Sentencia CP-335-14 — Registro 13686
Resumen
En primera instancia se condenó a la imputada por el delito de asesinato, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Tercer Motivo EL TERCER MOTIVO ES DE RECIBO.- La denuncia hecha por los Recurrentes exige una revisión del acumulado judicial, a efecto de poder establecer si existió o no violación a lo preceptuado por el artículo 312 y 313 del Código Procesal Penal, ello mediante un recuento de los días en que se celebró el debate y los días de suspensión decretados, tarea que tiene como dificultad la no armonía de fechas consignadas en el acta de debate y en la sentencia, a saber:
ACTA DE DEBATE SENTENCIA
Días de Debate Folio Días en que el Debate fue Suspendido Días de Debate Folio Días en que el Debate fue Suspendido
01/Febrero/2013 229 18/Febrero/2013 261
04 de Febrero al 15 de Marzo de 2013 10 de Febrero al 15 de Marzo de 2013
18/Marzo/2013 242 18/Marzo/2013 261
19/Marzo/2013 19/Marzo/2013 261
20/marzo/2013 250 20/Marzo/2013 261
El cuadro anterior gráfica: 1. Si se toman por ciertas las fechas señaladas en el acta de debate, la audiencia inicio en fecha 01 de Febrero, día en el cual se evacuó los medios de prueba: dictamen de autopsia, la declaración del Señor José Armando Rosales, del menor E. E. P. R. y dos Actas de Inspección Ocular; Audiencia que fue suspendida para ser reanudada TREINTA DÍAS HÁBILES DESPUÉS, el 18 de marzo de 2014 (F. 242), superando por mucho el máximo legal para las suspensiones de las audiencias de debate, que es de quince días; o 2. Si se toman por ciertas las fechas consignadas en la sentencia, se debe tener por iniciada la audiencia de debate el 18 de Febrero de 2013, suspendida en esa misma fecha para reanudarla el 18 de marzo del mismo año, es decir DIECINUEVE DÍAS HÁBILES DESPUÉS, violentando el máximo legal para las suspensiones de las audiencias de debate. No entiende esta Sala de lo Penal por qué las fechas que se consignaron en el acta de debate son distintas a las que se señalan en la sentencia, más aún con esta contradicción importante (merecedora de esclarecimiento por parte de la Inspectoría de Órganos Jurisdiccionales), el resultado es el mismo dado que no importa cuál de tales fechas tomáramos como verdaderas, en ambos casos se concluye que el Tribunal de Sentencia ha menospreciado la disposición imperativa que contiene los artículos 312 y 313 del Código Procesal Penal, provocando disolución en la obligatoria continuidad de la inmediación, poniendo el riesgo una correcta valoración de la prueba, pues los Juzgadores vieron disipada en su memoria los detalles que habían presenciado en el curso de las sesiones y que son elementos a considerar en el proceso de valoración. Como conclusión, le asiste la razón al Recurrente al denunciar que ha existido violación a un debido proceso judicial, por inobservancia de normas que regulan el desarrollo de la audiencia de debate. 2.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Teniendo como pretensión la declaratoria de la nulidad de la sentencia impugnada, el Defensor de la Señora Sonia Leticia Dubon interpuso además Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma donde denunció en el primer motivo la violación a las reglas de la sana critica en el proceso de valoración de la prueba y en el segundo motivo la incorporación indebida de medios de prueba mediante lectura a la audiencia de debate con transgresión de normas procesales. Estima la Sala de lo Penal sobreabundante el pronunciamiento sobre los dos motivos del Recurso de Casación por forma, dado que la pretensión del Recurrente con su interposición ya ha sido concedida al estimarse de recibo el tercer motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero pronuncian, En Nombre Del Estado De Honduras, La siguiente Sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 335-2014, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Nueva Arcadia, La Entrada, Departamento de Copán, mediante la cual falló:1) Condenando a la Señora Sonia Leticia Dubón, a la pena de Veinte (20) Años De Reclusión por el delito de Asesinato, en perjuicio de Suyapa Argentina Rosales; asimismo se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta E Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena.2)Declaro la responsabilidad civil de la imputada Sonia Leticia Dubon.3) No Condeno en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por dicho.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma el Abogado Oscar López López, en su condición de Apoderado Defensor de la señora Sonia Leticia Dubón. Son Partes En Única Instancia: El Abogado Oscar López López, apoderado defensor privado de la Señora Sonia Leticia Dubón, en su condición de Recurrente y la Abogada Yessenia María Márquez Lobo, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. II. Hechos Probados En La Primera Instancia Primero: El día lunes catorce de marzo del año dos mil once, a eso de las cuatro de la tarde, la señora Suyapa Argentina Rosales, se encontraba en su casa de habitación, ubicada en la aldea Chepelares, la Jigua Copán, realizando oficios domésticos en la pila en su casa, cuando de imprevisto ingresaron a su vivienda dos individuos desconocidos en compañía de la señora Sonia Leticia Dubon, y buscando la forma de proteger su vida, llegó hasta la cocina donde le alcanzaron y sin mediar palabra uno de los individuos disparó contra la humanidad de la víctima en tres ocasiones con arma de fuego, impactando los disparos; uno en región retro auricular derecha, dos en región infra auricular derecha y tres región derecha y superior del área interescapular (espalda), posteriormente y una vez ya herida, la señora Sonia Leticia Dubon le infirió dos heridas corto punzantes (arma blanca), una en el mentón y otra en región lumbar izquierda. Segundo: Seguidamente salieron huyendo del lugar, siendo plenamente reconocida la señora Sonia Leticia Dubon, por el menor E. E. P. R. quien es hijo de la víctima y que presenció cada uno de los actos realizados contra su señora madre, horas más tarde fue detenida la señora Sonia Leticia Dubon, por agentes de la Dirección Nacional del Investigación D.N.I.C., siendo remitida al Ministerio Público quien entabló requerimiento Fiscal en su contra. III. Recurso De Casación.- Motivos Y Argumentos 1.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional Infracción de precepto constitucional primer motivo: infracción del artículo 82 y 90 de la constitución de la república de honduras. Precepto autorizante: artículo 361 del código procesal penal. Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 82 constitucional que garantiza: “el derecho de defensa es inviolable” esta garantía se violenta cuando se vulneran las garantías procesales establecidas en el artículo 90 constitucional que garantiza: “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” por ende al violentar el derecho al debido proceso se violenta el derecho de defensa, así también se vulneran los artículos de nuestro código procesal penal en los cinco casos que se presentan: primer caso se violenta los artículos 12, 13, 200, 242 y 246; segundo caso se violenta los artículos 316, 317, 318, 342 y 343 en relación al 340; y tercer caso se violentan los artículos 312 y 313; los cuales desarrollaremos independientemente. En consonancia con todas las normas anteriores tenemos otras constitucionales como son: el artículo 15 “honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional…..“; y artículo 16 “todos los tratados internacionales deben de ser aprobados…… los tratados internacionales celebrados por honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno”; en correlación con los artículos de los tratados internacionales como el de la convención americana sobre los derechos humanos en sus artículos siguientes: artículo 8 numeral 1: “garantías judiciales: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable…..este recurso de casación por infracción de precepto constitucional, abrió un nuevo espacio para garantizar el respeto a la normativa constitucional; y las que estamos invocando en este motivo, son derechos inviolables e inalienables en las diversas etapas del proceso, el acusado como principal protagonista del proceso penal, está severamente protegido y escudado en la inviolabilidad del derecho de defensa; de igual forma el postulado del debido proceso es equivalente al otro principio de la ley sustancial que consagra el de la legalidad, ambos son dogmas legales puesto que su inobservancia hace irrelevante la condena o enerva el juzgamiento, estigmatizando el proceso penal con un altísimo coeficiente de injusticia, de arbitrariedad y de atropello a las vías legales; por todo ello el debido proceso es una garantía constitucional inviolable y mucho más, cuando vulnera el derecho de defensa. Primer caso: el derecho de defensa se violenta desde el mismo momento en que se vulnera el debido proceso el cual se violentó en relación a los artículos siguientes: artículo 12: lealtad para con la justicia.- los juzgados y demás tribunales en el proceso penal actuarán con absoluta lealtad a la justicia. Los órganos jurisdiccionales rechazarán fundadamente las pretensiones, incidentes y excepciones que se formulen contradiciendo las reglas de la buena fe o con manifiesto abuso de derecho o en fraude de ley sustantiva o procesal. La infracción dolosa de esta disposición, especialmente en los casos de ocultación de pruebas o la presentación de pruebas falsas… la resolución… la acción…artículo 13: igualdad de los intervinientes.- los jueces y magistrados velarán por la efectiva igualdad de los intervinientes en el proceso. Artículo 200: pruebas prohibidas o ilícitas.- carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la constitución de la república y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información. Artículo 242: designación de peritos.- el tribunal de sentencia competente, y durante la etapa preparatoria, el ministerio público o el juez, con conocimiento de las partes, cuando se haya de practicar prueba pericial, seleccionarán los peritos. Su número será determinada según la complejidad de las cuestiones por plantear, para lo cual deberán considerarse las sugerencias del ministerio público y las partes. Se podrá nombrar un solo perito cuando la cuestión no fuere compleja. Asimismo, se fijarán con precisión los temas de la pericia y el plazo para la presentación de los dictámenes. Una vez investido judicialmente, el perito procederá a cumplir el encargo recibido. Pondrá en conocimiento de quien lo designo, la fecha en que procederá a realizar las actuaciones propias de la pericia. La autoridad que lo nombró, la comunicará a las partes, para que puedan presenciar su práctica, salvo el caso en que esa presencia carezca de utilidad procesal, o el perito justifique que podría perjudicar gravemente el buen éxito de aquélla. Artículo 246: pericia en la investigación preliminar.- el fiscal podrá ordenar pericias durante la investigación preliminar, pero solo podrán incorporarse por lectura al debate si se hubieren seguido las reglas sobre el anticipo de prueba, bajo control jurisdiccional y quedando a salvo la posibilidad que tiene el tribunal, el ministerio público y las partes de exigir la declaración del perito durante el debate. Primero: el derecho de defensa contradictoria de las partes, supone que ha de dárseles la oportunidad de alegar y probar sus derechos e intereses legítimos y se complementa con el de igualdad de armas procesales, que ha de ser real y efectiva para las partes comparecidas. Son los órganos jurisdiccionales los obligados a preservar ese derecho de defensa, procurando que se dé la necesaria contradicción con idénticas posibilidades de alegación y prueba para las partes, en toda clase de procedimientos y en cada una de sus diferentes instancias. El artículo 13 del cpp sienta claramente este deber jurisdiccional de velar por la igualdad de los intervinientes en el proceso penal, mientras que el artículo 20 afirma la aplicación general a todos los procesos penales de dichas garantías y principios.- no puede existir igualdad de armas procesales, si no existe lealtad para con la justicia, lealtad que no existe, cuando los jueces y magistrados encargados de velar por la efectiva igualdad no lo hacen; y no cumplen cuando le ponen zancadía al derecho de defensa del imputado aplicando de manera errónea el debido proceso para producir prueba en la etapa preparatoria y admitirla y evacuarla de manera ilegal prueba ilícita o prohibida en el juicio oral y público. Segundo: resulta honorables magistrados que en la etapa preparatoria, esta defensa en búsqueda de la verdad, a través de la investigación efectuada por mi persona, requerí al ministerio público (artículo 101 #11) para que practicara diligencias que le interesaban a la defensa (ver copia adjunta), mismas que no habían sido ordenadas por la fiscalía, ni efectuado los agentes dnic (ya que con testigos inducidos daban cerrado el caso), siendo estas: (1) ampliación dictamen de autopsia (detallando los extremos); (2) dictamen de balística; (3) prueba de luminol; (4) inspección a la casa (detallando los extremos); (5) evaluación psiquiátrica y psicológica del menor (detallando los extremos); y (6) expediente clínico privado. En auto motivado (ver copia adjunta) el fiscal resolvió a favor el # 5, que se encontraban en trámite los #s. 1 y 2, denegó el 3, 4 y 6; por los que denegó, en apego a ley solicitamos al juez de garantía que los ordenara y así lo hizo (ver 2 copias adjuntas), siendo el más importante la práctica de luminol, el cual el fiscal denegó por motivo que ya se había lavado la casa, a lo que le presente investigaciones científicas de que el luminol funciona hasta por más de dos años. Diligentemente solicite que se me entregaran los oficios para poder agilizar los trámites en san pedro sula, cuestión que jamás lo hizo, con la respuesta de que todos los peritajes los estaban haciendo, entregándome copia de las solicitudes de balística y de autopsia, pero no de los peritajes psiquiátrico y psicológico, sumándole el de un trabajo social.- solicite (ver escrito adjunto) en apego al artículo 13 que para la evacuación de los peritajes (3) prueba de luminol; (4) inspección a la casa; (5) evaluación psiquiátrica y psicológica del menor, así como el de trabajo social agregado por el fiscal, se me notificara el día y la hora en que serían evacuadas dichas diligencia para que pueda presenciar su práctica según lo ordena el artículo 242 del código procesal que manda: “la autoridad que lo nombró, la comunicará a las partes, para que puedan presenciar su práctica”.- las tres pericias se efectuaron pero jamás hicieron lo que la ley ordena, ni respetaron la igualdad de las partes, llevándose de encuentro el debido proceso y por ende el derecho de defensa infringiendo ambas garantías constitucionales.- hasta este momento estas pericias son actos investigativos no garantizados, que sirven para sustentar el auto de prisión pero no para enervar el estado de inocencia, pero es sabido que son prueba pre-constituida aunque sea ilegal y prohibida.- tercero: salimos de la etapa preparatoria e intermedia (artículos 264 y 265) y nos encontramos en el juicio oral y público ante el tribunal de sentencia (jueces de sentencia con alto grado de discernimiento) quienes multiplican las violaciones al debido proceso y por ende el derecho de defensa dejamos pasar lo ordenado en el artículo 316 cpp en vista de que existen dos muletillas para declarar sin lugar cualquier tipo de nulidad o prueba prohibida o exclusión: (1) tiene que estar fundamentado en hechos nuevos y (2) no es el momento procesal en vista de que no se han propuesto como prueba; aunque ya se sabe que esos documentos van a ser propuestos y admitidos e incorporados por lectura (artículo 311 # 2) en el debate.- estando en la audiencia de proposición de pruebas (folios 124 al 129) celebrada el diecinueve de octubre del dos mil once (19-10-ii) la fiscalía propuso (cómo ya se sabía) dictamen de trabajo social # 062-11, dictamen de autopsia # 699-11, dictamen psiquiátrico # 424-11, dictamen psicológico # 418-11; cómo podemos observar todo lo solicitado por la defensa técnica, la fiscalía lo ordenó a medicina forense a raíz de la petición, quienes llevaron a cabo las mismas, lo que deduje de los números expresados en el libelo de proposición (nº.062-11, no. 699-11, no. 424-11 y no. 418-11) que tenía cada uno de los dictámenes, todos efectuados en el año 2011, pero, antes de la audiencia de proposición de pruebas; lo ominoso de la fiscalía es que jugaron con la defensa técnica, al no notificarle que ya se habían ordenado y que se habían efectuados en tal fecha para que estuviera presente en la evacuación de los mismos (psicológico — psiquiátrico — trabajo social) pero más ominoso es que los extremos peticionados no fueron incluidos incluyendo solamente los que ellos quisieron y les convenían.- de lo anterior se colige que la fiscalía para efectuar estos peritajes (solicitados por la defensa) en ningún momento cumplió con lo ordenado en el artículo 242: “designación de peritos.- el…… y durante la etapa preparatoria, el ministerio público o el juez, con conocimiento de las partes, cuando se haya de practicar prueba pericial, seleccionarán los peritos. Su las sugerencias del ministerio público y las partes. Se podrá… Una vez investido… pondrá en conocimiento de quien lo designo, la fecha en que procederá a realizar las actuaciones propias de la pericia. La autoridad que lo nombró, la comunicara a las partes, para qué puedan presenciar su práctica, salvo… “. El fiscal no tiene poder para infringir la ley (artículo 321 constitucional) ni puede alegar ignorancia en la ley (ignora legus non excusam) a sabiendas que estas pericias las incorporará en juicio, está obligado de seguir lo que ordena la ley adjetiva, pero nunca en ningún momento cumplió con lo ordenado en el artículo 246: pericia en la investigación preliminar.