoridades públicas de persecución lo tienen, es fagocitar a todo aquel a quien se encuentre en su camino (nuestro caso). De esta manera los actos de investigación deben de ser legales y practicarse limpiamente, sin violentar ningún derecho fundamental del imputado. Tercero: señala el manual teórico-práctico, que, para llevar a cabo esta diligencia, deberá de ajustarse en la medida de lo posible a las reglas del reconocimiento en rueda, y con ello se lograra un punto de partida para saber por dónde y de qué manera deberán orientarse las investigaciones. Así tenemos que el “artículo 255 ordena que “las personas que participen en la práctica de un reconocimiento, tendrán el carácter de testigos, por lo que quedarán sujetos a las reglas aplicables a éstos. Cuando el…”. Si se revisa el expediente de mérito no encontramos declaración alguna en la etapa preparatoria ni administrativa ni en la audiencia judicial, este acto investigativo de reconocimiento fotográfico en ningún momento fue apoyado como sucede en todos los procesos por una declaración administrativa; tampoco la fiscalía en audiencia inicial propuso como testigo al protegido z-1 como sucede en todos los procesos, quedando este reconocimiento fotográfico acéfalo.- el “artículo 253 manda que para identificar a una persona o para establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto, deberá practicarse su reconocimiento, el cual se hará de la manera siguiente: 1) quien lleve a cabo el reconocimiento, describirá a la persona de que se trate y manifestará si después del hecho que es objeto de investigación,...; 2) se tomarán las previsiones... y se le pondrá junto a otras personas que físicamente se le parezcan; 3) se preguntará a quien lleva a cabo el reconocimiento, si entre las personas a que se refiere el numeral anterior, se halla el imputado y, en caso afirmativo, se le invitará para que lo señale en forma precisa; y 4) finalmente, quien lleve a cabo el reconocimiento, expresará.... El reconocimiento procederá aún sin el consentimiento del imputado. Cuando el imputado no pueda estar presente, se podrá utilizar su fotografía u otros registros. La observación…”. El manual teórico-práctico enseña, que para llevar a cabo un reconocimiento fotográfico como un acto investigativo, deberá de ajustarse en la medida de lo posible a las reglas del reconocimiento en rueda, podemos observar en primera instancia que no aparece ninguna declaración del supuesto testigo protegido z-1, sumado a que tampoco se llenaron los requisitos para un reconocimiento, a tal grado que el acta de reconocimiento fotográfico folio 34 indica que se le mostraron dos fotografías de mi defendido (lo repite en dos ocasiones) tal como aparecen las fotos en el folio 35, cuando debería de haber sido colocada su fotografía junto a otras cuatro o cinco fotos de diferentes personas; y que en la declaración que no existe exprese la descripción de la persona, es decir sus características, cuestión que no sucedió.- para cerrar este capítulo nefasto del tribunal de sentencia encontramos el “artículo 256 que manda la forma de practicar el reconocimiento para que tenga el carácter de prueba anticipada.- para que el reconocimiento que se practique en la etapa preparatoria, tenga el carácter de prueba anticipada y pueda ser incorporado al debate, mediante la lectura del acta en que conste, deberá practicarse en presencia del juez, del fiscal y del defensor del imputado” cuestión que no sucedió.- para señalar más normas procesales violentadas, encontramos las relativas a la investigación que en su momento deberían de haber sido tomadas en cuenta, por tener conocimiento “de la prohibición de utilizar medios de investigación ilícitos” porque se trata de garantizar una investigación objetiva e imparcial, de tal manera que las normas procesales en su “artículo 273 le da las atribuciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar.- las dependencias..., la policía nacional u otra autoridad competente..., al tener conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito, cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento,... e iniciará las investigaciones del caso, para lo cual podrán: 1) citar a cualquier persona que pueda aportar datos relacionados con el hecho que se investiga y recibirle la correspondiente declaración”. Para la realización de las actividades anteriores las señaladas dependencias no necesitarán autorización judicial…las investigaciones de las mencionadas dependencias comprenderán no sólo los cargos que se hagan al imputado, sino también los hechos que puedan servir para su defensa”. La anterior norma se fortalece con el “artículo 274.- citaciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar y obligación de colaborar con las mismas. - las citaciones que haga el ministerio público u otra autoridad competente, a través de las dependencias que quedan señaladas, serán de cumplimiento obligatorio”. En tal sentido no aparece ninguna citación hecha al testigo protegido z-1, indicativo de que el acta de reconocimiento fotográfico es hechiza, ya que no existe firma alguna o huella o declaración que ratifique el mencionado reconocimiento fotográfico. Por ultimo tenemos el “artículo 275 que señala las obligaciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar. - en la práctica de toda diligencia investigativa, las autoridades encargadas de la investigación preliminar guardarán el más absoluto respeto a los derechos individuales consagrados por la constitución de la república, por los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que honduras forma parte y por este código. Las informaciones…”. Cuestión que no sucedió. - es evidente honorables magistrados que reconocimiento fotográfico violento las normas procesales que garantizan la constitución de la república y por ende el artículo 200 del código procesal penal. - aplicación pretendida. Haber infringido el artículo 90 constitucional como lo es el debido proceso debido a la violación de los artículos de nuestro código procesal penal 200, 253, 255, 256 273.1, 274 y 275 los cuales se desarrollaron de manera conjunta, por esta concatenados; violando también la garantía reconocida en la convención americana de los derechos humanos; una vez reconocido este vicio se proceda a la nulidad del fallo condenatorio.- segundo motivo: infracción del artículo 90 de la constitución de la república de honduras. Precepto autorizante: artículo 361 del código procesal penal. Se señalan dos artículos constitucionales en vista de que, para la práctica del careo son necesarias las declaraciones testificales de dos personas.- para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 88 constitucional que garantiza: “solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente” y el artículo 90 constitucional que garantiza: “nadie puede ser juzgado... con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; estos derechos se violentaron en relación con los artículos de nuestra ley adjetiva los artículos 200, 260 y 261: “artículo 200.- pruebas prohibidas o ilícitas.- carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la constitución de la república y en...; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos,...”. Artículo 260.- el careo de testigos, imputados y peritos. - el careo tendrá lugar cuando dos (2) o más testigos, hayan discrepado en sus declaraciones sobre hechos o circunstancias importantes del proceso. Se aplicarán al careo las reglas contenidas en el capítulo iii del título vii del libro primero de este código (artículo 236). Procederá…- en caso de discrepancia entre peritos,”. Artículo 261.- procedimiento para practicar el careo. - el careo no podrá verificarse entre más de dos (2) personas simultáneamente. La diligencia se iniciará con la lectura, en lo pertinente, de las declaraciones que se reputen contradictorias y que hayan sido rendidas antes del debate, o tan pronto como las contradicciones se pongan de manifiesto durante el debate. Cumplido lo anterior, se llamará la atención a los careados sobre sus discrepancias, a fin de establecer la verdad respecto de las mismas. En el careo podrán intervenir el fiscal, las partes y el tribunal de sentencia”. Primero: igual que el motivo anterior, este postulado del debido proceso es equivalente al otro principio de la ley sustancial que consagra el de la legalidad referida al hecho punible, a la pena y a la medida de seguridad. Son dogmas legales, puesto que su inobservancia hace irrelevante la condena o enerva el juzgamiento, las cuales de producirse en flagrante violación de aquellos principios rectores, estigmatizarían el proceso penal con un altísimo coeficiente de injusticia, de arbitrariedad, de atropello a las vías legales.- el artículo 200 es muy claro al señalar que carecerán de eficacia probatoria los actos que vulneren las garantías procesales, así mismo los que sean consecuencia de estos; resulta que el tribunal de sentencia violentó el debido proceso, al ordenar un careo (1) sin existir la declaración de uno de los careados como lo es el agente de la dnic Misael Amaya, (2) sin estar nominado como testigo, (3) ordenando el medio de prueba en un momento procesal que la norma no lo señala y (4) utilizando un acta de reconocimiento fotográfico el cual no es ningún testimonio y no es un testimonio realizado ante juez competente (doble violación en su incorporación), por tales razones manda el artículo 200 del cpp que carecerán de eficacia probatoria los actos que vulneren las garantías procesales, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos. Segundo: iniciaremos con el reconocimiento fotográfico, como ya lo dejamos establecido en el motivo de casación anterior, las razones por las cuales este reconocimiento fotográfico es una prueba prohibida e ilegal, iniciamos con este, por es la prueba reina que utiliza de manera ilegal el tribunal para producir otra prueba ilegal como es el careo; resulta que el testigo protegido z-1 renunció a su protección (no sabemos los motivos) presentándose al tribunal a declarar con su nombre juan Orlando Hernandez cortes, iniciando el problema cuando el fiscal pregunta: ¿usted ha brindado declaración sobre este asunto aparte de hoy en otro lugar? Contesta: no. Pregunta: ¿nadie lo ha llamado? Contesta: en ningún lugar. A raíz de estas dos respuestas el fiscal: “solicita en base al 311 numeral 6 que se someta a las contradicciones del reconocimiento fotográfico (folio 34) donde el imputado reconoce a la persona que dio muerte a los señores Ricardo cortés y Carlos cortés, que le mostrara el acta junto con las fotografías, para que reconozca si participo en esta diligencia y porque no aparece su firma”. Ilegalidad del tribunal ingresa por lectura el acta de reconocimiento fotográfico. La fiscal pregunta: ¿quisiera saber si usted fue y efectivamente hizo el reconocimiento? Contesta: que él no fue. El acusador privado continúa con el interrogatorio ilegal pregunta: ¿usted mira la fotografía dice él no fue, porque dice usted que él no fue? Contesta: él no se encontraba en ese lugar. El acusador privado pregunta: ¿usted estuvo en esa diligencia que se le mostró en ese expediente. Contesta: no. El acusador privado pregunta: ¿usted ha declarado en otro lugar? Contesta: no. Como podemos observar honorables magistrados este contradictorio solicitado en base al artículo 311 # 6 es ilegal, ya que la norma manda: “las… y los testimonios practicados durante la etapa preparatoria, cuando sean contradictorios con lo manifestado después en el acto del juicio, a fin de que las partes puedan interrogar al acusado o al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas”. El acta de reconocimiento fotográfico (ilegal) no es ningún testimonio y si lo fuera como una declaración administrativa el mismo no fue rendido en base a lo que ordena el artículo 236 y no tiene la legalidad que le da el articulo 88 constitucional; sumándole lo ordenado en el artículo 200, carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la constitución de la república y en...; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, es patente que sin el reconocimiento fotográfico no se puede hacer un contradictorio.- no contentos el fiscal, el acusador privado y el tribunal, con el resultado obtenido con las supuestas contradicciones del testigo juan Orlando Hernández (antes z-1), se inventan ilegalmente lo siguiente: la fiscalía solicita “en base al artículo 333 del cpp, (interpretando mal la norma adjetiva), que presentó el MP la declaración de un testigo protegido que se desconocía hasta ese momento que el testigo no quiso tal protección, ante eso hay un acta de reconocimiento fotográfico debido a la protección que el gozaba no aparecen sus datos, sin embargo dicho testigo ha negado pues haber hecho tal reconocimiento (ilegal) y siendo que se hizo ante la presencia del agente Misael Amaya solicitó que se traiga al tribunal a dicho agente de investigación para que manifieste (que declare) quien fue la persona que hizo el reconocimiento fotográfico (ilegal) y quien compareció a la misma y una vez puesto aquí se le hagan las preguntas que se crean convenientes, la práctica de esta prueba que es fundamental, ya que es uno de los elementos de prueba que reconoce al imputado, la persona que le dio muerte a los ofendidos, estoy solicitando que se traiga al señor Misael Amaya para los efectos solicitados”. En primer lugar podemos asegurar que el momento procesal utilizado para esta solicitud no es el oportuno, por tal razón el tribunal tenía que declarar “sin lugar” esta petición; es entendido que las diligencias para mejor proveer se solicitan y se desarrollan una vez evacuada la totalidad de los medios de prueba admitidos en la audiencia de proposición de prueba y en los incidentes, jamás en medio del juicio (así lo ordena la norma) “artículo 333.- diligencias para mejor proveer.- durante el juicio, solamente podrán evacuarse los medios de prueba oportunamente propuestos por las partes. El…”. Al revisar el acta de debate a partir de la página catorce (14) encontramos que falta evacuar cantidad de medios de prueba de la fiscalía (testifical maría Leonela machado pág. 24) de la acusador privado (testificales José Antonio Argueta reyes pág. 14) y todos los medios de prueba de la defensa (testificales maría angelina Gómez pág. 17, Leonardo Hernández Gómez pág. 18 y Gregorio cruz Vásquez pág. 19), aun así el tribunal resolvió inmediatamente la petición de la fiscalía de manera ilegal; a esta fatal resolución le sumaremos en segundo lugar lo siguiente: observemos la petición de la fiscalía que no solicita un careo, la fiscalía peticiono: “solicito que se traiga al tribunal a dicho agente de investigación Misael Amaya para que manifieste (1) quien fue la persona que hizo el reconocimiento fotográfico y (2) quien compareció a la misma y una vez puesto aquí (3) se le hagan las preguntas que se crean convenientes” como podemos observar lo que solicita la fiscalía es que declare y se le haga un interrogatorio. Es decir que está nombrando como testigo al agente Misael Amaya, la fiscalía en ningún momento solicita un careo.