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Sentencia CP-272-14 — Registro 8824

Resumen

En primer instancia imputado es condenado por el delito de extorsión

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo Señaló el recurrente la aplicación indebida del artículo 222 del Código Penal, consignando como norma que le permite la presentación del recurso, en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que no se puede aplicar el tipo penal de Extorsión, puesto que el Ministerio Público con los medios de pruebas que aportó se logra establecer que existe duda razonable, ya que la supuesta denuncia por el ofendido en ningún momento fue ratificada y tampoco existe la mínima prueba que vincule al acusado con el menor J. D. S. M., joven a quien el ofendido entregó el paquete de dinero. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma extra penal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando en la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal observa la inadecuada técnica recursiva del censor, puesto que si bien señaló la norma sustantiva que supuestamente aplicó incorrectamente el Juzgador, al momento de desarrollar su recurso, utilizó argumentos como establecer que no se probó la participación del imputado en los hechos o que no existe actividad probatoria que lo vincule con el menor también capturado, estos argumentos no son propios de un recurso de casación donde se denuncia la aplicación o interpretación de normas sustantivas. En este tipo de recursos el impetrante debe centrarse en la fundamentación fáctica (Hechos Probados) de la sentencia, para determinar si en los mismos están conformados los elementos objetivos y subjetivos de todo tipo penal, es decir si existe correspondencia entre lo narrado por el Juzgador y la norma penal utilizada. El delito de extorsión guarda relación con la forma genérica de la coacción (Art. 206 Código Penal), pues en ambas figuras el sujeto activo conmina al sujeto pasivo a realizar una conducta en contra de su voluntad; entretanto tiene en común con el delito de amenazas (Art. 207 CP), que el sujeto activo intimida al sujeto activo con causar un mal grave, real y posible; de igual forma guarda parentesco con la figura del delito de secuestro extorsivo (Art. 192.1 CP), en donde el sujeto activo obliga al sujeto pasivo o a un tercero a realizar una disposición patrimonial como consecuencia de una amenaza en contra de la libertad o incluso de la vida de la persona cautiva; y con el delito de chantaje (Art. 222-A CP) en la amenaza de provocar un mal a no ser de que se provea un beneficio injusto por parte del sujeto pasivo. El legislador señala que el delito de extorsión es un delito en contra de la propiedad, por lo que comparte tal elemento común con el delito de hurto (Art. 223 CP) robo (Art. 217 CP) y estafa (Art. 240 CP), de hecho su ubicación dentro del Código Penal la encontramos en un capítulo dispuesto en medio de aquellos que contienen las figuras delictivas de Robo y Hurto, pero además en el delito de extorsión el sujeto activo se vale de la intimidación para conseguir el beneficio patrimonial injusto y violencia, al igual que con el delito de robo; en la estafa la disposición patrimonial la realiza el sujeto pasivo en su propio perjuicio lo que igual ocurre en la extorsión. Corresponde estudiar los elementos del delito de extorsión, contenido en el artículo 222 del Código Penal, reformado en el año 2017, siendo éstos: a) Sujeto Activo: El artículo 222 del Código Penal, al identificar al sujeto activo se refiere a “quien”, determinando así que puede cometer este delito cualquier persona, sin necesidad de poseer cualidades particulares, siempre que realice el acto de violencia o intimidación. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo hace disposiciones particulares en cuanto a la participación en el delito, estableciendo que tendrán la calidad de autores las personas que en el acto de intimidación, como ser haciendo la llamada amenazante o exigente, entregando la carta, librando el mensaje de texto o haciendo la comunicación electrónica amenazante o exigente; quienes participen en la recolección del dinero (recogiéndolo de manos del ofendido, o cobrándolo en una institución del sistema financiero o institución remesadora de valores). b) Sujeto Pasivo es designado por el legislador como “a otro”, lo que implica que puede ser sujeto pasivo del delito cualquier persona, ya sea ésta natural, jurídica o asociaciones sin personalidad. c) Objeto material del delito es el patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero, del cual el sujeto activo quiere apropiarse o conseguir un provecho económicamente apreciable y de carácter injusto. d) Conducta criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso es “obligar” o “tratar de obligar”. El legislador prevé que se considera consumado el delito desde que el sujeto activo trata de obligar que el sujeto pasivo realice o a que omita un acto o negocio jurídico con vacío de consentimiento y con independencia de si éste materializa tal acción u omisión. Ahora bien, la conducta que pretenda conseguir el sujeto activo que realice el sujeto pasivo deberá ser siempre encaminada a producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo o a terceros, pues ello es lo que precisamente distingue el delito de extorsión del delito de coacciones, identificándolo el tipo penal como acto o negocio jurídico. e) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso es mediante la violencia o la intimidación, La violencia es la ejercida en contra de las personas, a quienes se les obliga a observar un acto o suscribir un negocio jurídico o a omitir un acto o negocio jurídico. Es importante señalar que no necesariamente deberá darse la violencia y la conducta exigida en un solo momento, pues una y otra podrán darse en distintos momentos y lugares, siendo ello la diferencia de esta clase de delito con el de robo, en donde la violencia es ejercida para conseguir el beneficio patrimonial en el mismo momento. Tal como lo ha explicado esta Sala y conforme están redactados los hechos declarados probados, podemos ver en ellos todos los elementos objetivos y subjetivos para la tipificación del delito de extorsión, pues refiere el cuadro fáctico que agentes antiextorsión realizaron una vigilancia a raíz de un denuncia interpuesta por el testigo protegido A, quien estaba recibiendo llamadas amenazantes en las que le solicitaban dinero; por lo que, cuando el testigo protegido caminaba por el metromall, fue tocado en la espalda por un menor de edad, siendo esa la señal para que el ofendido entregara el dinero, por lo que fue perseguido el menor por los agentes de investigación y en el estacionamiento fue capturado él, junto con el acusado W. A. H. quien portaba el paquete de dinero. Estos hechos sin lugar a dudas conforman el delito de extorsión, delito que fue utilizado correctamente por el Juzgador al momento de señalar la norma penal por la que se condenó al imputado, existiendo total correspondencia entre ellos, se declara no ha lugar el presente motivo de casación"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días de marzo de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán G. en su condición de Coordinadora, J. Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 272-2014 por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de abril del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de F. Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor W. A. H. D., como autor responsable del delito de Extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido “A”, a la pena de 15 años de reclusión más la pena de multa de 50 salarios mínimos. Segundo: Condenó al señor W. A. H. D., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito cometido por el condenado W. A. H. D.. Cuarto: No procedió la condena en costas personales, procesales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado R. A. E. B., actuando en su condición de Defensor Privado del imputado. Son Partes: El Abogado R. A. E. B. en su condición antes indicada como parte recurrente y la Abogada K. L. M. P. en su calidad de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El día dos de noviembre del año dos mil doce, agentes de investigación asignados a la Unidad de Antiextorsión, realizaron una vigilancia en las inmediaciones del Metro Mall de esta ciudad de Tegucigalpa, como consecuencia de haber recibido la denuncia por parte del testigo protegido A, quien estaba recibiendo llamadas amenazantes mediante las cuales le solicitaban la entrega de la cantidad de treinta mil Lempiras, por lo que se procedió a elaborar un paquete que contenía dos billetes de quinientos lempiras y el resto otro tipo de papel simulando ser la totalidad del dinero exigido, los cuales estaban seriados, concertándose el día y hora de la entrega de la referida cantidad de dinero. SEGUNDO: A eso de las doce horas del mismo día, mientras el testigo protegido caminaba por el interior del Metro Mall, fue tocado en su espalda por una persona menor de edad que acompañaba al señor W. A. H. D., siendo esta la indicación que se le había dado al testigo protegido A para que entregara el paquete de dinero, por lo que de inmediato el testigo protegido A entregó el paquete previamente seriado por los agentes de policía, siendo detenido minutos más tarde en el estacionamiento de dicho mall el señor W. A. H. junto al menor de edad, quien portaba el paquete de dinero entregado por el testigo protegido.” III. RECURSO DE CASACIÓN El recurrente Abogado R. A. E. B., en su condición indicada, formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY: I.- MOTIVO UNICO: POR APLICACION INDEBIDA DE NORMA SUSTANTIVA (PRECEPTO DEL CODIGO PENAL) II.- PRECEPTO DEL CODIGO PENAL INFRINGIDO: ARTICULO 222, del código penal, reformado por decreto no. 16-2012, vigente a partir del 18 de abril del 2012. III.