Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-261-14 — Registro 8821

Resumen

Se condena a la imputada por el delito de Insolvencia punible y desobediencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Atiende esta Sala de lo Penal el primer motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, al concederle razón al Pretensor en su alegato de que existe indebida aplicación del artículo 345 del Código Penal que tipifica el delito de desobediencia, ello como consecuencia a que la orden emitida y que supuestamente debía cumplir la acusada, no es de interés público, rechazando este Ad-Quem los demás argumentos pues estos se orientan a discutir la carga acreditativa de medios de prueba para controvertir lo señalado como probado en la sentencia, desatendiendo el Principio de Intangibilidad de los hechos declarados probados que rige en el recurso interpuesto. Los Juzgadores han establecido dos hechos probados, ya relacionados en esta sentencia, siendo vinculante para el presente motivo el primero de ellos, el cual señala: 1. Existencia de un proceso judicial en materia laboral, el cual culminó con el pronunciamiento en contra de la Señora M. J. M. M., condenándola a pagar una cantidad de dinero a favor de la Señora R. R. J.; 2. Practica de un requerimiento de pago el 21 de junio de 2010 por parte del Órgano Jurisdiccional a la Señora M. J. M. M., a efecto que procediese a cumplir con la obligación de pago declarada en la sentencia; 3. Negativa de la Señora M. J. M. M., de realizar dicho pago. Estos hechos fueron calificados por el Tribunal de Sentencia como delito de desobediencia, explicado así en una parca fundamentación jurídica, aplicando indebidamente el artículo 345 del Código Penal.- Para que el delito exista la conducta de desobediencia deberá de dirigirse al funcionario que emite la orden, dándose así la relación: funcionario, orden y destinatario, pero en el presente caso tal relación es inexistente pues la orden es un requerimiento de pago, que procura saciar intereses de carácter subjetivos ajenos a la administración pública, cuya inobservancia dan a lugar a que el acreedor solicite la implementación de cualquiera de los derechos auxiliares que le prevé la ley para la plena satisfacción de la obligación; El presente caso se subsume como un incumplimiento a un deber jurídico que tiene sus efectos en el ámbito laboral (embargo de bienes y demás) y no en una desobediencia a una autoridad estatal. Como ya se ha explicado, no cualquier incumplimiento cae bajo la sanción del artículo 346 del Código Penal, sino solo aquellos que pongan en peligro la administración pública al tener un contenido de interés público la orden que ha sido desobedecida por el sujeto activo.- Por tanto, la condena en indemnización por la terminación de la relación laboral a causa de la acusada, aunque se presente como una resolución imperativa, es en realidad una declaración de la existencia de un derecho de pago a favor de la trabajadora, cuyo incumplimiento posibilita la imposición de sanciones de aseguramiento y de pago previstas en el ordenamiento procesal civil (supletorio al laboral)."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Atiende esta Sala de lo Penal el primer motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, al concederle razón al Pretensor en su alegato de que existe indebida aplicación del artículo 345 del Código Penal que tipifica el delito de desobediencia, ello como consecuencia a que la orden emitida y que supuestamente debía cumplir la acusada, no es de interés público, rechazando este Ad-Quem los demás argumentos pues estos se orientan a discutir la carga acreditativa de medios de prueba para controvertir lo señalado como probado en la sentencia, desatendiendo el Principio de Intangibilidad de los hechos declarados probados que rige en el recurso interpuesto. Los Juzgadores han establecido dos hechos probados, ya relacionados en esta sentencia, siendo vinculante para el presente motivo el primero de ellos, el cual señala: 1. Existencia de un proceso judicial en materia laboral, el cual culminó con el pronunciamiento en contra de la Señora M. J. M. M., condenándola a pagar una cantidad de dinero a favor de la Señora R. R. J.; 2. Practica de un requerimiento de pago el 21 de junio de 2010 por parte del Órgano Jurisdiccional a la Señora M. J. M. M., a efecto que procediese a cumplir con la obligación de pago declarada en la sentencia; 3. Negativa de la Señora M. J. M. M., de realizar dicho pago. Estos hechos fueron calificados por el Tribunal de Sentencia como delito de desobediencia, explicado así en una parca fundamentación jurídica, aplicando indebidamente el artículo 345 del Código Penal.- Para que el delito exista la conducta de desobediencia deberá de dirigirse al funcionario que emite la orden, dándose así la relación: funcionario, orden y destinatario, pero en el presente caso tal relación es inexistente pues la orden es un requerimiento de pago, que procura saciar intereses de carácter subjetivos ajenos a la administración pública, cuya inobservancia dan a lugar a que el acreedor solicite la implementación de cualquiera de los derechos auxiliares que le prevé la ley para la plena satisfacción de la obligación; El presente caso se subsume como un incumplimiento a un deber jurídico que tiene sus efectos en el ámbito laboral (embargo de bienes y demás) y no en una desobediencia a una autoridad estatal. Como ya se ha explicado, no cualquier incumplimiento cae bajo la sanción del artículo 346 del Código Penal, sino solo aquellos que pongan en peligro la administración pública al tener un contenido de interés público la orden que ha sido desobedecida por el sujeto activo.- Por tanto, la condena en indemnización por la terminación de la relación laboral a causa de la acusada, aunque se presente como una resolución imperativa, es en realidad una declaración de la existencia de un derecho de pago a favor de la trabajadora, cuyo incumplimiento posibilita la imposición de sanciones de aseguramiento y de pago previstas en el ordenamiento procesal civil (supletorio al laboral"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Para el Tribunal de Sentencia, la acusada M. J. M. M., es autora de un delito de Insolvencia Punible en perjuicio de la Señora R. J., mismo que según los juzgadores se encuentra tipificado en el artículo 237 del Código Penal, cometiendo un error en el Nomen Iuris, pues el nombre correcto de la tipología que sustenta el fallo condenatorio es el de Alzamiento de Bienes. El A-Quo señala que la responsabilidad penal de la acusada deriva de los siguientes hechos probados (relacionados de formas literal líneas atrás): 1. Que la acusada M. J. M. M. fue condenada por un tribunal de justicia a pagar a favor de la Señora R. J., la cantidad de L. 112,964.11; Obligación de índole laboral; 2. Que la acusada M. J. M. M., fue requerida judicialmente para que procediera a cumplir con la obligación de pago, a lo cual se negó; 3. Que la acusada, no acatando la sentencia donde declaraba su obligación de pago, procedió a cambiar el nombre del lugar en donde la acreedora estuvo trabajando, y además traspaso el permiso de operación a su hijo. Los hechos declarados probados, como bien denuncia el Pretensor, no se subsumen al ámbito situacional previsto en el artículo 237 del Código Penal, ello dado que el hecho probado no señala que como consecuencia del traspaso de permiso de operación y cambio de nombre del centro de trabajo, se haya frustrado la acción de pago judicial que inicio la acreedora (R. J.), promovió judicialmente en contra de la deudora y ahora acusada (M. J. M. M.), ni siquiera a nivel de tentativa; Recordemos lo mencionado en el apartado anterior, en cuanto a que el delito de alzamiento de bienes es un delito en perjuicio de la propiedad y es un delito de resultado, es pues que requiere el detrimento al propiedad del sujeto pasivo como consecuencia del accionar fraudulento del sujeto activo, lo cual no se aprecia como parte de la descripción de los hechos declarados probados; si bien señalan que la acusada no procedió a realizar el pago, no se indica que el traspaso del permiso de operación (enajenación), tuviese como repercusión (nexo causal) la imposibilidad de cumplimiento de la obligación ni siquiera coercitivamente por la inexistencia o insuficiencia de otros bienes de la acusada (deudora). Por otra parte es de considerar además que el hecho probado no describe que el centro de trabajo haya sido propiedad de la acusada, tampoco que lo haya enajenado para frustrar, en este caso, el derecho de satisfacción del acreedor; El hecho probado describe que la acusada cambió el nombre del centro de trabajo y cambió del permiso de operación de éste, que es un permiso de carácter administrativo para abrir puertas del establecimiento ofreciendo servicios o productos al público, lo que no equivale enajenación de propiedad, por cuanto la autoridad administrativa registra que una persona es la autorizada para operar el negocio, pero puede ser otra persona distinta la que posea la propiedad de éste; Entonces, conforme la configuración de los hechos declarados probados, la acusada no ha realizado la conducta de sustraerse de la obligación mediante la enajenación, gravado u ocultación de bienes, o mediante la simulación de enajenación o de existencia de créditos preferentes o concursantes, mucho menos que se haya trasladado al extranjero con la equivoca intención de no cumplir con la obligación de pago"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"El Pretensor ha citado como Doctrina Legal, el contenido de tres decisiones casacionales que constituyen Obiter Dicta, por consistir en un criterio que explica los alcances del Recurso de Casación por Infracción de Ley y que no constituyen principios normativas o interpretaciones normativas vinculada a la resolución de los tres casos concretos en los cuales se emitieron las sentencias. El Pretensor relaciona el contenido de las sentencias como formas de apuntalar su denuncia respecto a que los hechos probados no incluyen información que a su criterio era importante para la configuración del delito, más tal contenido lo que explica es la tarea que debe de realizar la Sala de lo Penal frente a un recurso de Casación por Infracción de Ley, en particular el respeto a la condición de intangibilidad de los hechos probados, anotando que estos deben de ser claros y precisos, pero sin desarrollar el contenido de ninguno de esos conceptos, por lo que tal anotación es meramente referencial sin que constituya el Ratio Decidendi en los tres casos citados y que por lo tanto no constituye Doctrina Legal"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-261-2014 por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló:1) Condenando a la acusada M. J. M. M., a la pena de dos (02) años de reclusión por el delito de desobediencia y cuatro (04) años de reclusión, por el delito de insolvencia punible, en perjuicio de La Administración Publica y R. R. J.. 2) Condenando a la imputada M. J. M. M., a las penas accesorias de Interdicción Civil, e Inhabilitación Especial. 