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Sentencia CP-324-14 — Registro 13683

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de secuestro, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO ES DE RECIBO.- Se avoca esta Sala de lo Penal a la Fundamentación Jurídica de la Sentencia (f. 251 v.), en busca del análisis jurídico realizado por los Juzgadores que les llevó a elegir el párrafo quinto del artículo 192 del Código Penal como aquel que debía de gobernar el caso concreto: i.- Relacionaron los Jueces que el pago exigido por los acusados para dejar el libertad a la ofendida nunca fue recibido, esto porque aquellos decidieron dejarla en libertad ante la movilización policial dentro del sector donde la mantenían cautiva (f. 252 v.); ii.- Que concurren como como Agravante específica que la privación de la libertad de la ofendida se prolongó por más de 24 horas (f. 254); y iii.- Que se observa como Atenuante especifica que los acusados le brindaron a la ofendida las condiciones, medios y bienes necesarios para satisfacer sus necesidades básicas (F. 254). Concluyeron los Juzgadores que por lo apuntado correspondía imponer al acusado Diego Zuniga la pena principal de reclusión de diez (10) años; entretanto al acusado Erick Alexander Mejia, la pena principal de reclusión de doce (12) años, pues contra éste se aprecia la agravante general de reincidencia; sumado a lo anterior las penas accesorias correspondientes. Lo decidido por los Juzgadores constituye una aplicación errónea del quinto párrafo del artículo 192 del Código Penal que prevé una disminución de pena como consecuencia de un desistimiento en la consecución de la consumación de un delito de resultado como lo es el Delito de Secuestro, ello debido a: 1. No existe en los hechos declarados probados la descripción de conducta realizada por los acusados Diego Zúñiga y Erick Mejia, ni conjunta ni individualmente, que constituya desistimiento voluntario. En el hecho probado “Primero”, se describe que el 09 de agosto de 2010, fue interceptada y privada de la libertad la Señora Ana Ruth Cruz, por cuatro personas siendo una de ellas el acusado diego Zúñiga Orellana; en el hecho Probado “Segundo” se describe el requerimiento de entrega de dinero hecho al esposo de la ofendida: Israel Bu Zúñiga, en concepto de pago por dejar en libertad a la ofendida, hecho por el acusado Erick Alexander Mejia; en el hecho probado “Tercero” y “Cuarto”, se señala como el Grupo Especial Antisecuestro (GEAS), tuvo información de la participación de los acusados en el delito, requiriéndolos por ello e incautándoles teléfonos celulares. Ninguno de los cuatro hechos declarados probados (f. 239 v y 240) se hace relación sobre la fecha, hora y forma en que fue puesta en libertad la ofendida Ana Ruth Cruz Orellana, mucho menos mención de que esto haya sido gracias a una conducta voluntaria y espontanea de los acusados; los hechos probados se limitan a describir como los acusados, siguiendo un plan preconcebido (coautoría), privaron de la libertad a la ofendida y solicitaron a su esposo la entrega de dinero a cambio de su libertad (Secuestro Extorsivo). Al no estar reflejado en los hechos declarados probados un acto de desistimiento, la aplicación del quinto párrafo del artículo 192 del Código Penal para efectos de determinar la pena abstracta a imponer es incorrecto, debiendo entonces estarse a la pena general, descrita en el primer párrafo del artículo. 2. Por otra parte lo señalado por el Tribunal de Sentencia en la Fundamentación Jurídica tampoco constituye desistimiento: El hecho de que se decida dejar en libertad a la ofendida como consecuencia de la presencia policial en la zona en donde esta cautiva, no es un acto voluntario nacido de un desinterés en la prosecución delito, sino que constituye un hecho externo que constituía un riesgo real e inminente de ser descubiertos, identificados como responsables, capturados como tales y sancionados como consecuencia. La pena abstracta que corresponde imponer en el presente caso es de veinte años a la privación de la libertad de por vida; considerando lo señalado por el Tribunal de Sentencia sobre la existencia de agravantes y atenuantes, esta Sala de lo Penal es del parecer que se debe de imponer al acusado Diego Zúñiga la pena mínima de reclusión (20 años) y al acusado Erick Mejia, la pena mínima de reclusión sumando a dos años (22 años), adecuando en ambos casos las penas accesorias correspondientes al tiempo señalado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero pronuncia, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La Sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 324-2014, por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Diego Zuñiga Orellana, como autor responsable del delito de Secuestro, en perjuicio de la señora Ana Ruth Cruz Orellana, a la pena de diez (10) años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Diego Zuñiga Orellana a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del condenado Diego Zuniga Orellana.- Cuarto: Condenó al señor Erick Alexander Mejia Lara, como autor responsable del delito de Secuestro, en perjuicio de la señora Ana Ruth Cruz Orellana, a la pena de doce (12) años de reclusión.- Quinto: Condenó al señor Erick Alexander Mejia Lara, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- Sexto: Se declaró la responsabilidad civil del condenado Erick Alexander Mejia Lara.- Séptimo: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada Karla Yamileth Guerra Guerra, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son partes: La Abogada Miriam Emilda García, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y el Abogado Josué Reniery Flores Mencias, Defensor Privado, apoderado legal del Señor Diego Zúñiga Orellana, en su condición de Recurrido. II. HECHOS PROBADOS EN LA PRIMERA INSTANCIA Primero: En fecha 09 de Agosto del 2010, a eso de las ocho con treinta minutos de la mañana, cuando la señora Ana Ruth Cruz Orellana, salía de su casa de habitación en el sector de la aldea La Campana, Cortés, para dirigirse al sector de Baracoa, Cortés, fue interceptada por un vehículo, tipo turismo, color gris, marca Mazda 323, año 2003, placas PBK3615, en el cual se conducían cuatro individuos, entre ellos Diego Zuñiga Orellana, quienes bajaron de su vehículo a la señora Ana Ruth y la introdujeron al vehículo ya descrito, llevándosela por una calle de tierra, donde la trasladaron a otro vehículo color rojo, donde la condujeron finalmente hasta el sector de Río Blanquito, donde permaneció cautiva por espacio de cuatro días. Segundo: Ese mismo día 09 de Agosto del 2010, aproximadamente a las 10:00 am, el señor Israel Bu Zuñiga, esposo de la señora Ana Ruth Cruz Orellana, recibió a su teléfono número 999117174, una primera llamada donde le informaban que tenían plagiada a su esposa y que querían dinero a cambio de su liberación, siendo esta llamada originada desde el teléfono 96057682, hecha por el señor Erick Alexander Mejia Lara, quien se identificó como Don Armando, exigiéndole la cantidad de 12 millones de Lempiras por la liberación de doña Ana Ruth, extendiéndose dichas negociaciones los días 11 y 12 de Agosto del 2010, recibiendo don Israel un total de ocho llamadas. Tercero: En fecha 12 de Agosto del 2010, agentes del Grupo Especial Antisecuestro de la Policía Preventiva, conocidos como GEAS, recibieron