Sentencia CP-250-14 — Registro 8818
Resumen
Se condena al imputado por el delito de Robo de Vehículo bajo la modalidad de Adquisición de Vehículo Robado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para establecer de manera clara y precisa, cómo el Sentenciador infringió los preceptos constitucionales que invoca, puesto que encontramos en la Sentencia recurrida, basta prueba capaz de quebrantar a la presunción de inocencia; asimismo considera este Tribunal que el recurrente ha equivocado la vía recursiva, puesto que argumentó que no se acreditó como probado los elementos objetivos necesarios para la acreditación del delito que se imputa, explicaciones que son propios de recursos donde se denuncia la violación de normas sustantivas conforme la declaración de hechos probados. Ahora bien, esta Sala de lo Penal considera que no se ha violentado ni el Debido Proceso ni la Presunción de Inocencia en la presente causa, puesto que el Tribunal Sentenciador razonó suficiente prueba que acreditaba la participación del acusado en los hechos investigados, en primer lugar el propio imputado fue encontrado en posesión de una motocicleta sin placas con reporte de robo, encontramos además las declaraciones de los agentes de policía que estaban haciendo el operativo, quienes confirman que al imputado se le encontró en posesión de la motocicleta y que tenia reporte de robo, lo cual se acreditó además con la constancia de la DEI ratificada por el agente L. L. R., quien explicó cómo se obtuvo dicha información; encontramos también dentro del legajo probatorio un acta de inspección y álbum fotográfico ratificados por la agente de investigación K. H., además de un dictamen pericial ratificado por el agente C. C. S. mediante el cual se establece que la motocicleta decomisa es original con la que se reportó como robada; por último el Sentenciador tuvo a la vista el dictamen de documentología ratificado por el agente C. R. P., con lo cual se acredita que el documento que portaba el imputado, referente a un permiso para circular sin placas es falso. Todas estas pruebas sirvieron de base al A-quo para quebrantar la presunción de inocencia que gozaba el acusado y adquirir la certeza necesaria para declarar su culpabilidad en los hechos investigados; si bien cuestionó el recurrente que el artículo 218 D del Código Penal refiere en su últimas líneas, que se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe y como bien lo establece el censor la buena fe se presume, excepto en aquellos casos en que la ley expresamente así lo establezca, en el caso de autos, la referida norma penal obliga a quien está siendo acusado por ese delito, que debe probar la buena fe que tuvo para adquirir el vehículo, situación que no acreditó el acusado, puesto que los testigos en referencia no fueron suficientes para determinar que su actuación fuese en buena fe, puesto que el único que podía establecer cómo había actuado en esa circunstancias era el propio acusado, quien debía establecer cómo adquirió dicha moto, donde y a quien, además de presentar la documentación legal de soporte de la supuesta transacción legal, al no realizarlo así, el sentenciador solo cuenta con prueba de cargo suficiente que acredita su participación a título de autor. Cuestionó además el recurrente, que no se había acreditado los elementos del tipo penal del artículo 218 D del Código Penal que regula el delito de Adquisición de vehículo robado, puesto que no se habían acreditado tampoco los elementos objetivos del artículo 217 del mismo cuerpo legal, es decir si el despojo de la moto se había realizado con violencia, intimidación o engaño, el lugar, día y hora en que se realizó y a que persona se le despojó; al respecto esta Sala de lo Penal considera necesario aclarar, que los tipos penales de los artículos 217 y 218D del Código Penal son delitos independientes que no se requiere la acreditación de uno para conformación del otro; el delito de Adquisición de vehículo robado es un tipo penal cuyos elementos objetivos son muy diferentes del delito de robo simple regulado en el artículo 217 del ya mencionado Código Penal. El primer elemento objetivos del delito de adquisición de vehículo robado lo constituyen 3 verbos rectores: “ocultar”, “transferir” o “adquirir”, como segundo elemento objetivo sería “un vehículo robado, hurtado o abandonado”; como elemento subjetivo seria el ánimo o intención querer hacer las cosas. Estos elementos objetivos fueron debidamente acreditados en la presente causa, argumentos que se encuentra plasmados en la Sentencia recurrida y que para esta Sala resultan suficientes y confiables. En tal sentido considera este Tribunal de Casación que no se han quebrantado la Presunción de Inocencia ni el Debido Proceso, puesto que existe suficiente prueba que acredita la participación del acusado en los hechos investigados, además que todo el proceso penal se realizó conforme a los procedimientos que nuestra legislación procesal ordena y en respeto de la Constitución y la Leyes, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Denunció el reclamante la transgresión a las Reglas de la Sana Crítica por parte del Juzgador, estableciendo como norma que le permite la interposición