Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-302-14 — Registro 8837

Resumen

Se condena al imputado por el delito de adquisición de vehículo robado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Señor E. E. C. C., fue acusado por el Ministerio Público por considerarlo autor de un delito de Adquisición de Vehículo robado, en perjuicio de J. A. G.; el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, es decir que sepa que el vehículo es el producto de un hecho delictivo, siendo indiferente que esté enterado de la fecha en que ocurrió éste, los autores o la persona perjudicada, y que además quiera adquirir el mismo con ánimo de lucro, que implica buscar obtener algún provecho con la acción. Para el Recurrente es objetable la sentencia pues en ella se establece que el acusado tenía conocimiento del origen ilícito del vehículo y la voluntad de adquirirlo bajo esas condiciones. Tal alegato permite establecer como premisa que en relación a los otros pronunciamientos contenidos en la sentencia no hay impugnación alguna; ergo, no existe controversia respecto a los hechos específicos declarados probados como producto de la valoración de los medios de prueba presentados en la audiencia de debate: 1. El Señor J. A. B. G., se presentó ante la Policía Nacional Preventiva, denunciando que fue víctima de un delito de robo, despojándosele de un vehículo tipo motocicleta, marca Yamaha, año 2009, serie ME1FE43C790008589, motor 21B1008652, color rojo, placas MPR-6836. 2. Que en fecha 4 de mayo de 2012, al mediodía, el Señor E. E. C. C., conducía la motocicleta descrita, en la Colonia La Limonera, Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés, siendo requerido por elementos de la Policía Nacional Preventiva, a efecto de que presentara documentación que legitimara la posesión del vehículo y al no presentarse, dispusieron trasladar al acusado a una Posta Policial. 3. La motocicleta referida, presentaba evidentes cambios (detectables a simple vista), como ser cambio de color por superposición de otra pintura en spray y modificación de los números de serie del motor y del chasis, ello con la firme intención de evitar que fuese identificada como aquella que meses antes fue objeto de un delito. Habiéndose afincado los aspectos ajenos a la controversia, es procedente realizar examen a aquel que si lo es: la acreditación del elemento subjetivo del tipo, para ello se requiere hacer repaso de la declaración del acusado y de la prueba que según el recurrente fue valorada indebidamente por el A-Quo: 1. El acusado E. E. C. C., enterado de su derecho a la defensa material, decidió libremente declarar en la audiencia de debate, informando entre otras cosas que en ese entonces era una persona de 22 años de edad, empleado de la Empresa de Mototaxis de Santa Cruz, en la cual laboraba hacía cuatro años como taxista; que trabajando en ese lugar una persona le presentó al Señor F. H. C, el que vendía la motocicleta (objeto del delito), acordando su venta por L. 10,000.00, pagando la cantidad de L. 8,000.00 y recibiendo del vendedor un “Recibo” y una “Esquela” y estableciéndose que el remanente (L. 2,000.00) sería pagado posteriormente, momento en que se le darían los documentos del vehículo; cuenta el acusado que como parte del proceso de compra llevó la motocicleta a un taller, indicándole el mecánico que la reparación de la motocicleta rondaba alrededor de L. 2,500.00; que después de ello regresó a México a trabajar y cuando tuvo el dinero para reparar la motocicleta se regresó, llamando al mecánico para que le acompañara a comprar los repuestos y que cuando iban saliendo fueron requeridos por la Policía; que también después de regresar de México llamó al vendedor para pagarle los L. 2,000.00 restantes. 2. Recibo de Compra (f. 21): mismo que consta de media página en blanco, escrito en letra de molde, el que literalmente dice: “Recibo: Recibí del Señor E. E. C., la cantidad de ocho mil lempiras por la venta de una moto Yamaha, color rojo, quedándome debiendo la cantidad de dos mil lempiras, asegurándole yo F. H. C., que dicha moto es de mi propiedad y que al pagarme los dos mil lempiras le entregaré los respectivos documentos y las placas. 10 de diciembre 2010. (f) F. H. C.”. 