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Sentencia CP-329-14 — Registro 10965

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa de los imputados contra la sentencia de primera instancia que condena a los imputados como autores responsables del delito de Homicidio Simple

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO ES DE RECIBO.-En el estudio de la suficiencia probatoria, es importante hacer un recuento de la prueba que fue propuesta y admitida para la audiencia de debate, toda ella propuesta por el Ministerio Público sin que la Defensa hiciese oferta, ello permitirá no solo poder discriminar cual de ella fue propuesta para la acreditación del delito y cual para la acreditación de la supuesta participación de los acusados en los hechos, sino para poder determinar si la denuncia hecha por los Recurrentes es correcta en cuanto a la falta de suficiencia probatoria; la prueba propuesta fue: Prueba para Acreditar la existencia del delito:

MEDIO DE PRUEBA PRETENCIÓN PROBATORIA

Testifical: E. C.; Acreditar las Razones por las Cuales las Víctimas se encontraban en el lugar en donde fueron ultimadas;

Testifical: Testigo RL-11 Testigo Presencial del hecho que se propuso para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de los acusados L. B. y W. M.;

Testifical: Y. W. G. Acreditar los actos de investigación que realizo la policía hasta la aprehensión de los acusados;

Documental: Acta de Inspección Ocular y Levantamiento Cadavérico 686-2011 y álbum fotográfico; Acreditar como fueron encontrados los cuerpos de las víctimas y la evidencia recogida en el lugar;

Dictamen Pericial: Autopsia 979-2011 Acreditar la forma y manera de muerte provocada al Señor R. M.;

Dictamen Pericial: Autopsia 981-2011 Acreditar la forma y manera de muerte provocada al Señor L. M.;

Prueba para Acreditar la participación de los acusados en el delito:

MEDIO DE PRUEBA PRETENCIÓN PROBATORIA

Testifical: Testigo RL-11 Testigo Presencial del hecho que se propuso para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de los acusados L. B. y W. M.;

Testifical: Y. W.G. Acreditar los actos de investigación que realizo la policía hasta la aprehensión de los acusados;