- aun así el tribunal resolvió (ver página 14 del acta de debate) “el tribunal de sentencia en estrados en atención al artículo 333 del cpp accede a practicar la diligencia de careo entre el anterior testigo protegido juan Orlando Hernández cortes y el señor investigador Misael Amaya”, la pregunta de todo penalista es ¿cómo va a ver careo si un testigo no ha declarado? El artículo 260 manda: el careo de testigos, imputados y peritos. - el careo tendrá lugar cuando dos (2) o más testigos, hayan discrepado en sus declaraciones sobre hechos o circunstancias importantes del proceso. Se aplicarán al careo las reglas contenidas en el capítulo iii del título vii del libro primero de este código (artículo 236). Procederá…- en caso de discrepancia entre peritos,…”. Es evidente que el careo es entre dos testigos que hayan declarado; pero nunca por un acta de reconocimiento fotográfico (ilegal) que no se sabe quién la hizo.se observa honorables magistrados que la resolución del tribunal es contraria al debido proceso ya que violenta las normas procesales, al ordenar una diligencia no solicitada, imposible de realizar y fuera del momento oportuno para proponerla. Sumamos a lo anterior de que es “fruto del árbol envenenado” ya que proviene o se produce y la mezclan con una prueba prohibida e ilegal como lo es el reconocimiento fotográfico, el articulo 200 ordena: “carecerán de eficacia probatoria... así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, es patente que sin el reconocimiento fotográfico no se puede hacer un contradictorio.- el código procesal comentado por el magistrado Ángel Llorente Fernández de la reguera en su páginas 524 y 525 amplían el concepto de la norma 333 diligencias para mejor proveer: “esta regla, que establece una excepción al principio de preclusión de la oportunidad para proponer prueba, deberá de ser interpretada precisamente en función de su razón de ser: el conocimiento de la fuente o medio de prueba, no propuesto de importancia para la reconstrucción del caso y que no hubiera sido conocido con anterioridad. Aun cuando se atribuye al tribunal poder para disponer prueba para mejor proveer, deberá utilizarlo excepcionalísimamente, para no comprometer su imparcialidad objetiva. Acaso habría que interpretar la norma en sentido de reserva, esta facultad de aportación probatoria por el tribunal para el caso en que no se haya propuesto una prueba acreditativa de la inocencia del acusado ya que, desde el punto de vista ético (el mismo que subyace en el principio “in-dubio pro-reo) no repugna que el órgano jurisdiccional pueda actuar así evitando la condena de un inocente, pero si repugna, para conseguir la condena de un culpable, supliendo a pasividad de las partes acusadoras”. El comentario hecho por el magistrado, es muy claro en las pretensiones de la norma 333, así que no haré ningún comentario, solamente que la resolución del tribunal de sentencia es repugnante, utilizando su poder para encontrar pruebas en lo ilegal y fundamentar un fallo en un agente de la dnic corrupto.- es evidente honorables magistrados que el careo sacado de la bolsa del tribunal colaborando con la pasividad de la fiscal y del acusador privado, siendo producto de un reconocimiento fotográfico (ilegal) que no se sabe quién lo hizo, ya que no tiene firma ni huella y sin sustento de una declaración administrativa, sumándole a que no existe una declaración administrativa del agente de la dnic, resolviendo ultra-petita violento las normas procesales que garantizan la constitución de la república, los tratados internacionales sobre derechos humanos y por ende las normas procesales contenidas en los artículos 200, 236, 260 y 261 del código procesal penal.-aplicación pretendida. Haber infringido el artículos 88 y 90 constitucional como lo es el debido proceso debido a la violación de los artículos de nuestro código procesal penal 200, 236, 260 y 261 los cuales se desarrollaron de manera conjunta, por esta concatenados; violando también la garantía reconocida en la convención americana de los derechos humanos; una vez reconocido este vicio se proceda a la nulidad del fallo condenatorio.- tercer motivo: infracción del artículos 88 y 90 de la constitución de la república de honduras. Precepto autorizante: artículo 361 del código procesal penal. Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 88 constitucional que garantiza: “solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente” y el artículo 90 constitucional que garantiza: “nadie puede ser juzgado… con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; estos derechos se violentaron en relación con los artículos de nuestra ley adjetiva: artículo 226: “deber de testificar. Todos los habitantes del país tienen la obligación de atender las citaciones que les libren los órganos jurisdiccionales, para declarar lo que sepan de un delito. Se excluyen…”; y el artículo 236: forma en que debe rendirse el testimonio. Antes de que inicie su deposición, el testigo prestara juramento de decir la verdad...” primero: este recurso de casación por infracción de precepto constitucional, da el derecho de defensa de la contradicción de las partes, supone que ha de dárseles la oportunidad de alegar y aprobar sus derechos en intereses legítimos, procurando que se dé la necesaria contradicción, con idénticas posibilidades de alegación y prueba para las partes, en toda clase de procedimientos y en cada una de sus diferentes instancias. Segundo: para poder justificar el señalamiento de normas anteriores, es de conocimiento general de la obligación de los que tienen conocimiento de la comisión de un delito de declarar ante juez competente, por los principios de inmediación y contradicción que se dan en el juicio oral y público, no se trata de ir a leer actas de diligencias supuestamente efectuadas por los actores investigadores (agentes de la dnic), así encontramos medio de prueba documental número cinco (5) consistente en un informe de diligencias de investigación (folios 4 y 5), dándole ingreso o incorporándola al debate sin poder contradecirla; esta contiene el relato de los hechos criminosos (tergiversados y sostenidos con declaraciones de familiares no presenciales) combinándolos con otros hechos de la muerte natural de una hermana de los occisos, que nada tienen que ver, señalando al testigo protegido z-1 sin incluir una declaración administrativa del mismo testigo protegido para darle validez al reconocimiento fotográfico, investigación que hiciera supuestamente el agente Misael Benítez Amaya, por consiguiente corresponde a una declaración administrativa y en el mejor de los casos que hubiera sido propuesto como testigo y declarara ante el tribunal o en lo mínimo que ratificara dicho informe relatando a su manera las historias que le contaron los familiares (mismos que vinieron a declarar) de lo que sucedió supuestamente. La misma no tiene ningún valor probatorio violando los artículos constitucionales 88 y 90; y los artículos 226 y 236 del código procesal penal.- este medio de prueba al momento de proponerlo no señalo quien lo iba a ratificar, aun así se le admitió y en el juicio se le dio lectura y se incorporó al debate (final página 6), aunque el tribunal no se refirió a él, como está obligado hacerlo; una prueba con todas las ilegalidades planteadas; lo proyectado en las diligencias investigativas es un acto no garantizado y plasma el sentir de testigos familiares incluyendo el protegido que también es un familiar, todas estas declaraciones han sido escuchadas por el tribunal, con los principios de inmediación y contradicción, ya que el objetivo del juicio oral es escuchar a viva voz a los testigos y poder cumplir con los principios de oralidad, inmediación y contradicción, considero que le dio validez al acta para darle fuerza a estas declaraciones que en ningún momento son creíbles, así como las declaraciones rendidas por el testigo protegido z-1 siendo el mismo (=) juan Orlando Hernández cortés las cuales son contundentes en que el (juan Orlando) no hizo ningún reconocimiento y que nunca dio declaración en ningún lugar, lo anterior se extrae del interrogatorio repetitivo y complaciente del tribunal: el fiscal pregunta: ¿usted ha brindado declaración sobre este asunto aparte de hoy en otro lugar? Contesta: no. Pregunta: ¿nadie lo ha llamado? Contesta: en ningún lugar. El fiscal pregunta: ¿quisiera saber si usted fue y efectivamente hizo el reconocimiento? Contesta: que él no fue. El acusador privado continúa con el interrogatorio ilegal pregunta: ¿usted mira la fotografía dice él no fue, porque dice usted que él no fue? Contesta: él no se encontraba en ese lugar. El acusador privado pregunta: ¿usted estuvo en esa diligencia que se le mostró en ese expediente. Contesta: no. El acusador privado pregunta: ¿usted ha declarado en otro lugar? Contesta: no. Es evidente honorables magistrados que el informe de diligencias violento las garantías amparadas en la constitución de la república en sus artículos 88 y 90 y por ende los artículos 226 y 236 del código procesal penal, referentes a la forma de declarar de un testigo que tiene conocimientos de la comisión de un delito. - aplicación pretendida. Haber infringido los artículos 88 y 90 constitucional como lo son de la validez de una declaración y el debido proceso debido a la violación de los artículos de nuestro código procesal penal 226 y 236 los cuales se desarrollaron de manera conjunta, por esta concatenados; violando también la garantía reconocida en la convención americana de los derechos humanos; una vez reconocido este vicio se proceda a la nulidad del fallo condenatorio. -” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Primer Motivo: que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o…-precepto autorizante: artículo 362 numeral 2 del código procesal penal. Se han violentado los artículos constitucionales 82, 88, 89 y 90. Además del precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de su aplicación, también se robustece con otras del mismo cuerpo de normas como ser el artículo 200 que manda: “artículo 200.- pruebas prohibidas o ilícitas.- carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la constitución de la república y en...; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos,……”.- también los artículos 200, 253, 255, 256 273.1, 274 y 275 (reconocimiento fotográfico) artículos 200, 260 y 261 (careo) y artículos 200, 226 y 236 (informe de diligencias) todos los artículos del cpp.- no puede ignorarse que la condena basada en pruebas prohibidas e ilícitas supone el menoscabo del derecho de defensa (artículo 82 constitucional), declaraciones no rendidas ante juez competente (artículo 88 constitucional) de la presunción de inocencia (artículo 89 constitucional) y del proceso con todas las garantías (artículo 90 constitucional); estas garantías violentadas provoca la obtención de pruebas en los supuestos y modos previstos por el artículo 200 del cpp, lo que viene a ser su imposible utilización a efectos de fundamentar en ellas una sentencia; por lo que carecerán de eficacia probatoria. Primero: el manual teórico-práctico encontramos de manea amplia lo sostenido por los doctores penalistas Cuellar cruz y Fernández Entralgo, en relación con la prueba prohibida que señala el artículo 200 “que carecerán de eficacia probatoria los actos o hecho que vulneren las garantías procesales establecidas en la constitución de la república y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la informativos derivada de ello, ...”; señalan estos dos doctores que el proceso es como la guerra, como el juego (Calamandrei, Carreras), tiene sus reglas que no deben de ser traspasadas; cuando se infringen las reglas del juego limpio procesal y, como consecuencia de esa infracción, se descubre un delito o la participación culpable que en él tuvo una persona determinada caben dos soluciones a) la regla de la doble sanción: (sistema actualmente desechado); y b) la regla de la inutilizabilidad procesal del material probatorio y legítimamente obtenido. El tribunal podrá rechazar una prueba de cargo cuando, teniendo en cuenta todas las circunstancias, incluidas aquellas en que fue obtenida, su admisión produciría un efecto tan negativo sobre la limpieza del procedimiento, que el tribunal no debería admitirla; el magistrado Oliver Wendell Holmes afirma: “es en verdad deseable que los delincuentes resulten descubiertos y que cualquier prueba existente sea utilizada para este fin, pero también es deseable que el gobierno no se ponga al mismo nivel que aquellos, y pague por otros delitos, ni que estos sean los medios para obtener la prueba de los perseguidos inicialmente. Es necesario elegir, y por lo que a mi concierne, prefiero que algunos delincuentes escapen de la justicia antes que el gobierno desempeñe un papel indigno (el tribunal en representación del estado). Segundo: en los motivos de casación por infracción de preceptos constitucionales, aparecen de manera amplia y especifica las violaciones a las garantías procesales que se cometieron, por tales razones estos elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio carecen de valor alguno, así tenemos en el primer motivo se violentó el derecho del debido proceso sumándole los artículos 200, 253, 255, 256 273.1, 274 y 275 (reconocimiento fotográfico) normas procesales que indican la forma de efectuar un reconocimiento y las facultades de la policía para citar a los testigos; en el segundo motivo se violentó nuevamente el derecho del debido proceso específicamente en los artículos los artículos 200, 260 y 261 (en un nuevo medio de prueba careo) los cuales se desarrollaron de manera conjunta; y en el tercer motivo se violentaron los articulo 88 y 90 constitucionales en relación a los articulo 226 y 236 del cpp (informe de diligencias).- en relación al acta de diligencias policiales nos remitimos al tercer motivo de casación por infracción de preceptos constitucionales donde se desarrolla con amplitud la forma en que se violentaron los artículos 88 y 90 de la constitución de la república de honduras; el artículo 88 constitucional que garantiza: “solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente” y el artículo 90 constitucional que garantiza: “nadie puede ser juzgado... con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; estos derechos se violentaron en relación con los artículos de nuestra ley adjetiva: artículo 226: “deber de testificar. Todos los habitantes del país tienen la obligación de atender las citaciones que les libren los órganos jurisdiccionales, para declarar lo que sepan de un delito. Se excluyen…”; y el artículo 236: forma en que debe rendirse el testimonio. Antes de que inicie su deposición, el testigo prestara juramento de decir la verdad...”