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Sentencia CP-315-15 — Registro 13682

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Actos de Lujuria Agravados y Violación Especial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ha podido verificar mediante el análisis del acta de debate que corre agregada a folio 237 vuelto, la declaración que la menor ofendida M. Y. P. R. rindió en el acto del juicio oral, en su deposición estableció categóricamente que el imputado Cesar Aníbal Díaz Claros nunca la había tocado, que no abusó sexualmente de ella; ante tal manifestación la fiscalía del Ministerio Público solicitó la incorporación íntegra por lectura de la declaración que la menor rindió como prueba anticipada en base al artículo 311 de Código Procesal Penal, estableciendo que existía contradicción. Por otro lado el Ministerio Público en su recurso señaló, que la solicitud de incorporación de la declaración de la menor rendida como prueba anticipada, debió ser admitida por el Tribunal Sentenciador pues el artículo 277 del Código Procesal Penal establecía que la prueba anticipada procedía cuando: había imposibilidad del testigo/perito de comparecer en el momento del debate, así como, ante la pérdida de un medio de prueba, ante el inminente riesgo que el testigo pueda fallecer o aquellas otras circunstancias que pueda existir, como la posibilidad de que cambie su testimonio, que exista la posibilidad que el testigo sea influenciado. Este Tribunal de Casación considera que, en este caso en particular, lo que se debió hacer ante un caso de retractación de un testigo en el debate, es establecer que la declaración del testigo en esos parámetros es un hecho nuevo e impredecible, que justifica la práctica de un auto para mejor proveer que ordene la incorporación como medio de prueba del documento donde consta aquella declaración previa del testigo, a efecto de ser comparada con la declaración oral dada en la audiencia de debate y en definitiva valorada como un medio de prueba independiente. Sin embargo lo que el ente acusador solicitó fue la incorporación íntegra de una prueba anticipada y no un auto para mejor proveer, lo que resulta improcedente como consecuencia de que el medio de prueba ofrecido era la declaración oral de ese testigo, lo cual en efecto se evacuó al haberse presentado en la audiencia, y por ende descartándose imposibilidades o dificultades de prestar dicha declaración; por tanto no existe tampoco violación al Debido Proceso, Tutela Judicial efectiva, ni al Derecho de Defensa porque en conclusión el medio de prueba ofrecido por el Ministerio Público (Declaración de la menor M. Y. P. R.), fue admitido por el Tribunal de Sentencia, evacuada oportunamente en la audiencia de debate y valorado en la sentencia que ahora se recurre. Por tales razones es procedente desestimar el presente recurso de casación. Es importante hacer la aclaración de que, cuando se celebró el debate o juicio oral en la presente causa, es decir el 18, 27 de marzo y 7 de abril del 2015, no había entrado en vigencia las reformas al Código Procesal Penal mediante el decreto 22-2015 mismas que fueron publicadas en el diario oficial la Gaceta el 01 de agosto del 2015, en las cuales se contempló adicionar el artículo 237A referente a las declaraciones de las Personas en Estado de Vulnerabilidad en el Proceso Penal, así como la reforma del artículo 277 del mismo cuerpo legal en el cual se habla de la prueba anticipada, incluyendo que, en los casos del artículo 237 “A” esas declaraciones deben ser admitidas por el Juez A-quo en todas las etapas del proceso, pero siempre se refiere a que, el Testigo /Víctima no debe comparecer al debate, porque de hacerlo la declaración que rinda en el acto del juicio será la que tenga valor..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.

Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días de noviembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 315-2015 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de junio del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, mediante la cual: Absolvió al señor Cesar Aníbal Díaz Claros, del delito de Actos de Lujuria Agravados y Violación Especial, en perjuicio de la menor M. Y. P. R.. No procedió el comiso ni condenar en costas. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada Junny Coritza Vega, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado Salvador Cuestas Arévalo en su condición de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrente y la Abogada Reyna Auxiliadora Hércules Rosa en su condición de Defensora Privada del imputado, como parte recurrida. II. Hechos Probados UNICO: En fecha cinco de agosto del año dos mil trece, cuando eran las doce con cincuenta horas, la perito oficial forense Doctora YOLANDA MARIA CALIX ORELLANA, a requerimiento de la Fiscalía del Ministerio Público de esta ciudad, practicó a la menor M. Y. P. R., evaluación física y ginecológica para efectos de investigación. III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. “CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO INVOCADO: Infracción por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 4 y 13 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Resulta Honorables Magistrados que en el desarrollo del debate específicamente cuando declaró la menor ofendida, ésta manifestó que el imputado nunca la había tocado y que en ningún momento había abusado sexualmente de ella, deposición que motivó que el Ministerio Público solicitara, de conformidad a lo establecido en el artículo 311 numeral 6 del Código Procesal Penal, que se incorporara mediante lectura la declaración que la niña rindiera en fecha 10 de agosto del año 2013 cuando ella tenía 12 años de edad, ante el Juez de Letras competente y donde la infante vertió declaraciones totalmente distintas a las rendidas en la audiencia de juicio oral y público, solicitud efectuado obviamente con la finalidad de preguntar a la niña cuál de las dos declaraciones era la verdadera; petición que fue denegada por él a quo bajo el argumento siguiente: “La posición de este Tribunal es que ésta declaración (la rendida en la etapa preparatoria del proceso) no se puede introducir en la audiencia de debate cuando la testigo haya comparecido a la misma, tomando en consideración que la Corte Suprema de Justicia ha emitido un criterio acerca de esta situación, tal es el caso de la sentencia pronunciada el nueve de septiembre del año dos mil catorce donde estableció que en ningún momento se violentan los derechos al testigo o a las partes cuando no se ha justificado por qué se debe introducir la declaración bajo las características de la prueba anticipada, cuando el testigo haya comparecido, requisito esencial para no admitir la incorporación de este medio de prueba en este caso la menor ha comparecido a esta audiencia con la comparecencia de ella ha desvanecido cualquier posibilidad que se incorpore lo que ella declaró en una etapa anterior como prueba anticipada…..” (Ver acta de debate folio 7 vuelto). Consideramos que lo manifestado por el Juzgador es completamente erróneo ya que lo que el ente acusador solicitó es que se incorporara por lectura la declaración que la niña rindió con las formalidades de la prueba anticipada en la etapa intermedia del proceso en virtud de existir una contradicción total con lo manifestado en la audiencia de juicio oral y público, formulada en esos términos, como se desprende del renglón 14 en delante de la página 7 del acta de debate solicitud amparada en lo establecido en el artículo 311 numeral 6 del Código Procesal Penal que establece “excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el Secretario: 1.-...2.-… 3.-…4.-…5.-…6.- Las declaraciones del acusado y los testimonios practicados durante la etapa preparatoria, cuando sean contradictorios con lo manifestado después en el juicio, a fin de que las partes puedan interrogar al acusado como al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas”. Como resultado de lo anteriormente expuesto, es evidente la violación al derecho al debido proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República al establecer que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” de igual forma en el proceso penal los derechos se relacionan con quien ha resultado víctima de la comisión de un delito, a quien se considera sujeto al derecho, la Fiscalía puede ejercer el Derecho a la Defensa Social y que en el juzgamiento detentado a esa sociedad de la que forma parte la niña víctima en el caso en comento, el juicio se desarrolle en apego irrestricto, entre otras, a la Tutela Judicial Efectiva, es decir un proceso con todas las garantías y a la defensa, consagrando entre otros, los citados los principios de Contradicción e Igualdad, garantizando el libre acceso de las partes al proceso, en defensa de derechos e intereses legítimos, dentro de tales garantías encontramos “El Derecho a la igualdad de armas procesales” (regulado en el artículo 13 del Código Procesal Penal) el cual se entiende “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas partes dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”. Este principio de Igualdad de armas que constituye un elemento de la noción más amplia de un proceso justo, exige también la necesidad de que todo proceso penal esté presidido por una efectiva y equilibrada contradicción entre las partes a fin de que puedan defender sus derechos, principio que se encuentra establecido en el artículo 4 del Código Procesal Penal, el cual implica tanto para la acusación como para la defensa, la posibilidad de tomar conocimiento