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal, que literalmente establece: Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la Ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. RECLAMACION HECHA PARA OBTENER LA SUBSANACION DE LA FALTA: Es de hacer la observación que la infracción de Ley de que se acusa a la Sentencia definitiva impugnada en este acto, que fue dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, el motivo de casación se consumó en el mismo pronunciamiento de la resolución recurrida y por lo tanto contra la misma por su propia naturaleza resulta imposible su subsanación a través de otro recurso más que el Recurso de casación planteado. EXPOSICION DEL MOTIVO: El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, declaro expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día dos de Noviembre del año dos mil doce, agente de investigación asignados a la Unidad Antiextorsión, realizaron una vigilancia en las inmediaciones del Metro Mali de esta Ciudad de Tegucigalpa, como consecuencia de haber recibido la denuncia por parte del testigo protegido A, quien estaba recibiendo llamadas amenazantes mediante las cuales le solicitaban la entrega de la cantidad de Treinta Mil lempiras, por lo que se- procedió a elaborar un paquete que contenía dos billetes de quinientos lempiras y el resto otro tipo de papel simulando ser la totalidad del dinero existido, los cuales estaban se-re-actos, concertándose el día y hora de la entrega de la referida cantidad de dinero, siendo a eso de las doce horas del mismo día, mientras el testigo protegido caminaba por el interior del Metromall, fue tocado en su espalda por una persona menor de edad que acompañaba al señor W. A. F. D., junto al menor de edad, quien portaba el paquete de dinero entregado por el testigo protegido. INTERPRETACION O APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: La interpretación o aplicación que pretende este Defensor, en el presente caso concreto, es que no se puede aplicar el tipo penal de EXTORSION, establecido en el artículo 222, del código penal, reformado por decreto no 16-2012, vigente a partir del 18 de abril del 2012, al caso concreto, puesto que el Ministerio Publico, con los Medios de Pruebas que aporto y los cuales fueron objeto del principio de Contradicción por este representante- procesal, se ha logrado interpretar que existe duda racional en cuanto a la Existencia de ese Ilícito Penal, ya que la supuesta denuncia interpuesta por el Testigo Protegido A, en ningún momento fue contradecida, así mismo no existe ni la mínima prueba que haya vinculado a mi representado con el menor de edad de nombre J. D. S. M., mediante el cual este recibiera instrucciones a través de sus aparatos celulares para que conjuntamente cometieran el delito penal de extorsión; siendo que no se clan los requisitos para su tipificación legal, al igual que mi representado no ha tenido ninguna participación a Titulo de Autor en la presente causa penal, a contrario sensu lo que ha quedado plenamente probado con la prueba de descargo evacuada fue que su persona o su integridad física fue objeto de francas violaciones por los agentes de la unidad de Anti Extorsión al momento de su detención por haberle propinado un golpe en su frente, hecho que tuvieron pleno conocimiento el honorable tribunal siendo que lo tuvieron a su vista, hecho que se colige con la declaración del testigo de descargo H. A. M. M.. así mismo se logra acreditar con la no aplicación del principio de objetividad que rige al ministerio público, al no haber evacuado sin ninguna justificación los medios de pruebas solicitados por esta defensa en fecha catorce de Marzo del dos mil trece en cede administrativa o sede fiscal; los cuales fueron propuestos corno Medios de Pruebas, durante la Audiencia de Proposición de Pruebas, los cuales fueron declarados inadmisibles, razón por la cual se pretende anule la Sentencia Condenatoria, se case la sentencia recurrida, se emita sentencia que en derecho corresponda, absolviendo al señor W. A. H. D., del delito imputado y ordenando su inmediata libertad, de no ser así se ordene que se repita el juicio Penal por otra sala del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.” El recurrente Abogada R. A. E. B., formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: I.- MOTIVO PRIMERO: Por no haberse observado en la valoración de las pruebas, las reglas de la sana crítica. II.- NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: ARTÍCULO 202 del Código Procesal Vigente. III.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral tercero parte final, y quinto del Código Procesal Penal, que literalmente establece: El recurso de Casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1)…2)… 3)… o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 5) La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público. RECLAMACION HECHA PARA OBTENER LA SUBSANACION DE LA FALTA: Es de hacer la observación que el vicio improcedendo de que se acusa a la sentencia definitiva impugnada en este acto, que fue dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, el vicio se consumó en el mismo pronunciamiento de la resolución recurrida y por lo tanto contra la misma por su propia naturaleza resulta imposible su subsanación a través de otro recurso más que el Recurso de casación planteado. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: Honorables Magistrados, para su sola Ilustración, manifiesto que modestamente os será de utilidad, para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que debe entenderse en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal.- Según el artículo 202 del Código Procesal Penal, el Sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica tecla la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 del mismo cuerpo legal.- Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al Juzgador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio o error grave, que atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los artículos mencionados.- En el presente proceso penal, hay ausencia de evidencia física, y científica que incrimine directamente y plenamente a Mi defendido W. A. H. D., como el Co- autor, de haber Extorsionado al Testigo Protegido A; en compañía del Menor de edad, J. D. S. M. ya que con la Prueba de cargo presentada por la Fiscalía y una vez evacuada ha quedado plenamente probado que Mi representado en ningún momento le dio instrucciones al menor de edad, para que este fuese a tocarle la espalda al testigo Protegido A, y que este le haya entregada el paquete (objeto del delito) siendo esa la imaginaria narración plasmada en el Requerimiento fiscal y que ha sido objeto de la celebración de un Juicio Oral y Público, existiendo gran contradicción con los hechos probados y la valoración de la Prueba, en cuanto a la condena de Mi representado, siendo que no se le pudo haber dado valor probatorio a la prueba testifical de Cargo ya que el mismo testigo M. R. M. H., declaró que una vez que vieron los dos sospechosos y que fue un compañero que se acerco a ellos escuchando que Mi representado por medio de su teléfono celular le daba instrucciones al menor de edad, para que este fuera hasta donde estaba la víctima, y que este le entregara el paquete, lo cual no cabe duda que el compañero a que se está refiriendo el testigo es a quien se conoció en el proceso penal durante la celebración de la Audiencia Inicial, fue e-! agente E. N. P., tal como se logra probar con el Acta de Vigilancia de fecha dos de Noviembre del año dos mil doce, la cual obra a folio No. 22, pero este en ningún momento el ente fiscal lo propuso como medio de prueba, en cuanto a la declaración del testigo (Agente) A. F. M. S., no merece ninguna credibilidad jurídica o probatoria ya que existe gran contradicción entre su declaración y la del testigo M. R. M. H., y los demás medios de pruebas que fueron evacuados en este proceso penal, y a los cuales se le dio una valoración probatoria contrario a nuestro ordenamiento jurídico, ya que en estos se prueba que a Mi representado quien le realiza la Detención. Registro Personal y Decomiso, fue el agente M. R. M. H., quien fue conteste que lo único que le decomiso fue un teléfono celular marca ANGOO, color negro y aún más lo portaba en su mano derecha, declarando todo lo contrario el testigo A. F. M. S., ya que ésta asegura que fue él quien detiene a mi representado, haciéndole el respectivo acta de registro personal y acta de decomiso, atreviéndose sarcásticamente a declarar que este portaba un teléfono celular y que lo andaba en la bolsa del buzo el cual era utilizado para comunicarse con la víctima.- Con la Prueba Pericial propuesta y evacuada, a todas las partes intervinientes en el proceso, no queda duda racional alguna de la total inocencia de Mi representado, ya que el Perito E. A.A. M. M., al hacer el vaciado físico de los teléfonos celulares con números XXXXXXXXXXXXX, de los cuales supuestamente el testigo protegido A. recibía llamadas y mensajes de textos al número XXXXXXX. Lo cual estos números telefónicos no tienen ninguna vinculación directa con el número el imei del aparato celular decomisado a Mi representado a sí mismo al menor de edad, según Acta de Registro Personal y Acta de Decomiso, que obran a folios 16 y 17, 20 y 21. Con la evacuación de este medio de prueba el propio tribunal acepta Plenamente que estos números de teléfonos celulares No encuentra ninguna vinculación de los números telefónicos con los del testigo protegido, ya que no dejo ninguna información a que número telefónico estaba recibiendo las llamadas y mensajes producto de la Extorsión, ya que en la denuncia No 843-2012, supuestamente interpuesta no fue consignado ningún número telefónico; siendo este un requisito sine-quanon. Esta defensa considera que la Sentencia Recurrida ante vos Honorable Tribunal de Alzada vulnera las Garantías del debido Proceso consignado en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Constitución que dice “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Por lo anterior se hace necesario hablar sobre el indicio, la presunción y la sospecha, es por ello que hacemos uso de la siguiente bibliografía Jurídica:.- SANTIAGO SENTÍS MELENDO, en su obra la prueba, buenos Aires, 1978, Pág. 346, dice: El indicio no es una cantidad de prueba; tampoco es un medio de prueba en especial, ya que puede estar constituido por cualquier elemento probatorio. Contemplarlo cuantitativamente constituye un error, una visión equivocada; pero es mayor el que significa ver en el indicio un medio de prueba especial.- En este caso no existe ni siquiera la sospecha que Mi representado sea el autor intelectual del delito que se le imputa. J. G. F. en lo que se refiere a la valoración de la prueba dice que “Es una operación intelectual, destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de la prueba recibidos. ...es en este momento en donde el juez, no sólo pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría y experiencia; sino sobre todo su honestidad” La valoración de la prueba determina el resultado que se infiere de la práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo caso se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción judicial), o negativo, al no alcanzarse dicho fin. La defensa es del parecer que con la prueba de cargo, no se logró enervar el estado de inocencia de Mi representado; Esta valoración de la prueba, como dice R. V. A. “tiene por objeto establecer la utilidad y legalidad de las diversas pruebas que se han incorporado al proceso penal”. En nuestra ley procesal, se produce en momentos precisos, como en la etapa intermedia antes de que se dicte el auto; o después de la audiencia de juzgamiento.” Para esta defensa existe error del Sentenciador al valorar prueba que no merece credibilidad para el Tribunal, y que esa prueba de cargo violenta preceptos Constitucionales y procesales que perjudican a Mi representado.- Para GUILLERMO CABANELLAS. Diccionario Jurídico Elemental Edición 1997, página 202 y 327. dice: “La Plena Prueba es aquella llamada también completa, perfecta y concluyente, es la que demuestra sin género alguno de duda la verdad del hecho litigioso, controvertido, instruyendo suficientemente al Juez para que pueda fallar, ya sea condenado o absolviendo”. Como podemos analizar su señoría en este juicio no hay una verdad objetiva y mucho menos una prueba concluyente que le permita al Juzgador actuar con certeza objetiva.- Mientras que El INDICIO para el mismo autor es: “La acción o señal que da a conocer lo oculto. Conjetura derivada de las circunstancias de un hecho o sospecha que un hecho conocido permite sobra otro desconocido, Rastro, Vestigio o Huella. Como hemos analizado su señoría en este caso de existir indicio, el mismo es contradictorio y excluyente por el mismo testimonio de los testigos de cargo, pues la prueba documental no resulta suficiente para emitir un fallo condenatorio.” IV. FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo Señaló el recurrente la aplicación indebida del artículo 222 del Código Penal, consignando como norma que le permite la presentación del recurso, en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que no se puede aplicar el tipo penal de Extorsión, puesto que el Ministerio Público con los medios de pruebas que aportó se logra establecer que existe duda razonable, ya que la supuesta denuncia por el ofendido en ningún momento fue ratificada y tampoco existe la mínima prueba que vincule al acusado con el menor J. D. S. M., joven a quien el ofendido entregó el paquete de dinero. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma extra penal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando en la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal observa la inadecuada técnica recursiva del censor, puesto que si bien señaló la norma sustantiva que supuestamente aplicó incorrectamente el Juzgador, al momento de desarrollar su recurso, utilizó argumentos como establecer que no se probó la participación del imputado en los hechos o que no existe actividad probatoria que lo vincule con el menor también capturado, estos argumentos no son propios de un recurso de casación donde se denuncia la aplicación o interpretación de normas sustantivas. En este tipo de recursos el impetrante debe centrarse en la fundamentación fáctica (Hechos Probados) de la sentencia, para determinar si en los mismos están conformados los elementos objetivos y subjetivos de todo tipo penal, es decir si existe correspondencia entre lo narrado por el Juzgador y la norma penal utilizada. El delito de extorsión guarda relación con la forma genérica de la coacción (Art. 206 Código Penal), pues en ambas figuras el sujeto activo conmina al sujeto pasivo a realizar una conducta en contra de su voluntad; entretanto tiene en común con el delito de amenazas (Art. 207 CP), que el sujeto activo intimida al sujeto activo con causar un mal grave, real y posible; de igual forma guarda parentesco con la figura del delito de secuestro extorsivo (Art. 192.1 CP), en donde el sujeto activo obliga al sujeto pasivo o a un tercero a realizar una disposición patrimonial como consecuencia de una amenaza en contra de la libertad o incluso de la vida de la persona cautiva; y con el delito de chantaje (Art. 222-A CP) en la amenaza de provocar un mal a no ser de que se provea un beneficio injusto por parte del sujeto pasivo. El legislador señala que el delito de extorsión es un delito en contra de la propiedad, por lo que comparte tal elemento común con el delito de hurto (Art. 223 CP) robo (Art. 217 CP) y estafa (Art. 240 CP), de hecho su ubicación dentro del Código Penal la encontramos en un capítulo dispuesto en medio de aquellos que contienen las figuras delictivas de Robo y Hurto, pero además en el delito de extorsión el sujeto activo se vale de la intimidación para conseguir el beneficio patrimonial injusto y violencia, al igual que con el delito de robo; en la estafa la disposición patrimonial la realiza el sujeto pasivo en su propio perjuicio lo que igual ocurre en la extorsión. Corresponde estudiar los elementos del delito de extorsión, contenido en el artículo 222 del Código Penal, reformado en el año 2017, siendo éstos: a) Sujeto Activo: El artículo 222 del Código Penal, al identificar al sujeto activo se refiere a “quien”, determinando así que puede cometer este delito cualquier persona, sin necesidad de poseer cualidades particulares, siempre que realice el acto de violencia o intimidación. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo hace disposiciones particulares en cuanto a la participación en el delito, estableciendo que tendrán la calidad de autores las personas que en el acto de intimidación, como ser haciendo la llamada amenazante o exigente, entregando la carta, librando el mensaje de texto o haciendo la comunicación electrónica amenazante o exigente; quienes participen en la recolección del dinero (recogiéndolo de manos del ofendido, o cobrándolo en una institución del sistema financiero o institución remesadora de valores). b) Sujeto Pasivo es designado por el legislador como “a otro”, lo que implica que puede ser sujeto pasivo del delito cualquier persona, ya sea ésta natural, jurídica o asociaciones sin personalidad. c) Objeto material del delito es el patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero, del cual el sujeto activo quiere apropiarse o conseguir un provecho económicamente apreciable y de carácter injusto. d) Conducta criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso es “obligar” o “tratar de obligar”. El legislador prevé que se considera consumado el delito desde que el sujeto activo trata de obligar que el sujeto pasivo realice o a que omita un acto o negocio jurídico con vacío de consentimiento y con independencia de si éste materializa tal acción u omisión. Ahora bien, la conducta que pretenda conseguir el sujeto activo que realice el sujeto pasivo deberá ser siempre encaminada a producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo o a terceros, pues ello es lo que precisamente distingue el delito de extorsión del delito de coacciones, identificándolo el tipo penal como acto o negocio jurídico. e) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso es mediante la violencia o la intimidación, La violencia es la ejercida en contra de las personas, a quienes se les obliga a observar un acto o suscribir un negocio jurídico o a omitir un acto o negocio jurídico. Es importante señalar que no necesariamente deberá darse la violencia y la conducta exigida en un solo momento, pues una y otra podrán darse en distintos momentos y lugares, siendo ello la diferencia de esta clase de delito con el de robo, en donde la violencia es ejercida para conseguir el beneficio patrimonial en el mismo momento. Tal como lo ha explicado esta Sala y conforme están redactados los hechos declarados probados, podemos ver en ellos todos los elementos objetivos y subjetivos para la tipificación del delito de extorsión, pues refiere el cuadro fáctico que agentes antiextorsión realizaron una vigilancia a raíz de un denuncia interpuesta por el testigo protegido A, quien estaba recibiendo llamadas amenazantes en las que le solicitaban dinero; por lo que, cuando el testigo protegido caminaba por el metromall, fue tocado en la espalda por un menor de edad, siendo esa la señal para que el ofendido entregara el dinero, por lo que fue perseguido el menor por los agentes de investigación y en el estacionamiento fue capturado él, junto con el acusado W. A. H. quien portaba el paquete de dinero. Estos hechos sin lugar a dudas conforman el delito de extorsión, delito que fue utilizado correctamente por el Juzgador al momento de señalar la norma penal por la que se condenó al imputado, existiendo total correspondencia