- el fiscal podrá ordenar pericias durante la investigación preliminar, pero solo podrán incorporarse por lectura al debate si se hubieren seguido las reglas sobre el anticipo. De prueba, bajo control jurisdiccional y…” A sabiendas que estos peritajes son prueba prohibida e ilícita (artículo 200) los incluye en su elenco probatorio y los propone en la audiencia; en tal sentido esta defensa objeta los peritajes (folio 124 v) propuestos como medios de prueba documentales número cinco (5) dictamen de trabajo social # 062-11; número siete (7) dictamen psiquiátrico # 424-11; y ocho (8) dictamen psicológico # 418-11; fundamentando la objeción de forma categórica bajo los parámetros de los requisitos de (1) los artículos 242 y 246 desglosándolos minuciosamente, (2) que los mismos fueron solicitados por esta defensa, (3) que los extremos solicitados por la defensa lo más seguro no se incluyeron (así sucedió), y (4) lo más importante, que los mismos fueron elaborados sin la presencia de la defensa (así lo corroboraron y declararon los peritos). A continuación el tribunal de sentencia resuelve admitiendo la prueba de la fiscalía en su totalidad (como siempre) y declarando sin lugar las objeciones efectuadas a la prueba de la fiscalía, en tal sentido la defensa interpone el recurso de reposición robusteciendo de que la prueba admitida de la fiscalía es prueba prohibida e ilícita, aun así, también lo declara sin lugar, dejando el camino expedito para condenar con la prueba prohibida e ilícita a mi defendida. Hubo ocultación de prueba artículo 12, ya que, una vez admitida la prueba de manera ilegal, se le solicito al tribunal que le ordenara a la fiscalía que me entregara copia de los dictámenes, a lo que me contestaron que se los pidiera a la fiscalía, misma que jamás conseguí hasta el día del debate, dos años después de ejecutados los peritajes. Una vez que inicia el debate en fecha primero de febrero del año dos mil trece (01-02-13) según el acta de juicio oral y público o el dieciocho de febrero del año dos mil trece (18-02-13) según la sentencia; se apertura la etapa incidental (artículo 320 cpp), al turno de la defensa como primer incidente presenta: exclusión de medios de prueba por causa de su ilicitud: siempre que estas alegaciones se funden en hechos nuevos o desconocidos hasta entonces. Estos medios de prueba que pedimos la exclusión fueron los mismos que en la audiencia de proposición de prueba se objetaron, siendo ellos: medio prueba n° 5 dictamen de trabajo social n°062-11 efectuado por la Lic. Belkis Ninoska López Montes; medio de prueba n° 7 dictamen del psiquiatra Alfredo Leonardo Sosa Velásquez número 4242-11; y medio de prueba n° 8 dictamen de la psicóloga samanta Marizel sauceda padilla, número dem-418-11. Los tres dictámenes tienen como común denominador: (1) a la defensa no se le aviso de la práctica de dicha evaluación violentando los artículo 242 y 246 del código procesal penal y artículos 82 y 90 constitucionales; (2) al no comunicarle no pudo presenciar su práctica; (3) no resolvió los extremos solicitados. Solamente vertió sus conclusiones sobre otros extremos; (4) hasta este momento la defensa no tiene los dictámenes para poder estudiarlos, violentando el artículo 13; estos fueron los alegatos de la defensa. Es incuestionable de que los dictámenes no los hemos visto son desconocidos solamente conocemos los números que el fiscal insertó en su libelo de proposición de pruebas, aunque los conociéramos fueron elaborados de manera ilícita en tal sentido nos fundamentamos en el artículo 200: “prueba prohibida o ilícita. Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la constitución de la república (artículos 82 y 90 constitucionales) y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos (artículo 8 de la convención americana sobre derechos humanos) de los que honduras forma parte; así como…...“; en tal sentido el código procesal penal comentado (página 379) nos enseña: prueba prohibida o ilícita. Es la que surge con violación de las normas constitucionales de los derechos fundamentales; ejemplos: artículos 82, 89 y 90 de la constitución de la república; lo que sucede en nuestro caso. Prueba prohibida es la resultante de un acto o hecho vulnerador de las garantías procesales, pero no de cualquier garantía infra constitucional (pág. 379 y 380). Agrega lo siguiente: “claro es que, si equivocadamente se admitiese la práctica de una prueba prohibida, cabría su exclusión a posteriori. Se trata, por tanto, de no tomar en consideración tales pruebas, bien sea inadmitiéndolas, o bien, aunque hubieran sido admitidas (como en nuestro caso) y practicadas evitando que produzcan el efecto de contribuir a la convicción judicial” (ver páginas de la 7 a la 13 del acta de debate). El tribunal de sentencia resuelve el incidente de exclusión (final página 12): “en este momento el tribunal no podría adelantarse a excluir un medio de prueba, ya que primero tendría que evacuarse y analizarse si la misma en verdad se encuentra viciada y el tribunal definiría si esta prueba en verdad se valora como tal o se excluye del observo probatorio, por eso en este momento no podemos decir respecto, sino que hasta el momento de la evaluación de la misma, ya que esta ha sido evacuada y se establezca que en verdad carece de vicios por lo cual no podrá tomarse en cuenta”; resulta que una vez terminado el juicio, el tribunal se retiró a deliberar (página 63 del acta de debate) el tribunal delibero y por unanimidad de votos resolvió: fallo. “en la ciudad de la entrada, nueva arcadia, copan, a los veintiún día del mes de marzo del dos mil trece siendo las. Este tribunal una vez después de haber analizado los medios de prueba que se evacuaron durante el presente debate ha llegado a la presente conclusión: que la presentes diligencias se han encontrado méritos suficientes para declarar culpable a Sonia Leticia Dubon por un delito de asesinato en perjuicio de Suyapa argentina rosales por lo tanto; se mantiene sus medidas de detención judicial hasta que adquiera el carácter de firme dicha sentencia, una vez notificada la misma tendrán el derecho de hacer uso de los derechos que plantea la ley. Este tribunal….el juez presidente….quien da fe.” Como podemos observar honorables magistrados, al tribunal también se le olvido resolver el incidente de exclusión de medios de prueba, el cual en la etapa de incidentes resolvió que una vez evacuadas y analizadas las pruebas lo haría.- podemos inferir a través de la sentencia, que los utilizo de manera ilegal ya que en ningún momento declaro sin lugar el incidente de exclusión; ya que los medios de prueba dictamen de trabajo social # 062-11, dictamen psicológico # 418-11 y dictamen psiquiátrico # 424-11 motivo del incidente fueron fundamento de la sentencia, así mismo sirvieron para inducir la declaración del menor y del familiar, con datos que se encuentran en los mismos. No existió lealtad para con la justicia, no existió la igualdad de los intervinientes; se violentó el derecho de defensa en cantidad de ocasiones y se vulnero el debido proceso. Aplicación pretendida. Esta defensa considera que es de recibo este motivo en sus tres casos de infracción de precepto constitucional al haber infringido el articulo 82 y 90 constitucional que garantiza: “… Con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” el derecho al debido proceso se violentó al haber infringido los artículos procesales 12, 13, 20, 200, 242 y 246 del código procesal penal, por consiguiente se violentó el derecho de defensa.- por lo que procede dictar la nulidad del fallo que se recurre. - segundo caso: el debido proceso se violentó en relación a los artículos 316 que ordena: “preparación del debate.- recibida las actuaciones a que se refiere el artículo 303, el tribunal citará a las partes a fin de que, dentro de los diez días siguientes, examinen las diligencias y planteen, en su caso, las recusaciones, excepciones o nulidades, basadas en hechos nuevos a que haya lugar. Tales cuestiones serán resueltas por el tribunal, en audiencia que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la presentación.” El artículo 317 manda: “proposición de prueba para el debate- inmediatamente después de vencido el plazo…, el presidente del tribunal señalará audiencia, la que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes,….. En la misma… los medios… Después…, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres (3) días, el tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquellas. Solamente… “; de igual manera el artículo 318.- señalamiento de fecha y hora para el debate.- dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución relativa a la admisión de las pruebas presentadas, el presidente del tribunal de sentencia, fijará la fecha y la hora en que se iniciará el juicio oral y público. Dicha fecha deberá estar comprendida entre los diez (10) y los treinta (30) días siguientes. Excepcionalmente el tribunal podrá prorrogar este plazo por auto motivado, hasta por quince (15) días más. Instruirá… La audiencia preliminar (folio 90) fue celebrada en fecha cuatro de agosto del dos mil once (04-08-ii); en fecha 09-08-11 se encuentra la remisión de las diligencias al tribunal de sentencia (folio 94); el dieciséis de agosto del mismo año (16-08-11) dicta resolución en apego al artículo 316 cpp (folio l00) ordenando que dentro de los diez días siguientes a la citación examinen las diligencias, término que no fue utilizado por las partes; por tal motivo en fecha doce de septiembre del mismo año (12-09-11) dicto resolución (folio 105 y 106) declarando recluido los diez días y señalando audiencia para proponer pruebas para el diecinueve de septiembre (19-09-11). Hasta este momento procesal sin discusión de las partes el proceso es expedito. En esta fecha (19-09-ii) no se llevó a cabo la audiencia por excusa de esta defensa y se reprogramo para el diecinueve de octubre (19-10-11) la cual se realiza, señalando el día lunes cuatro de marzo del dos mil trece(04-03-13) para la realización del debate (folio 128) representando un atraso del proceso 495 días, produciendo la violación al debido proceso al desobedecer lo ordenado en nuestra ley adjetiva en el artículo 318: “señalamiento de fecha y hora para el debate. Dentro…..., el presidente del tribunal de sentencia fijara la fecha y hora en que iniciara el juicio oral y público. Dicha fecha deberá estar comprendida entre los diez (10) y los treinta (30) días siguientes. Si estuvieren apegados a ley se hubiera señalado para el 04 de abril 2011 fecha máxima. Como podemos observar honorables magistrados si partimos desde el día en que el tribunal de sentencia recibió el expediente en fecha 09-08-11 según la remisión de las diligencias al tribunal de sentencia (folio 94) hasta la fecha en que se señaló para la realización del debate, encontramos que los términos ordenados en el artículo 318 fueron violentados y se siguieron violentando ya que el debate se inició tal y como lo señala (1) el acta de debate primero de febrero del dos mil trece (01-02-13) o como lo señala (2) la sentencia hasta el dieciocho de febrero del año dos mil trece (18-02-13) concluyendo con una sentencia de fecha veintiocho de febrero del presente año (28-02-14), fecha supuesta (no se sabe en qué fecha la concluyó), porque el artículo 340 ordena: “redacción y lectura de la sentencia. La sentencia…… cumplido lo anterior……..con todo, si por razones de tiempo o por complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá de hacerse dentro de los cinco días siguientes. En tal caso, el presidente del tribunal señalara la fecha y la hora en que se celebrara la audiencia de notificación. - si alguna de las partes se hallare ausente, la notificación se le hará en la forma prevista en el capítulo iv del título iv del libro primero de este código”. Terminación del debate el veinte de marzo del año dos mil trece (20-03- 13); treinta (30) días para la audiencia de individualización de la pena, veinte de abril del año dos mil trece (20-04-13):en lo relativo a la redacción, lectura y notificación se estará en lo previsto en los artículos 338 y 340, en lo precedente; es decir dentro de los cinco días siguientes, estaríamos a más tardar el veintisiete de abril del mismo año (27-04-13) para celebrar la audiencia de notificación; como no se da la notificación en audiencia, el articulo 343 nos remite al artículo 151 que ordena: “las resoluciones de los órganos jurisdiccionales se notificaran, de oficio personalmente, a todos los intervinientes a más tardar el día siguiente al de su fecha. De no ser esto posible, las notificaciones se harán por medio de cedulas o de edictos”: si la sentencia fue emitida supuestamente el veintiocho de febrero del año dos mil catorce (28-02-14) tenía que haber sido notificada al día siguiente o sea el día lunes tres de marzo del mismo año (03-03-14), pero la misma me fue notificada el día miércoles veintiocho de mayo del presente año (28-05-14) como se observa tres meses después de la fecha supuesta de la sentencia que se recurre. Rompiendo un record para sustanciar un proceso, ya que duro tres años, (del inicio del debate a la sentencia un año) que conforme a los términos el proceso debería de culminar con la notificación de la sentencia condenatoria el veintisiete de abril del mismo año (27-04-13) para celebrar la audiencia de notificación. Aplicación pretendida. Esta defensa considera que también es de recibo este motivo de infracción de precepto constitucional al haber infringido el artículo 82 y 90 constitucional que garantiza:”…..con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” el derecho al debido proceso se violentó al haber infringido los artículos procesales 316, 317, 318, 342, 343 en relación al 340, por consiguiente se violentó el derecho de defensa.- por lo que procede dictar la nulidad del fallo que se recurre.- tercer caso: el debido proceso se violentó en relación a los artículos 312 que manda: “forma de establecer el debate.- el debate podrá realizarse difícil su continuación o por disposición del tribunal de sentencia. El tribunal de sentencia podrá suspender el debate por un plazo máximo de quince (15) días, cuando: 1 al 10 en el caso… En los casos…, tendrá el valor de una citación. Mientras… objeto del debate. Cuando sean “; el artículo 313 ordena: reanudación. Nueva sustanciación del debate.- reanudadas las sesiones, el debate continuará a partir de la última actuación realizada antes de la suspensión. Si la audiencia no se reanuda el día y la hora señalada por el tribunal o, en su caso, dentro del plazo establecido en el artículo anterior, la sustanciación del juicio deberá iniciarse de nuevo, de conformidad a lo que se dispone en el capítulo siguiente”. En la audiencia de proposición de prueba celebrada el 19-10-11 (folio 124) se señala la audiencia para debate para el cuatro de marzo del dos mil trece (04-03-13) dieciséis (16) meses después. Previo a nuestro objetivo señalamos la violación al debido proceso al desobedecer lo ordenado en nuestra ley adjetiva en el artículo 318 que la fecha deberá estar comprendida entre los diez (10) y los treinta (30) días siguientes; sumado a que la defensa insta al tribunal que ordene al fiscal, me entregue copia de la prueba documental que se encuentra en su poder, todo con el fin de evitar atrasos al momento del debate, mejor dicho de que no violente la igualdad de armas que pregona el artículo 13 del código procesal penal.- resulta que el la sustanciación del proceso fue reasignada al tribunal de sentencia de nueva arcadia, la entrada, Copán, en fecha doce de junio del año dos mil doce (12-06-12), quien al recibir la causa, dicta auto motivado (folio 135) en fecha veinticinco de junio del mismo año (25-06-12) donde reprograma la fecha del debate para el dieciséis de agosto del año dos mil doce (16-08-12),reprogramándose en varias ocasiones por diferentes motivos. Al revisar el acta de debate encontramos que el juicio inicio el primero de febrero del año dos mil trece (01-02-13); así mismo podemos observar en el preámbulo de la sentencia aparece que el juicio inicio: “los días jueves dieciocho de febrero, lunes dieciocho, martes diecinueve y miércoles veinte de marzo del año dos mil trece se realizó el juicio oral y público” (cuál de las dos es:¿no se sabe?); al sacar la cuenta encontramos que desde el primero de febrero del año dos mil trece (01-02-13) existe la cantidad de treinta y seis (36) días hábiles; y que del dieciocho de febrero (18-02-13) al veinte de marzo existe la cantidad de veintidós (22) días hábiles, mismos que se extralimitan de lo ordenado por el artículo 312 que manda: “forma de establecer el debate.-el debate podrá realizarse…… difícil su continuación o por disposición del tribunal de sentencia. El tribunal de sentencia podrá suspender el debate por un plazo máximo de quince (15) días…“, podemos concluir que se violentó el debido proceso, ya que la norma 313 ordena: “reanudación. Nueva sustanciación del debate.- reanudadas las sesiones, el debate continuará a partir de la última actuación realizada antes de la suspensión. Si la audiencia no se reanuda el día y la hora señalada por el tribunal o, en su caso, dentro del plazo establecido en el artículo anterior, la sustanciación del juicio deberá iniciarse de nuevo, de conformidad a lo que se dispone en el capítulo siguiente”. Por experiencia propia en otros tribunales de la república, de que, el tribunal que no termina un debate dentro de lo ordenado en el artículo 312 es decir durante los quince días como máximo, lo reasignan a otro tribunal el proceso.- pero al tribunal no le importó y siguió sustanciando el proceso sin importar el tiempo que durara (36 o 22 días hábiles) y sin importar la cantidad de suspensiones que hiciera, así lo expresa el juez presidente (página 5 del acta de debate) a la petición del fiscal de suspender el juicio nuevamente en virtud de no tener todos los testigos: “el tribunal ha tomado en cuenta la solicitud que se ha hecho de suspender el debate,……. El ministerio público a pedido la suspensión porque no cuentan con el dictamen de balística, hay que recordar que este proceso prácticamente ya se ha suspendido en tres ocasiones y estar otorgando este tipo de situaciones irregulares de estar suspendiendo estaríamos también cayendo en una responsabilidad…...