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Sentencia CP-307-14 — Registro 9496

Resumen

En primera instancia se condena al imputado como coautor del delito de Secuestro, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por él.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...."EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Dar respuesta a la recurrente requiere hacer un recuento de las actuaciones que constan en el acumulado judicial; Según éste la audiencia de debate dio inicio el 29 de agosto de 2010 y tras su finalización el Tribunal de Sentencia cito a las partes para la audiencia de individualización de la pena concreta el 29 de noviembre de ese año, más dicha audiencia fue reprogramada en doce ocasiones (f. 255, 258, 262, 266, 274, 281, 288, 289, 293, 308 y 310), siendo hasta el 11 de diciembre de 2013 (f. 323) que la misma pudo celebrarse; En dicha audiencia las partes informaron al tribunal que no tenía medios de prueba que proponer para la individualización de la pena, siendo sus posturas: 1. El Ministerio Público argumentó que concurría la agravante del artículo 194.2 al haberse privado de la libertad a la víctima por más de 24 horas y la atenuante del artículo 194-A.1 de haber tratado los acusados con consideración a la víctima; Por lo que sumado a la ausencia de antecedentes penales, solicito la imposición de la pena mínima señalada por la ley; y 2. A su turno la Defensa de los acusados indicaron adherirse a lo peticionado por el Ministerio Público: la imposición de la pena mínima a los acusados. A folio 317 se aprecia la sentencia que se impugna, de fecha 10 de diciembre de 2013, en la cual señala en su preámbulo que la audiencia de individualización de la pena fue celebrada el 10 de diciembre de 2012, lo que es un evidente error material en el año, leyéndose además en el numeral sexto de la fundamentación jurídica que: “En la audiencia de individualización de la pena celebrada el 10 de diciembre del año dos mil trece, fue admitida al Ministerio Público la constancia de Antecedentes Penales de los imputados, extendida por la Unidad de Antecedentes Penales, en la cual se establece que los mismos no tienen antecedentes penales y que pese a que el secuestro duro más de veinticuatro horas también se acredito que le atendían, por lo que solicito la pena mínima de veinte años de reclusión a los que las defensas estuvieron conformes y de acuerdo con tal petición, por lo que este Tribunal debe condenárseles a la Pena de veinte años de reclusión.”. La Sentencia referida impuso a los acusados S. S. C. y A. I. R., como coautores del delito consumado de Secuestro, en perjuicio de R. E. Z. L., la pena principal de veinte años de reclusión, misma que es la pena mínima señalada para dicho delito por el artículo 192 del Código Penal. Lo relacionado permite determinar a esta Sala de lo Penal que la Recurrente carece de razón.- Ciertamente una disparidad entre la audiencia de individualización de la pena y la sentencia, en donde la primera aparece celebrada el día 11 de diciembre de 2013 (según el acta) y la segunda emitida con fecha 10 de diciembre: un día antes; Además porque la sentencia hace relación de la presentación y admisión de un medio de prueba documental (Constancia de Antecedentes Penales), pero en la audiencia de individualización se registra que las partes no presentaron prueba alguna; Ahora bien en la sentencia se relaciona que el Ministerio Público indico en la audiencia que los acusados no tenían en ese momento antecedentes penales y que pese a que la privación de la libertad de la ofendida fue por más de 24 horas, los justiciables la “atendían”, lo que le motivaba a pedir la imposición de una pena mínima, a lo que estuvieron de acuerdo los Señores Defensores, todo lo cual coincide con el contenido del acta de la audiencia de individualización de la pena.- Por lo anterior concluye este Tribunal de Casación que no existe violación al debido proceso, pues los Señores Jueces realizaron primero la audiencia de individualización de la pena y luego emitieron la sentencia respectiva, tal y como lo ordenan los artículos 342 y 343 del Código Procesal Penal y que la falta de correspondencia de las fechas consignadas en el acta de audiencia y la sentencia se debe a un descuido de la Jueza Ponente que no fue reparado por los demás Jueces integrantes. Con independencia a lo señalado y si partiésemos del supuesto de que la Sentencia fue emitida sin haberse celebrado la audiencia de individualización de la pena concreta (lo cual como explicamos no fue así), el recurso tampoco sería atendible a falta de Legitimidad Subjetiva de la Recurrente para sostener la impugnación; Explicando: la audiencia in comento tiene como fin determinar la pena individualizada que corresponde al caso concreto, la cual no puede desbordar los límites mínimo y máximo de la que de manera abstracta señala el Código Penal y en el presente caso la sentencia impuso a los acusados la pena mínima, que es la que hubiese solicitado la Recurrente en su calidad de Defensora Pública, con lo cual la sentencia no le causa agravio alguno, pues aun con la falta de audiencia de individualización de la pena (ello siguiendo el supuesto) la pena pretendida fue la que se impuso..