.- al revisar el informe de diligencias policiales, podemos observar un relato o declaración administrativa del agente Misael Antonio Benítez Amaya desde el momento en que se reúne con los familiares y conversa con ellos tomándoles declaraciones; no se trata de diligencias investigativas como lo ha tergiversado el tribunal de sentencia; cómo es posible que el tribunal le de valor al informe de ¿¿¿¿diligencias policiales???? O ¿informe investigativo? En tal sentido podemos asegurar que la sentencia que se recurre, se encuentra elaborada con medios o elementos probatorios “no incorporados legalmente al juicio”, cuestión que quedo probada en el debate a través de la forma en que se admiten e incorporan: 1.un reconocimiento fotográfico a todas luces ilegal, el cual se lo adjudican a la fuerza al testigo juan Orlando Hernández, quien de manera contundente manifestó que el no hizo dicho reconocimiento y que jamás estuvo en algún lugar rindiendo declaración, por tal motivo no aparece y no existe declaración administrativa ni firma ni huella de su persona en el susodicho reconocimiento fotográfico; este medio de prueba fue admitido en la audiencia para tal efecto y se incorporó al debate por lectura sin que nadie lo ratificara, sin firma de quien lo efectuó y sin una huella de la persona que supuestamente hizo el reconocimiento.2. Un careo entre el testigo protegido z-1 siendo el mismo (=) juan Orlando Hernández cortés y el supuesto testigo agente de la dnic Misael Benítez Amaya, de quien no existe una declaración administrativa, así como tampoco una declaración ante juez competente, entonces como se puede verificar un careo, si el mismo tiene que darse entre testigos y como señala el artículo 261 “la diligencia se iniciara con la lectura, en lo pertinente, de las declaraciones que se repunte contradictorias y que hayan sido rendidas antes del debate...”, de qué manera iniciara con la lectura, si no hay declaración del supuesto testigo agente de la dnic Misael Benítez Amaya; “declaraciones que se repunte contradictorias” no hay declaración no existen de uno de los testigos, por consiguiente no hay contradicciones; “que hayan sido rendidas antes del debate” no hay declaración ni antes del requerimiento ni en la audiencia inicial ni en el debate es decir no existen. Sin haberlo pedido la fiscalía ni el acusador privado el tribunal resuelve admitiendo un medio de prueba que no ha sido solicitado; y si hubiera sido de oficio lo hubiera manifestado.3. Un informe de diligencias contentivo de las declaraciones de los familiares y de hechos que no tienen nada que ver con el proceso. Estos tres medios de prueba indicados anteriormente han sido utilizados para estructurar la sentencia, que se basa en estos medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, por ser prueba prohibida o ilícita. Por lo que consideramos que es de recibo este motivo de casación, al haber infringido todas las normas constitucionales y adjetivas. Aplicación pretendida. Haber incorporado ilegalmente al juicio y valorada para poder construir la sentencia condenatoria, en un caso simple mi defendido debería de haber sido absuelto; una vez reconocido este vicio se proceda a la nulidad del fallo condenatorio. - segundo motivo: que se base… o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. - precepto autorizante: articulo 362 numeral 2 del código procesal penal. Además del precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de su aplicación, también se robustece con otras del mismo cuerpo de normas como ser los artículos 202, 336 y 338 regla cuarta numeral 2 que mandan: artículo 202: valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. - el órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Artículo 336: normas para la deliberación y la votación. El tribunal..., las pruebas que se hayan ejecutado... las que serán apreciadas en su conjunto y.…-artículo 338, cuarta regla, numeral 2: seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificados, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y....-explicación del motivo. Primero: previo a desarrollar el presente motivo es conveniente aclarar para los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el tribunal de sentencia recurrido, no observo lo ordenado en las normas adjetivas precitadas, por tal razón dejo de considerar alguna prueba de valor decisivo.- la valoración de la prueba conlleva, por lo tanto, una doble función: una primera consistente en seleccionar de entre las pruebas practicadas aquellas que puedan ser valoradas por el tribunal al haber sido practicadas en el juicio oral, en legal forma, excluyendo aquellas otras que por contener algún vicio procedimental sean nula y no pueden ser tenidas en consideración: cuestión que no hizo, más bien incorporo prueba completamente ilegal; y una segunda que obligara al tribunal a razonar por qué motivo se ha decantado por dar mayor credibilidad a una prueba frente a otra, razonamiento que se realizara apreciando la prueba en su conjunto cuestión que tampoco hizo.- no se trata solo de decidir, de elegir, sino también es necesario elegir lo que sea más lógico y razonable, exponiendo porque es más digna de credibilidad una determinada prueba frente a otra.- las normas adjetivas señaladas mandan que la prueba debe de ser razonada de forma conjunta y armónica toda la prueba producida, las que serán apreciadas en su conjunto indicando el valor que se haya dado a las practicadas en juicio, cuestión que no sucedió.- segundo: es muy simple saber lo que el tribunal hizo para poder estructurar la sentencia condenatoria, basta con leer los hechos probados los cuales son copia al carbón de las declaraciones (idénticas) de los dos testigos familiares (la hermana Marlen Pérez cortés y el padrastro José Antonio Argueta reyes) supuestamente presenciales, sumándole el reconocimiento fotográfico ilegal y el careo también ilegal ordenado por el tribunal de manera dictatorial y no con fundamento en las normas procesales; se le olvidó al tribunal (1) excluir la prueba ilegal, se le olvidó (2) seleccionar la más idónea exponiendo porque es más digna de credibilidad una determinada prueba frente a otra y lo que es más importante se le olvido (3) razonar con claridad y precisión por qué motivo se ha decantado para darle mayor credibilidad a la prueba testifical de cargo que a la prueba testifical de descargo misma que fue presentada por la fiscalía, como son los testigos Isaías Gómez y juan Orlando Hernández; se le olvidó (4) analizarla de forma conjunta y armónica toda la prueba producida; se le olvidó (5) decidirse por lo que sea más lógico y razonable.- tercero: de todos es sabido, en los estrados judiciales nos ha permitido conocer la tendencia a mentir de los familiares de la víctima (la hermana Marlen Pérez cortés y el padrastro José Antonio Argueta reyes) en los casos de homicidio, declaraciones que en su inmensa mayoría sesgan la verdad procesal magnificando la actitud del procesado. La solidaridad, los vínculos afectivos y el ánimo de venganza son factores que inciden notablemente en la validez y veracidad de los asertos de quienes concurren a declarar y tienen interés en el resultado del proceso penal; es muy difícil que un familiar del obitado diga siempre la verdad sobre los móviles del hecho punible, el sentimiento de dolor tiñe y matiza de imprecisiones y silencios sobre algunas circunstancias, la declaración de quien ha jurado ofrendar la verdad y nada más que la verdad; el falso testimonio es de común ocurrencia en los delitos de sangre y sobre él se edifica muy a menudo un auto de detención que llega al final con una sentencia condenatoria, no se justifica que con la sola existencia de testigos familiares (la hermana Marlen Pérez cortés y el padrastro José Antonio Argueta reyes) no dignos de credibilidad proclives a ser sospechosos se dicte una sentencia condenatoria, que le reporta al procesado inmensos perjuicio de orden material y moral.- tercero: los testigos son moldeables por diversas razones (dependencia, por inducción, por referencia, coacción, por miedo, por engaño, error, soborno, ser familiar o cualquier otra circunstancia); las dos testigos familiares la hermana Marlene Pérez cortés y el padre de esta el señor José Antonio Argueta reyes, a la vez padrastro de los occisos Carlos y Ricardo jamás rindieron declaración administrativa en las oficinas de la dnic o en la audiencia inicial, jamás fueron mencionados por los testigos que declararon en la etapa preparatoria José Darwin Gómez (hermano de Carlos y Ricardo), maría Leonila machado Amaya (madre de Isaías), Isaías machado Gómez (acompañante de adán occiso), testigo protegido tp-001 = juan Orlando (acompañante de Carlos y Ricardo –occiso-) y José Nelson Pérez (hermano de Carlos y Ricardo); aun así la fiscalía propone en la etapa incidental a la testigo Marlene Pérez Cortes (hermana de Carlos y Ricardo) a la que señala como testigo presencial de los hechos, lo cual resulta de manera evidente que el testigo es falso; asimismo propone como prueba documental las declaraciones de José Darwin cortes y José Nelson Pérez; además fue propuesto por el acusador privado . En la sentencia que se recurre el tribunal le da un valor total y creíble a las declaraciones del testigo Marlene Pérez cortés (hermana de Carlos y Ricardo) y la declaración del padre José Antonio Argueta reyes, cuando estos dos testigos supuestamente presenciales no son señalados en el lugar de los hechos por el propio hermano José Darwin cortés Hernández, quien en declaración administrativa (folio 26) declara «mi hermano (Carlos cortés) salió de su casa en compañía de Ricardo Pérez (primo) y otra persona más (testigo protegido juan Orlando) salieron como a las 5:40 pm» esta declaración administrativa la repite en la audiencia inicial cuando a la contestación de las preguntas de la fiscalía contesta: «que su hermano José Carlos cortés andaba con su primo Ricardo Pérez y otra persona un testigo protegido» es evidente que el testigo protegido es el joven juan Orlando Hernández; destacándose tanto de la declaración administrativa como de la declaración rendida ante juez competente e introducida por lectura al proceso, que en ningún momento los occisos juan Carlos Cortes y Ricardo Pérez iban acompañados de Marlene Pérez cortés y José Antonio Argueta reyes, de lo que se colige que éstos dos testigos propuestos en la etapa incidental llegaron a declarar falsedades sobre extremos que nunca vieron y nunca escucharon porque nunca estuvieron en el lugar de los hechos, quedando en evidencia que estos dos testigos fueron inducidos y entrenados por los agentes fiscales. Cuarto: por lo anteriormente explicado y analizado concluimos que el tribunal no analizo de manera conjunta la prueba de cargo, es más el tribunal de sentencia colaboro con la fiscalía y el acusador privado a admitirle prueba prohibida e ilegal como ser el reconocimiento fotográfico, el careo, declaración testifical Misael Antonio Benítez Amaya; por otro lado el tribunal de sentencia dejo de considerar prueba de valor decisivo, como ser: 1. La declaración del testigo protegido juan Orlando Hernández cortés quien fue contundente en sus declaraciones ante el tribunal y contundente ante las preguntas de el fiscal quien pregunta: ¿quisiera saber si usted fue y efectivamente hizo el reconocimiento? Contesta: que él no fue. El acusador privado continúa con el interrogatorio ilegal pregunta: ¿usted mira la fotografía dice él no fue, porque dice usted que él no fue? Contesta: él no se encontraba en ese lugar. El acusador privado pregunta: ¿usted estuvo en esa diligencia que se le mostró en ese expediente. Contesta: no. El acusador privado pregunta: ¿usted ha declarado en otro lugar? Contesta: no. cabe destacar que el testigo José Darwin cortés Hernández declaró en dos ocasiones, que su hermano juan Carlos y su primo Ricardo iban acompañados del testigo protegido juan Orlando Hernández; éste análisis de la prueba en conjunto y de la prueba más creíble el tribunal de sentencia lo rechazó por completo en sentencia que se recurre. 2. En la declaración de Isaías Gómez machado (página 4, 5 y 6 del acta de debate) encontramos tres aspectos fundamentales: a) que él iba junto con adán rodríguez cuando este fue atacado por Carlos Pérez; b) que de un lado salió un muchacho alto, blanco, con sombrero (características que las repite en varias ocasiones) quien le dio muerte a Carlos, Ricardo y a adán; y que el tribunal fiscal acusador privado, al preguntar sobre esta persona siempre eliminan la característica de alto, de igual manera el tribunal en su sentencia elimina en todas las alusiones esta característica de alto; c) que el hecho sucedió a las 6:30 de la noche por consiguiente a esa hora la visibilidad en un lugar rodeado de árboles sin luz artificial y a finales del mes de octubre la visibilidad es a pocos pasos de distancia. Estos tres extremos son importantes para poder valorar las declaraciones de Marlene Pérez y José Argueta y concluir que son falsas. 3. De igual manera dejo de considerar la declaración de la señora María Leonila machado quien declara a sus 50 años que su hijo Isaías Gómez machado salió con el finado adán rodríguez como a eso de las 6:30 de la noche, y que al rato su hijo llegó como a eso de las 7:00 de la noche asustado contándole los hechos que habían sucedido, lo que lo hace un testigo presencial. 4.asimismo dejo de considerar prueba de valor decisivo como ser las declaraciones de los testigos maría angelina Gómez López madre del occiso adán Benítez, quien aseguro que habían matado a su hijo adán una persona de nombre Carlos cortés que lo que sabe es a través de su sobrino Isaías machado quien acompañaba en el momento a su hijo adán Benítez; la declaración de Leonardo Hernández Gómez y Gregorio cruz Vásquez, estos dos testigos que avalan la declaración que rindió el imputado santos Benítez Gómez. Como podemos observar honorables magistrados el tribunal dejo de considerar siendo prueba de valor decisivo que se encuentra en el acta de debate y que el tribunal en su sentencia en relación a Isaías Gómez machado tergiversó sus declaraciones dándole valor a que la persona que disparó vestía camisa blanca y un sombrero blanco y que salió de la carretera olvidándose de la característica más importante como ser la estatura que era alto contrario a la estatura de mi defendido que es bajo; en un grado extremo de no darle valor al testigo protegido juan Orlando Hernández, quien si es testigo presencial ya que así lo asegura el hermano y primo de los dos occisos José Darwin cortes Hernández ya que declaró ante juez que su hermano y primo los acompañaba el testigo protegido juan Orlando Hernández, testigo éste que declaró en varias ocasiones ante el tribunal que santos Benítez no es la persona que disparó y macheteó a los occisos. Honorables magistrados se han dejado de manera evidente que el tribunal de sentencia dejo de considerar siendo prueba de valor decisivo, y aunque la integra en la sentencia que se recurre, los medios de prueba aludidos fueron tomados en cuenta de manera superficial en los extremos simples, dejo de considerar siendo prueba de valor decisivo para estructurar la sentencia, basándose en únicamente en elementos probatorios testificales no creíbles y falsos al cambiar sus declaraciones del inicio del proceso y al ser reticentes, por lo que consideramos que es de recibo este motivo de casación, al haber infringido todas las normas constitucionales y adjetivas. Aplicación pretendida. Haber dejado de considerar prueba de valor decisivo, seleccionado prueba de manera incorrecta, dejando de excluir prueba prohibida, sin haber razonado de manera clara y precisa, tomando la más creíble en base a una valoración en conjunto; una vez reconocido este vicio se proceda a la nulidad del fallo condenatorio.