Respecto a la existencia del delito los Recurrentes no hacen ningún reparo, dando por aceptado lo señalado en los hechos declarados probados de que el día 09 de abril de 2011, entre las diez y once de la noche, en la Colonia El Sitio No. 3, sector de Lomas del Carmen, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, se encontraban estacionado en la calle el vehículo tipo pick-up, marca Ford, color blanco, placas PBX2906 y en su interior los señores R. D. M. L. en el asiento del conductor y la señora L. M. M. en el asiento del pasajero, cuando fueron atacados por un grupo de personas quienes les dispararon, impactándole al señor R. M. en cuatro ocasiones y a la señora L. M. en tres ocasiones, perdiendo la vida ambos como consecuencia de las heridas producidas por los disparos. Conforme el Acta de Levantamiento de Cadáver, a la cual el Tribunal de Sentencia concedió pleno valor probatorio (f. 168), se encontró los cuerpos de las víctimas en el interior del vehículo, y además en el suelo costado izquierdo del vehículo un casquillo percutido y en el suelo del costado derecho del vehículo otro casquillo percutido; además el documento reporta que el vidrio frontal del vehículo presentaba en el lado izquierdo un orificio producido por el ingreso de un proyectil y otro orificio sin señalarse el lugar.- Adicionalmente fueron evacuados los Dictámenes de Autopsia los que reportan: i. El ofendido R. M., presentaba 4 heridas producidas por proyectil de arma de fuego, tres de las cuales ubicadas en el costado izquierdo (frente, rostro y cuello) y una de ella en el costado derecho del cuerpo (en espalda); y ii. La ofendida L. M. M., presentaba tres heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, todas ellas en el lado derecho del cuerpo (rostro, región occipital y clavícula). Estos medios de prueba ayudan a determinar lo siguiente: 1. Los ofendidos fueron agredidos mientras se encontraban en el interior del vehículo: el ofendido R. M. en el asiento del conductor y la ofendida L. M. en el lado del pasajero; 2. La agresión sufrida por los ofendidos fue realizada de manera simultánea; 3. La agresión sufrida por el ofendido R. M., se originó desde el exterior del vehículo, lado izquierdo, estando los atacantes a corta distancia; 4. La agresión sufrida por la ofendida L. M., se originó desde el exterior del vehículo lado derecho, estando los atacantes a corta distancia; 5. El ataque, al ser simultaneo y producido desde los costados del vehículo, implica la participación de cuando menos dos personas distintas y el uso de cuando menos dos armas de fuego distintas. Teniendo como marco tales hechos, declarados así por el Tribunal de Sentencia y aceptados por los Recurrentes (a falta de reparo), corresponde determinar si la prueba restante aporta elementos suficientes para arrebatar el estado material de inocencia de los acusados, prueba que se limita a dos declaraciones testificales, una de las cuales fue introducida por lectura en la audiencia de debate: 1. La señora Y. W. G. A., agente de investigación, asignada a la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal, en San Pedro Sula, se presentó a la audiencia de debate informando las diferentes diligencias de investigación que desarrolló en torno a la muerte de los ofendidos; relató que los ofendidos fueron víctimas primero de un delito de robo, sustrayéndoles los atacantes el dinero que era la ofrenda para la iglesia y que después le dispararon; explicó que al siguiente día que se realizó el levantamiento cadavérico ubicó “como a tres o cuatro” testigos presenciales, a los cuales tomó declaración, quienes le informaron, quienes eran los autores del delito, identificándolos por sus alias: “La Chancha”, “El Chino” y otros que no recuerda, y que posteriormente realizó ella directamente vigilancia en varios días y horas, luego de lo cual se realizaron allanamientos en la casa de los sospechosos ubicadas gracias a los testigos y posteriormente las aprehensiones, luego de lo cual los testigos realizaron reconocimiento fotográfico, reconociendo a los acusados presentes en la audiencia de debate..Los Recurrentes se oponen a la valoración positiva realizada por el Tribunal de Sentencia al señalar que la testigo es de referencia, que sus conocimientos tienen como fuentes otros testigos y que sus dichos no pueden ser corroborados por otra prueba. Protesta que es de recibo, por cuanto la Señora Y.G., refiere como fuente de su información las declaraciones que recibió de testigos de los hechos, los cuales no supo indicar si eran tres o cuatro personas, además la señora G. no detalló quienes eran su fuente de información, quienes eran esos testigos, como fueron ubicados, cuando les fue tomada su declaración y cuál fue el contenido de la declaración de cada uno de ellos, inobservándose el mandato del primer párrafo del artículo 330 del Código Procesal Penal, además la señora G. no explicó, ni tampoco lo hizo el Ministerio Público, por qué esos tres a cuatro testigos no pudieron ser citados para comparecer a debate, por lo que ante tal falta de justificación se presenta la prohibición que impone el artículo 199 del Código Procesal Penal, en cuanto a que “Existiendo testigos presenciales, y siendo posible su citación a juicio, su testimonio no podrá ser discutido por testigos de referencia.”.Por otro lado la señora G. describe la realización de varias actuaciones de investigación, como toma de declaración de testigos (de tres o cuatro personas), vigilancias, allanamientos y reconocimiento fotográfico, actuaciones que deben de ser documentadas en actas, las cuales ninguna de ellas constituye medio de prueba de debate por lo que es correcto de parte de los Recurrentes el resentir la falta de respaldo probatorio a lo que la testigo declaró; esto resulta ser importante no solo como respaldo al contenido de la declaración de la testigo G., sino que permitiría poder entender como la testigo pudo realizar ella misma las vigilancias de las viviendas de todas las personas sospechosas, varios días y en varias horas. 