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- La Recurrente reproduce los argumentos expuestos en su recurso de casación por infracción de precepto constitucional, esta vez bajo la vía del recurso de casación por quebrantamiento de forma; Como consecuencia lo expuesto por este Tribunal de Casación en relación a aquel recurso es aplicable a éste, no siendo necesario un segundo desarrollo. Por otra parte, la Recurrente de manera adicional alega la falta de legitimidad de la Abogada K. L. R. de actuar como Jueza de la causa, lo cual no es atendible debido a que: i.- Es un reproche que desborda el motivo planteado, pues éste refería a la infracción de los artículos 342 y 343 que regulan el desarrollo de la primera y segunda fase de la etapa de juicio y no sobre la composición del órgano jurisdiccional; ii.- La protesta de la recurrente sería extemporánea, pues la Jueza R. participó en la audiencia de individualización de la pena concreta sin que ninguna de las partes planteara incidente sobre indebida integración del tribunal de Sentencia; iii.- Finalmente la Recurrente no ha presentado el sustento probatorio correspondiente, consistente en la resolución de suspensión de la Abogada R. que acredite que a esa fecha no podía actuar como Jueza, lo cual le era obligatorio al momento de la interposición del recurso que nos ocupa..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Dar respuesta a la recurrente requiere hacer un recuento de las actuaciones que constan en el acumulado judicial; Según éste la audiencia de debate dio inicio el 29 de agosto de 2010 y tras su finalización el Tribunal de Sentencia cito a las partes para la audiencia de individualización de la pena concreta el 29 de noviembre de ese año, más dicha audiencia fue reprogramada en doce ocasiones (f. 255, 258, 262, 266, 274, 281, 288, 289, 293, 308 y 310), siendo hasta el 11 de diciembre de 2013 (f. 323) que la misma pudo celebrarse; En dicha audiencia las partes informaron al tribunal que no tenía medios de prueba que proponer para la individualización de la pena, siendo sus posturas: 1. El Ministerio Público argumentó que concurría la agravante del artículo 194.2 al haberse privado de la libertad a la víctima por más de 24 horas y la atenuante del artículo 194-A.1 de haber tratado los acusados con consideración a la víctima; Por lo que sumado a la ausencia de antecedentes penales, solicito la imposición de la pena mínima señalada por la ley; y 2. A su turno la Defensa de los acusados indicaron adherirse a lo peticionado por el Ministerio Público: la imposición de la pena mínima a los acusados. A folio 317 se aprecia la sentencia que se impugna, de fecha 10 de diciembre de 2013, en la cual señala en su preámbulo que la audiencia de individualización de la pena fue celebrada el 10 de diciembre de 2012, lo que es un evidente error material en el año, leyéndose además en el numeral sexto de la fundamentación jurídica que: “En la audiencia de individualización de la pena celebrada el 10 de diciembre del año dos mil trece, fue admitida al Ministerio Público la constancia de Antecedentes Penales de los imputados, extendida por la Unidad de Antecedentes Penales, en la cual se establece que los mismos no tienen antecedentes penales y que pese a que el secuestro duro más de veinticuatro horas también se acredito que le atendían, por lo que solicito la pena mínima de veinte años de reclusión a los que las defensas estuvieron conformes y de acuerdo con tal petición, por lo que este Tribunal debe condenárseles a la Pena de veinte años de reclusión.”. La Sentencia referida impuso a los acusados S. S. C. y A. I. R., como coautores del delito consumado de Secuestro, en perjuicio de R. E. Z. L., la pena principal de veinte años de reclusión, misma que es la pena mínima señalada para dicho delito por el artículo 192 del Código Penal. Lo relacionado permite determinar a esta Sala de lo Penal que la Recurrente carece de razón.