información anónima, en la cual les manifestaban que los señores Diego Zuñiga Orellana Y Erick Alexander Mejia Lara, eran dos de las personas implicadas en el plagio de la señora Cruz Orellana, indicándoles que el señor Erick Mejia quien se encontraba guardando prisión en el Centro Penal de Santa Rosa de Copán, era el encargado de negociar un rescate a cambio de la liberación de la señora Ana Ruth, así mismo les refirieron las características del vehículo que conducía el señor Diego Zuñiga a bordo del cual llegarían a la Gasolinera UNO del segundo anillo de circunvalación en horas de la noche, por lo cual los agentes de GEAS montaron un operativo dividido en dos grupos, el primero para dar detención al señor Diego Zuñiga, quien efectivamente llegó a la gasolinera mencionada en compañía de otro sujeto, a bordo de un vehículo turismo, color gris, marca Mazda 323, pero éstos al percatarse de la presencia policial, intentan darse a la fuga, siendo interceptados a la altura del puente a desnivel de Megaplaza, logrando decomisarle al señor ZUÑIGA tres celulares con las siguientes características: uno marca Nokia, color gris y azul, con número de IMEI 011656009330164 y con numero de chip 89970131, otro marca Nokia color plateado, con número de IMEI 352925023458203, con número de chip 95203277 y un teléfono celular, marca Motorola, color rosado, con numero de IMEI 31581880029300485, sin chip. Posteriormente cuando el vehículo policial donde era conducido el señor Zuñiga pasaba por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, Diego Zuñiga y su acompañante se lanzaron del automotor en marcha logrando darse a la fuga, no obstante, fue recapturado esa misma noche, como a eso de las once o doce de la medianoche en el Hotel Villa Nuria de esta ciudad. Cuarto: Mientras tanto el segundo grupo del grupo GEAS se apersonó en el Centro Penal de la ciudad de Santa Rosa de Copán, como a eso de las ocho de la noche del día 12 de Agosto del 2010, donde realizaron una requisa en la celda privada donde permanecía cumpliendo prisión preventiva el señor Erick Alexander Mejia Lara, decomisándole dos aparatos celulares, uno marca LG, color negro, con número de IMEI 01132500095006100 y con numero de chip 96057682, que era utilizado por el señor Mejia Lara para negociar la liberación de la señora Ana Ruth Cruz Orellana, con el esposo de dicha señora y otro marca Nokia color negro con gris, con número de IMEI 011777004279485, con número de chip 89488323, el cual era utilizado por el señor Erick Alexander para mantener una comunicación fluida con el señor Diego Zúñiga a uno de los números celulares que le fue decomisado a este último, siendo el número 89970131, manteniendo entre ellos un promedio 83 comunicaciones realizadas durante los días 11 y 12 de Agosto del 2010, entre llamadas y mensajes de texto con el objeto de coordinarse durante el plagio de la señora Ana Ruth Cruz Orellana. III. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS Motivo Único: “Interpretación errónea del artículo 192 del Código Penal” Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El precepto penal y legal citado como infringido por Interpretación Errónea textualmente establece: Artículo 192 del Código Penal: “Secuestro. Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño y otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de sus libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos y otra utilidad o beneficio; b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; y c) Publicitarios o políticos. De concurrir alguna de las circunstancias siguientes, la pena aplicable será de: 1) Cuarenta (40) años de reclusión a privación de libertad de por vida si se ocasionare o diere lugar la muerte del secuestrado; 2) Treinta (30) años de reclusión a privación de libertad de por vida si el secuestrado, o cualquier otra persona, muriere con motivo del proceso del rescate. Si los secuestradores desistiesen liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado, la pena aplicable será de diez (10) a veinte (20) años de reclusión. Si con motivo de la liberación muriesen miembros de la autoridad o cualquier otra persona que intervenga, se aplicará lo dispuesto en el numeral 2) de este artículo Con la misma pena establecida en el numeral 2), rebajada la pena mínima en un tercio (1/3), se sancionará a los responsables, si con motivo del proceso de rescate, la víctima o cualquier otra persona sufrieren lesiones”. Los hechos declarados probados por el Juzgador fueron los siguientes: “Primero: En fecha 09 de Agosto del 2010, a eso de las ocho con treinta minutos de la mañana, cuando la señora Ana Ruth Cruz Orellana, salía de su casa de habitación en el sector de la aldea La Campana, Cortés, para dirigirse al sector de Baracoa, Cortés, fue interceptada por un vehículo, tipo turismo, color gris, marca Mazda 323, año 2003, placas PBK36 15, en el cual se conducían cuatro individuos, entre ellos Diego Zúñiga Orellana, quienes bajaron de su vehículo a la señora Ana Ruth y la introdujeron al vehículo ya descrito, llevándosela por una calle de tierra, donde la trasladaron a otro vehículo color rojo, donde la condujeron finalmente hasta el sector de Río Blanquito, donde permaneció cautiva por espacio de cuatro días”. Segundo: Ese mismo día 09 de Agosto del 2010, aproximadamente a las 10:00 am, el señor Israel Bu Zúñiga, esposo de la señora Ana Ruth Cruz Orellana, recibió a su teléfono número 999117174, una primera llamada donde le informaban que tenían plagiada a su esposa y que querían dinero a cambio de su liberación, siendo ésta llamada originada desde el teléfono 96057682, hecha por el señor Erick Alexander Mejía Lara, quien se identificó como Don Armando, exigiéndole la cantidad de 12 millones de Lempiras por la liberación de doña Ana Ruth, extendiéndose dichas negociaciones los días 11 y 12 de Agosto del 2010, recibiendo don Israel un total de ocho llamadas. Tercero: En fecha doce de Agosto del 2010, agentes del Grupo Especial Antisecuestro de la Policía Preventiva, conocidos como GEAS, recibieron información anónima, en la cual les manifestaban que los señores Diego Zúñiga Orellana y Erick Alexander Mejía Lara, eran dos de las personas implicadas en el plagio de la señora Cruz Orellana, indicándoles que el señor Erick Mejía quien se encontraba guardando prisión en el Centro Penal de Santa Rosa de Copán, era el encargado de negociar un rescate a cambio de la liberación de la señora Ana Ruth, así mismo les refirieron las características del vehículo que conducía el señor Diego Zúñiga a bordo del cual llegarían a la Gasolinera UNO del segundo anillo de circunvalación en horas de la noche, por lo cual los agentes del GEAS montaron un operativo dividido en dos grupos, el primero para dar detención al señor Diego Zúñiga, quien efectivamente llegó a la gasolinera mencionada en compañía de otro sujeto, a bordo de un vehículo turismo, color gris, marca Mazda 323, pero éstos al percatarse de la presencia policial, intentan darse a la fuga, siendo interceptados a la altura del puente a desnivel de Megaplaza, logrando decomisarle al señor Zúñiga tres celulares con las siguientes características: uno marca Nokia, color gris y azul, con número de IMEI 011656009330164 y con número de chip 89970131, otro marca Nokia color plateado, con número de IMEI 352925023458203, con número de chip 952O3277 y un teléfono