de las observaciones (escrito de alegaciones y demás) o elementos de prueba introducidos en el proceso y la posibilidad de contestarlos, es decir que en todo caso se debe garantizar que cada 1 Junio Joan Pico 1. Las garantías constitucionales del proceso. Editor Barcelona, 1977, pág. 132. Parte esté al corriente de las observaciones de la parte contraria, de tal manera que goce de la posibilidad real de contradecirlas, siendo obligación de los órganos judiciales promover el debate procesal en condiciones que respeten la contradicción e igualdad entre acusación y defensa. Sin embargo, resulta claro que el Tribunal de Sentencia al negar la incorporación mediante lectura de la declaración rendida en la etapa intermedia del proceso de la ofendida M. Y. P. R., por contener contradicciones enormes con la declaración dada en el juicio oral y público violentó el Derecho de defensa y el derecho al Debido Proceso y el derecho a una tutela judicial efectiva del ente acusador. Resulta necesario señalar que luego de la incorporación a la Constitución Nacional de los principales tratados sobre Derechos Humanos ambas fuentes (la nacional y la internacional) forman un plexo jurídico de máxima jerarquía, al que debe subordinarse toda la legislación sustancia o procesal secundaria, es decir obliga a los jueces a utilizar las disposiciones contenidas en la normativa internacional como “fuente de sus decisiones”; al respecto y sobre los principios supra mencionados al Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.1 establece “Todas las personas son iguales ante los Tribunales y Cortes de Justicia”; así mismo la Convección Americana de Derechos Humanos en el artículo 8.2 establece que “Toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas...” De igual forma sobre el asunto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene dicho que: el Principio de Igualdad de armas constituye un elemento de la noción más amplia del proceso justo, que engloba también el derecho fundamental al carácter contradictorio del proceso penal, donde se debe garantizar que cada parte estará al corriente de las observaciones de su contraria. Lo anteriormente expuesto queda finalmente recogido en el artículo 82 de la Constitución de la República, cuando al momento de instituir el Derecho de Defensa lo limitan al uso único que las personas sometidas al proceso, entendiéndose que es un derecho que le asiste tanto al imputado (Defensor) como a la víctima (Acusador Privado y/o Ministerio Público). Siendo que “el Derecho de Defensa es inviolable” el cual ha instituido como un pilar fundamental en todo proceso, y al vedársele al Ministerio Público la posibilidad de actuar en condiciones que respeten la Contradicción e igualdad entre partes, y así garantizar la efectividad del derecho de defensa, el protector de la sociedad quedó en clara desventaja en relación con la parte defensora, circunstancia que ha causado perjuicio y que se ve reflejada en la sentencia absolutoria. Es igualmente cierto que el Ministerio Público, legítimo representante de los intereses de la Sociedad, como poseedor del monopolio de la acción penal, se presenta como un legítimo medio de las víctimas para acceder al proceso penal y concretizar los Derechos individuales de estas. Para el ente acusador era de suma importancia la incorporación a debate la declaración de la menor ofendida rendida en la etapa intermedia del proceso con el fin de que la misma aclarara sobre las contradicciones existentes entre esta y lo declarado por ella en la audiencia de juicio oral y público ya que precisamente sobre las retractaciones en el debate por parte de las víctimas y la valoración dichas contradicciones, la Sala Penal ha establecido lo siguiente: “En el caso de autos el recurrente se queja de que la versión de la víctima, que originó la condena del imputado, ha sido retractada en el juicio oral y público. Sobre esta cuestión debemos señalar que cuando han existido contradicciones y retractaciones entre lo dicho en el juicio oral y lo declarado en la instrucción de la causa por los testigos, entre los cuales se incluye a la víctima, si la parte que formula el interrogatorio aporta el testimonio de la declaración rendida en la etapa preparatoria, y ésta se incorpora al acta del juicio oral, el Tribunal puede contrastar, comprobar e interpretar los términos y alcances de las contradicciones, valorándolas a efectos probatorios, conforme a su recta conciencia. Esta potestad se infiere de lo establecido por el artículo 311 No. 6) del Código Procesal Penal donde se prevé que excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el Secretario, las declaraciones del acusado y los testimonios practicados en la etapa preparatoria, cuando sean contradictorios con lo manifestado después en el acto del juicio, a fin de que