- Ciertamente una disparidad entre la audiencia de individualización de la pena y la sentencia, en donde la primera aparece celebrada el día 11 de diciembre de 2013 (según el acta) y la segunda emitida con fecha 10 de diciembre: un día antes; Además porque la sentencia hace relación de la presentación y admisión de un medio de prueba documental (Constancia de Antecedentes Penales), pero en la audiencia de individualización se registra que las partes no presentaron prueba alguna; Ahora bien en la sentencia se relaciona que el Ministerio Público indico en la audiencia que los acusados no tenían en ese momento antecedentes penales y que pese a que la privación de la libertad de la ofendida fue por más de 24 horas, los justiciables la “atendían”, lo que le motivaba a pedir la imposición de una pena mínima, a lo que estuvieron de acuerdo los Señores Defensores, todo lo cual coincide con el contenido del acta de la audiencia de individualización de la pena.- Por lo anterior concluye este Tribunal de Casación que no existe violación al debido proceso, pues los Señores Jueces realizaron primero la audiencia de individualización de la pena y luego emitieron la sentencia respectiva, tal y como lo ordenan los artículos 342 y 343 del Código Procesal Penal y que la falta de correspondencia de las fechas consignadas en el acta de audiencia y la sentencia se debe a un descuido de la Jueza Ponente que no fue reparado por los demás Jueces integrantes. Con independencia a lo señalado y si partiésemos del supuesto de que la Sentencia fue emitida sin haberse celebrado la audiencia de individualización de la pena concreta (lo cual como explicamos no fue así), el recurso tampoco sería atendible a falta de Legitimidad Subjetiva de la Recurrente para sostener la impugnación; Explicando: la audiencia in comento tiene como fin determinar la pena individualizada que corresponde al caso concreto, la cual no puede desbordar los límites mínimo y máximo de la que de manera abstracta señala el Código Penal y en el presente caso la sentencia impuso a los acusados la pena mínima, que es la que hubiese solicitado la Recurrente en su calidad de Defensora Pública, con lo cual la sentencia no le causa agravio alguno, pues aun con la falta de audiencia de individualización de la pena (ello siguiendo el supuesto) la pena pretendida fue la que se impuso...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo R., pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La siguiente SENTENCIA conociendo del Recurso 307-2014 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de diciembre del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de F. Morazán, mediante la cual Condenó a los señores S. S. C. y A. I. R., como coautores del delito de Secuestro, en perjuicio de la joven R. E. Z. L., a la pena de veinte (20) años de reclusión.- Asimismo se les condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.- También se declaró la responsabilidad civil de los condenados S. S. C. y A. I. R. a favor del señor I. E. R. R..- No procedió la Condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada E. C. F. M., actuando en su condición de Defensora Pública del señor A. I. R.. Son Partes En Única Instancia: La Abogada E. C. F., Defensora Pública del acusado A. I. R., en su condición de Recurrente y la Abogada K. L. M. P., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA Primero: El día 09 de abril del año 2008, como a las cinco cuarenta y cinco de la mañana a inmediaciones del anillo periférico se conducía en su vehículo en compañía de su amiga K. L., porque fue interceptada por un vehículo Mitsubishi, Color verde, llevándosela con rumbo desconocido y minutos después como a las seis y quince de la mañana el señor F. J. L., recibió una llamada en su número xxxxxxxxx, en el cual le manifestaron que su cuñada se encontraba secuestrada, que no hiciera ningún comentario, que el vehículo de R. se encontraba en la entrada de la colonia Las Hadas, que podían recogerlo allí, y que les dieran un número al cual negociar por lo que brindaron el número xxxxxxxxx, solicitando posteriormente a ese número se les entregara la cantidad de cinco millones de lempiras.- Segundo: En fecha 10 de abril del año 2008, después de varios días de búsqueda y vigilancia en el caso de otra persona secuestrada en San Pedro Sula de una persona de nombre A. P., se practicó allanamiento a una propiedad dedicada a la crianza de pollos ubicada a la altura del kilómetro 95, de la carretera a Santa Bárbara, entre La Ceibita y Santa Bárbara, hacienda avícola en la cual en su parte superior contaba con unas humildes viviendas en las cuales se observaron movimientos extraños según un informante, por lo que al practicarse el allanamiento se encontró al interior de una de las mismas con ojos vendados y manos atadas a R. E. Z. L., misma que fue rescatada por los agentes de policía, saliendo en veloz carrera de la vivienda S. S. C. y A. I. R., quienes a pesar de querer evadirse fueron capturados por los agentes antisecuestros que realizaron el allanamiento y posteriormente puestos a la orden de las autoridades competentes.”