3) No Condeno en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional el Abogado E. T. S., actuando en su condición de Apoderado Defensor de la imputada M. J. M. M. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado E. T. S., defensor privado de la Señora M. J. M. M., en su condición de Recurrente; La Abogada K. L. M. P., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida; y el Abogado S. D. R. B., apoderado legal de la Señora R. R. J., acusadora privada, en su condición de Recurrido. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: En fecha veintitrés de Enero del año 2009, el Juzgado de Letras del Trabajo declaro con lugar, la demanda presentada por la señora R. R. J. contra M. J. M. M., a quien se le obligo a pagar una cantidad de ciento doce mil novecientos sesenta y cuatro lempiras con once centavos (L. 112,964.11), totalizando así el importe de lo de mandado por concepto de obligación de pago por prestaciones laborales y otros derechos de la misma naturaleza, así como los daños y perjuicios causados durante el litigio, misma que confirmara la Corte de Apelaciones del Trabajo, por lo que el Juzgado del Trabajo en fecha 21 de Junio del dos mil diez, le solicitó el requerimiento de Pago a la señora M. J. M. M., el cual se negó a realizar. Segundo: La señora M. J. M., no acatando lo ordenado en la sentencia referida, cambió el permiso de operación del lugar donde R. J. había sido su empleada, y lo puso a nombre de su hijo G. N. M., dándole ahora la denominación de ‘Golosinas y pulpería M. J.”. III. RECURSO DE CASACIÓN- MOTIVOS Y ARGUMENTOS III.I.- Casación Por Infracción De Ley. “Primer Motivo: Infracción por aplicación indebida del artículo 346, del Código Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El proceso penal se desarrolla a través de una serie de actos consecutivos, relacionados entre sí y progresivos, que permiten avanzar en la resolución del conflicto mediante la aplicación de la ley sustantiva, es decir, la adecuación de la norma penal correspondiente al caso concreto. La incorrecta interpretación de la normas penal el sub judice, la aplicación de una norma distinta de la adecuada o la aplicación de una norma indebida (como la alegada en el presente motivo), generalmente producto de un vicio en la actividad intelectual del órgano jurisdiccional; según, (García M., Ernesto, Juico Oral, Sentencia Arbitraria y Recurso de Casación, Editorial Universidad S.R.L., 2001, p 141), constituye el error inmuudicando que torna procedente la vía de la casación a efectos de enmendar el error cometido por el tribunal declarando nula su decisión y dictando un nuevo pronunciamiento ex lege. El precepto penal citado como infringido por aplicación indebida textualmente Manda:” Quién desobedezca a una autoridad negándose abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes dictada dentro los límites de su competencia y revestidas de las formalidades legales, será penado con reclusión de uno (1) a tres (3) años”;( la negrilla y subrayado en nuestro).- de lo cual se deduce que dicha norma exige como presupuestos legitimadores para la calificación del tipo, la concurrencia de elementos subjetivo y objetivos, en cuanto al primero, que la «negativa debe ser abierta», es decir, desafiante, y de la misma declaración de la ofendida R. R. J., se acredita plenamente que esa condición o circunstancia no fue probada en juicio, al manifestar aquella; “ ella va consiente y acompaña la cantidad de 23,000,00 mil lempiras “, incluso acudió a las audiencias de conciliaciones las instancias correspondientes; por otro lado, la misma norma sustantiva invocada como infringida, exige como elemento objetivo del tipo penal, para subsumir los hechos en la norma que la orden desobedecida, (Requerimiento de pago), haya sido «revestido de las formalidades legales para su validez», y basta tener a la vista el Acta de Requerimiento, para constatar en el mismo, que ni siquiera se requirió a la imputada, sino a una tal M. J. M., y no a M. J. M. M., con tarjeta de identidad No. XXXXXXXXXXXX, nombre real al que responde mi representada, razón por la cual no firmó el mismo, por no corresponderle su nombre de conformidad con los artículos 58 y 182 del Reglamento a la Ley del Registro Nacional de las Personas, en relación al artículo 102 del Código Procesal Penal. Por otro lado, en cuanto al primer presupuesto legitiM.dor de carácter subjetivo, cabe señalar lo que al respecto nos dice, Don Francisco Muñoz Conde, en su obra Derecho Penal, Parte Especial, 18 edición, editorial Tirant lo Blanch, p. 1007; “la acción consiste en «negarse abiertamente», Es preciso, por tanto, una acción positiva, no bastando el simple incumplimiento o inejecución: acción positiva que ha de ser además «abierta», es decir, expresa, clara y terminante. “(Lo subrayado es nuestro); y jamás se probó en autos la existencia de una negación de semejante envergadura que revista tales características, afirmado el Tribunal, en el primer hecho probado, que la imputada únicamente “se negó a realizar el pago” sin especificar en qué consistió la negativa de manera abierta como deM.nda la ley sustantiva y la Doctrina. Además, la equivocación garrafal del Tribunal al aplicar indebidamente la norma sustantiva invocada como infringida, estriba en desconocer que «no todo incumplimiento resulta constitutivo del delito de Desobediencia», ya que el delito en sí, tiene por objeto la protección de la órbita administrativa de la función pública, y no los derechos resguardados en sí mismo, así se ha sostenido que desdibujan la atipicidad de ese tipo penal, aquellas órdenes en que se infieren intereses personales de partes, concretamente en aquellas materias del derecho, en que la ley impone el agotamiento de la vía de apremio, la cual no solo comprende el Requerimiento de pago, sino también la ejecución del embargo, ante la negativa del apremio, circunstancias que no se suscitaron en el proceso laboral, como para poder fundamentar el fallo en el Acta de Requerimiento de pago, como negativa a efectuar el mismo; en primer lugar por las inconsistencias en el nombre de la persona requerida y en segundo lugar, por no haberse agotado la vía de apremio, en virtud de no haberse practicado el embargo como agotamiento de dicha vía; tal y como lo exige el artículo 94 de la Constitución de la República en relación con los artículos 457 al 469 del Código de Procedimientos Civiles, por el cual se rigió el proceso laboral. Otra de las razones por las cuales no todo incumplimiento implica la comisión del delito de Desobediencia, es porque, si todos los requerimientos de pago, recaídos en Materia de familia, inquilinato, civil, mercantil, administrativo etc., salieran de esas esferas y trascendieran al campo penal, evidentemente colapsaría el sistema penal, ante tanto Requerimiento penal, para evitar eso, es que en aquellas materias, existe la vía de apremio para resolver esos conflictos, mis M. que no se agotó el proceso laboral y para el caso de autos, y como la ley no permite el uso de recursos per saltum, en consecuencia debió proseguirse con el embargo, por ende el Acta de Requerimiento de pago, como el documento en el cual se fundó el Tribunal para condenar a la imputada, por haber desobedecido, no tiene valor probatorio alguno, de conformidad al artículo 200 del Código Procesal Penal, por la trasgresión del artículo 94 párrafo 20 de la Ley Fundamental. Segundo Motivo: Infracción por aplicación indebida del artículo 237, del Código Penal. Precepto Autorizante: El presento motivo de casación está comprendido dentro del artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: A efectos de acreditar la comisión de un delito, conforme al artículo 297 numeral 1,) párrafo 2° del Código Procesal Penal, se exige la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal, además claro está, de la plena prueba; por lo que, para determinar los presupuestos legitimadores tanto subjetivos como objetivos del tipo penal Insolvencia Punible, conviene previo, definir los elementos del tipo contenidos en el artículo 237 del Código Penal, como norma infringida, concretamente los términos de; Deudor, Sustraerse, Obligación, Enajenar, Gravar, Acreedor Ocultar, Simular y Crédito; para determinar si es posible o no subsumir los hechos en el derecho, los que ayudados con el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Don Guillermo Cabanellas, pasamos a definirlos así; Deudor: Cuando por medio de una obligación previamente establecida entre partes (deudor — acreedor), el deudor debe o no efectúa los pagos establecidos a él mismo, a la parte acreedora. Por tal razón el deudor es el sujeto pasivo de la obligación, porque sobre él recaen los pasivos, de la obligación contratada. Dada la situación, en la que, el deudor no efectué los pagos a su acreedor, éste podría ejercer acciones legales contra el deudor para exigir legalmente el pago. Sustraer: Eludir una obligación o deber apartar separar extraer. Obligación: Dada la clasificación que de estas hace el artículo 1346 del Código Civil, diremos que; “es el vínculo de Derecho por el cual una persona es constreñida hacía otra a dar, hacer o a no hacer alguna cosa. Enajenar: En sentido jurídico el termino de Mayor importancia para determinar si se da el elemento de tipo penal exigido en el artículo 237 del Código Penal; lo cual implica la transferencia de un derecho real, de un patrimonio a otro, fingiendo lo que no es; la vos enajenación puede ser utilizada en un modo amplio o estricto, en sentido amplio, implica la transferencia del dominio o cualquier otro derecho real entre patrimonios, mientras que en sentido estricto, se refiere solo al derecho real de dominio y no a los demás Gravar Bienes; Implica necesariamente la inscripción de los mismos en los Registros respectivos, para que con las anotaciones preventivas en las correspondientes notas marginales, puedan ser objeto de embargos, hipotecas, prohibición de celebrar actos y contratos etc.; Acreedor: Es aquella persona ficticia o jurídica legítimamente facultada para exigir el pago de una obligación contraída por dos partes con anterioridad, recaída en mora y legalmente exigible, es decir que a pesar de que una de las partes se quede sin medios para cumplir con su obligación, esta persiste. Ocultar Bienes: Escondimiento / encubrimiento / disimulo / Silencio o reserva en lo que se podía Manifestar. Crédito: Derecho que tiene el acreedor para exigir de su deudor la cantidad prestada y los intereses convenidos, incluido los documentos en los que se justifica tal derecho. Integra siempre un derecho potencial, reconocido por la ley y aceptado en principio por el obligado. Hechas las definiciones anteriores, se denota del Segundo, hecho estiM.do como probado por el Tribunal, que ni los elementos subjetivos como objetivos del tipo penal Insolvencia Punible, se pueden subsumir en los hechos, por lo tanto, no concurren los elementos del tipo para su subsunción, por los motivos siguientes: 1.- La perjudicada R. R. J., nunca le prestó un centavo a mi representa, por lo tanto es imposible que entren en la categoría de Acreedor- Deudor, porque nunca existió Crédito como vinculo de la Obligación, para exigir el cumplimiento de la inexistente Obligación, tampoco a Gravado Bienes, porque la caseta no es una sociedad, a tal grado que ni siquiera está inscrito como negocio en el Registro Mercantil, para poderlo dar en fianza o algo por el estilo, no lo ha Ocultado pues existe en plena vía pública, ni se a Sustraído del cumplimiento, por la sencilla razón de que no se ha agotado la vía de apremio, por no haberse ejecutado embargo alguno, y si bien es cierto, que en el Segundo hecho probado, el Tribunal se refiere a que la imputada; “cambió el permiso de operación y la denominación”, ninguna de esas dos circunstancias, están descritas como elementos del tipo penal Insolvencia Punible, en el artículo 237 del Código en comento. 2.- La existencia previa de un crédito contra el sujeto activo del delito, el cual, a la luz de la definición anterior, no existe ningún Crédito como vinculo de Obligación entre la víctima y la imputada. 3.- La ocultación real o ficticia de los activos del deudor, circunstancia que tampoco se acredito en autos, con la declaración de la señora M. S. C., se corroboró que el negocio persiste, siendo ella una de las acreedoras de la imputada, al suministrarle las tortillas. 4.- La situación de insolvencia debe ser tal, que imposibilite a los acreedores hacerse efectivo el pago, del crédito dado, y como ni siquiera se agotado la vía de apremio, es casi imposible la concurrencia de tal circunstancia, además por no entrar en la categoría de acreedor la señora R. R. J., con respecto a mi representada. 5.- y si hipotéticamente se hubiese acreditado todos esos elementos subjetivos y objetivos del tipo penal Insolvencia Punible, para subsumirlos en los hechos, debió acreditarse que el “cambio en el permiso de operación y denominación”, se hizo con el un único y exclusivo propósito, de «sustraerse del pago de sus obligaciones»; y si hipotéticamente se hubiese hecho con tal propósito, lo que procede en ese derecho agotar la vía de apremio y si fuere imposible ejecutar el pago a través del embargo, anular el cambio en el permiso de operación y en la denominación, que fue lo que hizo la imputada, según lo estimado como probado por el Tribunal, en el Segundo, hecho declarado como probado. Y para que no quede ni un ápice de la solidez y validez del argumento sostenido, traigo a colusión lo que al respecto nos dice Don Francisco Muñoz Conde, op.cit, p. 458, cuando afirma; “La responsabilidad del deudor y el consiguiente derecho del acreedor a satisfacerse solo pueden derivarse de una obligación realmente existente, nunca de un título ejecutorio formalmente valido, pero que tiene por base una obligación inexistente... “(la negrilla y subrayado, es nuestro); y ello es así porque si bien es cierto, que la sentencia es un título ejecutivo, en el caso de autos, el derecho al crédito no deriva del título en s sino que debió derivar de alguna obligación preexistente, ya que no podemos desconocer que de conformidad al artículo 1346 del Código Civil, la sentencia no es fuente de las obligaciones. Exposición Del Motivo De Casación Por Infracción De Doctrina Legal. Único Motivo: Infracción de Doctrina Legal, al no redactar los hechos estimados probados, de forma clara, precisa, coherente y terminante. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Al omitir en la sentencia de forma terminante, clara, precisa y coherente, los hechos tenidos por probados, ante la inconcurrencia de todos los elementos de los tipos penales, al no especificar en qué consistió la «negativa abiertamente». Efectuada por la imputada tendiente a desobedecer el requerimiento de pago, ni especificar por qué el Acta de Requerimiento de pago, revestía de todas las formalidades legales, cuando ni siquiera se requirió a la imputada, sino a otra persona, o que se agotó en un 100% la vía de apremio hasta decretar y practicar en embargo; esto en cuanto al tipo penal Desobediencia, y tampoco especificar en cuanto al tipo penal Insolvencia Punible, que mi representada era deudora de la víctima, que tenían un crédito documentado, que bienes sustrajo, enajeno o gravó, tampoco expone como el cambio de permiso de operación y denominación (los únicos que consideró para determinar la existencia del tipo penal), son exigidos por el artículo 237 del Código Penal como elementos del tipo, cuando ni siquiera están contemplados como tales; a su vez no explica, por qué el cambio en el permiso de operación y denominación, tenía como único propósito, “sustraerse del pago de sus obligaciones “. Infringiendo con ello, la Doctrina Legal contenida en las sentencia emanadas de esa Sala, contenidas en los expedientes, 398-2006, 374-2007 y 189 2009, de fechas 05 de mayo de 2010 la primera y de 10 de Junio de 2010 las dos últimas, donde categóricamente esa Sala ha dejado establecido; “ La Sala de lo penal ha reiterado que cuando se conoce un Recurso de Casación por Infracción de Ley, se trata precisamente de examinar si en la descripción de los hechos probados establecida por el Tribunal de instancia se determina de manera correcta un maiuditio de subsunción del hecho en el derecho, ya que el objetivo preciso del recurso por infracción de ley, lo es el relato de hechos probados en la sentencia que deben ser descritos en el fallo de manera clara y precisa conteniendo un relato fáctico que permita adecuarlos a una hipótesis normativa. Debiéndose respetar los hechos probados, pues el Principio de Intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia limita el control jurídico de la casación al vedar entrar a la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos los cuales son fijados en la sentencia recurrida, procediendo solo revisar y corregir la aplicación del derecho sustantivo. El impetrante en casación por infracción de ley, debe precisamente manifestar el vicio iudicando que se considera cometido por el Tribunal sentenciador al momento de adecuar los hechos con el derecho en la infracción de normas sustantivas penales o doctrina legal, ya sea por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea’ tal y como lo dejé señalado, supra.” III.II.- Casación Por Quebrantamiento De Forma Único Motivo: Que la declaración de los hechos que el Tribunal Sentenciador estimó probados no sea terminante. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 362, numeral 1), del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Cabanellas, op.cit, Tomo VIII, p. 52; define el termino Terminante, como; “claro, concluyente, definitivo; y por los argumentos que a continuación expongo, en el orden de ideas precedentes, se llega a la conclusión que los hechos estimados por probados por el Tribunal, no revisten de tal característica, ya que en cuanto al tipo penal Desobediencia; a). - no específica en qué consistió la «negativa abiertamente», efectuada por la imputada tendiente a desobedecer el Requerimiento de pago, b) no especifica por qué según su criterio, el Acta de Requiriendo de pago, revestía de todas las formalidades legales, cuando ni siquiera se requirió a la imputada, sino a otra persona, c).- de qué forma se agotó en un 100% la vía de apremio cuando ni siquiera se ordenó practicar embargo alguno; y en cuanto al tipo penal Insolvencia Punible, tampoco específica a). - de que manera mi representada era deudora de la víctima, b). - como era que tenían un crédito o como estaba documentado, c). Que bienes sustrajo, enajeno o gravó y de qué forma, d). - tampoco expone como el cambio de permiso de operación y denominación (los únicos que consideró para determinar la existencia del tipo penal), son exigidos por el artículo 237 del Código Penal como elementos del tipo, cuando ni siquiera están contemplados como tales; a su vez no explica, por qué el cambio en el permiso de operación y denominación, tenía como único propósito, “sustraerse del pago de sus obligaciones”, por parte de mi representada.”. III.III.- Casación Por Violación De Precepto Constitucional. Único Motivo: Infracción por vulneración del Derecho a ser oído y vencido en juicio, establecido como Garantía en el artículo 94 párrafo 20 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 102 del Código Procesal Penal, y 457 al 469 y 1065 al 1070 del Código de Procedimientos Civiles. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 94 párrafo 2° de la Constitución de la República. Explicación Del Motivo Establece el artículo 94 párrafo 20 de la Constitución de la República, que; “ En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza, en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado “,( lo subrayado, es nuestro); encontrándose regulada la vía de apremio, en los artículo 457 al 469 (para los efectos de la deM.nda laboral, de la cual nace el Acta de Requerimiento de pago, que el Tribunal da como válido, para considerar que mi representa era una desobediente), del Código de Procedimientos Civiles; exigiendo la norma constitucional invocada como infringida, que debe oírse al afectado, es decir, M. J. M. M., y no M. J. M., como erróneamente se hizo; razón por la cual, es absurdo que el Tribunal le haya dado validez, cuando al tenor de los artículos 1065 al 1070 del Código de Procedimientos Civiles, no se acreditó mediante una sentencia de Información Ad perpetuam, que tanto M. J. M. M., como M. J. M., corresponden a la misma. Persona, en consecuencia no se puede dar valor probatorio al Acta de Requerimiento de pago efectuado, ya que conforme al artículo 200 del Código Procesal Penal, “ carecerán de eficacia probatoria los actos que vulneren garantía procesales, establecidas en la Constitución de la República... “siendo un hecho, que dicha Acta violenta flagrantemente la garantía contenida en el artículo 94 párrafo 2º. de Nuestra Ley Fundamental, en contra de mi representado por lo tanto, si el artículo 346 del Código Penal, exige como elemento objetivo del tipo penal Desobediencia, para poder subsumir en hecho en el derecho, que el Requerimiento de pago, debió efectuarse; «revestido de las formalidades legales», como lo exige el artículo 346 del Código penal; por ende, es lógico concluir que el practicado no reunió ni se revistió de tales características, cundo ni siquiera se requirió a la imputada M. J. M. M., sino a otra persona, razón por la cual no firmó el mismo, consecuentemente no estaba obligada a observar el mandamiento en el contenido; además al no continuarse ni agotarse la vía de apremio por no ordenarse ni decretarse embargo alguno, esta aún no ha sido agotada, razones por las cuales el Requerimiento penal en contra de mi representada, en un auténtico Estado de Derecho, nunca debió admitirse, ante la imposibilidad de permitir la ley recursos per saltum, en la vía de apremio.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a, Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y el error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). IV.II.- Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Abogado E. T. S., Defensor Privado de la Señora M. J. M. M..- Primer Motivo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 346 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del artículo 346 del Código Penal que tipifica el delito de Desobediencia; Pretensión: Se Case la Sentencia, anulando la misma y se proceda a dictar una que en derecho corresponda. Señala el pretensor que el delito de desobediencia exige concurrencia de elementos subjetivos y objetivos: en cuanto al primero de que la negativa del sujeto activo debe de ser abierta, es decir desafiante, lo cual no ha sido probado en juicio; Por otra parte la norma señala que la orden debe de estar revestida de las formalidades legales, lo que no se aprecia en el presente caso pues el Requerimiento de pago fue hecho a una persona llamada M. J. M., que es diferente a la acusada M, J. M. M.. Agrega el pretensor que erra el Tribunal al desconocer que no todo incumplimiento resulta constitutivo de desobediencia, pues el delito tiene por objeto la protección de la órbita administrativa de la función pública y no los derechos o intereses personales de partes, en particular en este caso en donde no existe agotamiento de la vía de apremio y proceso de embargo. IV.II.I.- Del delito de Desobediencia Indica el artículo 323 de la Constitución de la República que los funcionarios/as públicos/as son depositarios de la autoridad del Estado, confiada a ellos para efecto de hacerla valer en aras del cumplimiento de las funciones estatales a ellos confiadas; Por tanto el normal desarrollo de las funciones públicas serían afectadas en el supuesto de que las ordenes emitidas por funcionarios/as públicos, en el ejercicio de su cargo, fuesen desatendidas sin repercusión alguna; No se trata de una exigencia legal de la mera obediencia sin contemplación a las disposiciones que emitan los funcionarios/as públicos/as, sino de la obediencia de ordenes legales cuya falta de acatamiento afecta la buena marcha administración pública en cualquiera de sus niveles. En atención a lo anterior el legislador hondureño ha tipificado el delito de desobediencia en el artículo 346 del vigente Código Penal, como el que comete: “Quien desobedezca a una autoridad negándose abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes dictadas dentro de los límites de su competencia y revestidas de las formalidades legales, será penado con reclusión de uno (1) a tres (3) años.”; En otras palabras el delito se aprecia cuando una persona se negare a cumplir una orden legítima de un funcionario/a público/a, más cabe advertir que no debe entenderse que se sanciona la mera omisión, sino cuando ésta afecta la administración pública; Son Elementos Objetivos del tipo penal en cuestión: 1. Sujeto Activo: El autor del delito será el destinatario de la orden de la autoridad pública; Dicho autor puede ser cualquier persona, incluyendo un funcionario/a público/a cuando reciba de parte de otro una orden que debe de cumplir, salvo en los casos en que exista relación jerárquica (como en la policía, ejercito, empleados de una misma dependencia estatal), en cuyo caso se tendrán que acudir a las sanciones previstas en dicha relación. Se trata de un delito de propia Mano, es decir que solo puede ser autor quien se encuentre en la condición realizar la conducta esperada. 2. Sujeto Pasivo en el delito es el Estado de Honduras, personificado en la persona del funcionario/a público/a que emitió la orden en el ejercicio legal de sus funciones; 3. Objeto material del delito, es la Administración pública, como el correcto desenvolvimiento de la función pública encaminada a alcanzar el bien común, Materializada en la orden que se ha dejado de acatar. Se entiende por orden, aquella directiva de interés público, que tiene como propósito efectivizar una resolución o disposición e Manada por autoridad competente, en el ejercicio legal de sus funciones, y que debe y puede ser cumplida por el sujeto activo. Por tanto, no toda orden podrá ser objeto del delito in comento, sino la que reúnan los siguientes requisitos: a. Debe de existir una orden, la cual puede estar contenida en una sentencia judicial, resolución judicial o administrativa o simple orden; b. La orden o disposición debe de provenir de autoridad, entendiéndose como tal aquella persona facultada por la ley a motivar el comportamiento de los miembros de la sociedad, a través de mandatos, ordenes o disposiciones; c. La orden debe de estar dentro del Marco de atribuciones de la persona que la emite; d. La orden debe de revestir las formalidades que la ley exija, que le imprimir apariencia de legalidad; Entiéndase que el destinatario de la orden no está facultado para evaluar la justicia o no de la orden que recibe, simplemente debe de acatarla cuando la entienda como legal.- La orden debe de revestir los requisitos legales tanto intrínsecos como extrínsecos: i.- Intrínsecos, respetando las formas legales, las que dependerán de cada caso, pudiendo entonces ser una orden verbal o escrita; ii.- Extrínsecos, respecto a la formas de comunicar la orden, la cual debe de ser hecha por los canales previstos para dicha orden; e. La orden debe de tener un propósito de interés público; Teniendo en consideración que el bien jurídicamente tutelado es la Administración pública, el delito solo existirá si éste se ve lesionado o cuando menos en peligro con ocasión de la falta de acatamiento de la orden; Ergo dicha orden debe de ser por un asunto de interés público.- No incumbe al derecho penal aquellas ordenes desobedecidas que, aun cuando emanen de autoridad competente, vayan dirigidas a la satisfacción de intereses personales que tienen previstas consecuencias en el derecho civil o administrativo, pues en tales caso no implica “desobedecer” sino “incumplir”, lo que genera sanciones en los ámbitos respectivos que desplazan la intervención del derecho penal como Último Ratio, como por ejemplo: requerimientos de pago judicial por acción de ejecución de títulos judiciales o extrajudiciales; o las condenas de obligaciones de dar, hacer o no hacer que impone el organismo jurisdiccional a aquel que ha sido vencido en juicio; f. La orden debe de ser comunicada en forma expresa a la persona o personas que le deben de dar cumplimiento; En ese sentido no son admisibles las ordenes tacitas o sobre entendidas; 4. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es desobedecer una orden, que puede consistir en hacer aquello que se le ha prohibido o en no hacer aquello que se le ha Mandado.- El sujeto activo debe tener la capacidad personal de acatar la orden por sí mismo en el plazo requerido, pero ha decidido no hacerlo. 5. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que la desobediencia debe de ser de forM. “abierta” o desafiante, procurando que el comportamiento desobediente no pase desapercibido por aquel que le ha ordenado la conducta. Como Elemento Subjetivo el tipo penal de Desobediencia requiere el dolo: 1. El sujeto activo debe de tener conocimiento de la orden o Mandato, dirigida hacía él; 2. El Sujeto activo debe tener la voluntad de desobedecer o desacatar la orden, a pesar del conocimiento de su obligatoriedad y a pesar de saber de tener la posibilidad Material de cumplirla. Partiendo de lo anterior, se identifican como Características Del Tipo Penal de Asesinato, las siguientes: 1. Según Su Estructura: a.- Tipo Penal Básico o Fundamental: Por describir de Manera independiente el modelo de comportamiento reprochado en una sola descripción; b.- Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: desobedecer; 2. Según su Contenido; a.- Tipo Penal de mera actividad al agotarse el delito con la mera conducta del sujeto activo, sin necesidad que ello se traduzca en un resultado fenoménicamente apreciable.; b.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento.- El delito de desobediencia se consuma con el acto Material de hacer caso omiso a la orden existente o cuando, teniendo un plazo para su observancia, éste ha vencido, lo que disipa la duda de la concurrencia del delito en los casos en donde el sujeto activo no realiza la conducta en el momento esperado sino que de Manera posterior.- Dada esta caracterización del delito de desobediencia, no parece posible la tentativa; c.- Tipo Penal de omisión propia: Pues la conducta que reprocha el tipo penal es la de desobedecer, es decir no hacer lo Mandado, independientemente que ello sea a su vez una acción o una omisión; d.- Tipo Penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal Manera que la conducta se desprende con claridad: desobedecer; 3. Según el Sujeto Activo: a.- Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b.- Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: a.- Tipo Penal Mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la administración pública del Estado de Honduras; b.- Tipo Penal de peligro, dado que describe una conducta que no alcanza a potenciar una lesión al bien jurídico protegido, más si una amenaza. IV.II.II.- De la Procedencia del Primer Motivo El Primer Motivo es de Recibo.- Atiende esta Sala de lo Penal el primer motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, al concederle razón al Pretensor en su alegato de que existe indebida aplicación del artículo 345 del Código Penal que tipifica el delito de desobediencia, ello como consecuencia a que la orden emitida y que supuestamente debía cumplir la acusada, no es de interés público, rechazando este Ad-Quem los demás argumentos pues estos se orientan a discutir la carga acreditativa de medios de prueba para controvertir lo señalado como probado en la sentencia, desatendiendo el Principio de Intangibilidad de los hechos declarados probados que rige en el recurso interpuesto. Los Juzgadores han establecido dos hechos probados, ya relacionados en esta sentencia, siendo vinculante para el presente motivo el primero de ellos, el cual señala: 1. Existencia de un proceso judicial en materia laboral, el cual culminó con el pronunciamiento en contra de la Señora M. J. M. M., condenándola a pagar una cantidad de dinero a favor de la Señora R. R. J.; 2. Practica de un requerimiento de pago el 21 de junio de 2010 por parte del Órgano Jurisdiccional a la Señora M. J. M. M., a efecto que procediese a cumplir con la obligación de pago declarada en la sentencia; 3. Negativa de la Señora M. J. M. M., de realizar dicho pago. Estos hechos fueron calificados por el Tribunal de Sentencia como delito de desobediencia, explicado así en una parca fundamentación jurídica, aplicando indebidamente el artículo 345 del Código Penal.- Para que el delito exista la conducta de desobediencia deberá de dirigirse al funcionario que emite la orden, dándose así la relación: funcionario, orden y destinatario, pero en el presente caso tal relación es inexistente pues la orden es un requerimiento de pago, que procura saciar intereses de carácter subjetivos ajenos a la administración pública, cuya inobservancia dan a lugar a que el acreedor solicite la implementación de cualquiera de los derechos auxiliares que le prevé la ley para la plena satisfacción de la obligación; El presente caso se subsume como un incumplimiento a un deber jurídico que tiene sus efectos en el ámbito laboral (embargo de bienes y demás) y no en una desobediencia a una autoridad estatal. Como ya se ha explicado, no cualquier incumplimiento cae bajo la sanción del artículo 346 del Código Penal, sino solo aquellos que pongan en peligro la administración pública al tener un contenido de interés público la orden que ha sido desobedecida por el sujeto activo.- Por tanto, la condena en indemnización por la terminación de la relación laboral a causa de la acusada, aunque se presente como una resolución imperativa, es en realidad una declaración de la existencia de un derecho de pago a favor de la trabajadora, cuyo incumplimiento posibilita la imposición de sanciones de aseguramiento y de pago previstas en el ordenamiento procesal civil (supletorio al laboral). IV.III.- Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Abogado E. T., Defensor Privado de la Señora M. J. M. M..- Segundo Motivo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 237 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Indebida aplicación del artículo 237 del Código Penal que tipifica el delito de Alzamiento de Bienes, llaM.do por el Pretensor como Insolvencia Punible; Pretensión: Se Case la Sentencia, anulando la misma y se proceda a dictar una que en derecho corresponda. Alega el Pretensor que no se identifican en el hecho segundo declarado probado en la sentencia, los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal de Insolvencia Punible (que en realidad es el delito de Alzamiento de Bienes); Explica que entre la acusada M. J. M. y la Señora R. R. J., no existe relación Deudora/Acreedora que exige el tipo penal en cuestión, por otro lado no se ha dado el “gravado de bienes”, porque la caseta no es una sociedad, ni tampoco ha hecho ocultamiento de ésta pues la estructura sigue estando en la vía pública, ni tampoco se ha sustraído del cumplimiento de la obligación pues no se le ha agotado la vía de apremio; Señala que para que el delito concurra la insolvencia debe ser tal que imposibilite a los acreedores hacerse efectivo el pago, lo que no pudo ser establecido en el presente caso pues no se agotó la vía de apremio. IV.III.I.- Del delito de Alzamiento de Bienes Fraudulento El Estado de Honduras, como estado de derecho, garantiza a todas las personas, hondureños/as y extranjeros/as, residentes en el país al derecho a la propiedad (Art. 61 de la Constitución de la República), en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o interés público establezca la ley (Art. 103 Cons.). El derecho a la propiedad está garantizado en la Constitución de la República, que incluye el derecho a la libre administración de los bienes propios y a su libre disposición (Ius Abutendi) bajo el principio de la autonomía de la voluntad.- Se parte entonces de que toda persona puede decidir el uso y destino de los bienes que comprenden su propio patrimonio, sin embargo interviene el derecho penal cuando tal disposición patrimonial se hace de materia fraudulenta con el fin de afectar a otros, como por ejemplo, el derecho de cumplimiento de obligaciones y el derecho de satisfacción del acreedor; Recordemos que todo derecho de crédito comprende el cumplimiento de la obligación y, en caso de incumplimiento total, parcial o tardío, el derecho a la satisfacción de las indemnizaciones que nacen de tal incumplimiento (que pueden ser compensatoria, moratoria, por daños o por los perjuicios); El derecho de crédito da derecho al acreedor de apelar al patrimonio del deudor para hacer que cumpla las obligaciones que éste tiene, y por ende la correlativa obligación del deudor de responder con sus bienes por el incumplimiento de las obligaciones que tenga a favor del acreedor. Es preciso en este punto aclarar que no todo incumplimiento es de interés del Derecho Penal, pues el mero incumplimiento no genera reproche en ese ámbito; recordemos que el Artículo 7.7 de la Convención Americana Sobre Derechos HuM.nos, prohíbe la prisión como consecuencia del incumplimiento del pago de deudas; El derecho penal interviene formulando reproche cuando el deudor incurre en incumplimiento de la obligación o en incumplimiento del derecho a la satisfacción plena del acreedor con ocasión de actos de disposición patrimoniales hechos con tal propósito por el deudor; El reproche penal en estos casos no consiste por el simple falta de cumplimiento de las obligaciones, sino que ese incumplimiento haya sido como consecuencia de una conducta fraudulenta del deudor. En atención a lo anterior el legislador hondureño ha tipificado el delito de Alzamiento de Bienes en el artículo 237 del vigente Código Penal, disponiendo que: “Será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años, si fuere comerciante, y de dos (2) a cinco (5) años, si no lo fuere, el deudor que para sustraerse el pago de sus obligaciones, enajenare o gravare sus bienes sin notificarlo en forma auténtica a sus acreedores, con quince (15) días de antelación por lo menos; u ocultare sus bienes, simulare enajenaciones o créditos, o se trasladare al extranjero sin dejar persona que lo represente, o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas.”; El delito sanciona penalmente la lesión al derecho de crédito independientemente si existe o no procedimiento judicial para hacerlo valer. En razón de lo anterior, podemos identificar como Elementos Objetivos del tipo penal in comento: 1. Sujeto Activo es de carácter cualificado pues requiere una doble condición: i.- Ser la persona deudora, entendiéndose como tal aquella que está ligada jurídicamente con la obligación primero. que le requiere dar, o con el pago de indemnización por incumplimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer algo; y ii.- Ser propietario de los bienes objeto de alzamiento. Se trata de un delito de propia mano, es decir que solo puede ser autor quien se encuentre en la condición realizar la conducta esperada. 2. Sujeto Pasivo en el delito es el acreedor de la obligación, es pues aquella persona que puede pedir, por derecho subjetivo, el cumplimiento de la obligación de dar, la indemnización compensatoria de la obligación incumplida de hacer y no hacer, y/o, la indemnización moratoria y la indemnización por daños (daño emergente) y perjuicios (lucro cesante), que el incumplimiento de la obligación primero haya causado. 3. Objeto del delito, son los bienes del deudor, comprendiendo los muebles e inmuebles, tangibles o intangibles. Ahora bien cuando se trate de obligación de dar cuerpo cierto (Art. 1351 del Código Civil), el delito se produciría cuando la disposición o simulación patrimonial se diese en relación a ese bien, aun cuando el deudor tenga otros bienes (no es un delito de insolvencia, sino de frustración de la obligación), lo mismo ocurrirá cuando se trate de una Obligación Facultativa en relación al bien objeto de la obligación o en las obligaciones alternativas cuando la elección estuviese a cargo del acreedor (Art. 1394 del Código Civil); Sin embargo no se produciría el delito cuando se tratase de obligaciones alternativas a elección del deudor, recayendo el acto de disposición o simulación patrimonial en uno de los bienes alternativos, quedando sin afectación los otros bienes, tampoco existiría delito cuando en una obligación facultativa se hace la disposición patrimonial del bien facultado sin afectación del bien primario de la obligación. 4. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es “sustraerse” que es la acción de hacer imposible el cumplimiento normal del crédito que tiene el deudor, por ende la existencia de la obligación debe de ser preexistente a la conducta de sustraerse. Entiéndase por incumplimiento, aquel que consista en incumplimiento total; incumplimiento incompleto, incumplimiento defectuoso e incumplimiento tardío. Es importante señalar que la conducta no implica insolventarse, pues el sujeto activo podrá seguir manteniendo su solvencia al momento de que salga del país sin dejar representante legal, o al momento de ocultar sus bienes para alejarlos del alcance del acreedor, más en todos esos casos lo que perjudica es el cumplimiento de la obligación preexistente, incluida su cumplimiento en tiempo, pues el cumplimiento tardío por conducta fraudulenta de igual modo causa perjuicio al acreedor. 5. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, las cuales conforme el artículo 237 del Código Penal pueden ser: A.- Por Conductas Reales: i.- De carácter materiales : *.- Ocultando los bienes, que ocurre cuando el deudor coloca sus bienes fuera del alcance del acreedor; *.- Abandonando el país el deudor durante el tiempo en que se deba de cumplir la obligación, sin dejar persona que lo represente o habiendo dejado, sin asegurarse dejar bienes suficientes para responder por aquella; ii.- De carácter Jurídicas: *.- Enajenando los bienes; *.- Gravando los bienes, como cuando se ponen como garantía de obligación contraídas con otras personas o cuando se promete su venta o donación futura; B.- Simulada: i.- Aparentando enajenaciones; o ii.- Falseando la existencia de créditos que pueden ser preferentes respecto al cuerpo cierto que se deba o créditos simples que obligarían a concursar al acreedor. 6. Condición de la Conducta Criminosa: Estableciendo el tipo penal que las conducta de sustraerse realizada mediante cualquiera de las modalidades criminosas, se realicen sin haber notificado de Manera autentica, judicial o extrajudicialmente, al acreedor o cuando dicha notificación no haya sido realizada con por lo menos, quince (15) días antes del acto de disposición patrimonial o de la fecha en que el deudor tenga contemplado salir del territorio nacional en el tiempo en que se deba de dar cumplimiento a la obligación. La notificación es para efectos de que el acreedor pueda realizar las acciones pertinentes de oposición en caso de que el acto de disposición patrimonial o el abandono del país del deudor le ocasione perjuicio, bajo el entendido de que consiente dichas conductas cuando habiendo sido debidamente notificado no presenta oposición alguna. 7. Nexo Causal: la conducta de sustraerse debe de dar como consecuencia la frustración de cumplimiento del crédito, causando perjuicio al acreedor, para ello debe de concurrir: i.- Preexistencia de una obligación de carácter patrimonial, derivada de una obligación de dar, hacer o no hacer, de índole civil, mercantil, laboral, etc., que tenga como fuente la ley, un contrato, un cuasi contrato, un delito, un cuasi delito o una conducta no culpable generador de obligaciones; En caso de que tal obligación este siendo disputada en proceso judicial, los tribunales penales no podrán conocer del delito de alzamiento de bienes sino hasta que la existencia de dicha obligación sea reconocida por resolución definitiva y firme; ii.- Que el deudor haya logrado sustraerse del cumplimiento de la obligación, generando su incumplimiento total, parcial defectuoso o tardío; iii.- Que el incumplimiento haya causado perjuicio patrimonial al acreedor. 8. Penalidad, condicionada por la calidad del deudor, si este es comerciante bajo el concepto señalado por el Código de Comercio, o no comerciante, disponiendo la normal legal en estudio la pena de tres a seis años en el primer caso, y de dos a cinco años en el segundo caso. Como Elemento Subjetivo se identifica al dolo: El autor actúa con conocimiento de que su conducta frustrará el cumplimiento oportuno de la obligación, teniendo la voluntad de hacerlo, adoptando una postura Maliciosa al no notificar al acreedor los actos de disposición patrimonial reales, al simular actos de disposición patrimonial o al no notificar su ausencia del territorio nacional en el tiempo de cumplimiento de la obligación. La conducta debe tener como fin inequívoco impedir la eficacia del cumplimiento a tiempo de la obligación. Partiendo de lo anterior, se identifican como Características Del Tipo Penal de Asesinato, las siguientes: 1. Según Su Estructura: a.- Tipo Penal Especial: Por tomar elementos básicos del fraude, estableciendo otros adicionales para configurar el delito; b.- Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: Sustraerse; 5. Según su Contenido; a.- Tipo Penal de resultado, consistente en la conducta indebida de haber frustrado el cumplimiento oportuno y exacto de la obligación; Si la frustración se debe a otros motivos distintos a la conducta, conocimiento y voluntad del sujeto activo, no podrá imputársele el delito.- El delito es consumado cuando se frustra la obligación, es decir cuando el acreedor no puede hacerla cumplir ni siquiera coercitivamente.- b.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento.- c.- Tipo Penal de Comisivo: Al describir el tipo penal una conducta de carácter comisiva, fenoménicamente apreciable; d.- Tipo Penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal Manera que la conducta se desprende con claridad; 6. Según el Sujeto Activo: a.- Unisu bjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b.- Tipo Penal cualificado, al establecer como sujeto activo a la persona del deudor por sí o por conducto de un apoderado legal que siga sus indicaciones, en cuyo caso aquel sería el autor mediato y el apoderado legal el instrumento del delito cuando fuese imputable; De igual forma la inducción y las formas de complicidad son admisibles en este tipo penal. 7. Según el Bien Jurídico Tutelado: a.- Tipo Penal Pluri-ofensivo, al proteger principalmente el patrimonio del acreedor, pero además la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones; b.- Tipo Penal de lesión, dado que describe una conducta que alcanza a potenciar una lesión al bien jurídico protegido. IV.III.II.- De la Procedencia del Segundo Motivo El Segundo Motivo es de Recibo.- Para el Tribunal de Sentencia, la acusada M. J. M. M., es autora de un delito de Insolvencia Punible en perjuicio de la Señora R. J., mismo que según los juzgadores se encuentra tipificado en el artículo 237 del Código Penal, cometiendo un error en el Nomen Iuris, pues el nombre correcto de la tipología que sustenta el fallo condenatorio es el de Alzamiento de Bienes. El A-Quo señala que la responsabilidad penal de la acusada deriva de los siguientes hechos probados (relacionados de formas literal líneas atrás): 1. Que la acusada M. J. M. M. fue condenada por un tribunal de justicia a pagar a favor de la Señora R. J., la cantidad de L. 112,964.11; Obligación de índole laboral; 2. Que la acusada M. J. M. M., fue requerida judicialmente para que procediera a cumplir con la obligación de pago, a lo cual se negó; 3. Que la acusada, no acatando la sentencia donde declaraba su obligación de pago, procedió a cambiar el nombre del lugar en donde la acreedora estuvo trabajando, y además traspaso el permiso de operación a su hijo. Los hechos declarados probados, como bien denuncia el Pretensor, no se subsumen al ámbito situacional previsto en el artículo 237 del Código Penal, ello dado que el hecho probado no señala que como consecuencia del traspaso de permiso de operación y cambio de nombre del centro de trabajo, se haya frustrado la acción de pago judicial que inicio la acreedora (R. J.), promovió judicialmente en contra de la deudora y ahora acusada (M. J. M. M.), ni siquiera a nivel de tentativa; Recordemos lo mencionado en el apartado anterior, en cuanto a que el delito de alzamiento de bienes es un delito en perjuicio de la propiedad y es un delito de resultado, es pues que requiere el detrimento al propiedad del sujeto pasivo como consecuencia del accionar fraudulento del sujeto activo, lo cual no se aprecia como parte de la descripción de los hechos declarados probados; si bien señalan que la acusada no procedió a realizar el pago, no se indica que el traspaso del permiso de operación (enajenación), tuviese como repercusión (nexo causal) la imposibilidad de cumplimiento de la obligación ni siquiera coercitivamente por la inexistencia o insuficiencia de otros bienes de la acusada (deudora). Por otra parte es de considerar además que el hecho probado no describe que el centro de trabajo haya sido propiedad de la acusada, tampoco que lo haya enajenado para frustrar, en este caso, el derecho de satisfacción del acreedor; El hecho probado describe que la acusada cambió el nombre del centro de trabajo y cambió del permiso de operación de éste, que es un permiso de carácter administrativo para abrir puertas del establecimiento ofreciendo servicios o productos al público, lo que no equivale enajenación de propiedad, por cuanto la autoridad administrativa registra que una persona es la autorizada para operar el negocio, pero puede ser otra persona distinta la que posea la propiedad de éste; Entonces, conforme la configuración de los hechos declarados probados, la acusada no ha realizado la conducta de sustraerse de la obligación mediante la enajenación, gravado u ocultación de bienes, o mediante la simulación de enajenación o de existencia de créditos preferentes o concursantes, mucho menos que se haya trasladado al extranjero con la equivoca intención de no cumplir con la obligación de pago. IV.IV.- Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Abogado E. T. S., Defensor Privado de la Señora M. J. M. M.- Tercer Motivo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Origen de la Doctrina Legal que se alega infringida: Sentencias emitidas por la Sala de lo penal en los casos 398-2006, 374-2007 y 189-2009, del 05 de Mayo y 10 de junio de 2010, respectivamente; Concepto de la Infracción: Naturaleza del Recurso de Casación por Infracción de Ley; Pretensión: Se Case la Sentencia, anulando la misma y se proceda a dictar una que en derecho corresponda. Denuncia el Pretensor que se ha violentado la doctrina legal contenida en las sentencias e mandadas por esta Sala de lo penal, en los casos 398-2006 del 05 de Mayo de 2010, 374-2007 del 10 de junio de 2010 y 189-2009 del 10 de junio del 2010, las cuales establecen: “La Sala de lo Penal, ha reiterado que cuando se conoce un Recurso de Casación por Infracción de Ley, se trata precisamente de examinar si en la descripción de los hechos probados establecida por el Tribunal de instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunción del hecho en el derecho, ya que el objetivo preciso del Recurso por Infracción de Ley, lo es el relato de hechos probados en la sentencia que deben ser descritos en el fallo de manera clara y precisa conteniendo un relato fáctico que permita adecuarlos a una hipótesis normativa Debiéndose respetar los hechos probados, pues el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia limita el control jurídico de la casación al vedar entrar a la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos los cuales son fijados en la sentencia recurrida, procediendo sólo revisar y corregir la aplicación del derecho sustantivo. La impetrante en Casación por Infracción de Ley, debe precisamente manifestar el vicio auditivo que se considera cometido por el Tribunal sentenciador al momento de adecuar los hechos con el derecho en la infracción de normas sustantivas penales o doctrina legal, ya sea por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea.”. Para el Pretensor señala que los hechos declarados probados no especifican en que consistió la negativa de la acusada tendiente a desobedecer el requerimiento de Pago, ni tampoco porque éste revestía todas las formalidades legales; Por otro lado tampoco especifican que la acusada sea deudora de la víctima, que tenían un crédito documentado, con lo cual se infringió la doctrina legal señalada. IV.IV.I.- De la Doctrina Legal (Principio Stare Decisis) Se conoce como Doctrina legal al criterio jurídico sentado por la Sala de lo Penal y que ha servido como base para la resolución de un hecho concreto, aplicado en tres casos diferentes no relacionados en tres sentencias de casación que han adquirido fuerza ejecutoria (Art. 360 del Código Procesal Penal y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional). La doctrina legal es considerada como una fuente auxiliar de la actividad judicial, la cual debe de tener en cuenta los órganos jurisdiccionales con competencia en materia penal (Art. 19 del Código Procesal Penal) y en particular de obligatoria observancia al momento de que el Tribunal de Sentencia se apreste a resolver un caso concreto mediante la emisión de la sentencia, debiendo tenerla en cuenta en su fundamentación jurídica (Art. 338 del Código Procesal Penal), caso contrario dicha sentencia podría ser objeto de impugnación vía recurso de casación por infracción de ley como se ha explicado (Art. 360 del Código Procesal Penal). La doctrina legal es de vital importancia en un estado democrático de derecho, pues contribuye con la seguridad jurídica: i.- al cumplir una función unificadora de criterios legales en el sistema jurisdiccional penal, pues tiene el carácter obligatoria y vinculante en todas las resoluciones que emitan los Juzgados y Tribunales del país a nivel nacional, ello como contribución al Principio de igualdad de trato ante la ley (Art. 61 de la Constitución de la República); ii.- al cumplir una función de previsibilidad en los fallos, dado que las partes, al identificar el problema jurídico, pueden prever cual será el fallo a emitir por el órgano jurisdiccional, cuando el Them Iuri Decidendi ya haya sido definido en la Doctrina Legal. Ahora bien, es importante tener en consideración que no todo el contenido de una sentencia resulta vinculante, es decir resulta ser parte de la Doctrina legal; Las sentencias casacionales tienen tres partes, y solo una de ellas es la de obligatoria observancia, a saber: 1. Obiter Dictum ú Obiter Dicta en plural; 2. Ratio Decidendi; y 3. El Decissum. A. Obiter Dictum (“Dicho sea de paso”) Es el conjunto de análisis, razonamientos o principios invocados por la Sala de lo Penal, à propios de, que sirven de antecedentes al caso, pero que no contribuyen a la formación del principio o interpretación normativas que sirve como base para la resolución del conflicto jurídico objeto de impugnación (Art. 350 del Código Procesal Penal) y que por lo tanto no contribuyen para la construcción de la Doctrina Legal; La Obiter Dicta son declaraciones fuera de los límites que conforman la controversia, y que son señaladas por el Tribunal ya sea como antecedentes del caso, como ejemplos, como situaciones analógicas o antagónicas; También pueden consistir en representaciones de situaciones que pueden ser aplicables en otros casos, pero que en el de mérito no es posible dada la declaración de los hechos probados. La Obiter Dictum es de carácter ilustrativa, pero no constituye pilar del principio normativo del criterio interpretativo que construye la Sala de lo Penal y en que se funda la decisión del caso concreto. Ahora bien, en ocasiones el Obiter Dicta influye en la decisión de casos futuros, cuando los razonamientos y principios que le conforM.n resultan vinculantes para resolver un posterior caso concreto, por lo que transmutan a la condición de Ratio Decidendi; De este modo el Obiter Dictum en una sentencia podría aparecer como Ratio Decidendi en otra, pero solo en éste último caso es que tendría fuerza vinculante. B. Ratio Decidendi ("Razón Para Decidir") La Ratio Decidendi, son aquellos argumentos jurídicos que desplaya la sala de lo Penal y que sirven para motivar y justificar la resolución judicial que se emite en el caso concreto, dando así respuesta a las impugnaciones de la parte Recurrente.- La Ratio Decidendi, se vuelve obligatoria cuando pasa a constituir Doctrina Legal, por efecto del Principio Stare Decisis (“Adherirse a los casos Resueltos”), que manda que todo caso posterior en donde el conflicto jurídico sea aquel en donde exista un criterio con fuerza de doctrina legal, debe de ser resuelto en base a ésta y que por tanto vincula no solo a las demás Salas de la Corte Suprema de Justicia, sino a todo órgano jurisdiccional de la República. Tratándose de los Recursos de Casación por Infracción de una Ley Penal Sustantiva, que es el recurso interpuesto por el Pretensor, es importante recordar que de manera obligatoria todo Tribunal de Justicia que emita una sentencia de carácter definitiva tiene que definir en ella los hechos que da por probados, ya sea como consecuencia de la valoración de la prueba, ya sea como consecuencia de la aceptación incondicional de la persona acusada de los hechos de la acusación; Hechos probados que son la base para la construcción del principio normativo o principio interpretativo que hace la Sala de lo Penal y que forman parte de la Ratio Decidendi, al justificar el fallo que se emite: La Ratio Decidendi es el razonamiento normativo aplicado al caso concreto por la Sala de lo Penal, que resuelve la controversia planteada por el Recurrente y que fundamenta la resolución del caso concreto, y que tiene dos efectos: i. Cobra autoridad de doctrina legal cuando ese mismo razonamiento normativos o interpretativo es aplicado para resolver otros dos casos concretos diferentes e independientes, mediante otras dos sentencias, haciendo un total de tres sentencias, basadas en un idéntico criterio penal; y ii. Cobra autoridad vinculante a las decisiones futuras de la propia Sala de lo Penal, aun cuando no constituya Doctrina Legal, como antecedente de criterio jurídico, el cual como regla general deben de ser tormados en consideración, salvo que la propia Sala justifique el cambio de criterio, como consecuencia de la inclusión de una normas al sistemas jurídico, un avance en la doctrina científica penal relacionada o una innovación de criterio por mejor aplicación; Esto no puede ser de otra formas pues este Ad-Quem afinca sus decisiones en criterios jurídicos de aplicación general al amparo de la ley. C. El Decissum Es la decisión final que adopta la Sala de lo Penal en la sentencia que emite, como efecto directo e inexorable del Ratio Decidendi, volviéndola de esta formas vinculante. D. Como Identificar la Ratio Decidendi Es de reconocer para esta Sala de lo Penal que en las sentencias de casación emitidas no existen apartados concretos en donde de manera explícita se distinga la Obiter Dictum de la Ratio Decidendi, ello no por una mala técnica en la construcción de la decisión judicial, sino porque el razonamiento judicial debe englobar ambos para la formulación de una idea coherente y/o entendible; De modo entonces que existirá Obiter Dictum encapsulado entre la Ratio Decidendi y viceversa, siendo entonces el trabajo de las judicaturas y, en general, operadores de justicia y procuradores penales, hacer su correcta identificación. Una formas para discriminar una de otra, sin que implique una fórmula materias es tener presente los aspectos objetivos y subjetivos de la decisión: Como Aspectos Objetivos, es lo relacionado a la función de la Sala de lo Penal y en particular a su competencia: 1. El Tribunal de Casación tiene como competencia radicada los aspectos objetos de impugnación que ha presentado el Recurrente; 2. El Tribunal debe necesariamente, en respeto al principio de petición, dar respuesta a cada una de las cuestiones objeto de impugnación; 3. La resolución casacional debe de estar basada en principios normativos e interpretativos de aplicación general. Como Aspectos Subjetivos, en cuanto a lo decidido en el caso concreto, el estudio de la sentencia, a efectos de identificar la Obiter Dictum y la Ratio Decidendi, se realiza de Manera inversa: 1. Identificar El Decissum adoptado por la Sala, en el apartado señalado como “Decisión” y en la Parte Dispositiva; 2. Proceder a identificar en el apartado “Fundamentación Jurídica”, de la sentencia los distintos argumentos normativos o interpretativos dados por el Tribunal, que aporten explicación a la decisión, y sin los cuales ésta se vería huérfana de justificación; 3. Estudiar en el apartado “Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos”, los recursos interpuestos por el Recurrente, de éstos los Motivos y de éstos los agravios, a fin de poder establecer que criterios normativos y que criterios interpretativos dan respuesta directa (positiva o negativa) a los aspectos que fueron objeto de la impugnación. Tras el proceso analítico de la sentencia, se podrá identificar la Ratio Decidendi la sentencia, siendo éstas las consideraciones Materiales para el juzgador, en la resolución del caso concreto, siendo aquellas opiniones, hechos no Materiales o razonamientos de relación la Obiter Dictum.- Es importante tener en consideración que dentro de una sentencia se pueden encontrar dos o más razones en las cuales la Sala de lo Penal ha fundamentado su decisión, siendo todas ellas parte de la Rationes Decidendi. IV.IV.II.- De la Procedencia del Tercer Motivo El Tercer Motivo no es de Recibo.- El Pretensor ha citado como Doctrina Legal, el contenido de tres decisiones casacionales que constituyen Obiter Dicta, por consistir en un criterio que explica los alcances del Recurso de Casación por Infracción de Ley y que no constituyen principios normativas o interpretaciones normativas vinculada a la resolución de los tres casos concretos en los cuales se emitieron las sentencias. El Pretensor relaciona el contenido de las sentencias como formas de apuntalar su denuncia respecto a que los hechos probados no incluyen información que a su criterio era importante para la configuración del delito, más tal contenido lo que explica es la tarea que debe de realizar la Sala de lo Penal frente a un recurso de Casación por Infracción de Ley, en particular el respeto a la condición de intangibilidad de los hechos probados, anotando que estos deben de ser claros y precisos, pero sin desarrollar el contenido de ninguno de esos conceptos, por lo que tal anotación es meramente referencial sin que constituya el Ratio Decidendi en los tres casos citados y que por lo tanto no constituye Doctrina Legal. IV.V. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de ForM.. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma sino para curso total del proceso penal; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas , las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que normas procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la normas procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la normas procesal; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llaman vicio in procediendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. IV.V.I. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Formas interpuesto por el Abogado E. T. S, Defensor Privado de la Señora M. J. M. M.- Único Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin Determinar por el Pretensor; Concepto de la Infracción: Los hechos Declarados Probados no son Terminantes; Reclamas Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor; Pretensión: Se Case la Sentencia, anulando la misma y se proceda a dictar una que en derecho corresponda. Estima el Pretensor que los hechos estimas por probados no revisten la características de terminantes; En cuanto al delito de desobediencia no especifica en que consintió la negativa abierta efectuada por la acusada y por qué el acta de requerimiento de pago revestía de todas las formalidades legales; En cuanto al delito de insolvencia Punible no se especifica por que la acusada debía de ser considerada deudora de la víctima, en qué consistía el crédito y como estaba documentado y que bienes sustrajo, enajeno o gravó. IV.V.II.- De la Declaración de los Hechos Probados Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; Es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la normas sustantiva aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a, Precisos: Los Hechos probados deben de ser la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto serán estos los hechos que deben de ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal; b. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); c. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de Manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afimaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); d. La no utilización de Conceptos que Predeterminen el Fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son pues las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; En su construcción los Juzgadores no deben de hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; Tampoco los Juzgadores deben de hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, Abril de 2011.- pág. 118), esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad o terminación los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso Manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la normas penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 4. Que el Censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad o terminación. IV.V.III.- De la Procedencia del Recurso El Recurso No es de Recibo.- El Pretensor denuncia como falta de terminancia consideraciones de hecho que no pertenecen al factum, sino que deben de esperarse en la valoración de la prueba y en la fundamentación jurídica; aspectos como el valor legal que debe tener el requerimiento de pago hecho a la acusada, sobre la existencia o no de una obligación derivada de un crédito o sobre si se cumplen o no los elementos objetivos del tipo (ocultar, enajenar, traspasar bienes), no pertenecen a los hechos declarados probados. La Terminantica, como se ha explicado, es la condición que deben de tener los hechos probados de presentarse como un hecho afirmativo y cierto, llevando al lector a una única realidad; La falta de terminancia entonces es cuando el relato permite al lector construir bifurcaciones en donde por cada una de ellas sea posible representarse una realidad distinta, eso gracias a la indecisión del A-Quo, por la construcción dubitativa del hecho histórico. IV.VI.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos , en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda normas legal puede engarzarse con una normas constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO M.NZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma. Constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacia de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. IV.VI.I.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Abogado E. T. S., Defensor Privado de la Señora M. J. M. M..- Motivo Único. Normas Autorizante: 94.2 de la Constitución de la República; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 94 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 102 del Código Procesal Penal y 457 al 469, 1065 al 1070 del Código de Procedimientos Comunes de 1906; Concepto de la Infracción: Violación al Derecho de ser Oído y Vencido en Juicio; Reclamación Ex ante: Sin Determinar por el Pretensor; Pretensión: Se Case la Sentencia, anulando la misma y se proceda a dictar una que en derecho corresponda. Para el Pretensor se ha violentado el Principio Constitucional como consecuencia de que el requerimiento de pago fue realizado a una persona llamada M. J. M., y no a la acusada de nombre M. J. M., sin que se hubiese acreditado, bajo información Ad Perpetuam (regulado por los artículos 1065 a 1070 del Código de Procedimientos Comunes) que se tratase de una misma persona y por ello no debió habérsele dado valor probatorio a dicha diligencia de requerimiento, por ser de carácter ilícita. Reflexiona que al no habérsele requerido de pago a la acusada, no se le dio oportunidad de ser oída en el proceso de ejecución laboral y mucho menos el ser vencida, sumado al hecho de que no se agotó la vía de apremio en ese proceso judicial. IV.VI.II- De la Procedencia del Recurso El Recurso No es de Recibo.- El recurso es de difícil entendimiento; El Pretensor no fue preciso en su exposición, en especial en el acto o acuerdo judicial dado por el Tribunal de Sentencia que ocasiona la violación a la normas constitucional. El artículo 94 de la Constitución de la República, es una extensión del derecho de Defensa, pues determina que ninguna persona podrá ser condenada sin darle la oportunidad de ser oída, es decir sin tener la oportunidad de realizar defensa Material y técnica respecto a la acusación (tratándose de un proceso penal) y sin que sea vencida en un juicio donde se haya respetado un debido proceso, lo que implica el respeto precisamente al derecho de defensa.- El alegato del Pretensor improcedente, en consideración a: 1. La supuesta violación al derecho de defensa, se señala ha ocurrido en el proceso judicial de índole laboral, por lo que es ante aquel fuero que debió haberse alegado oportunamente; En presente recurso de casación tiene por objeto controlar la primacía de la constitución en relación a las decisiones judiciales tomadas en el proceso penal y en particular el derecho de defensa, sin que el pretensor haya identificado acto o decisión judicial que hubiese significado su violación; 2. Alude que un medio de prueba tiene la calidad de prueba ilícita, lo que atañe a un tema diferente al que anuncia en su motivo; 3. En apariencia el Pretensor basa su alegato en un mero tecnicismo sin significancia procesal, al señalar que la orden de requerimiento se realizó en contra de una persona llamada M. J. M., y que su representada obedece al nombre de M. M. J. M., lo cual en todo caso es tema que es propio de la instancia y que no tiene relación a la violación al derecho de ser oído y vencido en el juicio penal que nos ocupa; 3. El escrito de interposición no determina cual es la normas procesal que autoriza la interposición del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, además de que no se explica cómo resultan violentados los artículos 102 del Código Procesal Penal y 457 al 469 del Código de Procedimientos Comunes de 1906, en particular porque desde la presentación del requerimiento fiscal la persona que es acusada fue identificada plenamente, no solo con su nombre, sino con su número de identidad y demás generales. V. DECISIÓN 1. Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en el primer y segundo motivo; 2. No ha Lugar el recurso de Casación por Infracción de Ley en su tercer motivo; 3. No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Formas en su único motivo; 4. No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus motivos primeros y segundo, interpuesto por el Abogado El T. S., Defensor Privado de la Acusada M. J. M. M..- Segundo: Declara No ha Lugar el tercer motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, y los motivos únicos de los recursos por Quebrantamiento de Formas y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos por el Abogado E. T. S., Defensor Privado de la Acusada M. J. M. M..- Tercero: Casa la Sentencia de fecha dieciocho (18) de Noviembre de dos mil trece (2013) (f. 208), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán; En consecuencia Revoca su Parte Dispositiva, procediendo esta Sala de lo Penal a dictar en su lugar el siguiente pronunciamiento de fondo en base a los hechos declarados probados por el A-Quo: 1. Se debe de absolver y Absuelve a la Señora M. J. M. M., cuyas menciones generales de identidad ya han sido detalladas en el proceso penal, de toda responsabilidad penal como autora directa de un delito consumado de Desobediencia en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras; 2. Se debe de absolver y Absuelve a la Señora M. J. M. M., de toda responsabilidad penal como autora de un delito consumado de Alzamiento de Bienes Fraudulento, identificado erróneamente por el Tribunal de Sentencia como delito de Insolvencia Punible, en perjuicio de la Señora R. R. J.; 3. Revoca todas las medidas cautelares impuestas a la Señora M. J. M. M., con ocasión del presente proceso criminal, a ejecutar por el Tribunal de la Instancia; 4. Declarar la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal. MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. FIRM.S Y SELLO. AlM. Consuelo Guzmán García. ma.gistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. M.gistrado. Rafael Bustillo Romero. M.gistrado. FIRM. Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL”.

Extendida a solicitud del Abogado E. P. T. S., en su condición de representante legal de la a M. J. M., en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de Mayo de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de Marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-261-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

Página 43 de 43

[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.