las partes puedan interrogar al acusado o al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas. Un examen detenido de los antecedentes revela que el Tribunal Sentenciador efectúa una valoración objetiva, armoniosa y razonable de las pruebas al fundar su condena en el testimonio rendido por la menor J. P. A. R. en la etapa preparatoria del proceso, en el que claramente atribuye a su padrastro y ahora acusado, J. E. R. A., la comisión de ese ilícito penal y en cambio no da crédito a la retractación de la víctima efectuada en el debate, en la que señala como supuesto autor del delito de violación perpetrado en su perjuicio a un sujeto, que sin más, identifica como “S” (vid. Folios No.8, 77 y 78). En el caso que ahora nos ocupa, el Tribunal Sentenciador, motiva de manera más que suficiente su decisión cuando analiza otros elementos probatorios evacuados en el juicio oral, como son los dictámenes de evaluación ginecológica y su respectiva ampliación (folios No. 59- 60) psicológico (folios No. 71-72) y de Trabajo Social (folios No. 61-62), que en concatenación con lo relatado por la menor en su declaración rendida en la audiencia inicial ante el Juez de Instrucción, ponen en evidencia la constatación, más allá de toda duda razonable, que el encartado mantuvo relaciones sexuales con aquella cuando era mayor de doce y menor de catorce años en contra de su voluntad, acción constitutiva del delito de violación especial tipificado en el artículo 140 No. 1) del Código Penal. Como lo expone el Tribunal A Quo, el conocimiento de la noticia crimines, tiene lugar en un primer momento, a raíz del traslado que la propia madre de la menor hace de ésta a las instalaciones de la Cruz Roja Hondureña para su tratamiento, poco tiempo después de haber sufrido el ataque contra su indemnidad sexual, para luego ser conocida por las autoridades policiales y el Ministerio Público, órgano de persecución que en base a la denuncia presentada contra él encartado J. E. R. A. y precisamente tomando como base lo relatado por la menor J. P. A. R. en una etapa pre procesal, interpuso requerimiento fiscal en su contra. En este sentido, esta Sala” (lo subrayado es nuestro).- Con la solicitud de que se incorporara a debate la declaración de la ofendida rendida en audiencia inicial con las formalidades de prueba anticipada, era precisamente para poner en evidencia las contradicciones existentes entre lo manifestado por la ofendida en la etapa intermedia y lo declarado en el juicio oral y público, aspecto este que serviría a la Fiscalía para poder hacer los alegatos correspondientes sobre dichas contradicciones, tal y como lo ha establecido la Sala de lo Penal en la sentencias antes señalada. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador; no obstante, hacemos a advertencia que no habíamos reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar”. IV. Fundamentación 1) Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 1.a) Único Motivo Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma Constitucional que se denuncia Infringida: Artículo 82 y 90 de la Constitución de la República en relación a los artículos 4 y 13 de Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación al Debido Proceso, al Derecho de Defensa y la Tutela Judicial Efectiva. Reclamación Ex Ante: No hay reclamo previamente al vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar. Pretensión: Sin determinar por la pretensora. Explicó la recurrente que en el desarrollo del debate, cuando declaró la menor ofendida, ésta manifestó que el imputado nunca la había tocado y que en ningún momento había abusado sexualmente de ella, deposición que motivó a que el Ministerio Público solicitara, de conformidad a lo establecido en el artículo 311 numeral 6 del Código Procesal Penal, que se incorporara mediante lectura la declaración que la niña rindiera con las formalidades de prueba anticipada, por lo que es evidente la violación a los derechos de la victima de, Debido Proceso, Derecho de Defensa y Tutela Judicial efectiva. 1.b) Del Debido Proceso. La garantía del Debido Proceso, invocada por el Ministerio Público como aquella que ha sufrido inobservancia por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (Con independencia de su naturaleza). El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii. A un juez/a predeterminado por la ley; iv. A la imparcialidad e independencia del juez/a; v. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi. A la igualdad de armas procesales; vii. A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii. Respeto al principio de presunción de inocencia; ix. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii. A una justicia gratuita; en fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, pues la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. 