del recurso, en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que el Tribunal Sentenciador incurrió en violación de la lógica en su principio de razón suficiente, porque externo el argumento de que: “El señor D. D. R. P., tenía conocimiento de que la motocicleta marca honda, color azul, sin placas había sido despojada”, razonamiento que extrae el Juzgador de las declaraciones de los testigos de la defensa E. G. U. y S. R. N., estableciendo que sus testimonios sirvieron para acreditar que el imputado sabía de la procedencia ilícita de la motocicleta, ya que era bastante tiempo transcurrido sin obtener la documentación y que el precio que pagó el acusado esta muy por debajo del valor en el mercado, deducción que ha realizado el Sentenciador en base a su razonamiento y no ha prueba alguna."
Legislación citada
- Código Penal, art. 217 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 218, literal D (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para establecer de manera clara y precisa, cómo el Sentenciador infringió los preceptos constitucionales que invoca, puesto que encontramos en la Sentencia recurrida, basta prueba capaz de quebrantar a la presunción de inocencia; asimismo considera este Tribunal que el recurrente ha equivocado la vía recursiva, puesto que argumentó que no se acreditó como probado los elementos objetivos necesarios para la acreditación del delito que se imputa, explicaciones que son propios de recursos donde se denuncia la violación de normas sustantivas conforme la declaración de hechos probados. Ahora bien, esta Sala de lo Penal considera que no se ha violentado ni el Debido Proceso ni la Presunción de Inocencia en la presente causa, puesto que el Tribunal Sentenciador razonó suficiente prueba que acreditaba la participación del acusado en los hechos investigados, en primer lugar el propio imputado fue encontrado en posesión de una motocicleta sin placas con reporte de robo, encontramos además las declaraciones de los agentes de policía que estaban haciendo el operativo, quienes confirman que al imputado se le encontró en posesión de la motocicleta y que tenia reporte de robo, lo cual se acreditó además con la constancia de la DEI ratificada por el agente L. L. R., quien explicó cómo se obtuvo dicha información; encontramos también dentro del legajo probatorio un acta de inspección y álbum fotográfico ratificados por la agente de investigación K. H., además de un dictamen pericial ratificado por el agente C. C. S. mediante el cual se establece que la motocicleta decomisa es original con la que se reportó como robada; por último el Sentenciador tuvo a la vista el dictamen de documentología ratificado por el agente C. R. P., con lo cual se acredita que el documento que portaba el imputado, referente a un permiso para circular sin placas es falso. Todas estas pruebas sirvieron de base al A-quo para quebrantar la presunción de inocencia que gozaba el acusado y adquirir la certeza necesaria para declarar su culpabilidad en los hechos investigados; si bien cuestionó el recurrente que el artículo 218 D del Código Penal refiere en su últimas líneas, que se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe y como bien lo establece el censor la buena fe se presume, excepto en aquellos casos en que la ley expresamente así lo establezca, en el caso de autos, la referida norma penal obliga a quien está siendo acusado por ese delito, que debe probar la buena fe que tuvo para adquirir el vehículo, situación que no acreditó el acusado, puesto que los testigos en referencia no fueron suficientes para determinar que su actuación fuese en buena fe, puesto que el único que podía establecer cómo había actuado en esa circunstancias era el propio acusado, quien debía establecer cómo adquirió dicha moto, donde y a quien, además de presentar la documentación legal de soporte de la supuesta transacción legal, al no realizarlo así, el sentenciador solo cuenta con prueba de cargo suficiente que acredita su participación a título de autor. Cuestionó además el recurrente, que no se había acreditado los elementos del tipo penal del artículo 218 D del Código Penal que regula el delito de Adquisición de vehículo robado, puesto que no se habían acreditado tampoco los elementos objetivos del artículo 217 del mismo cuerpo legal, es decir si el despojo de la moto se había realizado con violencia, intimidación o engaño, el lugar, día y hora en que se realizó y a que persona se le despojó; al respecto esta Sala de lo Penal considera necesario aclarar, que los tipos penales de los artículos 217 y 218D del Código Penal son delitos independientes que no se requiere la acreditación de uno para conformación del otro; el delito de Adquisición de vehículo robado es un tipo penal cuyos elementos objetivos son muy diferentes del delito de robo simple regulado en el artículo 217 del ya mencionado Código Penal. El primer elemento objetivos del delito de adquisición de vehículo robado lo constituyen 3 verbos rectores: “ocultar”, “transferir” o “adquirir”, como segundo elemento objetivo sería “un vehículo robado, hurtado o abandonado”; como elemento subjetivo seria el ánimo o intención querer hacer las cosas. Estos elementos