. III. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS 1.- Casación Por Infracción De Precepto Constitucional Motivo Único: Infracción del Precepto Constitucional contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República (Debido Proceso) y 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en relación con los artículos 342 y 343 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo El precepto constitucional que se invoca como infringido se encuentra contemplado en el artículo 90 de la Constitución de la República, mismo que es del siguiente tenor: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derecho y garantías que la ley establece.” En la causa que nos ocupa, el Tribunal Sentenciador, en fecha 10 de diciembre del 2013, redactó y firmo la Sentencia, mediante la cual se condenó al señor A. I. R. por el delito de Secuestro en perjuicio de R. E. Z., a la pena de 20 años. En este sentido, los artículos 342 y 343 establecen las formalidades de la deliberación en el juicio oral y público, comprendiendo dos fases; la primera, en la que el juzgador se pronuncia sobre la culpabilidad del imputado, y la segunda, consistente en la individualización de la pena concreta. Al examinar la sentencia, se constata que la misma es de fecha 10 de diciembre de 2013, no obstante, la audiencia de individualización de la pena se celebró en fecha 11 de diciembre del 2013, y es de hacer notar que al redactar la sentencia en su párrafo cuarto la juez establece que la audiencia de individualización de la pena se realizó el 10 de diciembre de 2012. De esta forma, el Tribunal contaba con la redacción de la sentencia condenatoria con la pena concreta que se le impondría a mi representado, convocando a las partes a la Audiencia de individualización de pena con fecha posterior. Dicho de otro modo, el Tribunal se pronunció sobre la pena concreta sin haber escuchado a las partes, quienes, de conformidad con el artículo 343 de la norma procesal, pueden aportar las pruebas para establecer las agravantes o atenuantes. El sentenciador, redactó y firmó la Sentencia definitiva, sin considerar los alegatos de las partes, lo que evidencia la violación al debido proceso, ya que, con las disposiciones ut supra, el juzgador debió proceder a evacuar la Audiencia de Individualización, antes de fijar la pena concreta. En virtud de lo anterior, se solicita a la Sala de lo Penal, se anule la Sentencia y el juicio oral y público en el que fue dictada”. 2.- Casación Por Quebrantamiento De Forma Motivo Único: La inobservancia de las reglas establecidas para la realización del juicio oral y público, concretamente lo preceptuado por los artículos 342 y 343 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo El Código Procesal Penal, en su Título IV, establece las normas aplicables al juicio oral y público. Este comprende tanto la sustanciación del juicio, como las distintas fases de deliberación en caso de recaer sentencia condenatoria. En este sentido, el artículo 342 de la norma adjetiva, señala las reglas aplicables a la primera fase, en la que el Tribunal, tomando como base las alegaciones de las partes y pruebas presentadas por éstas, se pronunciará sobre la culpabilidad del procesado, fijando los hechos por los cuales se considera culpable. Posteriormente, el juicio oral y público entra a la segunda fase, de conformidad con el artículo 343, consistente en la Audiencia para determinar la pena concreta. La disposición en cuestión reza: “En la segunda fase, se determinará la pena concreta conforme las reglas de individualización prescritas en el Código Penal. Al reanudar la audiencia para tal efecto, se oirá a las partes y se recibirán las pruebas que propongan en el orden y de acuerdo a las reglas aplicables al debate.” Por lo anterior, podemos aseverar que ambas fases que componen el juicio oral y público, deben seguir un orden legal, es decir, en primer término, el sentenciador deberá pronunciarse sobre la culpabilidad del imputado, para después individualizar la pena concreta, formalidad que exige una Audiencia posterior, en la que las partes pueden acreditar lo que consideren pertinente (agravantes y atenuantes). Tras el examen de la presente causa, se evidencia que la sentencia fue redactada en fecha 10 de diciembre del año 2013, pero según el Acta de Audiencia de individualización de pena, la cual se celebró hasta el día miércoles 11 de Diciembre del año 2013, por lo que se observa que los jueces que conocieron la causa ya habían tomado una decisión sin