celular marca Motorola, color rosado, con número de IMEI 31581880029300485, sin chip. Posteriormente cuando el vehículo policial donde era conducido el señor Zúñiga pasaba por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, Diego Zúñiga y su acompañante se lanzaron del automotor en marcha logrando darse a la fuga, no obstante fue recapturado esa misma noche, como a eso de las once o doce de la medianoche en el Hotel Villa Nuria de esta ciudad. Cuarto: Mientras tanto el segundo grupo del grupo GEAS se apersonó en el Centro Penal de la ciudad de Santa Rosa de Copán, como a eso de las ocho de la noche del día 12 de Agosto del 2010, donde realizaron una requisa en la celda privada donde permanecía cumpliendo prisión preventiva el señor Erick Alexander Mejía Lara, decomisándole dos aparatos celulares, uno marca LG, color negro con número de IMEI O11325000950061OO y con número de chip 96057682, que era utilizado por el señor Mejía Lara para negociar la liberación de la señora Ana Ruth Cruz Orellana, con el esposo de dicha señora y otro marca Nokia color negro con gris, con número de IMEI 011777004279485, con número de chip 89488323, el cual era utilizado por el señor Erick Alexander para mantener una comunicación fluida con el señor Diego Zúñiga a uno de los números celulares que le fue decomisado a este último, siendo el número 89970131, manteniendo entre ellos un promedio de 83 comunicaciones realizadas durante los días 11 y 12 de Agosto de 2010, entre llamadas y mensajes de texto con el objeto de coordinarse durante el plagio de la señora Ana Ruth Cruz Orellana”. Según se consigna en el factum, los imputados ejecutaron acciones tipificadas en la Ley penal como delito de Secuestro Consumado tipificado en el artículo 192 del Código Penal. Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una interpretación errónea de dicho artículo al estimar el juzgador que el relato fáctico anteriormente descrito se acopla a lo dispuesto en el párrafo quinto de dicha norma penal, es decir el que textualmente establece: “Si los secuestradores desistiesen liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado, la pena aplicable será de diez (10) a veinte (20) años de reclusión” Aplicando el sentenciador, la Ley, con un sentido distinto al que verdaderamente tiene, ya que aunque citó adecuadamente el artículo 192 como el aplicable al relato fáctico, no le dio su significación precisa; lo que hace evidente el vicio que dio origen a la presente impugnación. La interpretación efectuada erróneamente es la que específicamente describe el desistimiento de la acción por parte del imputado o imputados de forma voluntaria; lo que no resulta aplicable a la presente causa, ya que los hechos declarados probados por el sentenciador no dejan entrever acción alguna que indique el desistimiento voluntario por parte de los imputados; por lo que la figura del desistimiento es totalmente ajena al contenido del factum. En relación hacemos referencia al numeral Segundo del apartado de la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada, en cuyo último párrafo el juzgador refirió: “...ha quedado suficientemente acreditado que la señora Ana Ruth Cruz Orellana fue sustraída, habiendo participado materialmente en dicha sustracción cuatro personas, entre ellas el imputado Diego Zúñiga Orellana, luego la víctima fue privada de su libertad y llevada hasta un inmueble ubicado en el sector de Rio Blanquito, Cortés, donde permaneció bajo el cuidado de varias personas, mientras su esposo recibía llamadas extorsivas, por parte de Erick Alexander Mejía Lara, exigiéndole el pago del dinero a cambio de la libertad de la ofendida, sin embargo este pago no se hizo efectivo ya que las personas encargadas de la custodia de la víctima, decidieron dejarla en libertad ante la movilización _policial dentro del sector donde mantenían privada de su libertad a la ofendida, siendo encontrada por la policía. El elemento objetivo del tipo se cumple a cabalidad en el presente caso, donde se ha demostrado sin lugar a dudas la participación de los encausados” (lo resaltado no pertenece al texto original). Asimismo en el último párrafo del numeral Sexto de la Fundamentación Jurídica el sentenciador señaló: “Por las anteriores consideraciones de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 del Código Penal, los señores Diego Zúñiga Orellana y Erick Alexander Mejía Lara, deben responder en su calidad de Autores de los hechos y debe aplicárseles una pena conforme a lo establecido en el artículo 192, quinto párrafo del Código Penal que señala: Si los secuestradores desistieren liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado, la pena aplicable será de diez (10) a veinte (20) años de reclusión”. Las anteriores apreciaciones por parte del sentenciador dejan evidenciado el vicio al que hemos hecho referencia, ya que la ofendida no fue dejada en libertad de forma voluntaria sino que esto sucedió como consecuencia de la presencia policial en el lugar donde la ofendida se encontraba privada de libertad, lo que no constituye un desistimiento voluntario, en lo absoluto; nuestra posición tiene fundamento en la doctrina, así como en criterios ya definidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de la cual haremos referencia a la sentencia CP-187-2009, dictada en fecha 15 de Diciembre de 2010, mediante la cual estimó: “La doctrina entiende de manera unánime que, la figura del desistimiento se produce cuando, habiéndose realizado actos ejecutivos de un delito, éste no llega a consumarse por la libre decisión del autor, es decir, cuando el autor de manera libre y espontánea abandona el hecho delictivo que ya ha iniciado... El desistimiento voluntario se entiende en el sentido estricto de desistimiento voluntario del plan del sujeto: quien deja de disparar a su víctima ante la irrupción de la policía, desiste de la consumación cuando está todavía era materialmente posible, pero si lo hace es porque ya no puede realizar su plan tal como lo había decidido (sin la presencia de la policía), por lo que no desiste voluntariamente de dicho plan ----a diferencia de lo que ocurría si su plan fuese disparar ante la policía (como en un caso de atentado terrorista)----. No sería desistimiento voluntario la decisión oportunista de abandonar la ejecución ante un cambio de circunstancias que hace que deje de interesarle según su plan...” (Lo subrayado no corresponde al texto original). De las anteriores apreciaciones podemos concluir que la norma a la que se ha hecho referencia y que sirve de fundamento al presente motivo del recurso, fue interpretada erróneamente ya que como se expresó anteriormente, de los hechos probados no se desprende acción alguna que evidencie un desistimiento voluntario por parte de los imputados. Al analizar la sentencia impugnada, se concluye que del factum se puede sustraer los siguientes extremos: 1.- Que los imputados Diego Zúñiga Orellana y Erick Alexander Mejía Lara luego de sustraer y trasladar contra su voluntad a la señora Ana Ruth Cruz, la mantuvieron cautiva durante cuatro días, pidiéndole al esposo de la víctima la cantidad de 12 millones de Lempiras, a cambio de su liberación. 2.