3. Declaración testifical del Señor U. M B. (f. 96), el que indicó que el acusado fue a su taller junto con un muchacho que le vendía una motocicleta Yamaha, color roja, por L. 10,000,00; que el acusado le solicitó su opinión respecto a la relación precio y estado del vehículo; señala el declarante que él le contestó al acusado que la motocicleta tenía varios daños y que no servía; que la motocicleta tiraba humo, no tenía marcador y le faltaban varias piezas; que el acusado compró la motocicleta para arreglarla; que la policía los detuvo cuando andaban en la moto cuando iban a comprar unos repuestos; que el acusado para el momento de la detención tenía como dos años de tener la motocicleta . Fue de consideración del Tribunal de Sentencia que la prueba relacionada no era merecedora de ningún crédito; con acierto el A-Quo, descartó que la prueba ofertada por la Defensa sirviese de descargo de la imputación, sino que por el contrario resultó de ser de cargo al evidenciar falsedad. Indicó en particu lar de la declaración del testigo U. M. B., que el A-Quo no hacía descargo de la imputación, pues éste relataba hechos que no podían definir si el acusado había o no adquirido el vehículo automotor con conocimiento de su origen ilícito y con la voluntad de hacerlo, lo cual constituye una derivación correcta por tener razón suficiente en consideración a que el testigo señaló que el acusado era cliente, que llegaba al taller con un vehículo y que en una ocasión le había consultado en cuanto al precio y estado de la motocicleta para poderla comprar. Por otra parte, sobre la declaración del acusado tampoco fue de crédito por el A-Quo; esta Sala de lo Penal concuerda con ello tomando en consideración que el acusado se identifica como empleado de una empresa de transportes, laborando como taxista y por ende tiene los conocimientos respecto al uso de vehículos automotores y los documentos mínimos obligatorios que se deben portar para ser exhibidos, como ser placas del vehículo, licencia de conducir y “revisión” del vehículo (Boleta de Pago de Impuesto vehicular), más aun con ello el acusado se transportaba en una motocicleta que adujo propia sin placas y sin boleta de “Revisión”. También, nuevamente con acierto, el A-Quo descarta como válido el Recibo de Compra del Vehículo, partiendo de que el mismo no reúne aquellas condiciones mínimas que manda este tipo de transacciones, como ser la consignación de elementos individualizantes del vehículo que se estaba adquiriendo (número de serie, numero de chasis, modelo, año), tampoco se consignó los números de identidad del comprador y del vendedor, ni lugar de expedición; pero además, el recibo señala que los documentos de la motocicleta que acreditan propiedad serían entregados después de cancelar la cantidad de L. 2,000,00 y además de ello las placas de circulación, siendo lo primero convencional, conforme a la costumbre mercantil, más no lo segundo, pues las placas resultan ser un requisito indispensable para la circulación del vehículo, con lo cual impediría su uso al nuevo dueño que era el acusado, sabido por éste al dedicarse precisamente a la labor de conductor de taxi en una empresa de transporte de alquiler; suma que el acusado tuvo a bien, según su relato, consultar con un mecánico sobre el estado del vehículo que estaba adquiriendo, pero extrañamente no hizo lo mismo en relación al recibo o en relación a la falta de documentación de propiedad, aun cuando trabajaba para una empresa de transporte donde tenía acceso para realizar dichas consulta, inclusive con sus otros compañeros de trabajo. Explica el Tribunal de Sentencia que infirió la existencia de dolo por una serie de indicios, algunos ya relacionados, a los que se le suman que el acusado no presentó los documentos de propiedad del vehículo; razonamiento correcto, pues desde todas las perspectivas resulta anómala su ausencia: i) El acusado tenía dos años de tener la posesión del vehículo, tiempo considerable como para adquirir los documentos del vehículo que resultan indispensables para acreditar la propiedad; ii) El acusado indicó que los documentos le serían entregados una vez pagada la cantidad de dos mil lempiras, explicando que sí llamó al vendedor para pagarle y que después se puso en contacto con él al momento de ser aprehendido, pero aun con ello no se presentó la documentación. Otro indicio, relaciona el A-Quo, son las alteraciones de la motocicleta que eran perceptibles a simple vista, como ser