1c) Del Derecho a la Defensa. Esta Sala de lo Penal como criterio jurisprudencial en relación al derecho de defensa[1], ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del proceso penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez Germán. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. El derecho de defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos. El derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El derecho general a la Defensa está compuesto por varias garantías como ser: Intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación, doble instancia y el libre ejercicio de la defensa material y la defensa técnica letrada. Así las cosas, el derecho de defensa es una reacción a la acción penal y se ejerce desde el momento en que se adquiere la calidad de imputado/a, definido por el artículo 101 del Código Procesal penal como la persona a la que se atribuye participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia de que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado/a comienza a partir de la intimación, (Art. 84 último párrafo de la Constitución Política y Art. 101, 282.6 y 287.1 del CPP), que se produce cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe. La Intimación viabiliza el ejercicio de la defensa –Técnica y Material- y por ello constituye un deber para los órganos persecutores a cumplir cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada de la comisión de un delito comparezca voluntariamente (Art. 276 del CPP) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (Art. 101.11 segundo párrafo del CPP). 1. d) Del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva[2]. El derecho de acción comprende el derecho de acceso a la jurisdicción y a los recursos, como necesario prius lógico para obtener la tutela judicial efectiva. Este análisis ha de partir necesariamente de la prohibición estatal de la autotutela y la correlativa asunción por el Estado del monopolio jurisdiccional y la defensa de los derechos, de modo que el Estado instituye unos tribunales que conforman el Poder Judicial, a instancia de un tercero que solicita su intervención. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales se salvaguarda con la obtención de una resolución judicial, favorable o no al que ejerce la acción, que habrá de recaer sobre el fondo si concurren los presupuestos para ello, extendiéndole también a su efectivo cumplimiento; esto es, a su ejecución. Se trata, por tanto, de un derecho de ámbito más restringido que el derecho a una sentencia favorable, pero de contenido más amplio que el simple acceso a los tribunales y que está implícito en el anterior concepto. Enunciado de este modo, el derecho a la Tutela judicial Efectiva abarca los siguientes contenidos esenciales: Derecho de acceso a la justicia, entendido como el derecho del interesado a acudir a los tribunales y que se corresponde con el derecho de acción, considerado en sentido estricto. Derecho a una resolución fundada en derecho, que se satisface cuando el interesado obtiene una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que concurran todos los requisitos procesales para ello, resolución que ha de ser congruente con lo postulado por las partes. Este derecho también se respeta en el caso de que no se entre en el fondo de la pretensión por no darse todos los presupuestos procesales o incumplirse los requisitos de forma exigidos, pero en estos supuestos deberá motivarse cumplidamente la decisión. En definitiva, esta proyección de la tutela judicial nos remite a la necesidad de motivación de las resoluciones judiciales. Derecho de acceso a los recursos, que ha de diferenciarse del derecho de acceso a la jurisdicción, al ser m especifico, y que cobra una especial importancia en el orden jurisdiccional penal determinados supuestos, en virtud de lo acordado en los tratados internacionales. Derecho a la ejecución, el cual garantiza que la tutela judicial sea efectiva, pues resulta de todo punto insuficiente el simple dictado de la sentencia si esta no se lleva a efecto, ostentando las partes de un derecho subjetivo a que se ejecuten las sentencias y demás resoluciones judiciales, de conformidad con el bloque de legalidad que sea de aplicación en cada caso. Derecho a la tutela judicial cautelar, que también forma parte de la tutela judicial efectiva para asegurar, por medio de las adecuadas medidas cautelares, el real cumplimiento de la futura resolución definitiva que recaiga en el proceso. En todo caso, es preciso resaltar que el derecho a la tutela judicial efectiva implica el respeto a un principio estructural esencial del proceso, cual es el principio de contradicción, entendido como posibilidad real del replicar, aunque no es necesario que esta circunstancia se produzca materialmente, siendo suficiente con que se de oportunidad a las partes de ser oídas, al margen de que la utilicen o no8. Este principio a de ser puesto en relación con el de audiencia bilateral. Otras cuestiones de interés que inciden en el derecho a la tutela judicial efectiva están ligadas a la celeridad de la justicia, a la accesibilidad económica y a la protección jurisdiccional de los intereses difusos, aspectos que exceden de los límites de esta obra y que tan solo se dejan enunciados 1e) De la introducción por Lectura de Medios de Prueba. El artículo 311 del Código Procesal Penal, es la norma que regula los hechos excepcionales por los cuales un medio de prueba, previamente admitido para ser evacuado en debate, será reproducido por lectura en lugar de manera oral como es la regla en la que debe de operar esta audiencia. El artículo contempla varios supuestos, mediante los cuales es permitido, de manera excepcional, la introducción por lectura de medios de prueba para efectos de ser valorados por el Tribunal de Sentencia; cada uno de los supuestos establece qué tipo de medio de prueba y las condiciones materiales que deben de presentarse para que dicha introducción sea válida. Señala el primer numeral que podrán ser reproducidos por lectura en la audiencia de debate: “Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio”. Este numeral define entonces como requisitos: 1) Que el testimonio o pericia haya sido evacuado en un momento antes del debate, pudiendo ser en la etapa preparatoria, intermedia o incluso en la misma etapa de juicio, siempre que sea previo a la celebración de la audiencia referida. 2) Que la evacuación del medio de prueba haya sido realizada observando el protocolo previsto para las pruebas anticipadas, con el registro debido del resultado de ésta. 3) Que el medio de prueba figure como uno de aquellos que fue oportunamente propuestos y admitidos por el Tribunal de Sentencia. 4) Que resulte imposible reproducir el medio de prueba en la audiencia de debate, por causa de la naturaleza del medio de prueba o por causa atinente al testigo o perito que deba de comparecer: i). La Naturaleza del medio de prueba puede obligar que ésta sea tomada de manera anticipada por ser de carácter irrepetible, por la complejidad del análisis pericial, por el riesgo que implique su práctica (imaginemos que implique la manipulación de material explosivo, toxico, etc.), por el tiempo que tome el análisis pericial o porque deba de ser realizado dicho análisis pericial o deba de ser tomada la declaración testifical en un lugar fuera de la competencia territorial del órgano jurisdiccional; ii). También la imposibilidad puede ser por incapacidad sobrevenida y material del testigo o perito de dar a conocer lo que sabía de los hechos, durante el tiempo que se celebre la audiencia de debate o dentro del plazo en que éste pueda suspender la audiencia, que es de un máximo de 15 días. En su segundo numeral el artículo 311 del Código Procesal prescribe que igualmente se podrán incorporar por su lectura: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.” Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericial rendida en la etapa preparatoria: 1) Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP). 2) Que el Testigo o el Perito no pueda brindar su declaración oral en la audiencia como consecuencia de: i. Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante permanente; ii. Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no le es posible como consecuencia de una enfermedad incapacitante temporal, o porque no sea posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos de que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello. 3) Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la etapa preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. Como tercer numeral el artículo 311 prevé que se introducirán por lectura: “Los testimonios rendidos en juicio o excepcionalmente, en los casos previstos en el numeral anterior, durante la etapa preparatoria por los sordomudos que solo puedan darse a entender por escrito.”, esto precisamente porque el medio escrito es el único medio por el cual pueden comunicarse las personas con discapacidad auditiva y de lenguaje hablado; Se requiere entonces como requisitos: 1) Que la declaración de la persona haya sido ofrecida oportunamente como medio de prueba a evacuarse en la audiencia de debate. 2) Que la persona se presente a la audiencia de debate, rindiendo declaración por escrito como consecuencia de adolecer capacidad auditiva y/o imposibilidad de comunicarse mediante el lenguaje hablado; Declaración a la cual se le dará lectura. 