“. - aplicación pretendida. Esta defensa considera que también es de recibo este motivo de infracción de precepto constitucional al haber infringido el artículo 82 y 90 constitucional que garantiza:….. “ con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” el derecho al debido proceso se violentó al haber infringido los artículos procesales 312 y 313, por consiguiente se violentó el derecho de defensa.- por lo que procede dictar la nulidad del fallo que se recurre.- aplicación pretendida por los tres casos se violó la garantía reconocida en la convención americana de los derechos humanos en su artículo 8; se infringió el artículo 82 y 90 constitucional como lo es el derecho al debido proceso y por ende el derecho de defensa; debido a la violación de los artículos de nuestro código procesal penal en los tres casos que se presentaron: primer caso se violenta los artículos 12, 13, 20, 200, 242 y 246; segundo caso se violenta los artículos 316, 317, 318, 342, 343 en relación al 340; tercer caso se violenta los artículos 312 y 313; los cuales se desarrollaron independientemente, para su mejor comprensión; una vez reconocido este vicio se proceda a la nulidad del fallo condenatorio. 2.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Casación por quebrantamiento de forma. Primer motivo: que carezca de motivaciones fácticas… Que dichas motivaciones sean insuficientes… o sien la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Precepto autorizante: artículo 362 numeral 3 del código procesal penal. Además del precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de su aplicación, también se robustece con otras del mismo cuerpo de normas como ser los artículos 202, 336 y 338 que mandan: artículo 202: valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica.- el órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Artículo 336: normas para la deliberación y la votación. El tribunal, las pruebas que se hayan ejecutado las que serán apreciadas en su conjunto y… Artículo 338, cuarta regla, numeral 2: seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificados, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y….. Explicación del motivo. Que vale más la declaración inducida y a la vez falsa de un menor de cinco años o la prueba científica fría y sin sentimientos. Primero: previo a desarrollar el presente motivo es conveniente aclarar para los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el tribunal de sentencia recurrido, no observo las reglas de la sana crítica (lógica-psicología-experiencia),aun habiendo motivado su sentencia utilizando en varias ocasiones las frases acuñadas desde el inicio, expresando: “valorando las pruebas practicadas en juicio conforme a las reglas de la sana crítica” y continuo indicando: “valorando conjuntamente conforme a las reglas de la sana crítica”; “le dan credibilidad a lo declarado por el menor”; “esta prueba científica no deja dudas”; “sin ningún género de dudas”; “valga decir sin ningún género de dudas” “enlazándose creíblemente con lo declarado por el menor”; “que es totalmente creíble pues el testigo relata lo que vio”; estas frases repetidas para el testigo menor de edad y su tío, así como otras para las pruebas científicas, son frases vacías; observando que, el tribunal de sentencia no supo analizar los medios de prueba científicos por la falta de conocimiento de lo que es medicina forense legal, donde tergiversan los términos forenses, demostrando la impericia de lo que es una examinación, lo que es el signo de puppe-werkgartner y otras lecturas que nos da el dictamen de autopsia, con las cuales deja en la falsedad las declaraciones del menor; si bien es cierto aseguran que apreciaron en su conjunto las pruebas evacuadas, dándole valor a las declaraciones falsas e inducidas del testigo menor de edad, estas frases, lo que ponen en relieve es que la sentencia recurrida adolece de una verdadera valoración de la prueba ya que no se observaron las reglas de la sana crítica, señalando el verdadero valor que se le haya dado a las practicadas y el razonamiento utilizado, obligación del tribunal a razonar porque motivo se ha decantado por dar mayor credibilidad a una prueba frente a otra, todo esto en base a la sana crítica; por ello debe de ser realizada con precisión y rigor, haciendo uso de criterios lógicos y científicos no conjeturas y apreciaciones erróneas; ni mucho menos asegurar falsamente que las pruebas científicas “acreditan lo expresado por el testigo menor de edad” lo cual es discordante. Segundo: el hecho primero declarado probado, reproduce de manera acomodado el resumen de lo declarado por el menor de edad de cinco años. “hechos probados: primero: el día lunes cuando de imprevisto ingresaron dos individuos desconocidos en compañía de la señora Sonia Leticia Dubon, y buscando la forma de proteger su vida, llego hasta la cocina donde le alcanzaron y sin mediar palabra uno de los individuos disparo contra la humanidad de la víctima en tres ocasiones con arma de fuego, impactando los disparos… Posteriormente y una vez herida, la señora Sonia Leticia Dubon le infirió dos heridas corto punzantes (error es punzo- cortantes no corto-punzantes) (arma blanca) una en el mentón y otra en región lumbar izquierda”. Al cotejar los hechos probados expresados en el juicio oral y público (consignados en la sentencia), con los hechos consignados en el requerimiento y los hechos que se extraen de la declaración efectuada en la audiencia inicial, podemos observar la metamorfosis y la inclusión de los nuevos elementos que de forma errónea le inducen al menor de edad, así tenemos: primera versión requerimiento (folio 1) “… Dos individuos desconocidos y la imputada, ingresaron al interior de la casa, al momento de ver a la ofendida comenzaron a dispararle… Posteriormente el menor al ver lo sucedido trato de adjudar a su madre, por lo que salieron de la casa y cuando llegaron al portón, no lo pudieron abrir, por lo que en ese momento la ofendida cayó al suelo…...“. Segunda versión audiencia inicial (folio 7): “… Entraron dos hombres por la cocina con doña Sonia, por la mañana, un hombre le pego tres tiros; doña Sonia no hizo nada mi mami estaba lavando en la pila y ahí llegaron y le pegaron tres tiros él se encontraba en la sala; después de los tiros se fueron. Preguntas: en qué lugar vistes a esas personas que le dispararon a tu mama: entraron por el portón y la cocina. Quien más andaba aparte de esos hombres: solo ellos. Después de que le dispararon a tu mama que hiciste: yo solo me fui para donde Nancy. Esto es lo más importante pero hubo un interrogatorio intensivo. Como podemos observar honorables magistrados en ambas declaraciones rendidas, la primera (con la que se confecciona el requerimiento) a escasas horas donde se supone que (en un adulto no en un menor) la memoria a corto plazo funciona mejor (asimila mejor la información falsa), expone los hechos que a los seis días son diferentes en varios extremos; pero al cotejar estas dos declaraciones con la declaración rendida ante el tribunal, se quedan cortas en detalles que expreso en esta última, así tenemos: tercera versión en el debate: 1. Que primero le pegaron los tres disparos y después fue agredida con el punzón. 2. Que mi defendida la ataco con un punzón. 3. Sonia llegó y la mató con una pistola y un punzón; juez pregunta: las personas que hirieron a tu mama: contesta solo Sonia. 4. Los tiros los hizo uno de los hombres. Contradicción. 5. Estableció distancia al decir: que el que le disparo estaba cerca. 6. Asegura que su mama iba a correr pero no la dejaron. 7. Ellos se fueron y mi mami murió en el porton.8. Increíblemente pudo recordar el color de la ropa de Sonia. Se observa que en la declaración ingresaron nuevos elementos inducidos lógicamente por el fiscal: 1. El punzón. Extraído erróneamente del dictamen de autopsia cuando señala heridas punzo-cortante. 2. Que solo Sonia la mato. 3. Distancia que estaba cerca. 4. No la dejaron correr. 5. Color de ropa. Es indiscutible que las tres versiones fueron inducidas por los familiares y la última esta la mano de la fiscalía, por los detalles erróneamente extraídos del dictamen de autopsia. Aun así las tres son completamente falsas e inducidas porque así lo demuestra la prueba científica; con el agravante de que se trata de un niño de apenas cinco años de edad, donde la memoria aún se encuentra en desarrollo y poseen un pensamiento entre mezcla de fantasía y realidad, no logran diferenciar la autenticidad de los hechos y todavía están estructurando la comprensión lógica de los acontecimientos, motivos por los cuales es más fácil su manipulación.- la sana critica tiene sus reglas, las cuales no fueron observadas al momento de efectuar la valoración de la prueba, a continuación explicamos por qué no fueron observadas y por ende infringidas, cada una de estas reglas de la sana crítica que son tres: lógica (formada por: principio de identidad, principio de contradicción, principio del tercer excluido y principio de razón suficiente), psicología y experiencia: 1.la lógica: a) principio de identidad: conforme a este principio el tribunal debe apreciar la prueba, relacionando todo lo relativo al delito, piezas de ejecución, los participantes del delito como autores, ofendido o testigo, de tal suerte que debe identificarse plenamente al autor material del delito, el grado de participación de él y los cómplices, testigos presenciales del hecho. Así tenemos que la sentencia que se recurre, fue construida únicamente en base a la valoración de la declaración de un testigo menor de cinco años, quien declaró en vista de haber sido aleccionado e inducido por sus familiares, ya que solamente él, supuestamente se encontraba en el lugar de los hechos. Para empezar debe analizar la declaración del Testigo quien tiene tres versiones y declara: “que dos hombres junto con Sonia, ingresaron y le dispararon tres veces a su mami que estaba en la pila lavando, no la dejaron correr, posteriormente Sonia la hirió con un punzón, que su mami murió en el portón”. Si el tribunal hubiera analizado con el conocimiento en medicina forense y legal el dictamen de autopsia el acta de inspección junto con las fotografías del lugar de los hechos y el acta de inspección con las fotografías de la víctima mostrando las heridas, el principio de identidad seria inobjetable, pero estos tres medios de prueba, dejan los asertos del testigo como imaginarios y falsos así tenemos que: el dictamen de autopsia cuando refiere a las heridas de dos balas (orificio de entrada 1 y 2) que se encuentran en la cabeza, ambos disparos: “causa de muerte Examinación; ingresan por la región auricular (Oído), de atrás para adelante, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, produciendo herida de la piel, laceración de tejido celular subcutáneo de los músculos, fractura de peñasco del hueso temporal derecho, laceración de los músculos del cuello, Sección De La Carótida, Laceración del paladar blando, laringe, faringe y tráquea” “Anillo de contusión, excéntrico, chamuscamiento y ahumamiento periorificial, área de tatuaje, impronta en la piel que reproduce la Boca del Cañón del arma de fuego (Signo de Puppe Werkgartner)” tercer herida de bala “en la espalda, de atrás para adelante, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, produciendo herida de la piel, laceración de tejido celular subcutáneo, fractura de los huesos del hombro izquierdo” interpretando estos traumas. 1. Dos disparos en la cabeza con fractura de cráneo (peñasco) causan muerte inmediata, la persona se desploma en el mismo instante en el lugar que se encuentre, por consiguiente no puede caminar y mucho menos correr; indicativo que se forma un lago hemático y resulta imposible que pueda haber sangre en el dormitorio, sala, cocina, porche, patio, hasta el portón. 2. En la página 10 de la sentencia el tribunal asegura en el literal “c)” en dos ocasiones: “que el arma de fuego fue disparada a corta distancia de dos a tres veces” y más adelante repite: «al analizar (qué analizo?) El dictamen de autopsia este determina…… presentan chamuscamiento y ahumamiento por lo que ratifica lo expuesto por el declarante al establecer que a corta distancia” se le olvido al tribunal analizar en conjunto el dictamen y ver en el comentario médico legal: el patrón lesionológico es compatible al producido por arma de fuego con disparos realizados de contacto que producen impronta en la piel que reproduce la boca del cañón del arma de fuego (signo de puppe werkgartner), estos no son disparos de corta distancia (por favor estudien o investiguen cual es la diferencia) disparos de contacto no es lo mismo que disparos a corta distancia.- 3. Existiendo sangre en toda la casa (como se observa en las fotografías y en el plano de los agentes de la dnic) es indicativo que primero le infirieron las dos heridas con cuchillo (no punzón porque con este no hay salida de sangre) (las heridas de cuchillo dejan la marca o forma del pececito, ver fotografías: de la víctima y del libro de medicina legal) siendo en el dormitorio donde inician los hechos, sigue por la sala, cocina, cocina, porche, patio, hasta el portón donde se desploma recibiendo el primer disparo en la espalda, momento en que cae al suelo, posición en que el hechor le coloca el arma pegada a la cabeza y le hace dos disparos, siendo el lugar donde muere y se produce la exanguinacion (salida abrupta de la sangre por rompimiento de la carótida o la yugular). 4. Los dos disparos en la cabeza, asegura que el hechor le coloca el arma pegada a la cabeza por lo que expresa el dictamen: chamuscamiento y ahumamiento periorificial, área de tatuaje, impronta en la piel que reproduce la boca del cañón del arma de fuego (signo de puppe werkgartner); en comentario médico legal: el patrón lesionológico es compatible al producido por arma de fuego con disparos realizados de contacto. 5. Signo de puppe werkgartner o signo de la impronta de la boca de fuego: es la reproducción del contorno de la boca de fuego sobre la piel. Parece deberse tanto a la presión del cañón sobre la piel por la onda explosiva como recalentamiento del cañón a causa del disparo. 6. La exanguinacion (salida abrupta de la sangre por rompimiento de la carótida o la yugular) además de probar que murió al instante y que produjo un lago hemático, el cual queda probado con el plano insertado en la inspección del lugar de los hechos y en las fotografías, donde se puede observar pegado al portón el dibujo que representa la sangre en forma de lago, es en este lugar que le infieren los dos disparos en la cabeza, encontrándose tirada en el suelo por dos razones: (1) dos disparos de contacto, pegados a la cabeza; puede darse uno pero no los dos, tiene que estar sin moverse y eso solamente estando tirada en el suelo; quien cae debido al disparo en (a espalda y las dos heridas de cuchilla que trae; y (2) por la inclinación que se deduce del orificio de entrada y el orificio de salida, ambos son de arriba hacia abajo; si hubiera sido estando de pie no tuvieran la inclinación tan pronunciada, porque tendría que estar el que dispara subido en una escalera. - 7. Además aparece la información de que la víctima acababa de tener relaciones sexuales, ya que se le encontró positivo de fosfatasa acida prostática en la vagina; presencia de espermatozoides en vagina. Se le detecto: presencia de drogas de abuso en la orina. Indicativo de origen del problema, todo un día lunes cuando la gente honrada trabaja la occisa se encontraba sumida en los placeres del sexo y de la droga. 8 las fotografías de la escena del crimen indican el camino de la víctima el cual inicio en el dormitorio, donde recibió la primer cortada, llenando de sangre las cortinas del dormitorio y dejando sangre al atravesar la sala, donde cae sangre en la pared y continua en la refrigeradora, observando en las fotografías la dirección de caída de la sangre que es en dirección a la salida de (a cocina; observando el goteo de la sangre en el piso de la cocina, al ver bien la fotografía de la cocina se observa que no hay ningún charco de sangre indicativo que ella no callo en dicho lugar; sangre en la puerta de la cocina y el goteo de sangre por el patio, según lo muestra el plano elaborado por la dnic hasta llegar al portón, el cual también se encuentra sangre (acta de inspección) y es el momento en que recibe el disparo por la espalda cayendo al suelo, que es donde le hacen los dos disparos de contacto en la cabeza. Produciendo la examinación y consecuentemente el lago hemático que se muestra en el plano elaborado por la dnic. Lo mismo sucedió con el acta de inspección en lugar de los hechos donde se confirma la dinámica que el dictamen de autopsia muestra, cuando el agente asegura: “ cuenta con un portón de madera y alambre ciclón en el cual se observa manchan color rojo, como también en el solar hasta la parte posterior de la vivienda” “al ingresar a la vivienda por la puerta que da acceso a la cocina observó manchas rojas supuesta sangre en el suelo”; se le olvido describir las manchas de sangre en la refrigeradora, en la pared de la sala y en el piso, en la cortina del dormitorio así como en el piso del dormitorio, suerte que las mismas aparecen claramente en las fotografías que se incorpora con el acta.