Sentencia CP-281-14 — Registro 8828
Resumen
Se condena al imputado por el delito de Tráfico Ilícito de Personas Agravado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"EL RECURSO NO ES DE RECIBO. La Defensa Privada ha presentado un recurso de casación que en su forma cumple con las altas expectativas de la técnica recursiva, pero que en su fondo no puede ser acompañado por falta de razón. La Pretensora ha tomado el análisis individual de los medios de prueba hecho por el Tribunal de Sentencia, reprochando argumentos judiciales, sin consideración a la valoración probatoria conjunta, lo que le ha llevado a descontextualizar la información que los medios de prueba en cuestión aportaron al factum.
Conforme a los hechos declarados probados, que como bien señala la Recurrente, los que resultan ser la conclusión final a la tarea de valoración probatoria hecha por los Juzgadores, el acusado E. A. P. E., quien a la fecha de los hechos se desempeñaba como policía de fronteras asignado al aeropuerto Toncontín, fue coautor con otras personas, nacionales y extranjeras, en procurar el traslado de personas hasta el territorio de Estados Unidos de América, para su ingreso de manera ilegal, recibiendo a cambio, como contraprestación ilícita, depósitos de cantidades de dinero que fueron girados desde el territorio hondureño y desde el extranjero; esta conclusión es una derivación de un conjunto de medios de prueba que por su fuerza acreditativa, indepE.ncia entre sí y por su número, llevaron a los juzgadores a la reconstrucción de la verdad histórica antes descrita y a la inexorable conclusión de que el acusado debe ser sancionado penalmente por dicho actuar tipificado como delito en nuestra legislación, más el reproche adicional de que precisamente el acusado tenía el mandato legal de evitar que ese tipo de conductas la realizaran otros, por ser precisamente Policía de Fronteras.
La sentencia ahora impugnada aborda la prueba y desarrolla su valoración espléndidamente, explicando diáfanamente los elementos de hechos que se extraen de cada una de ellas, correlacionando estos hechos con los aportados por otras pruebas, logrando así reconstruir lo ocurrido; prueba que se relaciona, para dar respuesta a las denuncias hechas por la Pretensora, de la siguiente manera:
Primer Argumento Recursivo:
a. Valoración descriptiva del Medio de Prueba por el Tribunal de Sentencia (f. 809, 809 v. y 812):
? Oficio 083-SR-09 emitido por la Dirección de Migración y extranjería, acompañado de 08 impresiones de Movimientos Migratorios de 2008, en los que aparece que el 2 de abril de 2008, ingresaron al territorio nacional ocho personas de nacionalidad ecuatoriana, siendo éstas: S. G. G. C., W. F. L. P., S. A. Y., M. T. A. H., S. G. C. G., L. R. M. Á. y C. E. G. G.
El documento también reporta que el señor S. G. G., había ingresado con anterioridad al país, con otro pasaporte, específicamente el 29 de febrero de 2008.
? Testigos W. F. L. P., S. G. G. C. y S. A. Y. L., rindieron declaración testifical, informando todos que salieron de Ecuador, llegando a Panamá, después a Costa Rica y finalmente a Honduras, en donde los estaba esperando un bus que los llevaría a un hotel; el testigo W. L., refirió que identificaron al chofer porque éste les dio la clave convenida (Clave 20) que se les había dado, mientras que S. Y. porque el chofer subió uno a uno, llevados de la mano, a las personas de Ecuador; que en Honduras se dieron cuenta que en total eran 8 personas que venían de Ecuador.
El testigo S. G., puntualizó que traía como equipaje tres pantalones, tres camisas y tres chumpas, entretanto el testigo W. L., solo un pantalón y una chumpa.
Señalaron los testigos que posteriormente se trasladarían a Guatemala, siendo su destino final la ciudad de New York, en Estados Unidos de América y que se le había pagado a una persona en Ecuador para que les llevase hasta ese lugar, señalando el testigo S. Y. que las instrucciones las recibían solo por teléfono; además el testigo S. G. C. refirió que era la segunda que realizaba el viaje en su intento en llegar a Estados Unidos de América; que la primera vez eran 15 personas y que habían llegado a Honduras, en donde se hospedaron en el mismo hotel, recibiéndolos la misma persona de este S. viaje.
También indicaron los acusados que no sabían quién pago el precio del transporte de aeropuerto al hotel, que tampoco sabían quién había pagado el precio de alquiler por las habitaciones del hotel pues los había recibido una señora que solo les dijo que entraran a las habitaciones, que estarían en territorio hondureño unos días, que saldrían a pasear pero que no tenían dinero, que no sabía dónde saldría, que no sabía quién los llevaría a Guatemala y que no sabían dónde se hospedarían en Guatemala.
b. Valoración Intelectiva del Medio de Prueba por el Tribunal de Sentencia (f. 810 y 813 v):
? El oficio 083-SR-09, fue emitido por autoridad migratoria, en donde se aprecian los movimientos migratorios de ocho personas ecuatorianas en el territorio nacional, constando los datos personales de éstos que se tomaron de sus respectivos pasaportes.
? El testigo S. G. G. C. había ingresado anteriormente al país, en situaciones idénticas a las que ocurrieron el 2 de abril de 2008; en aquella ocasión, al igual que ahora, lo estaban esperando en el Aeropuerto Toncontin, una persona que se identificó con él mediante una clave, para conducirlo en un bus hacía el hotel Brisas de Santa Lucia.
? Señala los juzgadores que los testigos y demás personas no traían consigo dinero y además llevaban escasos enseres, como para ser turistas; por otra parte relacionaron los juzgadores que los testigos desconocían las circunstancias de su viaje, como los nombres de las personas que los iban a contactar, los lugares donde iban a permanecer, infiriendo el A-quo que la planificación del mismo no fue hecha por los propios testigos, sino por terceros.
c. Conclusión arribada por el Tribunal de Sentencia derivada del medio de prueba (f. 810, 810 v y 813 v)
? Ocho personas ingresaron al Aeropuerto Toncontin en fecha 2 de abril de 2008, siendo oriundas y con residencia en la República de Ecuador.
? Las 8 personas no eran turistas dado el escaso dinero que traían consigo; en realidad estas personas ingresaron al territorio hondureño el 2 de abril de 2008, con la intención de trasladarse hasta los Estados Unidos de América, ingresando a este territorio de manera ilegal.
? Las 8 personas ecuatorianas pagaron cantidades de dinero en Ecuador, para ser llevados hasta los Estados Unidos de América e ingresar de manera ilegal.
? Las personas que se encontraban en Honduras, que llevaron a los 8 ecuatorianos en bus hasta el hotel y la persona que los recibió en el hotel son integrantes de la organización delictiva que tenía como fin llevar a aquellos hasta los Estados Unidos de América.
d. Cuestionamiento de la Recurrente en Casación
Increpa la Pretensora que el Tribunal de Sentencia haya concluido que sea una organización delictiva internacional la que haya intervenido en el traslado de las 8 personas ecuatorianas desde Ecuador hasta Honduras, con miras de llevarlas hasta los Estados Unidos de América. Como respuesta, esta Sala de lo Penal hace eco de lo relacionado por el Tribunal de Sentencia, el que cita como fundamento el artículo 2.a y 3.2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional, que establecen que debe entE.rse por “grupo delictivo organizado” un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados en la Convención in comento, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material y que además el delito cometido por tal grupo delictivo tendrá el carácter de transnacional cuando se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; estando el delito de “Tráfico Ilícito de Migrantes”, definido en la misma convención en el artículo 3.1 como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material, y tipificado en el artículo 6.1.c de la misma Convención.
En el presente caso, el Tribunal de Sentencia calificó como creíbles las declaraciones testificales de los Señores W. F. L. P., S. G. G. C. y S. A. Y. L., quienes son ciudadanos de la República de Ecuador, explicando que salieron de su país natal con el fin de llegar hasta los Estados Unidos de América, habiendo pagado a una persona que desconocen su identidad, una cantidad de dinero para que los llevase hasta dicho lugar, desconociendo la ruta y la forma, contactándose en Honduras con personas cuya identidad les son desconocidas, para que los trasladasen a un hotel y después a Guatemala, en donde no saben quién los recibiría ni adonde se hospedarían. Es por tanto correcto que el A-Quo haya concluido que se trata de una organización delictiva transnacional que se dedica al tráfico ilícito de migrantes, pues: i) El viaje emprendido por los testigos no es por su propia cuenta, sino que fue con la asistencia de terceros quienes se encargaron de darles las instrucciones, con información bastante limitada, de con quien tenían que contactarse (en Honduras con Clave 20), para continuar su viaje; ii) El viaje hecho por los ecuatorianos fue gracias a que se pagó por éstos o por terceros a su nombre una cantidad de dinero a una persona en Ecuador; iii) La participación de personas en Ecuador y además en Honduras y después en Guatemala, encargadas de trasladar a los migrantes ecuatorianos hasta los Estados Unidos de América hacen calificar el delito en transnacional y a los intervinientes como parte de esa red delictiva, y por E. coautores del delito; iv) Los integrantes del grupo organizado transnacional operaban siguiendo un patrón, al reportar el testigo S. G. G., que en su viaje anterior se había procedido de la misma manera que como ocurrió en su S. viaje.
También cuestionó la Pretensora que el Tribunal de Sentencia estableciera como hecho probado que cada uno de los testigos de origen ecuatoriano pagaron entre $3,000.00 a $4,000.00 dólares norteamericanos, porque a su entE.r esas son cantidades distintas a las que afirmaron los testigos en sus respectivas deposiciones y que en suma ninguna de ellas fue confirmada en forma, fecha y contenido. Al respecto es importante tener en consideración que el testigo W. F. L., indico que su tío pagó $3,000.00 dólares por su traslado a Estados Unidos de América; entretanto el testigo S. G. G., señalo que era su S. viaje y que con su cuñado habían pagado $14,000.00, sin que el acta contenga transcripción fiel de lo dicho y que pueda permitir si se refería a que el pago era por el precio del traslado de una persona, de dos personas y si el precio fue por un solo viaje o por los dos viajes que había realizado, ello porque las preguntas fueron formuladas en plural (f. 190 v.); de igual modo en el caso del testigo S. Y., al que el Ministerio Público inicia preguntando con cuantas personas estaba viajando, como se trasladaron, donde se hospedaron y finalmente cuanto les estaban cobrando por el viaje, respondiendo que $13,000.00, todas preguntas en plural que dan a que la respuesta podría tratarse de la suma de las cantidades cobradas a cada una de las tres personas con las que viajaba. En todo caso, lo relevante para la tipificación delictiva es que exista un pago como contraprestación para que el autor del delito procure que la persona ingrese ilegalmente al territorio de un país en donde éste no tiene su residencia, ni tampoco es nacional, sin importar el monto del pago, la forma de pago, o lo que se dé o se haga en concepto de pago siempre que reporte un beneficio de índole material; también es indiferente si dicho pago se ha realizado o haya consistido en una mera promesa.
S. Argumento Recursivo:
a. Valoración descriptiva del Medio de Prueba por el Tribunal de Sentencia:
? Declaración del agente L. E. M. R., quien refirió que después de ser alertado del arribo de personas ecuatorianas, se personó al aeropuerto, encontrando a un grupo de ocho ecuatorianos a bordo de un bus, mas el chofer, quien le indicó que había sido contratado por una persona de nombre Hugo, el que a su vez lo contactó con el acusado E. P., para trasladar a estas personas desde el aeropuerto hasta el Hotel Las Brisas de Santa Lucia; el testigo ante la información decidió acompañar a las personas extranjeras en el vehículo, sentándose al lado del conductor, percatándose que éste recibió una llamada en su teléfono celular, el cual en la pantalla aparecía como identificar de la persona “El Compita”, y escuchando que el conductor respondía que se habían atrasado porque se habían “punchado” (se había pinchado un neumático del vehículo), y después de colgar el conductor informó al policía que el número que decía “El Compita” y “El Compita 2”, pertenecían al acusado E. P.; agregó el testigo que el conductor en el trayecto recibió dos llamadas de la señora M. y otra llamada del acusado P., la cual no contestó y que posteriormente el testigo incautó al conductor dos teléfonos celulares.
? Acta de inspección realizada al vehículo marca Toyota Corola tipo turismo, año 2002, sin placas, encontrando en el interior, entre otras cosas, una licencia de conducir a nombre del acusado E. A. P., un acta de notificación de medidas sustitutivas emitido por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, a favor del acusado y una caja de cartón para equipo celular W580i con los números XXXXXX y recibo de compra de celular Sony Ericsson W580i a nombre del acusado.
? Acta de Registro personal, realizada al acusado, encontrándosele en su posesión un teléfono celular marca Sony Ericsson color gris.
? Acta de Decomiso (Incautación) de un teléfono celular marca Sony Ericsson W50i, color gris, con chip de la empresa Tigo.
? Fue presentado el Medio de Prueba Pericial rendido por el señor A. T. Z., consistente en vaciado de información contenida en teléfonos celulares y en relación con llamadas telefónicas entre números de teléfono celulares, dando como resultado:
Página 57 de 57
Número Teléfono Analizado Propietario No. de Celular con los que se vincula
(E. P.)
(“Compita”)
(“Compita 2”)
(J. S.)
(M. B.)
(“Hugo”)
Realizadas Recibidas Realizadas Recibidas Realizadas Recibidas Realizadas Recibidas Realizadas Recibidas Realizadas Recibidas
El perito señala en particular que el testigo J. S. recibió una llamada del teléfono de la señora M. B. el día 2 de abril de 2008, a las 03:08 PM (F. 149); en la agenda telefónica del teléfono incautado a la señora M. B. aparece registrado el número, bajo el nombre “Compita”, el cual es el mismo registro que fue encontrado en la agenda del teléfono del señor J. S..
? Testigo J. S. R., el que señaló que estaba transportando a 8 personas que solamente traían maleta de mano a un hotel en Santa Lucia, en donde le daban $ 05.00 en comisión por cada huésped que llevase; que olvidó cobrarles a los pasajeros cuando fue abordado por el policía R., quien se sentó en la parte delantera; señaló que no sabía sobre los ecuatorianos; que ese día no tuvo ninguna comunicación con E. P.; que no sabe si habló en ese momento con doña M., quien un tiempo atrás había llegado a la Cooperativa de Taxi a ofrecer comisión por llevarle clientes; que lo llevaron al Juzgado a declarar en donde le dijeron que debía decir que P. le había enviado a esa gente (los ciudadanos ecuatorianos).
b. Valoración Intelectiva del Medio de Prueba por el Tribunal de Sentencia (f. 812, 812v, 814 y 815)
? El testigo L. E. M. R., fue testigo de las llamadas recibidas por el señor J. S. R., al momento en que éste conducía el bus, transportando a 8 personas ecuatorianas a un hotel en Santa Lucia, siendo una de estas comunicaciones hechas por el acusado E. P..
? En el vehículo inspeccionado se fijaron numerosos indicios, como ser documentos personales del acusado, tarjetas de ahorro, acta de imposición de medidas cautelares, en particular un recibo de compra de un teléfono Sony Ericsson W50i a nombre del acusado y una caja para dicho teléfono con la anotación del número 9647-3068.
? El acta de decomiso acredita que el teléfono Sony Ericsson W50i fue incautado al acusado E. P. E., lo que es congruente con el contenido del acta de registro personal que determina que el acusado lo portaba y que es compatible con la caja de cartón encontrada con equipo para celular W5oi dentro del vehículo inspeccionado y que tiene impreso los números 9647-3068.
? El Señor J. S. R., se mostró nervioso al momento de rendir su declaración testifical, señalando que fue él quien ofreció el transporte a las personas ecuatorianas cuando salían del área de Migración del Aeropuerto, que es algo contrario a lo señalado por el testigo W. L., que afirmó la existencia de una clave (Clave 20) para identificar a la persona que les estaría esperando en el aeropuerto para llevarlos a él y sus acompañantes a un hotel, con el testigo S. G. G., el que afirmó que en el aeropuerto ya los estaba esperando un bus, cuyo conductor “solo los escogía” y con el testigo S. Y., el que señaló que el conductor los tomó del brazo uno a uno para llevarlos al bus.
? El testigo J. S. R., se contradice con sí mismo, al señalar que no conocía al señor E. P. y luego señalar que el día en cuestión no se comunicó con él, pero que no recordaba que día habían ocurrido los hechos.
c. Conclusión arribada por el Tribunal de Sentencia derivada del medio de prueba (f. 812 v. 814 y 815)
? La declaración del testigo L. E. M. R., es creíble. Las llamadas sostenidas entre el señor J. S. R. y el acusado demuestran la relación directa que existía entre ambos, que tenía como propósito que éste último organizara el traslado de las 8 personas ecuatorianas desde el aeropuerto hasta el hotel.
? El acusado usaba y estaba en posesión del vehículo que fue objeto de inspección, siendo propios los documentos y demás indicios que fueron encontrados en su interior.
? El teléfono Sony Ericsson W50i, con el número de celular 9647-3068, le pertenecía al acusado, quien además lo tenía en su poder al momento de ser incautado.
? El testigo J. S. R., de forma adrede mintió para favorecer al acusado, siendo lo único verdadero de su declaración que ese día transportó a 8 personas de nacionalidad ecuatoriana a un hotel en Santa Lucia, quienes llevaban equipaje de mano, siendo escoltado por el agente de la policía L. E. M. R..
Cuestionamiento de la Recurrente en Casación A criterio de la Pretensora, la declaración del señor L. E. M. R., no es válida, pues éste es un testigo de referencia haciendo eco de información que debió haber sido proporcionada por el testigo presencial J. S. R.; por tanto no es creíble que el nombre de “Compita”, que aparecía en su teléfono, pertenecía al acusado. Para la Sala de lo Penal el reclamo de la Pretensora es infundado; líneas atrás se ha explicado lo que se debe entE.r por “Testigo de Referencia” y como debe ser su valoración, siendo entre lo anotado, la afirmación de que la valoración de los testigos de referencia deberá realizarse de manera conjunta con el resto de la carga probatoria, en especial con los testigos presenciales que refieran a los mismos hechos y que en todos los casos el órgano jurisdiccional no podrá sobreponer la declaración del testigo de referencia por sobre la del testigo presencial, cuando unos y otros merezcan para los juzgadores igual crédito, tal como lo señala el último párrafo del artículo 199 del Código Procesal Penal, pero que en el presente caso no es aplicable, pues el testigo presencial al que se refiere la Pretensora es el señor J. S. R., al que el A-Quo valoró de manera negativa, negándole todo crédito, por lo que procedió a dar crédito al testigo de referencia como consecuencia de que lo informado es concordante con mucha de la prueba evacuada:
Declarado por el L. E. M. R., como algo señalado por el señor J. S. R. Información De Corroboración Brindada Por Otros Medios De Prueba
Que lo había contactado una persona de nombre Hugo En los teléfonos incautados al testigo J. S. y M.e B. aparece registrado en la agenda telefónica un mismo número (9671-0818), bajo la denominación Hugo, el cual tiene una relación de llamadas con el número 9714-1066 (J. S.), según el medio de prueba pericial
Que la persona de nombre Hugo, lo contactó a su vez con el acusado E. P. El Medio de prueba pericial determina que los números de teléfono 9714-1066 (J. S.) y 9647-3068 (E. P.) se encuentran relacionados con llamadas telefónicas
Que el señor E. P. trabaja en el aeropuerto La Constancia del Sub Director de Recursos Humanos de la Dirección de Servicios Especiales de Investigación, hace constar que el acusado se desempeñaba como Policía de Frontera, probándose además que para el tiempo de los hechos se encontraba asignado al Aeropuerto Toncontin
Que le dijeron que en el Aeropuerto debía identificarse como Clave 20 El testigo W. F. L. P., indicó que al llegar al aeropuerto Toncontin lo estaba esperando una persona que se identificó con la Clave 20; entretanto el testigo S. Y., explicó que el chofer del bus los tomó uno a uno del brazo para subirlos al bus
Señaló el testigo L. M. que J. S. recibió una llamada de la señora M. B. consultando qué le había pasado; esto fue el 02 de abril de 2008 en horas de la tarde El Medio de prueba pericial registra que el teléfono 9714-1066 (J. S.) recibió una llamada el 02 de abril de 2008, a las 03:08p.m., del número 9841-9209 (M. B.)
Que el Señor J. M. recibió otra llamada a su teléfono de un número identificado como “Compita”, señalando que se trataba del acusado E. P. El número 9714-1066 (J. S.), tiene relación de llamadas telefónicas con el número 9647-3068 (E. P.), 9709-5767 (“Compita”), 9644-2285 (“Compita 2”) y 9714-1066 (J. S.), según el Medio de Prueba Pericial.
En la agenda de la señora M. B. aparece registrado el número 9709-5767 (“Compita”)
La relación anterior, dio paso para que el Tribunal de Sentencia afincara que los números de celular 9709-5767 (“Compita”) y 9644-2285 (“Compita 2”) estaban siendo usados por el acusado E. P., usados para verificar el traslado de personas dentro del territorio nacional que posteriormente ingresarían de manera ilegal al territorio de otro Estado soberano.
Tercero Argumento Recursivo:
a. Valoración descriptiva del Medio de Prueba por el Tribunal de Sentencia (f. 813)
? En fecha 11 de abril de 2008 se realizó la inspección al vehículo marca Toyota Corolla, tipo turismo, año 2002, sin placas, en el cual se encontró en su interior, entre otras cosas: licencia de conducir del acusado, un acuerdo interino DSGEI No. 201-2008, a nombre del acusado, un acta de notificación de medidas cautelares a nombre del acusado y una hoja de papel en blanco donde se aprecia anotado a mano los nombres de 19 personas de distintos sexos.
? Oficio No. 334-SR-08, de 16 de abril de 2008, emitido por el Oficial Jurídico de la Dirección de Migración y Extranjería, notificando el movimiento migratorio de 10 personas de nacionalidad ecuatoriana que ingresaron al país el 11 de diciembre de 2007, las cuales aparecen en la lista de personas que fueron encontradas en el vehículo del acusado
? El testigo S. G. G. C., señaló que era la segunda vez que ingresaba al país en su intento por llegar hasta los Estados Unidos de América
Valoración Intelectiva del Medio de Prueba por el Tribunal de Sentencia (f. 813 v y 814)
? Se aprecia que 19 nombres de personas de ambos sexos, escritos a mano, el cual fue encontrado en el vehículo del acusado, cuyos apellidos no son comunes en Honduras, infiriéndose que se trata de personas no nacionales, lo que se confirmó con el oficio SR-334-2008, que indica que 10 de éstos son de nacionalidad ecuatoriana y que 9 ingresaron a Honduras el 11 de diciembre de 2007
? El acusado solo pudo conocer de la existencia de las personas de la lista por tener contacto y relación con la organización que trasladaba a las personas ecuatorianas a Honduras, en su curso para ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos de América
c. Conclusión arribada por el Tribunal de Sentencia derivada del medio de prueba (f. 814)
? Los múltiples indicios encontrados en el vehículo del acusado revelan su participación en el delito de tráfico de personas
d. Cuestionamiento de la Recurrente en Casación
Para la Pretensora, la prueba relacionada no acredita que las nueve personas de nacionalidad ecuatoriana que ingresaron al territorio nacional y cuyos nombres se encontraron anotados en una hoja de papel en el interior del vehículo del acusado no acreditan que éstas efectivamente se dirigiesen hacia los Estados Unidos de América.
Para esta Sala de lo Penal el argumento recursivo se construye sacando de contexto la prueba relacionada, pues la conclusión a la que arribó el Tribunal de Sentencia toma en consideración la hoja con nombres manuscrita encontrada en el vehículo del acusado, el Oficio 334-2008 de la Dirección de Migración y Extranjería, pero además otros medios de prueba (muchos ya relacionados en este recurso de casación), como ser las declaraciones testificales de los señores W. F. L. P., S. G. C. y S. A. Y., todos ellos de la misma nacionalidad de las personas cuyos nombres estaban anotados en la hoja de papel (ecuatorianos), y que ellos y otras personas que llegaron ese día desde Ecuador arribaron al territorio nacional como punto de tránsito en su viaje para ingresar a los Estados Unidos de América y en el cual el acusado estuvo involucrado, señalando puntualmente el señor S. G., que éste era su S. viaje que realizaba a Honduras con igual propósito, aunado a que el acusado recibió varias transferencias de dinero desde la República de Ecuador días antes del viaje de los testigos.
Cuarto Argumento Recursivo:
a. Valoración descriptiva del Medio de Prueba por el Tribunal de Sentencia (f. 813)
Informe de 3 de julio de 2008, emitido por la otrora Unidad de Información Financiera (Hoy Unidad de Inteligencia Financiera), sobre movimientos financieros hechos por y a favor del acusado E. A. P. E., el cual señala:
? Banco Atlántida: Cuenta de ahorro en lempiras No. 12200181977, registrando un retiro de L. 150,000.00 el 31 de enero de 2008 y de L. 300,000 el 28 de marzo de 2008
? Ficensa, reporta que entre noviembre de 2007 a marzo de 2008, el acusado fue beneficiario de 8 transferencias internacionales por un monto de $4,800.00, todas ellas teniendo como origen la República de Ecuador y cobrados en Tegucigalpa, siendo remitentes S. C. C. y F. P. J. O.
? Corelsa, reporta que entre agosto de 2006 a marzo de 2008, el acusado fue el beneficiario de 20 transferencias internacionales equivalentes a $10,000.00, cuyo origen fue Ecuador, y el estados de Georgia de los Estados Unidos de América, cobrados en Honduras; figuran como remitentes los señores S. C. C., F. E.L., F. T., F. P. J. O. y A. C. C..
? Historial de pago de fecha 29 de abril de 2008, que detallan 8 pagos realizados por Ficensa del Metromall al acusado entre el 10 de noviembre de 2007 y 11 de marzo de 2008, por distintas sumas de dinero, remitidos por S. C. desde la República de Ecuador.
b. Valoración Intelectiva del Medio de Prueba por el Tribunal de Sentencia (f. 813 v y 814)
Las transferencias recibidas por el acusado desde la República de Ecuador constituyen indicios graves de participación en el delito, estableciéndose la relación directa de éste con personas en aquel país, las que le transfirieron dólares antes del 2 de abril de 2008, fecha en que ingresaron ocho ecuatorianos al país por el aeropuerto Toncontin.
c. Conclusión arribada por el Tribunal de Sentencia derivada del medio de prueba (f. 814)
El dinero que recibió el acusado, transferido desde el Ecuador, fueron pagos para facilitar el ingreso sin ningún inconveniente y coordinar el traslado de éstos dentro del territorio nacional.
d. Cuestionamiento de la Recurrente en Casación
Finalmente señala la Pretensora que no se acreditó que las personas que transfirieron las cantidades de dinero a favor del acusado desde la República de Ecuador tengan algún vínculo con algunas de las personas que hayan arribado al país desde ese país o en su defecto que sean individuos que se dediquen al tráfico ilícito de personas. Señala la Sala de lo Penal que este argumento de igual modo es improcedente, pues lo argumentado es con base en una visión descontextualizada de la prueba; el Tribunal de Sentencia, tras una visión panóptica de lo aportado en juicio, hace inferencias de múltiples indicios categóricos:
El acusado se desempeñaba como policía de fronteras, asignado al aeropuerto Toncontin, lo que le permitía tener acceso al lugar, estar enterado de las políticas de seguridad migratorias realizadas tanto por las autoridades migratorias como la policía de fronteras.
Al aeropuerto Toncontin arribaron 8 personas de nacionalidad ecuatoriana el 2 de abril de 2008, a las que le habían precedido otras personas de la misma nacionalidad días atrás.
El acusado mantuvo comunicación con el testigo J. S. R., en el proceso de traslado de estas 8 personas hacia un hotel donde se hospedaría.
Las personas con nacionalidad ecuatoriana tenían como propósito trasladarse como migrantes ilegales hacia los Estados Unidos de América, señalando 3 de ellas que habían pagado por ello a personas en Ecuador.
El acusado tenía en su poder un listado de 19 personas en su vehículo, de las cuales 10 de ellas son de nacionalidad Ecuatoriana, cuya existencia solo se explica por el hecho de que aquel fuese un eslabón de la red que llevaba a estas personas desde su país natal hacia otro Estado de manera ilegal; de las 10 personas cuya nacionalidad fue confirmada, nueve de ellas ya habían ingresado al territorio nacional por el aeropuerto Toncontin, lugar en donde laboraba el acusado.
El acusado recibió múltiples transferencias de dinero desde los Estados Unidos de América y desde Ecuador.
Uniendo los puntos, de manera inequívoca el Tribunal de Sentencia llega a la conclusión de que las transferencias recibidas por el acusado desde el Ecuador era el pago por su labor dentro de la organización delictiva de trata de personas."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Sala De Lo Penal
I. Sentencia
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días de marzo de dos mil dieciocho el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian
En Nombre Del Estado De Honduras
La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP 281-2014 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) Condenando al imputado E. A. P. E., a la pena de 8 años de reclusión, por el delito de Tráfico Ilícito de Personas Agravado, en perjuicio de la Libertad y Seguridad de las personas. 2) Condenando al imputado E. A. P. E., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena.3) Declaró la responsabilidad civil del imputado E. A. P. E.. 4) No Condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.
Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada A. J. F. Z., en su condición de Apoderada Defensora del acusado E. A. P. E..
Son Partes En La Única Instancia: El Abogado R. B. A. G., Defensor Privado del acusado E. A. P. E., en su condición de Recurrente.
II. Hechos Probados de la Instancia
“Primero: El día dos de abril de dos mil ocho, en horas de la tarde ocho personas de nacionalidad ecuatoriana ingresaron al territorio nacional por el Aeropuerto Internacional de Toncontin, con procedencia de Quito, Ecuador, quienes mediante el pago de entre tres mil y cuatro mil dólares serían trasladados vía terrestre a la frontera con Guatemala con el propósito de ingresar a los Estados Unidos de América. Segundo: El acusado E. A. P. E. quien en la fecha antes indicada se desempeñaba como Policía de Fronteras asignado al aeropuerto Toncontín, coordinó el ingreso al país de las personas de nacionalidad ecuatoriana y su posterior traslado hasta el Hotel Brisas de Santa Lucía donde pernoctarían por unos días, mientras eran llevados a la frontera con Guatemala, todo ello a sabiendas de que no tenían la documentación necesaria para entrar legalmente a los Estados Unidos de América.”.
III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos
“Casación Por Quebrantamiento De Forma. Impugnabilidad Objetiva. He interpuesto el presente recurso actuando en mi condición de Defensora y en consecuencia parte interesada y agraviada por la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil trece (2013) según lo dispone el artículo 15, 101 del Código Procesal Penal, en relación a haber dictado sentencia condenatoria contra E. A. P. E. en el proceso seguido ante este Tribunal por el supuesto Delito De Tráfico Ilegal De Personas en perjuicio de La Libertad Y La Seguridad De Las Personas. Así mismo el objeto impugnable de la casación se encuentra como causa que habilita la interposición del presente recurso al tenor de lo establecido en el artículo 359 y 362 del Código Procesal Penal (CPP en adelante). Impugnabilidad Subjetiva. El presente recurso se interpone por no estar de acuerdo con la resolución recurrida. Motivos que a continuación detallo: Motivo Único. Quebrantamiento De Forma Por No Haber Observado El Sentenciador En La Valoración De Las Pruebas Las Reglas De La Sana Crítica. Precepto Autorizante: Artículo 362 numeral 3) parte final del Código Procesal Penal. Descripción Del Vicio: En la valoración de la prueba el sentenciador no observo las reglas de la Sana Crítica infringiendo para los efectos del presente motivo el artículo 202 del Código Procesal Penal que al respecto determina “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica... “, En relación al artículo 338 regla cuarta numeral segundo del mismo código que sobre el particular determina que “... se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para probar declarados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las prácticas enjuicio...“. Es oportuno tener en claro en que consiste el sistema de valoración de las reglas de la sana crítica. Conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal, el sistema de valoración reconocido en el CPP, es de la sana crítica racional, reglas que de conformidad al artículo 338 del mismo cuerpo legal, debe ser observada par el sentenciador al momento de emitir el fallo, como se ha sostenido. Es en la sentencia, donde el Juez debe emitir un juicio de valor de forma clara, precisa y circunstanciada de los hechos debidamente acreditados, conocido este ejercicio intelectivo como fundamentación fáctica, sobre el cual debe hacer su ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico, debe ser sustentado en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para los efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en la sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar porque un medio probatorio le merece fe y otro no y además, porque un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. El Tribunal de Sentencia al fundamentar su decisión de acuerdo al Sistema seguido por el Código Procesal Penal debe de valorar la prueba no en una tarifa que la ley le asigna, si no con base al principio de inmediación analizar la credibilidad que se otorga a cada medio de prueba, dando las razones al respecto conforme a las reglas de la sana crítica, reconociendo en efecto su discrecionalidad, pero su sometimiento a criterios objetivos, por lo tanto, pueden ser invocables para impugnar una valoración errónea. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, Las reglas del correcto entendimiento humano, siendo estas las reglas de la experiencia, de la psicología y la lógica. Las reglas de la Experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe de partirse de la condición de hombre que tiene el Juzgador. Esas conclusiones no tienen la estrictez de los principios lógicos tradicionales, sino que son contingentes y variables con relación al tiempo y al lugar, estas encuentran sus límites en los conocimientos técnicos especializados. Las reglas de la Psicología referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos. Las reglas de la Lógica son leyes del pensamiento que se presentan en nuestro raciocinio como necesarias, evidentes o indiscutibles cuando analizamos nuestros pensamientos. Estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de la Coherencia (concordancia entre sus elementos) y Derivación (en que cada pensamiento provenga de otro con el cual está íntimamente relacionado, de tal manera que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente).- De la ley de la coherencia se deducen los principios formales del pensamiento, a saber” a) Identidad, b) Contradicción; c) Tercero excluido, y a su vez de la ley de derivación se extrae el principio de la Razón Suficiente (todo juicio para que sea realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con la pretensión de sea verdad). Dicho lo anterior, la defensa, acreditará de manera convincente que el Tribunal de Sentencia en abierta confrontación con las reglas de la sana critica, ha soslayado ese límite que las mismas establecen por cuanto extrajo conclusiones contradictorias que le informan la prueba evacuada en la vista pública, de tal manera que incurrió en un vicio in procedendo que invalida la sentencia impugnada, siendo dichos vicios fundamentales en las conclusiones arribadas por el Tribunal para decidir la condena de los imputados.- Explico detalladamente los aspectos en los que argumentamos el presente motivo: 1° La sentencia impugnada declara expresa y terminantemente probado: “Primero: El día dos de abril del dos mil ocho, en horas de la tarde ocho personas de nacionalidad ecuatoriana ingresaron al territorio nacional por el Aeropuerto Internacional de Tocontin, con precedencia de Quito Ecuador, quienes mediante el pago de entre tres mil y cuatro mil dólares, serían trasladados vía terrestre a la frontera con Guatemala, con el propósito de ingresar a los Estado Unidos de América. Segundo: El Acusado E. A. P. E. quién en la fecha antes indicada se desempeñaba como Policía de Fronteras asignado al Aeropuerto Toncontín, coordino el ingreso al país de las personas de nacionalidad ecuatorianas y su posterior traslado hasta el Hotel Brisas de Santa Lucia, donde pernoctarían por unos días, mientras eran llevados a la frontera con Guatemala, todo ello a sabiendas de que no tenía la documentación necesaria para entrar legalmente a los Estados Unidos de América. Los aspectos fundamentales de la sentencia es el fragmento de la declaración de hechos probados, que han sido subrayado y resaltado en negrita por mi persona pues son los puntos fundamentales de la sentencia arribada por el Tribunal y son cuestionados por la parte que represento. 2° Los hechos relacionados se tienen por acreditados tomando varios medios de prueba de acuerdo a una fundamentación probatoria intelectiva que se no concuerda con las reglas que la ley determina, veamos: Veamos el sentido que fueron erróneamente aplicadas las reglas de la sana crítica tomando en consideración las pruebas que sirven de sustento a la anterior declaración de hechos probados, y que de haberse considerado de manera correcta sin lugar a duda habrían generado la certeza de la absolución del imputado: Con respecto a la valoración al hecho primero y en concreto del punto resaltado que dice: “El día dos de abril del dos mil ocho, en horas de la tarde ocho personas de nacionalidad ecuatoriana ingresaron al territorio nacional por el Aeropuerto Internacional de Toncotín, con precedencia de Quito Ecuador, quienes mediante el pago de entre tres mil y cuatro mil dólares, serían trasladados vía terrestre a la frontera con Guatemala, con el propósito de ingresar a los Estado Unidos de América.”, señala en el desarrollo de la sentencia el Tribunal A-Quo diversos medios de pruebas a través de los cuales ha fijado dicho hecho y del cual analiza también la participación del imputado, en los términos siguientes: A.- Tomo en consideración la declaraciones incorporadas mediante lectura por consistir prueba anticipada, que en relación al hecho fijado los testigos de nacionalidad ecuatoriana tres de los que ingresaron en fecha 2 de abril de 2013 determinaron lo siguiente: Del testimonio de los señores W. F. L. P., S. G. G. C.s, S. A. Y. L., señala el Tribunal A-Quo en la sentencia en cuanto a su Valoración (ver página 7 párrafo ultimo) “Los testimonios en mención son precisos y congruentes entre s4 por lo que merecen la credibilidad del Tribunal, la información derivada de dichos testimonios, es apta para formar la convicción del Tribunal, que tal como la han expresado ingresaron al país, procedentes de Ecuador en donde contactaron a personas para que los ingresara de manera ilegal a Estados Unidos de América a quienes pagaron cantidades en dólares, su desconocimiento del viaje, como los nombres de las personas que iban a contactar, los lugares en donde iban a permanecer. Tiene una planeación que no fue hecha por los testigos, si no, por la organización delictiva dedicada a este accionar ilícito... Y más adelante señala: “la forma en que fueron abordados en el Aeropuerto Toncontin, por una persona que solo les dijo una clave y los condujo al bus, para trasladarlos a un hotel distinto del pensaban hospedarse, no tienen otra explicación razonable, más que ingresaron al país para hacer una escala, pues se iniciaba su trayecto vía terrestre para entrar de manera ilegal a Estados Unidos, guiados y conducidos por personas integrantes de la organización a la que pagaron en dólares en su origen…”. Con respecto al primer de los Testigos: W. F. L. P., Manifiesta en relación al hecho probado resaltado por nuestra parte (ver deposición pagina 5 en preguntas del Ministerio Publico: “...venía con un amigo de nombre S. C. el y su amigo vinieron a pasear iban para New York, los iba a llevar un contactó de su Tío J. L.. No sabe quiénes son los contactos, no lo llamo su tío fue una persona..” posteriormente aduce “. . .su Tío pago 3 mil dólares, su tío no le dijo que los con quien se iban entE.r, junto con el venían de Ecuador junto con dos personas, cuando llegaron a Honduras conocieron 6 personas más”; en el resto de la deposición no hace referencia a la persona que recibió el dinero, ni el lugar ni las personas que eran los contactos en cada país, Por su parte el Testigo S. G. G. C., manifiesta: (ver aspectos relevantes de la deposición pagina 5 y 6 de la sentencia): “…...su cuñado que hace el viaje se llama G. C. G.; estaban pagando por el viaje L 1,400 dólares, no se contactaron con una persona que les iba hacer el viaje” por lo demás hace el relato en el cual no aclara nombre ni las personas que recibieron el dinero, no quienes eran los contactos... el testigo S. A. Y. L., manifiesta: (ver aspectos relevantes de la deposición pagina 6 de la sentencia): “. . .le estaban cobrando 13,500 dólares, L. A. E. es su hermano...” al igual que el resto de las deposiciones de los testigos de prueba anticipada el testigo no aclara donde, cuando y a quien se le hizo entrega del dinero para el transporte a Estados Unidos, ni conoce quienes eran los contactos... B.- Ahora veamos en ese mismo sentido, la declaración que hace el Tribunal en la valoración de los otros medios de prueba relacionados a la organización delictiva afirmada por el Tribunal en la valoración: Con respecto a la valoración de la copia autenticada por el Secretario General del Juzgado de Ejecución del Informe emitido por fecha 3 de julio de 2008, por la Dra. M. del R. C. en su condición de Directora de la Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Banca y Seguro (que se llamara CNBS, en adelante) respecto del acusado E. A. P. E., numerales 1, 4, y 6. Página 14 en que hace la descripción del medio de prueba y 16 de la sentencia del A-Quo que establece “... la relación directa (con la organización delictiva internacional) ha quedado demostrado con el informe emitido por la Directora de la unidad de Información Financiera (UIF) dependiente de La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, organismo de carácter público y especializado encargado de la recepción, análisis y consolidación de información de datos, sobre operaciones atípicas realizadas en el sistema financiero nacional y continua; “. . .el cual informo de las operaciones realizadas por el acusado a solicitud del Ministerio Publico, informe que merece la credibilidad del Tribunal y a los que se adjuntan los documentos soporte en los que se detallan las transacciones realizadas por el acusado E. P. en el sistema financiero nacional, en especial las descritas en el numeral 6, que se detallan en el historial de pagos que acreditan la recepción por el acusado de 20 un monto de $10,005.00 durante el periodo de agosto de 2006 y marzo de 2008, y además que en los meses de noviembre y diciembre de 2007, y enero, febrero y marzo de 2008, ocho de estas transferencias le fueron enviadas de Ecuador, lo que constituyen indicios graves y concordantes, y lo que es posible establecer la relación directa del acusado con personas ubicadas en el Ecuador, que le transfirieron dólares antes del 2 de abril de 2008,fecha en la que ingresaron los ocho ecuatorianos por el Aeropuerto Toncontin, pudiéndose inferir que ese dinero lo recibió para facilitar el ingreso sin ningún inconveniente y coordinar el traslado de esas personas dentro del territorio nacional, mostrando además que esta era una actividad permanente y continua” Que el Tribunal en relación al relacionado informe hace especial referencia al contenido del numeral 6, que se refiere precisamente a los siguientes aspectos: (ver página catorce de la sentencia) “5. Ficensa. Durante el periodo de noviembre de 2007 al a marzo de 2008 transferencias internacionales equivalentes a $4800, El deposito fue enviado desde Ecuador y Cobrado en Tegucigalpa, figuran como remitentes S. C. C. y F. P. J. O.” en relación al numeral 6 se consigna: CORELSA, durante el periodo del 2006 a marzo de 2008 fue beneficiario de 20 transferencia internacionales equivalentes a $10,000.00 dólares. El dinero fue enviado desde cuenca Ecuador; Atlanta, Georgia, USA, y Lawren cepille, Georgia EEUU, siendo cobrados en Nacaome Valle; Tegucigalpa, y Comayagüela, figuran como remitentes S. C. C., F. Heride L., L. T., F. P. J. O., y A. C. C.. En relación a los nombres de las personas que efectuaron los depósitos no se ha podido establecer por el Ministerio Público ente encargado de probar los hechos de la imputación, valga la importancia de ello, el nexo que existe entre las personas que han efectuado los giros desde Ecuador, EE.UU., con las personas ecuatorianas que ingresaron a Honduras o sus familias, y menos con los testigos incorporados como prueba anticipada, ni establecer que las personas que afirman que pagaron por el viaje hayan sido las que proporcionaron el dinero a las personas que giraron el dinero desde otros países ya sea desde Ecuador o Estados Unidos al Imputado. Ambos medios de prueba, nos lleva necesariamente a confrontarlos con el contenido de las declaraciones de los testigos deponentes como prueba anticipada y los historiales de transacciones bancarias y su correspondencia con los hechos probados, de los cuales podemos obtener algunas conclusiones importantes: 1)El Tribunal se Sentencia en la resolución y en la valoración de la prueba (testigos) afirma que fue en Ecuador que los ecuatorianos que se trasladaban el día de los hechos en Honduras contactaron a personas para que los ingresaran de manera ilegal a Estados Unidos, a quienes pagaron cantidades de dinero afirma que el traslado de los ecuatorianos, estaba a cargo de una Organización delictiva internacional que se dedica a este accionar ilícito, y entre otros aspectos que ingresaron al país a realizar una escala pues se iniciaba el trayecto vía terrestre para entrar de manera ilegal a Estados Unidos, guiados y conducidos por las personas integrantes de la organización a la que pagaron en dólares en su país de origen. La valoración hecha por el Tribunal A-Quo de acuerdo al material probatorio, no encuentra sustento en esas afirmaciones: pues de los ocho ecuatorianos únicamente se incorporó como prueba anticipada la declaración testifical de Tres testigos, de los cuales Ninguno, determinan: la persona a quién le efectuaron el pago, la fecha en la cual se realizó la el pago de las cantidades afirmadas por los testigos, Nunca Mencionaron Que El Dinero Había Sido Entregado En Ecuador, Ni A La Persona Que Le Entregaron, el lugar donde hicieron los pagos, ni afirman como continuarían el viaje luego de salir de Honduras, pues no lo conocían, ni la formas o personas que los conduciría, pues en las deposiciones solamente relacionan unos nombres que son S. C., J. L., G. C. G. y L. A. E.” 2) Que al verificar el contenido del informe ya relacionado emitido por la Unidad de Información Financiera (UIF) dependiente de la CNBS, hace referencia efectivamente hay varios giros recibidos por el Imputado, y señala que figuran como remitentes los siguientes: S. C. C., F. P. J. O., F. E. L., L. T., F. P. J. O., y A. C. C., S. C. Que ninguno de los nombres relacionados en dicho informe como remitentes de cantidades de dinero, figuran o aparecen por ningún medio probatorio ligados a los ocho ecuatorianos que ingresaron a Honduras en fecha 2 de abril del 2008, o a sus familias, menos en las declaraciones de los testigos ecuatorianos cuya deposición fue incorporada como prueba anticipada, como las personas que recibieron ya sea de los testigos o personas mencionadas por los testigos o del resto de los ocho ecuatorianos que ingresaron a Honduras en fecha 2 de abril de 2008, por lo tanto no hay prueba que los ligue en ese sentido, es decir no hay prueba que de razón suficiente a la valoración del Tribunal en el sentido que los remitentes de dinero de Ecuador a favor del imputado a Honduras, hayan recibido ese dinero en Ecuador de los testigos ecuatorianos o de sus familias, y que por lo tanto sean las cantidades de dinero sufragadas para garantizar el paso por Honduras de los ecuatorianos, en su viaje a Estados Unidos, Así mismo por ningún medio probatorio se ha acreditado que los remitentes de las cantidades de dinero figuren como personas que se dedican al Tráfico de personas en Ecuador y que por lo tanto formen parte de una Organización Internacional ligada ese tipo de acción ilícita. Agrego a lo anterior que otras 15 personas que se afirman ingresaron en otras fechas siempre de nacionalidad ecuatoriana, tampoco se ha acreditado la relación con los remitentes de las cantidades de dinero, pese a que vale la pena declarar que el supuesto tráfico de esas otras 15 personas no era hecho objeto de debate del juicio de mérito ni hay prueba que de razón suficiente del hecho anterior., ni se prueba que ellos hay estado en tránsito por Honduras para ingresar ilegalmente a Honduras. 3) A lo anterior igualmente resulta importante hacer referencia que en el hecho probado el Tribunal Afirma el pago de cantidades entre tres mil y cuatro mil dólares, que no corresponde con las cantidades afirmadas por tres de los testigos ecuatorianos, ni que tampoco resultan confirmadas en forma, fecha y contenido, ni personas que las personas remitentes de dinero se logran ligar en la actividad del ilícito de tráfico ilegal menos con los 8 ecuatorianos, ni directamente al imputado, no queda probado que la forma de traslado seria vía terrestre, desde Honduras, y menos que fuera coordinada por mi representado, hechos estos que no le dan razón suficiente a la valoración del Tribunal, además que en dicha declaración de hecho no establece lo tan relacionado en la valoración, cual es, que las cantidades remitidas al imputado desde ecuador, es las mismas cantidades entregadas por los familiares de los ecuatorianos, claro está porque lo anterior no tiene sustento probatorio. 4) Que si bien es cierto se hace mención por el Tribunal en relación al acta en el que se consigna el nombre de 19 personas de ambos sexos, y los nombre copiados en el acta, se trata de apellidos no comunes en el país, e infiere que son personas extranjeras, y el oficio SR-334-2008 establece que diez de esas personas son de nacionalidad ecuatoriana, resaltando tres nombres es decir F. Francisco G. B., L. A. M. M., y M. L. B. M., todo en vista de que la lista fue encontrada en un carro propiedad del imputado, no obstante de igual manera, con dicha prueba no se corrobora que los mismos fueran hacia Estados Unidos, ni que los mismo hayan estado ligados a los remitentes de las cantidades de dinero, ni que dicho listado fuera elaborado por el imputado. De manera tal que el Tribunal A-Quem trata de ligar dichos giros al ingreso de los ecuatorianos que ingresaron en fecha 2 de abril de 2008, pero al mismo tiempo también lo el ingreso de los otros 15 ecuatorianos, y los otros relacionados en el oficio que tomo como base el Tribunal A-Quo. Cabe sobre lo presente resaltar que de la prueba incorpora se deduce un hecho, cual es que mi representado fue acusado por el Delito de Lavado de Activos, que entre uno de los supuestos determina que incurre en el delito de lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos entre otros de tráfico de personas, no obstante no se acredito que fuera condenado por dicho delito, por lo tanto se presume inocente de que efectivamente ese dinero remitido de Ecuador fue recibido en ese concepto, por lo tanto ello tampoco le da sustento a afirmar que las libretas bancarias, y recibos que constan en el acta de inspección del vehículo y su álbum fotográfico, fueron utilizados en ese sentido, es decir para el tráfico de personas, que fueron encontrados en dicho vehículo como una diligencias de investigación del delito de lavado de activos en contra del imputado, por lo que tampoco la conclusión del Tribunal deriva con argumentaciones diversas de la prueba. Ahora bien, en base a todo lo anterior hemos de afirmar, que El Tribunal de Sentencia al valorar la prueba documental y testifical enunciada incurre en violación a las reglas de la sana crítica, en concreto la motivación viola las reglas de la lógica que exige: Coherencia (en el sentido que debe haber concordancia entre lo que se afirma) en concreto de esta coherencia el principio de las leyes de identidad, que exige: que toda noción empleada en el razonamiento tenga una sola y misma significación, esto en el sentido que toda afirmación del Tribunal debe estar unida en todo su contexto tanto con su valoración como con los informado por la prueba en un mismo significado, pero no concuerda el aspecto que fue valorado por el Tribunal y lo que realmente depusieron los testigos, y lo que informan en relación a las cantidades pagadas, donde y quien y la fecha en que se realizaron los pagos por el transporte ilegal y que estén ligadas a las personas que remitieron cantidades a mi representado y Derivación: puesto que lo que se afirma como verdad debe estar sustentado enjuicio, lo cual tampoco ocurre en la valoración ya indicada, pues lo afirmado por el Tribunal de acuerdo a los medios de prueba no les da la razón suficiente, (principio de la razón suficiente), por lo tanto dicha regla es también infringida en la valoración. En base a las anteriores motivaciones, el Tribunal fija su conclusión en numeral uno de los hechos probados de la sentencia cuestionada, que no encuentra coherencia ni derivación de acuerdo al material probatorio. Así mismo al dar credibilidad a elementos de prueba ya relacionados y fijar los hechos como lo ha hecho viola las reglas ya mencionadas, propias de la Sana Crítica, y más aún además esas pruebas sirven de sustento al análisis jurídico que hace el tribunal A-Quo para determinar la condena de mi representado al establecer al establecer la participación de mi representado como sujeto activo (ver página 21) “en el presente caso a través de la declaración de las tres personas ecuatorianas que fueron ingresadas a nuestro país por el aeropuerto Toncontin, el día 2 de abril de 2008, se acredito que su propósito en venir a Honduras era trasladarse a la frontera con Guatemala para finalmente ingresar ilegalmente a Estados Unidos de América. Se encuentra también acreditado que el imputado E. P. días antes de dicho ingreso, recibió las transferencias en dólares, provenientes del Ecuador, para procurar un ingreso sin probL.s de estas personas ecuatorianas, sus traslados a un aeropuerto a un hotel, donde permanecerían antes de ser trasladados a la frontera con Guatemala” así misma afirma “... confirma su consentimiento para ser trasladados vía área desde Ecuador hasta el Aeropuerto Toncontín, y de allí vía terrestre por el territorio nacional hasta la frontera con Guatemala, traslados que están cubierto con el dinero que entregaron en Ecuador...” y en cuanto al dolo determina su concurrencia en base a los hechos fijados de acuerdo a la valoración de la prueba, “afirmando que sabía y conocía que realizaba la acción de hacer que estas personas fueron trasladadas dentro de territorio nacional, para que finalmente las ocho personas de nacionalidad ecuatoriana pudieran ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos de América, pues para ello recibió transferencias en dólares” y más adelante señala el Tribunal justificando su valoración intelectiva cuestionada con la valoración jurídica que (ver parrado S. de la página 23 de la sentencia “no encontramos ante el accionar realizado por una organización delictiva transnacional, lo manifestado por los testigos de nacionalidad ecuatoriana así lo demuestra, para que se encargaran de su conducción a través de varios países del continente hasta llegar a la frontera de los Estados Unidos de América, la cual pasarían de manera ilegal, estas personas a quienes pagaron, sin lugar a dudas hicieron transferencias en dólares al acusado E. P., quien continuó con la acción de trasladarlos y lo hizo por el territorio nacional….“ y cabe decir que el hecho de que el dinero fuese entregado a favor del imputado no constituye hecho fijado en la declaración de hechos probados, así pues que en base a sus argumentos en la motivación expuesta en este acápite, no podía haber concluido lo que fijo en los hechos probados y en los hechos que dedujo a través de la prueba para efectuar la fundamentación jurídica derivada de su valoración, que como se demuestra no es válida. Que lo anterior es decir la valoración cuestionada que ha realizado el Tribunal de Sentencia ha tenido importancia fundamental en el fallo dictado, y por lo tanto es fundamental el defecto enunciado. Aun así, el sentenciador alejándose del resultado que le arroja la prueba, arriba a una conclusión errónea que tiene incidencia directa en el fallo, por cuanto condena a mi representado, muy a pesar que la prueba arroja otra conclusión, y es que si bien ha recibido mi representado envío de dólares de Ecuador no es posible ligar dichos envíos con los ecuatorianos (8) que ingresaron a Honduras en fecha 2 de abril de 2004 que es el hecho objeto del presente proceso. Como consecuencia de la anterior y errónea valoración concluye el Tribunal A-Quo en el numeral S. de los hechos probados: S.: El Acusado E. A. P. E. quién en la fecha antes indicada se desempeñaba como Policía de Fronteras asignado al Aeropuerto Toncontín, Coordino el ingreso al país de las personas de nacionalidad ecuatorianas y su posterior traslado hasta el Hotel Brisas de Santa Lucia, donde pernoctarían por unos días, mientras eran llevados a la frontera con Guatemala, todo ello a sabiendas de que no tenía la documentación necesaria para entrar legalmente a los Estados Unidos de América. (Lo resaltado en negritas y subrayado es nuestro). Veamos ahora que en el numeral S. de la valoración de la prueba el Tribunal A-Quo establece como una verdad incuestionable que Coordino el ingreso al país de las personas de nacionalidad ecuatorianas y su posterior traslado hasta el Hotel Brisas de Santa Lucia. Ahora bien, en relación a lo anterior, el Tribunal efectúa valoraciones de otros medios de pruebas a fin de fijar esa conclusión: A.- Tomo en consideración la declaración del Testigo L. E. M. R. que en relación al hecho fijado, señala el Tribunal A-Quo en la sentencia en cuanto a su Valoración (ver página 11 párrafo ultimo y página 12) “Este Tribunal concede credibilidad a este Testimonio, pues se trata de la declaración de un agente policial sobre hechos de su conocimiento propio, la que al ser rendida con las garantías procesales constituye prueba de cargo apta y suficiente, especialmente en relación a la comunicación telefónica que el imputado E. P. sostuvo con el conductor del autobús, en el momento en que se trasladaba los inmigrantes al Hotel, que solo demuestra la relación existente entre ambos, contacto por medio del cual el acusado ordenaba los traslados, de los ecuatorianos del aeropuerto al Hotel, comunicación que igual quedo demostrada con la pericia que utilizo los números de teléfonos usados por P. y S. para llamarse entre sí, Así mismo a través de este testimonio ha quedado probado que los números gravados en el teléfono de J. S., como compita y compita 2, eran del acusado E. P. pues en el momento de J. S. recibía las llamadas así lo manifestó el Agente M. R., quien además adujo que la persona de nombre H. era quien los había contactado”. Con respecto a la deposición del testigo en referencia en relación al hecho probado resaltado por nuestra parte (ver deposición página 8) resalto los aspectos esenciales de su deposición: “...el día 2 de agosto de 2008 fue llamado por el Abogado J. M. S. quién lo instruyo a realizar investigaciones sobre el tráfico de ilegales” afirmando una fecha diferente en la que ocurrieron los hechos investigados lo cual es reiterado posteriormente, posteriormente aduce en relación a los ecuatorianos que llegaron “... les pregunto cómo habían contratado al señor del bus, y dijeron que en Ecuador la persona que a la persona que pagaron de 4 a 6 mil dólares les dijo que en Honduras una persona con clave 20 los iba a traer...” ello contradiciendo las cantidades afirmadas por lo testigos ecuatorianos ya referidos, posteriormente afirma en relación a las llamadas recibidas por J. S. R. “recibió otra llamada que decía compita (ello refiriéndose al día de los hechos) le pregunto quién era, dijo que era E. P., el Policía de Servicios especiales” en relación al mismo “... Indico que a J. se le decomisaron dos celulares uno negro y otro gris, los números no los recuerda, el número terminado con 57 0 67 era el teléfono de compita de Tigo, otro era tigo de terminación 2287 lo tenía identificado como compita 2, el número de J. no lo recuerda” Dijo además “que no recordaba cuanto tiempo dijo J. que trabajaba con P., y según lo que dijo J. los teléfonos compita y compita 2 son del Policía P.,….”En este trayecto J. recibió tres llamadas dos de M. y una de P., que no contestó en ese momento dijo que se trataba de P.” y a J. se le decomisó el teléfono, no recuerda quién lo hizo porque andaban varios compañeros se le decomisa una vez que estaba requerido fuera del hotel, hicieron acta de decomiso de ese teléfono”.B.- Ahora bien, lo anterior el Tribunal de Sentencia lo relaciona en su valoración con el dictamen pericial realizado por A. T. Z., señala el Tribunal A-Quo en la sentencia en cuanto a su Valoración (ver página 18 párrafo ultimo denominado Valoración) “Este Tribunal concede credibilidad al Perito, si bien ha dicho que ha sido conocedor de circunstancias relacionadas con la detención del acusado, así como la declaración rendidas por el testigo J. S., respecto de quien declaró como Testigo R; las mismas no constituyen causas legales de incapacidad que le impidieran actuar al perito.... (en relación a la declaración de J. S., de los relatado en la sentencia que se trata de una declaración administrativa que no fue evacuada con las reglas de la prueba anticipada pues lo anterior no consta acreditado en juicio, por lo tanto no refiere a la declaración rendida por el Testigo en el juicio oral y público) . . .En esta clase de pericias en que los objetos de análisis son teléfonos celulares y chips, la probabilidad de error es muy poca, pues la información sobre las comunicaciones realizadas por medio de los teléfonos celulares además de estar guardadas en los aparatos se encuentra almacenada en dispositivos informáticos de las compañías telefónicas que proveen el servicio que son ajenas a la comunicación, quienes la proporcionan al perito mediante el control jurisdiccional...” y luego en concreto en relación a los teléfonos dice: “con este medio de prueba se ha acreditado que al perito se le entrego el teléfono decomisado al imputado E. P. (XXXXXXX) fue obtenida de la información almacenada en el Teléfono y no en el acta del decomiso como lo ha sostenido la defensa...” “... de igual forma en la pericia se analiza la información contenida en el teléfono que usaba el testigo J. S., de quien se ha acreditado que su número era el XXXXX y que en la agenda tenia guardados como contactos a Compita con número XXXXXX y Compita 2 con número XXXXXX, el agente L. E. M. en su testimonio indico que J. S., en la investigación preliminar de los presentes hechos se le concedió protección dándole la clave de testigo R... “y una conclusión en la que determina el Tribunal consiste en que “la relación entre el acusado E. P. y el conductor del bus J. S., pues entre los meses de Febrero A Marzo De 2008, se registra que el imputado le hizo 114 llamadas del número XXXXXX registrado como Compita, 35 del registrado como Compita 2 y 7 llamadas del teléfono que le fue decomisado”. El Perito en referencia en su deposición (ver aspectos relevantes de la deposición pagina 17 de la sentencia): que “en la pericia se le entregaron varios teléfonos, varios números de teléfono con todo el aparato para hacer un vaciado de la agenda y el chip, a cada número les hizo un vaciado de las llamadas y mensajes entrantes y salientes, llamadas perdidas marcadas y recibidas”. Afirma que no solo le entregaron los teléfonos si no también varios números de teléfonos es decir los objetos de la pericia contradiciendo la valoración del Tribunal en el cual afirma que el número del imputado lo saco del teléfono y no del acta de decomiso refiriéndose al número 96473068, ya que el mismo Perito afirma que no solo se le entregaron los aparatos si no los números telefónicos “...en cuanto al número 98412209, perteneciente a la señora M. B., se obtuvo que mantenía comunicación con el testigo R, recibió una llamada 2/4/2008” hace una importante aclaración “indico el perito que diagrama tiene teléfono 9., como punto central es de los meses de febrero o marzo las fechas están en el expediente de Tigo, las relación es de llamas entrantes pertenece a Febrero y Marzo” complementándose la información brindada por el testigo según el acta de juicio oral y público en la página 3 cuando contesta las preguntas de la defensa. Sobre lo anterior es importante resaltar hechos derivados de la pruebas: 1) Que la referencia en relación a que la propiedad de los teléfonos números 9. y 9. se atribuyen propiedad del imputado, según declaraciones del perito y el testigo L. E. M. R., le atribuyen la propiedad de los mismos al imputado por las manifestaciones brindadas supuestamente por el testigo J. S. R, en la investigación preliminar, de las cuales no ha quedado probado hayan sido brindadas en base a las normas previstas para garantizar la oralidad, inmediación, y ante Juez Competente, un aspecto fundamental que debe ser considerados en la valoración del Tribunal de lo que deriva la norma constitucional (artículo 88 de la Constitución de la República) . En ese sentido no podemos más que afirmar que de donde provienen las llamadas al número telefónico del testigo J. S. R. y que se identifican como Compita Y Compita 2 en la agenda telefónica, el hecho solo son afirmados por testigos de referencia es decir el perito y el mencionado testigo y al respecto el artículo 199 del Código Procesal Civil, párrafo último se determina que existiendo testigos presenciales y siendo posible su citación a juicio, como fue el caso de J. S. R., su testimonio no podrá ser discutido por testigos de referencia, si bien el perito realizo análisis de los números en base a capacidades técnicas y de TIGO en base a sistemas técnicos que les permite realizar confiablemente el análisis de dichos medios, la propiedad que afirma sobre ambos número no ha sido obtenida a través de medio técnicos si no por la referencia de lo que supuestamente dijo Jesús S. testigo presencial que puede afirmar de quien era realmente la propiedad de los números, en virtud de que ningún medio técnico ni la pericial ha probado técnicamente la propiedad de los teléfonos, y se tiene por cierto lo afirmado por el testigo de cargo que no es más que testigo de referencia, cuando al deponente que ha negado el hecho el Tribunal no le da credibilidad, (ver página 10 de la sentencia) y cuyo testimonio es rebatido por declaraciones extrajudiciales, y no consta que hayan sido obtenidas con respeto a las normas procesales y constitucionales, por lo que de acuerdo a las reglas de valoración establecidas en garantía de principios constitucionales tampoco le dan sustento. 2) Que los análisis de las llamas en el Diagrama han tenido como punto central el número telefónico 9. la comunicaciones realizadas entre el mes de Febrero A Marzo DEL 2008, y del 2 de abril del 2008, solamente se pueden determinar que hubo comunicación con el numero propiedad de la señora M. B. es decir el número XXXXXX, no con ninguno de los teléfonos que se afirman por el Tribunal pertenecían a E. P., pese a que al testigo de cargo y agente Policial M. R., afirma la supuesta comunicación constante el día de los hechos con el imputado quien verificaba el traslado de los 8 ecuatorianos al Hotel, acción que es la que determina el Tribunal en los hechos probados a establecer que Coordino el ingreso al país de las personas de nacionalidad ecuatorianas y su posterior traslado hasta el Hotel Brisas de Santa Lucía, coordinación que solo pudo haberse realizado vía telefónica, pues da por sentado que el imputado el día de los hechos se encontraba en un lugar diferente al aeropuerto y donde estuvieron los 8 ecuatorianos ((ver página veinte, párrafo tercero, identificado como Sexto) y contactando el día de los hechos a J. S. para verificar las condiciones del traslado Aeropuerto Hotel, lo cual no le da la razón suficiente la prueba documental en referencia, máxime cuando el Tribunal da plena credibilidad al testigo de cargo, quien en su deposición ni siquiera aclara un hecho básico como lo es la fecha del hecho, y afirma que al señor J. S. se le decomiso dos teléfonos uno gris y un negro, pero no hay acta que determine dicho decomiso, si no que luego aparece que a mi representado se le decomiso un teléfono gris, de acuerdo a ello el perito afirma que de los aparatados que se le enviaron iban dos teléfonos negros y un gris (ver página 13 numeral 2, que establece el teléfono gris decomisado, luego dice el perito en relación a los teléfonos incorporados como prueba refiere a dos celulares negros y un gris, y El Policía R. relaciona dos teléfonos decomisados a J. S. un negro y un gris, ver página 9 cuatro últimas líneas del párrafo primero). C.- Por otra parte se vincula como propietario del número XXXXXX al imputado E. A. P., en virtud de que en el acta de Registro Personal y Acta de Decomiso o Secuestro se determinó que portaba un Celular Sony Marca Ericsson Color Gris con chip de Tigo, con una batería Sony Ericsson, al respecto el Tribunal en su valoración afirma: (ver página 16 de la sentencia) “la defensa ha cuestionada la validez del acta en que se hace constar el acta de decomiso realizado al imputado E. P., argumentando que con la misma se plantó prueba, pues el número del teléfono de su defendido (XXXXXX) fue escrito en el acta posteriormente a su levantamiento con el propósito de relacionar dicho numero en la pericia realizada al aparato telefónico.... Luego el Tribunal refiere a otro documento, pero como punto relevante determina que “... se puede deducir que dicho número de teléfono fue escrito en el acta posteriormente, lo que también es notorio a simple vista, pues los agentes que levantaron el acta como medida de seguridad colocaron al final de su contenido puntos y rayas, y el número fue agregado sobre una de esas rayas…” y afirma después como fundamento de que el acta sea creíble “este Tribunal no puede descartar la probabilidad de que el número de teléfono se hubiese agregado después de la audiencia inicial por otra persona, aparte de que dicha acta me constituyo un elemento de análisis de la pericia fue practicada al aparado telefónica, por lo que el Tribunal estima que el acta de decomiso resulta creíble... “el acta de decomiso acredita que el teléfono descrito en la misma como un teléfono celular Sony Ericsson W50i fue decomisado al imputado E. P. E., lo que resulta congruente con el acta del contenido del registro personal que determina que el imputado lo portaba” ... y más adelante refiere a la evidencia es decir “documentos que al ser analizado el acta de inspección realizada al vehículo del acusado, en la que se indica dentro del mismo se encontró una caja de cartón de un celular W580i, incorporada como evidencia la cual tiene impresos los mismos números que se consignan en el acta, acreditan que el teléfono Sony Ericsson W580i, identificado con la numeración que se consigna en el acta, le pertenecían al imputado quien además lo tenía en su poder” El hecho en relación no encuentra razón suficiente, pues tal como lo ha indicado el perito en la parte que se ha trascrito de su declaración, para la pericia no solo le proporcionaron los aparatos telefónicos, sino también los números de teléfonos, y es claro que en el acta se decomisó se consignó un chip que también fue manipulado por los agentes, es decir que los números quien proporciono las datos no fue el aparato si no los agentes de investigación, y se trató de relacionar el numero en el acta para que fuera congruente con la pericia, y esto indica que en efecto no se puede determinar el momento y la persona que incorporo el dato, pero sí que el objetivo era ligar el número 96473068, con el imputado no obstante lesos hechos, que no le dan razón suficiente al Tribunal le da credibilidad del acta, mucho más cuando el acta de inspección y la evidencia solo refieren que se encuentro en el carro un celular Marca Sony Ericsson W580i, y no otros elementos que concretice que efectivamente la caja del teléfono decomisado y el aparato están ligados por otra características específicas, pues hay muchos teléfonos producidos con esas mismas característica, y más aún cuando el testigo R. afirma que a J. S. se le decomisaron dos Teléfonos Uno Negro y Un Gris, pero en la pericia solo fue objeto de análisis un teléfono gris, y no aparece acta de decomiso y evidencia del resto de los teléfonos. En base a lo anterior y a la valoración realizada por el Tribunal de los medios de prueba indicados que por un lado les da plena credibilidad, pero que con los aspectos relacionados no es posible afirmar el contenido de dicha valoración, y en consecuencia no se puede afirmar con certeza que efectivamente los números de teléfonos relacionado en el dictamen pericial sean propiedad De E. P. E., de tal manera que dicha conclusión no se deriva de la prueba que lo informa o en su caso, la prueba no le da la razón suficiente, a fin de afirmar con certeza que sea el imputado quien haya coordinado las actividades que se le imputan vía telefónica. Entonces, reiteramos como el Tribunal hace una valoración que no se corresponde con la prueba, es por ello que no puede ser una conclusión válida, toda vez, que existen circunstancias de hecho que no lo corroboraran. Si bien la valoración de la prueba y la fijación de los hechos probados son potestad del Tribunal A-Quo, no es menos cierto que con la valoración practicada par el sentenciador tanto de la prueba testifical y la valoración errónea de misma prueba documental resulta el vicio denunciado por quebranto de las reglas de la derivación (lo subrayado y en negrilla es nuestro), propia de la regla de la lógica, valorando la prueba de manera parcial y arbitraria, como ya se ha dejado demostrado, al confrontar lo expuesto en la sentencia y lo que consta en las pruebas relacionadas. Si bien es cierto, el Juez tiene la potestad de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana critica racional, que reconocen la discrecionalidad, los someten a criterios objetivos, que nos permiten libramos de valoraciones arbitrarias o erróneas. Desde luego, la arbitrariedad o el error pueden darse, tanto al rechazar o excluir indebidamente elementos de convicción pertinentes, como al atribuir a las pruebas recibidas un contexto inexacto o al desdeñar el verdadero, como en el presente caso. En efecto, con sobradas razones como las ya expuestas, se concluye que el Tribunal de Sentencias recurrido ha infringido las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de las pruebas. De esta manera, el tribunal sentenciador, habiendo realizado una valoración intelectiva de la prueba relacionada No podía concluir el tribunal afirmando como verdad incuestionable, que los números relacionados en la pericia fueran propiedad del imputado, y por otra parte que el día de los hechos haya mantenido comunicación destinada a coordinar el traslado de los ecuatorianos a través de dichos números pues el registro de llamadas es del mes de febrero y marzo del 2008. En todo caso, el Tribunal debió hacer un razonamiento lógico para sostener su afirmación, Al no haber realizado una valoración razonada y razonable, arribando a una conclusión ilógica, efectivamente ha violentado la regla de derivación o razón suficiente. Igualmente, el sentenciador alejándose del resultado que le arroja la prueba, arriba a una conclusión errónea que tiene incidencia directa en el fallo, por cuanto condena a mi representado, muy a pesar que la prueba arroja otra conclusión, y es que si bien ha recibido mi representado envío de dólares de Ecuador no es posible ligar dichos envíos con los ecuatorianos (8) que ingresaron a Honduras en fecha 2 de abril de 2004 que es el hecho objeto del presente proceso. La defensa se siente agraviada por los vicios descritos, ya que al dictarse la sentencia impugnada se cometieron errores in procedendo en la forma ya descrita en los literales que anteceden, que vician el fallo, constituyendo en definitiva la violación a las reglas de la sana crítica falta de fundamentación, y por haberse producido dichos vicios en el acto de dictar la sentencia, no se ha efectuado en consecuencia la reclamación alguna para la subsanación de los mismos, sin embargo conllevan a la violación de derechos fundamentales de la parte que represento para llevar al convencimiento de la justicia de la decisión adoptada, entre ellos el carácter de jurisdiccionalidad (Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República) lo que exige como desarrollo de ese carácter de jurisdiccionalidad surge la necesidad de motivación; el Principio de Legalidad (Ar. 69 de la Constitución de la República en relación al artículo 338 CPP), como requisito indispensable de la decisión judicial. Así mismo la necesidad de motivación de las resoluciones judiciales, deriva también del Derecho de Defensa y de la Tutela Judicial Efectiva (art.82, 90 de la Constitución de la República). La motivación de una resolución judicial penal es un derecho fundamental que forma parte de la tutela judicial efectiva a que alude el art. 82 de la Constitución, interpretado sistemáticamente en relación con el art. 7.2.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pretensión: Por lo antes expuesto procede que se case la sentencia recurrida, por ser un acto realizado de manera irregular, toda vez que no observo las reglas de la sana crítica, y siendo que la estimación del presente motivo determina la nulidad de la sentencia, por lo tanto, solicito, se Ordene, la devolución de los antecedentes al Tribunal de Sentencia, que deberá ser distinto, en aras de mantener imparcialidad, para que el juicio sea substanciado nuevamente de conformidad con la ley.”.
IV. Fundamentación Jurídica
Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.
El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.
Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.
Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Único Motivo. Interpuesto por la Abogada A. J. F. Z., defensor privado del acusado E. A. P. E..
Ø Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal.
Ø Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal.
Ø Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica.
Ø Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora.
Ø Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia.
Inicia la Pretensora su exposición del recurso, señalando que los dos hechos probados declarados por el Tribunal de Sentencia son la consecuencia de la valoración de medios de prueba en discordancia con las reglas de la sana crítica. A efectos de demostrar su denuncia la Pretensora en el libelo detalló:
- Declaraciones de los señores W. F. L. P., S. G. G. C. y S. A. Y. L., no aclaran donde, cuando ni a quien le hicieron entrega de dinero para ser transportados a los Estados Unidos de América, ni tampoco quienes eran sus contactos.
El Tribunal de Sentencia deriva de la valoración de estos medios de prueba que los testigos contactaron en su país con personas que integran una organización delictiva internacional, para ser trasladados de manera ilegal hasta los Estados Unidos de América a cambio del pago de una cantidad de dinero, el que entregaron en su país de origen, haciendo el viaje con una escala en Honduras, de donde serían transportados por carretera hasta Guatemala y que de ello se ocuparía el acusado. Tal valoración la increpa la Pretensora al considerar que los testigos no refirieron que el dinero había sido entregado en el Ecuador, ni tampoco a que persona o personas, tampoco como continuarían el viaje luego de salir de Honduras.
Agrega que el A-Quo dio como probado que cada uno de los testigos de origen ecuatoriano pagó entre $3,000.00 a $4,000.00 dólares norteamericanos, que son cantidades distintas a las que afirmaron los testigos en sus respectivas deposiciones y que en suma ninguna de ellas fue confirmada en forma, fecha y contenido.
- La declaración de L. E. M. R., agente que interceptó y dio seguimiento a los testigos de origen ecuatoriano cuando éstos arribaron a Honduras, fue relacionada por el Tribunal de Sentencia con el Dictamen Pericial realizado por el señor A. T. Z., encargado de realizar vaciado a tres teléfonos incautados y además de hacer análisis de los datos que arrojaron las empresa de servicios telefónicos en relación a las llamas entrantes y salientes registradas con el SIM de dichos teléfonos, señalando el Tribunal de Sentencia que a través de ese medio fue acreditada que la propiedad de los números de teléfono XXXXXXX y XXXXXX era del acusado. En relación a ello, la Pretensora expone que la supuesta propiedad deriva de la declaración del Señor M. R., haciendo referencia a la supuesta conversación que tuvo con el señor J. S. R., quien supuestamente dijo que el nombre de “Compita”, que aparecía en su teléfono, pertenecía al acusado, afirmación que proviene de un testigo de referencia (M. R.), cuyo testimonio no puede ser discutido por existir testigos presenciales (S. R.) según manda el artículo 199 del Código Procesal Penal; agrega que no se puede afirmar con certeza que efectivamente los números de teléfono relacionados en el dictamen pericial sean propiedad de E. P. E., de tal manera que dicha conclusión no se deriva de la prueba que lo informa o en su caso, la prueba no da razón suficiente para afirmar que el acusado haya coordinado por teléfono el traslado de personas.
También cuestiona la Pretensora que el análisis de las llamadas telefónicas en la pericia fue centrado en el número XXXXXXX (perteneciente al testigo J. S.), y en las comunicaciones que en los meses de febrero y marzo y el 2 de abril de 2008 que se realizaron de dicho número, determinándose solamente que existió comunicación con la señora M. B. (9841-2209), y no con ninguno de los números que se supone son del acusado, aun cuando el testigo M. R. afirmó que el día 2 de abril de 2008, el señor J. S. recibió una llamada del acusado cuando transportaba a los 8 ecuatorianos al hotel, lo cual fue dado por acreditado por el Tribunal de Sentencia.
Como prueba documental fue presentada una hoja con 19 nombres manuscritos en el vehículo del acusado, todos ellos con nombres y apellidos no usuales en Honduras, infiriendo el Tribunal que se trata de personas extranjeras, y el Oficio SR-334-2008 establece que 10 de esas personas son de nacionalidad ecuatoriana; para la Pretensora este documento no acredita que tales personas se hubiesen dirigido hacia los Estados Unidos de América, ni que hayan sido remitentes de cantidades de dinero a favor del acusado o cuando menos que dicho listado haya sido elaborado por el acusado.
Con el Informe rendido por la Unidad de Investigación Financiera, el Tribunal de Sentencia dio por acreditado que el acusado recibió 20 transferencias internacionales, algunas de ellas de Ecuador, en concepto de pago para coordinar el traslado de personas de aquel país dentro del territorio nacional.
El informe detalla el nombre de las personas que realizaron las transferencias, sin que se acreditase, a criterio de la Pretensora, vinculación entre éstos y las personas de nacionalidad ecuatoriana que ingresaron al territorio hondureño, ni tampoco existe medio de prueba que determine que las personas que realizaron tales transferencias se dediquen al tráfico de personas en Ecuador.
Concluye la Pretensora que, como consecuencia de su exposición argumentarial, se colige que el A-quo violento los principios lógicos de Coherencia por inobservancia de la ley de contradicción, y el principio lógico de Derivación, por inobservancia de la ley de razón suficiente, de importancia fundamental en el fallo.
De las Reglas de la Sana Crítica
El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones.
El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes: …3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que:
“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal).
En el apartado de la valoración intelectiva, el Juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es éste último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal.
En el sistema de Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09).
Componen la Sana Crítica:
- Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia
Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por E. el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social.
Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión de hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio.
El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros:
i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho.
ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o
iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria.
Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el porqué lo considera así.
- Las reglas de la Psicología
Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y
- Las Reglas de la Lógica
La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretE.r ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de probL.s) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba.
Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber:
a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprE.n los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido:
i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”.
ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera.
iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible.
b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella.
Existirá omisión, según el principio lógico de derivación:
i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia.
ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio.
iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de prueba inexistentes.
iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado.
De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleve a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado.
De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características:
Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí.
Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella.
No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles.
Inequívoca: a no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y
Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento.
El autor citado (Ob. Cit, pág. 157) explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión.
De los Testigos de Referencia
Los testigos de referencia, conocidos también como “Testigos de Oídas”, son aquellos que informan respecto a lo que escucharon decir a otras personas; es así que el conocimiento que comparten no lo han percibido a través de sus propios sentidos, sino que es aquel del que saben por lo que otros les dijeron, de modo que los testigos de referencia se limitan a repetir lo que escucharon de otro. los testigos de referencia, al ser creíbles, acreditan que una persona dijo algo, más no acreditan que ese “algo” efectivamente haya ocurrido, puesto que no lo han presenciado, por ello los testigos de referencia en el proceso penal son testigos de apoyo, de soporte en relación de los testigos presenciales, respecto a lo que éstos hayan manifestado; sirven para apuntalar la veracidad de los testigos presenciales y nunca para sustituirlos (Art. 199 CPC).
Es de meditar que la declaración de un Testigo Presencial pE. en dos variables: capacidad de los sentidos para recibir la información y capacidad de interpretarla, lo que a su vez depE.rá de circunstancias preexistentes, como ser: vivencias previas, conocimiento sobre aspectos relacionados con los hechos, estado de ánimo del momento y algunas veces capacidad de memoria y capacidad para poder relatar sus ideas; si la declaración del Testigo Presencial depE. de dichas variables, a ellas deben sumarse las del Testigo de Referencia, ya que el relato reproducido por éste no solo pasa por el prisma del Testigo Presencial (origen de la información) sino que además debe pasar por el del Testigo de Referencia (receptor de la información), quien recibe, interpreta y luego la repite. En cuanto a ello, la Sala de lo Penal, en sentencia de 4 de febrero de 2013 del Expediente 105-2010, señaló:
“Es importante apuntar, que los testigos de referencia son aquellos que hacen llegar al Tribunal información que escucharon de otros, ya que relatan hechos que no percibieron por sus propios sentidos sino que reproducen lo que otros les informan; para valorar a estos testigos los Juzgadores deberán tomar en cuenta: 1) El Testigo de referencia aporta información que escuchó de otro; este proceso suma variables que determinan la suerte de la calidad de la información que finalmente llega al Tribunal de Sentencia, primero porque depE.rá de la capacidad de percepción del testigo primario, de su memoria y de la capacidad de relatar la vivencia al testigo de referencia y en S. porque depE.rá de la capacidad de comprensión de lo que escucha el testigo de referencia e igualmente de su memoria y capacidad para reproducir lo escuchado. También el Tribunal de Sentencia, deberá de tener presente que el testigo de referencia, en mayor o menor medida, incluirá en su relato interpretaciones u opiniones propias a lo que escuchó del testigo primario, siendo tarea de los Juzgadores filtrar las mismas del relato original; 2) La correlación entre la demás prueba aportada y el contenido del relato del testigo de referencia. La fuerza del testigo de referencia se verá apuntada en la medida que éste coincida con el resto de la prueba aportada, en especial si dicho relato es coincidentes con testigos presenciales. El Código Procesal Penal señala que existiendo testigos presenciales, y siendo posible su citación a juicio, su testimonio no podrá ser discutido por testigos de referencia (Art. 199 Código Procesal Penal)”.
La legislación hondureña, basada en el Principio de Libertad Probatoria, permite que las partes propongan testigos de referencia, para acreditar los hechos y sus circunstancias, relacionados con el objeto del proceso; Indica el Código de Rito (Art. 330 CPC), que “ ... Los testigos expresarán la razón y origen de sus informaciones y designarán con la mayor precisión posible, a los terceros que se las hayan comunicado”, estableciendo como regla general (Art. 199 CPC), que “Existiendo testigos presénciales, y siendo posible su citación a juicio, su testimonio no podrá ser discutido por testigos de referencia.”. Al respecto Diego Diez (De Diego Diez, L. A., en Los Medios de Prueba, Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, págs. 132-133.), señala que:
“La Jurisprudencia ha marcado como requisito imprescindible la imposibilidad de oír al testigo directo y ha señalado que la declaración del testigo de referencia no es suficiente, por si misma, para desvirtuar la presunción de inocencia, necesitando de la compañía de otras pruebas directas o indiciarias, STS de 15 de abril 1997: pero realmente el probL. que plantean los testigos de referencia, como transmisores de lo que otros ojos y oídos han percibido, no es un probL. de legalidad sino una cuestión de credibilidad. Es esa credibilidad la que ha alertado siempre a los Jueces para estimar válido ese aporte probatorio, siempre que no sea posible la intervención de testigos directos“.
Por otro lado Climent Duran (Climent Duran, Carlos, en La Prueba Penal, Doctrina y Jurisprudencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 164.) expresa que:
“… la esencia de la prueba testifical es que está referida a las declaraciones que hace cualquier persona sobre aquello que ha visto u oído personal y directamente. El testimonio del testigo se caracteriza por su inmediación con el acontecimiento que ha presenciado visual o auditivamente. Pero por razones de justicia material se otorga validez a lo declarado por el testigo de referencia, pese a que éste no ha presenciado personalmente sobre el suceso el que declara. Aunque la admisión de esta prueba se hace con grandes cautelas, siempre que no sea posible oír el testimonio del testigo presencial de tal suceso. Y además se viene exigiendo que, al lado de la declaración del testigo de referencia, concurra alguna otra prueba de cargo, de manera tal que se impide un pronunciamiento condenatorio basado exclusivamente en una prueba testifical de referencia.”
Conforme a los artículos 199 y 330 del Código Procesal Penal, podemos concluir que la presentación de los Testigos de Referencia es permitida en el proceso penal, habida cuenta que se rige por el Principio de Libertad Probatoria; testigos que pueden ser ofertados en cualquier etapa del proceso, si se considera que el artículo 199 se encuentra en el capítulo de las Disposiciones Generales de la Prueba, es decir que gobierna toda actividad probatoria, pero supeditados a las siguientes condiciones legales:
A) Concurso de Testigos Presenciales y Testigos de Referencia en la Audiencia
Las partes podrán ofertar como prueba testigos de referencias y testigos presenciales respecto a un mismo hecho de interés para la causa penal; y
La valoración de los testigos de referencia deberá realizarse de manera conjunta con el resto de la carga probatoria, en especial con los testigos presenciales que refieran a los mismos hechos; también respecto a los testigos que sean fuente de la información que reproduzcan los testigos de referencia. En todos los casos el Órgano Jurisdiccional no podrá sobreponer la declaración del testigo de referencia por sobre la del testigo presencial, cuando unos y otros merezcan para los juzgadores igual crédito.
B) Concurso de solo Testigos de Referencia en la Audiencia
Los Órganos Jurisdiccionales podrán valorar como única fuente de información lo dicho por testigos de referencia cuando no existan (o al menos se hayan identificado) testigos presenciales que puedan declarar sobre un mismo hecho de interés; igualmente ocurrirá cuando sea imposible o extremadamente difícil la comparecencia de los testigos presenciales a la audiencia.
Los Testigos de Referencia deberán dar cuenta de la fuente de la información que reproducen, razón por la cual está en su conocimiento y en especial de la persona de cuyo origen se deriva.
Los testigos de Referencia deberán ser valorados de manera conjunta con el resto de los medios probatorios propuestos, a efecto de verificar su veracidad; y
Los testigos de referencia no podrán en ningún caso ser único sustento probatorio de una resolución judicial que limite o restrinja derechos fundamentales, mucho menos de una resolución judicial en donde se declare la culpabilidad de una persona.
De la Procedencia Recurso
El Recurso no es de Recibo. La Defensa Privada ha presentado un recurso de casación que en su forma cumple con las altas expectativas de la técnica recursiva, pero que en su fondo no puede ser acompañado por falta de razón. La Pretensora ha tomado el análisis individual de los medios de prueba hecho por el Tribunal de Sentencia, reprochando argumentos judiciales, sin consideración a la valoración probatoria conjunta, lo que le ha llevado a descontextualizar la información que los medios de prueba en cuestión aportaron al factum.
Conforme a los hechos declarados probados, que como bien señala la Recurrente, los que resultan ser la conclusión final a la tarea de valoración probatoria hecha por los Juzgadores, el acusado E. A. P. E., quien a la fecha de los hechos se desempeñaba como policía de fronteras asignado al aeropuerto Toncontín, fue coautor con otras personas, nacionales y extranjeras, en procurar el traslado de personas hasta el territorio de Estados Unidos de América, para su ingreso de manera ilegal, recibiendo a cambio, como contraprestación ilícita, depósitos de cantidades de dinero que fueron girados desde el territorio hondureño y desde el extranjero; esta conclusión es una derivación de un conjunto de medios de prueba que por su fuerza acreditativa, indepE.ncia entre sí y por su número, llevaron a los juzgadores a la reconstrucción de la verdad histórica antes descrita y a la inexorable conclusión de que el acusado debe ser sancionado penalmente por dicho actuar tipificado como delito en nuestra legislación, más el reproche adicional de que precisamente el acusado tenía el mandato legal de evitar que ese tipo de conductas la realizaran otros, por ser precisamente Policía de Fronteras.
La sentencia ahora impugnada aborda la prueba y desarrolla su valoración espléndidamente, explicando diáfanamente los elementos de hechos que se extraen de cada una de ellas, correlacionando estos hechos con los aportados por otras pruebas, logrando así reconstruir lo ocurrido; prueba que se relaciona, para dar respuesta a las denuncias hechas por la Pretensora, de la siguiente manera:
Primer Argumento Recursivo:
a. Valoración descriptiva del Medio de Prueba por el Tribunal de Sentencia (f. 809, 809 v. y 812):
Ø Oficio 083-SR-09 emitido por la Dirección de Migración y extranjería, acompañado de 08 impresiones de Movimientos Migratorios de 2008, en los que aparece que el 2 de abril de 2008, ingresaron al territorio nacional ocho personas de nacionalidad ecuatoriana, siendo éstas: S. G. G. C., W. F. L. P., S. A. Y., M. T. A. H., S. G. C. G., L. R. M. Á. y C. E. G. G.
El documento también reporta que el señor S. G. G., había ingresado con anterioridad al país, con otro pasaporte, específicamente el 29 de febrero de 2008.
Ø Testigos W. F. L. P., S. G. G. C. y S. A. Y. L., rindieron declaración testifical, informando todos que salieron de Ecuador, llegando a Panamá, después a Costa Rica y finalmente a Honduras, en donde los estaba esperando un bus que los llevaría a un hotel; el testigo W. L., refirió que identificaron al chofer porque éste les dio la clave convenida (Clave 20) que se les había dado, mientras que S. Y. porque el chofer subió uno a uno, llevados de la mano, a las personas de Ecuador; que en Honduras se dieron cuenta que en total eran 8 personas que venían de Ecuador.
El testigo S. G., puntualizó que traía como equipaje tres pantalones, tres camisas y tres chumpas, entretanto el testigo W. L., solo un pantalón y una chumpa.
Señalaron los testigos que posteriormente se trasladarían a Guatemala, siendo su destino final la ciudad de New York, en Estados Unidos de América y que se le había pagado a una persona en Ecuador para que les llevase hasta ese lugar, señalando el testigo S. Y. que las instrucciones las recibían solo por teléfono; además el testigo S. G. C. refirió que era la segunda que realizaba el viaje en su intento en llegar a Estados Unidos de América; que la primera vez eran 15 personas y que habían llegado a Honduras, en donde se hospedaron en el mismo hotel, recibiéndolos la misma persona de este S. viaje.
También indicaron los acusados que no sabían quién pago el precio del transporte de aeropuerto al hotel, que tampoco sabían quién había pagado el precio de alquiler por las habitaciones del hotel pues los había recibido una señora que solo les dijo que entraran a las habitaciones, que estarían en territorio hondureño unos días, que saldrían a pasear pero que no tenían dinero, que no sabía dónde saldría, que no sabía quién los llevaría a Guatemala y que no sabían dónde se hospedarían en Guatemala.
b. Valoración Intelectiva del Medio de Prueba por el Tribunal de Sentencia (f. 810 y 813 v):
Ø El oficio 083-SR-09, fue emitido por autoridad migratoria, en donde se aprecian los movimientos migratorios de ocho personas ecuatorianas en el territorio nacional, constando los datos personales de éstos que se tomaron de sus respectivos pasaportes.
Ø El testigo S. G. G. C. había ingresado anteriormente al país, en situaciones idénticas a las que ocurrieron el 2 de abril de 2008; en aquella ocasión, al igual que ahora, lo estaban esperando en el Aeropuerto Toncontin, una persona que se identificó con él mediante una clave, para conducirlo en un bus hacía el hotel Brisas de Santa Lucia.
Ø Señala los juzgadores que los testigos y demás personas no traían consigo dinero y además llevaban escasos enseres, como para ser turistas; por otra parte relacionaron los juzgadores que los testigos desconocían las circunstancias de su viaje, como los nombres de las personas que los iban a contactar, los lugares donde iban a permanecer, infiriendo el A-quo que la planificación del mismo no fue hecha por los propios testigos, sino por terceros.
c. Conclusión arribada por el Tribunal de Sentencia derivada del medio de prueba (f. 810, 810 v y 813 v)
Ø Ocho personas ingresaron al Aeropuerto Toncontin en fecha 2 de abril de 2008, siendo oriundas y con residencia en la República de Ecuador.
Ø Las 8 personas no eran turistas dado el escaso dinero que traían consigo; en realidad estas personas ingresaron al territorio hondureño el 2 de abril de 2008, con la intención de trasladarse hasta los Estados Unidos de América, ingresando a este territorio de manera ilegal.
Ø Las 8 personas ecuatorianas pagaron cantidades de dinero en Ecuador, para ser llevados hasta los Estados Unidos de América e ingresar de manera ilegal.
Ø Las personas que se encontraban en Honduras, que llevaron a los 8 ecuatorianos en bus hasta el hotel y la persona que los recibió en el hotel son integrantes de la organización delictiva que tenía como fin llevar a aquellos hasta los Estados Unidos de América.
d. Cuestionamiento de la Recurrente en Casación
Increpa la Pretensora que el Tribunal de Sentencia haya concluido que sea una organización delictiva internacional la que haya intervenido en el traslado de las 8 personas ecuatorianas desde Ecuador hasta Honduras, con miras de llevarlas hasta los Estados Unidos de América. Como respuesta, esta Sala de lo Penal hace eco de lo relacionado por el Tribunal de Sentencia, el que cita como fundamento el artículo 2.a y 3.2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional, que establecen que debe entE.rse por “grupo delictivo organizado” un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados en la Convención in comento, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material y que además el delito cometido por tal grupo delictivo tendrá el carácter de transnacional cuando se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; estando el delito de “Tráfico Ilícito de Migrantes”, definido en la misma convención en el artículo 3.1 como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material, y tipificado en el artículo 6.1.c de la misma Convención.
En el presente caso, el Tribunal de Sentencia calificó como creíbles las declaraciones testificales de los Señores W. F. L. P., S. G. G. C. y S. A. Y. L., quienes son ciudadanos de la República de Ecuador, explicando que salieron de su país natal con el fin de llegar hasta los Estados Unidos de América, habiendo pagado a una persona que desconocen su identidad, una cantidad de dinero para que los llevase hasta dicho lugar, desconociendo la ruta y la forma, contactándose en Honduras con personas cuya identidad les son desconocidas, para que los trasladasen a un hotel y después a Guatemala, en donde no saben quién los recibiría ni adonde se hospedarían. Es por tanto correcto que el A-Quo haya concluido que se trata de una organización delictiva transnacional que se dedica al tráfico ilícito de migrantes, pues: i) El viaje emprendido por los testigos no es por su propia cuenta, sino que fue con la asistencia de terceros quienes se encargaron de darles las instrucciones, con información bastante limitada, de con quien tenían que contactarse (en Honduras con Clave 20), para continuar su viaje; ii) El viaje hecho por los ecuatorianos fue gracias a que se pagó por éstos o por terceros a su nombre una cantidad de dinero a una persona en Ecuador; iii) La participación de personas en Ecuador y además en Honduras y después en Guatemala, encargadas de trasladar a los migrantes ecuatorianos hasta los Estados Unidos de América hacen calificar el delito en transnacional y a los intervinientes como parte de esa red delictiva, y por E. coautores del delito; iv) Los integrantes del grupo organizado transnacional operaban siguiendo un patrón, al reportar el testigo S. G. G., que en su viaje anterior se había procedido de la misma manera que como ocurrió en su S. viaje.
También cuestionó la Pretensora que el Tribunal de Sentencia estableciera como hecho probado que cada uno de los testigos de origen ecuatoriano pagaron entre $3,000.00 a $4,000.00 dólares norteamericanos, porque a su entE.r esas son cantidades distintas a las que afirmaron los testigos en sus respectivas deposiciones y que en suma ninguna de ellas fue confirmada en forma, fecha y contenido. Al respecto es importante tener en consideración que el testigo W. F. L., indico que su tío pagó $3,000.00 dólares por su traslado a Estados Unidos de América; entretanto el testigo S. G. G., señalo que era su S. viaje y que con su cuñado habían pagado $14,000.00, sin que el acta contenga transcripción fiel de lo dicho y que pueda permitir si se refería a que el pago era por el precio del traslado de una persona, de dos personas y si el precio fue por un solo viaje o por los dos viajes que había realizado, ello porque las preguntas fueron formuladas en plural (f. 190 v.); de igual modo en el caso del testigo S. Y., al que el Ministerio Público inicia preguntando con cuantas personas estaba viajando, como se trasladaron, donde se hospedaron y finalmente cuanto les estaban cobrando por el viaje, respondiendo que $13,000.00, todas preguntas en plural que dan a que la respuesta podría tratarse de la suma de las cantidades cobradas a cada una de las tres personas con las que viajaba. En todo caso, lo relevante para la tipificación delictiva es que exista un pago como contraprestación para que el autor del delito procure que la persona ingrese ilegalmente al territorio de un país en donde éste no tiene su residencia, ni tampoco es nacional, sin importar el monto del pago, la forma de pago, o lo que se dé o se haga en concepto de pago siempre que reporte un beneficio de índole material; también es indiferente si dicho pago se ha realizado o haya consistido en una mera promesa.
S. Argumento Recursivo:
a. Valoración descriptiva del Medio de Prueba por el Tribunal de Sentencia:
Ø Declaración del agente L. E. M. R., quien refirió que después de ser alertado del arribo de personas ecuatorianas, se personó al aeropuerto, encontrando a un grupo de ocho ecuatorianos a bordo de un bus, mas el chofer, quien le indicó que había sido contratado por una persona de nombre Hugo, el que a su vez lo contactó con el acusado E. P., para trasladar a estas personas desde el aeropuerto hasta el Hotel Las Brisas de Santa Lucia; el testigo ante la información decidió acompañar a las personas extranjeras en el vehículo, sentándose al lado del conductor, percatándose que éste recibió una llamada en su teléfono celular, el cual en la pantalla aparecía como identificar de la persona “El Compita”, y escuchando que el conductor respondía que se habían atrasado porque se habían “punchado” (se había pinchado un neumático del vehículo), y después de colgar el conductor informó al policía que el número que decía “El Compita” y “El Compita 2”, pertenecían al acusado E. P.; agregó el testigo que el conductor en el trayecto recibió dos llamadas de la señora M. y otra llamada del acusado P., la cual no contestó y que posteriormente el testigo incautó al conductor dos teléfonos celulares.
Ø Acta de inspección realizada al vehículo marca Toyota Corola tipo turismo, año 2002, sin placas, encontrando en el interior, entre otras cosas, una licencia de conducir a nombre del acusado E. A. P., un acta de notificación de medidas sustitutivas emitido por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, a favor del acusado y una caja de cartón para equipo celular W580i con los números XXXXXX y recibo de compra de celular Sony Ericsson W580i a nombre del acusado.
Ø Acta de Registro personal, realizada al acusado, encontrándosele en su posesión un teléfono celular marca Sony Ericsson color gris.
Ø Acta de Decomiso (Incautación) de un teléfono celular marca Sony Ericsson W50i, color gris, con chip de la empresa Tigo.
Ø Fue presentado el Medio de Prueba Pericial rendido por el señor A. T. Z., consistente en vaciado de información contenida en teléfonos celulares y en relación con llamadas telefónicas entre números de teléfono celulares, dando como resultado:
Página 57 de 57
Número Teléfono Analizado
Propietario
No. de Celular con los que se vincula
(E. P.)
(“Compita”)
(“Compita 2”)
(J. S.)
(M. B.)
(“Hugo”)
Realizadas
Recibidas
Realizadas
Recibidas
Realizadas
Recibidas
Realizadas
Recibidas
Realizadas
Recibidas
Realizadas
Recibidas
El perito señala en particular que el testigo J. S. recibió una llamada del teléfono de la señora M. B. el día 2 de abril de 2008, a las 03:08 PM (F. 149); en la agenda telefónica del teléfono incautado a la señora M. B. aparece registrado el número, bajo el nombre “Compita”, el cual es el mismo registro que fue encontrado en la agenda del teléfono del señor J. S..
Ø Testigo J. S. R., el que señaló que estaba transportando a 8 personas que solamente traían maleta de mano a un hotel en Santa Lucia, en donde le daban $ 05.00 en comisión por cada huésped que llevase; que olvidó cobrarles a los pasajeros cuando fue abordado por el policía R., quien se sentó en la parte delantera; señaló que no sabía sobre los ecuatorianos; que ese día no tuvo ninguna comunicación con E. P.; que no sabe si habló en ese momento con doña M., quien un tiempo atrás había llegado a la Cooperativa de Taxi a ofrecer comisión por llevarle clientes; que lo llevaron al Juzgado a declarar en donde le dijeron que debía decir que P. le había enviado a esa gente (los ciudadanos ecuatorianos).
b. Valoración Intelectiva del Medio de Prueba por el Tribunal de Sentencia (f. 812, 812v, 814 y 815)
Ø El testigo L. E. M. R., fue testigo de las llamadas recibidas por el señor J. S. R., al momento en que éste conducía el bus, transportando a 8 personas ecuatorianas a un hotel en Santa Lucia, siendo una de estas comunicaciones hechas por el acusado E. P..
Ø En el vehículo inspeccionado se fijaron numerosos indicios, como ser documentos personales del acusado, tarjetas de ahorro, acta de imposición de medidas cautelares, en particular un recibo de compra de un teléfono Sony Ericsson W50i a nombre del acusado y una caja para dicho teléfono con la anotación del número 9647-3068.
Ø El acta de decomiso acredita que el teléfono Sony Ericsson W50i fue incautado al acusado E. P. E., lo que es congruente con el contenido del acta de registro personal que determina que el acusado lo portaba y que es compatible con la caja de cartón encontrada con equipo para celular W5oi dentro del vehículo inspeccionado y que tiene impreso los números 9647-3068.
Ø El Señor J. S. R., se mostró nervioso al momento de rendir su declaración testifical, señalando que fue él quien ofreció el transporte a las personas ecuatorianas cuando salían del área de Migración del Aeropuerto, que es algo contrario a lo señalado por el testigo W. L., que afirmó la existencia de una clave (Clave 20) para identificar a la persona que les estaría esperando en el aeropuerto para llevarlos a él y sus acompañantes a un hotel, con el testigo S. G. G., el que afirmó que en el aeropuerto ya los estaba esperando un bus, cuyo conductor “solo los escogía” y con el testigo S. Y., el que señaló que el conductor los tomó del brazo uno a uno para llevarlos al bus.
Ø El testigo J. S. R., se contradice con sí mismo, al señalar que no conocía al señor E. P. y luego señalar que el día en cuestión no se comunicó con él, pero que no recordaba que día habían ocurrido los hechos.
c. Conclusión arribada por el Tribunal de Sentencia derivada del medio de prueba (f. 812 v. 814 y 815)
Ø La declaración del testigo L. E. M. R., es creíble. Las llamadas sostenidas entre el señor J. S. R. y el acusado demuestran la relación directa que existía entre ambos, que tenía como propósito que éste último organizara el traslado de las 8 personas ecuatorianas desde el aeropuerto hasta el hotel.
Ø El acusado usaba y estaba en posesión del vehículo que fue objeto de inspección, siendo propios los documentos y demás indicios que fueron encontrados en su interior.
Ø El teléfono Sony Ericsson W50i, con el número de celular 9647-3068, le pertenecía al acusado, quien además lo tenía en su poder al momento de ser incautado.
Ø El testigo J. S. R., de forma adrede mintió para favorecer al acusado, siendo lo único verdadero de su declaración que ese día transportó a 8 personas de nacionalidad ecuatoriana a un hotel en Santa Lucia, quienes llevaban equipaje de mano, siendo escoltado por el agente de la policía L. E. M. R..
d. Cuestionamiento de la Recurrente en Casación A criterio de la Pretensora, la declaración del señor L. E. M. R., no es válida, pues éste es un testigo de referencia haciendo eco de información que debió haber sido proporcionada por el testigo presencial J. S. R.; por tanto no es creíble que el nombre de “Compita”, que aparecía en su teléfono, pertenecía al acusado. Para la Sala de lo Penal el reclamo de la Pretensora es infundado; líneas atrás se ha explicado lo que se debe entE.r por “Testigo de Referencia” y como debe ser su valoración, siendo entre lo anotado, la afirmación de que la valoración de los testigos de referencia deberá realizarse de manera conjunta con el resto de la carga probatoria, en especial con los testigos presenciales que refieran a los mismos hechos y que en todos los casos el órgano jurisdiccional no podrá sobreponer la declaración del testigo de referencia por sobre la del testigo presencial, cuando unos y otros merezcan para los juzgadores igual crédito, tal como lo señala el último párrafo del artículo 199 del Código Procesal Penal, pero que en el presente caso no es aplicable, pues el testigo presencial al que se refiere la Pretensora es el señor J. S. R., al que el A-Quo valoró de manera negativa, negándole todo crédito, por lo que procedió a dar crédito al testigo de referencia como consecuencia de que lo informado es concordante con mucha de la prueba evacuada:
Declarado por el L. E. M. R., como algo señalado por el señor J. S. R.
Información De Corroboración Brindada Por Otros Medios De Prueba
Que lo había contactado una persona de nombre Hugo
En los teléfonos incautados al testigo J. S. y M.e B. aparece registrado en la agenda telefónica un mismo número (9671-0818), bajo la denominación Hugo, el cual tiene una relación de llamadas con el número 9714-1066 (J. S.), según el medio de prueba pericial
Que la persona de nombre Hugo, lo contactó a su vez con el acusado E. P.
El Medio de prueba pericial determina que los números de teléfono 9714-1066 (J. S.) y 9647-3068 (E. P.) se encuentran relacionados con llamadas telefónicas
Que el señor E. P. trabaja en el aeropuerto
La Constancia del Sub Director de Recursos Humanos de la Dirección de Servicios Especiales de Investigación, hace constar que el acusado se desempeñaba como Policía de Frontera, probándose además que para el tiempo de los hechos se encontraba asignado al Aeropuerto Toncontin
Que le dijeron que en el Aeropuerto debía identificarse como Clave 20
El testigo W. F. L. P., indicó que al llegar al aeropuerto Toncontin lo estaba esperando una persona que se identificó con la Clave 20; entretanto el testigo S. Y., explicó que el chofer del bus los tomó uno a uno del brazo para subirlos al bus
Señaló el testigo L. M. que J. S. recibió una llamada de la señora M. B. consultando qué le había pasado; esto fue el 02 de abril de 2008 en horas de la tarde
El Medio de prueba pericial registra que el teléfono 9714-1066 (J. S.) recibió una llamada el 02 de abril de 2008, a las 03:08p.m., del número 9841-9209 (M. B.)
Que el Señor J. M. recibió otra llamada a su teléfono de un número identificado como “Compita”, señalando que se trataba del acusado E. P.
El número 9714-1066 (J. S.), tiene relación de llamadas telefónicas con el número 9647-3068 (E. P.), 9709-5767 (“Compita”), 9644-2285 (“Compita 2”) y 9714-1066 (J. S.), según el Medio de Prueba Pericial.
En la agenda de la señora M. B. aparece registrado el número 9709-5767 (“Compita”)
La relación anterior, dio paso para que el Tribunal de Sentencia afincara que los números de celular 9709-5767 (“Compita”) y 9644-2285 (“Compita 2”) estaban siendo usados por el acusado E. P., usados para verificar el traslado de personas dentro del territorio nacional que posteriormente ingresarían de manera ilegal al territorio de otro Estado soberano.
Tercero Argumento Recursivo:
a. Valoración descriptiva del Medio de Prueba por el Tribunal de Sentencia (f. 813)
Ø En fecha 11 de abril de 2008 se realizó la inspección al vehículo marca Toyota Corolla, tipo turismo, año 2002, sin placas, en el cual se encontró en su interior, entre otras cosas: licencia de conducir del acusado, un acuerdo interino DSGEI No. 201-2008, a nombre del acusado, un acta de notificación de medidas cautelares a nombre del acusado y una hoja de papel en blanco donde se aprecia anotado a mano los nombres de 19 personas de distintos sexos.
Ø Oficio No. 334-SR-08, de 16 de abril de 2008, emitido por el Oficial Jurídico de la Dirección de Migración y Extranjería, notificando el movimiento migratorio de 10 personas de nacionalidad ecuatoriana que ingresaron al país el 11 de diciembre de 2007, las cuales aparecen en la lista de personas que fueron encontradas en el vehículo del acusado
Ø El testigo S. G. G. C., señaló que era la segunda vez que ingresaba al país en su intento por llegar hasta los Estados Unidos de América
b. Valoración Intelectiva del Medio de Prueba por el Tribunal de Sentencia (f. 813 v y 814)
Ø Se aprecia que 19 nombres de personas de ambos sexos, escritos a mano, el cual fue encontrado en el vehículo del acusado, cuyos apellidos no son comunes en Honduras, infiriéndose que se trata de personas no nacionales, lo que se confirmó con el oficio SR-334-2008, que indica que 10 de éstos son de nacionalidad ecuatoriana y que 9 ingresaron a Honduras el 11 de diciembre de 2007
Ø El acusado solo pudo conocer de la existencia de las personas de la lista por tener contacto y relación con la organización que trasladaba a las personas ecuatorianas a Honduras, en su curso para ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos de América
c. Conclusión arribada por el Tribunal de Sentencia derivada del medio de prueba (f. 814)
Ø Los múltiples indicios encontrados en el vehículo del acusado revelan su participación en el delito de tráfico de personas
d. Cuestionamiento de la Recurrente en Casación
Para la Pretensora, la prueba relacionada no acredita que las nueve personas de nacionalidad ecuatoriana que ingresaron al territorio nacional y cuyos nombres se encontraron anotados en una hoja de papel en el interior del vehículo del acusado no acreditan que éstas efectivamente se dirigiesen hacia los Estados Unidos de América.
Para esta Sala de lo Penal el argumento recursivo se construye sacando de contexto la prueba relacionada, pues la conclusión a la que arribó el Tribunal de Sentencia toma en consideración la hoja con nombres manuscrita encontrada en el vehículo del acusado, el Oficio 334-2008 de la Dirección de Migración y Extranjería, pero además otros medios de prueba (muchos ya relacionados en este recurso de casación), como ser las declaraciones testificales de los señores W. F. L. P., S. G. C. y S. A. Y., todos ellos de la misma nacionalidad de las personas cuyos nombres estaban anotados en la hoja de papel (ecuatorianos), y que ellos y otras personas que llegaron ese día desde Ecuador arribaron al territorio nacional como punto de tránsito en su viaje para ingresar a los Estados Unidos de América y en el cual el acusado estuvo involucrado, señalando puntualmente el señor S. G., que éste era su S. viaje que realizaba a Honduras con igual propósito, aunado a que el acusado recibió varias transferencias de dinero desde la República de Ecuador días antes del viaje de los testigos.
Cuarto Argumento Recursivo:
a. Valoración descriptiva del Medio de Prueba por el Tribunal de Sentencia (f. 813)
Informe de 3 de julio de 2008, emitido por la otrora Unidad de Información Financiera (Hoy Unidad de Inteligencia Financiera), sobre movimientos financieros hechos por y a favor del acusado E. A. P. E., el cual señala:
Ø Banco Atlántida: Cuenta de ahorro en lempiras No. 12200181977, registrando un retiro de L. 150,000.00 el 31 de enero de 2008 y de L. 300,000 el 28 de marzo de 2008
Ø Ficensa, reporta que entre noviembre de 2007 a marzo de 2008, el acusado fue beneficiario de 8 transferencias internacionales por un monto de $4,800.00, todas ellas teniendo como origen la República de Ecuador y cobrados en Tegucigalpa, siendo remitentes S. C. C. y F. P. J. O.
Ø Corelsa, reporta que entre agosto de 2006 a marzo de 2008, el acusado fue el beneficiario de 20 transferencias internacionales equivalentes a $10,000.00, cuyo origen fue Ecuador, y el estados de Georgia de los Estados Unidos de América, cobrados en Honduras; figuran como remitentes los señores S. C. C., F. E.L., F. T., F. P. J. O. y A. C. C..
Ø Historial de pago de fecha 29 de abril de 2008, que detallan 8 pagos realizados por Ficensa del Metromall al acusado entre el 10 de noviembre de 2007 y 11 de marzo de 2008, por distintas sumas de dinero, remitidos por S. C. desde la República de Ecuador.
b. Valoración Intelectiva del Medio de Prueba por el Tribunal de Sentencia (f. 813 v y 814)
Las transferencias recibidas por el acusado desde la República de Ecuador constituyen indicios graves de participación en el delito, estableciéndose la relación directa de éste con personas en aquel país, las que le transfirieron dólares antes del 2 de abril de 2008, fecha en que ingresaron ocho ecuatorianos al país por el aeropuerto Toncontin.
c. Conclusión arribada por el Tribunal de Sentencia derivada del medio de prueba (f. 814)
El dinero que recibió el acusado, transferido desde el Ecuador, fueron pagos para facilitar el ingreso sin ningún inconveniente y coordinar el traslado de éstos dentro del territorio nacional.
d. Cuestionamiento de la Recurrente en Casación
Finalmente señala la Pretensora que no se acreditó que las personas que transfirieron las cantidades de dinero a favor del acusado desde la República de Ecuador tengan algún vínculo con algunas de las personas que hayan arribado al país desde ese país o en su defecto que sean individuos que se dediquen al tráfico ilícito de personas. Señala la Sala de lo Penal que este argumento de igual modo es improcedente, pues lo argumentado es con base en una visión descontextualizada de la prueba; el Tribunal de Sentencia, tras una visión panóptica de lo aportado en juicio, hace inferencias de múltiples indicios categóricos:
El acusado se desempeñaba como policía de fronteras, asignado al aeropuerto Toncontin, lo que le permitía tener acceso al lugar, estar enterado de las políticas de seguridad migratorias realizadas tanto por las autoridades migratorias como la policía de fronteras.
Al aeropuerto Toncontin arribaron 8 personas de nacionalidad ecuatoriana el 2 de abril de 2008, a las que le habían precedido otras personas de la misma nacionalidad días atrás.
El acusado mantuvo comunicación con el testigo J. S. R., en el proceso de traslado de estas 8 personas hacia un hotel donde se hospedaría.
Las personas con nacionalidad ecuatoriana tenían como propósito trasladarse como migrantes ilegales hacia los Estados Unidos de América, señalando 3 de ellas que habían pagado por ello a personas en Ecuador.
El acusado tenía en su poder un listado de 19 personas en su vehículo, de las cuales 10 de ellas son de nacionalidad Ecuatoriana, cuya existencia solo se explica por el hecho de que aquel fuese un eslabón de la red que llevaba a estas personas desde su país natal hacia otro Estado de manera ilegal; de las 10 personas cuya nacionalidad fue confirmada, nueve de ellas ya habían ingresado al territorio nacional por el aeropuerto Toncontin, lugar en donde laboraba el acusado.
El acusado recibió múltiples transferencias de dinero desde los Estados Unidos de América y desde Ecuador.
Uniendo los puntos, de manera inequívoca el Tribunal de Sentencia llega a la conclusión de que las transferencias recibidas por el acusado desde el Ecuador era el pago por su labor dentro de la organización delictiva de trata de personas.
V. DECISIÓN
No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo.
VI. POR TANTO
La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo S. reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 00000de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362 del Código Procesal Penal.- falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada A.0 J.F. F Z., en su condición de Defensora Privada del acusado E. A. P. E.. S.: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha 24 de diciembre de 2013 (f. 807), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.
Alma Consuelo Guzmán García
Magistrada Coordinadora
José Olivio Rodríguez Vásquez
Magistrado
Rafael Bustillo Romero
Magistrado