- tercer motivo: que carezca de motivaciones fácticas...que dichas motivaciones sean insuficientes... o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Precepto autorizante: artículo 362 numeral 3 del código procesal penal. Además del precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de su aplicación, también se robustece con otras del mismo cuerpo de normas como ser los artículos 202, 336 y 338 que mandan: artículo 202: valoración de las pruebas. La sana critica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. - el órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Artículo 336: normas para la deliberación y la votación. El tribunal..., las pruebas que se hayan ejecutado... las que serán apreciadas en su conjunto y.…- artículo 338, cuarta regla, numeral 2: seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificados, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y,....- explicación del motivo. Primero: previo a desarrollar el presente motivo es conveniente aclarar para los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el tribunal de sentencia recurrido, no observo las reglas de la sana crítica (lógica-psicología-experiencia), aun habiendo motivado su sentencia utilizando en varias ocasiones las frases acuñadas: desde el inicio expresa: “valorando en su conjunto las pruebas practicadas en juicio conforme a las reglas de la sana crítica”; y continuo indicando: “en base a la confiabilidad y al valor probatorio”; confiables y creíbles por tratarse de pruebas válidamente ejecutadas” estas frases repetidas para el bloque de los testigos familiares, observando que no las apreciaron en su conjunto, dándole valor a las declaraciones falsas de los testigos familiares con las que se construyeron los hechos probados; estas frases, lo que ponen en relieve es que la sentencia recurrida adolece de una verdadera valoración de la prueba ya que no se observaron las reglas de la sana crítica, señalando el verdadero valor que se le haya dado a las practicadas y el razonamiento utilizado, obligación del tribunal a razonar porque motivo se ha decantado por dar mayor credibilidad a una prueba frente a otra, todo esto en base a la sana crítica; por ello debe de ser realizada con precisión y rigor, haciendo uso de criterios lógicos, no conjeturas y apreciaciones erróneas, ni tergiversando; ni mucho menos asegurar falsamente que las pruebas “acreditan lo expresado por los testigos familiares” lo cual es discordante a las declaraciones de los testigos familiares que declararon en la audiencia inicial, tal y como lo expresamos en el anterior motivo de casación.- Segundo: los hechos declarados probados redactados en un sucinto escueto y único hecho encierra la dinámica de los hechos son un remedo de lo declarado por los dos testigos familiares Marlene Pérez y José Antonio Argueta, en el acta de debate, aparece solamente lo que le conviene a la acusación, no aparecen extremos importantes; el presente motivo está dirigido a demostrar que lo que menos fue utilizado por el tribunal de sentencia fue la sana critica, olvidándose de la demás pruebas que refutan a estos testigos inducidos y aleccionados en la mentira.- la sana critica tiene sus reglas, las cuales no fueron observadas al momento de efectuar la valoración de la prueba, a continuación explicamos por qué no fueron observadas y por ende infringidas, cada una de estas reglas de la sana crítica:1.la lógica: está integrada por cuatro leyes o principios a)principio de identidad: conforme a este principio el tribunal debe apreciar la prueba, relacionando todo lo relativo al delito, piezas de ejecución, los participantes del delito como autores, ofendido o testigo, de tal suerte que debe identificarse plenamente al autor material del delito, el grado de participación de él y los cómplices, testigos presenciales del hecho. Así tenemos que la sentencia que se recurre, fue construida únicamente en base a la valoración de las declaraciones de los testigos familiares Marlen Pérez y José Antonio Argueta quienes declararon en vista de haber sido aleccionados e inducidos, ya que ninguno se encontraba en el lugar de los hechos, según lo declarado por José Darwin cortés José Nelson Pérez, quienes aseguran que los occisos iban acompañados por el testigo protegido juan Orlando Hernández.-el tribunal reúne de las declaraciones que la persona que dio muerte a los occisos andaba de camisa blanca y sombrero blanco olvidándose de la característica física de que era alto. Es evidente que los testigos presenciales son Isaías machado quien acompañaba al occiso adán Benítez (robustecido con la declaración de la mamá maría Leonila machado) y el otro el testigo protegido juan Orlando Hernández quien acompañaba a los occiso Carlos y Ricardo; estos dos testigos presenciales son contundentes en que santos Benítez Gómez (imputado) no fue la persona que le dio muerte a las tres personas según Isaías o a las dos según juan Orlando; definitivamente que no pudo identificarse plenamente al autor material del delito, aunque Marlen Pérez y José Antonio Argueta en sus declaraciones falsas aseguren que vieron a santos Benítez, lo cual es falso porque ellos no se encontraban en el lugar de los hechos. B) principio de contradicción: se infringe este principio, cuando el tribunal valora en la sentencia la prueba y en relación a ella se afirma algo y luego se niega. Este principio tiene los mismos fundamentos que el principio de identidad, ya que con los testigos familiares afirman algo que nunca vieron y los testigos presenciales que acompañaban a los occisos (Isaías al occiso adán y juan Orlando a Carlos y Ricardo) de manera separada (bandos opuestos) se niega lo que afirmaron los testigos familiares anteriormente; porque es evidente que de las declaraciones de José Darwin y de José Nelson incorporadas al debate por lectura se extraen verdades irrebatibles que no pueden avalar los dichos de los testigos presenciales, más bien los desmienten que aúnan a que sus dichos no sean creíbles: a)la hora de los hechos, es una realidad que los testigos familiares la cambiaron inducidos por la fiscalía en vista que la visibilidad no existe a la distancia que dicen que se encontraban “a unos 25 metros”. B) haber declarado falsamente produciendo cantidad de contradicciones en vista de que ninguno de los dos se encontraba presente. Al analizar los asertos de los testigos familiares y confrontarlos con los testigos José Darwin y José Nelson, se hacen menos creíbles sus dichos, porque se asegura que no vieron nada, porque no se encontraban en el lugar. Honorables magistrados, es incuestionable que en la valoración de la prueba se infringió el principio de contradicción como parte de la sana critica, tomando en cuenta con las declaraciones de los testigos familiares rendidas ante el tribunal con las cuales afirman algo pero con las declaraciones de los otros familiares José Darwin y José Nelson, José Darwin y José Nelson niegan lo que afirmaron los testigos familiares, lo que sucede con las pruebas valoradas de forma conjunta.- c)principio de tercero excluido: este principio se violenta, cuando los hechos que el tribunal estima probados no son congruentes con la prueba vertida en juicio oral; de tal manera que sería ilógica una sentencia donde se afirma que el imputado es culpable pero los elementos de prueba en los cuales se sustentó el tribunal al dictar la sentencia desvirtúan tal afirmación. En los extremos acotados en el principio de identidad y principio de contradicción hemos señalado que la prueba evacuada (testigos familiares) en el juicio, según el tribunal confirma que mi defendido fue el autor directo en el homicidio de las víctimas en contra de Carlos Cortes y Ricardo Pérez, esta sentencia se encuentra fundamentada (hechos probados) únicamente en la declaración de los testigos familiares falsos que no estuvieron en el lugar de los hechos; y la demás prueba testifical el tribunal le da un valor pírrico, pero no la analiza de manera profunda y de manera conjunta y armoniosa con la prueba testifical de los familiares, si lo hubiera hecho, hubiera concluido que lo afirmado por los testigos familiares es completamente falso. Los medios de prueba consistente en los testigos verdaderamente presenciales Isaías machado y el testigo protegido juan Orlando Hernandez relatan lo que sucedió en vista de que acompañaban de forma separada a los occisos siendo contundentes. El testigo José Darwin cortés Hernández (ver folios 26 y 50 frente y vuelto) desmiente a estos dos testigos supuestamente presenciales (Marlene Pérez y José Antonio Argueta) ya que no son señalados en el lugar de los hechos por él (hermano), quien en declaración administrativa (folio 26) declara «mi hermano (Carlos cortés) salió de su casa en compañía de Ricardo Pérez (primo) y otra persona más (testigo protegido juan Orlando) salieron como a las 5:40 pm» esta declaración administrativa la repite en la audiencia inicial cuando a la contestación de las preguntas de la fiscalía contesta: «que su hermano José Carlos cortes andaba con su primo Ricardo Pérez y otra persona un testigo protegido» es evidente que el testigo protegido es el joven juan Orlando Hernández; destacándose tanto de la declaración administrativa como de la declaración rendida ante juez competente e introducida por lectura al proceso, que en ningún momento los occisos juan Carlos cortés y Ricardo Pérez iban acompañados de Marlene Pérez cortés y José Antonio Argueta reyes, de lo que se colige que estos dos testigos propuestos en la etapa incidental llegaron a declarar falsedades sobre extremos que nunca vieron y nunca escucharon porque nunca estuvieron en el lugar de los hechos, quedando en evidencia que estos dos testigos fueron inducidos y entrenados por los agentes fiscales. Al estimar probados los hechos, con una valoración donde seleccionó equivocadamente la prueba, razonamientos erróneos y haber decantado en prueba no creíble, mismos que no son congruentes con la prueba de los verdaderos testigos presenciales, resulta ilógica la sentencia donde afirma que mi defendido es culpable, cuando los elementos de prueba en que se sustenta se encuentran desvirtuados.- d)principio de razón suficiente: este principio se explica manifestando que cada elemento probatorio debe de estar probado por los otros elementos de prueba, de tal suerte que cada uno sirva de soporte a otro; cada indicio debe de estar probado por otro. Lo que no sucedió n la sentencia recurrida. Ya que los elementos testifícales de los familiares en vez de ser robustecidas sus aseveraciones, más bien son desvirtuados por las declaraciones de sus mismos familiares. En qué forma se aplicó la sana critica para llegar a esta determinación, no lo sabemos, ya que la prueba testifical es susceptible de cambios, lo que sucedió en este proceso; siendo evidente el tribunal hubiera fortalecido los extremos acotados por los testigos familiares con las demás declaraciones que dejan por fuera a estos testigos de la escena del crimen, cuestión que no hizo, ya que no supo valorizar la cantidad de extremos que se encuentran en dichas declaraciones.-los elementos probatorios deben de estar probados por los otros elementos de prueba, de tal suerte que cada uno sirva de soporte a otro; cada indicio debe de estar probado por otro. Lo que no sucedió. 2. psicología. Es parte importante de la sana crítica, ya que incluye cantidad de aspectos como la percepción, raciocinio, actitudes, opiniones y cualquier manifestación anímica, se trata de descubrir las sutilezas y maniobras de la delincuencia, para contenerla: en resumen, es muy compleja y subjetiva. En nuestro caso no encuentro en qué lugar utilizo la psicología el tribunal de sentencia cuando construyó una sentencia en que los hechos probados aparecen sustentados en la valorización de la prueba testifical familiar evacuada, la cual fue analizada incorrectamente al tomar como ciertos, extremos asegurados por los testigos familiares los cuales cambiaron, inventaron y tergiversaron (inducidos) al momento de rendir su declaración; ya que sus asertos son contrarios a lo que se encuentra en las declaraciones de sus otros familiares, dejando sin valor alguno estas declaraciones. Por tal razón el tribunal tenía que utilizar la psicología a lo expresado por los testigos para poder apoyar o robustecer estas únicas declaraciones similares, como enseña la regla que cada hecho o indicio probado debe de estar probado por otro; por ningún lado observo que se utilizó el raciocinio para llegar a la certeza de que lo expresado por los testigos familiares era verdad o solamente era impulsada por el ánimo que les dieron los agentes fiscales y los agentes de la dnic. El doctor Gustavo Salazar en su libro “secretos del proceso penal” nos enseña: “nuestra experiencia en los estrados judiciales nos ha permitido conocer la tendencia a mentir de los testigos de la víctima en los casos de homicidio, declaraciones que en su inmensa mayoría sesgan la verdad procesal ...” a sabiendas de todo penalista, el juzgador debe de proteger al imputado no ayudándole, sino que comprobando si lo expresado por testigos familiares expresan la verdad, si realmente pudo ser posible lo que aseguran, si es posible que hubieran estado presente, si es posible ver.- ¿dónde quedo la psicología?.