- en relación al acta de levantamiento cadavérico y el acta de inspección en el hospital, no vale la pena gastar tinta ni palabra, ya que los mismos reflejan extremos que no abonan en nada. Lo único que se salva son las fotografías de las lesiones en el cuerpo de la víctima, donde podemos observar las heridas punzo-cortantes (no corto-punzantes como señala la sentencia) y su forma de pececito (ver fotos de medicina legal) indicativo que no fueron producidas por un punzón, tal y como le pusieron equivocadamente en la boca del menor. Concluyendo que la historia modificada, inducida y falsa “que dos hombres junto con Sonia, ingresaron y le dispararon tres veces a su mami que estaba en la pila lavando, no la dejaron correr, posteriormente Sonia la hirió con un punzón, que su mami murió en el portón” no es verificada por la prueba científica porque no pudo haber recibido los disparos primero y posteriormente las dos cuchilladas, no heridas de punzón; no pudo salir corriendo después de los disparos; no pudo hacer un recorrido de afuera (del lavandero) hacia adentro (la cocina); no pudo determinar acerca de la sangre del dormitorio y la sala como llegaron; en lo único que dicen verdad es donde callo su mama que fue en el portón —es lo único que vio— lo cual lo minimizan; cuando asegura que: “no la dejaron correr” como se explica que termino en el portón. La dinámica de los hechos que resulta de los medios de prueba científicos y documentales, es una historia diferente que inicia en el dormitorio (donde recibe la primer herida en el mentón), continua por la sala (donde recibe la segunda herida en la espalda) donde deja las paredes llenas de sangre, pasa por la cocina, sale al patio (donde recibe el disparo en la espalda) y la matan en el portón (donde recibe los dos disparo en la cabeza); al igual en la forma que recibió las lesiones tres por arma de fuego (pistola) y dos por arma punzo-cortante (cuchillo).- si el testigo menor se hubiera encontrado en el comedor jugando con plastilina su declaración hubiera sido lo que la prueba científica y documental nos muestran, por consiguiente su declaración es falsa. Por lo anterior honorables magistrados podemos autenticar que el tribunal de sentencia no supo analizar los medios de prueba científicos y documentales (actas de inspección, plano y fotografías), los cuales solamente transcribió (dictamen de autopsia páginas 11 a la 14 de la sentencia) y le sirvieron para determinar lo que cualquier neófito observa cómo es que la persona murió por tres disparos y heridas por punzón (eso es todo lo que vieron), todo por la falta de conocimiento de lo que es medicina forense legal, donde tergiversan los términos forenses o no los toman en cuenta, o mejor dicho ni saben lo que dice el dictamen, mucho menos enlazar toda esa información con las actas de inspección junto con fotografías del lugar de los hechos y las fotografías de las lesiones en el cuerpo de la occisa; demostrando la impericia, cayendo en frases tan equivocadas como: “esta prueba científica no deja dudas al tribunal de su veracidad, en primer lugar acreditan la muerte real, en segundo lugar que la señora presenta tres heridas por arma de fuego y dos heridas punzo-cortantes”; “al unir estos medios con la declaración de E. E. P. resulta suficiente para crear plena certeza de que los hechos declarados probados no pudieron ser de otra manera”. Respecto al acta de inspección junto a fotografías y plano refiere frases: “a este medio de prueba se le concede total credibilidad en vista de haber sido realizada la diligencia por el funcionario……prueba aportada y valorada para darle credibilidad a la declaración rendida por el único testigo presencial de los hechos”.- respecto al acta de inspección junto con las fotografías de la víctima, más el levantamiento del cadáver refiere frases: “a estos medios de prueba se les concede total credibilidad en vista de ser realizadas las diligencias por funcionarios….. Le queda acreditado que la señora Suyapa fue herida con arma de fuego y arma blanca… “.- podemos observar que hace las mismas valoraciones y concluye de manera equivocada al no poder leer los extremos contenidos en los medios de prueba.- con este análisis erróneo de manera desarticulado no de manera conjunta y disonante no armonioso, teniendo en cuenta lo relativo al delito, a las piezas de ejecución y a los participantes podemos asegurar, que es imperdonable para todo juez penalista y mucho menos imperdonable para un juez de sentencia de lo penal no tener el conocimiento mínimo de los términos medico legales, ni poder hacer un estudio de un dictamen de autopsia, caso contrario, llamar a medicina forense y consultar, porque se trata de la vida de una persona. Concluir: que se violenta el principio de identidad, porque no se le puede dar valor a un testigo que miente, consideramos que este análisis deja en evidencia que la obligación de apreciar la prueba, dándole el verdadero valor, utilizando un razonamiento, relacionando todo y justificando según las reglas de la sana crítica en lo relativo al delito bajo el prisma del conocimiento de la medicina forense, piezas de ejecución respecto a las huellas que dejan al penetrar el cuerpo humano con sus lesiones, los participantes del delito como autores, cómplices, ofendido o testigo, no se cumplió; la obligación del tribunal a razonar porque motivo se ha decantado por dar mayor credibilidad a una prueba frente a otra, en nuestro caso no lo hizo por no tener conocimiento forense; más bien intuye erróneamente que los extremos acotados en el dictamen de autopsia, las actas, las fotografías y el plano acreditan lo expresado por el testigo lo que causa estupor; infringiendo la sana crítica en su regla de la lógica específicamente en su principio de identidad. Honorables magistrados, es incuestionable que en la valoración de la prueba se observó erróneamente el principio de identidad como parte de la sana critica, tomando en cuenta solo la declaración del testigo E. E. menor de cinco años, inducido en falsedades, rendidas ante el tribunal; erróneamente el tribunal no supo darle el valor al dictamen de autopsia; al plano del lugar de los hechos junto a las fotografías y las fotografías de la víctima ni tan siquiera lo hizo de manera separada, mucho menos de manera conjunta. B) principio de contradicción: se infringe este principio, cuando el tribunal valora en la sentencia la prueba y en relación a ella se afirma algo y luego se niega. Este principio tiene los mismos fundamentos que el principio de identidad, ya que con el testigo afirma algo y con el dictamen de autopsia y las actas de inspección con sus fotografías al darles valor probatorio con un análisis equivocado, prácticamente niega lo que afirmo anteriormente; porque es evidente que del dictamen se extraen verdades irrebatibles que no pueden avalar los dichos del testigo. El testigo asegura varios extremos que aúnan a que sus dichos no sean creíbles: asegura que su mama iba a correr pero no la dejaron; que primero le pegaron los tres disparos y después fue agredida con el punzón; los tiros los hizo uno de los hombres. Contradicción que mi defendida la ataco con un punzón; Sonia llegó y la mató con una pistola y un punzón; juez pregunta: las personas que hirieron a tu mama: contesta solo Sonia; estableció distancia al decir: que el que le disparo estaba cerca; ellos se fueron y mi mami murió en el portón; increíblemente pudo recordar el color de la ropa de Sonia. Al analizar estos asertos del testigo todavía hace menos creíbles sus dichos, porque se asegura que no vio nada, en primer lugar se encontraba durmiendo o jugando pero jamás en el comedor jugando plastilina; porque los hechos que relata son contrarios a lo expresado en los documentos señalados, cuando asegura “que su mama iba a correr pero no la dejaron” es falso ya que las fotografías muestran la sangre en el recorrido que inicio desde el dormitorio (cortinas), pasando por la sala (sangre en el piso), el comedor (sangre en la pared y piso), la cocina (sangre en el piso y refrigerador) salió al patio y llego al portón (sangre en el pasadizo y en la tierra y en el portón); “que primero le pegaron los tres disparos y después fue agredida con el punzón” es falso ya que el dictamen prueba que primero fueron las dos heridas punzo-cortantes y posteriormente los tres disparos (explicado en anteriormente en el principio de identidad); “los tiros los. Hizo uno de los hombres”. Contradicción porque después asegura: “que mi defendida la atacó con un punzón; Sonia llegó y la mató con una pistola y un punzón”, juez pregunta: las personas que hirieron a tu mamá: contesta “solo Sonia”; estableció distancia al decir: “que el que le disparó estaba cerca” inducida erróneamente asegura este extremo, ya que le hubieran dicho que el que disparo le puso el arma en la cabeza; ellos se fueron y mi mami murió en el portón aunque había afirmado que le ayudó “salieron de la casa y cuando llegaron al portón, no lo pudieron abrir, por lo que en ese momento cayó al suelo ante la gran pregunta del juez: ¿qué color era la ropa de Sonia? Increíblemente pudo recordar el color de la ropa de Sonia y respondió que roja. De igual manera con el acta de inspección junto con sus fotografías y plano del lugar de los hechos al darles valor probatorio estos niegan lo que afirma el testigo E. E. de cinco años, lo más importante que el testigo afirma: “que llegaron dos hombres y le hicieron tres disparos posteriormente Sonia le infirió dos heridas con un punzón” si esto fuera cierto estos documentos auténticos no mostrarían el rastro de sangre dejado por la víctima en su recorrido desde el dormitorio, análisis que deja mentiroso al testigo cuando afirma que le hicieron tres disparos y posteriormente le dieron dos heridas punzo- cortantes; estos documentos auténticos demuestran y niegan lo afirmado por el testigo porque primero fueron las dos cortadas con cuchillo que hicieron que regara sangre por toda la casa y posteriormente los tres disparos que le dieron muerte; de la misma forma si hubiera recibido los tres disparos en la cocina hubiera caído dentro de la misma y hubiera dejado el lago hemático en la misma, lo que la fotografía de la cocina no muestra esto, sino que lo que muestra es un goteo de sangre, el lago hemático se muestra en el plano efectuado por los agentes de la dnic el cual se adjuntó al acta de inspección, por consiguiente esta acta junto con sus fotografías y plano niegan lo que afirma el testigo. Honorables magistrados, es incuestionable que en la valoración de la prueba se infringió el principio de contradicción como parte de la sana critica, tomando en cuenta la declaración del testigo rendida ante el tribunal con la cual afirma algo, pero con el dictamen de autopsia y el acta de inspección junto con sus fotografías y plano, más las fotografías que describe las lesiones que al análisis en conjunto indican que los hechos fueron diferentes, siendo que con estas pruebas valoradas se niega lo que afirmo el testigo. C) principio de tercero excluido: este principio se violenta, cuando los hechos que el tribunal estima probados no son congruentes con la prueba vertida en juicio oral; de tal manera que sería ilógica una sentencia donde se afirma que el imputado es culpable pero los elementos de prueba en los cuales se sustentó el tribunal al dictar la sentencia desvirtúan tal afirmación. En los extremos acotados en el principio de identidad y principio de contradicción hemos señalado que la prueba evacuada (el testigo E. E.) en el juicio, según el tribunal confirma que mi defendida fue la autora directa en el asesinato de la señora Suyapa argentina rosales, esta sentencia se encuentra fundamentada (hechos probados) únicamente en la declaración del testigo E. E. r. menor de cinco años quién fuera inducido erróneamente, por los familiares y en su última declaración por la fiscalía, al introducir en la declaración elementos que se encontraban en el dictamen de autopsia de medicina forense como ser el punzón (derivado de herida punzo-cortante) — las heridas de arma blanca (dos heridas en la barbilla y en la espalda) — la distancia que recibió los disparos (así de cerca); y la demás prueba el tribunal le da valor probatorio, pero no la analiza de manera conjunta y armoniosa con la prueba testifical, si lo hubiera hecho, hubiere concluido que lo afirmado por el testigo es completamente falso. Estos medios de prueba que el tribunal le da valor probatorio, pero no la analiza son el dictamen de autopsia, el acta de inspección al lugar de los hechos junto con sus fotografías y el plano, más el acta de inspección en el lugar del levantamiento junto con las fotografías de las lesiones de la víctima; siendo contundentes por contener el dictamen de autopsia la descripción al detalle de las heridas producidas por arma de fuego y por un arma punzo-cortante.- cuando los hechos que el tribunal estima probados: “el día lunes…… cuando de imprevisto ingresaron dos individuos desconocidos en compañía de la señora Sonia Leticia Dubon, y buscando la forma de proteger su vida, llego hasta la cocina donde le alcanzaron y sin mediar palabra uno de los individuos disparó contra la humanidad de la víctima en tres ocasiones con arma de fuego, impactando los disparos…. Posteriormente y una vez herida, la señora Sonia Leticia Dubon le infirió dos heridas corto punzantes (error es punzo-cortantes no corto-punzantes) (arma blanca) una en el mentón y otra en región lumbar izquierda”; estos hechos no son congruentes con la prueba vertida en juicio oral, de manera precisa y concisa señalaremos (repetimos): los hechos probados no son congruentes porque es inaudito que la occisa reciba tres disparos en la cabeza, encontrándose en la cocina y comience a correr por toda la casa y el patio; y que estando en la cocina agarre para el dormitorio y luego regrese, pasando de nuevo por la cocina, para terminar en el patio, llegando hasta el portón; y que una vez que haya recibido los disparos en la cabeza que lógicamente se encuentra en el suelo, le infieran dos heridas con arma blanca; no son congruentes porque es inaudito que la causa de muerte según el dictamen de autopsia sea por exanguinacion (salida abrupta de la sangre por daños causado a la carótida o a la yugular) debido a los daños producidos por los disparos en la cabeza y que en la cocina no se encuentre el lago hemático sino que en el portón que da la calle. Al estimar probados los hechos, mismos que no son congruentes con la prueba vertida en el juicio, resulta ilógica la sentencia donde afirma que mi defendida es culpable, cuando los elementos de prueba en que se sustenta desvirtúan tal afirmación. D) principio de razón suficiente: este principio se explica manifestando que cada elemento probatorio debe de estar probado por los otros elementos de prueba, de tal suerte que cada uno sirva de soporte a otro; cada indicio debe de estar probado por otro. Lo que no sucedió en la sentencia recurrida, ya que el único medio de prueba en que se fundamenta la sentencia es un testigo menor de edad de cinco años, elemento probatorio que en vez de ser robustecidas sus aseveraciones, más bien son desvirtuados por los otros elementos de prueba creíbles como son el dictamen de autopsia, el acta de inspección al lugar de los hechos junto con sus fotografías y el plano, más el acta de inspección en el lugar del levantamiento junto con las fotografías de las lesiones de la víctima; hemos repetido en los anterior principios que compone la lógica, que la sentencia está fundamentada en la declaración del único testigo supuestamente presencial quien asevera extremos incluidos en los hechos probados estos elementos probatorios tomados como verdaderos deben de estar probados por los otros elementos de prueba cuestión que no ocurre, así tenemos hasta el portón que da a la calle o será que una vez con los tres disparos en la cabeza la soltaron y le dijeron corre; asegura que su mamá iba a correr pero no la dejaron; si no la dejaron correr cómo explica que se encuentra sangre desde el dormitorio hasta el portón que da a la calle o será que una vez con los tres disparos en la cabeza la soltaron y le dijeron corre; asegura que primero le pegaron los tres disparos y después fue agredida con, el punzón; si fuera cierto que le pegaron tres tiros en la cabeza lo que le produjo una examinación (perdida rápida de la sangre) como se explica que el lago hemático se encuentra enfrente del portón de salida a la calle; asegura que los titos los hizo uno de los hombres. Juez pregunta: las personas que hirieron a tu mamá: Sonia llegó y la mató con una pistola y un punzón; contesta solo Sonia. Contradicción. La sentencia da por hecho probado que un hombre le hizo tres disparos y posteriormente Sonia le hizo dos heridas con arma blanca. Como podemos observar los hechos probados en la sentencia son extraídos y modificados de la declaración del menor, pero todos estos extremos no son probados por otro medio probatorio es más, estos otros medios probatorios que según el tribunal son congruentes con la declaración del menor, en ningún momento dejan probado los dichos del menor.- en qué forma se aplicó la sana crítica para llegar a esta determinación.- los elementos probatorios extraídos de la declaración del menor E. E. r. no se encuentran probados por los otros elementos de prueba, de tal suerte que cada uno sirva de soporte a otro; cada indicio deben de estar probado por otro. Lo que no sucedió, ya que la declaración del menor de edad de cinco años, no concuerda con los elementos expresados en el dictamen de autopsia, acta de inspección del lugar de los hechos junto con sus fotografías y con las fotografías de la víctima, los tres si son congruentes entre sí con la información que contienen, ya que no desafinan en nada acerca de la dinámica de cómo sucedieron los hechos, pero jamás con los asertos del menor.