el cambio de color con pintura en spray y la modificación de los números de motor y chasis; modificaciones que serían aún más evidentes para un mecánico automotriz, al cual se le lleva el vehículo para que lo revise, como en el caso concreto, al mecánico U. M. B., pero que extrañamente éste señala que no revisó el motor, pero sí pudo determinar que le faltaban piezas y cuanto sería el costo de reparación"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días de marzo de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su condición de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 302-2014 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha 26 de febrero de 2014, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Condenando al Señor E. E. C. C., por el delito de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio de J. A. B. G., a la pena de 9 años de reclusión; así mismo lo condenó las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta E Interdicción Civil, por el tiempo que dure las condenas principales. No Condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada J. A. J. S., actuando en su condición de Defensora Pública del señor E. E. C. C. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado M. R. A., Defensor Público del acusado J. A. B. G., en su condición de Recurrente y el Abogado S. C., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrido. II. Hechos Probados de la Instancia Único: El día dieciocho de enero de dos mil diez, a eso de las once de la mañana, el señor J. A. B. G., se encontraba en la colonia El Paraíso, sector Rivera Hernández de la ciudad de San Pedro Sula, cuando una persona no identificada, haciendo uso de un arma, lo despojó de su motocicleta marca Yamaha, año 2009, serie ME1FE43C7920008589, motor 21B1008652, color rojo, placas MPR-6836, llevándosela con rumbo desconocido. Posteriormente, el señor E. E. C. C., conociendo la procedencia irregular de dicha motocicleta, la obtuvo y el cuatro de mayo de dos mil doce, en horas del mediodía, junto a otra persona, se transportaban en la misma por la colonia La Limonera del municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, siendo requeridos por miembros de la Policía Nacional, y al no portar la documentación respectiva, procedieron a la detención de su conductor, el señor E. E. C. C., advirtiendo, que el color original de la motocicleta había sido recubierto con spray de otro color y mostraba variaciones visibles en su serie. Seguidamente constataron, que la motocicleta, era la misma de la que tiempo atrás había sido desapoderado el señor J. A. B. G.. III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Quebrantamiento De Forma, “Motivo Único: La infracción por parte del Juzgador de lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, por inobservar en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo. Primero: Dispone el artículo 202 del Código Procesal penal que: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” SEGUNDO: Doctrinariamente es aceptado que las reglas de la sana crítica son las de la experiencia común, la psicología y la lógica, esta última integrada por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación, es por ello que los razonamientos del Juzgador deben estar constituido por inferencias deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan determinando, de tal suerte que cada elemento aportado por un testigo, documento o cualquier otro medio de prueba, debe estar respaldado con los otros elementos del elenco; de manera que entre todos formen un engranaje sólido donde cada pieza es sostenida por las otras. Tercero: En la presente causa, el Juzgador viola las reglas de la sana crítica en su Ley Lógica de la Derivación, pues dicta un fallo condenatorio a pesar que de las pruebas evacuadas en la causa no se puede inferir, de manera precisa y clara, que E. E. C. C. conocía que el vehículo, tipo motocicleta que adquirió por compra que le hizo al señor F. F. C., tenía un origen ilícito, pues el solo hecho de adquirir un vehículo que hacía varios años había sido robado, hurtado o abandonado no alcanza para derivar, de manera automática, que el adquirente conocía ese origen ilícito, pues como sucede en el presente caso de las pruebas evacuadas en la causa evidentemente se aprecia que el imputado desconocía la procedencia ilegal del