3) Cuando el testigo no se presente a la audiencia de debate por una imposibilidad o una dificultad, disponiéndose la introducción por lectura de una declaración dada por éste en la etapa preparatoria (En los mismos términos del numeral 3 del artículo). El cuarto numeral del artículo señala que se introducirán por lectura: “Las actas que documentan inspecciones, reconocimientos, registros o allanamientos que se hayan obtenido o realizado en cumplimiento de lo dispuesto en el presente Código, pero habrán de ser ratificadas en juicio siempre que sea posible.”; esto como consecuencia de la propia naturaleza del medio de prueba; Por ende serán los requisitos: 1) Que se trate el medio de prueba de un documento que registre una actuación de investigación bajo control policial, fiscal o judicial como: inspecciones oculares, reconocimientos de objetos o de personas, Registros a personas, vehículos, viviendas o bienes inmuebles, allanamientos, etc. 2) Que el documento haya sido oportunamente ofertado y admitido como medio de prueba para el debate. 3) Que el documento sea ratificado por la persona que lo haya elaborado; La ratificación implica solo el reconocimiento de la autoría, sino también la posibilidad de las partes de interrogar a la persona respecto a todos los hechos que llevaron a la elaboración del documento; Advierte la norma que la ratificación se realizará siempre que sea posible, lo que implica que cuando no lo sea la parte proponente del medio de prueba deberá de acreditar la existencia de dicha imposibilidad. La valoración de los medios de prueba introducidos por lectura deberá de conforme a las reglas de la sana crítica (Art. 202 CPP), con especial cuidado cuando se trate de medios de prueba testifical y pericial dada la evidente limitación a la inmediación y al derecho de contradicción, estando obligado el Tribunal de Sentencia de manera ineludible a hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial por uno documental. En el caso de los numerales cinco (5) y seis (6) del precitado artículo 311 del Código Procesal Penal, si bien está contenido en el mismo artículo, no constituyen excepciones a la oralidad, sino herramientas de valoración de prueba. Indican los numerales citados que apetición de parte interesada, durante el debate el Tribunal de Sentencia ordenara la introducción por lectura de tres (3) tipos de registros: i. Los informes periciales realizados durante la etapa preparatoria; ii. Las declaraciones que antes de la audiencia de debate haya rendido la persona acusada y; iii. Las declaraciones testificales rendidas en etapas previas al debate. El objeto de la introducción por lectura de estos registros es hacer una comparación entre la declaración previa dada por el perito, acusado/a, o testigo con la realizada en la audiencia de debate y confrontar al compareciente para que explique sobre alguna contradicción en la que haya incurrido; significa que son requisitos para que tal confrontación se realice: 1) Que el perito, imputado/a o testigo se encuentre en la audiencia de debate deponiendo. 2) Que haya rendido informe en el caso del perito, o declaración en el caso de testigos e imputado, de manera previa en una etapa anterior al proceso. 3) Que entre la información dada previamente por el compareciente con la dicha en el acto del debate se adviertan contradicciones de importancia para el caso que se Juzga y que sea necesario que sean aclaradas. La confrontación permite a los Juzgadores poder tener un instrumento más para valorar la credibilidad del testimonio que está presenciando en el debate; la información o declaración introducida por lectura no constituye medio de prueba, no puede ser objeto de valoración independiente, puesto que ésta solo es para efectos de confrontación, siendo la declaración que el compareciente realiza en la audiencia de debate y, en específico, las explicaciones que dé respecto a las contradicciones incurridas, lo que debe de ser analizado y valorado por el Tribunal de Sentencia. En conclusión, ante la revelación de un hecho nuevo en la audiencia de debate que dicte la necesidad de la práctica de un nuevo medio de prueba, antes no conocido y por tanto no ofertado como tal, cualquier de las partes podrá solicitar al Tribunal de Sentencia la práctica de un auto para mejor proveer, el cual resuelto positivamente produce como efecto legal la incorporación de dicho medio de prueba al acervo que debe de ser evacuado y valorado por el Tribunal de Sentencia. El medio de prueba para mejor proveer, cuando no pueda ser evacuado oralmente, deberá de ser introducido mediante su lectura siempre que se de alguno de los supuestos del artículo 311 del Código Procesal Penal. Debe de entenderse que un documento que no sea medio de prueba ni incorporado como tal por un auto para mejor proveer, no puede ser introducido por lectura a la audiencia de debate invocando el artículo 311 del Código Procesal Penal, pues como se ha señalado esta norma no contempla en ninguno de sus numerales tal posibilidad, sino que se limita a reglar las excepciones de lectura como forma de evacuación de prueba ya admitida previamente. 