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Sentencia CP-282-14 — Registro 8829

Resumen

Se condena al imputado por el delito de violación especial

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"EL PRIMER MOTIVO NO ES DE RECIBO. - El Pretensor ha hecho una mala lectura de la naturaleza del recurso; la Sala de lo Pena llama a considerar que los conceptos expuestos de lo que debe de entenderse por cada uno de los Principios Lógicos no obedecen a su verdadero contenido, el cual es explicado en el apartado anterior. Por otra parte el razonamiento que sustenta el recurso gravita esencialmente en la insuficiencia de la carga probatoria, pues el Pretensor aqueja que es como consecuencia de un único medio de prueba y precisamente la declaración de la persona ofendida, que el Tribunal de Sentencia ha declarado la culpabilidad del acusado, lo que considera impropio citando como base lo que dice “la doctrina y tácitamente la ley”.- Olvida el Pretensor que la suficiencia probatoria es tema del Principio de Inocencia que debe de ser reclamada como parte del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, lo que provoca que el recurso que ahora nos ocupa sea impropio.- Por otra parte su aseveración de que una sentencia condenatoria no puede sustentarse en un solo medio de prueba es falso porque así lo señala la doctrina y tácitamente la ley es falas, pues en principio no hace cita a que doctrina se refiere o de que norma legal se deriva tal razonamiento, por el contrario esta Sala de lo Penal ha señalado que si es posible un pronunciamiento condenatorio como consecuencia de la valoración de un único de medio de prueba de cargo, pero que: “ […] debe de implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solides probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba y que lleve al pronunciamiento condenatorio.- Tal rigurosidad debe de ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio probatorio, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de los hechos, por ello la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible.”. (Ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 29 de marzo de 2017 en Exp 210-2013 y de 25 de septiembre de 2017 en Exp 036-2014). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma presentado no tiene por objeto confrontar razonamientos judiciales con las reglas que componen el recto entendimiento humano, a efecto de demostrar que los Juzgadores se apartaron de ella en el proceso de valoración de la prueba, dado que aun cuando se haya alegado la violación del Principio de Tercero Excluido, ello fue señalando que el fallo no era congruente debido a que insuficiencia de la carga probatoria y en particular sobre una supuesta violación a la recomendación hecha por la doctrina y prohibición hecha por la ley de que no es procedente dictar una sentencia condenatoria sobre la base de un único medio de prueba, lo cual no es cierto, reprochándosele al Pretensor el planteamiento de una postura con el afán de engañar a este Alto Tribunal."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

" Señala esta Sala de lo Penal que, de los tres argumentos recursivos presentados por el Pretensor, uno de ellos es atendible. El primer argumento planteado por el Pretensor no es de recibo y consiste en la denuncia que los medios de prueba dictamen no fueron elaborados siguiendo los lineamientos fijados por la ley procesal para la nominación y juramentación para designación, lo que merece hacer un estudio particular de cada uno de los medios de prueba: a. El medio de prueba Dictamen Clínico, informa el perito: Doctor R. A. H. (f. 25), que el estudio es realizado a solicitud del Ministerio Público, por lo que se entiende que es una nominación y designación hecha por esa entidad; por otro lado el documento señala que el Dictamen es elaborado el 27 de abril de 2010, previo a la presentación del Requerimiento Fiscal en contra del acusado el 30 de abril de ese año, por lo que se deduce que éste fue hecho en el marco de la fase de investigación preliminar de la etapa preparatoria del proceso penal, momento en que el Ministerio Público tiene las facultades legales para la nominación y designación de los peritos conforme dispone el artículo 273.3 del Código Procesal Penal, ya explicado en el apartado anterior; y b. El Dictamen Psiquiátrico Forense (f. 122), fue realizado por la Doctora M. E. S. R., a requerimiento del Ministerio Público, según se indica en el documento, pero sin determinar cuándo fue hecho éste requerimiento para poder comprobar si fue dentro de la fase de la investigación preliminar o cuando ésta ya había terminado, y por ende sin poder determinar si el Ministerio Público dispuso su práctica dentro de las atribuciones que le concede la ley; es importante señalar que la fecha de elaboración del dictamen fue el 23 de septiembre de 2010, más no se tiene datos de la fecha de la nominación y designación de la perito, lo cual pudo haber sido aclarado con la comparecencia de la experta a juicio, tema que tratamos a continuación. Como segundo argumento recursivo el Pretensor .- En examen de las diligencias constata esta Sala de lo penal que se celebró la audiencia de Proposición de medios de prueba en fecha 21 de Septiembre de 2011 (F. 99), en donde el Ministerio Público propuso como medios de prueba documental, entre otros, el Dictamen Médico y el Dictamen Psiquiátrico, sin determinar la razón que justificase porque debían ser evacuados de tal forma, aun cuando la ley procesal señala que esa clase de medios de prueba deben ser presentados directamente por el/la perito en la audiencia de debate; los medios de prueba aun con dicha falencia fueron admitidos por el Tribunal de Sentencia y evacuados mediante su lectura en la audiencia de debate celebrada dos años después, en fecha 28 de Octubre de 2013 (f. 125); ha leído detenidamente esta Sala de lo Penal tanto el acta de proposición de pruebas como el acta de la audiencia de debate y en ninguna de ellas se establece por parte del Ministerio Público la razón por la cual los Dictámenes Periciales debían de introducirse por lectura, mucho menos pronunciamiento de los Juzgadores del porque fueron admitidos y evacuados de tal forma, por lo que ante la ausencia de algunas de las causas que taxativamente dispone el artículo 311 como excepciones para la introducción de medios de prueba mediante su lectura, indudablemente se ha transgredido lo que manda el artículo 326 del Código Procesal Penal que regla la forma en que éste particular medio de prueba debe de ser evacuado en la audiencia de debate. Como tercer argumento el Pretensor alega que el dictamen médico forense no esclarece su la auscultación la realiza como Médico Forense, como empleado médico del Estado o como médico particular; alegato que no es atendible a partir de la simple lectura del documento, pues éste claramente tiene como título “Dictamen”, y además explica en el preámbulo el Perito que el estudio se realiza como consecuencia de requerimiento hecho por el Ministerio Público, ergo el experto tiene la calidad de perito, el estudio realizado de peritaje y el informe presentado de Dictamen. Comprobado que ha sido la existencia de un vicio (al ser atendido el segundo argumento recursivo), corresponde a esta Sala de lo Penal establecer la significancia del mismo que amerite la nulidad de la audiencia de debate y de la sentencia que le deriva, mediante el proceso de Exclusión Hipotética de los medios de prueba viciados, comprobando o descartando si con el resto de los medios de prueba el pronunciamiento judicial sigue invariable.- En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia dio validez positiva a los siguientes medios de prueba: 1. Declaración del Señor J. A. P. R., testigo de referencia de los hechos narrados a él por la niña F. M. P. L.; 2. Declaración testifical de la niña F. M. P. L., señalada como víctima del delito; 3. Denuncia No. 475-2010, realizada por el Señor J. A. P. R. (F. 09); 4. Dictamen Médico, practicado por el Doctor R. A. H., que determina el supuesto hallazgo de vestigios en el cuerpo de la menor como consecuencia del delito; 5. Dictamen Psiquiátrico, realizado por la doctora, M.E. S., que determina la existencia de secuelas en la personalidad de la menor como consecuencia supuesta del delito. Concluye esta Sala de lo penal que el vicio denunciado es de carácter relevante, pues al suprimir hipotéticamente del acervo probatorio a los dos dictámenes periciales introducidos indebidamente por lectura a la audiencia de debate, el resultado del juicio (declaratoria de culpabilidad) se ve afectado como consecuencia de que los dictámenes aportan elementos esenciales para la configuración del supuesto hecho delictivo"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Sin duda alguna el vicio denunciado por el Pretensor es concurrente en la sentencia; de hecho, no solo existe motivación insuficiente en relación al medio de prueba que se denuncia: la declaración testifical de la niña F. M. P. L., sino que además carencia de motivación respecto a otros medios de prueba: No existe motivación descriptiva ni intelectiva de los medios de prueba documental Denuncia No. 475, Certificación de acta de nacimiento de la niña F. M. P. L. y Dictamen Médico, los cuales fueron simplemente mencionados en el numeral segundo del apartado Valoración de la Prueba (f. 137), dejando en la oscuridad cuál era su contenido (motivación descriptiva) y cuáles fueron las consideraciones que le merecieron a los juzgadores dicho contenido (Motivación intelectiva); a. En la sentencia venida en casación existe ausencia de motivación intelectiva en los siguientes medios probatorios testificales consistentes en las declaraciones de los Señores R. A. H. P., R. L. M., E. F. E. y F. E. G.; estas declaraciones están descritas en el numeral Tercero de la Valoración Probatoria (f. 137 y 137 v), más no existe motivación intelectiva, es decir que se desconoce el valor probatorio asignado al A-Quo a cada uno de lo señalado por los testigos in comento, aun cuando son medios de prueba propuestos por la defensa, los cuales se tenía la obligatoriedad de relacionar de manera amplia y más aun de valorar conforme a las normas del recto entendimiento humano; y b. Finalmente y en relación al medio de prueba que motivo el motivo de casación que nos ocupa, existe una insuficiente motivación intelectiva en relación a los medios de prueba: declaración testifical del Señor J. A. P. R., de la niña F. M. P. y del medio de prueba pericial Dictamen Psiquiátrico. El A-Quo al referirse a las declaraciones de la niña F. P. y de señor J. P., se limitó a indicar que con dichas declaraciones se acreditó “cuando y como habían ocurrido los hechos” y determinándose que “el abuso sexual de la menor F. M. P. L., fue el imputado O. L. M.” (SIC), (f. 137 v) sin determinar cuáles fueron los razonamientos que les llevaron a tal conclusión. De igual modo, el Tribunal de Sentencia indicó que el medio de prueba Dictamen Médico Psiquiátrico realizado a la niña, acredito “daño psiquiátrico y daño moral”, sin compartir a que daño psiquiátrico se refiere y a que daño moral y en especial sin explicar cómo arribaron a esa conclusión en particular. Los Señores Jueces de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, confeccionaron galbanamente la sentencia recurrida, descuidado las formas elementales que manda el artículo 338 del Código Procesal Penal y con ello causando perjuicio no solo a la parte recurrente cuyo derecho es saber por qué se le está condenado por un delito,"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán G. en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SENTENCIA EN EL RECURSO DE CASACIÓN SP 282-2014 POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de febrero del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho con sede en la ciudad de Juticalpa, mediante la cual Condenó al señor O. L. M. Z., como autor responsable del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor F. M. P. L., a la pena de QUINCE (15) años de reclusión.- Asimismo se condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta E Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.- No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Se le declaró la responsabilidad civil del condenado O. L. M. Z., consistente en una reparación del daño moral e indemnización por los daños físicos y morales causados a la parte ofendida.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado L. E. R. G., actuando en su condición de Defensor Privado del señor O. L. M. Z.. SON PARTES: El Abogado L. E. R. G., Defensor Privado del acusado O. L. M. Z., en su condición de Recurrente. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: Que según lo manifestado por la menor F. M. P. L., que en el año dos mil diez, hacía un año que el imputado O. L. M. la enamoraba pero ella no le hizo caso, pero hacía un mes él volvió a insistir aceptando la menor ser novia del imputado, dos semanas después el imputado esperó a la menor a la salida del colegio donde estudia, la subió a un vehículo llevándola a un motel, manteniendo relaciones sexuales con la ofendida, posteriormente el padre de la menor se enteró de lo sucedido e interpuso la denuncia, por lo que se ordenó la detención preventiva del imputado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal, por considerarlo responsable del delito de Violación Especial en perjuicio de la menor de trece años de edad, siendo detenido y puesto a la orden de las autoridades.”