objetivos fueron debidamente acreditados en la presente causa, argumentos que se encuentra plasmados en la Sentencia recurrida y que para esta Sala resultan suficientes y confiables. En tal sentido considera este Tribunal de Casación que no se han quebrantado la Presunción de Inocencia ni el Debido Proceso, puesto que existe suficiente prueba que acredita la participación del acusado en los hechos investigados, además que todo el proceso penal se realizó conforme a los procedimientos que nuestra legislación procesal ordena y en respeto de la Constitución y la Leyes, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Denunció el reclamante la transgresión a las Reglas de la Sana Crítica por parte del Juzgador, estableciendo como norma que le permite la interposición del recurso, en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que el Tribunal Sentenciador incurrió en violación de la lógica en su principio de razón suficiente, porque externo el argumento de que: “El señor D. D. R. P., tenía conocimiento de que la motocicleta marca honda, color azul, sin placas había sido despojada”, razonamiento que extrae el Juzgador de las declaraciones de los testigos de la defensa E. G. U. y S. R. N., estableciendo que sus testimonios sirvieron para acreditar que el imputado sabía de la procedencia ilícita de la motocicleta, ya que era bastante tiempo transcurrido sin obtener la documentación y que el precio que pagó el acusado esta muy por debajo del valor en el mercado, deducción que ha realizado el Sentenciador en base a su razonamiento y no ha prueba alguna."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de febrero de dos mil dieciocho, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 250-2014 por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de abril de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa, departamento de Copán, mediante la cual falló: 1) Absolviendo al señor D. D. R. P., del delito de Falsificación de Documentos Públicos por Uso, en perjuicio de La Fe Pública. 2) Condenando al señor D. D. R. P., a la pena de Nueve (09) años de reclusión, por el delito de Robo de Vehículo bajo la modalidad de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio de Seguros Atlántida S.A; asimismo lo condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. 3) No condenó en costas a dicho imputado. 4) Decretó la responsabilidad civil del condenado. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, el abogado J. A. E. D., en su condición de Defensor Privado del imputado D. D. R. P. Son Partes: EL abogado J. A. E. D. en su condición ya anunciada como parte recurrente y la abogada I. A. F. N. en su calidad de representante del Ministerio Público como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “UNO. En fecha veinte de junio del año dos mil doce, cuando eran aproximadamente las cinco de la tarde, a la altura del desvío que conduce del Municipio de La Unión, al Municipio de Cucuyagua, ambos del Departamento de Copán, Agentes de la Policía Nacional Preventiva, se encontraban en un operativo de rutina, en virtud del cual, requirieron al señor D. D. R. P., para que presentara los documentos del vehículo en el que se conducía, el que se describe como una motocicleta color azul, marca Honda, sin placas, misma que tenía reporte de haber sido despojada a su propietario, Seguros Atlántida S.A., circunstancia, de su procedencia, que era conocida por el señor R. P.. DOS. El señor D. D. R. P., portaba en ese momento, fotocopia de un documento referido a permiso de circular sin placas, el cual registraba datos falsos, sobre el mencionado vehículo.” III. RECURSO DE CASACIÓN A) El recurrente abogado J. A. E. D., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTICIONAL, infracción del artículo 89 y 94 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: PRIMERO: Los preceptos constitucionales que se invocan como infringidos prescriben lo siguiente:” Artículo 89: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.”Artículo 94: A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de Juez o autoridad competente”. Las normas del Código Procesal Penal que se citan como infringidas en relación a los anteriores preceptos constitucionales prescriben: Artículo 1 JUICIO PREVIO: Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, si no en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente después de haberse probado los hechos en un juicio oral público llevado a cabo conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales, de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto a los derechos del imputado; Artículo 2: ESTADO DE INOCENCIA: Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código. SEGUNDO: El delito de ROBO DE VEHICULO BAJO LA MODALIDAD DE ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO, por el cual fue declarado culpable mi representado, tal y como lo relaciona el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Rosa de Copán en el numeral CUATRO de la FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA SENTENCIA se encuentra tipificado y penado en el artículo 218 y 218-D del Código Penal en el que se señala que