vehículo que, de buena fe, él adquirió de un tercero. Cuarto: El artículo 724 del Código Civil establece que: La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros casos la mala fe deberá probarse. Quinto: En el caso de mérito el señor E. E. C. C., indudablemente, desconocía que el vehículo que estaba adquiriendo tenía una procedencia ilícita, vicio que no era notorio como sí sucede en los llamados delitos naturales cuya ilicitud es evidente y son reconocidos como tales por cualquier persona, en todo tiempo y lugar, como los delitos contra la vida o aquellos que atentan contra la propiedad como el robo o el hurto; cosa que no sucede con los delitos artificiales, como es el caso del delito de Adquisición De Vehículo Robado, en el que el carácter de injusto se deriva del conocimiento que tenga el adquirente que el vehículo que está recibiendo tiene una procedencia ilegal, lo cual no siempre resulta notorio, como sucede en el presente caso en el que el imputado adquiere un vehículo robado ignorando tal circunstancia. Sexto: La actuación de buena fe por parte del imputado quedó de manifiesto, con la prueba de descargo consistente en la declaración del testigo U. M. B. quien confirma la adquisición mediante compra por parte del imputado del vehículo que posteriormente resultó tener una procedencia ilegal pero que al momento de la adquisición no se evidenciaba ese origen irregular y el contrato privado de compraventa suscrito entre los señores F. H. C. Y E. E. C. C. (imputado), corrobora lo dicho por el testigo U. M. B. y las explicaciones vertidas por el imputado, en cuanto a la manera de cómo adquirió la motocicleta que después resultó tener una procedencia irregular, denotan que él no tenía motivo para desconfiar de la transacción que llevó a cabo con el señor F. H. C., confianza que surge de la suscripción del contrato privado de compra venta entre el imputado y el señor F. H. C. Séptimo: Resulta, Honorables Magistrados, que el Juzgador viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación por cuanto declaró probado que el imputado adquirió la motocicleta marca Yamaha, color rojo, año 2009, placas MPR 6836 conociendo la procedencia irregular de la misma, sin embargo, tal conclusión no se deriva de las pruebas evacuadas en la causa, pues ninguna de ellas indican tal conocimiento, contrario a ello las pruebas de descargo denotan una actuación de buena fe por parte del imputado al momento de adquirir el vehículo que después resultó tenor una procedencia ilícita, razón por la cual el Juzgador arriba a una conclusión que no se desprende de ningún medio de prueba violando con ello, como ante se dijo, las reglas de la sana crítica, vicio procesal que debe ser removido por La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como garante de la legalidad procesal. Reclamación Hecha Para La Subsanación Del Vicio. Siendo que el vicio que provoca la interposición del presente recurso de casación se produce con el fallo mismo, solo es posible la subsanación de éste a través del recurso de mérito y de ello resulta que no hubo reclamación previa. IV. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Único Motivo. Interpuesto por la Defensa Pública. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se Observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al estar contenido el vicio en la Sentencia. Pretensión: Se declare con lugar el Recurso, ordenando lo que en derecho corresponda. Denuncia el Censor que el Tribunal de Sentencia ha violentado la regla lógica de derivación como componente de la Sana Critica, al dictar un fallo condenatorio en contra de su representado, bajo la conclusión de que éste conocía que la motocicleta que había adquirido tenía origen ilícito. Explica que con la prueba de descargo consistente en la declaración del testigo U. M. B., se confirma que la adquisición del vehículo no evidenciaba un origen irregular; detalla que la violación radica en que se concluyó que el acusado conocía el origen ilícito de la motocicleta, aun cuando no existe razón suficiente en la prueba de la causa para hacer tal derivación. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica de la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el Conocimiento Privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten, no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica.