. III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS “Recurso por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “Expresión De Los Motivos De Casación: Segundo Motivo: No haberse observado en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica. Precepto Autorizante: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 3 del artículo 362 del Código procesal Penal. Exposición Del Motivo. El artículo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal prescribe: El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica. Por su parte el artículo 202 del mismo Código establece: Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El Órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Antes de entrar a explicar la infracción del Juzgador, veremos en qué consisten las reglas de la Sana Crítica. Las reglas de la Sana Crítica o Sana Crítica Racional, como lo afirma la doctrina y la mayoría de los estudiosos del derecho, consisten en que el Juzgador está obligado a respetar los principios del recto entendimiento humano, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. La lógica lleva consigo las siguientes Leyes: a) Ley de Identidad, b) Ley de contradicción, c) Ley de tercero excluido y d) Ley de razón suficiente. Ley De Identidad: Conforme a esta Ley, el Tribunal entre otras cosas está obligado a identificar plenamente a los participantes en el juicio, especialmente al o los autores del delito, su grado de participación, la infracción cometida etc. LEY De Contradicción: Esta Ley se viola cuando el Tribunal en una sentencia valora la prueba de tal suerte que en una de sus partes se afirma que algo es cierto y luego se niega dicha afirmación; es decir esta Ley se transgrede, cuando el fallo es contradictorio lo que equivale que el sentenciador en una parte del fallo exprese que algo es y en otra parte exprese totalmente lo contrario. Ley De Tercero Excluido: Esta Ley se viola cuando los hechos que el Tribunal estima probados, no son congruentes con la prueba que se haya ejecutado en el juicio oral o debate, de tal manera que sería ilógica una sentencia donde se afirma que el imputado es inocente o culpable según el caso, cuando los elementos de prueba con que el Juzgador sustento el fallo reflejan lo contrario de lo que determino el decisor. Ley De Razón Suficiente: Esta Ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica razonable, bien sea de culpabilidad o de inocencia; implica entonces que si el juzgador en su fallo establece conclusiones carentes de razón o ilógicos, la consecuencia inmediata es la infracción de la Ley de Razón Suficiente que contiene la lógica como regla de la Sana Crítica. La Psicología que es otra de las reglas de la Sana Critica, esta es considerada como una ciencia empírica, del pensamiento humano que el Juez tiene el deber de aplicarla en la valoración de las pruebas, es decir que esta regla de la Sana Crítica, no es más que aquellos razonamientos Psicológicos que el juzgador en ciertos casos debe emplear al momento de dictar su veredicto. En lo que respecta a la experiencia común, son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprensibles espontáneamente por el intelecto humano como verdades indiscutibles; en otras palabras, la experiencia común son aquellas vivencias que el Juez como persona o ciudadano de una determinada comunidad ha tenido o vivido bien sea a título personal o bien apreciándolo en otros individuos, pero que ello le sirve como punto de partida al momento de resolver un asunto controvertido que ha sido sometido a su decisión. El Tribunal de Sentencia recurrido al fallar la presente causa estableció como hechos probados los siguientes: Primero: que según lo manifestado por la menor F. M. P. L., que en el año dos mil nueve, hacia un año que el imputado O. L. M. la enamoraba pero ella no le hizo caso, pero hacia un mes el volvió a insistir aceptando la menor se novia del imputado, dos semanas después el imputado espero a la menor a la salida del colegio donde estudia, la subió a un vehículo llevándola a un motel, manteniendo relaciones sexuales con la ofendida posteriormente el padre de la menor se enteró de lo sucedió e interpuso la denuncia por lo que se ordenó la detención preventiva del imputado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 175 del código procesal penal, por considerarlo responsable del delito de violación especial en perjuicio de la menor de trece años de edad, siendo detenido y puesto a la orden de las autoridades. Veamos en que consiste la violación por parte del sentenciador a las reglas de la Sana Crítica racional al momento de valorar la prueba. Antes de explicar en que ha consistido el vicio del juzgador al violentar las reglas de la Sana Crítica, como reglas del recto entendimiento humano, debemos de expresar que el sentenciador para declarar la culpabilidad de mi cliente O. L. M. Z., solamente contó prácticamente con un testimonio como es lo que relata la supuesta ofendida y el de su padre que no es más que una réplica de lo que expone la menor; también el Ministerio Público incorporó un supuesto dictamen médico, mismo que fue incorporado por lectura, violándose con ello lo estipulado en el artículo 311 del Código Procesal Penal, tal y como lo explicaremos puntualmente en el Motivo que para tal efecto más adelante desarrollaremos. Desde los inicios de la humanidad el ser humano se ha visto en la necesidad de establecer reglas o normas para regirse en sociedad, esas normas o reglas desde aquel entonces se han venido estableciendo parámetros para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona; en la actualidad es doctrinariamente aceptado que para declarar culpable a un acusado no solo basta con la declaración del o la ofendida, sino que tienen que concurrir otros elementos de prueba en el cual se sustente el fallo; lo anterior nuestra normativa procesal no lo determina expresamente, pero si en forma tácita, lo que implica que ello se deduce de todo el contexto de la Ley Procesal y de las demás normas legales incluso constitucionales, de lo cual se desprende que un fallo de condena no puede sustentarse o basarse solamente en un testimonio, especialmente el de la persona ofendida; ya que si esto fuera así, sería un peligro grandísimo para cualquier ciudadano, en vista que solo bastaría denunciar a alguien y expresar en debate haber sido objeto de violación, robo o de cualquier otro supuesto ilícito para lograr una decisión de condena por parte del órgano jurisdiccional, ya que no sería necesario incorporar o llevar a estrados judiciales verdaderos, auténticos y neutrales elementos de prueba para lograr una condena. Si bien es cierto al caso concurrió a rendir testimonio la supuesta ofendida F. M. P. L., y su padre el señor J. A. P. R., manifestando la primera en su declaración que: que en el año dos mil diez, hacia un año que el imputado O. L. M. la enamoraba pero ella no le hizo caso, pero hacia un mes el volvió a insistir aceptando la menor se novia del imputado, dos semanas después el imputado esperó a la menor a la salida del colegio donde estudia, la subió a un vehículo llevándola a un motel, Y Que un día cuando había un muerto en la comunidad y esperando que ella estuviera sola el joven O. L. M. aprovechó para ir a su casa y volver a tener relaciones sexuales y que otra vez en la terminal de buses habían vuelto a tener relaciones sexuales. Por su parte el padre de la joven citada expuso que el después de varios comentarios es que ellos presionaron a su menor hija para que les contara lo que ellos quería escuchar. Como podemos apreciar su Señoría, lo expresado por el progenitor de la joven solo afirma lo dicho por la menor, en el sentido de que mi representado tuvo relaciones sexuales con su hija, pero en ningún momento expresa conceptos que los conoce por su vista o sentidos, lo que equivale a decir que la señora citada solo conoce o replica lo que ha informado la supuesta ofendida F. M. P. L.. Es importante destacar la forma en que inicia el presente procesamiento, como consta en los autos, la denuncia se interpone por el padre de la menor, casi un año después de haberse realizado supuestamente los hechos, ya que éstos según lo que ha relatado la joven, se produjeron en el año dos mil diez, y la denuncia se interpone el, aduciendo que mi cliente era responsable del delito de violación; figura que así se manejó y por ese delito se le dictó auto de prisión, debido a la astucia y falsedades utilizadas por el padre de la joven, en el cual convenció a la menor a declarar en el Juzgado de Instrucción que había sido objeto de agresión sexual, por parte del acusado; en la cual expreso que las relaciones que se produjeron entre ella y el acusado fueron de forma voluntaria. Lo anterior Honorables Jueces es una historia a la cual no se le puede dar ninguna credibilidad o certeza, ya que así como las personas que declararon expresaron que las relaciones producidas fueron de forma violentas o intimidatorias, así mismo pudieron haber inventado dicha relación con el fin de perjudicar a mi cliente, pues éste, en todo momento ha negado haber tenido relaciones sexuales con la joven en mención; llama mucho la atención el hecho que la joven supuestamente ofendida hasta casi un año después participa el hecho a otras personas y es hasta entonces que se interpone la denuncia; lo anterior es una situación dudosa que es propia de aquellos casos cuando una persona denuncia a otra con algún propósito de venganza o de otra índole; esto lo expresamos porque desde el momento que la joven declara que fue objeto de violación o agresión sexual y después se retracta expresando que las relaciones fueron consentidas, deja la duda si en realidad existió o no dichas relaciones. En tal sentido y tomando en cuenta lo anterior, esta defensa considera que se han violado las reglas de la sana Crítica, como son las Leyes de la Lógica, especialmente la Ley de Tercero Excluido, ya que como se expuso anteriormente esta Ley se viola cuando los hechos que el juzgador ha declarado como probados, no son congruentes con la prueba aportada o ejecutada en el juicio o debate; como sucede en el presento caso, en la cual el Tribunal recurrido declaro que el señor O. L. M. Z., es responsable del delito de Violación, por haber actuado prevaliéndose de confianza; Si analizamos el material probatorio que el Tribunal utilizó para declarar la culpabilidad de mi patrocinado, nos damos cuenta que dicho fallo no es congruente con el elenco probatorio que la acusación incorporó al debate; el juzgador para declarar tal culpabilidad solo contó con una declaración testifical; y ese testimonio es la declaración que rindió en debate la supuesta ofendida F. M. P. L. tal como lo hemos expresado anteriormente con solo la declaración de la persona ofendida, no es suficiente para tener por probado sin margen de duda que la persona acusada es la responsable de la comisión de un determinado ilícito penal, por el hecho de que la o las personas ofendidas pueden actuar por odio, resentimiento, venganza o por cualquier otra causa que la motive para que la persona acusada sea sancionada y de esa forma tener algún consuelo como consecuencia de algún acto o hecho que el acusado haya realizado anteriormente en perjuicio del que acusa; es por esa razón, que la doctrina y en forma tácita nuestra legislación,. exigen que para declarar culpable a la persona imputada siempre será necesario la concurrencia de no solo un elemento de prueba, especialmente cuando se refiera a la prueba proveniente del ofendido; en la presente causa el Tribunal solo contó con el testimonio de la supuesta víctima, ya que la otra declaración que comentamos no arroja elementos suficientes para tener por probado que el imputado haya tenido relaciones sexuales con la ofendida y a las mismas no debió dársele valor alguno, mejor dicho, esas declaraciones no tienen valor alguno, porque no arrojan nada en lo absoluto que pruebe la participación culpable de mi cliente. La Honorable Corte Suprema, ha creado Jurisprudencia definiendo criterios en sentencias anuladas por violación a las reglas de la sana critica, y al principio de la derivación: El principio de derivación consiste en que de cada elemento probatorio se tiene que derivar una conclusión, debiendo existir coherencia entre el primero y el segundo, no debiendo violarse en el razonamiento ninguna de las reglas de la sana critica específicamente la lógica”. En el presente caso, como lo hemos exteriorizado el Juzgador con solo el dicho de la joven ofendida, en el cual se advertido una serie de inconsistencias desde el inicio del procedimiento, mejor dicho se ha faltado a la verdad, en el sentido que la víctima en un inicio aseveró haber siclo objeto de agresión sexual, pero posteriormente ya en debate cambio la versión y dijo que las relaciones producidas fueron voluntarias; ello sumado al escaso o nulo razonamiento por parte del juzgador, conlleva a la trasgresión del principio de la derivación como regla del intelecto humano el cual está obligado el juzgador a observar o aplicar en todo fallo que tenga que dictar; en tal sentido pues el sentenciador en este fallo no solamente ha violado las reglas de la lógica antes apuntadas, sino también ha violentado la regla lógica de la derivación, al establecer conclusiones superficiales de elementos probatorios a los cuales no debió dárseles ningún valor como se ha dejado plasmado en apartados anteriores.