2. Testigo RL-11 (Declaración Introducida por Lectura): En la audiencia inicial el testigo refirió que el 09 de abril, alrededor de las 10:45 p.m., se encontraba escuchando música detrás de un muro, observando que un vehículo blanco, doble cabina de la empresa AMNET, se estacionó; que de repente dos personas: Odin alias “El Diablo”se puso al lado del muchacho, y Alex alias “El Piojo” al lado de la muchacha, y después tres sujetos más: “El Chino”, “La Chancha” y “El Gato”; que el muchacho (ofendido) trató de sacarse una biblia entre las piernas cuando Odin “El Diablo” sacó una pistola y le disparó; dos personas más “El Brayan” y “El Primo”, se quedaron como a tres metros de distancia a vigilar si venía alguien; que andaban armas: 38 tambor, una escuadra de chifle, que eran tres armas por todo; que .El Diablo” andaba un arma de chifle y una 40 (milímetros); que “El Piojo” andaba un arma de chifle y otra de Tambor; que a “La Chancha” se le miraban dos armas: una de tambor y una de chifle y que “El Chino” andaba una de tambor, la cual disparó cuatro veces a los dos (ofendidos); que de los cinco solo dos dispararon; que ninguno de ellos (los agresores) tomó algo, que después de los disparos alguno de ellos salieron, se dirigieron a la calle de la colonia y otros se quedaron escondidos en un carro rojo; describió el testigo que se quedó en el lugar después de los disparos, el cual estaba a cinco o seis metros de distancia de donde ocurrieron los hechos; explicó el testigo que a O., “El Piojo”, “La Chancha” y “El Morado” los conoce desde pequeños; que al “El Chino” y “El Primo” desde hace poco; que en la sala de audiencias se encontraba “La Chancha” y “El Chino” y que están ausentes“ El Gato”, O. alias “El Diablo” y “El Piojo” .Al igual que el Tribunal de Sentencia, la Sala de lo Penal se empodera de la declaración del testigo mediante la lectura del acta de la audiencia inicial en la cual aparece transcrita, y contrario a la impresión del A-Quo, la cual fue calificada como creíble, lo que constituye una conclusión incorrectamente derivada, en ocasión de algunos aspectos contenidos en la declaración que hacen meya en tal credibilidad, a saber: i. Capacidad de percibir los hechos del testigo: Señala que estaba detrás de un muro y que desde allí observó los hechos, sin explicar cómo fue posible estar detrás de un muro y ver el hecho o, en su defecto exponer parte de su cuerpo fuera del resguardo del muro sin ser visto por los agresores a una distancia entre cinco a seis metros; por otra parte el testigo con precisión señala que en el asiento del conductor estaba sentado un muchacho y en el asiento del pasajero una muchacha, sin explicar cuándo obtuvo esa información (al momento del hecho o de manera posterior), ni cómo (lo observó directamente o le fue informado); también el testigo fue extraordinariamente descriptivo respecto a los calibres de las armas de fuego que portaban los agresores, aun cuando los hechos ocurrieron de noche, aun cuando eran varios agresores ubicados en diferentes posiciones (en los costados del vehículo), realizando una acción con mucha dinámica en pocos minutos, por lo que requería del testigo revelar como pudo percibir el tipo de armas involucradas; el testigo describe que el ofendido R. M., intentó tomar una biblia entre sus piernas y que fue en ese momento en que O. “El Diablo” le disparo, lo que es un hecho que solo pudo haberlo percibido estando de pie junto a la ventanilla del conductor pues solo así podría explicar reconocer que era una biblia el objeto sino que estaba entre las piernas del ofendido y que éste intentó tomarla, pero contrario a ello el testigo señala que se encontraba entre cinco a seis metros de distancia lugar; ii. Contradicciones del Testigo: El testigo señaló primero que en el hecho participaron solamente tres armas de fuego, pero al describir que armas andaba cada uno de los agresores, describió la presencia de siete armas de fuego distintas; por otra parte, el testigo señala primero que dispararon en contra de los ofendidos O. “El Diablo”, “El Piojo” y el “El Chino”, después señala que fueron dos personas las que dispararon. 3. Contradicciones entre la testigo Y. W. G. y el Testigo RL-11: La Agente de Investigación G. señala que los agresores despojaron a los ofendidos de una cantidad de dinero (la cual no determina), que estaba destinada a dar como ofrenda a la Iglesia (tampoco explica como obtuvo la información del destino que se le iba a dar al dinero), pero contrario a ello el Testigo RL-11, que es un supuesto testigo presencial, afirma que los agresores no tomaron nada pertenecientes a los ofendidos; a pesar de tal contradicción el Tribunal de Sentencia tildo a ambos medios de prueba como creíbles, incurriendo en violación al Principio de Identidad. 4. Insuficiencia Investigativa: La Agente Y.W. G. señaló haber hecho diligencias de investigación en el presente caso que le llevó a la identificación y aprehensión de los responsables del delito; sin embargo lo señalado no se vio reflejado en juicio, pues ninguna de las armas usadas por los agresores fue presentada en juicio, no fueron objeto de comparación balística los casquillos percutidos recogidos en la escena a fin de determinar si fueron eyectados de una sola arma o de dos, no se realizó peritaje balístico de trayectoria exterior basado en los daños por proyectil de arma de fuego que presentaba el vehículo, afín de determinar el trayecto de los proyectiles y su compatibilidad con las lesiones que presentaban los cadáveres de los ofendidos, tampoco fueron presentados los testigos presenciales que la agente señala entrevistó al día siguiente de los hechos. La Sentencia condenatoria en la que se declara la responsabilidad penal por dos delitos de Homicidio a los acusados L. A. B. J. y W. J. M. C., con la imposición de una pena de treinta (30) y treinta y cuatro (34) años de reclusión respectivamente, se basa en la declaración de dos testigos: La testigo Y.W. G., la cual es de referencia y cuya valoración no puede ser apreciada por mandato del artículo 199 y 330 del Código Procesal Penal y del testigo RL-11, cuyo testimonio fue introducido por lectura a debate, privándole a las partes de poder hacer contradictorio y al Tribunal de Sentencia de la inmediación de sus dichos y que además y principalmente es un testimonio poco claro, no especifico y contradictorio. Como consecuencia la prueba llamada a señalar de manera cierta e indubitada que los acusados participaron activamente en la muerte de los ofendidos, no resulta tener tal categoría, sino que más bien al ser dubitada y por ende poco fiable se convierte en insuficiente para desaforar a los acusados de su estado material de inocencia; ergo la sentencia al contener un pronunciamiento condenatorio adoleciendo de suficiente prueba es violatoria al Derecho/Principio de Inocencia y por ende debe de ser otorgados los recursos interpuestos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia conociendo del Recurso de Casación SP329-2014, por Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos contra la sentencia de fecha veinticinco de julio del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor L. A. B. J., como autor responsable del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor R. D. M. L., a la pena de quince (15) años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor L. A. B. J., como autor responsable del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de la señor L. M. M. L., a la pena de quince (15) años de reclusión.- Tercero: Condenó al señor W. J. M. C., como autor responsable del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor R.D. M. L., a la pena de diecisiete (17) años de reclusión.- Cuarto: Condenó al señor W. J. M. C., como autor responsable del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de la señora L. M. M. L., a la pena de diecisiete (17) años de reclusión.- Quinto: Asimismo condenó a los sentenciados L. A. B. J. Y W. J. M. C., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta E Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- Sexto: Se declaró la responsabilidad civil de los condenados L. A. B. J. y W. J. M. C., de conformidad con el artículo 432 del Código Procesal Penal.- Séptimo.- No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Interpusieron los Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada G. B. A. en su condición de Defensora Pública del señor L. A. B. y la Abogada M. L. A., actuando en su condición de Defensora Pública del señor W. J. M. C..SON PARTES: Recurrente 1.- La Defensora Pública A. R. P. P., apoderada legal del Señor L. A. B. J.; Recurrente 2.- El Defensor Público A. A. G. A., apoderado legal del Señor W. J. M. C.; y Recurrida: La Abogada M. E. G., Agente Fiscal del Ministerio Público. II. HECHOS PROBADOS:Único: El día lunes 9 de abril de 2011, entre las 10 y once de la noche aproximadamente, en la colonia El Sitio número 3, sector Lomas del Carmen, San Pedro Sula, Cortés, el señor R.D. M. L., en compañía de su hermana L. M. M., conducía su vehículo tipo pick up, marca Ford, color blanco, placas PBX 2906 y se estacionó frente a la casa del señor E. C.R., cuando en ese momento, llegaron varias personas del sexo masculino, entre ellos L. A. B. J., conocido como “la chancha” y el señor W. J. M. C. que se identifica como “el Chino”, quienes dispararon en varias ocasiones contra la humanidad de ambos hermanos, provocándoles la muerte de inmediato.III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOS Y ARGUMENTOS1. Recurrente 1: Casación Por Infracción De Precepto Constitucional Motivo Único: Infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto De La Infracción: La infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, se configura al condenar el Tribunal de Sentencia al imputado por el delito de Homicidio Simple, quebrantando el estado de inocencia, prescindiendo de las formalidades que la ley establece para determinar la participación del señor L. A. B. en los hechos. Explicamos el vicio de la siguiente forma: Primero: En el acápite Valoración de la Prueba, numeral tercero de la Sentencia recurrida, el sentenciador establece, que conceden valor probatorio positivo al testimonio rendido por la agente policial Y. W. G. A., y a la declaración del testigo protegido RL-l1, rendida en audiencia inicial y agregado por lectura autorizada al juicio oral y público, teniendo el Tribunal por acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos tal y como han sido declarados probados en la Sentencia, es decir, el juzgador tiene por acreditado, en base a dichas declaraciones, que los señores R. D. M. L. Y L. M. M. L. se conducían a bordo del vehículo tipo pick up, y cuando estacionaron frente a la casa de los señores E.A.C. R. y su esposa, ubicada en una colonia del sector de Lomas del Carmen, varias personas armadas, entre ellas los acusados, señores L. A. B. J. (conocido corno “la chancha”) y W. J. M. C. (conocido como “el chino”), dispararon sobre la parte superior de sus cuerpos en varias ocasiones produciéndoles la muerte. Sigue señalando el Tribunal, que la agente policial Y. W.G. A .entrevistó diversos testigos que presenciaron cuando varias personas entre ellos los acusados a los que identificaron por sus apodos “el chino” (W. J. M. C.) y “la chancha” (L. A. B. J.) dieron muerte a los ofendidos. Segundo: De este modo se otorga certeza por parte del juzgador de que los señores L. A. B. J. Y W. J. M. C. son las personas que realizaron todas las acciones del tipo penal de homicidio, al dar muerte a R. D. M. L. Y L. M. M. L.; sin embargo dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso, ya que, en primer término, lo expresado por la agente policial Y. W. G. A., se constituye por meros testigos de oídas, cuyas deposiciones no pueden ser corroboradas por ninguna otra prueba periférica que establezca que sus dichos son ciertos. La agente policial establece que los testigos entrevistados reconocieron a los encausados por sus “alias”, con los cuales ellos se identificaban en la colonia, sin identificar plenamente a las personas que dieron muerte a los ofendidos. Evidentemente resta certeza en cuanto a la identificación de la persona, si únicamente se cuenta con seudónimos. Por otro lado, los testigos que presenciaron los hechos son los únicos que pueden identificar a plenitud a los hechores, en consecuencia, la declaración de la agente policial resulta insuficiente, ya que ésta sólo cuenta con lo que a ella relataron, sin mayor detalle de lo ocurrido. En este sentido, la falta de certeza sobre lo depuesto por agentes policiales, que a su vez le relataron testigos presénciales, ha conducido al alto Tribunal al criterio que no puede darse por acreditado un extremo bajo estas circunstancias.[1] En segundo término, el testigo protegido RL-11 en ningún momento durante la audiencia inicial identifica a los imputados. Éste únicamente se limita a señalar que participaron en el hecho delictivo “la chancha” y “el chino”; todo esto, sin considerar que en el juicio oral y público no se contó con la posibilidad de interrogar al testigo, prescindiendo dicha declaración de la inmediación para formar la convicción del juzgador. Tercero: Con las declaraciones de estos testigos, resulta imposible quebrantar la presunción de inocencia, por lo que el sentenciador violenta en la sentencia recurrida dicho principio constitucional, así como el debido proceso, al no seguir el juicio conforme a las normas y procesos que la ley establece para formar la plena convicción, más allá de toda duda razonable, que los imputados guardan un grado de participación en los hechos juzgados. En lo que respecta al señor L. A. B., no existe ninguna otra prueba que lo ligue con la muerte de los señores R. D. M. L. Y L. M. M. L.. Y es que la prueba de cargo aportada, constituye simples indicios que apuntan a la participación de “el chino” y “la chancha”, no obstante, en primer término, no cabe certeza sobre el grado de participación de ambos personajes, y en segundo, no existe certeza de identidad entre “el chino” y W. J. M. C., ni entre “la chancha” y L. A. B. J., por cuanto ningún medio de prueba se dirige a comprobar este extremo. Cuarto: En este sentido, la jurista María Félix Tena Aragón expresa: “Sólo cabra constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesivo de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha ya/o ración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado... A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas, que parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delitos se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado u acorde con las reglas del criterio humano explicitado en la sentencia condenatoria[2]. “En el caso subjudice, el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con las pruebas presentadas en juicio se condena al señor L. A. B., en una clara violación a la presunción de inocencia y al debido proceso, por una insuficiente actividad probatoria. En la sentencia recurrida, el juzgador no cumple con los requisitos de prueba indiciaria, ya que las declaraciones de los testigos no parten de hechos plenamente probados, por cuanto sus dichos no son corroborados por otras pruebas, además de que el razonamiento hecho por el sentenciador, fue en una clara violación a las reglas del correcto entendimiento humano; por lo que se llega a la conclusión, que a los imputados se le violentó su derecho constitucional de presunción de inocencia y por ende del debido proceso, al condenársele con una escasa actividad probatoria. Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo absolviendo de toda responsabilidad al señor L. A. B..2. Recurrente 2:Casación Por Infracción De Precepto Constitucional Motivo Único: Infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto De La Infracción: La infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, se configura al condenar el Tribunal de Sentencia al imputado por el delito de Homicidio Simple, quebrantando el estado de inocencia, prescindiendo de las formalidades que la ley establece para determinar la participación del señor W. J. M. C. en los hechos. Explicarnos el vicio de la siguiente forma: Primero: En el acápite Valoración de la Prueba, numeral tercero de la Sentencia recurrida, el sentenciador establece, que conceden valor probatorio positivo al testimonio rendido por la agente policial Y. W. G.A., y a la declaración del testigo protegido RL-l1, rendida en audiencia inicial y agregado por lectura autorizada al juicio oral y público, teniendo el Tribunal por acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos tal y como han sido declarados probados en la Sentencia, es decir, el juzgador tiene por acreditado, en base a dichas declaraciones, que los señores R. D. M. L. Y L. M. M. L. se conducían a bordo del vehículo tipo pick up, y cuando estacionaron frente a la casa de los señores E.A.C. R. y su esposa, ubicada en una colonia del sector de Lomas del Carmen, varias personas armadas, entre ellas los acusados, señores L. A. B. J. (conocido como “la chancha”) y W. J. M. C. (conocido como “el chino”), dispararon sobre la parte superior de sus cuerpos en varias ocasiones produciéndoles la muerte. Sigue señalando el Tribunal, que la agente policial Y.W. G. A. entrevistó diversos testigos que presenciaron cuando varias personas entre ellos los acusados a los que identificaron por sus apodos “el chino” (W. J. M. C.) y “la chancha” (L. A. B. J.) dieron muerte a los ofendidos. Segundo: De este modo se otorga certeza por parte del juzgador de que los señores L. A. B. J. Y W. J. M. C. son las personas que realizaron todas las acciones del tipo penal de homicidio, al dar muerte a R. D. M. L. Y L. M. M. L.; sin embargo dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso, ya que, en primer término, lo expresado por la agente policial Y.W. G. A., se constituye por meros testigos de oídas, cuyas deposiciones no pueden ser corroboradas por ninguna otra prueba periférica que establezca que sus dichos son ciertos. La agente policial establece que los testigos entrevistados reconocieron a los encausados por sus “alias”, con los cuales ellos se identificaban en la colonia, sin identificar plenamente a las personas que dieron muerte a los ofendidos. Evidentemente resta certeza en cuanto a la identificación de la persona, si únicamente se cuenta con seudónimos. Por otro lado, los testigos que presenciaron los hechos son los únicos que pueden identificar a plenitud a los hechores, en consecuencia, la declaración de la agente policial resulta insuficiente, ya que ésta sólo cuenta con lo que a ella relataron, sin mayor detalle de lo ocurrido. En este sentido, la falta de certeza sobre lo depuesto por agentes policiales, que a su vez le relataron testigos presénciales, ha conducido al alto ‘tribunal al criterio que no puede darse por acreditado un extremo bajo estas circunstancias.[3] En segundo término, el testigo protegido RL-l1 en ningún momento durante la audiencia inicial identifica a los imputados. Éste únicamente se limita a señalar que participaron en el hecho delictivo “la chancha” y “el chino”; todo esto, sin considerar que en el juicio oral y público no se contó con la posibilidad de interrogar al testigo, prescindiendo dicha declaración de la inmediación para formar la convicción del juzgador.Tercero: Con las declaraciones de estos testigos, resulta imposible quebrantar la presunción de inocencia, por lo que el sentenciador violenta en la sentencia recurrida dicho principio constitucional así como el debido proceso, al no seguir el juicio conforme a las normas y procesos que la ley establece para formar la plena convicción, más allá de toda duda razonable, que los imputados guardan un grado de participación en los hechos juzgados. En lo que respecta al señor W. J. M. C., no existe ninguna otra prueba que lo ligue con la muerte de los señores R. D. M. L. Y L. M. M. L.. Y es que la prueba de cargo aportada, constituye simples indicios que apuntan a la participación de “el chino” y “la chancha”, no obstante, en primer término, no cabe certeza sobre el grado de participación de ambos personajes, y en segundo, no existe certeza de identidad entre “el chino” y W. J. M. C., ni entre “la chancha” y L. A. B. J., por cuanto ningún medio de prueba se dirige a comprobar este extremo. Cuarto: En este sentido, la jurista María Félix ‘Mena Aragón expresa: “Sólo cabra constada la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas, es decir, cuando lo órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado... A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: Que parra de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delitos se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria.[4]’ En el caso subjudice, el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con la pruebas presentadas en juicio se condena al señor W. J. M. C. en una clara violación a la presunción de inocencia y al debido proceso, por una insuficiente actividad probatoria. En la sentencia recurrida, el juzgador no cumple con los requisitos de prueba indiciaria, ya que las declaraciones de los testigos no parten de hechos plenamente probados, por cuanto sus dichos no son corroborados por otras pruebas, además de que el razonamiento hecho por el sentenciador, fue en una clara violación a las reglas del correcto entendimiento humano; por lo que se llega a la conclusión, que a los imputados se le violentó su derecho constitucional de presunción de inocencia y por ende del debido proceso, al condenársele con una escasa actividad probatoria. Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo absolviendo de toda responsabilidad al señor W. J. M. C.. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA1. Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma).Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[5]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá de denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; en este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115):“la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”.Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo.

En una buena técnica recursiva, el Recurrente debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.2. Motivo Único. La Sentencia impugnada declara la responsabilidad penal de los acusados L. A. B. J. y W. J. M. C., quienes son representados por la Defensa Pública, en asistencias independientes. Contra la Sentencia fueron interpuestos dos Recursos de Casación por infracción de precepto constitucional, por cada una de las representaciones de la Defensa, los que coinciden tanto en el motivo, como en las argumentaciones, al grado que uno y otro escrito son idénticos, variando únicamente el nombre de la persona acusada a favor de la cual se está interponiendo, por lo que es propio resolver los dos recursos interpuestos en un solo pronunciamiento. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Violación al estado material de Inocencia y al debido proceso; Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por los Recurrentes; Pretensión: Se absuelva a los acusados.Los Recurrentes presentan el Recurso de Casación denunciando la infracción de dos preceptos constitucionales distintos: Derecho a un Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República y el Derecho/Principio al Estado Material de Inocencia, reconocido en el artículo 89 del mismo cuerpo legal. En cuando al Derecho a un debido Proceso los Recurrentes señalan que el Tribunal de Sentencia no desarrolló el proceso conforme a las normas que pautan la forma en que se debe de llegar a la plena convicción. Por otra parte, relacionado al Derecho/Principio al Estado Material de Inocencia los recurrentes explican que existe una insuficiencia probatoria, al asentarse la sentencia condenatoria en dos declaraciones testificales: i. Declaración de la Agente Y. W. G. A., quien es una “testigo de oídas” (Testigo de Referencia), sobre los hechos, cuyos dichos no pudieron ser corroborados por otro medio de prueba; y ii. Declaración del Testigo RL-11, el cual no identifica a los acusados como los responsables del delito, limitándose a señalar que dos personas conocidos con los alias de “La Chancha” y “El Chino”, participaron en el delito. Concluyen que la prueba solo aporta simples indicios, sin que exista certeza que personas conocidas como “El Chino” y “La Chancha”, hayan participado en el delito y además que esos sean los alias mediante los cuales son conocidos los acusados, por lo que la sentencia es proferida en clara violación al Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia, por insuficiencia probatoria.3. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe de estar presente en el proceso penal, sino que debe de respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; ahora bien en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal).El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre elanimus,que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuerde que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado/a con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado:128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”.Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010:“La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”.En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá de examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a)Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos;b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 cpp); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada.Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que:“183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”.Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe de sufrir como consecuencia de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un Culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera.4.De los Testigos de Referencia Los testigos de Referencia, conocidos también como “Testigos de Oídas”, son aquellos que informan respecto a lo que escucharon decir a otras personas; es pues que el conocimiento que comparten no es lo han percibido a través de sus propios sentidos, sino que es aquel del que saben por lo que otros les dijeron, de modo que los Testigos de referencia se limitan a repetir lo que escucharon de otro.- Los testigos de referencia, al ser creíbles, acreditan que una persona dijo algo, más no acreditan que ese “algo” efectivamente haya ocurrido, puesto que no lo han presenciado, por ello los testigos de Referencia en el proceso penal son testigos de apoyo, de soporte en relación de los testigos presenciales, respecto a lo que éstos hayan manifestado; sirven para apuntalar la veracidad de los testigos presenciales y nunca para sustituirlos (Art. 199 cpp).Es de meditar que la declaración de un Testigo Presencial pende dos variables: capacidad de los sentidos para receptar la información y capacidad de interpretar la información, lo que a su vez dependerá de circunstancias preexistentes, como ser vivencias previas, conocimiento sobre aspectos relacionados con los hechos, estado de ánimo del momento y algunas veces capacidad de memoria y capacidad para poder relatar sus ideas; si la declaración del Testigo Presencial depende de dichas variables, a ellas deben de sumarse las del Testigo De Referencia, ya que el relato reproducido por éste no solo pasa por el prisma del Testigo Presencial (origen de la información) sino que además debe de pasar por el del Testigo de Referencia (receptor de la información), quien recibe, interpreta y luego repite la información.- En cuanto a ello, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 04 de Febrero de 2013 del Expediente 105-2010, señaló: “Es importante apuntar, que los testigos de referencia son aquellos que hacen llegar al Tribunal información que escucharon de otros, es pues, que relatan hechos que no percibieron por sus propios sentidos sino que reproducen lo que otros les informan; para valorar a éstos testigos los Juzgadores deberán de tomar en cuenta: 1) El Testigo de referencia aporta información que escuchó de otro; este proceso suma variables que determinan la suerte de la calidad de la información que finalmente llega al Tribunal de Sentencia, primero porque dependerá de la capacidad de percepción del testigo primario, de su memoria y de la capacidad de relatar la vivencia al testigo de referencia y en segundo porque dependerá de la capacidad de comprensión de lo que escucha el testigo de referencia e igualmente de su memoria y capacidad para reproducir lo escuchado. También el Tribunal de Sentencia, deberá de tener presente que el testigo de referencia, en mayor o menor medida, incluirá en su relato interpretaciones u opiniones propias a lo que escuchó del testigo primario, siendo tarea de los Juzgadores filtrar las mismas del relato original; 2) La correlación entre la demás prueba aportada y el contenido del relato del testigo de referencia. La fuerza del testigo de referencia se verá apuntada en la medida que éste coincida con el resto de la prueba aportada, en especial si dicho relato es coincidente con testigos presenciales. El Código Procesal Penal señala que, existiendo testigos presenciales, y siendo posible su citación a juicio, su testimonio no podrá ser discutido por testigos de referencia (Art. 199 Código Procesal Penal).”.La legislación hondureña, basada en el Principio de Libertad probatoria, permite que las partes propongan testigos de referencia, para acreditar los hechos y sus circunstancias, relacionados con el objeto del proceso; indica el Código de Rito (Art. 330 cpp), que “ ... Los testigos expresarán la razón y origen de sus informaciones y designarán con la mayor precisión posible, a los terceros que se las hayan comunicado”, estableciendo como regla general (Art. 199 cpp), que “Existiendo testigos presénciales, y siendo posible su citación a juicio, su testimonio no podrá ser discutido por testigos de referencia.”.- Al respecto Diego Diez (De Diego Diez, L. Alfredo, en Los Medios de Prueba, Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, págs. 132-133.), señala que:“La Jurisprudencia ha marcado como requisito imprescindible la imposibilidad de oír al testigo directo y ha señalado que la declaración del testigo de referencia no es suficiente, por si misma, para desvirtuar la presunción de inocencia, necesitando de la compañía de otras pruebas directas o indiciarias STS de 15 de abril 1997: pero realmente el problema que plantean los testigos de referencia, como transmisores de lo que otros ojos y oídos han percibido, no es un problema de legalidad sino una cuestión de credibilidad. Es esa credibilidad la que ha alertado siempre a los Jueces para estimar válido ese aporte probatorio, siempre que no sea posible la intervención de testigos directos “.Por otro lado, Climent Duran (Climent Duran, Carlos, en La Prueba Penal, Doctrina y Jurisprudencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 164.) expresa que “… la esencia de la prueba testifical es que está referida a las declaraciones que hace cualquier persona sobre aquello que ha visto u oído personal y directamente. El testimonio del testigo se caracteriza por su inmediación con el acontecimiento que ha presenciado visual o auditivamente. Pero por razones de justicia material se otorga validez a lo declarado por el testigo de referencia, pese a que éste no ha presenciado personalmente sobre el suceso el que declara. Aunque la admisión de esta prueba se hace con grandes cautelas, siempre que no sea posible oír el testimonio del testigo presencial de tal suceso. Y además se viene exigiendo que, al lado de la declaración del testigo de referencia, concurra alguna otra prueba de cargo, de manera tal que se impide un pronunciamiento condenatorio basado exclusivamente en una prueba testifical de referencia.”.Conforme a los artículos 199 y 330 del Código Procesal Penal, podemos concluir que la presentación de los Testigos de Referencia es permitida en el proceso penal, habida cuenta se rige por el Principio de Libertad Probatoria; testigos que pueden ser ofertados en cualquier etapa del proceso, si se considera que el artículo 199 se encuentra en el capítulo de las Disposiciones Generales de la Prueba, es decir que gobierna toda actividad probatoria, pero supeditados a las siguientes condiciones legales: A). CONCURSO DE TESTIGOS PRESENCIALES Y TESTIGOS DE REFERENCIA EN LA AUDIENCIA: 1. Las partes podrán ofertar como prueba testigos de referencias y testigos presenciales respecto a un mismo hecho de interés para la causa penal; y 2. La valoración de los testigos de referencia deberá de realizarse de manera conjunta con el resto de la carga probatoria, en especial con los testigos presenciales que refieran a los mismos hechos; también en especial respecto a los testigos que sean fuente de la información que reproduzcan los testigos de referencia.- En todos los casos el Órgano Jurisdiccional no podrá sobreponer la declaración del testigo de referencia por sobre la del testigo presencial, cuando unos y otros merezcan para los juzgadores igual crédito. B). CONCURSO DE SOLO TESTIGOS DE REFERENCIA EN LA AUDIENCIA: 1. Los Órganos Jurisdiccionales podrán valorar como única fuente de información lo dicho por testigos de referencia cuando no existan (o al menos se hayan identificado aún) Testigos Presenciales que puedan declarar sobre un mismo hecho de interés; igualmente ocurrirá cuando sea imposible o extremadamente difícil la comparecencia de los testigos presenciales a la audiencia; 2. Los Testigos de Referencia deberán de dar cuenta de la fuente de la información que reproducen, razón por la cual está en su conocimiento y en especial de la persona de cuyo origen se deriva; 3. Los testigos de Referencia deberán de ser valorados de manera conjunta con el resto de los medios probatorios propuestos, a efecto de verificar su veracidad; y 4. Los testigos de referencia no podrán en ningún caso ser único sustento probatorio de una resolución judicial que limite o restrinja derechos fundamentales. 5. De la Procedencia del Recurso EL RECURSO ES DE RECIBO.-En el estudio de la suficiencia probatoria, es importante hacer un recuento de la prueba que fue propuesta y admitida para la audiencia de debate, toda ella propuesta por el Ministerio Público sin que la Defensa hiciese oferta, ello permitirá no solo poder discriminar cual de ella fue propuesta para la acreditación del delito y cual para la acreditación de la supuesta participación de los acusados en los hechos, sino para poder determinar si la denuncia hecha por los Recurrentes es correcta en cuanto a la falta de suficiencia probatoria; la prueba propuesta fue: Prueba para Acreditar la existencia del delito:

MEDIO DE PRUEBA

PRETENCIÓN PROBATORIA

Testifical: E. C.;

Acreditar las Razones por las Cuales las Víctimas se encontraban en el lugar en donde fueron ultimadas;

Testifical: Testigo RL-11

Testigo Presencial del hecho que se propuso para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de los acusados L. B. y W. M.;

Testifical: Y. W. G.

Acreditar los actos de investigación que realizo la policía hasta la aprehensión de los acusados;

Documental: Acta de Inspección Ocular y Levantamiento Cadavérico 686-2011 y álbum fotográfico;

Acreditar como fueron encontrados los cuerpos de las víctimas y la evidencia recogida en el lugar;

Dictamen Pericial: Autopsia 979-2011

Acreditar la forma y manera de muerte provocada al Señor R. M.;

Dictamen Pericial: Autopsia 981-2011

Acreditar la forma y manera de muerte provocada al Señor L. M.;

Prueba para Acreditar la participación de los acusados en el delito:

MEDIO DE PRUEBA

PRETENCIÓN PROBATORIA

Testifical: Testigo RL-11

Testigo Presencial del hecho que se propuso para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de los acusados L. B. y W. M.;

Testifical: Y. W.G.

Acreditar los actos de investigación que realizo la policía hasta la aprehensión de los acusados;

Respecto a la existencia del delito los Recurrentes no hacen ningún reparo, dando por aceptado lo señalado en los hechos declarados probados de que el día 09 de abril de 2011, entre las diez y once de la noche, en la Colonia El Sitio No. 3, sector de Lomas del Carmen, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, se encontraban estacionado en la calle el vehículo tipo pick-up, marca Ford, color blanco, placas PBX2906 y en su interior los señores R. D. M. L. en el asiento del conductor y la señora L. M. M. en el asiento del pasajero, cuando fueron atacados por un grupo de personas quienes les dispararon, impactándole al señor R. M. en cuatro ocasiones y a la señora L. M. en tres ocasiones, perdiendo la vida ambos como consecuencia de las heridas producidas por los disparos. Conforme el Acta de Levantamiento de Cadáver, a la cual el Tribunal de Sentencia concedió pleno valor probatorio (f. 168), se encontró los cuerpos de las víctimas en el interior del vehículo, y además en el suelo costado izquierdo del vehículo un casquillo percutido y en el suelo del costado derecho del vehículo otro casquillo percutido; además el documento reporta que el vidrio frontal del vehículo presentaba en el lado izquierdo un orificio producido por el ingreso de un proyectil y otro orificio sin señalarse el lugar.- Adicionalmente fueron evacuados los Dictámenes de Autopsia los que reportan: i. El ofendido R. M., presentaba 4 heridas producidas por proyectil de arma de fuego, tres de las cuales ubicadas en el costado izquierdo (frente, rostro y cuello) y una de ella en el costado derecho del cuerpo (en espalda); y ii. La ofendida L. M. M., presentaba tres heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, todas ellas en el lado derecho del cuerpo (rostro, región occipital y clavícula). Estos medios de prueba ayudan a determinar lo siguiente: 1. Los ofendidos fueron agredidos mientras se encontraban en el interior del vehículo: el ofendido R. M. en el asiento del conductor y la ofendida L. M. en el lado del pasajero; 2. La agresión sufrida por los ofendidos fue realizada de manera simultánea; 3. La agresión sufrida por el ofendido R. M., se originó desde el exterior del vehículo, lado izquierdo, estando los atacantes a corta distancia; 4. La agresión sufrida por la ofendida L. M., se originó desde el exterior del vehículo lado derecho, estando los atacantes a corta distancia; 5. El ataque, al ser simultaneo y producido desde los costados del vehículo, implica la participación de cuando menos dos personas distintas y el uso de cuando menos dos armas de fuego distintas. Teniendo como marco tales hechos, declarados así por el Tribunal de Sentencia y aceptados por los Recurrentes (a falta de reparo), corresponde determinar si la prueba restante aporta elementos suficientes para arrebatar el estado material de inocencia de los acusados, prueba que se limita a dos declaraciones testificales, una de las cuales fue introducida por lectura en la audiencia de debate: 1. La señora Y. W. G. A., agente de investigación, asignada a la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal, en San Pedro Sula, se presentó a la audiencia de debate informando las diferentes diligencias de investigación que desarrolló en torno a la muerte de los ofendidos; relató que los ofendidos fueron víctimas primero de un delito de robo, sustrayéndoles los atacantes el dinero que era la ofrenda para la iglesia y que después le dispararon; explicó que al siguiente día que se realizó el levantamiento cadavérico ubicó “como a tres o cuatro” testigos presenciales, a los cuales tomó declaración, quienes le informaron, quienes eran los autores del delito, identificándolos por sus alias: “La Chancha”, “El Chino” y otros que no recuerda, y que posteriormente realizó ella directamente vigilancia en varios días y horas, luego de lo cual se realizaron allanamientos en la casa de los sospechosos ubicadas gracias a los testigos y posteriormente las aprehensiones, luego de lo cual los testigos realizaron reconocimiento fotográfico, reconociendo a los acusados presentes en la audiencia de debate..Los Recurrentes se oponen a la valoración positiva realizada por el Tribunal de Sentencia al señalar que la testigo es de referencia, que sus conocimientos tienen como fuentes otros testigos y que sus dichos no pueden ser corroborados por otra prueba. Protesta que es de recibo, por cuanto la Señora Y.G., refiere como fuente de su información las declaraciones que recibió de testigos de los hechos, los cuales no supo indicar si eran tres o cuatro personas, además la señora G. no detalló quienes eran su fuente de información, quienes eran esos testigos, como fueron ubicados, cuando les fue tomada su declaración y cuál fue el contenido de la declaración de cada uno de ellos, inobservándose el mandato del primer párrafo del artículo 330 del Código Procesal Penal, además la señora G. no explicó, ni tampoco lo hizo el Ministerio Público, por qué esos tres a cuatro testigos no pudieron ser citados para comparecer a debate, por lo que ante tal falta de justificación se presenta la prohibición que impone el artículo 199 del Código Procesal Penal, en cuanto a que “Existiendo testigos presenciales, y siendo posible su citación a juicio, su testimonio no podrá ser discutido por testigos de referencia.”.Por otro lado la señora G. describe la realización de varias actuaciones de investigación, como toma de declaración de testigos (de tres o cuatro personas), vigilancias, allanamientos y reconocimiento fotográfico, actuaciones que deben de ser documentadas en actas, las cuales ninguna de ellas constituye medio de prueba de debate por lo que es correcto de parte de los Recurrentes el resentir la falta de respaldo probatorio a lo que la testigo declaró; esto resulta ser importante no solo como respaldo al contenido de la declaración de la testigo G., sino que permitiría poder entender como la testigo pudo realizar ella misma las vigilancias de las viviendas de todas las personas sospechosas, varios días y en varias horas. 2. Testigo RL-11 (Declaración Introducida por Lectura): En la audiencia inicial el testigo refirió que el 09 de abril, alrededor de las 10:45 p.m., se encontraba escuchando música detrás de un muro, observando que un vehículo blanco, doble cabina de la empresa AMNET, se estacionó; que de repente dos personas: Odin alias “El Diablo”se puso al lado del muchacho, y Alex alias “El Piojo” al lado de la muchacha, y después tres sujetos más: “El Chino”, “La Chancha” y “El Gato”; que el muchacho (ofendido) trató de sacarse una biblia entre las piernas cuando Odin “El Diablo” sacó una pistola y le disparó; dos personas más “El Brayan” y “El Primo”, se quedaron como a tres metros de distancia a vigilar si venía alguien; que andaban armas: 38 tambor, una escuadra de chifle, que eran tres armas por todo; que .El Diablo” andaba un arma de chifle y una 40 (milímetros); que “El Piojo” andaba un arma de chifle y otra de Tambor; que a “La Chancha” se le miraban dos armas: una de tambor y una de chifle y que “El Chino” andaba una de tambor, la cual disparó cuatro veces a los dos (ofendidos); que de los cinco solo dos dispararon; que ninguno de ellos (los agresores) tomó algo, que después de los disparos alguno de ellos salieron, se dirigieron a la calle de la colonia y otros se quedaron escondidos en un carro rojo; describió el testigo que se quedó en el lugar después de los disparos, el cual estaba a cinco o seis metros de distancia de donde ocurrieron los hechos; explicó el testigo que a O., “El Piojo”, “La Chancha” y “El Morado” los conoce desde pequeños; que al “El Chino” y “El Primo” desde hace poco; que en la sala de audiencias se encontraba “La Chancha” y “El Chino” y que están ausentes“ El Gato”, O. alias “El Diablo” y “El Piojo” .Al igual que el Tribunal de Sentencia, la Sala de lo Penal se empodera de la declaración del testigo mediante la lectura del acta de la audiencia inicial en la cual aparece transcrita, y contrario a la impresión del A-Quo, la cual fue calificada como creíble, lo que constituye una conclusión incorrectamente derivada, en ocasión de algunos aspectos contenidos en la declaración que hacen meya en tal credibilidad, a saber: i. Capacidad de percibir los hechos del testigo: Señala que estaba detrás de un muro y que desde allí observó los hechos, sin explicar cómo fue posible estar detrás de un muro y ver el hecho o, en su defecto exponer parte de su cuerpo fuera del resguardo del muro sin ser visto por los agresores a una distancia entre cinco a seis metros; por otra parte el testigo con precisión señala que en el asiento del conductor estaba sentado un muchacho y en el asiento del pasajero una muchacha, sin explicar cuándo obtuvo esa información (al momento del hecho o de manera posterior), ni cómo (lo observó directamente o le fue informado); también el testigo fue extraordinariamente descriptivo respecto a los calibres de las armas de fuego que portaban los agresores, aun cuando los hechos ocurrieron de noche, aun cuando eran varios agresores ubicados en diferentes posiciones (en los costados del vehículo), realizando una acción con mucha dinámica en pocos minutos, por lo que requería del testigo revelar como pudo percibir el tipo de armas involucradas; el testigo describe que el ofendido R. M., intentó tomar una biblia entre sus piernas y que fue en ese momento en que O. “El Diablo” le disparo, lo que es un hecho que solo pudo haberlo percibido estando de pie junto a la ventanilla del conductor pues solo así podría explicar reconocer que era una biblia el objeto sino que estaba entre las piernas del ofendido y que éste intentó tomarla, pero contrario a ello el testigo señala que se encontraba entre cinco a seis metros de distancia lugar; ii. Contradicciones del Testigo: El testigo señaló primero que en el hecho participaron solamente tres armas de fuego, pero al describir que armas andaba cada uno de los agresores, describió la presencia de siete armas de fuego distintas; por otra parte, el testigo señala primero que dispararon en contra de los ofendidos O. “El Diablo”, “El Piojo” y el “El Chino”, después señala que fueron dos personas las que dispararon. 3. Contradicciones entre la testigo Y. W. G. y el Testigo RL-11: La Agente de Investigación G. señala que los agresores despojaron a los ofendidos de una cantidad de dinero (la cual no determina), que estaba destinada a dar como ofrenda a la Iglesia (tampoco explica como obtuvo la información del destino que se le iba a dar al dinero), pero contrario a ello el Testigo RL-11, que es un supuesto testigo presencial, afirma que los agresores no tomaron nada pertenecientes a los ofendidos; a pesar de tal contradicción el Tribunal de Sentencia tildo a ambos medios de prueba como creíbles, incurriendo en violación al Principio de Identidad. 4. Insuficiencia Investigativa: La Agente Y.W. G. señaló haber hecho diligencias de investigación en el presente caso que le llevó a la identificación y aprehensión de los responsables del delito; sin embargo lo señalado no se vio reflejado en juicio, pues ninguna de las armas usadas por los agresores fue presentada en juicio, no fueron objeto de comparación balística los casquillos percutidos recogidos en la escena a fin de determinar si fueron eyectados de una sola arma o de dos, no se realizó peritaje balístico de trayectoria exterior basado en los daños por proyectil de arma de fuego que presentaba el vehículo, afín de determinar el trayecto de los proyectiles y su compatibilidad con las lesiones que presentaban los cadáveres de los ofendidos, tampoco fueron presentados los testigos presenciales que la agente señala entrevistó al día siguiente de los hechos. La Sentencia condenatoria en la que se declara la responsabilidad penal por dos delitos de Homicidio a los acusados L. A. B. J. y W. J. M. C., con la imposición de una pena de treinta (30) y treinta y cuatro (34) años de reclusión respectivamente, se basa en la declaración de dos testigos: La testigo Y.W. G., la cual es de referencia y cuya valoración no puede ser apreciada por mandato del artículo 199 y 330 del Código Procesal Penal y del testigo RL-11, cuyo testimonio fue introducido por lectura a debate, privándole a las partes de poder hacer contradictorio y al Tribunal de Sentencia de la inmediación de sus dichos y que además y principalmente es un testimonio poco claro, no especifico y contradictorio. Como consecuencia la prueba llamada a señalar de manera cierta e indubitada que los acusados participaron activamente en la muerte de los ofendidos, no resulta tener tal categoría, sino que más bien al ser dubitada y por ende poco fiable se convierte en insuficiente para desaforar a los acusados de su estado material de inocencia; ergo la sentencia al contener un pronunciamiento condenatorio adoleciendo de suficiente prueba es violatoria al Derecho/Principio de Inocencia y por ende debe de ser otorgados los recursos interpuestos. V. DECISIÓN Ha Lugar los dos Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, cada uno en sus motivos únicos. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal. FALLA:PRIMERO: Declara HA LUGAR los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus únicos motivos, por violación al Estado Material de Inocencia, interpuesto por la Defensa Pública. SEGUNDO: Casa la sentencia de fecha veinticinco (25) de Julio del año dos mil trece (2013) (f. 167), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; TERCERO: REVOCA el pronunciamiento condenatorio; en consecuencia se procede a dictar la siguiente sentencia de fondo: 1. Debemos Absolver y se absuelve los acusados L. A. B. J. y W. J. M. C., como coautores responsable de dos delitos consumados de Homicidio, en perjuicio de los señores R. D. M. L. y L. M. M. L.; 2. Declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal.- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique a la representación del Ministerio Público y a la representación de la Defensa Pública del presente fallo y oportunamente devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-329-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1] Vid. Sentencia dictada por la Sala de lo Penal en el Recurso de Casación No. SP-02-2009, de fecha 25 de octubre de 2010.

[2] TENA ARAGON, María Félix, Manual de Derecho Constitucional, página 34, inciso 7.

[3] Vid. Sentencia dictada por la Sala de lo Penal en el Recurso de Casación No. SP-02-2009, de fecha 25 de octubre de 2010.

[4] TENA ARAGON, María Félix, Manual de Derecho Constitucional, página 34, inciso 7.

[5]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.