-3.la experiencia. Esta regla tan importante para poder emitir un juicio y dictar una sentencia concatenada, fluida y coherente, se aplica a todo juez penalista (obligatoriamente con conocimientos en psicología del testimonio), quien está obligado a elaborar sus fallos de la mejor manera posible, ya que lo hace en nombre del estado de honduras. Esta experiencia debe de ser trasmitida a las sentencias, pero hemos visto que es una constante histórica en nuestro país que ante las incapacidades de las autoridades (fiscalía y policía) para descubrir los verdaderos autores de un crimen se prefabriquen y manipulen pruebas (testigos familiares que cambia sus declaraciones, inducidos para cuadrar los medios de prueba; admitir reconocimientos fotográficos como una verdad absoluta; producir un careo a todas luces ilegal) contra los infortunados chivos expiatorios de turno; llegando al tribunal, quien con ¿su experiencia? Debería de determinar la credibilidad de tal o cual medio de prueba, y en igualdad de armas permitir a la defensa producir prueba que pueda contrarrestar la prueba pre constituida de la fiscalía. Los auxiliares de la justicia se apartan de los principios legales, pero peor es la situación cuando un tribunal avala la forma ilegal con que se actúa en la etapa investigativa y execrable en el debate cuando un tribunal produce y avala prueba ilegal; es en este momento en que entra en juego la experiencia, principio que conforma la sana critica, el cual no fue aplicado en la construcción de la presente sentencia.- ya que no es posible que determinen un homicidio, únicamente porque los testigos familiares supuestamente presenciales han llegado a mentir en todo. En qué forma se aplicó la sana critica para llegar a esta determinación.- para finalizar traigo a colación lo expresado por el doctor Ricardo Ruíz en el código procesal penal comentado: “el juez al valorar las pruebas debe de sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada, y debe de saber expresar la utilización de esos criterios en la sentencia, porque la sana crítica no tienen que darla por supuesta, sino que demostrarla en cada sentencia que dicten, que el juzgado deberá valorar ineludiblemente las pruebas con las reglas del criterio racional o del criterio humano, conforme a las reglas de la lógica, la psicología de la sociología y de la experiencia” nada de esto sucedió. Cuarto: terminaremos este motivo de casación, agregando que es incompleta la censura si se arguye violación a la regla de la lógica dentro de los principios trabajados, si no explicamos y se demuestra cual debió ser el razonamiento intelectivo apropiado para concluir que debió absolverse a mi defendido, ya el juzgador hizo una valoración conjunta y armónica de toda la prueba y explicó en base a la lógica y la experiencia las conclusiones que lo condujeron al fallo condenatorio, corresponde al impetrante hacer lo propio al momento de exponer su motivo explicando cual debió ser el ejercicio intelectivo que correspondía al juzgador para llegar a un fallo absolutorio, el cual lo explicamos de manera sencilla ya que a lo largo de los diferentes motivos se encuentra desarrollado: “el tribunal tenía que valorar los cuatro testigos familiares en primer lugar los dos que declararon en la audiencia inicial José Darwin y José Nelson quienes aseguran que los occisos Carlos y Ricardo venían acompañados de juan Orlando Hernández que en su momento lo denominaron tp (testigo protegido) dentro de sus relatos y respuesta al fiscal y acusador privado, no aparecen por ningún lado los testigos Marlene Pérez y José Antonio Argueta quienes son los que señalan a mi defendido como la persona que le dio muerte a Carlos y Ricardo; en vista de que en la escena se ubica el testigo protegido=juan Orlando Hernández quien asegura que mi defendido no fue el que le dio muerte a los occisos, así como el testigo Isaías machado quien acompañaba al otro occiso adán Benítez y señala haber visto a un señor alto con camisa blanca y sombrero blanco, esta característica física no le corresponde a mi defendido, ya que él es bajo de estatura. Entonces en base a dos testigos presenciales se llega a la conclusión que mi defendido no tuvo participación en el hecho criminoso por consiguiente debe de ser absuelto. - por lo que consideramos que es de recibo este motivo de casación, al haber infringido el artículo 362 numeral 3; infringiendo también a este respecto los artículos 202, 336 y 338 cuarta regla, numeral 2; todos relacionados con las reglas de la sana critica. Aplicación pretendida. No haber observado en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica, ya que utilizo razonamientos incorrectos y erróneos, contrarios a la lógica y por ende a la sana crítica, extraídos de toda la prueba producida, mismas que si hubieran sido analizadas de manera conjunta y armoniosa, en un caso simple mi defendido debería de haber sido absuelto; una vez reconocido este vicio se proceda a la nulidad del fallo condenatorio. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1. DE LA DEBIDA TÉCNICA RECURSIVA El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer Recurso de Casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Pretensor de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: A) Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía Recurso de Casación. B) Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y C) Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el Recurso de Casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El Recurso de Casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el Recurso de Casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el Recurso de Casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un Recurso de Casación, el Pretensor deberá señalar en primer término el tipo de Recurso de Casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el Pretensor deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y/o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el Pretensor deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Pretensor a derivar el tipo de Recurso de Casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de Recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el Pretensor señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. c. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a) Derecho de Acceso a la Justicia. b) Derecho a una resolución fundada en derecho. c) Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición. d) Derecho a la Tutela Cautelar; y e) Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el Pretensor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) 2. - DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá de denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; en este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: a. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; b. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; c. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el Recurrente debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. PRIMER MOTIVO Precepto Autorizante Citado: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 90 de la Constitución de la República; Artículos 200, 253, 255, 256, 273.1, 274 y 275 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Violación al Derecho a un Debido Proceso Judicial; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Recurrente; Pretensión: Nulidad del Fallo Condenatorio. Increpa el Recurrente la producción, proposición y reproducción en debate del medio de prueba Reconocimiento Fotográfico, como consecuencia de: a) En el Acta no se encuentra ni firma ni huella del testigo protegido que realizó el reconocimiento; (Art. 255 cpp); b) No consta citación del testigo Protegido Z-1, para realizar el reconocimiento, indicativo que el Acta es “Hechiza” (Falsa); (Art. 274 cpp); c) El reconocimiento fue a partir de dos fotografías del acusado, y no mediante un conjunto de fotografías de éste y otras personas; (Art. 356 cpp); d) El Tribunal de Sentencia admitió el medio de prueba Reconocimiento Fotográfico sin que se señalara la persona que lo ratificaría; e) Se incorporado mediante lectura el medio de prueba sin que nadie lo ratificara; f) El documento fue utilizado para efectos de contradicción cuando no se trata de ningún testimonio; (Art. 311.6 cpp); y g) El medio de prueba se ocupó para realizar un careo ilegal. Se ha violentado el debido proceso legal, como consecuencia de la violación de los artículos 200, 253, 255, 256, 273.1, 274 y 275 del Código Procesal Penal. DEL RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS Y DILIGENCIAS ANÁLOGAS. El Medio de Prueba “Reconocimiento” ha sido tema central en muchas sentencias emitidas por la Sala de lo Penal, en especial cuando éste se realiza en una audiencia al momento de la declaración de la víctima o de un testigo, o cuando el “Reconocimiento” se realiza mediante fotografías como parte de la Investigación Preliminar. El Reconocimiento en Álbum Fotográfico y el reconocimiento de objetos, con regularidad es confundido con las meras identificaciones o señalamientos, teniendo unos y otras diferentes exigencias procesales y, más importantes, distintas connotaciones probatorias. Ha razón de la violación al derecho fundamental a un debido proceso judicial, sostenido en la denuncia en que se ha realizado indebidamente un “Reconocimiento Fotográfico”, es oportuno para esta Sala de lo Penal hacer un breve desarrollo del medio de Prueba Reconocimiento y su diferencia con una mera identificación o señalamiento, haciendo eco de lo ya señalado en numerosas sentencias emitidas por este Alto Tribunal. En sentencia de fecha 27 de abril de 2017 en el expediente 292-2013, hizo relación que el medio de prueba antes llamado Confrontación ahora Reconocimiento de Persona en Rueda (Recognitio Personarum Per Testes), tiene por objeto la identificación física de una persona de interés para el proceso penal, la cual puede ser el imputado/a (Art. 102 cpp) o un testigo (Art. 176.2 cpp). Esta forma de reconocimiento de personas, no es exclusiva ni excluyente, pues puede hacerse o sumarse de otros modos diversos, apelando al Principio de Libertad Probatoria (Art. 199 cpp), como ser mediante huellas dactilares, declaración de testigos, identificación mediante fotografías, videos, retratos hablados, etc. Muchos autores han conceptualizado que es el Reconocimiento, desde el punto de vista procesal, criminalistico, etc., empero para esta Sala de lo Penal merece especial atención el Concepto Psicológico de la diligencia, que lo define como "juicio de identidad entre una percepción presente y pasada" (Altavilla, Enrico. Psicología Giudiziaria. Edit. Torino. 1948. Pág. 516. Citado por CAFFERATA NORES, José. La Prueba… op. cit. pág. 129), por cuanto lo esencial de la diligencia es la comparación de dos imágenes: i). - La primera imagen, guardada en la memoria de recognoscente, adquirida de manera previa y accidental, y que sirve de base para la comparación; ii).- La segunda imagen, captada en el momento que se realiza el medio de prueba, al ponérsele a la vista del recognoscente un grupo de personas, fotografías u objetos para que determine si dentro de éste se encuentra aquella que previamente había visto. El reconocimiento puede ser: a. Según la esfera de ejecución: Propios o Impropios, conocidos también como mera identificación o señalamientos. b. Según el objeto de reconocimiento: Personas, cosas. c. Según el método de reconocimiento: presencial, fotografía o por medio de voz. A). - RECONOCIMIENTO PROPIO Para que el Reconocimiento tenga la categoría de Medio de Prueba, deberá de realizarse siguiendo estrictamente el protocolo reglado por el Código Procesal Penal que permita garantizar la certeza de la verificación. El Reconocimiento procederá en cualquiera de los siguientes casos: a. Dudosa Identidad Física de una Persona: Cuando la duda recaiga sobre la identidad de la persona acusada, el Tribunal Sentenciador deberá admitir éste medio probatorio con el objeto de verificar que la persona que está siendo sometida al proceso sea la misma a la cual el Estado debe de imponer su poder punitivo. También el reconocimiento puede ser practicado cuando se tenga duda sobre la identidad de la víctima o de algún testigo (ya sea porque la persona niega ese carácter o porque quiere falsamente identificarse como tal), de modo de verificar que la persona que comparece al proceso es la misma que percibió el hecho con alguno o todos sus sentidos. b. Duda sobre la Identificación Nominal de una Persona: Existen casos donde se tenga certeza sobre la identidad física de una persona, pero se dude sobre su identidad nominal, ya sea porque se niegue a proporcionar sus datos personales, porque los proporcionados sean insuficientes, porque los datos proporcionados sean semejantes a otra u otras personas de manera tal que exista duda o porque se atribuya otros datos que no le pertenecen. El reconocimiento tendrá, entonces, por objeto la verificación, corrección o ampliación de la identidad de la persona, sea testigo, víctima o sospechoso, que sirva para distinguirlo de otras personas. c. Verificación de la Información Rendida: Cuando se tenga duda de que una persona efectivamente vio o conoce a otra, puede realizarse el reconocimiento para este efecto. El acto permitirá al Tribunal Sentenciador adquirir la certeza de que una persona efectivamente conoce o vio a otra persona. Muchos casos se han dado en que testigos o víctimas sostienen haber visto a otra y conocer a otra sin que esto sea cierto. El desarrollo del medio de prueba se efectúa en dos etapas: i.- Procedimiento previo; ii.- Ejecución: Como Procedimiento Previo se requiere la toma de la declaración testifical del Reconociente, siguiendo las formalidades que establece el Código Procesal Penal para ese medio de prueba; En dicha declaración el testigo (sujeto activo del reconocimiento), deberá de dar razón de los hechos que ha presenciado y en particular: i.- Aspectos sobre tiempo y lugar, distancia en que se encontraba de la escena, etc.; ii.- , Descripción Física de la persona a reconocer: sexo, estatura, edad, físico, color de cabello, vestimenta, características particulares; iii.- Conocimiento previo sobre sobre la persona y/o su personalidad: Si había visto antes, en que tiempo y por qué razón, señalando si tenía o tiene algún tipo de relación social o parental, si le ha visto personalmente o en imagen, etc. iv.- Conocimiento Posterior al Hecho sobre la persona: si le ha vuelto a ver, personalmente o en imagen, porque razón y en qué circunstancias, y en su caso si se percató de alguna diferencia física.