- 2. Psicología. Es parte importante de la sana crítica, ya que incluye cantidad de aspectos como la percepción, raciocinio, actitudes, opiniones y cualquier manifestación anímica, se trata de descubrir las sutilezas y maniobras de la delincuencia, para contenerla: en resumen es muy compleja y subjetiva. En nuestro caso no encuentro en qué lugar utilizo la psicología el tribunal de sentencia cuando construyo una sentencia en que los hechos probados aparecen sustentados en la valorización de la declaración del menor y la demás prueba evacuada: el dictamen de autopsia el acta de inspección al lugar de los hechos junto con sus fotografías y el plano, más el acta de inspección en el lugar del levantamiento junto con las fotografías de las lesiones de la víctima, la cual fue analizada incorrectamente al tergiversar y asegurar insolentemente (página 14 de la sentencia) que con estos medios de prueba “se establece la autoría directa de la encausada pues al unir estos medios de prueba con la declaración de E. E. r. resulta suficiente certeza de que los hechos declarados probados no pudieron ser de otra manera”; tomar como ciertos, extremos asegurados por el testigo los cuales inventaron y tergiversaron los familiares y por último la fiscalía al momento de rendir su declaración; ya que sus asertos son contrarios y no se acercan a lo que se encuentra en dictamen de autopsia y los demás documentos, dejando sin valor alguno estas declaraciones. Por tal razón el tribunal tenía que utilizar la psicología a lo expresado por el testigo para poder apoyar o robustecer esta única declaración, como enseña la regla que cada hecho o indicio probado debe de estar probado por otro; por ningún lado observo que se utilizó el raciocinio para llegar a la certeza de que lo expresado por el testigo era verdad o solamente era impulsado por el ánimo que le dieron los agentes de la dnic al inicio del proceso y por el fiscal al final del proceso; no observó en la estructura de los hechos probados que el tribunal utilizara aspectos como la percepción de que el menor estaba mintiendo, el raciocinio como elemento básico en el análisis de cómo se efectuaron los hechos, actitudes mostradas por el menor al momento de no contestar las contradicciones de su declaración en la audiencia inicial y la declaración ante el tribunal, más bien fue protegido por el juez presidente, opiniones y cualquier manifestación anímica de los demás testigos que llegaron a no decir nada, se trata de descubrir las sutilezas y maniobras del menor único testigo supuestamente presencial, por lo cual habla que utilizar la psicología en toda su amplitud. El doctor Gustavo Salazar en su libro “secretos del proceso penal” nos enseña: “nuestra experiencia en los estrados judiciales nos ha permitido conocer la tendencia a mentir de los testigos de la víctima en los casos de homicidio, declaraciones que en su inmensa mayoría sesgan la verdad procesal en cuanto a la agresión, provocación o participación por parte del interfecto y magnifican la actitud del procesado. La solidaridad, los vínculos afectivos y el ánimo de venganza (encendidos por los familiares) son factores que inciden notablemente en la validez y veracidad de los asertos de quienes concurren a declarar y tienen interés en el resultado del proceso”; a sabiendas de todo penalista, el juzgador debe de proteger al imputado no ayudándole, sino que comprobando si lo expresado por el testigo es verdad, si realmente pudo ser posible lo que asegura, si es posible que hubiera estado presente, si es posible ver, del porque cambia una declaración (elaboración del requerimiento; audiencia inicial; y juicio oral y público) etc., apoyándose en el caso de muerte en la prueba científica y en la lógica natural de cualquier persona sin conocimientos legales, pero todo esto no fue posible en el presente caso.- donde quedo la psicología. 3. La experiencia. Esta regla tan importante para poder emitir un juicio y dictar una sentencia concatenada, fluida y coherente, se aplica a todo juez penalista (con conocimientos en medicina legal obligatoriamente), quien está obligado a elaborar sus fallos de la mejor manera posible, ya que lo hace en nombre del estado de honduras. Esta experiencia debe de ser trasmitida a las sentencias, pero hemos visto que es una constante histórica en nuestro país que ante las incapacidades de las autoridades (policía y fiscalía.) Para descubrir los verdaderos autores de un crimen se prefabriquen y manipulen pruebas (testigos que cambia sus declaraciones) contra los infortunados chivos expiatorios de turno; llegando al tribunal, quien con su experiencia debería de determinar la credibilidad de tal o cual medio de prueba, y en igualdad de armas permitir a la defensa producir prueba que pueda contrarrestar la prueba pre constituida de la fiscalía, a la cual le dan valor. Legal aun a sabiendas que son ilegales y prohibidas. Los auxiliares de la justicia se apartan de los principios legales, pero peor es la situación cuando un tribunal avala la forma ilegal con que se actúa en la etapa investigativa; es en este momento en que entra en juego la experiencia, principio que conforma la sana crítica, el cual no fue aplicado en la construcción de la presente sentencia.- ya que no es posible que determinen asesinato en contra de mi defendida, dándole valor a quien ha llegado a mentir en todo, apoyado por los familiares y agentes de la dnic desde el inicio del proceso; cuando toda la prueba científica y actas más fotografías dicen lo contrario, aun así el tribunal determina que se cometió el delito antes apuntado.- en qué forma se aplicó la sana critica para llegar a esta determinación.- para finalizar traigo a colación lo expresado por el doctor Ricardo Ruiz en el código procesal penal comentado: “el juez al valorar las pruebas debe de sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada (en nuestro caso falta educación en medicina legal forense) y debe de saber expresar la utilización de esos criterios en la sentencia, porque la sana crítica no tienen que darla por supuesta, sino que demostrarla en cada sentencia que dicten, que el juzgado deberá valorar ineludiblemente las pruebas con las reglas del criterio racional o del criterio humano, conforme a las reglas de la lógica, la psicología de la sociología y de la experiencia” nada de esto sucedió. Se ha explicado y se ha demostrado cual debió ser el razonamiento intelectivo apropiado para concluir en el fallo que debió de absolver a la imputada, la relación que hizo de la prueba científica y documental (actas, fotografías y plano) con la prueba testifical no tiene una concordancia y una concatenación lógica y no le permiten una reconstrucción cierta del asunto sometido a su consideración, por consiguiente tenía que proferir un fallo absolutorio según el convencimiento que las pruebas creíbles tenían que haberle creado, para así declarar no probada la responsabilidad del inculpado y demás aspectos que interesan al proceso.- por lo que consideramos que es de recibo este motivo de casación, al haber infringido el artículo 362 numeral 3; infringiendo también a este respecto los artículos 202, 336 y 338 cuarta regla, numeral 2; todos relacionados con las reglas de la sana critica. Aplicación pretendida. No haber observado en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica, ya que utilizo razonamientos incorrectos y erróneos, contrarios a la lógica y por ende a la sana critica, extraídos de toda la prueba producida, mismas que si hubieran sido analizadas de manera conjunta, armoniosa y con el conocimiento, en un caso simple mi defendida debería de haber sido absuelta; una vez reconocido este vicio se proceda a la nulidad del fallo condenatorio.- segundo motivo: que se base en medios o elementos probatorios…… incorporados por su lectura en violación a las normas contenidas en el título iv del libro segundo de este código …..”Precepto autorizante: artículo 362 numeral 2 del código procesal penal. Además del precepto penal adjetivo que se invoca como infringido, también se robustece con otras del mismo código procesal penal, como ser los artículos 246, 277 y 311 numeral 2 que mandan: artículo 246: pericia en la investigación preliminar. - el fiscal podrá ordenar pericias durante la investigación preliminar, pero solo podrán incorporarse por lectura al debate si se hubieren seguido las reglas sobre el anticipo de prueba, bajo control jurisdiccional y quedando a salvo la posibilidad que tiene el tribunal, el ministerio público y las partes de exigir la declaración del perito durante el debate. Artículo 277: actos jurisdiccionales: pruebas anticipadas.- en caso de peligro de pérdida…, el órgano jurisdiccional, a petición del ministerio público o de cualquiera de las partes, adoptará las medidas necesarias para evitar el peligro, y en su caso, ordenar la recepción anticipada de la prueba. Igualmente, el órgano jurisdiccional, a petición fundada del ministerio público o de cualquiera de las partes, podrá disponer que se practique anticipadamente…...difícil su práctica en el acto del debate. Del mismo modo…, cuando exista riesgo grave de fallecimiento de un testigo o perito; de que… en todo caso, el juez librará…, en la forma prevista para el debate. El imputado que se encuentre detenido, será representado por su defensor, salvo si pide intervenir personalmente y no existe peligro de fuga. En aquellos…, debiendo éste citar un defensor de oficio para que controle el acto. Artículo 311: lecturas autorizadas.- excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio por lectura que hará el secretario: 1. Los testimonios o pericias…...; conforme a las reglas de la prueba anticipada y…; 2. Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral; 3. Los testimonios…; 4. Las actas…; 5. Los informes…; y 6. Las declaraciones… El tribunal… Ningún otro elemento de prueba podrá ser introducido al juicio para su lectura. Es conveniente aclarar para los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el tribunal de sentencia recurrido, teniendo el conocimiento pleno de lo que manda nuestra ley adjetiva en su artículo 246, de las pericia efectuadas en la investigación preliminar, que solo podrán incorporarse por lectura al debate si se hubieren seguido las reglas sobre el anticipo de prueba. Aun así aunque se le solicito en varias ocasiones, expresándole las normas relativas que ordenan que no sean incorporados por su lectura medios de prueba, así lo hizo en violación a las normas adjetivas; sin contar con los requisitos del artículo 277 de la prueba anticipada. Explicación del motivo. Primero: este motivo es tan simple y tan patente, ya que nos remite con toda claridad a lo que los artículos punteados ordenan taxativamente, señalando como referencia lo que se encuentra en el primer motivo de casación por infracción de precepto constitucional en su primer caso donde se violentan los artículos 12, 13, 200, 242, 246 y 277 por ser complemento del presente motivo.- el tribunal admitió en la audiencia de proposición de prueba los medios de prueba número 5 dictamen de trabajo social no.062-11,número 7. Dictamen psiquiátrico # 424-11 y número 8 dictamen psicológico # 418- 11, declarando sin lugar las objeciones planteadas; ya en el debate también se planteó incidente de exclusión de dichos medios de prueba, dejando pendiente su admisión o no y que sería al final que, una vez evacuada la prueba la analizaría y resolvería sobre su ilicitud o la declararía prueba prohibida lo cual no nunca sucedió, ya que se limitó a dictar el fallo de culpabilidad, lógicamente estos medios de prueba fueron incorporados por su lectura en violación a las normas ya indicadas. El artículo 311 numeral 2 de lecturas autorizadas manda que: “los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral”; estas pericias fueron practicadas en la etapa preparatoria, pero su reproducción no son imposibles ni difíciles se trata de entrevistas con el menor (psiquiátrico y psicológico) y el trabajo social de igual manera es una visita al lugar de los hechos a realizar entrevistas con los vecinos.— segundo: independientemente de lo anterior nos encontramos con el artículo 246 que concierne a las pericias en la etapa preparatoria, las cuales las limita en su eficacia y legalidad, este artículo manda que: “el fiscal podrá ordenar pericias durante la investigación pre liminar, pero solo podrán incorporarse por lectura al debate si se hubieren seguido las reglas sobre el anticipo de prueba, bajo control jurisdiccional y quedando a salvo la posibilidad que tiene el tribunal, el ministerio público y las partes de exigir la declaración del perito durante el debate“. Como dice el adagio popular: “más claro no canta un gallo” es evidente que no se siguieron las reglas de la prueba anticipada que se encuentra en el artículo 277, aunque las mismas fueron solicitadas por esta defensa en una demostración de “absoluta lealtad a la justicia, observando las reglas de la buena fe, sin abuso de derecho y sin fraude de le sustantiva o procesal” todo lo contrario a las actuaciones de las instituciones u organismos del estado (dni, fiscalía, tribunal de sentencia) las diligencias incorporados por su lectura en violación a las normas, fueron solicitadas por esta defensa desde el dieciséis de mayo del dos mil once (16-05-ii) extraídas del estudio que hiciera al expediente, observando el desconocimiento de lo que es medicina legal, donde tergiversan los términos forenses, demostrando la impericia de lo que es una examinación, lo que es el signo de puppe werkgartner, y otras lecturas que nos da el dictamen de autopsia (que lo tuve hasta el día del debate, en cambio ellos lo tuvieron dos años); documentos que me fueron negados en una clara ocultación de los medios de prueba. Honorables magistrados, el tribunal de sentencia dicto el fallo condenatorio en base a los medios o elementos probatorios incorporados por su lectura en violación a las normas contenidas en este código, utilizo de manera ilegal estos medios probatorios ya que en ningún momento declaro sin lugar el incidente de exclusión por lo que sigue pendiente dicha resolución; los medios de prueba dictamen de trabajo social # 062-ii, dictamen psicológico # 418-11 y dictamen psiquiátrico # 424-11 motivos del incidente fueron fundamento de la sentencia, habiendo sido incorporados en violación de las normas adjetivas.- aplicación pretendida. Esta defensa considera que es de recibo este motivo de infracción por quebrantamiento de forma, ya que la sentencia adolece del vicio de haberse fundamentado en elementos probatorios incorporados en violación de los artículos 246, 277 y 311 numeral 2.- por lo que procede dictar la nulidad del fallo que se recurre. Tercer motivo: incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, según el artículo 337; y…precepto autorizante: artículo 362 numeral 6 del código procesal penal. Además del precepto penal adjetivo que se invoca como infringido, también se robustece con otras del mismo cuerpo de normas como ser los artículos 337 y 338 numeral 1 que mandan: artículo 337: “congruencia de la sentencia con la acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación… y en el auto de apertura a juicio”. Artículo 338 regla cuarta numeral 1: “en párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia …” Es conveniente aclarar para los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el tribunal de sentencia recurrido, teniendo el conocimiento pleno de lo que manda nuestra ley adjetiva en su artículo 337 de la congruencia de la sentencia con la acusación; misma que aparece en la formalización de acusación efectuada por el agente fiscal al inicio del debate {página trece (13) del acta de debate) y del auto de apertura a juicio dictado por el juez de garantía (folios 92 y 93), donde queda expresado de manera clara cuáles serán los hechos a probar, por tal motivo la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación y en el auto de apertura a juicio. Explicación del motivo primero: en la página trece (13) del acta de debate el fiscal formaliza la acusación de acuerdo al artículo 319 y expresa: “según los hechos sucedidos…… la occisa Suyapa argentina rosales se encontraba en su casa de habitación…… fue en esos momentos le llegaron dos jodidos desconocidos en compañía de la imputada, dichos individuos sin dejar decir palabras le dispararon a la señora Suyapa argentina lo cual le permitió la muerte de manera inmediata, los hechos los pretende probar……..“. De la misma forma el auto de apertura a juicio dictado por el juez de garantía (folios 92 y 93), quedan expresados de manera clara cuáles serán los hechos a probar: “el día… La señora Suyapa argentina se encontraba en su casa de habitación cuando llegó la señora Sonia Leticia Dubon, hasta donde se encontraban dos desconocidos e ingresaron a su casa y solo vieron a la señora Suyapa argentina y empezaron a dispararle en varias ocasiones, infiriéndole varias heridas…...” Como podemos observar los hechos que prometió probar el fiscal en el auto de apertura a juicio dictado por el juez de garantía y en la formalización de la acusación al inicio del debate, son diferentes a los hechos que la sentencia declara como probados, siendo que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación y en el auto de apertura a juicio, lo anterior lo podemos cotejar con lo expresado en la sentencia (página 7 y 8 de la sentencia): “hechos probados: primero: el día lunes…… cuando de improvisto ingresaron dos individuos desconocidos en compañía de la señora Sonia Leticia, y buscando la forma de proteger su vida, llegó hasta la cocina donde le alcanzaron y sin mediar palabra uno de los individuos disparó contra la humanidad de la víctima en tres ocasiones posteriormente y una vez herida, la señora Sonia Leticia Dubon le infirió dos heridas corto punzantes (arma blanca) una en el mentón y otra en región lumbar izquierda”. Al cotejar los hechos expresados en el auto de apertura a juicio y la formalización de la acusación en el debate ver sus hechos de la sentencia, se observa que esta última (la sentencia) incluyó: 1. “buscando la forma de proteger su vida, llego hasta la cocina donde le alcanzaron”. 2. “posteriormente y una vez herida, la señora Sonia Leticia Dubon, le infirió dos heridas corto punzantes” estos hechos nuevos u otras circunstancias de: (1) salir huyendo para proteger su vida, (2) desde un lugar no expresado hasta la cocina donde la alcanzaron y le dispararon; de igual manera de que una vez que recibió los impactos de las balas, (3) encontrándose herida, Sonia Leticia le infirió dos heridas corto punzantes (arma blanca). No fueron señalados en la formalización de la acusación, ni tampoco en el auto de apertura.