Sentencia CP-311-14 — Registro 9497
Resumen
En primera instancia se absuelve al imputado por el delito de violación especial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Es importante para esta Sala de lo Penal, previo a dar respuesta al asunto puesto a consideración por el Ministerio Público, señalar que es una obligación ineludible del Estado de Honduras brindar protección a todo niño y niña, entiéndase como tal a toda persona que es menor de 18 años de edad (Art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante CdDN y Art. 1 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, en adelante CdNA), para que éstos puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal (Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño y art. 19.1 CdDN); en particular se debe de poner acento en proteger al niño y la niña de todas las formas de abuso sexual (Art. 34 CdCN) y en su caso la implementación de políticas estatales apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, y la reintegración social cuando fuesen víctima de esa clase de hechos (Art. 39 CdDN); con ese fin todas las medidas concernientes que tomen las instituciones de derecho público o privado, se adoptaran atendiendo el interés superior del niño y la niña (Art. 3 CdND y), de modo que aun cuando se identifique conflicto con otros derechos e intereses legítimos, siempre deberá de prevalecer los derechos e intereses de los niños y las niñas (5 CdNA).- Concretamente en los procesos judiciales, el niño y la niña deben de tener una especial consideración por los operadores de justicia, teniendo siempre presente todas aquellas circunstancias que pudiesen implicar revictimización, a efecto de evitarlas o, en su caso, neutralizarlas oportunamente. Ahora bien, los derechos de los niños y niñas, aun cuando operen bajo el Principio de Convencionalidad del Interés Superior, no puede ser bandera para el desconocimiento de derechos esenciales sobre los cuales se erige el proceso penal, pues si bien los derechos del niño y niña tiene prioridad por sobre otros derechos, ello no implica la anulación absoluta de éstos últimos frente aquellos, en particular Derechos como al Derecho de Defensa o a un Debido Proceso. La Recurrente señala que el Tribunal de Sentencia no debió darle credibilidad a las declaraciones rendidas en la audiencia de debate por la menor Y. I. P. C. y por la Señora M. F. C., pues esa retractación es como consecuencia de factores psico/sociales por su calidad de víctima y que la declaración a la que debió habérsele dado valor, por ser la creíble, era a la dada por las testigos en la audiencia inicial, olvidado que el A-Quo solo debe de valorar la prueba que fue debidamente ofrecida y admitida en la audiencia de proposición de prueba o en el debate (excepcionalmente). Recuérdese que artículo 311 del Código Procesal Penal contempla cuatro supuestos (numerales del 1 al 4), mediante los cuales es permitido, de manera excepcional, la introducción por lectura de medios de prueba para efectos de ser valorados por el Tribunal de Sentencia; cada uno de los supuestos establece que tipo de medio de prueba y las condiciones materiales que deben de presentarse para que dicha introducción sea válida.- En el caso de los numerales cinco (5) y seis (6), si bien está contenido en el mismo artículo, no constituyen excepciones a la oralidad, sino herramientas de valoración de prueba; indican los numerales citados que apetición de parte interesada, el Tribunal de Sentencia ordenara la introducción por lectura de tres (3) tipos de medios de prueba: 1).- Los informes periciales realizados durante la etapa preparatoria; 2) las declaraciones que antes de la audiencia de debate haya rendido la persona acusada; y 3).- Las declaraciones testificales rendidas en etapas previas al debate; el objeto es hacer una comparación entre la declaración previa dada por el perito, acusado/a, perito o testigo con la hecha en la audiencia de debate y confrontar al compareciente para que explique sobre alguna contradicción en la que haya incurrido; significa que son requisitos para que tal confrontación se realice: 1).- Que el perito, imputado/a o testigo se encuentre en la audiencia de debate deponiendo; 2).- Que haya rendido informe en el caso del perito, o declaración en el caso de testigos e imputado, de manera previa en una etapa anterior al proceso; y 3).- Que entre la información dada previamente por el compareciente con la dicha en el acto del debate se adviertan contradicciones de importancia para el caso que se Juzga y que sea necesario que sean aclaradas. La confrontación permite a los Juzgadores poder tener un trebejo más para valorar la credibilidad del testimonio que está presenciando en el debate; la información o declaración introducida por lectura no constituye medio de prueba, no puede ser objeto de valoración independiente, puesto que ésta solo es para efectos de confrontación, siendo la declaración que el compareciente realiza en la audiencia de debate y, en específico, las explicaciones que dé respecto a las contradicciones incurridas, lo que debe de ser analizado y valorado por el Tribunal de Sentencia. En el caso de marras consta en el acta que documenta la audiencia de debate (f. 86 v) que el Ministerio Público, advirtió supuestas contradicciones en la declaración de la Señora M. F. C. N., con lo que había declarado anteriormente en la audiencia inicial, por lo que solicitó la introducción por lectura de ésta declaración para efectos de evidenciarlas; de igual modo, en la audiencia de debate cuando la niña Y. I. P. C. estaba rindiendo declaración testifical el Ministerio Público solicito la introducción por lectura de la declaración dada por ésta en la audiencia inicial, señalando contradicciones entre sus declaraciones.- Este es el hecho que la Recurrente ha confundido con la introducción de un nuevo medio probatorio, dando un alcance distinto al artículo 311.6 del Código Procesal Penal del que se ha explicado en el párrafo anterior, pues supone que la declaración introducida por lectura constituye otro medio de prueba independiente que debe de ser valorado, no siendo así, pues la introducción por lectura es solo para efectos de “que las partes puedan interrogar […] al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas”, es decir hacer la confrontación sobre dichos contradictorios y exigir del testigo explicación de ello, debiendo valorar el Tribunal de Sentencia si dichas explicaciones son satisfactorias o no, más nunca asumir que lo que se haya introducido por lectura es otro medio de prueba, pues éste no fue ofertado como tal por las partes en los momentos oportunos ni admitido como tal por el órgano jurisdiccional. Así las cosas, el Tribunal de Sentencia realizó una valoración correcta de los medios probatorios, pues concordando con lo que el propio Ministerio Público señaló, las declaraciones de la Señora M. F. C. N. y la de la menor Y. I. P. C., rendidas en la audiencia de debate resultaron poco creíbles, al no dar una explicación convincente respecto a las contradicciones en que incurrieron cada una de ellas; por lo que excluyendo esa prueba testifical (por su falta de crédito), el resto del acervo probatorio fue insuficiente para sostener la tesis acusatoria del Ministerio Público, dado que si bien la agresión sexual fue acreditada mediante el Dictamen Médico No. 155-2011, Dictamen Psicológico No. 744-11, Certificación de Acta de Nacimiento No.xxxxxxxxxxx, ninguno de esos medios de Prueba, tampoco el Acta de Inspección Ocular, pudieron aportar elementos ciertos, concretos y solidos de que el acusado M. D. V. V. fue la persona responsable de haber cometido dicho delito. Con su recurso, el Ministerio Público busca como pretensión que esta Sala de lo Penal pronuncie reparo en contra del Tribunal de Sentencia por no haber valorado y además de manera positiva a sus pretensiones, dos declaraciones testificales rendidas en audiencia inicial, aun cuando ninguna de ellas constituía prueba de juicio, lo que implicaría violación a los artículos 333 y 336 del Código Procesal Penal que mandan que solo valoraran la prueba que haya sido evacuada en la audiencia de debate y, que solo se evacuaran en el debate los medios de prueba que hayan sido oportunamente propuestos por las partes y admitidos por el Tribunal, y consecuentemente violación a los Derechos Fundamentales al Derecho de Defensa y a un Debido Proceso Legal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez V. y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP-311-2043 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha uno de octubre del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Primero: Absolvió al señor M. D. V. V., del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor Y. I. P. C..- Segundo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: La Abogada D. E. R. C., agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y los Abogados M. R. A. E. y A. A. G. A., Agentes de la Defensa Pública y representantes legales del acusado M. D. V. P., en su condición de Recurridos. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: Único: El día once de agosto del año dos mil once, la menor Y. I. P. C. en ese entonces de trece años de edad, quien vivía en la aldea de Tulian Río del Municipio de Omoa, Cortés, acompañada por su madre la señora M. F. C., fue examinada por un médico Forense, determinándose que la menor presentaba rupturas antiguas de himen ubicadas a la una, tres, siete y once horas, según el sentido de las manecillas del reloj, compatibles con lesiones producidas por penetración de cuerpo romo. III. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS Casación Por Quebrantamiento De Forma Motivo Único: “Haber dictado el Tribunal de Sentencia un fallo Absolutorio, en Inobservancia de Las Reglas de la Sana Crítica en la Valoración de la Prueba”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo: Para establecer los errores de valoración en que ha incurrido el Tribunal, en desapego a lo preceptuado en el artículo 202 de la normativa procesal penal, efectuaremos un análisis de los medios de prueba allegados legalmente al juicio mismos que estuvieron integrados por prueba testifical y pericial, que se detalla a continuación: Prueba Testifical: 1.- Y. I. P. C. (menor ofendida) quien relató en el debate: “que no tiene parentesco con el imputado, que ella no tuvo nada que ver con él, ella ese día estaba nerviosa, ella estaba presionada, que él no tiene la culpa de la violación, ella tuvo relación con otro muchacho. A preguntas de la fiscalía contestó: ¿conocía al señor M. antes de los hechos. R/ Que sí. ¿Sabe porque su mamá fue a poner una denuncia en contra de M.? ¿Por qué en aquella declaración dijo que había tenido relaciones con el señor M. y ahora dice que no, en que momento estaba mintiendo? Dijo que si había tenido relaciones con él, porque estaba nerviosa, que no fue con él, fue con otra persona. 2.- M. F. C. (madre de la ofendida) manifestó lo siguiente: “…que con el imputado no tiene parentesco, que la joven Y. I. es su hija, el once de agosto que ella venía desvelada del hospital, su hija le dijo que le dolía la cabeza que le diera dinero para ir a comprar unas pastillas, ella se quedó dormida, cuando despierta pregunta por su hija, el muchacho vivía en una casa de abajo, su hija venía saliendo de esa casa de M. D., ella se metió al cuarto ella la revisó, le miró algo raro y se fueron para la policía, le mandaron a hacer exámenes y le dijeron que había tenido relaciones sexuales. A preguntas de la Fiscalía contestó: ¿Recuerda la fecha en que ocurrieron los hechos? En agosto del 2011. ¿Ese día cuando la envío a comprar qué horas eran? R/ como las nueve. ¿Qué actitud llevaba ella? R/ iba arreglándose la blusa. ¿Qué explicación le dio? Ella se quedaba callada. ¿Porque motivo puso la denuncia en contra del señor M.?? R/ porque la vio salir de la casa donde él vivía. ¿Hace cuánto tiempo conocía al señor M.? R/ Que no platicaba con él. Que en base al artículo 311 numeral 6, se introduzca mediante lectura. La fiscalía manifiesta que en todo el contexto la testigo se refiere al imputado. El abogado J. J. miembro del Tribunal interroga a la testigo. ¿Usted no sabe con quién tuvo relación su hija? R/ No sabe. - ¿Cuántas personas Vivian allí? Que dos muchachos más. Respecto a la declaración de la ofendida Y. I. P. C. y su madre M. F. C., el juzgador en el numeral segundo del apartado de la valoración de la prueba, expuso: que dichas declaraciones son valoradas por estos jueces de manera exculpatoria a favor del acusado, ya que se establece la retractación de ambos testigos en cuanto a la individualización del acusado como autor material de un delito de Violación Especial y si bien es cierto las explicaciones vertidas en audiencia sobre las contradicciones apreciadas entre sus dichos en la vista pública, con la versión anteriormente ofrecida en audiencia inicial, no son eternamente convincentes, no le es posible a este Tribunal establecer con absoluta certeza cuál de las dos versiones es la verdad y cual mentira, advirtiendo una duda razonable la cual favorece al imputado. “Prueba Documental: a) Certificación de acta de nacimiento que pertenece a Y. I. P. C., sexo F, y la fecha de nacimiento es el 10 de Noviembre de 1997. En la valoración de esta probanza, el