- Este interrogatorio previo tiene como objetivo de que el sujeto activo describa las condiciones en que vio al individuo o a la imagen y la forma en que conserva el recuerdo, así como para valorar el resultado del reconocimiento, cotejando concordancias o discrepancias entre la persona reconocida y la descrita. Debido a que éste interrogatorio es necesario en forma previa, el reconocimiento será siempre un medio probatorio compuesto, ya que requiere que antes de su práctica sea evacuado otro medio probatorio, en este caso el testifical o la declaración de la persona acusada, cuando sea éste el Reconociente. También como procedimiento previo se requiere la elección de las personas que integraran la rueda como descartes. El Código de Rito ordena que las personas que acompañen a la que deba de ser identificada deben de poseer características físicas semejantes, a fin de que pueda darse al reconocimiento valor probatorio. No es posible, por consiguiente, formar la rueda con personas cuyas características físicas (y para algunos hasta sociales), sean dispares y que produzcan que la persona reconociente prescinda de su recuerdo para señalarla. Así entonces las vestimentas deben de ser de la misma clase y con características parecidas, empero no es procedente que vayan uniformadas, ya que puede provocar confusión en la persona reconociente. Vale preguntarse qué ocurre cuando la persona a reconocer posee una característica tan singular y rara dentro del medio social, como por ejemplo color de piel, de ojos o, más aún, que carezca de una pierna o de un ojo o que tenga alguna cicatriz. En estos casos el Tribunal muy difícilmente, por no decir imposible, podrá conseguir la colaboración de individuos con esas mismas características, además de que la exigencia que establece la ley se refiere a condiciones generales y estas características expuestas pasan a ser individualizantes, objeto más bien del acto procesal. El número de personas que integran la Rueda es otro aspecto que debe de tenerse en cuenta: El Código Procesal Penal no determinan el número, sin embargo, atendiendo la naturaleza de la diligencia, éste no puede ser menor de tres ni mayor de seis, a fin de darle mayor valor probatorio al acto, en suma, entonces, el número de personas que deben de integrar la rueda, incluyendo a la persona sometida al reconocimiento, debe de ser como mínimo cuatro y como máximo siete. Hacemos especial referencia al numeral segundo del artículo 253 del Código Procesal Penal, que establece la obligación del Juez o Tribunal de tomar las previsiones para que el imputado no se desfigure, es decir, que no realice cambios a su físico que le hagan verse diferente, ello con el propósito de que la persona reconociente pueda individualizarla conforme a la imagen mental que posea. Esto, como es obvio, no quiere decir que el Tribunal evitara que el imputado se cambie de ropa o que haga arreglos de presentación. En el caso de que el imputado haya realizado cambios en su persona que le hagan verse en forma distinta de cómo se veía anteriormente, es recomendable de que el reconocimiento no se efectúe en forma personal, sino que se realice de otra forma si es posible, como por ejemplo por medio de fotografía o por medio de la voz. Como procedimiento de ejecución, una vez escogidas las personas que conformaran la rueda de personas, éstas serán formadas en un semicírculo o en una fila y se invitará a la persona acusada o testigo a ser reconocido que tome la posición que prefiera; Esto se hace para asegurarle al sujeto pasivo del acto que no existe instrucción alguna para que el Reconociente señale a una persona conforme la posición en la rueda. Una vez conformada la rueda, se hará pasar al Reconociente invitándole a observar detenidamente a la rueda de Personas, luego de lo cual se le preguntará que sí reconoce a la que anteriormente había descrito. Independientemente de la respuesta se habrá realizado el reconocimiento. Recuérdese que el reconocimiento no está limitado a características físicas, por lo que podrá practicarse haciéndolo hablar, caminar, modificando la posición de las personas de la rueda, etc. El Reconocimiento podrá ser: i.- Negativo, cuando la persona señale a un individuo distinto al que se suponía tenía que identificar o indique que dentro del grupo esa persona no se encuentra; ii.- No Concluyente: Cuando la persona señale a dos o más individuos a la vez, sin poder determinar cuál de ellos es el que vio en forma previa, o cuando se señale a una persona de manera dudosa, ejemplo cuando utiliza palabras como "creo" o "me parece"; y iii.- Positivo: cuando la persona señale al individuo objeto del medio de prueba, en forma categórica y determinante; En éste último caso el Código Procesal Penal dispone que se le debe de preguntar al Reconociente las semejanzas y diferencias observadas a la persona que identifica con relación a la cual recuerda. B). - RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO. Es una modalidad subsidiaria del reconocimiento de personas y se utiliza cuando existiendo algunas de las razones enumeradas para el reconocimiento personal, concurran las siguientes circunstancias: a. Cuando la persona a reconocer allá cambiado su aspecto de modo tal que se dé la imposibilidad de cotejo con la imagen que posee la persona reconociente. Por ello el reconocimiento se realizará con una fotografía que se tenga de la persona antes de tal cambio. b. Cuando la persona a reconocer se encuentre prófuga, no se sepa el paradero o no pueda ser sometida al acto procesal (como por ejemplo casos de enfermedad); y c. Cuando no se sepa aun quien es la persona responsable del delito. El reconocimiento fotográfico, para que constituya medio de prueba, deberá de realizarse siguiendo las formalidades antes apuntadas para el Reconocimiento de Personas, con las siguientes especificaciones: La fotografía de la persona a reconocer a utilizar podrá ser parte del archivo que normalmente lleva la policía o la que pertenezca a documentos personales, legalmente obtenida (como la Cédula de Identidad), o las llamadas fotografías artísticas de acceso público. La fotografía será presentada con otras semejantes en tamaño y ángulo de toma, dentro de un álbum donde se presenten en suma un número mínimo de 04 y máximo de 07 fotografías, incluyendo aquella de la persona que se desea reconocer. Este tipo de identificación no impedirá que posteriormente se realice un reconocimiento personal, pero en éste caso el Tribunal deberá de tener en cuenta que su valor probatorio se verá afectado, por la interposición de una imagen previa al reconociente. Recuérdese que el reconocimiento, fuese de personas o fotográfico, pueda ser considerado como medio de prueba deberá de realizarse con la participación de los siguientes actores: a. El órgano de ejecución deberá ser siempre jurisdiccional. Como se indicó antes, en virtud de su carácter irreproducible; y b. Antes de practicarse la medida deberán de ser previamente notificados y citados las partes del proceso que hasta el momento se hayan identificado como tales, bajo penal de nulidad del acto. Se garantiza así el control de las partes sobre el acto procesal, ya que podrán durante el desarrollo del mismo hacer las preguntas y observaciones que estimen conveniente y solicitar que se haga constar cualquier irregularidad. De la diligencia de reconocimiento se elaborará un acta, en donde se harán constar todas las circunstancias en que se realizó la misma, incluso los nombres y domicilios de las personas que hayan participado en la rueda de personas como descartes. Finalmente, es de mencionarse que el medio de prueba, cuando no fuese realizado directamente por el Tribunal de Sentencia sino por un Tribunal distinto en etapa previa a la de Juicio, deberá de celebrarse bajo el protocolo de prueba anticipada para que pueda ser prueba de juicio, lo que exige de igual cuenta que la declaración del Reconociente, cuando fuese testigo, se realice bajo el mismo esquema. C). - MERA IDENTIFICACIÓN O SEÑALAMIENTO MEDIANTE EL USO DE FOTOGRAFÍAS. En sentencia del 09 de Diciembre de 2013, en el Expediente 209-2011, la Sala de lo Penal explicó que ante la Noticia Criminis es responsabilidad de los Órganos estatales de Investigación, dirigidos técnicamente por el Ministerio Público, hacer las diligencias de investigación pertinentes, que componen la “Investigación Preliminar”, como parte de la Etapa Preparatoria, siendo uno de los objetivos “practicar todas las diligencias pertinentes y útiles no sólo para determinar la existencia del hecho punible sino también para establecer el grado de responsabilidad de los agentes” (Art. 272 CPP). Se comprende entonces la importancia de identificar a las personas responsables, tanto física como nominalmente; Debe de tenerse presente que uno de los presupuestos más elementales que integran el proceso penal es lograr la certeza de la identidad de la persona objeto de la acusación, ya que si ella falta o es dudosa, toda la estructura procedimental se viene abajo, puesto que se puede alcanzar la convicción legítima de que un determinado hecho punible se produjo, pero ello no supondría la determinación de la identidad de quién fue en concreto la persona física que lo llevó a cabo; son los órganos públicos de persecución y los Jueces y Tribunales los llamados a llevar a cabo esta determinación. El Código Procesal Penal comprende una diversidad de actuaciones relativas a la identificación del inculpado desde una doble perspectiva: i.- Material: individualizar al responsable del delito, como persona física y; ii.- Formal: consiste en establecer los datos o circunstancias personales del presunto delincuente (edad, informes de conducta, antecedentes penales, etc…); es en este quehacer que en ocasiones los Órganos de Investigación recurren a la exhibición de fotografías a víctimas o testigos, lo que no es propiamente una prueba, sino solo un acto de investigación; es decir, una técnica policial apta para que en caso de reconocimiento positivo, se abra una línea de investigación. Además, en sentencia del 27 de Mayo del Exp 062-2012 y de fecha 03 de Noviembre en el Exp 084-2012, ambas del año 2014, la Sala de lo Penal indicó que el llamado “Reconocimiento fotográfico” realizado en sede policial, mediante la exhibición de un álbum o una serie de fotografías de personas que por su modus operandi pueden ser sospechosos de haber cometido el delito que se persigue, constituye una diligencia legítima de iniciación de la investigación dirigiéndola contra la persona concreta reconocida por aquel medio o técnica generalmente utilizada en la práctica por la policía; diligencia cuyo valor es de naturaleza preprocesal por lo que no constituye por sí sola una prueba, aunque pueda traerse al juicio y con ello al contradictorio por otros medios probatorios de los procesalmente admisibles, reiterando lo señalado en la sentencia del 23 de Octubre de 2013, en el Exp 047-2013, que la exhibición de fotografías por parte de las autoridades policiales, no es propiamente una prueba, sino solo un acto de investigación, que bajo el Principio de Libertad probatoria puede ser incorporada al acervo probatorio mediante su ratificación en el juicio oral por parte del testigo Reconociente y/o de los policías ante los cuales se practicó el reconocimiento, adquiriendo así por contradicción de las partes e inmediación del Tribunal de Sentencia, el carácter de prueba susceptible de valoración.En resumen, podemos arribar entonces a las siguientes conclusiones: 1. El llamado reconocimiento fotográfico, realizado por la Policía en el proceso de investigación, es en realidad una mera identificación o señalamiento de personas que son de interés y no constituye un verdadero Reconocimiento Fotográfico; 2. La diligencia de Investigación de identificación o señalamiento, no constituye por sí misma medio de prueba; si bien tal diligencia, mediante el acta que le documenta, puede ser llevada a juicio, debe necesariamente estar asociada con otro medio de prueba, como ser la declaración testifical del Reconociente, de los Agentes de Policía que realizaron tal diligencia o en última instancia de testigos que hayan presenciado la diligencia; y 3. La Identificación o Señalamiento Fotográfico tiene un valor en el ámbito de la investigación y por ende pre procesal, el cual no se traslada al proceso penal, sino, Conditio Sine Quanon, hasta que es introducido en asociación con otro medio de prueba relacionado, que permita el debido contradictorio, el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y la inmediación del Tribunal. DE LA PROCEDENCIA DEL PRIMER MOTIVO EL MOTIVO PRIMERO NO ES DE RECIBO.- Conforme el acumulado judicial, para el día 08 de agosto de 2012 en el Tribunal de Sentencia se celebró la audiencia de proposición de prueba (f. 19), en la cual el Ministerio Público oferto como medio de Prueba documental un “Acta de Reconocimiento Fotográfico”, explicando que ésta había sido realizada por un Testigo Protegido; medio de prueba que, contrario a lo que se alega en el recurso, no fue objetado por la Defensa, siendo admitido por el Tribunal en sus términos. De manera posterior se celebró la audiencia de debate en donde según el acta, estándose desarrollando la declaración del testigo Juan Orlando Hernandez (f. 38), el Ministerio Público solicito la introducción por lectura del medio de prueba documental “Reconocimiento Fotográfico”, a efecto de confrontar contradicciones, entre la declaración del testigo y el contenido del documento, en base al artículo 411.6 cpp, lo que fue resuelto de conformidad por el Tribunal de Sentencia. Como resultando de la audiencia de debate, en fecha 04 de febrero de 2014 (f. 64), el A-Quo dicto sentencia, haciendo mención en la Fundamentación probatoria de la introducción por lectura del medio de prueba “Reconocimiento Fotográfico”, para efectos de contradicción, pero sin hacer ninguna valoración (positiva o negativa) de éste, es decir en cuanto a éste documento no se realizó valoración intelectiva alguna. El recuento realizado permite notar que existió una mala apreciación en torno al medio de prueba documental en referencia: a. El Recurrente denuncia que para la producción del llamado “Reconocimiento Fotográfico”, no se siguieron los lineamientos normativos previstos en el Código de Rito; Sin embargo esta Sala de lo Penal llama a considerar que tanto el Ministerio Público, como la Defensa y el propio Tribunal de Sentencia confundieron lo que es propiamente un Reconocimiento Fotográfico con un Acta de Diligencia de Investigación de Mera Identificación o Señalamiento, realizada en el marco de la Investigación Preliminar y que por ende no conlleva la observancia del protocolo que prevé el Código Procesal Penal para la realización del medio de prueba Reconocimiento Fotográfico; b. El acta que documenta el acto de investigación si bien puede ser presentada como medio de prueba documental, esto al amparo del Principio de Libertad Probatoria, esta Sala de lo Penal a advertido que para garantizar el debido contradictorio y con él, el ejercicio del derecho de defensa, la parte proponente deberá de asociar el documento con la deposición de la persona Reconociente o en su defecto del agente de policía que realizó la misma.