1f) De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ha podido verificar mediante el análisis del acta de debate que corre agregada a folio 237 vuelto, la declaración que la menor ofendida M. Y. P. R. rindió en el acto del juicio oral, en su deposición estableció categóricamente que el imputado Cesar Aníbal Díaz Claros nunca la había tocado, que no abusó sexualmente de ella; ante tal manifestación la fiscalía del Ministerio Público solicitó la incorporación íntegra por lectura de la declaración que la menor rindió como prueba anticipada en base al artículo 311 de Código Procesal Penal, estableciendo que existía contradicción. Por otro lado el Ministerio Público en su recurso señaló, que la solicitud de incorporación de la declaración de la menor rendida como prueba anticipada, debió ser admitida por el Tribunal Sentenciador pues el artículo 277 del Código Procesal Penal establecía que la prueba anticipada procedía cuando: había imposibilidad del testigo/perito de comparecer en el momento del debate, así como, ante la pérdida de un medio de prueba, ante el inminente riesgo que el testigo pueda fallecer o aquellas otras circunstancias que pueda existir, como la posibilidad de que cambie su testimonio, que exista la posibilidad que el testigo sea influenciado. Este Tribunal de Casación considera que, en este caso en particular, lo que se debió hacer ante un caso de retractación de un testigo en el debate, es establecer que la declaración del testigo en esos parámetros es un hecho nuevo e impredecible, que justifica la práctica de un auto para mejor proveer que ordene la incorporación como medio de prueba del documento donde consta aquella declaración previa del testigo, a efecto de ser comparada con la declaración oral dada en la audiencia de debate y en definitiva valorada como un medio de prueba independiente. Sin embargo lo que el ente acusador solicitó fue la incorporación íntegra de una prueba anticipada y no un auto para mejor proveer, lo que resulta improcedente como consecuencia de que el medio de prueba ofrecido era la declaración oral de ese testigo, lo cual en efecto se evacuó al haberse presentado en la audiencia, y por ende descartándose imposibilidades o dificultades de prestar dicha declaración; por tanto no existe tampoco violación al Debido Proceso, Tutela Judicial efectiva, ni al Derecho de Defensa porque en conclusión el medio de prueba ofrecido por el Ministerio Público (Declaración de la menor M. Y. P. R.), fue admitido por el Tribunal de Sentencia, evacuada oportunamente en la audiencia de debate y valorado en la sentencia que ahora se recurre. Por tales razones es procedente desestimar el presente recurso de casación. Es importante hacer la aclaración de que, cuando se celebró el debate o juicio oral en la presente causa, es decir el 18, 27 de marzo y 7 de abril del 2015, no había entrado en vigencia las reformas al Código Procesal Penal mediante el decreto 22-2015 mismas que fueron publicadas en el diario oficial la Gaceta el 01 de agosto del 2015, en las cuales se contempló adicionar el artículo 237A referente a las declaraciones de las Personas en Estado de Vulnerabilidad en el Proceso Penal, así como la reforma del artículo 277 del mismo cuerpo legal en el cual se habla de la prueba anticipada, incluyendo que, en los casos del artículo 237 “A” esas declaraciones deben ser admitidas por el Juez A-quo en todas las etapas del proceso, pero siempre se refiere a que, el Testigo /Víctima no debe comparecer al debate, porque de hacerlo la declaración que rinda en el acto del juicio será la que tenga valor. V. Decisión Se declara no ha lugar el presente Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional presentado por el Ministerio Público. VI. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la Abogada Junny Coritza Vega, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor Cesar Aníbal Díaz Claros a quien se le absolvió por el delito de Actos de Lujuria Agravados y Violación Especial en perjuicio de M. Y. P. R. Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha quince de junio del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firma y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-315-2015.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Sentencia de Casación Penal N° 342-2009, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 02 de noviembre del 2011.

[2] Fernández de la Reguera, Ángel Llorente. El Sistema de los Recursos en el Proceso Penal. Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Corte Suprema de Justicia. Agencia Española de Cooperación Internacional. Consejo General del Poder Judicial de España. Tegucigalpa, Honduras, Abril de 2001. Páginas 1-4.