La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la Conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleve a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. 4.- De la Procedencia Recurso El Recurso no es de Recibo. El Señor E. E. C. C., fue acusado por el Ministerio Público por considerarlo autor de un delito de Adquisición de Vehículo robado, en perjuicio de J. A. G.; el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, es decir que sepa que el vehículo es el producto de un hecho delictivo, siendo indiferente que esté enterado de la fecha en que ocurrió éste, los autores o la persona perjudicada, y que además quiera adquirir el mismo con ánimo de lucro, que implica buscar obtener algún provecho con la acción. Para el Recurrente es objetable la sentencia pues en ella se establece que el acusado tenía conocimiento del origen ilícito del vehículo y la voluntad de adquirirlo bajo esas condiciones. Tal alegato permite establecer como premisa que en relación a los otros pronunciamientos contenidos en la sentencia no hay impugnación alguna; ergo, no existe controversia respecto a los hechos específicos declarados probados como producto de la valoración de los medios de prueba presentados en la audiencia de debate: 1. El Señor J. A. B. G., se presentó ante la Policía Nacional Preventiva, denunciando que fue víctima de un delito de robo, despojándosele de un vehículo tipo motocicleta, marca Yamaha, año 2009, serie ME1FE43C790008589, motor 21B1008652, color rojo, placas MPR-6836. 2. Que en fecha 4 de mayo de 2012, al mediodía, el Señor E. E. C. C., conducía la motocicleta descrita, en la Colonia La Limonera, Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés, siendo requerido por elementos de la Policía Nacional Preventiva, a efecto de que presentara documentación que legitimara la posesión del vehículo y al no presentarse, dispusieron trasladar al acusado a una Posta Policial. 3. La motocicleta referida, presentaba evidentes cambios (detectables a simple vista), como ser cambio de color por superposición de otra pintura en spray y modificación de los números de serie del motor y del chasis, ello con la firme intención de evitar que fuese identificada como aquella que meses antes fue objeto de un delito. Habiéndose afincado los aspectos ajenos a la controversia, es procedente realizar examen a aquel que si lo es: la acreditación del elemento subjetivo del tipo, para ello se requiere hacer repaso de la declaración del acusado y de la prueba que según el recurrente fue valorada indebidamente por el A-Quo: 1. El acusado E. E. C. C., enterado de su derecho a la defensa material, decidió libremente declarar en la audiencia de debate, informando entre otras cosas que en ese entonces era una persona de 22 años de edad, empleado de la Empresa de Mototaxis de Santa Cruz, en la cual laboraba hacía cuatro años como taxista; que trabajando en ese lugar una persona le presentó al Señor F. H. C, el que vendía la motocicleta (objeto del delito), acordando su venta por L. 10,000.00, pagando la cantidad de L. 8,000.00 y recibiendo del vendedor un “Recibo” y una “Esquela” y estableciéndose que el remanente (L. 2,000.00) sería pagado posteriormente, momento en que se le darían los documentos del vehículo; cuenta el acusado que como parte del proceso de compra llevó la motocicleta a un taller, indicándole el mecánico que la reparación de la motocicleta rondaba alrededor de L. 2,500.00; que después de ello regresó a México a trabajar y cuando tuvo el dinero para reparar la motocicleta se regresó, llamando al mecánico para que le acompañara a comprar los repuestos y que cuando iban saliendo fueron requeridos por la Policía; que también después de regresar de México llamó al vendedor para pagarle los L. 2,000.00 restantes. 2. Recibo de Compra (f. 21): mismo que consta de media página en blanco, escrito en letra de molde, el que literalmente dice: “Recibo: Recibí del Señor E. E. C., la cantidad de ocho mil lempiras por la venta de una moto Yamaha, color rojo, quedándome debiendo la cantidad de dos mil lempiras, asegurándole yo F. H. C., que dicha moto es de mi propiedad y que al pagarme los dos mil lempiras le entregaré los respectivos documentos y las placas. 10 de diciembre 2010. (f) F. H. C.”. 