sentenciador ha señalado que este documento constituye una prueba indubitada al ser extendido por el Registro Público correspondiente que acredita que la joven Y. I. P. C. contaba con trece años de edad al momento de los hechos objeto de juzgamiento. Prueba Pericial: a) Dictamen Médico número 155-2011 de fecha 14 de Agosto del 2011 elaborado por el doctor O. H. Z., sobre evaluación practicada a la ofendida Y. I. P. C. en fecha 14 de agosto del 2011 en la que sus conclusiones establece que presenta Himen con rupturas antiguas (superiores a diez días) a nivel de las 1, 3,7 y 11 horas según las manecillas del reloj; dichas rupturas son características de las producidas por el roce y/o penetración de cuerpo romo, como por ejemplo pene erecto. b) Dictamen de Evaluación Psicológica número 744-11, de fecha 08 Noviembre del 2012 elaborado por la licenciada en Psicología P. A. R. realizado a la señora Y. I. P., concluyendo la pericia que la evaluada presenta una deficiente autoestima, arranques de agresión, aislamiento afectivo, dependencia, inseguridad, inmadurez, ansiedad y tensión pero no presenta sintomatología de estrés post-traumático. Después de haber efectuado un resumen de la prueba de cargo allegada legalmente al juicio, procederemos al examen de la valoración probatoria que de la misma ha realizado el Tribunal, señalando de manera concreta las Reglas de la Sana Crítica que se han visto vulneradas y lo condujeron a conclusiones desacertadas respecto a la responsabilidad del imputado. Respecto a la declaración de la ofendida Y. I. P. C. y su madre M. F. C., el juzgador en el numeral segundo del apartado de la valoración de la prueba, expuso: que dichas declaraciones son valoradas por estos jueces de manera exculpatoria a favor del acusado, ya que se establece la retractación de ambos testigos en cuanto a la individualización del acusado como autor material de un delito de Violación Especial y si bien es cierto las explicaciones vertidas en audiencia sobre las contradicciones apreciadas entre sus dichos en la vista pública, con la versión anteriormente ofrecida en audiencia inicial, no son eternamente convincentes, no le es posible a este Tribunal establecer con absoluta certeza cuál de las dos versiones es la verdad y cual mentira, advirtiendo una duda razonable la cual favorece al imputado.” El ente jurisdiccional apartándose de las máximas de la experiencia, decide restarle credibilidad al testimonio de la menor ofendida y su madre, aduciendo que la retractación de ambas en el debate debe ser valorada de manera exculpatoria a favor del acusado, a pesar que a todas luces se evidencia que tratan de favorecer al mismo, agregando a su declaración circunstancias que no son nuevas, como el hecho que en la casa donde vivía el imputado, habían otros muchachos, pues este aspecto ya era de su conocimiento al ser su vecino; además, que motivo pudo llevar a la menor ofendida a señalar al enjuiciado como la persona con la que sostuvo relaciones sexuales en dos ocasiones, si del proceso no se deriva que hubiese una intención de perjudicarlo; por otra parte, la versión que resulta creíble es la inicial, donde la testigo M. F. C. descubrió a su hija cuando salía del cuarto del procesado, la revisó y no le pareció lo que vio, llevándola a Medicina Forense donde se estableció que presentaba ruptura de himen antigua, así como que la menor víctima lo identificó como la persona con la que sostuvo relaciones sexuales en dos ocasiones. El Tribunal no considera, que en este tipo de delitos, donde la víctima es una menor de 14 años, su versión de los hechos puede variar de una etapa del proceso a otra, en virtud que su falta de madurez la vuelve fácilmente manipulable, impidiendo que sea consistente en sus dichos; por ende el juzgador no puede fundamentarse en la retractación de la ofendida para absolver al imputado por el ilícito penal de Violación Especial. Para apoyar nuestra tesis, nos permitimos a manera de ilustración transcribir lo que la doctrina explica sobre la retractación de la víctima en el debate. Trabajo de Investigación realizado por la Dra. R. M. “Abuso Sexual Infantil: La Retractación de la víctima y sus consecuencias procesales”[1] “El presente trabajo de investigación tiene como objeto, desarrollar las etapas cronológica por las cuales atraviesa una víctima del delito de abuso sexual infantil, haciendo especial hincapié en la llamada retractación y las consecuencias procesales que ello acarrea para el proceso penal Yendo al núcleo del trabajo, cabe destacar porque es necesario analizar las diversas etapas cronológicas por las cuales atraviesa un menor víctima de un abuso sexual. La respuesta a ello radica en la mayoría de los casos frente a la excesiva extensión temporal de las investigaciones relacionadas con este tipo de hechos delictivos, a la falta de especialización de las personas llamadas a investigar, los sentimientos de culpa, temor, remordimiento que siente el menor por haber sido abusado sumado a las reiteradas ocasiones en las cuales este es “llevado a declarar ante personas extrañas; llámese jueces, fiscales, defensores, psicólogos, médicos, entre otros; se advierte que las víctimas o sus propias madres denunciantes se retractan del suceso denunciado con el objeto de evitar sentirse por segunda vez o reiteradas veces victimizado. Por otra parte, no puede obviarse que la etapa de la retractación, muchas veces ocurre en las etapas finales de la investigación, generalmente durante el debate del juicio oral, conduciendo como lógica consecuencia a la absolución del acusado por falta de pruebas. En efecto, si durante el debate oral, juicio por excelencia la víctima se retracta del hecho denunciado, los Jueces concluyen en la inexistencia de delito, sin advertir que este tipo de circunstancias es una de las etapas casi obligatoria por la cual atraviesa un menor abusado. Ahora bien, en no todas las investigaciones se cuenta con prueba directa del abuso sexual; ello por cuanto en la mayoría de los casos se trata de hechos acaecidos en ámbito cerrados y privados y sin testigos presenciales, lo cual torna mucho más difícil su investigación. Ronald Summit, en lo que este dio en llamar “La Teoría de la Adaptación” o “Teoría de la acomodación”. Así mencionó cinco etapas en relación a la víctima, el secreto, la desprotección, la acomodación, la revelación tardía y la retractación. La es la etapa donde el niño necesita mayor comprensión de parte de la Justicia llámese Jueces, fiscales, asesores de menores, abogados, organismos institucionales, médicos, psicólogos, entre otros, de sus padres y demás familiares y de un ambiente contenedor para no flaquear y sostener lo que han relatado. Por ello, a menos que el niño reciba un apoyo sustancial ante su denuncia, normalmente se retracta. La presión ejercida sobre la víctima por la familia, por el abusador y aún por los profesionales puede abrumar al menor abusado y obligarlo a retractarse. Esto no indica que la víctima mintió acerca del hecho, sino que generalmente es una consecuencia lógica de la intensa presión ejercida sobre ella. Así la retractación les permite volver al seno de la familia y eludir el sistema penal. Aplicando lo supraindicado al caso concreto, vemos que precisamente el problema de valoración en que ha incurrido el juzgador se encuentra vinculado a la circunstancia, de que suele despertar mayor credibilidad en él, la negación que efectúa la víctima en el debate respecto los hechos que antes denunciaron, es decir la retractación, que la declaración rendida en la audiencia inicial. La práctica nos ha mostrado, que personas allegadas al niño influyen sobre sus decisiones con el objeto de que se culmine el proceso judicial, en consecuencia, más allá de la dificultad probatoria que implica determinar cuando un niño o niña dijo la verdad, lo cierto es que dicha circunstancia se torna más compleja según la etapa del proceso en la cual nos encontremos, por ende al otorgarle mayor relevancia a la retractación para dictar una fallo el Tribunal se aparta de las Reglas de la máxima de la experiencia. Respecto a la valoración de la declaración de los menores, la Jurisprudencia Colombiana, en el fallo T-55 de 2003, emitido por la Corte Constitucional, ha establecido: “De tal suerte que constituiría acto de discriminación cualquier comportamiento del funcionario judicial que no tome en consideración la situación de indefensión en la que se encuentra el menor abusado sexualmente, y por lo tanto dispense a la víctima el mismo trato que regularmente se le acuerda a un adulto, omita realizar las actividades necesarias para su protección, asuma una actitud pasiva en materia probatoria……”. El vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, se produjo cuando el Tribunal estimase las contradicciones entre la declaración vertida en Audiencia inicial y la dada en el debate como exculpatorias a favor del