será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado, se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe. TERCERO MOTIVO:”Como se puede observar en el precepto penal descrito en el numeral anterior ,para que pueda tipificarse y calificarse la existencia del delito de ROBO DE VEHICULO BAJO LA MODALIDAD DE ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO; y así ajustar y subsumir una conducta a los presupuestos detalladamente establecidos como este delito dentro del Código Penal, se requiere de manera imperativa que se haya probado la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal, cosa que no sucede en el caso que nos ocupa, ya que no fue demostrado en el transcurso del debate que el vehículo tipo motocicleta, marca Honda, color Azul, mismo que constituye el objeto del delito, haya sido robado, por lo que consecuentemente se infringe la existencia del artículo 1 del Código Procesal Penal que establece que: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad ,sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público. La anterior afirmación se puede respaldar con la propia declaración de los hechos probados establecidos en la sentencia reprochada, puesto que el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, solo tuvo como acreditado que la motocicleta color azul, marca Honda, sin placas, tenía reporte de haber sido despojada a su propietario Seguros Atlántida S.A. más sin embargo no se tuvo como hecho probado: a)Si el despojo de la motocicleta al que se refiere se realizó conforme a las exigencias que establece el artículo 217 del Código Penal que establece que habrá robo cuando hay un apoderamiento empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, b)El lugar, día y hora en que se realizó tal despojo, c) A quien se lo despojó. Estos aspectos de los que se hizo hecho relación, y cualesquiera otros que fueran necesarios para acreditar que la moto era robada, tampoco fueron probados en el transcurso del debate con algún elemento de probanza, y es que únicamente se tuvo como prueba para acreditar el reporte de robo de la motocicleta ,el acta de diligencia policial ratificada por el señor J. C. L. M., y una constancia extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos ratificada por el señor L. L.; al leer el contenido de estos documentos, se colige que los mismos se limitan a establecer que tanto en el sistema NACMIS, como en el sistema de la DEI, el vehículo aparece con reporte de robo sin darse más información que demuestren plena y efectivamente que la motocicleta tipo Honda, color azul, haya sido robada. Así mismo se debe tomar en cuenta el artículo 218—D del Código Penal que relacionándolo con el caso que nos ocupa, trata de explicarnos que no se sancionará por el delito de ROBO DE VEHICULO BAJO LA MODALIDAD DE ADQUISISION DE VEHICULO ROBADO, cuando la transacción se haya realizado de buena fe en ese sentido es preciso sustentar que el Código Civil de Honduras en su artículo 724 prescribe” Que la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros casos la mala fe deberá probarse”, cosa que no sucedió en el presente proceso y contrario a ello comparecieron los testigos E. G. U. Y S. R. N., propuestos esos por la defensa, quienes manifestaron que el señor D. D. R. P., compró la motocicleta pagando como cuota inicial la suma de Diez Mil Lempiras y que se había acordado que el vendedor entregaría la documentación de la motocicleta en el plazo de un mes y contra entrega de los documentos debía hacerse el pago de los valores restantes al vendedor por parte del comprador. De las afirmaciones de estos testigos se colige que hubo una transacción de buena fe por parte de mi representado y que el mismo desconocía la situación de la motocicleta ya que en ningún momento se le refirió por el vendedor un despojo y apoderamiento ilegal de dicho vehículo, contrario a ello se le prometió entregar la documentación respectiva en un mes, lo que en una transacción se acostumbra la compra venta de vehículos automotores al crédito, y el hecho de que la entrega de esos documentos fue incumplido por parte del vendedor esta no es una causa por la que se deba imputar la comisión de un delito ya que es atribuible al que adquirió la obligación de entregar tal documentación. Los demás medios probatorios se refieren a otros aspectos destinados a demostrar las circunstancias de la detención del automotor, por lo que no nos pronunciamos respecto a ellos ya que su destino no es probar que la motocicleta haya sido robada conforme lo exige el artículo 281-D del Código Penal, y por ello es que afirmamos que del ,bagaje probatorio los únicos medios utilizados para evidenciar que el objeto del delito fue robado, fueron los documentos relacionados y el dicho de quienes ratificaron los mismo. CUARTO: En conclusión de la prueba evacuada en el juicio oral y público, misma que sirvió de base y fundamento para condenar a mi representado ,sin realizar un mayor esfuerzo mental se puede concluir que la misma no es apta ni suficiente para destruir el Estado de Inocencia que le favorece al señor D. D. R. P., más aún cuando el Tribunal Sentenciador ha tenido por acreditado la existencia de un delito a pesar de no concurrir los elementos de su tipificación legal, olvidando el órgano jurisdiccional que la sentencia condenatoria debe fundamentarse en auténticos actos de prueba y que dicha actividad probatoria sea efectivamente incriminatoria para que de su resultado se derive la evidencia del hecho punible y la evidencia de la participación del acusado. AGRAVIO: El agravio que se le causa a mi mandante, es haberlo condenado y por ende violentado su estado de inocencia de manera ilegal. APLICACION PRETENDIDA. Que se dicte sentencia casando el fallo recurrido y conforme a la ley aplicable se pronuncie la inocencia del señor D. D. R. P..” B) El recurrente abogado J. A. E. D., en su condición de Defensor Privado del imputado, formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: Por no haberse observado en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica artículo 202 CPP PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. PRIMERO: La sentencia reprochada viola el artículo 90 de la Constitución de la República, el cual literalmente dice:”Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente, con las FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTIAS que la ley establece; de la misma forma viola el artículo 202 del Código Procesal Penal, el cual nos dice “Las pruebas serán valoradas de acuerdo a las reglas de la sana crítica. E1 órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. El Tribunal violenta las reglas de la Sana Crítica específicamente las reglas de la lógica en su principio lógico de la Razón Suficiente y es que al proferir un fallo condenatorio en base al bagaje probatorio considerado, el Iter Lógico utilizado para llegar a sus conclusiones, es erróneo y violenta el principio lógico de la razón suficiente, puesto que no se encuentra justificación alguna mediante la cual el Tribunal de Sentencia puede amparar hechos que he dado por probados y es que en el fallo que se impugna, a efecto de condenar a mi representado, sin fundamento alguno se estableció y valoró el siguiente extremo: a) Que el señor D. D. R. P., tenía conocimiento de que la motocicleta marca Honda, color azul, sin placas, había sido despojada: Esta circunstancia conforme consta en el numeral TRES de la valoración de la prueba, la da por probada el Sentenciador tomando como base lo dicho por los testigos E. G. U. Y S. R. N., propuestos estos por la defensa, argumentando que de sus testimonios se reflejan circunstancias que les indica sin lugar a dudas que el acusado sabía de la procedencia ilícita de la motocicleta, ya que era bastante el tiempo transcurrido sin obtener la correcta documentación del vehículo que había adquirido y que el precio que pagó el acusado por la compra de la moto, que sería de quince mil Lempiras, estaba muy por debajo de su valor real en el mercado. En primer lugar es de imperiosa necesidad resaltar que los testigos antes mencionados manifestaron que el señor D. D. R. P., compró la motocicleta pagando como cuota inicial la suma de Diez Mil Lempiras y que se había acordado que el vendedor entregaría la documentación de la motocicleta en el plazo de un mes y contra entrega de los documentos debía hacerse el pago de lo restante al vendedor por parte del comprador. De las afirmaciones de estos testigos se colige que hubo una transacción de buena fe por parte de mi representado y que él mismo desconocía la situación de la motocicleta ya que en ningún momento se le refirió por el vendedor un despojo y apoderamiento ilegal de dicho vehículo, contrario a ello se le prometió entregar la documentación respectiva en un mes, lo que es una transacción que se acostumbra en la compra venta de vehículos automotores, y el hecho de que la entrega de esos documentos fue incumplido por el vendedor, esta circunstancia no solo excluye el dolo, sino que coloca a mi mandante en una situación de afectado, por lo que no es cierto que se demuestra un conocimiento del imputado del origen ilícito del vehículo, y es por eso que sorprende de sobremanera la conclusión a la que arriba el sentenciador cuando lo dicho por los testigos apunta a tener por ciertos otros aspectos distintos de los que concluyó el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán. Así mismo no fue demostrado en el curso del debate el valor real del mercado de la motocicleta y consta en el expediente la constancia extendida por la DEI ratificada en juicio por el señor L. L., que dicho vehículo des del año 2008, con más de cuatro años de uso a la fecha de los hechos y desconociéndose las condiciones en que se encuentra la misma al momento de la compra, por lo que en base a estas circunstancias es que consideramos que no existe elemento de prueba alguno que sirva de fundamento para poder afirmar si se pagó o no por debajo del valor del mercado y no hay base alguna de la cual pueda justificarse la afirmación del Tribunal. Sumado a lo anterior, hay que también considerar, que la parte final del artículo 218-D del Código Penal relacionándolo con el caso que nos ocupa ,trata de explicarnos que no se sancionará por el delito de ROBO DE VEHICULOS BAJO LA MODALIDAD DE ADQUISISION DE VEHICULO ROBADO, cuando la transacción se haya realizado de buena fe, en ese sentido es preciso sustentar que el Código Civil de Honduras en su artículo 724 prescribe” que la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece presunción contraria.” En todos los otros casos la mala fe deberá probarse “cosa que no sucedió en el presente proceso SEGUNDO: El Principio Lógico de la Razón Suficiente es aquel por el cual todo juicio para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirme o niega con la pretensión de que sea verdad, lo que no hizo así el Tribunal al momento de la valoración, puesto que afirma hechos sin fundamento en prueba que sea suficiente para enervar el estado de inocencia. Recuérdese que un razonamiento es lógico cuando se llega al mismo o se arriba a una conclusión porque todo apunta hacia ello y no existe probabilidad de que los hechos hayan ocurrido de forma distinta, lo que en el caso de marras no se da respecto a las valoraciones hechas por el Tribunal y de las que se ha hecho mención anteriormente. En conclusión, al hacer ese razonamiento el Tribunal violenta, como ya se dijo el artículo 202 del nuestro Código Procesal Penal ya que no valoró en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, porque esto más que comprobado que a pesar que la misma es contradictoria es tomada en cuenta para omitir un juicio violentando las reglas de la lógica. AGRAVIO. El agravio que se le causa a mi mandante, es haberlo condenado y por ende violentado su estado de inocencia de manera ilegal. APLICACION PRETENDIDA: Que se declare la nulidad de la Sentencia y del juicio oral y público para que se lleve a cabo el mismo de nueva cuenta.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional 1) Expuso el recurrente que se infringieron los artículos 89 y 94 de la Constitución de la República en relación a los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal, consignando como precepto autorizante el artículo 361 del precitado Código Procesal Penal. Explicó el censor que el delito de robo de vehículo bajo la modalidad de adquisición de vehículo robado, por el cual fue condenado el imputado, dicho tipo penal (Artículo 218D del Código Penal) establece que para que pueda tipificarse, debe subsumirse una conducta en los presupuestos que establece el Código Penal, es decir que se haya probado los elementos para su tipificación legal, elementos que no se probaron, pues no se demostró que la motocicleta haya sido robada, pues lo que se acreditó era que tenía reporte de robo, sin embargo no se tuvo por probado si el despojo de la motocicleta se realizó conforme el artículo 217 del Código Penal, tampoco el lugar de los hechos y a quien se le despojó. Acotó además que el ya mencionado artículo 218D del Código Penal, establece que no hay responsabilidad si la transacción se hizo de buena fe, la cual se presume y el Ministerio Público no probó la mala fe del imputado, todo lo contrario la defensa acreditó que el imputado compró de buena fe la motocicleta, pues los testigos E. G. U. y S. R. N. confirmaron estos hechos, testimonios que no consideró el Juzgador. 2) El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denunciar a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 3) Para dar una respuesta adecuada al recurso presentado, es importante establecer los alcances del derecho a la Presunción de Inocencia y al Debido Proceso en la causa penal. La Presunción de Inocencia constituye una exigencia lógica del principio de jurisdiccionalidad en el cual, si la jurisdicción es la actividad necesaria para obtener la prueba de que un sujeto ha cometido un delito, hasta que esa prueba no se produzca mediante un juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido y ningún sujeto puede ser considerado culpable ni sometido a pena. La Constitución de la República afirma positivamente la inocencia del acusado en tanto se no pruebe convincentemente su culpabilidad, y en la misma línea se orienta el código procesal penal. La posición del imputado en el proceso penal se encuentra, de este modo, reforzada porque, frente a la neutralidad que se mantiene en el proceso de derecho privado (el juzgador ha de considerar los hechos respectivamente alegados por las partes contrapuesto como datos a probar cumplidamente por aquella que los afirma), el juzgador penal (y también el instructor) ha de partir, como hipótesis de trabajo, de la inocencia de dicho imputado, de modo que, en caso de que la parte acusadora no acredite cumplidamente su acusación contra aquel, la inocencia interinamente afirmada se convertirá, por efecto de la irrevocabilidad del juicio jurisdiccional, en verdad definitiva. El Debido Proceso constituye un postulado básico del Estado de Derecho, traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la actuación judicial como administrativa, el respeto irrestricto de las normas y ritos propios de la actuación por parte del Estado en cada caso concreto de aplicación de la ley sustancial, al proceso o juicio conforme a las leyes pre-existentes al acto imputado, ante Juez o Tribunal competente y con observancia de las formas propias de cada juicio; así entonces, el Debido Proceso es la máxima expresión de las garantías fundamentales y cualquier vulneración a las mismas pueden ser alegadas por vía de violación al Debido Proceso en un sentido amplio, formando usualmente parte de éste: la pre-existencia de la ley penal, el Juez o Tribunal competente, el acceso a la administración de Justicia en condiciones de libertad e igualdad, la observancia y cumplimiento de las formas propias del Juicio, entendido éste último como todo el desarrollo del proceso, la aplicación de la ley penal favorable, la presunción de inocencia y sus consecuencias, la defensa técnica y material, el proceso público sin dilaciones injustificadas, el principio de contradicción, el principio de lesividad, la imparcialidad del Juez, a la doble instancia, entre otros. Así tenemos que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, por otra parte, si bien es cierto que los derechos de defensa y debido proceso, aparecen en la Constitución de la República en el capítulo concerniente a los derechos individuales, es igualmente cierto que el Ministerio Público, legítimo representante de los intereses de la sociedad, como poseedor del monopolio de la acción penal, se presenta como un legítimo medio de las víctimas para acceder al proceso penal y concretizar los derechos individuales de estas; así las cosas, en una amplia interpretación de los derechos otorgados por la Constitución, el Ministerio Público puede reclamar en ese sentido la observancia de esos derechos Constitucionales, en consecuencia tratándose del ente fiscal, habrá que examinar si la intervención de este ha posibilitado su libre acceso al órgano jurisdiccional a efecto de concretizar mediante la acción el derecho de defensa de los intereses generales que suele representar en juicio, en ese sentido existe una gama de preceptos de orden procesal que llevan justamente a concretar este derecho del Ministerio Público así comprendido, por ello los artículos 25, 272, 273, 284 entre otros del Código Procesal Penal, hacen factible el acceso del ente fiscal, como defensor de los intereses de la Sociedad, a los órganos de justicia a fin de hacer valer los intereses que representa[1]. 4) Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para establecer de manera clara y precisa, cómo el Sentenciador infringió los preceptos constitucionales que invoca, puesto que encontramos en la Sentencia recurrida, basta prueba capaz de quebrantar a la presunción de inocencia; asimismo considera este Tribunal que el recurrente ha equivocado la vía recursiva, puesto que argumentó que no se acreditó como probado los elementos objetivos necesarios para la acreditación del delito que se imputa, explicaciones que son propios de recursos donde se denuncia la violación de normas sustantivas conforme la declaración de hechos probados. Ahora bien, esta Sala de lo Penal considera que no se ha violentado ni el Debido Proceso ni la Presunción de Inocencia en la presente causa, puesto que el Tribunal Sentenciador razonó suficiente prueba que acreditaba la participación del acusado en los hechos investigados, en primer lugar el propio imputado fue encontrado en posesión de una motocicleta sin placas con reporte de robo, encontramos además las declaraciones de los agentes de policía que estaban haciendo el operativo, quienes confirman que al imputado se le encontró en posesión de la motocicleta y que tenia reporte de robo, lo cual se acreditó además con la constancia de la DEI ratificada por el agente L. L. R., quien explicó cómo se obtuvo dicha información; encontramos también dentro del legajo probatorio un acta de inspección y álbum fotográfico ratificados por la agente de investigación K. H., además de un dictamen pericial ratificado por el agente C. C. S. mediante el cual se establece que la motocicleta decomisa es original con la que se reportó como robada; por último el Sentenciador tuvo a la vista el dictamen de documentología ratificado por el agente C. R. P., con lo cual se acredita que el documento que portaba el imputado, referente a un permiso para circular sin placas es falso. Todas estas pruebas sirvieron de base al A-quo para quebrantar la presunción de inocencia que gozaba el acusado y adquirir la certeza necesaria para declarar su culpabilidad en los hechos investigados; si bien cuestionó el recurrente que el artículo 218 D del Código Penal refiere en su últimas líneas, que se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe y como bien lo establece el censor la buena fe se presume, excepto en aquellos casos en que la ley expresamente así lo establezca, en el caso de autos, la referida norma penal obliga a quien está siendo acusado por ese delito, que debe probar la buena fe que tuvo para adquirir el vehículo, situación que no acreditó el acusado, puesto que los testigos en referencia no fueron suficientes para determinar que su actuación fuese en buena fe, puesto que el único que podía establecer cómo había actuado en esa circunstancias era el propio acusado, quien debía establecer cómo adquirió dicha moto, donde y a quien, además de presentar la documentación legal de soporte de la supuesta transacción legal, al no realizarlo así, el sentenciador solo cuenta con prueba de cargo suficiente que acredita su participación a título de autor. Cuestionó además el recurrente, que no se había acreditado los elementos del tipo penal del artículo 218 D del