- Que el grupo Geas de la Policía Antisecuestro montó un operativo logrando dar detención al imputado Diego Zúñiga y requisando la celda privada del imputado Erick Alexander Mejía, decomisándoles a ambos teléfonos celulares mediante los cuales se verificó que entre ellos habían mantenido un promedio de 83 comunicaciones entre llamadas y mensajes durante los días 11 y 12 de Agosto de 2010, con el objeto de coordinarse durante el plagio de la señora Ana Ruth Cruz. 3.- Que la ofendida fue dejada en libertad cuando sus captores se vieron acorralados por la Policía que irrumpió en el área donde ésta permanecía en cautiverio. Extremos todos, que se configuran en el ilícito tipificado en la norma penal que se relaciona como infringida, como un delito consumado de Secuestro en el cual no existió un desistimiento voluntario de la acción por parte de los imputados. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que los procesados Diego Zúñiga Orellana Y Erick Alexander Mejía Lara, ejecutaron acciones constitutivas del delito de Secuestro Consumado el cual según el párrafo primero del artículo 192 del Código Penal será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no hubiesen conseguido su propósito, así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber considerado que los imputados realizaron actos propios de desistir voluntariamente de su acción y al dictar tal sentencia como resultado de dicha errónea apreciación, ha producido en consecuencia la infracción al precepto penal contenido en el artículo 192 del Código Penal, por haberlo interpretado erróneamente. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1.- Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de Recurso por Infracción de Ley o de doctrina legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe de entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). 2.- Único Motivo. Precepto Autorizante citado: Artículo 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 192 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Errónea interpretación de una norma penal sustantiva; y, Pretensión: Se emita una decisión que por ley corresponda. El Ministerio Público señala en concreto que se ha realizado una interpretación errónea del artículo 192 del Código Penal, ello al haber condenado a los acusados a una pena concreta de doce años de reclusión debido a que el Tribunal de Sentencia considero concurrente el supuesto del quinto párrafo de la norma penal señalada, interpretando que en el presente caso los acusados desistieron voluntariamente de mantener privada de la libertad a la ofendida; El Ministerio Público señala que tal acto de desistimiento no está descrito en los hechos declarados probados y que además éste es inexistente en virtud de que la decisión de los acusados de dejar en libertad a la ofendida fue debido a la presencia de elementos de la policía en el sector. 3.- Del Tipo Penal de Secuestro Extorsivo Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta Sala de lo Penal indica que la vida (Art. 3), la dignidad humana (Art. 1) y la libertad (Art.3), constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las cuatro generaciones de derechos humanos reconocidos. La Libertad también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (arts. 69, 70 y 81), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 7.1 y 7.2) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 9.1), que en resumen reconocen un la libertad como un derecho inherente de la persona humana, entendida como un “… atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere o no quiere hacer y para trasladarse de un lugar a otro o situarse por sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada por otras personas.”[1]; la libertad atañe a todos los ámbitos de actuación de la persona humana así por ejemplo, tenemos la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, de religión, libertad sexual, libertad ambulatoria, entre otras, cada una de ellas, como lo indica el artículo 70 Constitucional, solo están limitadas por el ejercicio de ese mismo derecho por otras personas, permitiendo así la convivencia social. Particularmente la libertad ambulatoria implica la potestad poder desplazarse libremente de un lugar a otro o el de poder permanecer en un lugar a la libre voluntad, siempre que, como ya se dijo, que no implique la trasgresión del derecho de otros. Con el afán de proteger éste derecho el legislador nacional ha previsto en el Título VI del Libro Segundo del Código Penal, delitos que protegen la libertad, es decir que reprochan el ataque a otro bien jurídico del que su goce solo es posible cuando se tiene libertad, entre estos el Secuestro que reprocha cuando una o más personas privan de su libertad ambulatoria a otra con el propósito de obtener algún provecho o utilidad injusta, por ello Diego Diez[2] señala que “… El delito de coacciones es el género, mientras que la detención ilegal es la especie y el secuestro es la especie agravada. Las coacciones actúan sobre el derecho a la libertad, la detención ilegal sobre la libertad ambulatoria y el secuestro sobre la libertad ambulatoria con un propósito determinado…”. El bien jurídico que de manera primaria se protege el delito de secuestro es, como se dijo, la libertad ambulatoria y al mismo tiempo el delito de secuestro contemplado en el artículo 192 del Decreto legislativo No.125-2003 vigente al momento del hecho que nos ocupa protege el bien jurídico patrimonio de manera secundaria, entendido como todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación.

Señala el artículo 192 reformado mediante decreto legislativo No.125-2003 (vigente a partir del 16 de Enero de 2004) del Código penal que se castigara “[…] quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier manera de su libertad a una o más personas con cualquiera de los siguientes propósitos: a).- Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b)… c)…”. Son los ELEMENTOS OBJETIVOS del tipo penal citado: Sujeto Activo: Se trata de un tipo penal común donde los autores o participes no requieren tener una cualidad específica, por ello el delito puede ser cometido por cualquier persona; A. Sujeto Pasivo igual forma puede ser cualquier individuo, tenga o no tenga vínculos consanguíneos con el sujeto activo, quien por acción de éste/a es privado de su libertad ambulatoria; por otra parte, tendrá el carácter de perjudicado la persona que como consecuencia de la petición hecha por los secuestradores se vio obligada a entregar u otorgar un beneficio injusto; B. Objeto Material Del Delito: es la libertad ambulatoria como bien jurídico principal y el patrimonio como bien jurídico secundario; C. Conducta Criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso son las conductas de sustraer, retener, desplazar, ocultar y privar de la libertad a una persona; entendidos como: 1. Sustraer: Es la acción de sacar a la persona del lugar en que se encuentre, del lugar al que pertenece, donde desenvuelve su vida en libertad, o bajo la guarda de terceros (Ejemplo: Persona cumpliendo condena de reclusión); 2. Retener: es obligar a la persona a permanecer en un lugar determinado durante un lapso que puede ser más o menos prolongado, que lo saca de su ámbito de libertad; la retención puede realizarse en un lugar hasta donde el sujeto pasivo ha llegado voluntariamente pero del que no puede alejarse a consecuencia de alguna acción del sujeto activo; 3. Desplazar: Es trasladar a la persona de un lugar a otro sin su conocimiento consentido; 4. Ocultar, que equivale a esconder a la persona, lo cual se logra trasladándola a un lugar desconocido por terceros, de modo que se dificulte la acción de encontrarla o negando conocimiento de su paradero; y 5. Privar: Es quitar o despojar de la libertad a una persona, es decir del poder decisión de alguien de poder ir, permanecer o alejarse; este verbo rector es en realidad el efecto de los antes enumerados. E. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector; la acción de secuestrar puede ser realizada por diversas maneras, siempre que ésta vaya en contra de la voluntad del sujeto pasivo, ya que no podríamos hablar de privación de libertad en el caso de que la persona ofendida voluntariamente accediera a dicha condición, es por ello que en la acción de secuestro debe de observarse violencia, intimidación, engaño o aprovechamiento del sujeto activo de una condición particular de la víctima que no le permita oponer resistencia: 1. Violencia (Vis Física): Existente cuando se ejerce fuerza en el sujeto pasivo; 2. Intimidación (Vis compulsa o Psíquica): Que ocurre cuando el sujeto activo provoca en el sujeto pasivo un estado mental de vulnerabilidad que le hace temer por su seguridad o por la de un tercero importante en su vida; entonces existe intimidación cuando el sujeto activo ejerce violencia en contra de algún familiar del sujeto pasivo o amenaza con hacerlo o cuando estas amenazas son proferidas a la víctima directamente; 3. Engaño: Donde el Sujeto Activo representa una falsa realidad al sujeto pasivo, quien incurriendo en error realiza acciones u omisiones en perjuicio de su propia libertad ambulatoria; y 4. Sin consentimiento Pleno: Dados en los casos donde el sujeto pasivo es menor de edad, padece de algún trastorno mental o se encuentra privado del raciocinio temporalmente por la ingesta de alcohol u otras drogas. Como elemento subjetivo el tipo penal de secuestro se compone por un lado el dolo que es dar vida a los elementos objetivos del tipo con conocimiento y la voluntad de hacerlo, pero además debe de existir un propósito específico y es obtener a cambio de la libertad de la persona secuestrada dinero, bienes, títulos o documentos que produzcan un provecho o utilidad, lo que nos lleva a varias consideraciones: A. Una privación de libertad preexistente ilegítima, puede transformarse en secuestro ulteriormente, mediante la agregación de la exigencia de obtener un beneficio a cambio de su libertad; B. El provecho injusto puede solicitarse a la propia persona privada de libertad o a un tercero; C. Existe delito aun cuando se haya producido la muerte del ofendido en el proceso de sustracción, desplazamiento, retención o cuando se le tenga oculto, debido a que el tipo penal no exige que dicha persona sea efectivamente liberada, sino que la privación de la libertad se haya realizado con el propósito de obtener el beneficio injusto, propósito que podría perseguirse ocultando a terceros a los que se les exige “el rescate” que aquella persona cuya liberación se promete y que en realidad ya ha fallecido. Finalmente, en cuanto a la ppenalidad del delito de secuestro está fijada por el legislador en varias escalas a depender de los hechos: A, De 10 a 20 años de reclusión, si el sujeto pasivo es liberado voluntariamente por los sujetos activos sin que éstos hubiesen obtenido el beneficio o utilidad reclamada (Desistimiento); B. De 20 años a privación de la libertad de por vida si los sujetos activos liberasen a la persona privada de su libertad después de haber obtenido el beneficio o utilidad reclamado; C. De 20 años a privación de la libertad de por vida, cuando en el proceso de rescate de la persona secuestrada, ésta u otra persona sufrieren lesiones; si bien el artículo no establece que clase de lesiones, deben de entenderse que éstas al menos deben de ser alguna de aquellas que el Código Penal tipifica como delito, sin que puedan considerarse aquellas tipificadas como faltas; todo ello con independencia si han o no obtenido el beneficio o utilidad pretendida; D. De 30 años de reclusión a privación de la libertad de por vida, si la persona secuestrada u otra persona muriese en el proceso de rescate, con independencia si los sujetos activos hayan o no el beneficio o utilidad reclamada; y E. De 40 años de reclusión a privación de la libertad de por vida, en el caso de que los sujetos activos ocasionaren o dieren muerte al secuestrado, en cualquier momento desde que éste es privado de su libertad, con independencia si han o no obtenido el beneficio o utilidad pretendida; Partiendo de lo anterior, se identifican como Características del tipo penal de Secuestro Extorsivo contenido en el artículo 192 reformado por Decreto 125-2003: A. Según Su Estructura: 1. Tipo Penal Especial, al contener en los elementos del tipo penal básico de detención ilegal, al que se le suman elementos especiales; 2. Tipo Penal Complejo: Ya que describe cinco modelo de comportamiento diferentes, cualquiera de los cuales puede dar vida al delito; B. Según su Contenido; 1. ipo Penal de Resultado, dado que la conducta debe de ir aparejada con un resultado en el mundo físico misma que al final es la privación de la libertad ambulatoria de una persona, aun cuando los sujetos activos no hayan obtenido el beneficio o utilidad; 2. Tipo de Conducta Permanente, debido a que la conducta reprochada se renueva continuamente durante todo el tiempo en que la persona éste privada de su libertad o, en su caso, durante el tiempo en que aun cuando la persona privada de su libertad haya fallecido, los sujetos activos continúen con su pretensión de obtener un beneficio injusto por parte de un tercero bajo la promesa de liberar a la persona secuestrada; 3. Tipo Penal de Acción: Porque la conducta criminosas descrita cinco verbos rectores, describen un modelo de comportamiento comisivo; 4. Tipo Penal cerrado al estar determinada la conducta objeto de reproche de manera precisa. C. Según el Sujeto Activo: 1. Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo, sin desconocer de que la casuística revela que casi en la totalidad se trata de delitos cometidos por dos o más personas y frecuentemente a cargo del crimen organizado; 2. Tipo Penal de Sujeto Activo Común ya que determina que el sujeto activo puede ser cualquier persona distinta al sujeto pasivo, sin que se requiera ninguna cualificación especial o particular; D. Según el Bien Jurídico Tutelado: 1. Tipo Penal Pluriofensivo, al proteger principalmente la libertad ambulatoria como bien jurídico, pero además complementariamente protege el patrimonio; es importante insistir en que el bien jurídicamente tutelado primario es la libertad, por ello es que el delito se produce cuando la persona ha sido coartada de ella, aun cuando no se haya obtenido ni se obtenga el beneficio o utilidad; 2. Tipo Penal de Lesión: El tipo penal describe conductas que lesionan el bien jurídico libertad ambulatoria, por lo que es de considerar que es posible que el tipo penal se presente en su grado de ejecución de tentativa, cuando por causas ajenas a la voluntad de los sujetos activos no logren privar de la libertad a una persona con el propósito de recibir a cambio de su liberación un beneficio injusto. 4.- El Iter Criminis El Iter Criminis es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el derecho penal de los que son relevantes. El Iter Criminis se divide en tres fases: 1).