haber escuchado las pruebas que las partes aportaban en la audiencia antes aludida. Así mismo el Tribunal erróneamente establece que la Individualización de Pena fue el 10 de diciembre del año dos mil doce. De lo se desprende que el Tribunal de Sentencia no siguió las reglas que establece el Código Procesal Penal, por cuanto, primero redactó y firmó su sentencia condenatoria, fijando una pena concreta, y luego evacuó la audiencia de individualización de pena. Aunado a esto, la Juez K. R. redactó la Sentencia en cuestión, aun y cuando en fecha 10 de diciembre del año 2013 por resolución tomada por el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, se encontraba suspendida de su cargo, es decir que no pudo haber participado en la individualización de la pena ya que dicho actuación es nula. Lo anterior se constata al calzar la firma del Secretario, Ministro de fe pública Judicial, tanto en la Sentencia de fecha 10 de diciembre, como el Acta de Audiencia de Individualización de pena, de fecha 11 de diciembre, ambas, del año 2013. De lo antes expuestos se observa que la Sentencia contra la cual se está recurriendo adolece de vicios siendo violatorias del sistema, en relación a la inobservancia de las reglas que establece el Código Procesal Penal, a fin de realizar el juicio oral y público. Como podréis observar ilustrísimo Tribunal los jueces que integraron y firmaron dicha sentencia, no siguieron las formalidades que ya establece nuestra legislación, han violentado el debido proceso que tuvieron que haberle realizado a mi representado, en consecuencia, solicitamos se anule la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en fecha 10 de diciembre de 2013, así como el juicio oral y público en el que fue dictada. Sobre La Subsanación De Los Defectos Procesales: En virtud que el yerro se produjo en la Sentencia misma, no fue posible denunciar el defecto procesal ex ante. Medios De Prueba Para acreditar la suspensión de la Juez K. R., acompañamos el escrito en que se solicitó Certificación de Punto de Acta del Consejo de la Judicatura. En virtud que dicho órgano no ha otorgado lo solicitado a la fecha, pedimos a la Sala de lo Penal admitir la referida Certificación una vez el Consejo la provea”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 1.1.- Motivo Único Presentado A Favor Del Acusado A. I. R.. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República; 08 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 342 y 343 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Violación al Debido Proceso; Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: No Determinado por la Pretensora; Pretensión: Se declare la nulidad de la Sentencia y se ordene la celebración de un nuevo juicio. Denuncia la Recurrente que se ha violentado lo establecido en los artículos 342 y 343 del Código Procesal Penal, y con ello el artículo 90 de la Constitución de la República, al hacer el A-Quo construido la sentencia de manera previa a la audiencia de individualización de la pena concreta; Explica que la sentencia es de fecha 10 de diciembre de 2013 y que la audiencia referida fue celebrada un día después: 11 de diciembre de 2013, de modo que el Tribunal individualizó la pena concreta sin haber escuchado a las partes. 1.2.- Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso, invocada por la Recurrente como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra.- Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- a la igualdad de armas procesales; vii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- a una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. 1.3.- Audiencia de Individualización de la Pena Concreta Ampliando sobre la Tutela Judicial, para que ésta sea Efectiva requiere, entre otras cosas, que los Juzgados y Tribunales, en un plazo razonable den respuesta motivada –sentencia- sobre el conflicto planteado, como producto de un debido proceso –Art 7.5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos-.- A efecto de que se observe ese plazo razonable, el proceso deberá de celebrarse tomando como parámetro la garantía de concentración, que no es más que sustanciación del proceso en el menor número de actos y a su vez en el menor tiempo posible entre cada uno de los actos, constituyendo todo el proceso en una unidad, para la pronta y efectiva justicia –Art. 8 del CPP-. La Garantía de Concentración debe de observarse durante todo el proceso penal –Art. 20, 143 último párrafo, 160 y 161 del CPP-, pero ella adquiere una relevancia significativa en la etapa de juicio –Art. 306, 312 y 313 del CPP-, en especial en la continuidad que debe de existir entre el debate y el fallo, esto es porque como consecuencia del primero, se produce el segundo.- Así pues indica el artículo 335 del Código Procesal Penal, que una vez cerrado el debate, los miembros del Tribunal se reunirán de manera privada a efecto de realizar la deliberación, en un acto continuo y que no puede ser interrumpido, salvo por fuerza mayor o causa fortuita; En acto de deliberación, indica el artículo 336, los Jueces y Juezas de Sentencia deberán de decidir respecto a: a) Procedencia de la acción penal y las relacionadas con los incidentes cuya decisión haya sido diferida para la sentencia; b) Análisis y valoración de los medios de prueba que han presenciado conforme a las reglas de la sana critica –Art. 202 CPP-; c) Determinación de los hechos probados con base a la prueba analizada; y d) Análisis sobre la calificación legal del hecho y de las circunstancias que le rodean, incluyendo las causas eximentes de responsabilidad –Art 22 CP-. En caso de pronunciamiento condenatorio, además el Tribunal de Sentencia deberá de decidir sobre: e) Grado de participación de los imputados (as); f) Cuando exista más de un delito, determinación respecto al concurso de delitos existente; g) Determinación de la pena abstracta aplicable; y h) Pronunciamiento de las medidas cautelares pertinentes. Habiendo llegado los Jueces y Juezas de Sentencia a un acuerdo –por unanimidad o por mayoría- respecto a los puntos enumerados, procederán a instalar audiencia en donde darán a conocer a las personas acusadas y a los abogados de las partes las decisiones tomadas; y en el caso de que sea un pronunciamiento condenatorio, citaran en ese mismo momento a las partes para la celebración de la audiencia de individualización de la pena concreta. La audiencia de Cesura o audiencia de individualización de pena, tiene como propósito oír a las partes y que estas puedan proponer y practicar pruebas de acreditación o de contradicción sobre los hechos que legalmente constituyen pautas de individualización punitiva (Art. 343 del CPP) y que están señalados en el artículo 69 del Código Penal, el que establece que el Tribunal determinara en la sentencia la pena aplicable al indiciado, dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada uno de los delitos a los que haya sido encontrado culpable, tomando en consideración: 1. Circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho, tanto las genéricas establecidas en los artículos 26 y 27 del Código Penal, como las especiales dispuestas por el legislador para un delito concreto (Como el caso del Delito de Secuestro), en cuanto permiten ponderar la antijuridicidad del hecho concreto y la culpabilidad de su autor; Tales circunstancias accidentales deberán de estar descritas en los hechos declarados probados; 2. Mayor o menor peligrosidad del Justiciable.- Es importante anotar que cuando se valora la peligrosidad de la persona en esta etapa del proceso, es para él solo efecto de la función política que se le asigna al derecho penal, como es la de contener a una persona peligrosa mediante el poder punitivo bajo límites de la máxima racionalidad, pues ha mayor peligrosidad es mayor la posibilidad de que el derecho extra penal no cumpla con su labor de contención y mayor la necesidad de efectividad de la función de prevención especial de la pena. 3. Antecedentes personales del Justiciable, los que no solo comprende las circunstancias de reincidencia (Art. 28 cp), sino también lo que respecta a la habitualidad (Art. 29 cp); 4. Si el delito es una pena de multa, el Tribunal ponderará la misma en consideración a la capacidad económica del acusado al momento del juzgamiento y la gravedad del daño causado en la esfera de lo civil (Art. 51 cp); 5. La mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, tanto desde la perspectiva penal, como de otros campos del derecho (Civil y Administrativo). El Tribunal de Sentencia, en la determinación concreta de la pena, siguiendo las indicaciones de la norma citada, parte del límite mínimo de cada pena, apreciando las distintas circunstancias que puedan concurrir y las alegadas por las partes, así las que se aprecian de la conducta asumida por el justiciable durante y posterior a los hechos en cuanto a que se vinculen con los mismos, de modo que las agravantes y la prognosis criminal (incluyendo la reincidencia y habitualidad, y en general cualquier elemento que evidencia peligrosidad) se consideran para aumentar la pena a partir de la base mínima para luego hacer la disminución correspondiente según concurran circunstancias atenuantes y circunstancias personales que se relacionen directamente al proceso de reeducación; El Tribunal Sentenciador debe evitar acudir la mera intuición (que no es otra cosa que a la arbitrariedad) para la determinación