Código Penal que regula el delito de Adquisición de vehículo robado, puesto que no se habían acreditado tampoco los elementos objetivos del artículo 217 del mismo cuerpo legal, es decir si el despojo de la moto se había realizado con violencia, intimidación o engaño, el lugar, día y hora en que se realizó y a que persona se le despojó; al respecto esta Sala de lo Penal considera necesario aclarar, que los tipos penales de los artículos 217 y 218D del Código Penal son delitos independientes que no se requiere la acreditación de uno para conformación del otro; el delito de Adquisición de vehículo robado es un tipo penal cuyos elementos objetivos son muy diferentes del delito de robo simple regulado en el artículo 217 del ya mencionado Código Penal. El primer elemento objetivos del delito de adquisición de vehículo robado lo constituyen 3 verbos rectores: “ocultar”, “transferir” o “adquirir”, como segundo elemento objetivo sería “un vehículo robado, hurtado o abandonado”; como elemento subjetivo seria el ánimo o intención querer hacer las cosas. Estos elementos objetivos fueron debidamente acreditados en la presente causa, argumentos que se encuentra plasmados en la Sentencia recurrida y que para esta Sala resultan suficientes y confiables. En tal sentido considera este Tribunal de Casación que no se han quebrantado la Presunción de Inocencia ni el Debido Proceso, puesto que existe suficiente prueba que acredita la participación del acusado en los hechos investigados, además que todo el proceso penal se realizó conforme a los procedimientos que nuestra legislación procesal ordena y en respeto de la Constitución y la Leyes, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Denunció el reclamante la transgresión a las Reglas de la Sana Crítica por parte del Juzgador, estableciendo como norma que le permite la interposición del recurso, en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que el Tribunal Sentenciador incurrió en violación de la lógica en su principio de razón suficiente, porque externo el argumento de que: “El señor D. D. R. P., tenía conocimiento de que la motocicleta marca honda, color azul, sin placas había sido despojada”, razonamiento que extrae el Juzgador de las declaraciones de los testigos de la defensa E. G. U. y S. R. N., estableciendo que sus testimonios sirvieron para acreditar que el imputado sabía de la procedencia ilícita de la motocicleta, ya que era bastante tiempo transcurrido sin obtener la documentación y que el precio que pagó el acusado esta muy por debajo del valor en el mercado, deducción que ha realizado el Sentenciador en base a su razonamiento y no ha prueba alguna. 2) Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. 3) Para esta Sala de lo Penal al recurrente no le asiste la razón, puesto que al revisar los razonamientos externados por el Juzgador es posible detectar en ellos, la aplicación irrestricta de las Reglas de la Sana Crítica, puesto que sus juicios de valor son coherentes, lógicos y derivados del legajo probatorio. Cuestionó el recurrente el razonamiento expresado por el A-quo al establecer que el imputado D. D. R. P., tenía conocimiento que la motocicleta que conducía tenía procedencia ilícita, lo cual lo derivó de las prueba testifical de E. G. U. y S. R.N., quienes afirmaron saber que el acusado compró una moto, la que le costó 15 mil lempiras y que se la compró a B. P. quien era pariente del imputado, dijeron también que no le habían entregado los papeles porque el vendedor no los tenía. El Sentenciador con estos testimonios concluyó por tanto, que el acusado si sabía de la procedencia ilícita del vehículo, puesto que habían transcurrido más de 6 meses de andar sin papeles, de igual forma el hecho de que el vendedor sea pariente del acusado, confirma aun más el argumento del A-quo, puesto que esa relación de parentesco le permitía conocer a qué se dedica su pariente y si en efecto existían dicha documentación; de igual forma el valor por el cual estaba siendo vendida la motocicleta está muy por debajo del precio que se cotiza, lo que hace crecer aun más la convicción del Juzgador. En el resto de la sentencia el Juzgador explicó de manera razonada y concatenada cada medio de prueba y cómo lo relacionó para determinar la responsabilidad del acusado en los hechos que se investigan, todo lo cual quedó conformado teniendo como base las Reglas de la Sana Crítica mismas que fueron aplicadas correctamente, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Se desestima el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada del acusado. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Único: Declarar No Ha Lugar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuestos por el abogado J. A. E. D. en su condición de Defensor Privado del imputado D. D. R. P. a quien se le condenó del delito de Adquisición de Vehículo Robado en perjuicio de la menor Seguros Atlántida. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha uno de febrero del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-250-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
[1] Vid Sentencia de Casación Penal N° 40-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 10 de enero del 2013.