- FASE INTERNA: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su la ideación (Surgimiento de la Idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (Decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2).- FASE INTERMEDIA: Es una Fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, conspiración o proposición, lo cual podríamos estar ante un delito o falta independiente contemplado en el artículo 207 o en el artículo 397.2 del Código Penal, respectivamente; 3).- FASE EXTERNA: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta Fase se divide en tres etapas: Los Actos Preparatorios y los Actos Ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: a. Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal; b. Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los Actos Ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá si estamos ante una tentativa o un delito consumado; c. La Tentativa, conocida como delito tentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 CP). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: i. Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos van encaminada “la intención de cometer un delito determinado” (Art. 15CP); el dolo debe de coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo debe de existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; ii. Comienzo de la Ejecución del Delito: Al mencionar el artículo 15 del Código Penal la realización de actos de ejecución, refiere a aquellos actos que deben de llevar al sujeto activo a la consumación del delito, para ello en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido; iii. Actos Inequívocos: Exige el Artículo 15 del Código Penal que los actos de ejecución deben de ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); iv. Actos Idóneos: El artículo 16 del Código Penal además exige que los actos realizados sean idóneos, que implica que el autor debe de realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguna al bien jurídico protegido (Tentativa Inidónea); y v. Involuntaria Falta de Consumación: Como requisito final la consumación no debe de producirse “por causas ajenas a la voluntad del agente” (Art. 15 CP), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá de responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. Es pues que la Tentativa es la ejecución incompleta de un hecho tipificado en la ley penal y el cual nunca llega a consumarse debido a: i. El sujeto activo realizo todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que este se haya consumado por la intervención de otros agentes o circunstancias ajenas al iter criminoso (Tentativa Acabada); ii. El Sujeto activo realizo todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que este se haya consumado debido a que tales actos de ejecución fueron imperfectos o eran inidóneos para ello (Tentativa imperfecta o Inidonia); iii. El Sujeto Activo no pudo realizar todos los actos tendientes a la consumación del delito debido a circunstancias ajenas a su voluntad (Tentativa Inacabada). La Tentativa (siempre punible) se diferencia de los actos preparatorios (punibles solo cuando expresamente determine la ley), ya que la primera representa un peligro concreto al bien jurídico protegido por el tipo penal con el comienzo de la ejecución y el segundo consiste en los actos que pretenden preparar la ejecución del delito, no representante un peligro para el bien jurídico protegido. d. Delito Consumado: La Consumación es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal (Art. 14 del CP). 5.- Del Desistimiento El Desistimiento es la conducta, pasiva o activa, que realiza una persona autora o participe de un delito, a efecto de que una conducta propia y previa no se convierta o contribuya en la consumación de un delito o para interrumpir la consecución de ejecución de un delito consumado cuando fuese de carácter permanente. Como se ha señalado líneas atrás en la tentativa el delito no llega a consumarse por una causa ajena e independiente a la voluntad del agente, entretanto el desistimiento esa falta de consumación es a causa de la libre decisión del agente quien decide dejar de lado la consumación del delito; ergo para que exista desistimiento el grado de ejecución del delito debe de cursar cuando menos el estadio de la tentativa, ello sin perjuicio de que de igual manera pueda presentarse después de la consumación de un delito de resultado de carácter permanente: A.- DESISTIMIENTO DE LA CONSUMACIÓN DE UN DELITO DE RESULTADO El desistimiento en esta fase del Iter Criminis constituye un aspecto negativo de la Tentativa y se presenta cuando el agente de Motu Proprio impide la consumación de un delito del cual tenía el papel de autor o participe. El desistimiento opera cuando el sujeto, pudiendo llevar a cabo el plan concebido para la consumación del delito, lo interrumpe ante el repentino desinterés de que aquel ocurra; Contrario Sensu, no existe desistimiento cuando voluntariamente el sujeto deja de realizar la conducta ejecutiva representándose la imposibilidad de realizar el plan delictivo tal y como lo había presupuestado, ante la presentación de circunstancias exógenas; ergo la condición de “voluntariedad”, como condición indispensable en la figura del desistimiento, debe de consistir en una retractación en la idea de consumar el delito y no en una retractación en la idea de la forma de como cometer el delito; “No sería desistimiento voluntario la decisión oportunista de abandonar la ejecución ante un cambio de circunstancias exteriores que hace que deje de interesarle según su plan” (Mir Puig, Santiago, Derecho Penal Parte General, 8 edición, 2 reimpresión, editorial IB de F, Montevideo- Buenos Aires, 2009. Pág. 362). Como Ejemplo las implicaciones penales serán distintas entre: i.- la persona decide sofocar el incendio iniciado al ya no querer realizar el daño patrimonial, y ii.- la persona que decide sofocar el incendio iniciado al advertir que hay cámaras de vigilancia que han grabado su actuar. Es importante advertir que el desistimiento no es equivalente a arrepentimiento; para que aquel se observe no se requiere que el agente se haya arrepentido de su actuar delictuoso y que ello sea lo que motive su retractación, sino que basta que sea como consecuencia de una decisión libre, no condicionada a que en el curso iniciado de ejecución aparezcan inesperadas circunstancias que entorpezcan su desarrollo; para que sea realmente un desistimiento, se deberá de evaluar que conforme al plan del agente la consumación era realmente posible, pero que dada una repentina decisión, el agente deserta su propio proyecto criminal, lo cual no ocurriría cuando esa repentina decisión fuese como consecuencia de contemplar la sobrevenida de circunstancias no previstas y que hacen más difícil, riesgoso o costoso el desarrollo del plan, lo que descarta el elemento de “voluntad propia”;en tal caso la Sala de lo Penal determina que el abandono no debe de ser valorado a favor del agente y debe de considerarse punible su actuar. El desistimiento debe de adoptar formas distintas, a depender del título de participación del actor, a depender del nivel de consumación del acto y a depender si se trata de un delito de acción u omisión: a. Autor Inmediato: i. Tentativa Inacabada: *.- Delito de Acción: Requerirá que el agente deje de realizar la conducta comisiva, es decir que interrumpa el actuar que le llevaba a cometer el delito; *.