- En el presente caso ello no fue así, y el documento fue admitido sin tal exigencia, sin embargo la falencia fue consentida por las partes, incluyendo la defensa, al no haber presentado protesta alguna en el momento de proposición del medio de prueba, por lo que aun cuando el reclamo sea correcto en su contenido, resulta extemporáneo al tiempo de formularlo: en única instancia, cuando debió haber sido ante el Tribunal de Sentencia; c. El medio de Prueba in comento, por decisión del Tribunal de Sentencia fue introducida al debate mediante lectura, para efectos de confrontar supuestas contradicciones en que estaba incurriendo el testigo Juan Orlando Hernández en su declaración. Ciertamente lo decidido por el A-Quo es gracias a una desatención del contenido del artículo 311.6 del cpp, el que dispone que para efectos de confrontación y a solicitud de cualquiera de las partes, podrá introducirse por lectura o ser objeto de reproducción, entre otros, las declaraciones testificales rendidas en sede administrativa o judicial, cuando sean contradictorias a las hechas por la misma persona en una audiencia judicial posterior. Haciéndose la introducción por lectura o por reproducción, las partes interrogaran al declarante sobre las contradicciones advertidas a efecto que éste explique el porqué de las mismas, lo cual será objeto de valoración por el Órgano Jurisdiccional. - En ningún caso lo introducido o reproducido para efectos de confrontación será considerado como medio de prueba. En el caso de mérito error estriba en: i.- Lo introducido para efectos de confrontación no fue una declaración testifical previa, como manda la norma procesal, sino que fue un documento en donde no consta declaración alguna; ii.- La Confrontación es para efecto de valorar la declaración hecha por el testigo en la audiencia de debate, por ello lo introducido por lectura no constituye prueba y no puede ser objeto de valoración independiente cuando se trate del artículo 311.6 del cpp, sin embargo en el presente caso el medio usado para la confrontación era un medio de prueba admitido que debía de ser objeto de valoración independiente.- En resumen el Medio de Prueba debió haber sido evacuado conforme lo dispone la norma procesal para la prueba documental (Art. 332 cpp), y exhibido al testigo para que se pronunciara sobre él, debiendo en la sentencia hacer una valoración tanto del documento como de lo señalado por el testigo sobre el documento. Ahora bien, este error de procedimiento no tuvo incidencia alguna en la parte dispositiva de la sentencia, es decir no contribuyó en la formación de convicción de los sentenciadores, pues en el examen de la sentencia se ha advertido que el Tribunal no realizó ninguna valoración intelectiva del documento, limitándose a relacionar que fue introducido por lectura para confrontación de contradicciones en la declaración del testigo Juan Orlando Hernández; de este modo, aun cuando el vicio denunciado por el Recurrente existe, éste no se traduce en una afectación efectiva a sus intereses objetivos, dado que: i.- No es posible ordenar la Expulsión del documento, a razón que es un medio de prueba admitido y que debió haber sido evacuado en la audiencia de debate; y ii.- No es posible ordena la Exclusión de la valoración del documento, pues esta es inexistente en la sentencia. d. Como se ha adelantado ya, aun cuando dispone el Código Procesal Penal que todo medio de prueba que haya sido presentado en la audiencia de debate debe de ser objeto de valoración por el Tribunal en la sentencia que se emita, en el presente caso el A-Quo hizo caso omiso a tal disposición y no consigno ninguna valoración intelectiva del llamado “Reconocimiento Fotográfico”; lo anterior vale como mera observación a los Juzgadores de la instancia, pues se encuentra fuera de lo reclamado por el Recurrente, no pudiendo extender esta Sala de lo Penal su pronunciamiento a aspectos que no fueron objeto de impugnación (Art. 350 cpp). Como consecuencia no procede atender el primer motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. SEGUNDO MOTIVO. Precepto Autorizante Citado: Artículo 361 del Código Procesal Penal Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 90 de la Constitución de la República; Artículos 200, 260 y 261 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Violación al Derecho a un Debido Proceso Judicial; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Recurrente; Pretensión: Nulidad del fallo condenatorio. Increpa el Recurrente el Medio de Prueba Careo que fue ordenado por el Tribunal de Sentencia en la audiencia de debate como auto para mejor proveer, debido a: a. El Tribunal de Sentencia dispuso la práctica de un Careo, sin que hubiese sido solicitado por el Ministerio Público, y sin señalar de que se trataba de una resolución de oficio; b. Se ordenó careo sin existen la declaración de uno de los careados, como ser el Agente de la DNIC Misael Amaya; (Art. 260 cpp); c. Se ordenó el careo en un momento procesal distinto a aquel que la norma procesal dispone que es cuando se haya agotado todos los medios de prueba propuestos; (Art. 261 cpp); y d. Se realizó el careo utilizando un acta de reconocimiento fotográfico el cual no es un medio de prueba testifical; un documento que no se tiene registró quien lo elaboró. Resume el Recurrente que se violentó el Derecho a un Debido Proceso Judicial, por no haberse observado los artículos 200, 236, 260 y 261 del Código Procesal Penal. DEL MEDIO DE PRUEBA CAREO. El Careo es uno de los medios de prueba reglados por el Código Procesal Penal; en el artículo 260 se indica que tendrá lugar cuando dos (2) o más testigos, dos o más peritos hayan discrepado en sus declaraciones sobre hechos o circunstancias importantes del proceso; se aplicarán al careo las reglas referente a los testimonios; procederá igualmente el careo entre dos o más imputados o entre un imputado y uno o más testigos, cuando existan discrepancias entre sus respectivas declaraciones, siempre que el imputado no se niegue a participar en el careo. El careo implica una confrontación entre dos personas, quienes, habiendo participado en la audiencia, han informado al Tribunal sobre un mismo hecho de manera contradictoria; el careo podrá practicarse: a. Entre testigos, debiendo regirse en este caso bajo las reglas para la prestación de testimonios; b. Entre peritos, siguiéndose las reglas para la presentación de los dictámenes periciales; c. Entre personas acusadas, siempre que estuvieren de acuerdo en participar, siguiéndose las reglas de la declaración de imputados; y d. Entre testigo e imputado; en cuyo caso las reglas a aplicar serán en relación al papel de cada uno en el proceso. Como se señaló en la Sentencia del 27 de mayo de 2014 en el Exp 052-2012, el Careo es un medio de prueba dependiente, de carácter complementaria que sirve para mejorar valorar las declaraciones testificales, periciales o declaraciones que en defensa material rindan las personas acusadas; al darse la confrontación los deponentes podrán explicar sus dichos, aclarar las discrepancias o hacer refutaciones respecto a al hecho o aspecto contradictorio referido por la persona; al mismo tiempo, con ayuda de la inmediación, el Tribunal de Sentencia podrá percibir cuál de las deposiciones tiene mayor credibilidad.- Es pues que no tienen un valor autónomo sino que sirven de mero instrumento para poder hacer la valoración de aquellas deposiciones que en un primer momento fueron contradictorias. Es por ello que el Careo solo podrá realizarse cuando: a. Se hayan recibido en la audiencia las declaraciones de los testigos, de los peritos y/o que la persona acusada no se haya abstenido de declarar; b. Que dichas declaraciones informen sobre los mismos hechos o aspectos, resultando contradictorias; la discordancia puede recaer en un hecho concreto de la deposición o en la totalidad de ésta; y c. Que los hechos o aspectos informados sean relevantes para la resolución del caso. Al ser requisito que las contradicciones sean manifiestas en la misma audiencia, el Careo es el único medio probatorio que no puede ser ofertado con anterioridad a la audiencia, pues previo no es posible determinar si tales contradicciones se presentaran, aun cuando se prevea que pueda ser así; en sentencia del 09 de Febrero de 2012 del Exp 256-2009, la Sala de lo Penal declaró que era procedente inadmitir la propuesta de Careo dado que el artículo 260 se colige que este procede cuando exista discrepancia entre las declaraciones y no una discrepancia futura, ello sin perjuicio que la parte interesada tome las previsiones del caso en la audiencia, como el hecho de solicitar que los testigos o peritos cuyas deposiciones se prevé puedan ser contradictorias no se ausenten de la sala previendo que puedan ser llamados para realizar el careo. Por lo anterior el Careo deberá de ser propuesto por la parte interesada como una diligencia para mejor proveer (Art. 333 cpp), en el momento mismo que se revele en la audiencia la existencia de las discrepancias, que sería en la posterior declaración testifical o en la posterior presentación del peritaje. Ante la propuesta del Careo, el Tribunal deberá de realizar el correspondiente juicio de admisibilidad (pertinencia, utilidad, proporcionalidad), teniendo presente que se trata de un procedimiento de carácter excepcional por su carácter violento al poner en rumbo de colisión a dos personas, por ello solo se acudirá al Careo cuando no sea posible mediante otro medio de prueba determinar cuál de las declaraciones es la acertada y cual no; en ningún caso podrá ordenarse el careo entre un menor de 12 años de edad y una persona adulta; por otro lado el careo entre dos menores de edad solo podrá practicarse cuando fuese imprescindible para la solución del caso y siempre que los menores se encuentren en el mismo rango de edad y nunca menores de 12 años; con todo no procederá el careo cuando exista riesgo que pueda resultar dañada la dignidad de uno de los participantes o pueda producirse una revictimización. Como ya se debe haberse deducido, en el Careo no podrá realizarse con más de dos personas; Si fuesen varios los testigos que reporten discrepancias, se deberá de realizar varios ejercicios. - El careo deberá de ser dirigido por el Tribunal siempre dentro de la audiencia, con la asistencia de todas las partes, siguiendo como protocolo: a. La parte podrá prever la posible existencia de contradicciones entre dos testigos, peritos o entre un testigo y la persona acusada, solicitando al Tribunal se ordene que el testigo o perito que declare primero no se retire del tribunal, sino que sea mantenido en el salón de testigos hasta que se compruebe o descarte la existencia de la discrepancia; b. Inmediatamente después que termine su participación el segundo testigo o perito, revelándose la discrepancia, la parte interesada deberá de proponer, como un auto para mejor proveer, la práctica del careo, justificando la necesidad de ésta y del porque no es posible resolver la dualidad de exposiciones mediante otra forma; c. El Tribunal, de estimar que la propuesta supera el juicio de admisibilidad, ordenara el careo disponiendo que se traiga a la sala aquel testigo o perito que ha comparecido anteriormente, sentándolo de frente con el testigo o perito con el cual se tendrá la confrontación; momento en que el Tribunal explicará a los testigos, peritos, o al acusado, en su caso, el procedimiento que se realizará a continuación, advirtiendo a los dos primeros que persiste su obligación de decir verdad, y al tercero que su participación es voluntario y que puede desistir en cualquier momento; d. Una vez esto, la Secretaría y/o el Tribunal dará lectura a las respectivas declaraciones, señalando el Juzgador los puntos concretos discordantes, e invitando a continuación a que los testigos o peritos se hagan preguntas por turnos, uno a otro, sobre este hecho o asunto dispar; en todo el proceso el Tribunal será vigilante que los careados se dirijan al otro de manera correcta, con estricta ausencia de insultos o amenazas; e. El Tribunal, además podrá conceder la palabra a los abogados de las partes a efecto de que a su turno puedan realizar preguntas a los testigos y peritos que tiendan a aclarar la discrepancia o a determinar cuál de ellos dice la verdad; el Tribunal vigilará que esta oportunidad no sea aprovechada por los Abogados/as para formular preguntas no relacionadas con la discrepancia; f. Finalmente, se le dará oportunidad a cada testigo o perito, para que pueda hacer una última manifestación al Tribunal, luego de lo cual se dispensará su presencia. Es de insistir que el careo puede producirse entre un testigo y la persona acusada, o entre dos personas acusadas, siempre que su participación sea voluntaria y por tanto libre de juramentación, pudiendo en cualquier momento reusarse a contestar preguntas o a seguir con el careo. La diligencia de careo se documentará en acta por el Secretario; en ella se hará constar todo lo que aconteciese, preguntas, respuestas, y reconvenciones que mutuamente se hicieran los careados entre sí. El Careo servirá para realizar una mejor valoración intelectiva de las declaraciones testificales, periciales o de la persona acusada, en su caso, que hayan participado en la diligencia, el cual deberá de ser realizado conforme a las normas del recto entendimiento humano. DE LA PROCEDENCIA DEL SEGUNDO MOTIVO. EL MOTIVO SEGUNDO ES DE RECIBO. El acta de debate (f. 31), nos informa que después de evacuada la prueba documental, el Ministerio Público invocando como fundamento el artículo 333 cpp, solicitó al Tribunal de Sentencia se trajera al estrado al Señor Misael Amaya, agente de investigación que había realizado el acto de investigación identificación fotográfica, llamado en el proceso como “Reconocimiento Fotográfico”, para que manifestare quien fue la persona que participó en esa diligencia, esto dado que el testigo Juan Orlando Hernández negó haber sido él; al turnarse el uso de la Palabra, el acusador privado manifestó estar de acuerdo con lo señalado, agregando además que el testigo Juan Orlando Hernández, fuese puesto delante del Señor Misael Amaya, para que éste último dijese si aquel había o no participado en la diligencia de investigación; finalmente la Defensa se manifestó en desacuerdo bajo el argumento que el Testigo Hernández había sido categórico de que no participo en la diligencia de investigación. En resumen, según se desprende del acta de debate, el Ministerio Público solicito como un auto para mejor proveer la declaración testifical del Señor Misael Amaya, y la acusación privada además que el testigo propuesto realizara la identificación de la persona que realizó el acto de investigación. Ante lo peticionado el Tribunal de Sentencia indicó que accedía a lo solicitado, ordenando la práctica de un Careo entre el testigo Juan Orlando Hernández y el Señor Misael Amaya (f. 40 v.), el que fue realizado de manera posterior (F. 47), siguiendo el siguiente procedimiento: i.- Se dio lectura a la declaración rendida por el Señor Juan Orlando Hernández; ii.- Se procedió a realizar un interrogatorio al Señor Misael Amaya, iniciando el Ministerio Público, luego la acusación privada, después la defensa privada y finalmente el Tribunal de Sentencia, además se le permitió al Ministerio Público reinterrogar al Señor Misael Amaya; Interrogatorio que se realizó frente al testigo Juan Hernández; y iii.- Finalmente la Defensa privada formulo una pregunta cerrada al testigo Juan Orlando Hernández. La Sala de lo Penal identifica en el proceder del Tribunal de Sentencia muchos yerros que afectaron la buena marcha del proceso, a saber: 1. El Ministerio Público y la Acusación privada solicitaron como auto para mejor proveer la declaración del Señor Misael Amaya, indicando haber sido la persona encargada de realizar la diligencia de investigación que fue conocida en el debate como “Reconocimiento Fotográfico”, aun cuando este información no era nueva, de hecho el documento debió haber sido propuesto con la ratificación de dicho agente; entonces estrictamente no reunía los requisitos del artículo 333 cpp, pues la existencia del testigo y la información que éste podía comunicar al Tribunal era de conocimiento de las partes proponentes desde la Etapa Preparatoria del Proceso; 2. La solicitud del Ministerio Público y de la Acusación Privada era que se recibiese la declaración testifical del Señor Misael Amaya, pero contrario a ello, el Tribunal de Sentencia ordeno la práctica de un Careo, que no había sido solicitado; en ese sentido se atiende el reclamo del Recurrente; 3. El Tribunal de Sentencia dispuso se efectuara un careo entre el testigo Juan Orlando Hernandez y el Señor Misael Amaya, aun cuando éste último no había declarado antes, de hecho ni siquiera figuraba como medio de prueba; de este modo el Tribunal llevo a debate un medio de prueba no propuesto, esto como consecuencia de olvidar que el Careo no es un medio de prueba independiente, sino dependiente de que se haya efectuado por lo menos dos medios de prueba previos (dos declaraciones testificales o dos deposiciones de peritos, la declaración testifical y la declaración de la persona acusada); de nueva cuenta el Recurrente tiene razón en este aspecto; y 4. El Desarrollo del medio de prueba Careo, no se siguió el protocolo que dispone el Código Procesal Penal para su desarrollo (y es que no era posible debido a la falta de declaración previa del Señor Misael Amaya), convirtiendo la diligencia en una mera declaración testifical, pues las partes u el tribunal se limitaron a interrogar al Agente Amaya. No tiene la razón el recurrente al señalar que el Careo se evacuo en un momento procesal no oportuno, pues aún faltaban medios de prueba que evacuar; el Careo ha de practicarse a continuación del término de la segunda declaración testifical o de la segunda deposición del perito, que evidencie la contradicción con lo dicho de manera anterior por otro testigo, por la persona acusada o por otro perito. Tampoco tiene la razón el Recurrente al alegar que el Careo se realizó entre una persona y un documento, pues si bien se interrogo al Señor Misael Amaya sobre la confección del documento, éste como tal no fue puesto en exhibición para ser confrontado. En la Sentencia los Señores Jueces valoraron el Careo, concluyendo gracias a éste que el testigo Juan Orlando Hernández, fue la persona que declaro, bajo la modalidad de testigo protegido, ante el agente de Investigación Misael Antonio Benítez; es pues que el Careo contribuyo al convencimiento del A-Quo que el testigo Juan Hernández identificó al acusado, mediante fotografías, como la persona que dio muerte a los ofendidos Ricardo Pérez y Carlos Cortes Hernandez; entonces el mal proceder del Tribunal de Sentencia al ordenar y practicar el Careo no solo tiene una repercusión formal, por la inobservancia de normas procesales de carácter público, sino que además una repercusión material por haber contribuido el careo en la formación de la convicción de los sentenciadores, contaminando la parte dispositiva de la sentencia. Identifica esta Sala de lo Penal al artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 260 y 261 del Código Procesal Penal, como las normas inobservadas por el Tribunal de Sentencia, debiendo declararse con lugar el segundo motivo de casación por infracción de Precepto Constitucional. TERCER MOTIVO. Precepto Autorizante Citado: Artículo 361 del Código Procesal Penal Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 88 y 90 de la Constitución de la República; y Artículos 226 y 236 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Violación al Derecho a un Debido Proceso Judicial; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Recurrente; Pretensión: Se proceda a la nulidad del fallo condenatorio. Indica el Recurrente la violación que se denuncia se origina del Informe de Diligencias de Investigación que fue presentado como medio de prueba, debido a: a. Al momento de ser propuesto el medio de prueba no se indicó que persona lo ratificaría, y aun con ello fue admitido e incorporado al debate mediante lectura; b. Mediante el medio de prueba documental se introdujeron declaraciones de familiares de los ofendidos, cuando la ley lo que exige es que éstos fuesen llamados como testigos; y c. Se dio valides al acta con el objeto de reforzar las declaraciones de los familiares del ofendido que en ningún momento son creíbles. Concluye el Recurrente que el informe de Diligencias violento el debido proceso y por ende los artículos 226 y 236 del Código Procesal Penal, referentes a la forma de declarar de un testigo que tiene conocimiento de la comisión de un delito. DE LA PROCEDENCIA DEL TERCER MOTIVO. EL MOTIVO TERCERO NO ES DE RECIBO. - Como parte de la prueba propuesta por el Ministerio Público en la audiencia de proposición de pruebas celebrada el 08 de agosto de 2012 (f. 19), se oferto el Informe de Diligencias Practicadas por la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal, explicando que la pretensión perseguida era “esclarecer los hechos”; medio de prueba que fue admitido por el Tribunal de Sentencia y que como tal fue evacuado en la audiencia de debate (f. 40). A posteriori, los Juzgadores en su sentencia hicieron una enumeración de los medios de prueba documental, entre ellos el Informe de Investigación, (sin realizar una efectiva motivación descriptiva), indicando que en conjunto dicha prueba acreditaban la muerte legal y formal de los Señores Adán Rodríguez, Ricardo Pérez y Carlos Cortes (f. 67), el lugar en donde ocurrieron los hechos y las actuaciones realizadas por los agentes de investigación criminal; el A-Quo no hace ninguna mención antes y después de dichos medios de prueba. El Recurrente funda su tercer motivo de casación por Infracción de Ley, objetando el medio de prueba en comento, para ello desarrolla argumentos poco claros, difíciles de entender, sin exposición clara de ideas y en especial de las decisiones que tomo el Tribunal y que considera contrarias al debido proceso en torno al medio de prueba in comento. Haciendo un esfuerzo, esta Sala de lo Penal entiende que se reclama que en la proposición de pruebas el Ministerio Público no ofertó que el documento fuese ratificado en debate por la persona que lo elaboró y que aun ello fue admitido y además evacuado; empero tal reclamo es improcedente por extemporáneo, pues según consta en el acta que registra lo ocurrido en la audiencia de proposición de prueba y el acta de la audiencia de debate, en ningún momento el Señor Defensor hizo observación alguna sobre ello, mucho menos una objeción formal o la interposición de un recurso de reposición ante la decisión del A-Quo de admitir el medio de prueba documental sin que ninguna persona ratificara su contenido. De igual modo reclama el Recurrente que el Informe de Investigación contiene declaraciones de personas que debieron ser llamadas a la audiencia de debate a declarar en lugar de informar de sus dichos por dicho documento, reclamo que de nueva cuenta debió formularse ante el Tribunal de Sentencia al momento de la propuesta de la prueba y no en Casación; al dejar pasar el momento oportuno sin presentar oposición el Recurrente lo que hizo fue consentir lo actuado, no siendo Casación el momento para iniciar un proceso de corrección a lo que considera indebido cuando se tuvo oportunidad de presentar reclamo y no se aprovechó por decisión propia. Finalmente, deduce la Sala de lo Penal que el Recurrente reclama que mediante el Informe de Investigación se tuvo por reforzadas las declaraciones de los familiares de los ofendidos, cuando dichas declaraciones no son creíbles; reclamo que es improcedente debido a: i.- trata sobre valoración de prueba y no sobre la observancia de un debido proceso, que es el motivo que nos ocupa; ii.- el tribunal de sentencia no realizó ninguna valoración sobre el medio de prueba (f. 67), por ende es falso que los Jueces hayan le hayan considerado como fuente de corroboración a lo dicho por los testigos familiares de los ofendidos. Por lo explicado no procede atender el tercer motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. 3.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO Precepto Autorizante: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 82, 88, 89 y 90 de la Constitución de la República; Artículos 200, 253, 255, 256, 260, 261, 273.1, 274 y 275 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Basarse la sentencia en medios probatorios no incorporados legalmente al juicio; Reclamación Ex Ante: Sin Determinar por el Recurrente; Pretensión: Se proceda a la nulidad del fallo condenatorio. Enumera el Recurrente los medios de prueba que entiende fueron incorporados indebidamente al debate: a. Reconocimiento Fotográfico: Esto debido a que el testigo Juan Orlando Hernandez, quien es el testigo protegido, de manera contundente manifestó que Él no hizo el reconocimiento; b. Careo: Medio de prueba que exige que sea realizado entre testigos, lo cual no ocurrió en el presente caso, donde no existe uno de los testigos y por tanto no hay contradicciones; y c. Informe de diligencias, conteniendo declaraciones de familiares y de hechos que no tienen relación con el proceso penal. SEGUNDO MOTIVO. Precepto Autorizante: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Falta de consideración de prueba de valor decisivo. Reclamación Ex Ante: Sin Determinar por el Recurrente. Pretensión: Se Proceda a anular el fallo condenatorio. Arguye el Recurrente que se dejó de considerar prueba de valor decisivo, como ser: a. Declaración del testigo Protegido Juan Orlando Hernandez Cortes, quien fue contundente en sus declaraciones al señalar que no fue él quien realizó el reconocimiento fotográfico del acusado; b. Declaración de Isaías Gómez Machado, el que hace la descripción de la persona que dio muerte al Ofendido; c. Declaración de la Señora María Leonila Machado, quien es madre de Isaías Gómez Machado y que da cuenta a qué horas salió con el ofendido y la hora en que regreso; d. Declaración de la Señora Maria Angelina Gómez López, la que señalo que quien había matado a su hijo era una persona de nombre Carlos Cortes. Explica el Recurrente que los medios de prueba enumerados fueron tomados en cuenta de manera superficial por el Tribunal de Sentencia, es decir fueron dejados de considerar siendo todos ellos prueba de valor decisivo. TERCER MOTIVO. Precepto Autorizante: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: En la Valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin Determinar por el Recurrente; Pretensión: Se proceda a la nulidad del fallo condenatorio. Ofusca la sentencia el Recurrente, señalando que ésta da valor a declaraciones falsas de testigos familiares del ofendido, con las que se construyeron los hechos probados; explica que el motivo está dirigido a demostrar que el A-Quo no hizo uso de la sana crítica en la valoración de la prueba, de la manera siguiente: a. Principio de Identidad: Que manda que debe de identificarse plenamente al autor material del delito, lo cual no pudo ser en este caso; b. Principio de Contradicción: Los testigos familiares afirman algo que nunca vieron y los testigos presenciales niegan lo que aquellos afirman; c. Principio de Tercero Excluido: Violentado cuando el Tribunal estima probado hechos que no son congruentes con la prueba vertida en el juicio oral; d. Principio de Razón Suficiente: Que exige que cada elemento probatorio debe de estar probado por otros elementos de prueba, lo que no ocurrió en el presente caso, pues las declaraciones testificales de los familiares son desvirtuadas por las declaraciones de otros familiares; e. La Psicología: Que trata de descubrir las sutilezas y maniobras de la delincuencia para contenerla, la cual no se encontró en el presente caso; el A-Quo no utilizo el raciocinio para llegar a la certeza que lo expresado por los testigos familiares era por impulso que le dieron los agentes Fiscales y agentes de la DNIC; f. La Experiencia: Que debe de ser transmitida a las sentencias por los Jueces, determinando la credibilidad de los medios de prueba, pero en este caso no fue así en el presente caso. Reitera el Recurrente que no fueron observadas las reglas de la sana crítica. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. La Sala de lo Penal se ha enterado de las razones explayadas en los motivos primero, segundo y tercero del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, todos los cuales tienen como pretensión que se declare la nulidad de la Sentencia y se ordene el reenvío para la celebración de un nuevo debate, pretensión que es concedida, generada como consecuencia de haber prosperado el segundo motivo de casación por infracción de precepto constitucional y que por ello hace innecesario el desarrollo y respuesta del Recurso donde se denuncian defectos de forma. V. DECISIÓN 1. No ha lugar los motivos Primero y Tercero del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional; y 2. Ha lugar el Motivo Segundo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR los Motivos Primero y Tercero del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado Oscar López López, apoderado defensor privado del Señor Santos Benítez Gómez. SEGUNDO Declarar HA LUGAR el Motivo Segundo por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado Oscar López López, apoderado defensor privado del Señor Santos Benítez Gómez.- TERCERO: CASAR la sentencia de fecha cuatro (04) de Febrero de dos mil catorce (2014) (f. 64) dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua; en consecuencia se declara la nulidad total de la Sentencia señalada, así como de la audiencia de debate que le origina, de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013) (f. 31).- Y MANDA: PRIMERO.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, proceda a citar a las partes y demás intervinientes para la celebración de la audiencia de debate, a fin de dar respuesta definitiva a la acusación incoada en contra del Señor Santos Benítez Gómez, por suponerlo responsable a título de autor directo de dos delitos consumados de Homicidio, en perjuicio de los Señores Ricardo Pérez y Carlos Cortez Hernández; proceso penal en el cual deberán de participar Jueces/zas distintos/as a aquellos/as que tuvieron intervención en las actuaciones anuladas.- SEGUNDO.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-340-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.