entre ellos, se declara no ha lugar el presente motivo de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo. Denunció el censor que el Juzgador incurrió en quebranto a las Reglas de la Sana Crítica, consignando como norma autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que en el presente proceso hay ausencia de evidencia física y científica que incrimine directamente al imputado como co-autor del delito de extorsión, pues no se acreditó que el acusado le haya dado instrucciones al menor de edad para que fuese a tocar la espalda del testigo protegido A y que éste le entregara el paquete; existiendo contradicción entre los hechos probados y la valoración de la prueba. Consideró además que con la prueba pericial queda probado que el imputado es inocente de los hechos que se le acusan, pues el perito E. A.A.A. M. M. al hacer un vaciado de los teléfonos celulares del acusado y del testigo protegido A, encontró que no existe ninguna vinculación directa entre ellos. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso. Por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aún intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por el recurrente al momento de plantear y desarrollar su recurso de casación, pues denunció que el Sentenciador “No observó las Reglas de la Sana Crítica”, pero nunca estableció de manera puntual cuál norma del recto entendimiento humano consideró violentada (Psicología, Lógica, Experiencia Común), tampoco señaló cuales fueron esos raciocinios equívocos del Sentenciador, pues no solo debe alegarse que se quebrantaron las reglas de la Sana Crítica, sino que se debe señalar la regla violentada y el razonamiento supuestamente erróneo del A-quo; todas estas inconsistencias hacen que el recurso se vuelva confuso y falto de claridad y no permite darle una respuesta a los cuestionamientos presentados. El recurrente al desarrollar su recurso hace referencia a las pruebas evacuadas en el juicio, efectuando una revalorización de los medios probatorios, ejercicio mental que está vedado en esta etapa casacional, puesto que el Sentenciador, al ser el único que tiene contacto directo con la prueba y su desarrollo (Principio de Inmediación), es quien tiene el derecho de razonarla y concederle o no valor probatorio. A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las Garantías Judiciales exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le de. En esa misma línea, los Estados no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinJ. la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). En ese sentido este Tribunal de Casación, en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión de los razonamientos utilizados por el A-quo para valorar la prueba y determinaremos con ello, si las reglas del recto entendimiento humano fueron observadas o no. En relación a los juicios de valor utilizados por el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, es posible deducir que los argumentos del A-quo son racionales, coherentes y se derivan precisamente del legajo probatorio, pues realizó una valoración tanto individual como conjunta de toda la prueba, en cuyos raciocinios se observa la aplicación de las Reglas de la Sana Crítica. Las declaraciones de los agentes M. R. M. H. y A. F. M. S., fueron contundes al establecer la dinámica que utilizaron para dar con los responsables de la extorsión que estaba siendo objeto el testigo protegido A, la forma en que se conformó el paquete simulando mucho dinero, la forma en que capturaron al menor de edad y al ahora acusado, además sus testimonios son convalidados y confirmados con el acta de vigilancia, acta de registro personal y decomiso practicados al acusado, en los juicios de valor esgrimidos por el Sentenciador se observa la aplicación irrestricta de la Reglas de la Sana Crítica, siendo procedente desestimar el presente motivo de casación. V. DECISIÓN Se declara no ha lugar los Recursos de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuestos por la defensa privada del imputado. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 362.1.3, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 222 del Código Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el abogado R. A. E. B., en su condición de Defensor Privado del señor W. A. H. D., a quien se le condenó por el delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido A. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el abogado R. A. E. B., en su condición de Defensor Privado del señor W. A. H. D., a quien se le condenó por el delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido A. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN G.. Magistrada Coordinadora. J. OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. FIRMA Y SELLO. J. RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de abril de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-272-2014.

J. RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012