3. Declaración testifical del Señor U. M B. (f. 96), el que indicó que el acusado fue a su taller junto con un muchacho que le vendía una motocicleta Yamaha, color roja, por L. 10,000,00; que el acusado le solicitó su opinión respecto a la relación precio y estado del vehículo; señala el declarante que él le contestó al acusado que la motocicleta tenía varios daños y que no servía; que la motocicleta tiraba humo, no tenía marcador y le faltaban varias piezas; que el acusado compró la motocicleta para arreglarla; que la policía los detuvo cuando andaban en la moto cuando iban a comprar unos repuestos; que el acusado para el momento de la detención tenía como dos años de tener la motocicleta. Fue de consideración del Tribunal de Sentencia que la prueba relacionada no era merecedora de ningún crédito; con acierto el A-Quo, descartó que la prueba ofertada por la Defensa sirviese de descargo de la imputación, sino que por el contrario resultó de ser de cargo al evidenciar falsedad. Indicó en particular de la declaración del testigo U. M. B., que el A-Quo no hacía descargo de la imputación, pues éste relataba hechos que no podían definir si el acusado había o no adquirido el vehículo automotor con conocimiento de su origen ilícito y con la voluntad de hacerlo, lo cual constituye una derivación correcta por tener razón suficiente en consideración a que el testigo señaló que el acusado era cliente, que llegaba al taller con un vehículo y que en una ocasión le había consultado en cuanto al precio y estado de la motocicleta para poderla comprar. Por otra parte, sobre la declaración del acusado tampoco fue de crédito por el A-Quo; esta Sala de lo Penal concuerda con ello tomando en consideración que el acusado se identifica como empleado de una empresa de transportes, laborando como taxista y por ende tiene los conocimientos respecto al uso de vehículos automotores y los documentos mínimos obligatorios que se deben portar para ser exhibidos, como ser placas del vehículo, licencia de conducir y “revisión” del vehículo (Boleta de Pago de Impuesto vehicular), más aun con ello el acusado se transportaba en una motocicleta que adujo propia sin placas y sin boleta de “Revisión”. También, nuevamente con acierto, el A-Quo descarta como válido el Recibo de Compra del Vehículo, partiendo de que el mismo no reúne aquellas condiciones mínimas que manda este tipo de transacciones, como ser la consignación de elementos individualizantes del vehículo que se estaba adquiriendo (número de serie, numero de chasis, modelo, año), tampoco se consignó los números de identidad del comprador y del vendedor, ni lugar de expedición; pero además, el recibo señala que los documentos de la motocicleta que acreditan propiedad serían entregados después de cancelar la cantidad de L. 2,000,00 y además de ello las placas de circulación, siendo lo primero convencional, conforme a la costumbre mercantil, más no lo segundo, pues las placas resultan ser un requisito indispensable para la circulación del vehículo, con lo cual impediría su uso al nuevo dueño que era el acusado, sabido por éste al dedicarse precisamente a la labor de conductor de taxi en una empresa de transporte de alquiler; suma que el acusado tuvo a bien, según su relato, consultar con un mecánico sobre el estado del vehículo que estaba adquiriendo, pero extrañamente no hizo lo mismo en relación al recibo o en relación a la falta de documentación de propiedad, aun cuando trabajaba para una empresa de transporte donde tenía acceso para realizar dichas consulta, inclusive con sus otros compañeros de trabajo. Explica el Tribunal de Sentencia que infirió la existencia de dolo por una serie de indicios, algunos ya relacionados, a los que se le suman que el acusado no presentó los documentos de propiedad del vehículo; razonamiento correcto, pues desde todas las perspectivas resulta anómala su ausencia: i) El acusado tenía dos años de tener la posesión del vehículo, tiempo considerable como para adquirir los documentos del vehículo que resultan indispensables para acreditar la propiedad; ii) El acusado indicó que los documentos le serían entregados una vez pagada la cantidad de dos mil lempiras, explicando que sí llamó al vendedor para pagarle y que después se puso en contacto con él al momento de ser aprehendido, pero aun con ello no se presentó la documentación. Otro indicio, relaciona el A-Quo, son las alteraciones de la motocicleta que eran perceptibles a simple vista, como ser el cambio de color con pintura en spray y la modificación de los números de motor y chasis; modificaciones que serían aún más evidentes para un mecánico automotriz, al cual se le lleva el vehículo para que lo revise, como en el caso concreto, al mecánico U. M. B., pero que extrañamente éste señala que no revisó el motor, pero sí pudo determinar que le faltaban piezas y cuanto sería el costo de reparación. V. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha 26 de febrero de 2014 (f. 121), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-302-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL