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Sentencia CP-265-14 — Registro 8822

Resumen

Se condena al imputado por el delito de robo en su grado de ejecución de tentativa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por el recurrente al momento de plantear y desarrollar su recurso de casación, pues denunció dos motivos de casación: Motivaciones contradictorias de la Sentencia y No haber observado el Juzgador las Reglas de la Sana Crítica; tales motivos conforme lo relata el artículo 363 del Código Procesal Penal deben ser presentados de manera separada, para evitar precisamente lo que ocurrió con el presente recurso, que se vuelve falto de claridad y precisión. El recurrente al desarrollar su recurso, hace referencia a las pruebas evacuadas en el juicio, efectuando una revalorización de los medios probatorios, ejercicio mental que está vedado en esta etapa casacional, puesto que el Juez Sentenciador al ser el único que tiene contacto directo con la prueba y su desarrollo, es quien tiene el derecho de razonarla y concederle o no valor probatorio. El recurrente nunca estableció de manera puntual cuál norma del recto entendimiento humano consideró violentada (Psicología, Lógica, Experiencia Común), tampoco señaló cuales fueron esos raciocinios equívocos del sentenciador, pues no solo debe alegarse que se quebrantaron las reglas de la Sana Crítica, sino que se debe señalar la norma y el razonamiento del A-quo; todas estas inconsistencias hacen que el recurso se vuelva confuso y falto de claridad y no permite darle una respuesta a los cuestionamientos del recurrente. A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el M. de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las Garantías Judiciales exigibles en el M. de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el M. del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión general de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal, y si el Juzgador efectuó un adecuado juicio de valor respecto de las pruebas que fueron evacuadas en el debate o juicio oral. Iniciaremos con el cimiento de toda sentencia penal, es decir los Hechos Probados, los cuales al analizarlos observa esta Sala que los mismos fueron conformados con claridad, precisión y coherencia, de tal forma que ubican al lector en tiempo y espacio, siendo claros en las actuaciones que realizaron los diferentes actores, pero específicamente en las acciones ejecutadas por el acusado F. J. S. L., encajando de manera perfecta en la norma penal por el cual fue condenado el imputado, es decir en el artículo 217, 218 en relación al 15 del Código Penal que regula el delito de Robo en grado de ejecución de Tentativa. En relación a los juicios de valor utilizados por el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, es posible deducir que los argumentos del A-quo son racionales, coherentes y se derivan precisamente del legajo probatorio, pues realizó una valoración tanto individual como conjunta de toda la prueba, en cuyos raciocinios se observa la aplicación de las reglas de la sana crítica. Si bien no existe prueba directa en la que se haya observando cuando el acusado violentaba el portón y sacaba los paneles solares, existe suficiente prueba indiciaria que nos lleva a establecer que en efecto el imputado F. J. S. L., es responsable del delito de Robo Tentado, pues fueron a declarar los policías del lugar a quienes les avisaron que la población tenia capturado al ahora acusado; se cuenta además con las actas de decomiso de los paneles solares que confirma el dicho de los agentes. Esta Sala de lo Penal considera que las valoraciones efectuadas por el Juzgador de las pruebas evacuadas fueron correctamente razonadas, teniendo como base las Reglas de la Sana Crítica, siendo procedente desestimar el presente motivo de casación."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días de marzo de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su condición de Coordinadora, J. Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 265-2014 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de abril de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: 1) Absolviendo al imputado F. J. S. L., del delito de Robo, en perjuicio de la Sociedad de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM). 2) Condenando al señor F. J. S. L., a la pena de 3 años 4 meses de reclusión, por el delito de Robo en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de la Sociedad de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM); asimismo se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. 3) Declaró la responsabilidad civil del imputado F. J. S. L.. 4) No Condenó al señor F. J. S. L. en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma el Abogado J. A. L. S., en su condición de Defensor Privado del acusado. Son Partes: El Abogado J. A. L. S. en su condición antes indicada como parte recurrente y la abogada D. E. R. C. en su calidad de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “UNICO: “Que en fecha nueve (9) de julio del año dos mil doce, como a las diez de la noche los pobladores de la aldea La Unión, jurisdicción del municipio de San Luís, departamento de Santa Bárbara, detuvieron al hoy imputado F. J. S. L., cuando se aprestaba a cargar a un vehículo once paneles solares propiedad de la empresa denominada “Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM)” que fueron sustraídos del interior del perímetro donde estaban instalados, y por la oportuna intervención de los pobladores no logró cargar los paneles al vehículo tipo pick-up, doble cabina color negro, marca Volks-Wagen, con placa PBD 2451; Posteriormente llegó la policía al lugar y le decomiso los paneles y el vehículo antes descrito.” III. RECURSO DE CASACIÓN EL Abogado recurrente J. A. L. S., en su condición de Defensor Privado del imputado F. J. S. L., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA”. Por contener la Sentencia motivaciones contradictorias e inobservancia de las reglas de la sana crítica. Precepto Autorizante: Artículo 362 Numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO; De conformidad al análisis y estudio minucioso del caso que nos ocupa y al abocarnos al contexto de la fundamentación Jurídica de la sentencia recurrida encontramos que el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara departamento de Santa Bárbara por unanimidad de votos califica jurídicamente los Hechos Probados y fundamentación jurídica de la siguiente minera: HECHOS PROBADOS; UNICO: Que en fecha nueve (9) de Julio del año Dos Mil Doce, como a las diez de la noche los pobladores de la aldea La Unión, jurisdicción del municipio de San Luís, departamento de Santa Bárbara detuvieron al hoy imputado F. J. S. L. cuando se aprestaba a cargar a un vehículo once paneles solares propiedad de la Empresa denominada SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS (SERCOM)” que fueron sustraídos del interior del perímetro donde estaban instalados, y por la oportuna intervención de los pobladores no logro cargar los paneles al vehículo tipo pick-up, doble catana color negro, marca Volkswagen, con placa PBD 2452; Posteriormente llego la policía al lugar y le decomisó los paneles y el vehículo antes descrito”. Fundamentación Jurídica :QUINTO: Habiéndose establecido que el acusado es autor material de un delito, de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA al tenor de lo que dispone el Artículo 2l7, 218 en relación al 15 del Código Penal, el ilícito cometido por el acusado se deberá sancionar con una pena que oscila entre cinco (5) años a nueve (9) años de reclusión, resultando una rebaja de 1/3 a la pena por el grado de ejecución de tentativa, resultando finalmente una pena entre tres (3) años, cuatro meses a seis (6) años de Reclusión. Parte Resolutiva: SEGUNDO: Debemos condenar y condenamos al señor F. J. S. L., cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS (SERCOM) a la pena de TRES (3) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSION. Debiéndose computar la misma desde el día en que fueron recluidos de manera efectiva en el centro penal respectivo, abonando a la misma el tiempo que permaneció en efectiva prisión preventiva. TERCERO: Debemos condenar y condenamos al Señor F. J. S. L., como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, durante el tiempo de duración de la pena principal, así como a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del Establecimiento Penitenciario, de conformidad con la ley que regula dicho sistema. PRIMERO: Tal como puede inferirse el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara por unanimidad de votos, condena a mi representado a la pena de TRES (3) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSION, fijando el tipo penal o figura penal como ROBO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, calificación cine reprochamos, ya que no se logro acreditar la participación de mi representado en los hechos que se le imputan, ya que al Juicio solo llegaran testigos de referencia, ninguno presencial que haya dicho “yo vi” o “yo capture” al Señor F. J. S. L. cuando intentaba robarse los paneles solares propiedad de la Sociedad a mencionada. 1) Como testigos del Ministerio Público compareció el Policía M. A. C. C., quien es contundente al declarar que él junto con otros elementos de la Policía Preventiva llegaron al lugar de los hechos por una llamada por radio que recibieron de la Central de la Policía Nacional Preventiva de este departamento, y que se tardaron aproximadamente media hora en llegar ya que estaba asignado a una Posta Policial que se encuentra fuera del lugar donde ocurrieron los hechos, asimismo manifiesta el Policía que cuando llegaron al lugar aproximadamente 30 personas habían dado captura a mi representado y que lo tenían en la calle boca abajo, es decir no estaba siquiera adentro del lugar donde se encontraban los paneles, de igual manera manifiesta que los paneles solares se encontraban en la de la pared en un portón que había sido violentado y que según versiones de las personas del lugar habían sido desmantelados por mi representado F. J. S. L..- Asimismo el Policía M. A. C. ratifica el Acta de Decomiso y al ser preguntado que si mi representado al momento de ser registrado portaba algún tipo de herramienta contesta que no.2) De igual forma compareció al Juicio el Técnico de Inspecciones Oculares de la Dirección Nacional de Investigación Criminal Señor D. S. R. quien ratificó el acta de Inspección y manifiesta que llegaron un día después al lugar de los hechos y que lo constato era que se encontraba un portón dañado y al ser preguntado sobre si era necesario utilizar herramientas dijo que si, cabe recordar que a mi representado no se le encontró ningún tipo de herramienta de igual forma manifiesta el Técnico en Inspecciones Oculares al momento de ratificar el Acta de Peritaje a los Paneles Solares manifiesta que estos miden 1.80 metros con un peso de 25 a 30 libras. 3) También comparece a Juicio como Testigo el Agente de investigación J. A. M. L. quien narra que tuvieron información de la Policía Preventiva sobre una detención en San Luís, el es otro testigo de referencia y que lo que constataron el lugar de los hechos simplemente fueron daños, los cuales no pudo determinar quién, ni con qué intención los habían hecho y que según la remisión de la Policía Preventiva culpaba a mi representado F. J. S. L. a pesar de que dichos Policías no fueron testigos presenciales o mejor dicho no capturaron infraganti a mi representado, además de clara de manera contundente el Agente M. L. que los Paneles Solares habían sido movidos por las mismas personas que dieron captura a mi representado, hacia una Pulpería nos hacemos las siguientes interrogantes siendo esta una prueba de convicción ¿Por qué los miembros de la Policía Preventiva no hacen la remisión junto con el detenido? ¿Por qué se decomisan los paneles hasta el día siguiente? A folio 56 de la Etapa Preparatoria queda evidenciada la mala fe al no ser llenada de manera correcta el Acta de Decomiso ya que en la misma solo se consignó “lunes del mes de Julio del año 2012” de tal manera que no reúne los requisitos que establece 132 del Código Procesal Penal y que se refiere sobre el contenido de las Actas, Artículo 132. Contenido de las Actas. Las actas deberán de contener 1. El lugar, la fecha y la hora en que ellas se levantan SEGUNDO: Véase Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, que no hay prueba Científica, mucho menos Testifical presencial que acredite la participación de mi representado en la comisión del delito por el cual se le condenó y que el Honorable Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara de manera equivoca valorando solo la declaración de testigo de referencia, rendida por los Policías antes mencionadas, y aun así con dichas declaraciones y con estricto apego a la sana crítica podemos apreciar que: una persona por si sola y sin herramientas es imposible que desmantele once paneles solares ya que se encuentran a una altura de 2 metros, con un diámetro de 1 .80 metros y un peso de 25 a 30 libras, además dichos paneles no le fueron encontrados a mi defendido F. J. S. L. quien además no fue capturado dentro de las instalaciones donde se encontraban los paneles no le fueron decomisados un día después y en un lugar distinto a donde ocurrieron los hechos, una acta de decomiso viciada de nulidad, y sobre todo no existe ningún testigo presencial que involucre directamente a mi representado, razones por las cuales consideramos que no se aplicaron las reglas de la Sana Crítica ya que a nuestro ver no existe siquiera un indicio racional. TERCERO: El artículo 339 del Código Penal, dice que no habiendo pruebas suficientes para condenar al imputado, el Tribunal dictará sentencia absolutoria, y, ante la imposibilidad del órgano obligado a probar la culpabilidad del acusado, mismo que no fue capaz de crear el mínimo de certeza con relación a sus pretensiones y siendo que no se acredito a mi criterio la existencia de delito alguno por parte de mi representado y por tanto no se trata de un hecho típico imputable a su persona, por lo cual no es posible condenar al señor F. J. S. L., como responsable del delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de la Sociedad SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS (SERCOM, por lo que debió emitirse sentencia absolutoria. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICTO PROCESAL. Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal en el sentido de señalar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, señalamos que el vicio se produce en la sentencia definitiva, razón por el cual el reclamo lo constituye el presente recurso.” IV. FUNDAMENTACIÓN Denunció el reclamante que la sentencia contenía motivaciones contradictorias e inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica; consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que no se logró acreditar la participación del imputado en los hechos que se le imputan, ya que al juicio sólo llegaron testigos de referencia, pero ninguno presencial que haya observado o que lo haya capturado cuando intentaba robarse los paneles solares. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que el Principio de Debida Técnica, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta Sala de lo Penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por el recurrente al momento de plantear y desarrollar su recurso de casación, pues denunció dos motivos de casación: Motivaciones contradictorias de la Sentencia y No haber observado el Juzgador las Reglas de la Sana Crítica; tales motivos conforme lo relata el artículo 363 del Código Procesal Penal deben ser presentados de manera separada, para evitar precisamente lo que ocurrió con el presente recurso, que se vuelve falto de claridad y precisión. El recurrente al desarrollar su recurso, hace referencia a las pruebas evacuadas en el juicio, efectuando una revalorización de los medios probatorios, ejercicio mental que está vedado en esta etapa casacional, puesto que el Juez Sentenciador al ser el único que tiene contacto directo con la prueba y su desarrollo, es quien tiene el derecho de razonarla y concederle o no valor probatorio. El recurrente nunca estableció de manera puntual cuál norma del recto entendimiento humano consideró violentada (Psicología, Lógica, Experiencia Común), tampoco señaló cuales fueron esos raciocinios equívocos del sentenciador, pues no solo debe alegarse que se quebrantaron las reglas de la Sana Crítica, sino que se debe señalar la norma y el razonamiento del A-quo; todas estas inconsistencias hacen que el recurso se vuelva confuso y falto de claridad y no permite darle una respuesta a los cuestionamientos del recurrente. A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el M. de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las Garantías Judiciales exigibles en el M. de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el M. del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión general de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal, y si el Juzgador efectuó un adecuado juicio de valor respecto de las pruebas que fueron evacuadas en el debate o juicio oral. Iniciaremos con el cimiento de toda sentencia penal, es decir los Hechos Probados, los cuales al analizarlos observa esta Sala que los mismos fueron conformados con claridad, precisión y coherencia, de tal forma que ubican al lector en tiempo y espacio, siendo claros en las actuaciones que realizaron los diferentes actores, pero específicamente en las acciones ejecutadas por el acusado F. J. S. L., encajando de manera perfecta en la norma penal por el cual fue condenado el imputado, es decir en el artículo 217, 218 en relación al 15 del Código Penal que regula el delito de Robo en grado de ejecución de Tentativa. En relación a los juicios de valor utilizados por el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, es posible deducir que los argumentos del A-quo son racionales, coherentes y se derivan precisamente del legajo probatorio, pues realizó una valoración tanto individual como conjunta de toda la prueba, en cuyos raciocinios se observa la aplicación de las reglas de la sana crítica. Si bien no existe prueba directa en la que se haya observando cuando el acusado violentaba el portón y sacaba los paneles solares, existe suficiente prueba indiciaria que nos lleva a establecer que en efecto el imputado F. J. S. L., es responsable del delito de Robo Tentado, pues fueron a declarar los policías del lugar a quienes les avisaron que la población tenia capturado al ahora acusado; se cuenta además con las actas de decomiso de los paneles solares que confirma el dicho de los agentes. Esta Sala de lo Penal considera que las valoraciones efectuadas por el Juzgador de las pruebas evacuadas fueron correctamente razonadas, teniendo como base las Reglas de la Sana Crítica, siendo procedente desestimar el presente motivo de casación. V. DECISIÓN Se declara no ha lugar el Recurso de Casación Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Defensa Privada. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Único: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el abogado J. A. L. S., en su condición de Defensor Privado del señor F. J. S. L., a quien se le condenó por el delito de Robo en su grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de Sociedad de Servicios de Comunicación (SERCOM). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. J. OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. FIRMA Y SELLO. J. RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de mayo de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-265-2014.

J. RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012