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Sentencia CP-249-15 — Registro 10960

Resumen

En primera instancia se condena a los imputados por el delito de detención ilegal, en concurso ideal medial con el delito de Allanamiento de Morada,se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso de Casación por Infracción de Ley, como ya se ha explicado, es un recurso extraordinario debido a que, solo pueden ser alegados como motivos de impugnación, los supuestos previstos en el artículo 360 del Código Procesal Penal (ya enumerados), y siempre bajo el respeto del principio de intangibilidad de los hechos probados; en este sentido, la aplicación indebida, consiste en la invocación, por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecie incongruencia entre el factum de la resolución y la norma que se le asigna, resultando una incompatibilidad entre el relato de hechos y la norma por la que se condena. En el caso sometido al conocimiento de esta Sala el recurrente hace un mal uso de la técnica recursiva puesto que no establece con claridad ni precisión, en qué consiste la aplicación indebida de la norma sustantiva, es decir no explica, ni se denota de los antecedentes examinados la incongruencia entre la norma sustantiva aplicada y los hechos declarados como probados. Por otro lado, el censor, hace referencia a normas de carácter administrativo como es el caso de la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana, explicando suposiciones no contenidas en los hechos declarados como probados y haciendo alegatos propios de instancia, válidos para el momento procesal de conclusiones del debate, pero no ante esta Sala de lo Penal, que debe limitarse a ser un contralor de la aplicación del derecho sustantivo, en el caso sometido a examen, por lo que, el censor se desenmarca de los principios que rigen el recurso interpuesto, haciendo imposible para esta Sala Penal dar respuesta a este motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, J. Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La Siguiente Sentencia conociendo delo Recurso de Casación SP 249-2015 por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de febrero del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor W. A. V. D., a la pena de cuatro (04) años con nueve (09) meses, por el delito de Detención Ilegal, en perjuicio de K. D. P. D., P. D., O. C. P. O., H. D. R. S. y C. P. P., en concurso ideal medial con el delito de Allanamiento de Morada, en perjuicio de J. A. R. A., más la multa de setenta y nueve mil (L 79,000.00) Lempiras; 2) Condenando al señor D. V. V., a la pena de cuatro (04) años con nueve (09) meses, por el delito de Detención Ilegal, en perjuicio de K. D. P. D., E. P. D., O. C. P. O., H. D. R. S. y C. P. P., en concurso ideal medial con el delito de Allanamiento de Morada, en perjuicio de J. A. R. A., más la multa de setenta y nueve mil (L 79,000.00) Lempiras;3)Condenando al señor F. A. M. L., a la pena de cuatro (04) años con nueve (09) meses, por el delito de Detención Ilegal, en perjuicio de K. D. P. D., E. P. D., O. C. P. O., H. D. R. S. y C. P. P., en concurso ideal medial con el delito de Allanamiento de Morada, en perjuicio de J. A. R. A., más la multa de setenta y nueve mil (L 79,000.00) Lempiras; 4) Condenando al señor J. E. M. M., a la pena de cuatro (04) años con nueve (09) meses, por el delito de Detención Ilegal, en perjuicio de K. D. P. D., E. P. D., O. C. P. O., H. D. R. S. y C. P. P., en concurso ideal medial con el delito de Allanamiento de Morada, en perjuicio de J. A. R. A., más la multa de setenta y nueve mil (L 79,000.00) Lempiras; 5) Condenando al señor J. D. H., a la pena de cuatro (04) años con nueve (09) meses, por el delito de Detención Ilegal, en perjuicio de K. D. P. D., E. P. D., O. C. P. O., H. D. R. S. y C. P. P., en concurso ideal medial con el delito de Allanamiento de Morada, en perjuicio de J. A. R. A., más la multa de setenta y nueve mil (L 79,000.00) Lempiras; 6) Condenando a los señores W. A. V. D., D. V. V., F. A. M. L., J. E. M. M., J. D. H. y S. B. R., a las penas accesorias consistentes en Inhabilitacion Especial e Interdiccion Civil.