- Tercer Motivo: “Por basar la sentencia el juzgador en elementos de prueba no incorporados legalmente al juicio”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del artículo 362 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo El precepto adjetivo o de procedimiento que se invoca como infringido prescribe lo siguiente: Artículo 362 No 2) Que la sentencia se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el título cuatro del libro segundo de este Código.… Pues bien, tomando como base o punto de partida la norma trascrita anteriormente, explicaremos de una forma puntual en que consiste la infracción a la misma por parte del juzgador, lo cual se contrae a lo siguiente: Como se desprende de los autos en la presente causa, el Tribunal de Sentencia recurrido admitió, incorporó y valoró de forma ilegal un dictamen ginecológico y un dictamen psiquiátrico que fueron realizados a la ofendida, examen, que fue practicado año y medio después de sucedidos los hechos, en el cual el forense manifiesta que no encontró signos de violencia en la ofendida, pero si encontró rupturas de himen antiguas y signos de posible enfermedad genital. Y en el otro que presentaba daño psicológico. Ahora bien, en que consiste la ilegalidad del elemento probatorio que incorporó el sentenciador y que sirvió para dictar un fallo de condena contra mi cliente y, que constituye el vicio de Casación alegado; pues, consiste en que los dichos dictámenes fueron elaborados e incorporado al juicio, sin seguir el procedimiento que la Ley establece y por ende incumpliéndose con los requisitos legales para ello, como ser que el perito debe ser juramentado antes que rinda su dictamen, dicho examen debe ser elaborado en el juicio o debate y si no fuere posible elaborarlo allí, siempre debe comparecer al juicio a ratificarlo y defenderlo como tal y ser interrogado y contra interrogado por las partes si lo estiman conveniente para cumplir con el principio de contradicción. El artículo 311 del Código Procesal Penal establece seis casos de excepción a la regla anterior y son: Artículo 311: Lecturas autorizadas. Excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el Secretario: 1) Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto de juicio. 2) Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral. 3) Los testimonios rendidos en juicio o excepcionalmente, en los casos previstos en el numeral anterior, durante la etapa preparatoria por los sordos mudos que solo puedan darse a entender por escrito. 4) Las actas que documenten inspecciones, reconocimientos, registros o allanamientos que se hayan obtenido o realizado en cumplimiento de lo dispuesto en el presente Código, pero habrán de ser ratificadas en el juicio siempre que sea posible. 5) Los informes periciales realizados durante la etapa preparatoria, a efecto de ratificación el acto del juicio. Cuando su contenido sea contradictorio con lo manifestado en dicho acto, las partes podrán interrogar al perito sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas; y 6) Las declaraciones del acusado y los testimonios practicados durante la etapa preparatoria, cuando sean contradictorios con lo manifestado después en el acto del juicio, a fin de que las partes puedan interrogar al acusado o al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas. Ningún otro elemento de prueba podrá ser introducido al juicio para su lectura. (Lo subrayado es nuestro). Si examinamos literal y puntualmente lo que ordena dicha norma, encontraremos que en ninguno de los seis casos de excepción que establece la misma, se encuentra autorizado para que un dictamen pericial sea incorporado por lectura, encontrándose a disposición el perito que elaboro el examen, ya que el primero de los casos, se refiere a pericias o testimonios que hayan sido recibidos antes del debate, conforme las reglas de la prueba anticipada, y que resulte imposible su reproducción en el juicio; este tipo de diligencias se autorizan, porque al ser evacuado el medio de prueba conforme el anticipo de prueba, necesariamente las partes tuvieron que participar en la diligencia y por ende pudieron controlar el acto y cumplir con los principios de inmediación y contradicción. En el segundo de los casos, se autoriza incorporar una pericia o un testimonio que haya sido recibido en la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el juicio oral, tal es el caso, cuando el perito o testigo ya falleció, cuando por ejemplo en casos graves y urgentes el testigo o perito haya tenido que viajar al extranjero por largo tiempo y no sea posible esperar a que esta persona regrese al País etc.; el tercer caso se refiere a aquellos testimonios rendidos por los sordos mudos que solo puedan darse a entender por escrito; en el numeral cuarto nos encontramos al caso de actas que recojan inspecciones, reconocimientos o registros, pero estas siempre siendo posible deberán ser ratificadas en juicio por quien las elaboro; en los casos de los numerales cinco y seis, nos encontramos ante aquellos informes periciales, las declaraciones del acusado o testigos que se hayan recibido durante la etapa preparatoria cuando sean contradictorios con lo manifestado en el acto del juicio; esto es, cuando un perito, testigo o el acusado, en la etapa preparatoria dijeron o expresaron tal cosa, pero ya en el debate cambian su versión, entonces se autoriza para incorporar por lectura el acta que recoge la pericia o declaración, para que expliquen sobre la contradicción encontrada. La Fiscal del Ministerio Público asignada al caso y que controló el debate, no acredito ante el Tribunal que el perito se encontrara en algunos de los casos que hemos mencionado contenidos en el artículo 311, o que el mismo estuviera imposibilitado para comparecer en juicio; como consta en los autos la Fiscal únicamente hizo la petición que el dictamen médico legal fuera incorporado por lectura como prueba documental, y ni siquiera expuso si el perito estaba o no presente ni mucho menos que haya estado imposibilitado, es más, como se puede apreciar en el expediente de mérito la Fiscal desde que se celebró la audiencia de proposición de prueba solicitó que dicho dictamen fuera incorporado por su lectura, sin acreditar como ya lo expusimos que el perito tuviera alguna imposibilidad para no comparecer al debate a realizar su peritaje o por lo menos a ratificarlo. Aparte de la falta anterior, debemos expresar que el perito tampoco fue juramentado para que rindiera su pericia, ya que es práctica en las Fiscalías, que a la víctima la remiten de palabra donde el forense para que sea evaluada, incumpliéndose con ello la ordenanza legal, en el sentido de que todo perito, testigo o persona que deba participar en la elaboración o ejecución de un elemento de prueba, previamente debe ser juramentado bien sea por el Fiscal en la etapa preparatoria, o por el Juez ya en la etapa instructiva o de juicio y, es por ello que la Ley ordena que el perito debe necesariamente comparecer al debate a rendir su peritaje y solo en los casos que sea imposible la presencia del perito, es permitido a manera de excepción justificándose, que sea incorporada su pericia mediante lectura. Como lo ordena el artículo 242 del Código Procesal Penal, en el párrafo primero se le da facultades al Fiscal o Ministerio Público para que designe el o los peritos, y en el párrafo tercero del mismo artículo, establece que el perito debe ser investido judicialmente diciendo: “Una vez investido judicialmente, el perito procederá a cumplir el encargo recibido”. Y que todo lo actuado deberá ser puesto en conocimiento de quien lo nombró y las partes. Por otra parte, el artículo 246 de la Ley Procesal prescribe: Que el Fiscal podrá ordenar pericias durante la investigación preliminar pero solo podrán incorporarse por lectura al debate, si se hubieren seguido las reglas del anticipo de prueba, bajo control jurisdiccional y quedando a salvo la posibilidad que tiene el Tribunal y las partes de exigir la declaración del perito durante el debate. Como se desprende de las normas que hemos trascrito, el perito que va emitir dictamen pericial en primer término debe ser nombrado por la autoridad judicial y si fuere designado por el Fiscal, siempre deberá ser investido judicialmente; es decir nombrado y juramentado por la autoridad jurisdiccional; que el perito deberá comparecer a estrado judicial a explicar verbalmente su examen y que si eso no fuere posible, se podrá incorporar por lectura lo que dictaminó el perito, pero siempre y cuando para la elaboración del peritaje se hayan seguido las reglas del anticipo de prueba como lo señala el citado artículo 246. Entonces si la Ley Procesal ordena al Tribunal y las partes respetar todas las normas procesales antes citadas, como es que el Tribunal censurado incorporó y valoró un dictamen pericial que consta en un documento, en la cual el examinador no se pronuncia o describe en lo absoluto en que condición actúa, es decir el evaluante no expresa en el documento, si ésta actuando como médico forense o a requerimiento del Ministerio Público, Como se observa, el doctor H. que elaboró el peritaje que se comenta, no describe en ninguna parte de su libelo, si lo hace en condición de médico forense, o si lo hace como un médico empleado del Estado o si su comparecencia es como un médico particular a petición de la Fiscalía; lo que constituye que dicho documento carezca de valor probatorio, uno porque no fue ordenado legalmente ni por el Fiscal ni por el Juez, y por lo tanto no tuvo ningún control jurisdiccional, dos, en el documento no se expresa en que condición actúa el perito, tres, el perito no fue juramentado, de decir verdad corno lo ordena la Ley, y cuatro, se ha violado la ordenanza contenida en el artículo 311 del Código Procesal Penal, que establece que fuera de los casos de excepción que taxativamente se señalan en dicha norma, ningún otro elemento de prueba podrá ser incorporado por su lectura; por lo que esta defensa considera que dicho documento no tiene ningún valor legal, ya que no se cumplió con el procedimiento que la Ley ordena para que el mismo tenga valor o fuerza probatoria; todo lo antes expresado a nuestro criterio constituye el vicio denunciado que no es otro que la incorporación y valoración por parte del juzgador de un medio de prueba que no tiene ningún valor legal, por encontrarse viciado.- Cuarto Motivo: Adolecer la Sentencia recurrida, de insuficientes motivaciones fácticas y jurídicas. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo De conformidad a lo que prescribe el articulo 141 párrafos segundo y tercero del Código Procesal Penal, las sentencias, tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; y que la motivación expresara los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la resolución; y en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido; todo ello en relación con lo prescrito en los numerales 2 y 3 regla cuarta del artículo 338 de la misma Ley Adjetiva. Honorable Tribunal de Alzada, el A-quo en esta sentencia que se recurre, no explica suficientemente los motivos que lo llevaron a formar su convicción y que trajo como efecto la condena del imputado; es decir el juzgador en la parte valorativa e intelectiva de la prueba en la sentencia que se recurre, no especifica de una forma clara y precisa cuales fueron las razones por el cual le dio valor probatorio suficiente a la prueba de la acusación; nótese como el juzgador en el apartado quinto de la fundamentación valorativa de la sentencia censurada hace declaración en la cual expresa “que concluimos que el imputado O. L. M. Z. es responsable del abuso sexual, producido en la menor F. M. P. L., abuso que se configura como Violación que se produce por el hecho de haberla penetrado vía vaginal, a una persona menor de catorce años y menor de dieciocho cuando haya mediado para ello abuso de confianza como lo sostuvo la representante del Ministerio Público en su formalización de acusación, la prueba que se tiene en cuenta para arribar a esta conclusión es la declaración de la menor ofendida, la declaración del padre de ésta que constato lo relatado por su menor hija, y el acta de nacimiento de la menor que a esta prueba se le da toda la credibilidad pues las declaraciones fueron dadas de forma directa, clara y coherente, y que al Tribunal le merece confianza y que no encuentran motivos para dudar de las mismas. Como se puede observar en la sentencia recurrida, específicamente en el apartado de valoración de la prueba, en los numerales del primero al cuarto, el sentenciador enuncia la prueba evacuada o ejecutada en juicio (valoración descriptiva); y en el numeral quinto, según el juzgador es donde ha realizado la valoración como tal de dicha prueba (valoración intelectiva). Pues bien, debemos señalar con puntualidad en que consiste el vicio de Casación en la Forma que se denuncia en esta oportunidad; véase como en un solo numeral o un párrafo, el sentenciador trata de explicar o dar las razones válidas por el cual tomó la decisión de condenar a mi cliente; la valoración intelectiva como lo denomina la doctrina, debe ser en toda sentencia amplia y suficiente, lo que implica que el juzgador no debe limitarse a enunciar o manifestar que a esta prueba le da valor o que los testigos por ejemplo dijeron cual cosa, sino, que se determine que en esta parte del fallo el decisor explique o razone los puntos o circunstancias por el cual le da valor a tal medio de prueba o por el contrario porque le resta credibilidad a la misma y por otro lado, debe expresar razonadamente porque, o que lo llevó al convencimiento o a formar su convicción respecto a la culpabilidad del acusado. Entonces Honorable Tribunal de Alzada, como podréis observar en la sentencia que se recurre, existe una mínima o insuficiente motivación de la parte valorativa de dicho fallo, ha sido tan mínima esa motivación que el juzgador por una parte se limitó a expresar que le daba crédito a la declaración que rindió la ofendida en el debate, lo anterior, ha llevado a la convicción del sentenciador, para considerar a O. L. M. Z., responsable del delito de Violación a título de autor material. En ese sentido, como aparece en los autos, el Tribunal condenó al imputado con solo la declaración testifical que rindió la supuesta ofendida, y lo que sustento su padre, sin explicar las razones o motivos por el cual formó su convicción; que en síntesis es lo que constituye el vicio alegado, en el cual el sentenciador se limita a expresar en un párrafo y en forma concreta, que le da crédito a la declaración rendida por la víctima y que con ello, más lo dicho por su madre, es suficiente para dictar un fallo de condena contra mi representado y sin darle valor a las declaraciones de los testigos propuestos por la defensa. Como es de vuestro conocimiento, el juzgador de instancia en este tipo de procedimientos, tiene una ardua labor de explicar o motivar con verdaderos razonamientos su decisión o fallo, ya que si no sucede así, la consecuencia lógica de la falta o insuficiente motivación, es la nulidad del fallo, debido al vicio de forma, como lo establece el numeral tres del artículo 362 que se alega como infringido; en otras palabras, el decisor debe en su fallo al momento de valorar la prueba, expresar porque le dio crédito a los testigos de cargo y porque le resta valor a los testigos o prueba de la defensa en el caso que los hubieren, pero el decisor en la presente sentencia, se limitó en enunciar en forma concreta que le daba valor a la prueba incorporada; olvidando explicar suficientemente cuales fueron las verdaderas razones por el cual tomo la decisión de condena; y más concretamente porque le dio valor a esa declaración de la ofendida, y cuales fueron esas circunstancias que lo llevaron al convencimiento de dictar un fallo de condena. En materia de valoración de la prueba el Juzgador está obligado a respetar una serie de principios o reglas que son imprescindibles su observación para que el fallo no adolezca de un vicio de nulidad en la forma; entre esas reglas o principios tenemos las reglas o Leyes de la Lógica y el principio de la derivación, que consiste en que de todo elemento o medio probatorio se tiene necesariamente que derivar o desprender una conclusión lógica y razonable, expresada por su puesto del pensamiento argumentativo que haga el juzgador como consecuencia de las circunstancias probatorias que arroje el elemento incorporado; es aceptado por la doctrina dominante y por nuestras Leyes que regulan la materia, que toda persona a quien se le imputa la comisión de un delito, para que pueda ser condenado como partícipe del mismo, en el fallo respectivo tiene que explicarse e individualizarse la participación del acusado, los hechos que esa persona haya perpetrado; cuales son los elementos probatorios que se han tenido en cuenta, explicar suficientemente el valor o circunstancias por el cual se consideran validos esos medios para la probanza de la acción realizada, de lo contrario la resolución contiene un vicio de nulidad; y es casualmente lo que define el numeral 3 del artículo que se invoca como infringido, que dispone que si la sentencia contiene insuficiente motivación, tanto en la parte fáctica cono en la parte jurídica, es motivo suficiente para que se decrete la nulidad de la misma mediante la vía casacional. Por otra parte, hemos encontrado que la fundamentación jurídica de la sentencia que se recurre, también adolece de insuficiente motivación; veamos en que consiste esa deficiencia en la motivación jurídica del presente fallo: El sentenciador al determinar los fundamentos de derecho en su sentencia, solo se limita a expresar y señalar la norma o normas que regulan el delito o tipo penal por el cual condena, sin razonar o argumentar cual es el bien jurídico protegido que con el actuar del acusado se ha puesto en peligro; si bien existe una norma penal que regula tal conducta, es decir que sanciona a la persona que haya cometido el delito de estupro, tal como lo describe el artículo 142 del Código Penal, pero ello no es excusa o no exime al juzgador para que razone adecuadamente su fallo; en este caso como se aprecia en la sentencia que se recurre, aparte del vicio encontrado en la valoración intelectiva de la prueba y que con anterioridad ya se explicó, en la fundamentación jurídica solo enuncia la norma que sanciona la supuesta conducta realizada por mi representado; lo anterior trae como consecuencia ineludible, que la sentencia contenga un vicio en la forma que por carecer de motivaciones tanto valorativas como jurídicas, por ello que consideramos que la sentencia que por este acto se recurre, debe ser anulada por parte del Alto Tribunal de Justicia del País, en virtud de contener los vicios de casación en la forma que se han enunciado.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I. Planteamiento del Recurso Es importante hacer notar que existen dos errores de forma en el planteamiento del recurso que provoca la presente sentencia: El primero respecto a la suma y preámbulo del Escrito, pues en éstos se plantea que el recurso es tanto por Infracción de Ley como por Quebrantamiento de forma, pero al atender el cuerpo del libelo se aprecia que solo se plantea el segundo; Por otro el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma inicial exponiendo el “Segundo Motivo”, ergo el Primer motivo es inexistente.- Como consecuencia y para efectos de desarrollo se deberá entender entonces que esta Sentencia resuelve tres motivos de casación por quebrantamiento de forma. IV.II. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. IV.II.I. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada L. E. R. G., Defensor Privado del acusado O. L. M. Z.. - Primer Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se Observaron las reglas de la Sana Critica; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensor; Pretensión: Se anule la sentencia recurrida. El Pretensor inicia la exposición de su recurso, conceptualizando con muy poco acierto los principios de la lógica que componen las reglas de la sana critica; de seguido explica que el Sentenciador ha declarado la culpabilidad del acusado O. L. M. Z., solo a partir de una declaración testifical dada por la menor ofendida, pues si bien también compareció a declarar el padre de ésta, el conocimiento de él es de referencia al repetir lo que aquella le informó; discute el Pretensor que es doctrinalmente aceptado (sin señalar a que doctrina refiere), que para declarar culpable a un acusado no solo basta con la declaración del o la ofendida, sino que tiene que concurrir otros elementos de prueba en el cual se sustente el fallo, concluyendo que una sentencia condenatoria no puede sustentarse o basarse en un solo testimonio y por ello considera que se ha violentado el Principio de Tercero Excluido. IV.II.II. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces y Juezas de Sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”.- Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas.- En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1).- REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre/mujer común posee y por ende el Juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el Conocimiento Privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho; ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así. 2).- LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3).- LAS REGLAS DE LA LÓGICA: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe de tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial, es decir. Pero además la conclusión debe de derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá Homicidio al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio; iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; iv. Cuando la conclusión este basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado; De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; La Conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. IV.II.III.- De la Procedencia del Primer Motivo EL PRIMER MOTIVO NO ES DE RECIBO. - El Pretensor ha hecho una mala lectura de la naturaleza del recurso; la Sala de lo Pena llama a considerar que los conceptos expuestos de lo que debe de entenderse por cada uno de los Principios Lógicos no obedecen a su verdadero contenido, el cual es explicado en el apartado anterior. Por otra parte el razonamiento que sustenta el recurso gravita esencialmente en la insuficiencia de la carga probatoria, pues el Pretensor aqueja que es como consecuencia de un único medio de prueba y precisamente la declaración de la persona ofendida, que el Tribunal de Sentencia ha declarado la culpabilidad del acusado, lo que considera impropio citando como base lo que dice “la doctrina y tácitamente la ley”.- Olvida el Pretensor que la suficiencia probatoria es tema del Principio de Inocencia que debe de ser reclamada como parte del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, lo que provoca que el recurso que ahora nos ocupa sea impropio.- Por otra parte su aseveración de que una sentencia condenatoria no puede sustentarse en un solo medio de prueba es falso porque así lo señala la doctrina y tácitamente la ley es falas, pues en principio no hace cita a que doctrina se refiere o de que norma legal se deriva tal razonamiento, por el contrario esta Sala de lo Penal ha señalado que si es posible un pronunciamiento condenatorio como consecuencia de la valoración de un único de medio de prueba de cargo, pero que: “ […] debe de implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solides probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba y que lleve al pronunciamiento condenatorio.- Tal rigurosidad debe de ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio probatorio, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de los hechos, por ello la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible.”. (Ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 29 de marzo de 2017 en Exp 210-2013 y de 25 de septiembre de 2017 en Exp 036-2014). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma presentado no tiene por objeto confrontar razonamientos judiciales con las reglas que componen el recto entendimiento humano, a efecto de demostrar que los Juzgadores se apartaron de ella en el proceso de valoración de la prueba, dado que aun cuando se haya alegado la violación del Principio de Tercero Excluido, ello fue señalando que el fallo no era congruente debido a que insuficiencia de la carga probatoria y en particular sobre una supuesta violación a la recomendación hecha por la doctrina y prohibición hecha por la ley de que no es procedente dictar una sentencia condenatoria sobre la base de un único medio de prueba, lo cual no es cierto, reprochándosele al Pretensor el planteamiento de una postura con el afán de engañar a este Alto Tribunal. IV.III. - Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado L. E. R. G., Defensor Privado del acusado O. L. M. Z.. - Segundo Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Valoración de medios de prueba no incorporados legalmente al juicio; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 311 del Código Procesal Penal; Reclamación Ex Ante: Sin Determinar por el Pretensor. Pretensión: Se anule la sentencia recurrida. Identifica el Pretensor el Medio de Prueba Pericial consistente en el examen clínico (f. 25) y el Dictamen Psiquiátrico, ambos practicados a la niña F. M. P. L. como aquellos en que recae su reclamación; explica que el Tribunal de Sentencia admitió, incorporó y valoró de forma ilegal los medios periciales referidos como consecuencia de: 1. Los medios de prueba fueron elaborados sin seguir el procedimiento de ley, como ser la debida juramentación del perito antes de que rindiese su dictamen; 2. Introducción por lectura de los dictámenes, sin que concurriese ninguna de las causales señaladas en el artículo 311 del Código Procesal penal; 3. En el dictamen el Perito no esclarece su la auscultación la realiza como Médico Forense, como empleado médico del Estado o como médico particular. Como consecuencia de lo anterior, los documentos referidos no tienen ningún valor legal y por ende fuerza probatoria. IV.III. I.- De la Oralidad en el Proceso Penal y la Introducción de prueba por Lectura como su Excepción. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la Oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP).- Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, éste Principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia; entre estas circunstancias tenemos la prevista en el artículo 311 en los numerales 1 y 2, que son los que atañen al presente recurso de casación. Señala el primer numeral que podrán ser reproducidos por lectura en la audiencia de debate: “Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio”.- Este numeral define entonces como requisitos: 1. Que el testimonio o pericia haya sido evacuado en un momento antes del debate, pudiendo ser en la etapa preparatoria, intermedia o incluso en la misma etapa de juicio, siempre que sea previo a la celebración de la audiencia referida; 2. Que la evacuación del medio de prueba haya sido realizada observando el protocolo previsto para las pruebas anticipadas, con el registro debido del resultado de ésta; 3. Que el medio de prueba figure como uno de aquellos que fue oportunamente propuestos y admitidos por el Tribunal de Sentencia para ser evacuados en el debate; 4. Que resulte imposible reproducir el medio de prueba en la audiencia de debate, por causa de la naturaleza del medio de prueba o por causa atinente al testigo o perito que deba de comparecer: i).- La Naturaleza del medio de prueba puede obligar que ésta sea tomada de manera anticipada por ser de carácter irrepetible, por la complejidad del análisis pericial, por el riesgo que implique su práctica (imaginemos que implique la manipulación de material explosivo, toxico, etc.), por el tiempo que tome el análisis pericial o porque deba de ser realizado dicho análisis pericial o deba de ser tomada la declaración testifical en un lugar fuera de la competencia territorial del órgano jurisdiccional; ii).- También la imposibilidad puede ser por incapacidad sobrevenida y material del testigo o perito de dar a conocer lo que sabía de los hechos, durante el tiempo que se celebre la audiencia de debate o dentro del plazo en que éste pueda suspender la audiencia, que es de un máximo de 15 días. En su segundo numeral el artículo 311 del Código Procesal Prescribe que igualmente se podrán incorporar por su lectura: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”. -Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP); 2. Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: a. Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b. Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo o perito pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos de que el perito se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello; y 3. Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la Etapa Preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá de conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 CPP), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viendo obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial por uno documental. Las partes podrán recurrir la sentencia que valore un medio de prueba introducido por lectura a la audiencia de debate: 1. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, alegando la introducción indebida por lectura del medio de prueba en violación a alguna de las reglas contenidas en el artículo 311 del mismo Código; y/o 2. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.3 del Código procesal Penal, alegando una inadecuada valoración del medio de prueba introducido por lectura, colisionando con la regla contenida en el artículo 202 del Código indicado. IV.III. II.- De la Prueba Pericial. A.- FUNDAMENTO DEL MEDIO DE PRUEBA

Siendo los medios de prueba pericial los que se alegan han sido indebidamente introducidos al debate, es pertinente hacer una breve relación de la regulación legal que hace el Código Procesal Penal (CPP) sobre este medio de prueba, relacionando además el Reglamento de Registro de Peritos, Interpretes y Traductores del Poder Judicial (En adelante RPLIT), y el Instructivo para Regular la Citación de Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal y la Comparecencia de Peritos y Consultores Técnicos ante los Juzgados y Tribunales ( En adelante ICCTPC). El Medio de Prueba Dictamen es un medio probatorio cuyo objetivo es explicar/demostrar a los Jueces y Juezas, las dependencias entre causa y efecto que acontecieron en relación a un hecho, objeto o persona de interés para el proceso penal.- Habrá la necesidad de éste medio de prueba cuando el tema de estudio recaiga sobre cuestiones cuya percepción o entendimiento escape a las aptitudes y conocimientos del común de las personas en general, distintas a las jurídicas relativas a la legislación nacional (Art. 239.1 del CPP); entonces su propósito no es auxiliar al Juez/a en los temas en los que no se encuentre versado, porque ello podría dar paso para pensar que se puede prescindir del medio de prueba pericial en los casos que sí lo fuere; el Peritaje se ordenara siempre que para el estudio de un fenómeno, un objeto, hecho o persona se requieran conocimientos que no se encuentre dentro de la esfera del profano, con independencia del conocimiento que de forma privada tenga el Juez/a, permitiendo que las partes litigantes puedan auditar, controlar y controvertir su contenido (En ese sentido ver Sentencia de la Sala de lo Penal del 25 de Junio de 2008, en Exp 005-2008); el conocimiento Privado del Juez no puede ser medido, auditado y controvertido por los litigantes y por lo tanto su aplicación afecta la debida contradicción y el derecho de defensa. También se podrá aceptar el dictamen que versen sobre la existencia, vigencia y alcance de una norma legal de carácter extranjera o de doctrina legal extranjera, y cuya existencia, entendimiento y aplicación sean necesarias para el caso concreto, como por ejemplo las normas penales extranjeras en los procesos de Extradición (Art. 239.2 cpp); entonces, todo lo referente al derecho nacional, incluyendo los tratados y convenios que Honduras haya ratificado, así como las sentencias internacionales en donde previamente el Estado haya aceptado la jurisdicción (Como en el Caso de la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos), se entenderán que forman parte del derecho interno y la doctrina legal interna, de modo que no podrán ser objeto de prueba, partiendo de la aplicación del Principio de Iura Novit Curia. En este punto es preciso hacer un alto para efectos de fijar contenidos conceptuales; pareciera que fuese una mera cuestión de semántica, pero resulta importante hacer la distinción entre peritaje y dictamen: a. El peritaje es el estudio que realiza el perito y que concluye con un dictamen; y b. Dictamen es el documento que contiene la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos o técnicos en que se funda, así como de las valoraciones de hecho o circunstancias relevantes en el asunto o para adquirir certeza sobre ellos, el cual se le puede acompañar documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito (Art. 11.d y 11.e RPIT). En el primer caso requiere el nombramiento de un perito para la realización del estudio concreto, pero este no es medio de prueba (al menos no aún), mientras que en el segundo caso implica la presentación del dictamen a efecto de que sea valorada por el órgano jurisdiccional. B.- NOMINACIÓN DEL/LA PERITO: La nominación del/la Perito, entendido como la propuesta que hace para que una persona funja como perito en un proceso judicial, podrá realizarla cualquiera de las partes y en casos excepcionales por el propio órgano jurisdiccional (como en los autos para mejor proveer), más la designación dependerá de la etapa del proceso, puesto que en algunos momentos la nominación y designación se realizara en un solo acto por una misma autoridad, entretanto que en otros momentos procesales la nominación estará a cargo de un sujeto procesal, mientras que la designación a cargo de otro. En cualquiera de los casos la nominación y designación recaerá sobre algunos de los peritos que se encuentren inscritos en el Registro de Peritos, Intérpretes y Traductores del Poder Judicial (Art. 2 RPIT). La autoridad encargada de la designación, dependerá del momento procesal en que se encuentre la causa criminal; en específico en los delitos de acción pública y de acción pública a instancia particular: a.- Investigación Preliminar: (Etapa Preparatoria del Proceso Penal): Durante la investigación preliminar la nominación y designación del/la perito estará a cargo de los cuerpos de investigación del Estado (DLCN, ATIC, DPI, TIGRES, Policía Preventiva, Policía Militar, etc.), y/o por el Ministerio Publico (Art. 273 cpp), quienes podrán ordenar la realización de cualquier pericia en el campo de la criminalística y de las ciencias forenses, lo cual podrán hacer sin necesidad de autorización judicial al tratarse de prueba pre constituida al tener por objeto determinar la existencia de un hecho delictivo, sus efectos dañosos y/o la individualización de la persona o personas responsables. (Ver en ese sentido Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 27 de junio de 2013, en Exp 047-2011). Fuera de los casos de prueba pre constituida, las pericias realizadas en la etapa preparatoria solo podrán incorporarse al proceso penal cuando hubiesen sido practicadas conforme al protocolo previsto para las pruebas anticipadas (Art. 246 cpp), siendo ésta precisamente una de las situaciones previstas como excepciones al principio de oralidad (Art. 311.1 cpp); de allí la importancia de hacer una clara diferenciación entre las pruebas pre constituidas y las pruebas anticipadas, y entre éstas y los actos de aseguramiento de prueba (temas que desbordan el recurso que nos ocupa). Con todo, cuando para la práctica de la prueba pericial pre constituida sea necesario limitar a una persona del ejercicio de algún derecho fundamental (Constitución de la República) o de algún derecho humano (Convenios y Tratados Internacionales), será necesaria la autorización del órgano jurisdiccional competente, como por ejemplo en los casos de extracción de muestras del cuerpo de la persona sospechosa para su ulterior estudio (Art.107 cpp). b.- Después de Requerimiento Fiscal (Etapa Preparatoria e Intermedia): Conforme se desprende de los artículos 242 y 273, y éstos con relación con el artículo 264, todos del Código Procesal Penal, la potestad de designación de peritos por parte de los cuerpos de investigación del Estado para la práctica de pericias como prueba pre constituida cesa al agotarse la fase de la investigación preliminar, lo cual sucede cuando se presenta por parte del Ministerio Público el respectivo Requerimiento Fiscal, por cuanto con dicha presentación la persona sospechosa adquiere el carácter de imputado/a (Art. 101 cpp), y por ende nace la necesidad de garantizar los principios que informan el proceso penal, en especial el de contradicción, publicidad y defensa; por ello y a partir del requerimiento fiscal, las partes podrán solicitar la práctica de medios de prueba periciales nominando a la persona que realizara el mismo, siendo el Juzgado de Letras la autoridad competente para su designación. (Al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 22 de septiembre de 2014, en Exp 068-2012). c.- En la Etapa de Juicio: Como regla general en la Fase de Juicio no habría ya la necesidad de ordenar un peritaje para el estudio de un objeto/sujeto probatorio, por cuanto a esta etapa se ha llegado después de haber superado la investigación preliminar (Etapa Preparatoria) y la investigación complementaria (Etapa Intermedia), entendiéndose pues que precisamente gracias a ello es que se ha dictado un auto de apertura a juicio en donde se evalúa que existe los suficientes méritos para elevar la causa a juicio (ello gracias al recabo de medios probatorios).- Sin embargo y excepcionalmente es posible que las partes propongan la práctica de una pericia en la etapa de incidentes del debate o como auto para mejor proveer, momento en que el Tribunal de Sentencia será la autoridad competente para la designación del/la perito. Por desfortuna es práctica forense que las partes propongan estudios periciales en la audiencia de proposición de prueba, solicitando el nombramiento de peritos, etapa en que solo se tendría que proponer el dictamen ya efectuado; es de considerar que en dicha audiencia el Tribunal de Sentencia debe de realizar un juicio de admisibilidad del medio de prueba que se propone (utilidad, pertinencia, proporcionalidad), lo cual solo es posible si se conoce cuál es el elemento probatorio (resultado de la pericia) que se pretende aportar con el medio de prueba; en los casos en que en lugar de proponer el medio de prueba dictamen (una pericia ya realizada y en la cual ya se conoce su resultado), se propone la designación de un perito para realizar el peritaje, implica que: a. El ente encargado de la investigación no concluyó con ésta, llegando a la etapa de juicio sin tener toda la información necesaria respecto al hecho que está imputando, con lo cual no debió solicitar elevar a etapa de juicio el proceso; y, b. Imposibilidad del Tribunal de Sentencia de hacer un completo juicio de admisibilidad, dado que no existe elemento probatorio determinado (se desconoce el resultado de la pericia), y por tanto no se puede evaluar sobre su pertinencia, utilidad y proporcionalidad en relación con los hechos objetos de imputación. C.- PROPOSICIÓN DEL MEDIO DE PRUEBA PERICIAL Y DESIGNACIÓN DEL/LA PERITO Como todo medio de prueba, el dictamen pericial debe de ser propuesto en los momentos procesales pertinentes, a efecto de que sea admitida y valorada por el Órgano Jurisdiccional; como regla general los momentos procesales oportunos serán: la Audiencia Inicial, en la Audiencia de Proposición de Pruebas en la etapa de juicio, excepcionalmente en la etapa incidental de la audiencia de debate y/o en la etapa de ejecución de la sentencia, lo que no implica que puedan ser presentados en otros momentos procesales. Ahora bien, se le denomina Perito a la “Persona natural experta, entendida en una ciencia, arte, técnica, tecnológicos, práctica, oficio u otros análogos, que por sus especiales conocimientos es designado para apoyar a la impartición de justicia, y bajo juramento dictaminar sobre hechos, circunstancias o temas cuya valoración se relaciona con su formación técnica o profesional” (Art. 11.a RPIT) La autoridad competente elegirá como perito a la persona más idónea que, conforme objeto, hecho o persona de estudio, pueda atender el mandato, partiendo de que aquel cuente con título habilitante si se tratase de una profesión reglada, o en su caso con diplomas o constancias que revelen sus conocimientos especiales, además de la experiencia que tenga sobre el campo y, alternativamente, que tenga amplios conocimientos en la ciencia, arte, disciplina u oficio de que se trate el estudio, además de que no tenga ninguna de las incapacidades absolutas (Art. 241 numerales 1 y 4 del cpp) o relativas (Art. 241 numerales 2 y 3, y 243 del cpp) que prevé la ley. La calificación académica del perito (Doctorado, Maestría, Especialidad, Licenciatura, Educación Técnica o Simple Practicante) y el número de peritos deberá de ser elegido en proporción a la complejidad del estudio a realizar; de éste modo se tendrán en cuenta las siguientes variables: a. Complejidad del estudio; b. Tiempo a desarrollar el estudio; c. Campo de Conocimiento (Científico, artístico, técnico, tecnológico o práctico); d. Costo del estudio; y e. Disponibilidad de perito calificado. En todo caso y como se ha señalado el/la Perito deberá de ser uno de los que esté debidamente inscrito en el Registro de Peritos, Interpretes y Traductores que está a cargo del Centro de Documentación Judicial del Poder Judicial, quien se encargará de verificar su calidad de experto. Cada caso determinara la necesidad del nivel académico o de experticia que deberá de tener el/la perito para realizar el estudio, pero también lo determinara la disponibilidad de dichos profesionales para el tiempo y lugar que se necesite; el artículo 240 del Código Procesal Penal determina que ante la ausencia de profesionales titulados o especialistas acreditados en el Registro de Peritos, Interpretes y Traductores (Conforme señala el reglamento), podrán fungir como peritos las personas que tengan experiencia empírica y notoria en la ciencia, arte o técnica a que se refiera el análisis. D.- INVESTIDURA Y JURAMENTACIÓN DEL/LA PERITO La Juramentación es el acto mediante el cual se toma promesa a la persona perito de decir la verdad respecto a los procedimientos en el análisis encomendado y sus resultados, y además donde se le hace las advertencias legales respecto a las penas sobre el delito de falso testimonio en caso de que se informe falsamente sobre ello a la autoridad que le ha nombrado.- Existen dos clases de juramentación: i.- Juramentación para investidura, que ocurre cuando es aceptada la nominación de una persona para fungir como perito; y ii.- Juramentación para rendición de dictamen, que se da en el estrado judicial previo a que el perito de informe sobre el dictamen. El procedimiento de juramentación para investidura a seguir dependerá si se trata de un perito no oficial o de un perito oficial: a. Tratándose de un Perito No Oficial, entendiéndose como tal aquellas personas que no prestan servicio a ninguna institución del Estado, la autoridad que haga la designación deberá de informándole sobre su encomienda, el objeto de la pericia, el tiempo en que es requerida, haciéndole entrega de las evidencias a pericial (si fuere el caso), preguntándole el día, hora y lugar en que realizara el análisis, consultándole la conveniencia de que las partes puedan presenciar el desarrollo e invitándole a que señale aquellos obstáculos que podrían presentársele para lograr a buen cometido lo que se le ordena (Art. 242 tercer párrafo del cpp); Igualmente la autoridad que nombre el/la perito deberá de escuchar a las observaciones de las partes, incluyendo las oposiciones a la designación de la persona del/la perito, salvo que ocurra en la etapa de la Investigación Preliminar, cuyo control es diferido a otro momento procesal; para efecto de dar el debido contradictorio el acto investidura deberá de realizarse en audiencia (presencial o mediante video conferencia), b. Tratándose De Peritos Oficiales, siendo éstos las personas que desempeñan un cargo en cualquiera de las instituciones del Estado, la juramentación para investidura se entenderá como rendida al momento de tomar posesión de su cargo (Art. 322 de la Constitución de la República) y por lo tanto no será necesario ser llamado por la autoridad que le nombra para tales efectos; se parte del principio de que todo empleado o funcionario público, para ser nombrado, deberá de reunir con los requisitos legales que el cargo exige, rindiendo promesa de ley al momento de tomar posesión del cargo, promesa que le compromete en todas sus actuaciones, las que incluyen aquellas desempeñadas con ocasión de haber sido nombrado/a como perito en una causa judicial; considérese que el artículo 46 de la vigente Ley Especial contra el Lavado de Activos, publicada en abril de 2015, señala que los peritos adscritos al Ministerio Público no requerirán que sean juramentados previamente por un órgano jurisdiccional para realizar sus dictámenes. Señala el ICCTPC, que en estos casos la autoridad que ordene la pericia, remitirá al empleado o funcionario público o a la institución del Estado, una comunicación oficial en donde se haga saber el nombramiento recaído y toda la información necesaria para el cumplimiento fiel del cometido, así como estar entendida respecto a las obligaciones inherentes al cargo y las consecuencias sobre el delito de falso testimonio; igualmente el/la perito deberá de informar la hora, fecha y lugar en donde llevara a cabo el análisis y lo relativo sobre conveniencia de que las partes estén presentes en dicho momento. La persona designada necesariamente deberá de estar inscrita en el Registro de Peritos, Intérpretes y Traductores, según ordena el reglamento; La juramentación para rendir dictamen de los/las peritos, sean privados u oficiales, se realizará de la misma manera: Se practicara al momento de su comparecencia ante el Órgano Jurisdiccional, instantes previos a que rinda los resultados de su estudio (art. 326 cpp).- Por disposición procesal, podrá ocurrir que no sea requerida la presencia del perito en la audiencia, sino que solo sea introducida por lectura su dictamen, en cuyo caso valdrá la juramentación que se haya hecho al momento de su investidura (peritos no oficiales), o al momento de su nombramiento como funcionario público (peritos oficiales), para los efectos de la responsabilidad penal por el delito de falso testimonio. E.- OPOSICIÓN A LA NOMINACIÓN/DESIGNACIÓN DEL/LA PERITO La nominación y designación del perito puede ser objetado por algunas de las partes, por diferentes razones y en los momentos oportunos conforme a la etapa procesal en que se encuentre la causa criminal; posibilidad que permite auditar la calidad del perito, su imparcialidad con la tarea encomendada y la fiabilidad del resultado. Son causas de oposición en la designación de una persona como perito: a. Incapacidades Absolutas: Son aquellas que no permiten que la persona pueda desempeñar la labor de perito en todo proceso Penal: i. La persona nominada sea menor de edad; ii. La persona nominada ha sido declarada previamente en interdicción civil por demencia (Art. 241.1 cpp); y iii. La persona nominada no posee los conocimientos científicos, técnicos o artículos necesarios para llevar a cabo el estudio en un campo de la ciencia, arte o técnica determinada (Art. 240 cpp); b. Incapacidades Relativas: Refiere a aquellas causas que no permitirían que una persona pueda actuar como perito en un proceso penal determinado, más si en otros: i. La persona nominada ha presenciado accidentalmente los hechos que son objeto de juzgamiento y por lo tanto su intervención en el proceso penal debe de ser como testigo y no como perito (Art. 240 y 241.2 del cpp); ii. La persona nominada es de aquellas a la que la ley procesal concede el derecho de abstenerse a declarar (Art. 228 cpp); y iii. La persona nominada se encuentre bajo cualquiera de las causales que dan lugar a la recusación de jueces/zas, Magistrados/as y auxiliares del órgano jurisdiccional (Art. 243 cpp). c. Finalmente, se podrá presentar oposición a la persona del perito cuando se alegue que existe otra persona que puede realizar la pericia y cuya intervención es preferente dado su nivel de conocimiento más especializado que aquel nominado originalmente.

Las partes podrán presentar como objeción a la designación del/la perito, cualquiera de las causales anteriores, en el momento procesal oportuno; específicamente en los delitos de acción pública y de acción pública a instancia particular: a. Peritos Nombrados en la Investigación Preliminar: Al haberse practicado la pericia como medio de prueba pre constituida, la oposición a la persona del perito en esta etapa es de carácter diferida, cuando el dictamen ordenado en la Investigación Preliminar sea propuesto como medio de prueba en el proceso penal que se conozca posteriormente. b. La parte interesada podrá oponerse a la persona del perito, provocando que la pericia vuelva a realizarse con la designación de un experto diferente. c. Después de presentado el Requerimiento Fiscal (Etapa Preparatoria, Intermedia y de Juicio), la parte interesada podrá oponerse a la designación de una persona como perito al momento de su nominación, al momento en que sea llamada para juramentación para la designación si se tratase de un Perito no Oficial (Art. 243 del cpp) o al momento en que sea designado por el Juzgado o Tribunal o por la Institución correspondiente, si se tratase de un Perito Oficial (ICCTPC). En caso de proceder la oposición, las partes y en su caso el propio Tribunal, podrán nominar a otra persona diferente, debiendo entonces programarse una nueva audiencia de juramentación para designación de peritaje, la cual podrá realizarse de manera presencial o por video conferencia, en donde de nueva cuenta las partes podrán presentar las oposiciones pertinentes. F.- DESARROLLO DE LA PERICIA Ya sea al momento de la Designación (Peritos Oficiales) o al momento de la investidura (Peritos No Oficiales), la autoridad competente deberá de señalarle de manera clara y precisa al Perito el objeto de la pericia, eligiendo entre señalar el estudio de un objeto o hecho en todas sus aristas, formulándole cuestionario de las interrogantes que debe de responder con su análisis, solicitándole la práctica de un procedimiento científico o técnico especifico o demás requerimientos según sea el caso; todo ello en consonancia con los términos en que fuese admitido el medio de prueba. El/la Perito deberá de indicar los instrumentos o materiales que necesite para la tarea, diferenciando aquellos que estén a su alcance de los que no lo estén, el tiempo que le tomara, el lugar donde realizará la labor y los obstáculos o impedimentos que prevea puedan existir, para que el Órgano Jurisdiccional, previo a escuchar a las partes, pueda ordenar lo conducente (Art. 247 del CPP). El/la perito deberá de dar la oportunidad para que la parte que así lo requiera, pueda presenciar el desarrollo de la pericia, pudiendo incluso ser representada por un Consultor Técnico, ello salvo que el/la perito de razón justificada de que la presencia de terceros pueda poner en peligro la seguridad o la vida de alguna persona o pueda repercutir negativamente en el desarrollo del estudio, lo cual resolverá el Órgano Jurisdiccional (Art. 242 último párrafo del CPP). No existe discusión de que la persona imputada tiene derecho a estar presente al momento de que se realice materialmente el análisis pericial cuando no sea una prueba pre constituida, acompañado de un profesional del derecho o, por estimarlo pertinente, la sola presencia de éste último (Art. 101.10 cpp); sin embargo, dicho derecho tiene sus excepciones, pudiendo desarrollarse el análisis pericial sin la presencia de las partes y/o sus apoderados legales cuando: a. La ausencia de las partes en el desarrollo de la pericia obedezca a un acto voluntario; ello ocurre cuando las partes no se personan al lugar aún a pesar de tener conocimiento de fecha, hora y lugar en donde se realizaría la misma o cuando habiéndose hecho presente deciden ausentarse durante su desarrollo; b. Medio de Prueba cuya práctica deba de realizarse con la debida reserva, debido a que su conocimiento previo por alguna de las partes pondría en peligro su resultado; como por ejemplo la intervención de comunicaciones electrónicas por un perito; c. Cuando se requiera la practica urgente del medio de prueba, so riesgo de perder el objeto de análisis; como por ejemplo la extracción de muestras y examen de sangre para detectar el alcohol en sangre en una persona sospechosa, después de protagonizar un accidente de tráfico; d. Cuando la presencia de las partes ponga en riesgo el buen desarrollo y resultado del medio de prueba pericial (Art. 242 cpp); como por ejemplo el examen pericial psicológico de la persona señalada como víctima en un delito contra la libertad sexual; y e. Y en general que la presencia de las partes en la práctica material del medio de prueba pericial carezca de utilidad procesal (Art. 242 cpp). G.- EL DICTAMEN PERICIAL El Dictamen deberá siempre constar por escrito, sin perjuicio de que pueda ser presentado de manera oral en la audiencia judicial (Art. 245 cpp); su formato será variado según sea el tipo de estudio realizado, más cualquiera que sea su naturaleza, deberán de contener como datos básicos (Rodríguez Miranda, Martín, Cambronero Delgado, José L..- La Prueba Pericial en el Proceso Penal.- Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, 2006., Pág. 83): a. Datos Generales, como ser lugar y fecha de la elaboración del dictamen, Nombre y Especialidad del Perito, Autoridad que le nombro, lugar y fecha del estudio realizado, datos de identificación del caso de investigación o judicial de que se trate, nombre de cualquier otra persona que haya intervenido así como su papel en el análisis realizado, y demás datos generales necesarios; b. Descripción la persona, objeto o hechos examinados, indicando el origen y condición en que se encontraron, sobre todo cuando exista la posibilidad de que éstos puedan sufrir alteraciones o destrucción como consecuencia del estudio; c. Descripción detallada del método utilizado y/o pruebas practicadas, su práctica y resultado, con la respectiva fecha de realización, así como las observaciones aportadas por las partes o sus consultores técnicos; d. Una Debida Motivación o Fundamentación, explicando el porqué de los fenómenos identificados o de los resultados obtenidos y que sirva de puente entre las operaciones realizadas y las conclusiones a las que se arriban; es en este apartado en donde el/la perito podrá desplayar su opinión respecto a lo encontrado; El dictamen deberá de ser redactado de modo que la rigurosidad científica no sea obstáculo para su fácil entendimiento. e. Conclusiones de la actividad realizada, en donde el/la perita podrá dar a conocer sus valoraciones finales, dando respuesta específica a las cuestiones que fueron sometidas a su consideración. Debe de tomarse en cuenta que el Dictamen es en realidad la documentación de la conclusión del proceso científico de investigación, por lo que en caso de que se le requiera el/la perito podrá anexar a éste el protocolo de desarrollo del estudio, las notas manuscritas que haya hecho, fotografías, radiografías, muestras y demás que haya tenido que realizar para elaborar el dictamen. (Ejemplo: Dictamen Psicológico Forense: los Test realizados por el examinado; Dictamen de Autopsia: el protocolo de autopsia, fotografías; dictámenes Balístico: Indicios Patrón e Indicios de estudio; etc.). (Ver art. 42.11 del Reglamento del Registro de Peritos, Intérpretes y Traductores). H.- PRESENTACIÓN EN EL PROCESO PENAL DEL MEDIO DE PRUEBA: EL DICTAMEN Cualquiera que sea la etapa del proceso, el/la perito podrá hacer uso de varios tipos de instrumentos visuales o auditivo que ayude a la mejor explicación del estudio que ha realizado, con el fin del mejor entendimiento de los resultados arribados; el uso de videos, proyecciones de imágenes, reproducción de sonidos o videos, simulaciones computarizadas, maquetas, fotografías, etc., serán recomendables en la medida de la complejidad del campo de estudio o del análisis realizado, los cuales serán permitidos por el órgano jurisdiccional, salvo causa calificada. La reproducción del medio de prueba pericial se realizará de la siguiente forma (Art. 245 cpp): a. En la Etapa Preparatoria e Intermedia: del proceso el dictamen será presentado por escrito, sin perjuicio de que comparezca el/la perito a la audiencia judicial a rendirlo, a aclararlo o a ampliarlo; y b. En la Etapa de Juicio y en la fase de Ejecución, el informe pericial se rendirá verbalmente, explicando el/la perita de viva voz todo lo concerniente a su análisis, ello sin perjuicio de hacerse acompañar de su informe escrito (art. 326 cpp). - También el peritaje podrá ser rendido por escrito, dándole lectura al informe para que después el/la perito lo corrija, amplié, aclare o ratifique. Es importante señalar que existe una inversión de reglas entre la etapa Preparatoria y la Etapa de Juicio y Fase de Ejecución, puesto que en la Etapa Preparatoria constituye regla la presentación del Dictamen Pericial por escrito, siendo la excepción la comparecencia del/la perito a dicha audiencia (Art. 245 cpp); entretanto en la Etapa de Juicio y en la Fase de Ejecución, constituye la regla la comparecencia del/la perito a la audiencia y la excepción la introducción por lectura del dictamen pericial sin ratificación del perito (Art. 311.2 por defecto del artículo 326 del cpp).- La Sala de lo Penal ha señalado que la ausencia del/la perito a la audiencia de debate que obligue la introducción por lectura del dictamen pericial deberá de estar justificada con causa comprobada de la dificultad o de la imposibilidad a que se refiere el artículo 311.2 cpp; en un caso concreto señaló: “Esta Sala de lo Penal aprecia que el Tribunal de juicio ha considerado en la sentencia recurrida medios probatorios de tipo pericial incorporados por lectura, no solo en violación de los párrafos primero y tercero del artículo 326 del Código Procesal Penal, por falta de comparecencia de los Peritos nominados a ratificar los dictámenes durante el juicio oral y Público. Igualmente se ha incurrido en incumplimiento del artículo 311 del Código Procesal Penal que autoriza excepcionalmente incorporar por lectura en el numeral 5: “Los informes periciales realizados durante la etapa preparatoria, a efectos de ratificación en el acta del juicio” y si bien el articulo anteriormente citado permite en su numeral 2 incorporar por lectura, cuando resulte “difícil o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral y público”, en el presente caso se puede exonerar la no presencia de la Doctora R.L.D.R. por estar comprobado que estaba fuera del país, no sucediendo lo mismo con el Doctor J.F.M., perito al servicio del Ministerio Público cuya ausencia no fue justificada, en la audiencia de debate, por lo tanto no podía incorporarse por lectura su dictamen.”. (En sentencia de fecha 18 de abril de 2007, en Exp 338-2005). Es obligatorio para todo Perito atender el llamamiento fiscal/judicial formulado con la debida antelación y por conducto del funcionario público correspondiente. En caso de negativa el/la perita podrá ser conducido por la fuerza pública al estrado judicial cuando, por segunda vez y sin justificación alguna, desatienda dicho llamamiento (Art. 244 y 327 cpp). I.- VALORACIÓN DEL MEDIO DE PRUEBA DICTAMEN El Órgano Jurisdiccional es el Perito Peritorum, esto implica que el juzgador no está vinculado a la opinión del/la perito, pudiendo aceptarla o rechazarla. El Dictamen, al igual que todo medio de prueba, debe de ser sometida a valoración conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 cpp), pudiendo ser aceptada o descalificada cuando infrinja los principios de lógica, experiencia común o psicología; ello implica que el Juez /a no prescindiera del medio de prueba dictamen pericial solo por el hecho de no estar de acuerdo con él, sustituyendo sus aportes sobre la única base de su propio conocimiento privado especializado en la materia o sustituyéndolo por el criterio publicado por otras personas que han estudiado el mismo campo de conocimiento, porque estos criterios no han podido ser controlados ni controvertidos por las partes litigantes; los Jueces/zas si bien están autorizados a recurrir a la literatura para poder comprender de mejor manera el fenómeno científico, el arte, disciplina u oficio que se les explica en el medio de prueba pericial, esto no debe de utilizarse como sustituto del criterio expuesto en el medio de prueba pericial que no logra su convencimiento. El Juzgador para descalificar la opinión del perito deberá de ser como consecuencia de irregularidades en las operaciones periciales, ausencia o deficiencia de los fundamentos, falta de claridad o precisión en sus conclusiones o violación de la lógica en éstas, contradicción con hechos notorios o con otros medios de prueba en la causa, etc. (En ese sentido Rodríguez Miranda, Pág. 83). La Sala de lo Penal, respecto a la valoración de la prueba pericial, ha señalado que: “Si bien […] las legislaciones modernas han permitido la incorporación del sistema de libertad crítica del juez frente a la pericia, que resulta indispensable para que garantice, por un lado, que el perito no usurpe la función jurisdiccional del juez condicionando su fallo con su aporte y para que este controle la validez y eficacia probatoria del mismo y por otro lado, que el principio de valoración probatoria conforme a las reglas de la sana crítica, por parte del juzgador implique respecto de la prueba pericial, el examen del informe y la libertad crítica del juez que no lo exime de realizarla con racionalidad; libre arbitrio no puede equipararse a arbitrariedad; y libre crítica exige necesariamente que la decisión sea explicada y sujeta, a su vez, a la crítica de un tribunal de orden superior, para ello el Tribunal ha de valorar todas la pruebas practicadas, en forma armónica y complementaria en tanto que la exigencia de motivación responde a una finalidad de control del discurso probatorio del juez con el objeto de garantizar la racionalidad de su decisión.”.- (En Sentencia de la Sala de lo Penal del 06 de Abril de 2010, en Exp. 147-2008). Por tanto, el Juzgador deberá de guiarse sobre criterios de valoración Intrínsecos y Extrínsecos al medio de prueba pericial, a saber: a. Aspectos Intrínsecos: i. El/la Perito: Se valora en el/la perito su nivel de conocimiento en la ciencia arte, disciplina u oficio, ello por los estudios realizados y además, en algunos casos, por la aceptación de la escuela o corriente doctrinaria que sigue dentro del mundo científico en donde se desenvuelve. Otro aspecto es la experiencia del/la Perito en el campo de estudio, el que algunas veces puede permitirle formular sus propias tesis distintas a las asentadas por colegas; además se valora igualmente la objetividad del/la perito respecto al fenómeno estudiado e imparcialidad respecto a las partes litigantes del proceso penal. ii. El Peritaje: Es el conjunto de acciones realizada por el perito, donde aplica su conocimiento especializado en busca de una verdad. En este proceso el/la perito deberá de seguir los protocolos que la ciencia, arte, disciplina u oficios dictan para el correcto estudio o análisis. iii. El Dictamen: Es el Opus del Perito, que como mínimo debe de incluir: Bases fácticas de las que parte, cuando se trata de el examen de personas, esta base fáctica se recoge en la Historia Médico Legal, la que no constituye una declaración testifical del que la rinde, sino un elemento de información y hasta de verificación del estudio; Identificación de la fuente de la prueba, señalando si se trata de un objeto, hecho, fenómeno o persona; descripción del cualquier equipo o sustancias que hayan sido utilizadas; y iv. Cita de los Principios observados, de las pruebas practicadas y los resultados obtenidos; conclusiones, en donde se expongan los resultados obtenidos, interpretados por el/la perito en base a su experticia; el/la perito en sus conclusiones deberá de indicarle al Tribunal el grado de certeza conseguido en los resultados. b. Aspectos Extrínsecos: El Juzgador dispone de un conjunto de medios probatorios adicionales para la formación de un juicio sobre el caso, de los que el experto no dispone, por actuar en un campo visual más estrecho, de modo que la uniformidad, coherencia con otros medios de prueba, incluyendo con otros dictámenes, es determinante para evaluar su certeza; así como ejemplo, en los Dictámenes de Autopsia, el Médico Forense señala que la manera de muerte es homicida, suicidio accidental, opinión que parte únicamente del limitado campo de estudio del perito, y no vinculante con lo que el órgano jurisdiccional vaya a determinar valorando no solo la prueba pericial, sino todo el inventario probatorio presentado en la causa. Amerita resaltar que muchas veces el medio de prueba dictamen en sí mismo es correcto y confiable, pero carece de utilidad para el proceso al no proporcionar información aprovechable en la búsqueda de la verdad sobre el caso. En General, las pautas de valoración del medio de prueba dictamen nos señalan que se debe de considerar el sustento de los métodos científicos empleados, el grado de desarrollo alcanzado por la respectiva ciencia, arte, disciplina u oficio, si entre las premisas y las conclusiones existe un necesario nexo lógico, si el informe es en sí mismo preciso o indeciso, coherente o contradictorio, incluyente o excluyente, la firmeza y calidad de los fundamentos del perito, etc. La aspiración del/la Perito en la presentación de su dictamen es que sea leído o escuchado por el profano, haciendo suyo su contenido, convencido de los resultados expuestos sin resentir su propio desconocimiento sobre el tema. -Es importante apuntar que el/la perito debe de limitarse a las cuestiones atinentes a su especialidad, sin mudarse a otros campos de conocimientos ajenos, mucho menos enredándose en el andamiaje jurídico juzgado del caso en concreto. (En ese sentido ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 07 de noviembre de 2013, en Exp 080-2013). Resumiendo todo lo expuesto: el medio de prueba pericial debe de valorarse a la luz de las reglas de la sana critica, considerando si la opinión del/la perita ha sido bien fundada y expresada sin equívocos, y si no ha sido superada por un mayor convencimiento de otros medios de prueba, incluyendo otro medio de prueba pericial. IV.III.III. - De la Procedencia del Segundo Motivo EL SEGUNDO MOTIVO ES DE RECIBO PARCIALMENTE. - Señala esta Sala de lo Penal que, de los tres argumentos recursivos presentados por el Pretensor, uno de ellos es atendible. El primer argumento planteado por el Pretensor no es de recibo y consiste en la denuncia que los medios de prueba dictamen no fueron elaborados siguiendo los lineamientos fijados por la ley procesal para la nominación y juramentación para designación, lo que merece hacer un estudio particular de cada uno de los medios de prueba: a. El medio de prueba Dictamen Clínico, informa el perito: Doctor R. A. H. (f. 25), que el estudio es realizado a solicitud del Ministerio Público, por lo que se entiende que es una nominación y designación hecha por esa entidad; por otro lado el documento señala que el Dictamen es elaborado el 27 de abril de 2010, previo a la presentación del Requerimiento Fiscal en contra del acusado el 30 de abril de ese año, por lo que se deduce que éste fue hecho en el marco de la fase de investigación preliminar de la etapa preparatoria del proceso penal, momento en que el Ministerio Público tiene las facultades legales para la nominación y designación de los peritos conforme dispone el artículo 273.3 del Código Procesal Penal, ya explicado en el apartado anterior; y b. El Dictamen Psiquiátrico Forense (f. 122), fue realizado por la Doctora M. E. S. R., a requerimiento del Ministerio Público, según se indica en el documento, pero sin determinar cuándo fue hecho éste requerimiento para poder comprobar si fue dentro de la fase de la investigación preliminar o cuando ésta ya había terminado, y por ende sin poder determinar si el Ministerio Público dispuso su práctica dentro de las atribuciones que le concede la ley; es importante señalar que la fecha de elaboración del dictamen fue el 23 de septiembre de 2010, más no se tiene datos de la fecha de la nominación y designación de la perito, lo cual pudo haber sido aclarado con la comparecencia de la experta a juicio, tema que tratamos a continuación. Como segundo argumento recursivo el Pretensor señala que los dictámenes fueron introducidos a debate mediante su lectura sin que concurriese ninguna de las causales señaladas en el artículo 311 del Código Procesal penal.- En examen de las diligencias constata esta Sala de lo penal que se celebró la audiencia de Proposición de medios de prueba en fecha 21 de Septiembre de 2011 (F. 99), en donde el Ministerio Público propuso como medios de prueba documental, entre otros, el Dictamen Médico y el Dictamen Psiquiátrico, sin determinar la razón que justificase porque debían ser evacuados de tal forma, aun cuando la ley procesal señala que esa clase de medios de prueba deben ser presentados directamente por el/la perito en la audiencia de debate; los medios de prueba aun con dicha falencia fueron admitidos por el Tribunal de Sentencia y evacuados mediante su lectura en la audiencia de debate celebrada dos años después, en fecha 28 de Octubre de 2013 (f. 125); ha leído detenidamente esta Sala de lo Penal tanto el acta de proposición de pruebas como el acta de la audiencia de debate y en ninguna de ellas se establece por parte del Ministerio Público la razón por la cual los Dictámenes Periciales debían de introducirse por lectura, mucho menos pronunciamiento de los Juzgadores del porque fueron admitidos y evacuados de tal forma, por lo que ante la ausencia de algunas de las causas que taxativamente dispone el artículo 311 como excepciones para la introducción de medios de prueba mediante su lectura, indudablemente se ha transgredido lo que manda el artículo 326 del Código Procesal Penal que regla la forma en que éste particular medio de prueba debe de ser evacuado en la audiencia de debate. Como tercer argumento el Pretensor alega que el dictamen médico forense no esclarece su la auscultación la realiza como Médico Forense, como empleado médico del Estado o como médico particular; alegato que no es atendible a partir de la simple lectura del documento, pues éste claramente tiene como título “Dictamen”, y además explica en el preámbulo el Perito que el estudio se realiza como consecuencia de requerimiento hecho por el Ministerio Público, ergo el experto tiene la calidad de perito, el estudio realizado de peritaje y el informe presentado de Dictamen. Comprobado que ha sido la existencia de un vicio (al ser atendido el segundo argumento recursivo), corresponde a esta Sala de lo Penal establecer la significancia del mismo que amerite la nulidad de la audiencia de debate y de la sentencia que le deriva, mediante el proceso de Exclusión Hipotética de los medios de prueba viciados, comprobando o descartando si con el resto de los medios de prueba el pronunciamiento judicial sigue invariable.- En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia dio validez positiva a los siguientes medios de prueba: 1. Declaración del Señor J. A. P. R., testigo de referencia de los hechos narrados a él por la niña F. M. P. L.; 2. Declaración testifical de la niña F. M. P. L., señalada como víctima del delito; 3. Denuncia No. 475-2010, realizada por el Señor J. A. P. R. (F. 09); 4. Dictamen Médico, practicado por el Doctor R. A. H., que determina el supuesto hallazgo de vestigios en el cuerpo de la menor como consecuencia del delito; 5. Dictamen Psiquiátrico, realizado por la doctora, M.E. S., que determina la existencia de secuelas en la personalidad de la menor como consecuencia supuesta del delito. Concluye esta Sala de lo penal que el vicio denunciado es de carácter relevante, pues al suprimir hipotéticamente del acervo probatorio a los dos dictámenes periciales introducidos indebidamente por lectura a la audiencia de debate, el resultado del juicio (declaratoria de culpabilidad) se ve afectado como consecuencia de que los dictámenes aportan elementos esenciales para la configuración del supuesto hecho delictivo. IV.IV.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado L. E. R. G., Defensor Privado del Acusado O. L. M. Z.. - Tercer Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Motivación fáctica y jurídica Insuficiente; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal; Acciones de saneamiento Presentadas por la parte Reclamante: Sin determinar por el Pretensor; y Pretensión: Se anule la sentencia recurrida. Denuncia el Pretensor que el A-Quo en un solo numeral o párrafo trata de explicar las razones por las cuales decidió condenar al acusado, lo cual resulta una motivación insuficiente considerando la obligación de todo tribunal de emitir una sentencia amplia y suficiente lo que implica que los Jueces no deben de limitarse en enunciar o manifestar que se le da valor a la prueba sino que explique las razones o consideraciones del porque les da valor; puntualiza que en el caso concreto los Juzgadores se limitaron a expresar que se le daba crédito a la declaración de la menor ofendida, sin explicar las razones o motivos por los cuales se formaron su convicción. El Pretensor también denuncia que en la fundamentación jurídica de la sentencia existe de igual forma motivación insuficiente, al haber obviado razonar o argumental cual es el bien jurídicamente protegido en este caso y que fue supuestamente lesionado con el actuar del acusado. IV.IV.I.- De la Motivación En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez/a, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el Juez/a ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el Instrumento Jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legitima Y Respetuosa De La Sana Critica.

Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación Completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación Expresa, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica está asociado con el Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez/a y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez/a defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). IV.IV. II.- De la Procedencia del Tercer Motivo EL TERCER MOTIVO ES DE RECIBO. - Sin duda alguna el vicio denunciado por el Pretensor es concurrente en la sentencia; de hecho, no solo existe motivación insuficiente en relación al medio de prueba que se denuncia: la declaración testifical de la niña F. M. P. L., sino que además carencia de motivación respecto a otros medios de prueba: No existe motivación descriptiva ni intelectiva de los medios de prueba documental Denuncia No. 475, Certificación de acta de nacimiento de la niña F. M. P. L. y Dictamen Médico, los cuales fueron simplemente mencionados en el numeral segundo del apartado Valoración de la Prueba (f. 137), dejando en la oscuridad cuál era su contenido (motivación descriptiva) y cuáles fueron las consideraciones que le merecieron a los juzgadores dicho contenido (Motivación intelectiva); a. En la sentencia venida en casación existe ausencia de motivación intelectiva en los siguientes medios probatorios testificales consistentes en las declaraciones de los Señores R. A. H. P., R. L. M., E. F. E. y F. E. G.; estas declaraciones están descritas en el numeral Tercero de la Valoración Probatoria (f. 137 y 137 v), más no existe motivación intelectiva, es decir que se desconoce el valor probatorio asignado al A-Quo a cada uno de lo señalado por los testigos in comento, aun cuando son medios de prueba propuestos por la defensa, los cuales se tenía la obligatoriedad de relacionar de manera amplia y más aun de valorar conforme a las normas del recto entendimiento humano; y b. Finalmente y en relación al medio de prueba que motivo el motivo de casación que nos ocupa, existe una insuficiente motivación intelectiva en relación a los medios de prueba: declaración testifical del Señor J. A. P. R., de la niña F. M. P. y del medio de prueba pericial Dictamen Psiquiátrico. El A-Quo al referirse a las declaraciones de la niña F. P. y de señor J. P., se limitó a indicar que con dichas declaraciones se acreditó “cuando y como habían ocurrido los hechos” y determinándose que “el abuso sexual de la menor F. M. P. L., fue el imputado O. L. M.” (SIC), (f. 137 v) sin determinar cuáles fueron los razonamientos que les llevaron a tal conclusión. De igual modo, el Tribunal de Sentencia indicó que el medio de prueba Dictamen Médico Psiquiátrico realizado a la niña, acredito “daño psiquiátrico y daño moral”, sin compartir a que daño psiquiátrico se refiere y a que daño moral y en especial sin explicar cómo arribaron a esa conclusión en particular. Los Señores Jueces de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, confeccionaron galbanamente la sentencia recurrida, descuidado las formas elementales que manda el artículo 338 del Código Procesal Penal y con ello causando perjuicio no solo a la parte recurrente cuyo derecho es saber por qué se le está condenado por un delito, sino que además a la sociedad en general ante un actuar que es antagónico al concepto de una correcta administración de justicia. V. DECISIÓN 1. No Ha Lugar el primer motivo del recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma; 2. Ha Lugar parcialmente el segundo motivo del recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma; 3. Ha Lugar el tercer motivo del recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. VI. Por tanto la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el primer motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado L. E. R. G., Defensor Privado del acusado O. L. M. Z.; SEGUNDO: Declara HA LUGAR PARCIALMENTE y HA LUGAR los motivos segundo y tercero, respectivamente, del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado L. E. R. G., en su condición de Defensor Privado; TERCERO: Se casa la sentencia de fecha catorce (14) de Febrero del año dos mil catorce (2014) (f. 135), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, decretando su nulidad y de la audiencia de debate que le origina, de fecha veintiocho (28) de Octubre de dos mil trece (2013) (f. 125).- Y MANDA: PRIMERO.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del Señor O. L. M. Z., por suponerlo responsable a título de autor de un delito consumado de Violación Especial, en perjuicio de la niña F. M. P. L., en el cual deberán de participar Jueces/zas distintos/as a aquellos/as que participaron en la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha catorce (14) de Febrero del año dos mil catorce (2014) (f. 135).- SEGUNDO.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN G.. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-282-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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