imputado, en vulneración a las “Reglas de la Experiencia”; pues el juez conoce, en los casos de agresión sexual donde se encuentran involucradas menores, generalmente se produce la retractación de la acusación, ya que transcurre un espacio largo de tiempo entre la evacuación del debate y la primera declaración, que permite efectuar una labor de convencimiento en la menor, en este caso, de apenas 13 años de edad, extremos que no fueron considerados por el ente jurisdiccional, arribando consecuentemente a una conclusión errada de Absolución del enjuiciado. Creemos necesario traer a colisión lo que ¡a Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo número 404-08, ha establecido en cuanto a la consideración de las declaraciones de los menores y adolescentes: “... Otra conclusión arribada por el A quo, que no está constituida de inferencia razonables es el hecho de aseverar que la declaración de la menor es confusa y contradictoria, a este respecto esta sala determina que la correcta aplicación de las reglas de la experiencia, consecuentes con el trato digno y comprensivo que se le debe dar a todo niño o niña y adolescente en el proceso judicial, tomando en cuenta su consideración personal y sus necesidades inmediatas de edad, sexo, situación personal, discapacidad, nivel de madurez, dictan que el testimonio de un niño debe ser valorado distinto al de un adulto, atendida precisamente su falta de madurez y percepción de los hechos desde su propia experiencia y percepción de la realidad, aspecto que deben ponderarse para valorar sus declaraciones, la experiencia dice que frente a un hecho traumático reaccionan diferente adultos y niño, el niño muestra mayor nerviosismo y menor concentración sobre los hechos y detalles que trascienden al interés judicial, es obvio, que como un mecanismo de defensa en el caso de ser cierto el hecho que se le imputa al acusado, el menor no quiera recordarlo…..”. En sumario y siendo que la prueba de cargo apegada a las Reglas de la Sana Critica se aprecia suficiente para dictar un fallo condenatorio por el delito tipificado en el artículo 140, numeral 4 del Código Penal, el Tribunal no ha sido capaz de extraer de dicha fuente de convencimiento dada su errónea valoración en la prueba en la manera antes señalada, por lo tanto el razonamiento del juzgador al momento de valorar dicha probanza vulnera las reglas de las máximas de la experiencia ya que es criterio de la Sala de lo Penal que el examen sobre las pruebas está instituido únicamente a efectos de custodiar que se cumpla a aplicación de las reglas de la sana crítica (lógica, psicología y la experiencia) en la fundamentación del fallo. El juzgador con el fallo absolutorio proferido incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador; igualmente enfatizamos que no habíamos reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.
Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. 1.- Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Inobservancia de las reglas de la Sana Critica en la Valoración de la Prueba; Acciones de saneamiento presentadas: Imposibilidad como consecuencia de que el vicio procesal se manifiesta en la sentencia; Pretensión: Sin Determinar por el Recurrente. Denuncia la recurrente que el Tribunal de Sentencia se apartó de las máximas de la experiencia al valorar la declaración testifical de la niña Y. I. P. C., supuesta ofendida en el presente caso y a la testigo M. F. C., madre de aquella; relaciona que la menor identificó en dos ocasiones previas al debate al acusado como su agresor, siendo esta primera versión la que resulta creíble; cita el estudio de la Doctora R. M., sobre “Abuso Sexual Infantil: La Retractación de la víctima y sus consecuencias procesales”, explicando que la retractación de menores de edad señalados víctimas de delitos sexuales es una de las etapas que sufre esta clase de víctimas, como consecuencia de la excesiva extensión temporal de las investigaciones, falta de especialización de las personas llamadas a investigar, sentimientos de culpa, temor, remordimiento, lo que hace retractarse a las víctimas y a sus propias madres para no sentirse victimizadas; explica que el vicio denunciado se produjo cuando el Tribunal de Sentencia estimo que las contradicciones incurridas por las testigos entre la declaración dada en la audiencia inicial y la hecha en la audiencia de juicio resultaba exculpatorias a favor del acusado, lo que constituyó una violación a la regla de la experiencia, pues los Sentenciadores conocen que en este tipo de casos sucede retractaciones de las víctimas. 2.- De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Es importante para esta Sala de lo Penal, previo a dar respuesta al asunto puesto a consideración por el Ministerio Público, señalar que es una obligación ineludible del Estado de Honduras brindar protección a todo niño y niña, entiéndase como tal a toda persona que es menor de 18 años de edad (Art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante CdDN y Art. 1 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, en adelante CdNA), para que éstos puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal (Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño y art. 19.1 CdDN); en particular se debe de poner acento en proteger al niño y la niña de todas las formas de abuso sexual (Art. 34 CdCN) y en su caso la implementación de políticas estatales apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, y la reintegración social cuando fuesen víctima de esa clase de hechos (Art. 39 CdDN); con ese fin todas las medidas concernientes que tomen las instituciones de derecho público o privado, se adoptaran atendiendo el interés superior del niño y la niña (Art. 3 CdND y), de modo que aun cuando se identifique conflicto con otros derechos e intereses legítimos, siempre deberá de prevalecer los derechos e intereses de los niños y las niñas (5 CdNA).- Concretamente en los procesos judiciales, el niño y la niña deben de tener una especial consideración por los operadores de justicia, teniendo siempre presente todas aquellas circunstancias que pudiesen implicar revictimización, a efecto de evitarlas o, en su caso, neutralizarlas oportunamente. Ahora bien, los derechos de los niños y niñas, aun cuando operen bajo el Principio de Convencionalidad del Interés Superior, no puede ser bandera para el desconocimiento de derechos esenciales sobre los cuales se erige el proceso penal, pues si bien los derechos del niño y niña tiene prioridad por sobre otros derechos, ello no implica la anulación absoluta de éstos últimos frente aquellos, en particular Derechos como al Derecho de Defensa o a un Debido Proceso. La Recurrente señala que el Tribunal de Sentencia no debió darle credibilidad a las declaraciones rendidas en la audiencia de debate por la menor Y. I. P. C. y por la Señora M. F. C., pues esa retractación es como consecuencia de factores psico/sociales por su calidad de víctima y que la declaración a la que debió habérsele dado valor, por ser la creíble, era a la dada por las testigos en la audiencia inicial, olvidado que el A-Quo solo debe de valorar la prueba que fue debidamente ofrecida y admitida en la audiencia de proposición de prueba o en el debate (excepcionalmente). Recuérdese que artículo 311 del Código Procesal Penal contempla cuatro supuestos (numerales del 1 al 4), mediante los cuales es permitido, de manera excepcional, la introducción por lectura de medios de prueba para efectos de ser valorados por el Tribunal de Sentencia; cada uno de los supuestos establece que tipo de medio de prueba y las condiciones materiales que deben de presentarse para que dicha introducción sea válida.- En el caso de los numerales cinco (5) y seis (6), si bien está contenido en el mismo artículo, no constituyen excepciones a la oralidad, sino herramientas de valoración de prueba; indican los numerales citados que apetición de parte interesada, el Tribunal de Sentencia ordenara la introducción por lectura de tres (3) tipos de medios de prueba: 1).- Los informes periciales realizados durante la etapa preparatoria; 2) las declaraciones que antes de la audiencia de debate haya rendido la persona acusada; y 3).- Las declaraciones testificales rendidas en etapas previas al debate; el objeto es hacer una comparación entre la declaración previa dada por el perito, acusado/a, perito o testigo con la hecha en la audiencia de debate y confrontar al compareciente para que explique sobre alguna contradicción en la que haya incurrido; significa que son requisitos para que tal confrontación se realice: 1).- Que el perito, imputado/a o testigo se encuentre en la audiencia de debate deponiendo; 2).- Que haya rendido informe en el caso del perito, o declaración en el caso de testigos e imputado, de manera previa en una etapa anterior al proceso; y 3).- Que entre la información dada previamente por el compareciente con la dicha en el acto del debate se adviertan contradicciones de importancia para el caso que se Juzga y que sea necesario que sean aclaradas. La confrontación permite a los Juzgadores poder tener un trebejo más para valorar la credibilidad del testimonio que está presenciando en el debate; la información o declaración introducida por lectura no constituye medio de prueba, no puede ser objeto de valoración independiente, puesto que ésta solo es para efectos de confrontación, siendo la declaración que el compareciente realiza en la audiencia de debate y, en específico, las explicaciones que dé respecto a las contradicciones incurridas, lo que debe de ser analizado y valorado por el Tribunal de Sentencia. En el caso de marras consta en el acta que documenta la audiencia de debate (f. 86 v) que el Ministerio Público, advirtió supuestas contradicciones en la declaración de la Señora M. F. C. N., con lo que había declarado anteriormente en la audiencia inicial, por lo que solicitó la introducción por lectura de ésta declaración para efectos de evidenciarlas; de igual modo, en la audiencia de debate cuando la niña Y. I. P. C. estaba rindiendo declaración testifical el Ministerio Público solicito la introducción por lectura de la declaración dada por ésta en la audiencia inicial, señalando contradicciones entre sus declaraciones.- Este es el hecho que la Recurrente ha confundido con la introducción de un nuevo medio probatorio, dando un alcance distinto al artículo 311.6 del Código Procesal Penal del que se ha explicado en el párrafo anterior, pues supone que la declaración introducida por lectura constituye otro medio de prueba independiente que debe de ser valorado, no siendo así, pues la introducción por lectura es solo para efectos de “que las partes puedan interrogar […] al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas”, es decir hacer la confrontación sobre dichos contradictorios y exigir del testigo explicación de ello, debiendo valorar el Tribunal de Sentencia si dichas explicaciones son satisfactorias o no, más nunca asumir que lo que se haya introducido por lectura es otro medio de prueba, pues éste no fue ofertado como tal por las partes en los momentos oportunos ni admitido como tal por el órgano jurisdiccional. Así las cosas, el Tribunal de Sentencia realizó una valoración correcta de los medios probatorios, pues concordando con lo que el propio Ministerio Público señaló, las declaraciones de la Señora M. F. C. N. y la de la menor Y. I. P. C., rendidas en la audiencia de debate resultaron poco creíbles, al no dar una explicación convincente respecto a las contradicciones en que incurrieron cada una de ellas; por lo que excluyendo esa prueba testifical (por su falta de crédito), el resto del acervo probatorio fue insuficiente para sostener la tesis acusatoria del Ministerio Público, dado que si bien la agresión sexual fue acreditada mediante el Dictamen Médico No. 155-2011, Dictamen Psicológico No. 744-11, Certificación de Acta de Nacimiento No.xxxxxxxxxxx, ninguno de esos medios de Prueba, tampoco el Acta de Inspección Ocular, pudieron aportar elementos ciertos, concretos y solidos de que el acusado M. D. V. V. fue la persona responsable de haber cometido dicho delito. Con su recurso, el Ministerio Público busca como pretensión que esta Sala de lo Penal pronuncie reparo en contra del Tribunal de Sentencia por no haber valorado y además de manera positiva a sus pretensiones, dos declaraciones testificales rendidas en audiencia inicial, aun cuando ninguna de ellas constituía prueba de juicio, lo que implicaría violación a los artículos 333 y 336 del Código Procesal Penal que mandan que solo valoraran la prueba que haya sido evacuada en la audiencia de debate y, que solo se evacuaran en el debate los medios de prueba que hayan sido oportunamente propuestos por las partes y admitidos por el Tribunal, y consecuentemente violación a los Derechos Fundamentales al Derecho de Defensa y a un Debido Proceso Legal. V. DECISIÓN NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto el Ministerio Público; SEGUNDO: Declara FIRME la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes (f. 90), de fecha uno (01) de Octubre de dos mil trece (2013).- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ V.. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-311-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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