- es evidente que los hechos que prometió probar el fiscal “hasta donde se encontraban dos desconocidos e ingresaron a su casa, y solo vieron a la señora Suyapa argentina y empezaron a dispararle en varias ocasiones” no contienen los hechos que el tribunal de sentencia incluyó en su fallo, hechos y circunstancias que la sentencia no podrá dar por acreditados, que no sean las descritas en la formalización de la acusación y el auto de apertura a juicio. Por lo que consideramos que es de recibo este motivo de casación, al haber infringido el artículo 362 numeral 6; infringiendo también a este respecto los artículos 337 y 338 cuarta regla, numeral 1; todos relacionados con la incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes. Aplicación pretendida. No haber observado en la elaboración de la sentencia, en la cual no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación y en el auto de apertura a juicio mi defendida debería de haber sido absuelta; una vez reconocido este vicio se proceda a la nulidad del fallo condenatorio. IV. Fundamentación Jurídica 1.- Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá de denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: a. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; b. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; c. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. n una buena técnica recursiva, el Recurrente debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Primer Motivo Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 12, 13, 200, 242 y 246 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Violación al Derecho de Defensa; Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Presentación de Escritos, objeción en la admisión de prueba y planteamiento de incidente de exclusión de prueba; Pretensión: Nulidad del Fallo. Explica el Recurrente que en la Etapa Preparatoria del Proceso la Defensa requirió al Ministerio Público a efecto de que realizara diligencias de investigación no ordenadas, consistentes en: 1.Ampliación de Dictamen de Autopsia; 2. Dictamen de Balística; 3. Prueba de Luminol en el Escenario del Hecho; 4. Inspección al Escenario del Hecho; 5. Evaluación Psiquiátrica y Psicológica a testigo menor de edad; y 6. Expediente Clínico Privado. De tal Petición el Ministerio Público resolvió a favor el No. 5, y señaló que se encontraban en trámite los números 1 y 2, y denegó las 3, 4 y 6.- Informa el Recurrente que el resultado de la gestión fue: a. Los Peritajes de Psiquiátrico, el Psicológico y el de Trabajo Social fueron practicados pero sin participación de la Defensa, aun cuando fue solicitado expresamente; Además los dos primeros peritajes no se hizo el estudio sobre los aspectos solicitados por la Defensa al momento de ser propuesta su práctica; Por ello fue solicitada en la audiencia de proposición de pruebas y en la audiencia de debate su exclusión, por ser prueba ilícita al violentar el Derecho de Defensa; b. La Prueba de Luminol no fue realizada; c. Que le fue entregada las copias de los peritajes de Balística, y la Autopsia; d. Que no les fueron entregados copia de los Dictámenes Psiquiátrico, Psicológico y de Trabajo Social, sino hasta el día del debate. Expone el Recurrente que al inicio de la audiencia de debate se presentó incidente de exclusión de los medios de prueba: Dictamen Psiquiátrico, Psicológico y de Trabajo Social, por las razones señaladas, reservándose el Tribunal la resolución del mismo en la Sentencia que oportunamente se pronunciase, resultando que dicho pronunciamiento no fue hecho.- Concluye que las Pruebas Periciales consistentes en Dictamen Psiquiátrico, Dictamen Psicológico y Dictamen de Trabajo Social, son prueba ilícita, al no habérsele participado a la Defensa la fecha en que iban a ser realizados, no pudiendo presenciarlo, y porque se excluyeron del estudio aquellos aspectos solicitados por la Defensa. Del Derecho a la Defensa En relación al Derecho de defensa la Sala de lo Penal en Sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el Derecho de Defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de Defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos.- El Derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia.- El Derecho General a la Defensa está compuesto por varias garantías como ser: Intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación, doble instancia y el libre ejercicio de la defensa material y la defensa técnica letrada. Así las cosas, el derecho de defensa es una reacción a la acción penal y se ejerce desde el momento en que se adquiere la calidad de imputado/a, definido por el artículo 101 del Código Procesal penal como la persona a la que se atribuye participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia de que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado/a comienza a partir de la intimación, (Art. 84 último párrafo de la Constitución Política y Art. 101, 282.6 y 287.1 del CPP), que se produce cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe. Como consecuencia de la intimación nace la relación jurídico procesal, dando paso a que la ahora persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica que previo al acto de Intimación al sospechoso/a no le asista derecho alguno ya que ello no es así, éste por su condición humana comparte con las demás personas los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (Inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), empero, es a partir de la Intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (Art. 15 y 101 CPP), por ello en el acto de intimación el Estado tiene la obligación adicional de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio comporta burlar a la dignidad humana. De la Prueba Pericial. A.- Fundamento del Medio de Prueba El Medio de Prueba Dictamen es un medio probatorio cuyo objetivo es explicar/demostrar a los Jueces y Juezas, las dependencias entre causa y efecto que acontecieron en relación a un hecho, objeto o persona de interés para el proceso penal.- Habrá la necesidad de éste medio de prueba cuando el tema de estudio recaiga sobre cuestiones cuya percepción o entendimiento escape a las aptitudes y conocimientos del común de las personas en general, distintas a las jurídicas relativas a la legislación nacional (Art. 239.1 del CPP); Entonces su propósito no es auxiliar al Juez/a en los temas en los que no se encuentre versado, porque ello podría dar paso para pensar que se puede prescindir del medio de prueba pericial en los casos que sí lo fuere; El Peritaje se ordenara siempre que para el estudio de un fenómeno, un objeto, hecho o persona se requieran conocimientos que no se encuentre dentro de la esfera del profano, con independencia del conocimiento que de forma privada tenga el Juez/a, permitiendo que las partes litigantes puedan auditar, controlar y controvertir su contenido (En ese sentido ver Sentencia de la Sala de lo Penal del 25 de Junio de 2008, en Exp 005-2008); El conocimiento Privado del Juez no puede ser medido, auditado y controvertido por los litigantes y por lo tanto su aplicación afecta la debida contradicción y el derecho de defensa. En este punto es preciso hacer un alto para efectos de fijar contenidos conceptuales; Pareciera que fuese una mera cuestión de semántica, pero resulta importante hacer la distinción entre peritaje y dictamen: a. El peritaje es el estudio que realiza el perito y que concluye con un dictamen; y b. Dictamen es el documento que contiene la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos o técnicos en que se funda, así como de las valoraciones de hecho o circunstancias relevantes en el asunto o para adquirir certeza sobre ellos, el cual se le puede acompañar documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito (Art. 11.d y 11.e Registro de Peritos, Intérpretes y Traductores del Poder Judicial). En el primer caso requiere el nombramiento de un perito para la realización del estudio concreto pero este no es medio de prueba (al menos no aún), mientras que en el segundo caso implica la presentación del dictamen a efecto de que sea valorada por el órgano jurisdiccional. B.- Nominación del/la Perito: La nominación del/la Perito, entendido como la propuesta que hace para que una persona funja como perito en un proceso judicial, podrá realizarla cualquiera de las partes y en casos excepcionales por el propio órgano jurisdiccional (como en los autos para mejor proveer), más la designación dependerá de la etapa del proceso, puesto que en algunos momentos la nominación y designación se realizara en un solo acto por una misma autoridad, entretanto que en otros momentos procesales la nominación estará a cargo de un sujeto procesal, mientras que la designación a cargo de otro. En cualquiera de los casos la nominación y designación recaerá sobre algunos de los peritos que se encuentren inscritos en el Registro de Peritos, Intérpretes y Traductores del Poder Judicial (Art. 2 RPIT). La autoridad encargada de la designación, dependerá del momento procesal en que se encuentre la causa criminal; En específico en los delitos de acción pública y de acción pública a instancia particular: a.- Investigación Preliminar: (Etapa Preparatoria del Proceso Penal): Durante la investigación preliminar la nominación y designación del/la perito estará a cargo de los cuerpos de investigación del Estado (DLCN, ATIC, DPI, TIGRES, Policía Preventiva, Policía Militar, etc.), y/o por el Ministerio Publico (Art. 273 cpp), quienes podrán ordenar la realización de cualquier pericia en el campo de la criminalística y de las ciencias forenses, lo cual podrán hacer sin necesidad de autorización judicial al tratarse de prueba pre constituida al tener por objeto determinar la existencia de un hecho delictivo, sus efectos dañosos y/o la individualización de la persona o personas responsables. (Ver en ese sentido Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 27 de junio de 2013, en Exp 047-2011). Fuera de los casos de prueba pre constituida, las pericias realizadas en la etapa preparatoria solo podrán incorporarse al proceso penal cuando hubiesen sido practicadas conforme al protocolo previsto para las pruebas anticipadas (Art. 246 cpp), siendo ésta precisamente una de las situaciones previstas como excepciones al principio de oralidad (Art. 311.1 cpp); De allí la importancia de hacer una clara diferenciación entre las pruebas pre constituidas y las pruebas anticipadas, y entre éstas y los actos de aseguramiento de prueba (temas que desbordan el recurso que nos ocupa). Con todo, cuando para la práctica de la prueba pericial pre constituida sea necesario limitar a una persona del ejercicio de algún derecho fundamental (Constitución de la República) o de algún derecho humano (Convenios y Tratados Internacionales), será necesaria la autorización del órgano jurisdiccional competente, como por ejemplo en los casos de extracción de muestras del cuerpo de la persona sospechosa para su ulterior estudio (Art.107 cpp). b.- Después de Requerimiento Fiscal (Etapa Preparatoria e Intermedia): Conforme se desprende de los artículos 242 y 273, y éstos con relación con el artículo 264, todos del Código Procesal Penal, la potestad de designación de peritos por parte de los cuerpos de investigación del Estado para la práctica de pericias como prueba pre constituida cesa al agotarse la fase de la investigación preliminar, lo cual sucede cuando se presenta por parte del Ministerio Público el respectivo Requerimiento Fiscal, por cuanto con dicha presentación la persona sospechosa adquiere el carácter de imputado/a (Art. 101 cpp), y por ende nace la necesidad de garantizar los principios que informan el proceso penal, en especial el de contradicción, publicidad y defensa; Por ello y a partir del requerimiento fiscal, las partes podrán solicitar la práctica de medios de prueba periciales nominando a la persona que realizara el mismo, siendo el Juzgado de Letras la autoridad competente para su designación. (Al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 22 de septiembre de 2014, en Exp 068-2012). c.- En la Etapa de Juicio: Como regla general en la Fase de Juicio no habría ya la necesidad de ordenar un peritaje para el estudio de un objeto/sujeto probatorio, por cuanto a esta etapa se ha llegado después de haber superado la investigación preliminar (Etapa Preparatoria) y la investigación complementaria (Etapa Intermedia), entendiéndose pues que precisamente gracias a ello es que se ha dictado un auto de apertura a juicio en donde se evalúa que existe los suficientes méritos para elevar la causa a juicio (ello gracias al recabo de medios probatorios).- Sin embargo y excepcionalmente es posible que las partes propongan la práctica de una pericia en la etapa de incidentes del debate o como auto para mejor proveer, momento en que el Tribunal de Sentencia será la autoridad competente para la designación del/la perito. C.- Proposición del Medio de Prueba Pericial y Designación del/la Perito Como todo medio de prueba, el dictamen pericial debe de ser propuesto en los momentos procesales pertinentes, a efecto de que sea admitida y valorada por el Órgano Jurisdiccional; Como regla general los momentos procesales oportunos serán: la Audiencia Inicial, en la Audiencia de Proposición de Pruebas en la etapa de juicio, excepcionalmente en la etapa incidental de la audiencia de debate y/o en la etapa de ejecución de la sentencia, lo que no implica que puedan ser presentados en otros momentos procesales. Ahora bien, se le denomina Perito a la “Persona natural experta, entendida en una ciencia, arte, técnica, tecnológicos, práctica, oficio u otros análogos, que por su especiales conocimientos es designado para apoyar a la impartición de justicia, y bajo juramento dictaminar sobre hechos, circunstancias o temas cuya valoración se relaciona con su formación técnica o profesional” (Art. 11.a RPIT) La autoridad competente elegirá como perito a la persona más idónea que, conforme objeto, hecho o persona de estudio, pueda atender el mandato, partiendo de que aquel cuente con título habilitante si se tratase de una profesión reglada, o en su caso con diplomas o constancias que revelen sus conocimientos especiales, además de la experiencia que tenga sobre el campo y, alternativamente, que tenga amplios conocimientos en la ciencia, arte, disciplina u oficio de que se trate el estudio, además de que no tenga ninguna de las incapacidades absolutas (Art. 241 numerales 1 y 4 del cpp) o relativas (Art. 241 numerales 2 y 3, y 243 del cpp) que prevé la ley. Cada caso determinara la necesidad del nivel académico o de experticia que deberá de tener el/la perito para realizar el estudio, pero también lo determinara la disponibilidad de dichos profesionales para el tiempo y lugar que se necesite; El Artículo 240 del Código Procesal Penal determina que ante la ausencia de profesionales titulados o especialistas acreditados en el Registro de Peritos, Interpretes y Traductores (Conforme señala el reglamento), podrán fungir como peritos las personas que tengan experiencia empírica y notoria en la ciencia, arte o técnica a que se refiera el análisis. D.- Investidura y Juramentación del/la Perito La Juramentación es el acto mediante el cual se toma promesa a la persona perito de decir la verdad respecto a los procedimientos en el análisis encomendado y sus resultados, y además donde se le hace las advertencias legales respecto a las penas sobre el delito de falso testimonio en caso de que se informe falsamente sobre ello a la autoridad que le ha nombrado.- Existen dos clases de juramentación: i.- Juramentación para investidura, que ocurre cuando es aceptada la nominación de una persona para fungir como perito; y ii.- Juramentación para rendición de dictamen, que se da en el estrado judicial previo a que el perito de informe sobre el dictamen. El procedimiento de juramentación para investidura a seguir dependerá si se trata de un perito no oficial o de un perito oficial: a. Tratándose de un Perito No Oficial, entendiéndose como tal aquellas personas que no prestan servicio a ninguna institución del Estado, la autoridad que haga la designación deberá de informándole sobre su encomienda, el objeto de la pericia, el tiempo en que es requerida, haciéndole entrega de las evidencias a pericial (si fuere el caso), preguntándole el día, hora y lugar en que realizara el análisis, consultándole la conveniencia de que las partes puedan presenciar el desarrollo e invitándole a que señale aquellos obstáculos que podrían presentársele para lograr a buen cometido lo que se le ordena (Art. 242 tercer párrafo del cpp); Igualmente la autoridad que nombre el/la perito deberá de escuchar a las observaciones de las partes, incluyendo las oposiciones a la designación de la persona del/la perito, salvo que ocurra en la etapa de la Investigación Preliminar, cuyo control es diferido a otro momento procesal; Para efecto de dar el debido contradictorio el acto investidura deberá de realizarse en audiencia (presencial o mediante video conferencia), b. Tratándose De Peritos Oficiales, siendo éstos las personas que desempeñan un cargo en cualquiera de las instituciones del Estado, la juramentación para investidura se entenderá como rendida al momento de tomar posesión de su cargo (Art. 322 de la Constitución de la República) y por lo tanto no será necesario ser llamado por la autoridad que le nombra para tales efectos; Se parte del principio de que todo empleado o funcionario público, para ser nombrado, deberá de reunir con los requisitos legales que el cargo exige, rindiendo promesa de ley al momento de tomar posesión del cargo, promesa que le compromete en todas sus actuaciones, las que incluyen aquellas desempeñadas con ocasión de haber sido nombrado/a como perito en una causa judicial; Considérese que el artículo 46 de la vigente Ley Especial contra el Lavado de Activos, publicada en abril de 2015, señala que los peritos adscritos al Ministerio Público no requerirán que sean juramentados previamente por un órgano jurisdiccional para realizar sus dictámenes. Señala el Instructivo para Regular la Citación de Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal y la Comparecencia de Peritos y Consultores Técnicos ante los Juzgados y Tribunales (En adelante ICCTPC), que en estos casos la autoridad que ordene la pericia, remitirá al empleado o funcionario público o a la institución del Estado, una comunicación oficial en donde se haga saber el nombramiento recaído y toda la información necesaria para el cumplimiento fiel del cometido, así como estar entendida respecto a las obligaciones inherentes al cargo y las consecuencias sobre el delito de falso testimonio; Igualmente el/la perito deberá de informar la hora, fecha y lugar en donde llevara a cabo el análisis y lo relativo sobre conveniencia de que las partes estén presentes en dicho momento. La juramentación para rendir dictamen de los/las peritos, sean privados u oficiales, se realizará de la misma manera: Se practicara al momento de su comparecencia ante el Órgano Jurisdiccional, instantes previos a que rinda los resultados de su estudio (art. 326 cpp).- Por disposición procesal, podrá ocurrir que no sea requerida la presencia del perito en la audiencia, sino que solo sea introducida por lectura su dictamen, en cuyo caso valdrá la juramentación que se haya hecho al momento de su investidura (peritos no oficiales), o al momento de su nombramiento como funcionario público (peritos oficiales), para los efectos de la responsabilidad penal por el delito de falso testimonio. E.- Oposición a la Nominación/Designación del/la Perito La nominación y designación del perito puede ser objetado por algunas de las partes, por diferentes razones y en los momentos oportunos conforme a la etapa procesal en que se encuentre la causa criminal; posibilidad que permite auditar la calidad del perito, su imparcialidad con la tarea encomendada y la fiabilidad del resultado. Son causas de oposición en la designación de una persona como perito: a. Incapacidades Absolutas: Son aquellas que no permiten que la persona pueda desempeñar la labor de perito en todo proceso Penal: i. La persona nominada sea menor de edad; ii. La persona nominada ha sido declarada previamente en interdicción civil por demencia (Art. 241.1 cpp); y iii. La persona nominada no posee los conocimientos científicos, técnicos o artículos necesarios para llevar a cabo el estudio en un campo de la ciencia, arte o técnica determinada (Art. 240 cpp); b. Incapacidades Relativas: Refiere a aquellas causas que no permitirían que una persona pueda actuar como perito en un proceso penal determinado, más si en otros: i. La persona nominada ha presenciado accidentalmente los hechos que son objeto de juzgamiento y por lo tanto su intervención en el proceso penal debe de ser como testigo y no como perito (Art. 240 y 241.2 del cpp); ii. La persona nominada es de aquellas a la que la ley procesal concede el derecho de abstenerse a declarar (Art. 228 cpp); y iii. La persona nominada se encuentre bajo cualquiera de las causales que dan lugar a la recusación de jueces/zas, Magistrados/as y auxiliares del órgano jurisdiccional (Art. 243 cpp). c. Finalmente, se podrá presentar oposición a la persona del perito cuando se alegue que existe otra persona que puede realizar la pericia y cuya intervención es preferente dado su nivel de conocimiento más especializado que aquel nominado originalmente. Las partes podrán presentar como objeción a la designación del/la perito, cualquiera de las causales anteriores, en el momento procesal oportuno; Específicamente en los delitos de acción pública y de acción pública a instancia particular: a. Peritos Nombrados en la Investigación Preliminar: Al haberse practicado la pericia como medio de prueba pre constituida, la oposición a la persona del perito en esta etapa es de carácter diferida, cuando el dictamen ordenado en la Investigación Preliminar sea propuesto como medio de prueba en el proceso penal que se conozca posteriormente. La parte interesada podrá oponerse a la persona del perito, provocando que la pericia vuelva a realizarse con la designación de un experto diferente. b. Después de presentado el Requerimiento Fiscal (Etapa Preparatoria, Intermedia y de Juicio), la parte interesada podrá oponerse a la designación de una persona como perito al momento de su nominación, al momento en que sea llamada para juramentación para la designación si se tratase de un Perito no Oficial (Art. 243 del cpp) o al momento en que sea designado por el Juzgado o Tribunal o por la Institución correspondiente, si se tratase de un Perito Oficial (ICCTPC). En caso de proceder la oposición, las partes y en su caso el propio Tribunal, podrán nominar a otra persona diferente, debiendo entonces programarse una nueva audiencia de juramentación para designación de peritaje, la cual podrá realizarse de manera presencial o por video conferencia, en donde de nueva cuenta las partes podrán presentar las oposiciones pertinentes. F.- Desarrollo de la Pericia Ya sea al momento de la Designación (Peritos Oficiales) o al momento de la investidura (Peritos No Oficiales), la autoridad competente deberá de señalarle de manera clara y precisa al Perito el objeto de la pericia, eligiendo entre señalar el estudio de un objeto o hecho en todas sus aristas, formulándole cuestionario de las interrogantes que debe de responder con su análisis, solicitándole la práctica de un procedimiento científico o técnico especifico o demás requerimientos según sea el caso; Todo ello en consonancia con los términos en que fuese admitido el medio de prueba. El/la Perito deberá de indicar los instrumentos o materiales que necesite para la tarea, diferenciando aquellos que estén a su alcance de los que no lo estén, el tiempo que le tomara, el lugar donde realizara la labor y los obstáculos o impedimentos que prevea puedan existir, para que el Órgano Jurisdiccional, previo a escuchar a las partes, pueda ordenar lo conducente (Art. 247 del CPP). El/la perito deberá de dar la oportunidad para que la parte que así lo requiera, pueda presenciar el desarrollo de la pericia, pudiendo incluso ser representada por un Consultor Técnico, ello salvo que el/la perito de razón justificada de que la presencia de terceros pueda poner en peligro la seguridad o la vida de alguna persona o pueda repercutir negativamente en el desarrollo del estudio, lo cual resolverá el Órgano Jurisdiccional (Art. 242 último párrafo del CPP). No existe discusión de que la persona imputada tiene derecho a estar presente al momento de que se realice materialmente el análisis pericial cuando no sea una prueba pre constituida, acompañado de un profesional del derecho o, por estimarlo pertinente, la sola presencia de éste último (Art. 101.10 cpp); sin embargo dicho derecho tiene sus excepciones, pudiendo desarrollarse el análisis pericial sin la presencia de las partes y/o sus apoderados legales cuando: a. La ausencia de las partes en el desarrollo de la pericia obedezca a un acto voluntario; Ello ocurre cuando las partes no se personan al lugar aún a pesar de tener conocimiento de fecha, hora y lugar en donde se realizaría la misma o cuando habiéndose hecho presente deciden ausentarse durante su desarrollo; b. Medio de Prueba cuya práctica deba de realizarse con la debida reserva, debido a que su conocimiento previo por alguna de las partes pondría en peligro su resultado; Como por ejemplo la intervención de comunicaciones electrónicas por un perito; c. Cuando se requiera la práctica urgente del medio de prueba, so riesgo de perder el objeto de análisis; Como por ejemplo la extracción de muestras y examen de sangre para detectar el alcohol en sangre en una persona sospechosa, después de protagonizar un accidente de tráfico; d. Cuando la presencia de las partes ponga en riesgo el buen desarrollo y resultado del medio de prueba pericial (Art. 242 cpp); Como por ejemplo el examen pericial psicológico de la persona señalada como víctima en un delito contra la libertad sexual; y e. Y en general que la presencia de las partes en la práctica material del medio de prueba pericial carezca de utilidad procesal (Art. 242 cpp). De la Procedencia del Primer Motivo El Primer Motivo No es de Recibo.- Como previo es propio señalar que el motivo resulta bastante confuso: el Recurrente hace una relación de diligencias procesales y actuaciones fiscales, disgregando su discurso en múltiples temas y en cada uno formulando reproches particulares, siendo lo único constante el ataque a tres medios de prueba pericial, por lo que ha entendido este Ad-Quem, que ese es el fundamento de su recurso y es a ese al que se le debe de dar una respuesta puntual. La foliada judicial permite establecer que la designación de los peritos; *.- Samanta Marizel Sauceda Padilla, Psicóloga Forense; **.- Alfredo Leonardo Sosa Velásquez, Psiquiatra Forense, y; ***.- Belkis Ninoska Lopez Montes, Trabajadora Social Forense; no fue realizado conforme las regulaciones del Código Procesal Penal y el Instructivo para Regular la Citación de Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal y la Comparecencia de Peritos y Consultores Técnicos ante los Juzgados y Tribunales, y que ello es imputable, no solo al Ministerio Público, sino que también a la propia representación legal de la acusada, hoy constituida como Recurrente (Art. 167 último párrafo del Código Procesal Penal). El presente proceso judicial dio inicio con la presentación del requerimiento fiscal en fecha 15 de marzo de 2011, dándose así por terminada la Investigación Preliminar (Art. 264 cpp); En fecha 16 de Mayo de ese mismo año, la Defensa solicitó al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación, entre ellas, se practicase en el menor E. E. P. R., exámenes Psicológicos y Psiquiátricos, en los que se ocultase: i. Desarrollo cognoscitivo, pensamiento de representaciones, juego de fantasías, gestos simbólicos y egocentrismo; ii. Etapa operacional, comprensión; iii. Prueba de inteligencia analítica, creativa y emocional; iv. Capacidad para responder preguntas según escala de Bayley; y v. Capacidad de Lenguaje. La solicitud fue resuelta por el Ministerio Público en fecha 17 de Mayo, reconociendo la pertinencia del estudio psicológico y psiquiátrico al menor, disponiendo mandar los oficios correspondientes a la Dirección de Medicina Forense para que se designe al Perito Psicólogo y al Perito Psiquiatra que deberían de realizar dichos estudios, a lo cual la Defensa no hizo ningún reparo y por tanto no solo quedo enterada de que se había ordenado los peritajes, sino que además adopto postura de conforme del procedimiento a seguir, subsanándolo (Art. 170.2 cpp).- Con lo anterior se revela que existió inobservancia de las normas procesales, pues habiéndose presentado ya el requerimiento fiscal, no le competía al Ministerio Público la designación de peritos, sino que debía de realizarse bajo el control jurisdiccional (Art. 242 cpp); inobservancia de la cual ambas partes fueron participes, pues fue la Defensa quien acudió al Ministerio Público a gestionar el nombramiento de peritos y al recibir respuesta positiva no opuso reparo alguno en el procedimiento para la designación de peritos y el procedimiento de su práctica. En fecha posterior, 07 de julio de 2011, la Defensa presentó escrito al Ministerio Público, solicitando fuese enterada de la fecha y lugar en donde las pericias de Psicología y Psiquiatría iban a ser realizadas, más a esa fecha las pericias ya habían sido efectuadas: ambas el 06 de Junio de ese mismo año, siendo la petición extemporánea. Es importante anotar que la no participación de la Defensa en la práctica de las periticas psicológica y psiquiátrica, es imputable a ésta, al haber aceptado que toda la tramitación sobre la procedencia de los peritajes y designación de peritos fuese llevado en sede fiscal, cuando debía pasar por el control jurisdiccional, adicional a que su petición de ser notificado al momento en que los estudios iban a ser realizados fue hecha en una fecha posterior a aquella en los que los peritos realizaron su análisis. En cuanto al tercer medio de prueba pericial cuestionado: El dictamen de trabajo social, se lee en el documento que éste fue elaborado a partir de solicitud hecha por el Ministerio Público, sin embargo existe silencio sobre datos indispensables para poder determinar si existe o no violación al derecho de defensa por inobservancia de un debido proceso, como ser la fecha en que el agente fiscal dispuso la práctica de la prueba y la fecha en que dicha prueba fue realizada, pues la fecha consignada en el documento (14/04/2011) obedece al tiempo de la emisión del Dictamen y no al tiempo en que el estudio de campo fue hecho; Tales datos son importantes ya que permitirían a esta Sala de lo Penal discernir si se trataba de una diligencia dispuesta en la etapa de investigación preliminar donde el Ministerio Público tenía la potestad legal de designación de peritos (Art. 246 cpp) o si fue dispuesta posterior a su terminación, cuando ya se había presentado requerimiento fiscal y por ende sujeta a control jurisdiccional, siendo entonces una tarea incumplida del Recurrente proporcionar la información completa en su planteamiento y de su indelegable obligación de acreditar la existencia de la alegada violación al Derecho de Defensa, tomando en consideración que en el escrito presentado por el Recurrente al Ministerio Público en fecha 07 de julio de 2011, no se hace ninguna mención sobre éste tercer medio de prueba pericial. Segundo Motivo Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 316, 317, 318, 342 y 343 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Violación al Debido Proceso; Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por los Recurrentes; Pretensión: Nulidad de la Sentencia. Hace relación el Recurrente que en el presente caso se celebró audiencia de proposición de pruebas el 19 de Octubre de 2011, al final de la cual se fijó la celebración de la audiencia de debate para el día 04 de Marzo de 2013; Resultando del acta que la audiencia de debate se celebró en fecha 01 de Febrero de 2013, mientras que en la sentencia se indica que esa misma audiencia se inició el 18 de Febrero, concluyéndose en fecha 20 de marzo de 2013, por lo que se fijó la audiencia de individualización de pena para el 20 de abril de 2013, y emitiéndose la sentencia el 28 de Febrero de 2014 y notificándose a la Defensa hasta el 28 de Mayo del mismo año; Indica el Recurrente que tales actuaciones produjeron una violación al debido proceso, como consecuencia de no respetarse los términos señalados en el Código Procesal Penal para la celebración del debate, para la emisión de la sentencia y para la realización de las notificaciones de las resoluciones judiciales. De las Reglas para la Realización del Juicio Es importante señalar, que el Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero señala como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. La sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio y que se agrupan en el Principio del Debido Proceso: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto, ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre del 2011, en Exp. 318-2010). Ahora bien, siguiendo el reclamo formulado, corresponde centrarnos en la Garantía de Concentración que dicta que la sustanciación del proceso sea en el menor número de actos y a su vez en el menor tiempo posible entre cada uno de los actos, constituyendo todo el proceso en una unidad, para efectiva justicia en un plazo razonable (Art. 8 del Código Procesal Penal). La Garantía de Concentración debe de observarse durante todo el proceso penal (Art. 20, 143 último párrafo, 160 y 161 del Código Procesal Penal), pero ella adquiere una relevancia significativa en la etapa de juicio (Art. 306, 312 y 313 del Código Procesal Penal), en especial en la continuidad que debe de existir en las diferentes audiencias que conformen el debate, entre éste y el fallo, y entre el fallo y la emisión de la sentencia; la garantía de concentración permite la viabilidad de la inmediación, (Razón por lo cual el artículo 312 del Código Procesal Penal dispone en numerus clausus las causas por las cuales de manera excepcional podrá suspenderse una audiencia de debate por un máximo de 15 días) y una respuesta pronta a los justiciables. Conforme a las normas procesales vigentes para el año dos mil trece la etapa de juicio debía de sustanciarse observando los siguientes plazos legales: Recibidos que eran las diligencias de parte del Juzgado de Letras, y personadas las partes, el Tribunal de Sentencia las debía emplazar para que procedan examinar las diligencias por diez días hábiles, y siempre dentro de dicho plazo, a solicitar audiencia de saneamiento, audiencia que debía de celebrarse dentro de los cinco días (Art. 316 cpp); En caso de que ninguna de las partes presentase solicitud de audiencia de saneamiento o habiéndose celebrado esta y resuelto lo planteado, el Tribunal de Sentencia procedería a fijar audiencia de proposición de medios de prueba, a celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes (Art. 317 cpp), resolviendo lo relativo a la admisión de medios de prueba en la misma audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes; Firme que sea ésta última resolución el Tribunal de Sentencia emitiría resolución citando a las partes para la celebración de la audiencia de debate, en una fecha que no podía ser antes de diez días ni después de treinta días, todos ellos hábiles (Art. 318 cpp), siendo importante mencionar que la practica forense nos enseña que dichos términos por lo general no podían ser observados por los Tribunales de Sentencia como consecuencia de una muy saturada agenda, señalando fecha para debate en las fechas disponibles, llegando a casos en donde el señalamiento de la audiencia de debate se realizaba (y aun hoy es así) para dentro de muchos meses, constituyéndose esto en una imposibilidad material justificable siempre que sea, como se indicó, por la alta demanda de audiencias de debate pendientes de celebrar. Una vez cerrado el debate, el artículo 335 del Código Procesal Penal, manda que los miembros del Tribunal se reunirán de manera privada a efecto de realizar la deliberación, en un acto continuo y que no puede ser interrumpido, salvo por fuerza mayor o causa fortuita; Habiendo llegado los Jueces y Juezas de Sentencia a un acuerdo –por unanimidad o por mayoría- respecto a los puntos de la acusación, procederán a instalar audiencia en donde darán a conocer a las personas acusadas y a los Abogados/as de las partes las decisiones tomadas. Si el fallo solo tiene pronunciamientos absolutorios, ordena el artículo 340 que el Tribunal de Sentencia en ese mismo acto deberá de dar a conocer la sentencia respectiva o, por causa complejidad, dentro de los cinco días hábiles siguientes; entre tanto, si se trata de un pronunciamiento de culpabilidad, señalan los artículos 342 y 343 del Código Procesal Penal, se continuara con la segunda fase consistente en la audiencia de determinación de la pena concreta a celebrarse en un plazo no mayor de 30 días (ello conforme a las normas vigentes en aquel tiempo) y al término de ésta, los jueces y juezas de sentencia debían de reunirse nuevamente a efecto de deliberar sobre las circunstancias previstas en el artículo 69 del Código Penal, dictando de manera posterior la sentencia ya sea en esa misma fecha o, igualmente, dentro de los 5 días hábiles siguientes, ten caso de complejidad. Los efectos de la inobservancia del Principio de Concentración serán particulares a depender del momento procesal en que se produzca, pues la dilación indebida en irrespeto de los plazos legales entre el debate y la deliberación produce el mismo efecto señalado por la ley procesal para los casos de suspensión de la audiencia de debate por un término mayor a los quince días: la nulidad del debate por disolución de la inmediación (Artículo 312 y 313 del Código Procesal Penal); empero si el quebrantamiento se encuentra por dilación en el señalamiento de la audiencia de debate o en el pronunciamiento de la sentencia después de la deliberación y notificación de decisión, en donde no existe ofensa a la inmediación, tiene como consecuencia la deducción de responsabilidad a los funcionarios/as judiciales cuando por acción u omisión injustificable hayan dado a lugar el incumplimiento de los plazos legales o un plazo razonable de juzgamiento, pues su nulidad en estos casos solo produciría más dilación en dar respuesta a lo debatido. De la Procedencia del Segundo Motivo El Segundo Motivo No es de Recibo.- En jurisprudencia sentada por esta sala mediante los fallos Exp. 107-2008 de fecha 15 de diciembre del 2008, Exp. 320-2005 de fecha 06 de septiembre del 2006 y Exp 405-2007 de fecha 16 de Noviembre del 2009, se ha señalado que la mera inobservancia de los plazos judiciales si bien constituye una violación al debido proceso, no es fundamento para anular una sentencia, porque resultaría la sanción procesal en una contribución a la dilación que se está denunciado; En otras palabras la solución a la violación sería más bien una contribución más al problema. El examen de la foliada judicial permite hacer un recuento de las fechas de las actuaciones y, por ende, del cumplimiento o no de los plazos legales en la Etapa de Juicio:
Fecha
Actuación Procesal
Folio
Plazo Legal
Plazo Observado
12 de Agosto de 2011
Recepción de diligencias por el Tribunal de Sentencia
16 de Agosto de 2011
Emplazamiento a las partes para Examinar diligencias
03 días hábiles
02 días hábiles
12 de Septiembre de 2011
Señalamiento de audiencia de proposición de medios de prueba
01 día hábil
04 días hábiles
06 de Octubre de 2011
Reprogramación de audiencia de proposición de medios de prueba por ausencia justificada de la defensa
19 de Octubre de 2011
Audiencia de Proposición de Medios de Prueba
10 días hábiles
25 días hábiles
25 de Junio de 2012
Señalamiento de audiencia de debate
03 días hábiles
03 días hábiles
08 de Agosto de 2012
Reprogramación de audiencia de debate
27 de Noviembre de 2012
Reprogramación de la audiencia de debate a solicitud de la Defensa
01 de Febrero de 2013
18 de Marzo de 2013
20 de Marzo de 2013
Audiencia de Debate
No antes de 10 días ni después de 30 días hábiles
03 meses y 03 días hábiles
Audiencia de Cesura
Inexistente en el Expediente
Dentro de los 30 días hábiles siguientes
28 de Febrero de 2014
Sentencia
05 días Hábiles
06 de Mayo de 2014
Notificación al Ministerio Público de la Sentencia
1 día hábil
02 meses con 04 días hábiles
28 de Mayo de 2014
Notificación a la Defensa de la Sentencia
1 día hábil
03 meses
TOTAL
02 años, 09 meses y 16 días
Nota esta Sala de lo Penal que en el acta de la audiencia de debate se cita a las partes para la celebración de la audiencia de individualización de la pena concreta para el día 19 de abril de 2013, más no consta en el expediente acta u otro documento que compruebe que dicha audiencia se realizó en esa fecha (o en otra), mucho menos lo que aconteció en ella; Debido a esto no es posible establecer si se observó el plazo para la celebración de la audiencia en mención y/o si se respetó el plazo legal para la emisión de la sentencia respectiva. Con todo es claro para esta Sala de lo Penal que en el presente caso no fueron observados los plazos legales, sin que pueda afirmarse que ello fue debido a una dolosa omisión de diligencia de los funcionarios/as judiciales o por una imposibilidad material a la que le contribuyó las repetidas solicitudes de reprogramación hecha por la propia defensa privada, lo que tendría que ser definido por la Inspectoría de Órganos Jurisdiccionales. Ahora bien, respecto a lo que nos atañe, no encuentra esta Sala de lo Penal que el incumplimiento de los plazos judiciales haya repercutido negativamente en la decisión contenida en la sentencia, pues el quebrantamiento del Principio de Concentración no implicó violación al principio de inmediación, dado que el Tribunal de Sentencia dio a conocer el fallo en los términos del artículo 342 segundo párrafo del Código Procesal Penal y a consecuencia de la conclusión de la deliberación realizada bajo los parámetros del artículo 336 del mismo cuerpo legal, en donde, entre otras cosas, se analizó y valoró los medios de prueba reproducidos en juicio y se analizó y decidió sobre las posturas de las partes litigantes, dejando así ya fijada, sin disolución de la inmediación, el criterio sobre el material probatorio y el criterio respecto a las argumentaciones de las partes. Las audiencias subsecuentes al debate son accesorias del juicio oral y público y efecto directo del pronunciamiento de culpabilidad hecho por Tribunal, así entonces la audiencia de cesura tiene por objeto la individualización de la pena concreta basado en los hechos ya declarados probados y en la prueba que en ese momento se presente, y la posterior sentencia tiene por objeto dar a conocer las bases de la decisión del tribunal tomada al momento de la deliberación para efectos de control por el público, los litigantes y sus abogados/as, y por el mismo sistema legal mediante la vía recursiva, con las consecuencias particulares de cada uno de ellos. En el caso concreto, y según el acta, entre el debate, la deliberación y el fallo no existió disolución de la inmediación entre la terminación del debate y la deliberación, esto es sin perjuicio del examen que se haga sobre la inmediación intradebate, que es precisamente el objeto del tercer motivo de casación alegado y que se resuelve a continuación. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal de Casación concuerda con el Recurrente, en el punto de la anómala actuación del Tribunal de Sentencia en la emisión de la sentencia y su notificación en cuanto a los tiempos en que se realizó estas actuaciones, aspectos que deben de ser definidos por la Inspectoría de Órganos Jurisdiccionales, sin perjuicio de las actuaciones de investigación de otros órganos de control estatal. Tercer Motivo Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 312 y 313 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Suspensión del Debate por un plazo superior al previsto en la norma Procesal; Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin Determinar por el Recurrente; Pretensión: La Nulidad de la Sentencia Recurrida. La Audiencia de debate fue suspendida por un tiempo que extralimita lo ordenado en el artículo 312 del Código Procesal Penal. De la Concentración del Debate Como hemos mencionado ya la garantía de concentración permite la viabilidad de la inmediación, razón por lo cual el artículo 312 del Código Procesal Penal dispone en numerus clausus las causas por las cuales de manera excepcional podrá suspenderse una audiencia de debate por un máximo de 15 días, obligando el artículo 313 según párrafo del Código de Rito de iniciar un nuevo debate cuando la suspensión se extienda más allá de dicho termino. El artículo 312 del Código Procesal Penal permite llegar a varias conclusiones en relación a la suspensión del debate: a. Las causas de suspensión de las sesiones del debate son taxativas, por lo que no podrá suspenderse el debate por causas distintas a las enumeradas en el artículo 312 del Código Procesal Penal; b. La suspensión del debate se realizara por el termino estrictamente necesario y siempre que no exista más medios de prueba que puedan ser reproducidos en la sesión del debate; c. El termino de 15 días para la suspensión es uno solo y es un término máximo, de modo que una vez iniciada la evacuación de los medios de prueba las diversas suspensiones que pudieran darse en la celebración de las diferentes sesiones del debate en total no podrán sumar más de 15 días por disposición del legislador ya que lo relevante es la no disolución de la continuidad del inicio del debate hasta el momento de la deliberación como momento de la valoración de la prueba; d. El termino de 15 días dispuesto por el artículo 312 para la suspensión de la audiencia de debate es un término en días naturales y no en días hábiles, la intención del legislador es que transcurra el menor tiempo posible entre el inicio del debate y el acto de deliberación, ello para que los Jueces, como personas naturales que son, no pierdan de su memoria los detalles de los medios de prueba que han presenciado y así poder realizar un proceso de valoración más certero; y e. En caso de que el debate haya sufrido una suspensión que supere los 15 días, el debate deberá de reiniciarse, pudiendo participar en él los mismos Jueces de Sentencia que concurrieron en aquel que se suspendió, ello debido a que el reinicio del debate es como consecuencia de una disolución de la inmediación de la prueba, sin que esto comprometa la imparcialidad de los Jueces y Juezas al no haber alcanzado la etapa de valoración de la prueba, mucho menos pronunciamiento judicial sobre el caso concreto, precisamente a consecuencia de la suspensión del debate. Una vez cerrado el debate, el artículo 335 del Código Procesal Penal, indica que los miembros del Tribunal se reunirán de manera privada a efecto de realizar la deliberación, en un acto continuo y que no puede ser interrumpido, salvo por fuerza mayor o causa fortuita; en acto de deliberación, indica el artículo 336, los Jueces y Juezas de Sentencia deberán de decidir respecto a: a. Procedencia de la acción penal y las relacionadas con los incidentes cuya decisión haya sido diferida para la sentencia; b. Análisis y valoración de los medios de prueba que han presenciado conforme a las reglas de la sana crítica (Art. 202 del Código Procesal Penal); c. Determinación de los hechos probados con base a la prueba analizada; y d. Análisis sobre la calificación legal del hecho y de las circunstancias que le rodean, incluyendo las causas eximentes de responsabilidad (Art 22 del Código Penal); en caso de pronunciamiento condenatorio, además el Tribunal de Sentencia deberá de decidir sobre: i. Grado de participación de los imputados (as); ii. Cuando exista más de un delito, determinación respecto al concurso de delitos existente; iii. Determinación de la pena abstracta aplicable, y iv. Pronunciamiento de las medidas cautelares pertinentes. Una vez más: llegado los Jueces y Juezas de Sentencia a una decisión –por unanimidad o por mayoría- respecto a los puntos enumerados, procederán a instalar audiencia donde comunicaran su fallo. En conclusión el Principio de Concentración es, por decirlo de alguna manera, escudo protector de la inmediación respecto al pronunciamiento del fallo, evitando así la disolución de los efectos de la inmediación de la prueba y, por ende, permitiendo a los Jueces y Juezas tener presente en su memoria todas las incidencias que pudieron presenciar durante la evacuación de la prueba al momento en que corresponda hacer la deliberación del caso, en donde una de las tareas más importantes es la valoración de la prueba; pero además el Principio de Concentración permite el fiel cumplimiento de la obligación del Estado de Honduras de hacer pronunciamientos judiciales de manera oportuna, en plazo razonable, dando respuesta a los intereses subjetivos en disputa, cumpliendo así lo ordenado por el artículo 9.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Artículo 7.5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. De la Procedencia del Tercer Motivo El Tercer Motivo es de Recibo.- La denuncia hecha por los Recurrentes exige una revisión del acumulado judicial, a efecto de poder establecer si existió o no violación a lo preceptuado por el artículo 312 y 313 del Código Procesal Penal, ello mediante un recuento de los días en que se celebró el debate y los días de suspensión decretados, tarea que tiene como dificultad la no armonía de fechas consignadas en el acta de debate y en la sentencia, a saber:
ACTA DE DEBATE
SENTENCIA
Días de Debate
Folio
Días en que el Debate fue Suspendido
Días de Debate
Folio
Días en que el Debate fue Suspendido
01/Febrero/2013
18/Febrero/2013
04 de Febrero al 15 de Marzo de 2013
10 de Febrero al 15 de Marzo de 2013
18/Marzo/2013
18/Marzo/2013
19/Marzo/2013
19/Marzo/2013
20/marzo/2013
20/Marzo/2013
El cuadro anterior gráfica: 1. Si se toman por ciertas las fechas señaladas en el acta de debate, la audiencia inicio en fecha 01 de Febrero, día en el cual se evacuó los medios de prueba: dictamen de autopsia, la declaración del Señor José Armando Rosales, del menor E. E. P. R. y dos Actas de Inspección Ocular; Audiencia que fue suspendida para ser reanudada Treinta Días Hábiles Después, el 18 de marzo de 2014 (F. 242), superando por mucho el máximo legal para las suspensiones de las audiencias de debate, que es de quince días; o 2. Si se toman por ciertas las fechas consignadas en la sentencia, se debe tener por iniciada la audiencia de debate el 18 de Febrero de 2013, suspendida en esa misma fecha para reanudarla el 18 de marzo del mismo año, es decir Diecinueve Días Hábiles Después, violentando el máximo legal para las suspensiones de las audiencias de debate. No entiende esta Sala de lo Penal por qué las fechas que se consignaron en el acta de debate son distintas a las que se señalan en la sentencia, más aún con esta contradicción importante (merecedora de esclarecimiento por parte de la Inspectoría de Órganos Jurisdiccionales), el resultado es el mismo dado que no importa cuál de tales fechas tomáramos como verdaderas, en ambos casos se concluye que el Tribunal de Sentencia ha menospreciado la disposición imperativa que contiene los artículos 312 y 313 del Código Procesal Penal, provocando disolución en la obligatoria continuidad de la inmediación, poniendo el riesgo una correcta valoración de la prueba, pues los Juzgadores vieron disipada en su memoria los detalles que habían presenciado en el curso de las sesiones y que son elementos a considerar en el proceso de valoración. Como conclusión, le asiste la razón al Recurrente al denunciar que ha existido violación a un debido proceso judicial, por inobservancia de normas que regulan el desarrollo de la audiencia de debate. 2.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Teniendo como pretensión la declaratoria de la nulidad de la sentencia impugnada, el Defensor de la Señora Sonia Leticia Dubon interpuso además Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma donde denunció en el primer motivo la violación a las reglas de la sana critica en el proceso de valoración de la prueba y en el segundo motivo la incorporación indebida de medios de prueba mediante lectura a la audiencia de debate con transgresión de normas procesales. Estima la Sala de lo Penal sobreabundante el pronunciamiento sobre los dos motivos del Recurso de Casación por forma, dado que la pretensión del Recurrente con su interposición ya ha sido concedida al estimarse de recibo el tercer motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. V. Decisión No ha Lugar los motivos primero y segundo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional; y 1. Ha Lugar el tercer motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. VI. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus motivos primero y segundo, interpuesto por el Abogado Oscar López López .- Segundo: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su motivo tercero, interpuesto por el Abogado Oscar López López, apoderado defensor privado de la Señora Sonia Leticia Dubon.- Tercero: Casar la sentencia de fecha veintiocho (28) de Febrero del año dos mil catorce (2014) (f. 261), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Nueva Arcadia, La Entrada, Departamento de Copan; En consecuencia se declara la nulidad de dicha sentencia, así como de la audiencia de debate que le generó, fechada el uno (01) de Febrero de dos mil trece (2013).- Y Manda: Primero: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Nueva Arcadia, La Entrada, Departamento de Copan, proceda a celebrar un nuevo debate para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra de la Señora Sonia Leticia Dubón, en el cual deberán de participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha veintiocho (28) de Febrero de dos mil catorce (2014).- Segundo: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Tercero: Dese cuenta de la presente sentencia a la Inspectoría de Órganos Jurisdiccionales, a fin de que proceda a instar averiguación sobre la dilación en la tramitación del presente proceso judicial, así como la disparidad de fechas en que se informa fue celebrada la audiencia de debate.- Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. José Ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-335-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] El Artículo 8.2 Literal H) De La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Establece Que Durante El Proceso, Toda Persona Tiene Derecho, En Plena Igualdad, Entre Otras Garantías Mínimas, La De Recurrir Del Fallo Ante Juez O Tribunal Superior.