- Delito de Omisión: Exige que el agente abandone su inactividad y realice la conducta esperada. ii. Tentativa Acabada: *.- Delito de Acción: Requerirá que el agente realice una conducta adicional al plan de ejecución del delito, pero esta vez encaminada a que el delito no se consuma; *.- Delito de Omisión: Exige que el Agente realice una conducta comisiva nueva y diferente a la que se esperaba de él de inicio, que sea efectiva e impida la consumación del delito; b. Autor Mediato: i. Tentativa Inacabada: *.- Delito de Acción: Requerirá que el agente interrumpa el accionar del instrumento en la fase ejecutiva previo a la culminación de los actos propios para la consumación; *.- Delito de Omisión: Requerirá que el agente haga abandonar al instrumento su conducta de inactividad y realice el comportamiento esperado; ii. Tentativa Acabada: *.- Delito de Acción: El Agente en estos casos podrá bien impedir directamente la consumación del delito contrarrestando la conducta realizada por el Instrumento o bien haciendo que sea el instrumento quien directamente lo haga, mediante una conducta nueva y distinta; *.- Delito de Omisión: Al igual que en el caso anterior, el Autor Mediato podrá directamente ejecutar una conducta que anule la omitida y esperada del Instrumento, o también lograr que éste directamente realiza una conducta nueva, distinta a la esperada, ya sea porque es de diferente naturaleza, ya sea porque se realiza en un momento diferente, evitando en ambos casos que el delito se llegue a consumar; c. Coautoría: i. Tentativa Inacabada: *.- Delito de Acción: Al tratarse de un delito colegiado, el coautor que desee desistir deberá de no contribuir al plan global ya iniciado por los otros, previo a su consumación; como el desistimiento es el aspecto negativo de la tentativa, implica que éste debe de realizarse una vez iniciado la ejecución del delito, por ello el desistimiento del coautor no requerirá una emulación de los demás y podría operar aun cuando el delito se llegue a consumir, siempre que esto no sea gracias a una aportación dada por el agente; *.- Delito de Omisión: Tratándose de delitos de omisión hechos en coautoría, se requerirá que el agente desatienda el acuerdo previo de inactividad, y realice la conducta esperada dirigida a evitar la consumación del delito, aun cuando éste se consuma como consecuencia de requerir la participación de más personas, lo cual es una imposibilidad material. ii. Tentativa Acabada: *.- Delito de Acción: En estos casos se parte del supuesto de que el coautor ya ha contribuido con un elemento para la ejecución conjunta del delito, por lo que el desistimiento requerirá de una acción efectiva de evitación de la consumación del delito, lo que implica no solo neutralizar su propio actuar, sino el de cada uno de los integrantes del grupo; *.- Delito de Omisión: Exige que el Agente realice una conducta comisiva diferente a la que originalmente se esperaba y que sea efectiva para impedir la consumación del delito, aun cuando no tenga la participación de los demás coautores, ello por lo mencionado en el apartado anterior: la omisión del grupo ha sido completa, y por ende el desistimiento para ser efectivo debe evitar la consumación del delito. d. Inductor: i. Tentativa Inacabada: *.- Delito de Acción: En estos casos, para que el desistimiento del Inductor sea efectivo se exige que proceda a convencer u obligar al Inducido a dejar de realizar el delito, es decir que no complete su plan y que gracias a ello el delito no se consuma; *.- Delito de Omisión: El Inducido deberá interrumpir su estado de inactividad y realizar la conducta esperada, evitando la consumación del delito, ello con ocasión de haber sido convencido u obligado por el Inductor. ii. Tentativa Acabada: *.- Delito de Acción: En estos supuestos el Inductor deberá de evitar la consumación del delito ya sea convenciendo u obligando al Inducido a neutralizar su actuar previo, o ya sea realizando el Inductor directamente una conducta efectiva que evite la consumación del delito; *.- Delito de Omisión: El Inductor, para que su desistimiento sea efectivo, requerirá realizar por sí mismo una conducta que compense la inactividad del Inducido, o en su caso convencer u obligar a éste para que realice una conducta que remedie su omisión previa. e. Cómplice Necesario: i. Tentativa Inacabada: *.- Delito de Acción: El desistimiento del Cómplice Necesario se hará efectivo cuando no realice la contribución prometida y como consecuencia de ello el delito no llega a consumarse, aun cuando el autor o los autores realicen su propia conducta; *.- Delito de Omisión: Como es una regla en esta clase de delitos, el desistimiento del Cómplice Necesario implicará el abandono de su actividad, realizando en el tiempo, lugar y en la forma esperada, la conducta a él exigida, y con ello evitando la consumación del delito, aun cuando los autores hayan podido completar su actuar. ii. Tentativa Acabada: *.- Delito de Acción: Tal como ocurre en el caso de la coautoría, al Cómplice Necesario le compele no solo anular con otra conducta lo contribución dada por él de manera previa, sino que además debe de evitar que lo realizado por los demás participes (autores y cómplices simples), no provoque la consumación del delito; *.- Delito de Omisión: El Cómplice Necesario, debe de evitar el delito llegue a consumarse, por lo que le corresponde realizar una conducta que globalmente lo logre, ello en contraposición a la omisión hecha por los demás participes (autores y cómplices) y a la omisión propia que previamente había realizado. f. Cómplice: i. Tentativa Inacabada: *.- Delito de Acción: El desistimiento del cómplice consiste en no realizar la aportación al delito o interrumpirla, aun cuando éste llegue a consumarse con ocasión de la conducta de los otros participes (autores o cómplices necesarios); *.- Delito de Omisión: Corresponde al Cómplice realizar la conducta esperada, en el tiempo, lugar y forma que determina la ley (omisión propia), aun cuando el delito llegue a consumarse como consecuencia de la omisión observada por los demás participes (autores y cómplices necesarios); y ii. Tentativa Acabada: *.- Delito de Acción: Habiéndose realizado todas las diferentes conductas conforme al plan de ejecución, el desistimiento del cómplice solo sería efectivo cuando logre evitar la consumación del delito, lo que le obligaría no solo; *.- Delito de Omisión: En este supuesto la contribución omisiva del cómplice ya ha sido brindada y sumada al plan del autor, por ello el cómplice que disiente deberá de evitar que el delito se consuma, lo que implica contrapesar su propia contribución y además lo dejado de realizar por el autor. El desistimiento muestra una conducta peligrosa ex ante, sumada a una conducta ex post más efectiva y que concuerda con las normas sociales. La consecuencia jurídica del desistimiento es la no imputación del delito que inicialmente se había propuesto el agente lograr y que no se materializo precisamente por una conducta voluntaria del agente; sin embargo, los perjuicios que hasta ese momento se hayan alcanzado, independientemente que se trate de una tentativa inacabada o acabada, y que constituyan delitos independientes, deberán de ser objeto de imputación. Es importante mencionar que los delitos de mera actividad, por no exigir la existencia de un resultado, no admiten grado de ejecución de tentativa y por ende, no es posible que en estos se produzca un desistimiento. B.- DESISTIMIENTO DE LA CONSECUCIÓN DE LA CONSUMACIÓN DEL DELITO PERMANENTE. El desistimiento además puede presentarse en la etapa de consumación del delito, cuando éste sea de carácter permanente; el delito es permanente cuando sus efectos dañinos se extienden en el tiempo como consecuencia de una renovación de actos ejecutivos de consumación, como ser la portación ilegal de arma de fuego, el allanamiento, la usurpación, la privación injusta de la libertad, etc. En estos casos, al estar ya consumado el delito, el desistimiento deberá de ser apreciado como una atenuante para la imposición de la pena correspondiente, siempre que sea de voluntario o de Motu Proprio. En todos los casos, la conducta de desistimiento voluntario, para que sea apreciada, deberá de estar reflejada en la declaración de los hechos probados de la sentencia penal respectiva. 5.- De la Procedencia del Recurso EL RECURSO ES DE RECIBO.- Se avoca esta Sala de lo Penal a la Fundamentación Jurídica de la Sentencia (f. 251 v.), en busca del análisis jurídico realizado por los Juzgadores que les llevó a elegir el párrafo quinto del artículo 192 del Código Penal como aquel que debía de gobernar el caso concreto: i.- Relacionaron los Jueces que el pago exigido por los acusados para dejar el libertad a la ofendida nunca fue recibido, esto porque aquellos decidieron dejarla en libertad ante la movilización policial dentro del sector donde la mantenían cautiva (f. 252 v.); ii.- Que concurren como como Agravante específica que la privación de la libertad de la ofendida se prolongó por más de 24 horas (f. 254); y iii.- Que se observa como Atenuante especifica que los acusados le brindaron a la ofendida las condiciones, medios y bienes necesarios para satisfacer sus necesidades básicas (F. 254). Concluyeron los Juzgadores que por lo apuntado correspondía imponer al acusado Diego Zuniga la pena principal de reclusión de diez (10) años; entretanto al acusado Erick Alexander Mejia, la pena principal de reclusión de doce (12) años, pues contra éste se aprecia la agravante general de reincidencia; sumado a lo anterior las penas accesorias correspondientes. Lo decidido por los Juzgadores constituye una aplicación errónea del quinto párrafo del artículo 192 del Código Penal que prevé una disminución de pena como consecuencia de un desistimiento en la consecución de la consumación de un delito de resultado como lo es el Delito de Secuestro, ello debido a: 1. No existe en los hechos declarados probados la descripción de conducta realizada por los acusados Diego Zúñiga y Erick Mejia, ni conjunta ni individualmente, que constituya desistimiento voluntario. En el hecho probado “Primero”, se describe que el 09 de agosto de 2010, fue interceptada y privada de la libertad la Señora Ana Ruth Cruz, por cuatro personas siendo una de ellas el acusado diego Zúñiga Orellana; en el hecho Probado “Segundo” se describe el requerimiento de entrega de dinero hecho al esposo de la ofendida: Israel Bu Zúñiga, en concepto de pago por dejar en libertad a la ofendida, hecho por el acusado Erick Alexander Mejia; en el hecho probado “Tercero” y “Cuarto”, se señala como el Grupo Especial Antisecuestro (GEAS), tuvo información de la participación de los acusados en el delito, requiriéndolos por ello e incautándoles teléfonos celulares. Ninguno de los cuatro hechos declarados probados (f. 239 v y 240) se hace relación sobre la fecha, hora y forma en que fue puesta en libertad la ofendida Ana Ruth Cruz Orellana, mucho menos mención de que esto haya sido gracias a una conducta voluntaria y espontanea de los acusados; los hechos probados se limitan a describir como los acusados, siguiendo un plan preconcebido (coautoría), privaron de la libertad a la ofendida y solicitaron a su esposo la entrega de dinero a cambio de su libertad (Secuestro Extorsivo). Al no estar reflejado en los hechos declarados probados un acto de desistimiento, la aplicación del quinto párrafo del artículo 192 del Código Penal para efectos de determinar la pena abstracta a imponer es incorrecto, debiendo entonces estarse a la pena general, descrita en el primer párrafo del artículo. 2. Por otra parte lo señalado por el Tribunal de Sentencia en la Fundamentación Jurídica tampoco constituye desistimiento: El hecho de que se decida dejar en libertad a la ofendida como consecuencia de la presencia policial en la zona en donde esta cautiva, no es un acto voluntario nacido de un desinterés en la prosecución delito, sino que constituye un hecho externo que constituía un riesgo real e inminente de ser descubiertos, identificados como responsables, capturados como tales y sancionados como consecuencia. La pena abstracta que corresponde imponer en el presente caso es de veinte años a la privación de la libertad de por vida; considerando lo señalado por el Tribunal de Sentencia sobre la existencia de agravantes y atenuantes, esta Sala de lo Penal es del parecer que se debe de imponer al acusado Diego Zúñiga la pena mínima de reclusión (20 años) y al acusado Erick Mejia, la pena mínima de reclusión sumando a dos años (22 años), adecuando en ambos casos las penas accesorias correspondientes al tiempo señalado. V. DECISIÓN Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declara CON LUGAR el Recursos de Casación por Infracción de Ley en su motivo único, interpuesto por Ministerio Público; SEGUNDO: CASA la Sentencia de fecha veintitrés (23) de Noviembre de dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; en consecuencia: A.- REFORMA el numeral Primero de la Parte Resolutiva (f. 255), en el siguiente sentido: Que debemos condenar y condenamos al Señor Diego Zúñiga Orellana, como coautor responsable de un delito consumado de Secuestro Extorsivo, en perjuicio de la libertad de la Señora Ana Ruth Cruz Orellana, imponiéndole una pena principal de veinte (20) años de reclusión, la cual deberá de computarse desde el día en que fue aprehendido por la presente causa; B.- REFORMA el numeral Cuarto de la Parte Resolutiva (f. 255 v), de la siguiente manera: Que debemos condenar y condenamos al Señor Erick Alexander Mejia Lara, como coautor responsable de un delito consumado de Secuestro Extorsivo, en perjuicio de la libertad de la Señora Ana Ruth Cruz Orellana, imponiéndole una pena principal de veintidós (22) años de reclusión, la cual deberá de computarse desde el día en que fue privado de la libertad por la presente causa; C.- CONFIRMANDO los numerales Segundo (f. 255), Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo (f. 255 v.) de la parte Resolutiva de la Sentencia, debiendo entenderse que las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil tendrán como duración el tiempo señalado para la pena de principal de reclusión en cada caso.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para su inmediato cumplimiento, una vez que sean debidamente notificadas las partes.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-324-2014.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1] Muñoz Conde, Francisco; Derecho Penal Parte Especial, 14ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, Pág. 154.

[2] De Diego Díez, Alfredo; Manual de Derecho Penal, Parte Especial Volumen I, Ediciones San Miguel, Tegucigalpa, Honduras, Agosto del 2006, Pág. 140.