de la pena concreta, debiendo apelar a la prueba que las partes que se presenten o en su caso, a la que se haya ordenado de oficio (Último párrafo del Art. 342 cpp), motivando amplia y solventemente los aspectos tomados en consideración para su fijación, teniendo siempre como principio base la racionalidad con la que debe de reaccionar el Estado de Honduras ante el delito; En conclusión la Individualización de la Pena deberá de ser resultado de lo acreditado en ésta audiencia. A pesar de lo indicado, la practica forense nos revela que muchas veces las partes invocan como fundamento de agravantes o atenuantes, prueba que ha sido reproducida en la audiencia de debate, por lo que consideran innecesaria volverla a presentar en esta audiencia; En estos casos el Tribunal de Sentencia podrá considerar estas agravantes y atenuantes siempre que se desprendan de los hechos declarados probados, de lo contrario las partes deberán de asegurarse proponer la prueba correspondiente. 1.4.- De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- Dar respuesta a la recurrente requiere hacer un recuento de las actuaciones que constan en el acumulado judicial; Según éste la audiencia de debate dio inicio el 29 de agosto de 2010 y tras su finalización el Tribunal de Sentencia cito a las partes para la audiencia de individualización de la pena concreta el 29 de noviembre de ese año, más dicha audiencia fue reprogramada en doce ocasiones (f. 255, 258, 262, 266, 274, 281, 288, 289, 293, 308 y 310), siendo hasta el 11 de diciembre de 2013 (f. 323) que la misma pudo celebrarse; En dicha audiencia las partes informaron al tribunal que no tenía medios de prueba que proponer para la individualización de la pena, siendo sus posturas: 1. El Ministerio Público argumentó que concurría la agravante del artículo 194.2 al haberse privado de la libertad a la víctima por más de 24 horas y la atenuante del artículo 194-A.1 de haber tratado los acusados con consideración a la víctima; Por lo que sumado a la ausencia de antecedentes penales, solicito la imposición de la pena mínima señalada por la ley; y 2. A su turno la Defensa de los acusados indicaron adherirse a lo peticionado por el Ministerio Público: la imposición de la pena mínima a los acusados. A folio 317 se aprecia la sentencia que se impugna, de fecha 10 de diciembre de 2013, en la cual señala en su preámbulo que la audiencia de individualización de la pena fue celebrada el 10 de diciembre de 2012, lo que es un evidente error material en el año, leyéndose además en el numeral sexto de la fundamentación jurídica que: “En la audiencia de individualización de la pena celebrada el 10 de diciembre del año dos mil trece, fue admitida al Ministerio Público la constancia de Antecedentes Penales de los imputados, extendida por la Unidad de Antecedentes Penales, en la cual se establece que los mismos no tienen antecedentes penales y que pese a que el secuestro duro más de veinticuatro horas también se acredito que le atendían, por lo que solicito la pena mínima de veinte años de reclusión a los que las defensas estuvieron conformes y de acuerdo con tal petición, por lo que este Tribunal debe condenárseles a la Pena de veinte años de reclusión.”. La Sentencia referida impuso a los acusados S. S. C. y A. I. R., como coautores del delito consumado de Secuestro, en perjuicio de R. E. Z. L., la pena principal de veinte años de reclusión, misma que es la pena mínima señalada para dicho delito por el artículo 192 del Código Penal. Lo relacionado permite determinar a esta Sala de lo Penal que la Recurrente carece de razón.- Ciertamente una disparidad entre la audiencia de individualización de la pena y la sentencia, en donde la primera aparece celebrada el día 11 de diciembre de 2013 (según el acta) y la segunda emitida con fecha 10 de diciembre: un día antes; Además porque la sentencia hace relación de la presentación y admisión de un medio de prueba documental (Constancia de Antecedentes Penales), pero en la audiencia de individualización se registra que las partes no presentaron prueba alguna; Ahora bien en la sentencia se relaciona que el Ministerio Público indico en la audiencia que los acusados no tenían en ese momento antecedentes penales y que pese a que la privación de la libertad de la ofendida fue por más de 24 horas, los justiciables la “atendían”, lo que le motivaba a pedir la imposición de una pena mínima, a lo que estuvieron de acuerdo los Señores Defensores, todo lo cual coincide con el contenido del acta de la audiencia de individualización de la pena.- Por lo anterior concluye este Tribunal de Casación que no existe violación al debido proceso, pues los Señores Jueces realizaron primero la audiencia de individualización de la pena y luego emitieron la sentencia respectiva, tal y como lo ordenan los artículos 342 y 343 del Código Procesal Penal y que la falta de correspondencia de las fechas consignadas en el acta de audiencia y la sentencia se debe a un descuido de la Jueza Ponente que no fue reparado por los demás Jueces integrantes. Con independencia a lo señalado y si partiésemos del supuesto de que la Sentencia fue emitida sin haberse celebrado la audiencia de individualización de la pena concreta (lo cual como explicamos no fue así), el recurso tampoco sería atendible a falta de Legitimidad Subjetiva de la Recurrente para sostener la impugnación; Explicando: la audiencia in comento tiene como fin determinar la pena individualizada que corresponde al caso concreto, la cual no puede desbordar los límites mínimo y máximo de la que de manera abstracta señala el Código Penal y en el presente caso la sentencia impuso a los acusados la pena mínima, que es la que hubiese solicitado la Recurrente en su calidad de Defensora Pública, con lo cual la sentencia no le causa agravio alguno, pues aun con la falta de audiencia de individualización de la pena (ello siguiendo el supuesto) la pena pretendida fue la que se impuso. 2.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. 2.1.- Motivo Único Presentado A Favor Del Acusado A. I. R.. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 343 y 343 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Inobservancia de las reglas establecidas para la realización del juicio oral y público; Reclamación Ex Ante: Imposibilidad de saneamiento o subsanación, dado que el vicio está contenido en la Sentencia definitiva; Pretensión: Anular la sentencia recurrida y la audiencia de debate que le corresponde. Explica la Recurrente que la Etapa de Juicio está compuesta por dos fases diferenciadas, las que deben de seguirse en un orden legal, por lo que primero el sentenciador debe pronunciarse sobre la culpabilidad del imputado para luego después individualizar la pena concreta, esto último exige la celebración de una audiencia en donde las partes puedan acreditar lo que estimen pertinentes en relación a circunstancias agravantes y atenuantes. Increpa la recurrente que en el caso de mérito la sentencia fue redactada el 10 de diciembre de 2013, pero la audiencia de individualización se celebró hasta el 11 de diciembre de 2013, por lo que los Señores Jueces que conocieron la causa al momento de celebrar la audiencia ya habían tomado una decisión respecto a la pena sin haber escuchado a las partes. Agrega la Recurrente que la sentencia recurrida fue redactada por la Jueza K. R. el 10 de diciembre de 2013, fecha en que estaba suspendida de su cargo por disposición del entonces Concejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, lo que hace nula la sentencia. 2.2.- De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- La Recurrente reproduce los argumentos expuestos en su recurso de casación por infracción de precepto constitucional, esta vez bajo la vía del recurso de casación por quebrantamiento de forma; Como consecuencia lo expuesto por este Tribunal de Casación en relación a aquel recurso es aplicable a éste, no siendo necesario un segundo desarrollo. Por otra parte, la Recurrente de manera adicional alega la falta de legitimidad de la Abogada K. L. R. de actuar como Jueza de la causa, lo cual no es atendible debido a que: i.- Es un reproche que desborda el motivo planteado, pues éste refería a la infracción de los artículos 342 y 343 que regulan el desarrollo de la primera y segunda fase de la etapa de juicio y no sobre la composición del órgano jurisdiccional; ii.- La protesta de la recurrente sería extemporánea, pues la Jueza R. participó en la audiencia de individualización de la pena concreta sin que ninguna de las partes planteara incidente sobre indebida integración del tribunal de Sentencia; iii.- Finalmente la Recurrente no ha presentado el sustento probatorio correspondiente, consistente en la resolución de suspensión de la Abogada R. que acredite que a esa fecha no podía actuar como Jueza, lo cual le era obligatorio al momento de la interposición del recurso que nos ocupa. V. DECISIÓN No ha Lugar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo y el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Tercero: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha diez (10) de Diciembre del año dos mil trece (2013) (f. 317), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de F. Morazán- Y Manda: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo R.. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No.SP-307-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.