- 7) Se declaró la responsabilidad civil de los condenados W. A. V. D., D. V., F. A. M. L., J. E. M., J. D. H. y S. B. R..- 8) No procedió la condena en costas a los acusados.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional el Abogado J. S. C., en su condición de Apoderado Legal de W. A. V. D., D. V., F. A. M. L., J. E. M., J. D. H. y S. B. R.. -SON PARTES EN LA ÚNICA INSTANCIA: El Abogado J. S. C., en su condición de Defensor Privado de los señores W. A. V. D., D. V. V., F. A. M. L., J. E. M., J. D. H. y S. B. R., como recurrente y la Abogada D. E. R. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida.II. HECHOS PROBADADOS EN LA INSTANCIA “Este Tribunal declara, expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: PRIMERO: El día seis de agosto del año dos mil once, varios vecinos celebraran y participaban en una fiesta bailable en el pasaje Bella Vista de la colonia López Arellano, del municipio de Choloma, departamento de Cortés, con la finalidad de recolectar fondos para un proyecto de mejora comunal. A eso de las once de la noche, dos patrullas de la Policía Nacional Preventiva al mando del oficial W. A. V. D. y conformada por los agentes policiales D. V., F. A. M. L., J. E. M., J. D. H. y S. B. R., ingresaron al referido pasaje realizando disparos de arma de fuego, y dijeron que se trataba de un registro, a ese momento los jóvenes K.D. P. D., E. P. D., O. C. P. O., H., D. R. S. y C. P. P., todos menores de edad que se encontraban en ese lugar, ingresaron corriendo a la vivienda del señor J. R.A. ubicada en el mismo pasaje, motivo por el cual los agentes policiales sin la autorización del señor J. A. R.A., ingresaron a la vivienda, la registraron y detuvieron en su interior a los menores, a quienes sacaron los esposaron y los trasladaron a bordo de las patrullas policiales a la estación del sector López Arellano, donde los ingresaron a las celdas después de registrarlos en los libros de detenidos por supuesta vagancia y escándalo público. SEGUNDO: Los jóvenes menores de edad detenidos fueron liberados por los Agentes de la Policía Nacional al día siguiente siete de agosto del año dos mil once, entre las nueve y la una de la tarde, siendo entregados a sus padres y familiares, luego que algunos padres pagaran multas para lograr la liberación de sus hijos, en tanto otros jóvenes salieron después de realizar labores de limpieza y aseo de las celdas e instalaciones de la posta policial.” III. RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS“RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL E INFRACCION DE LEY DE LA SIGUIENTE MANERA: “PRIMER MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.- PROCEDENCIA DE LA INTERPOSICIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION: Por haber dictado el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, sentencia condenatoria en fecha 20 de Febrero del año 2015, infringiendo el Principio Constitucional de la PRESUNCION DE INOCENCIA, en cuanto a la condena que por los delitos de DETENCIÓN ILEGAL Y ALLANAMIENTO DE MORADA dictase contra mis poderdantes, en virtud de que conforme a los hechos probados, pruebas evacuadas y fundamentos jurídicos expuestos en el fallo, estos son fruto de una irreflexión que no emana de las Reglas de la Sana Crítica, sino de la arbitrariedad; en consecuencia, no se ha cumplido con las formas propias del Juicio excluyendo el Derecho y Garantía fundamental que es el reclamado como infringido. PRECEPTO AUTORIZANTE :Artículo 89 de la Constitución de la República, relativo a que “TODA PERSONA ES INOCENTE MIENTRAS NO SE HAYA DECLARADO SU RESPONSABILIDAD POR AUTORIDAD COMPETENTE.” En relación al artículo 141, 202 y 306 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCION .Conforme a lo establecido en el Párrafo primero del Art. 84 de la Constitución de la República que literalmente dice: “NADIE PODRÁ SER ARRESTADO O DETENIDO SINO EN VIRTUD DE MANDATO ESCRITO DE AUTORIDAD COMPETENTE, EXPEDIDO CON LAS FORMALIDADES LEGALES Y POR MOTIVO PREVIAMENTE ESTABLECIDO EN LA LEY”, se comprende que la libertad personal de todo hondureño y extranjero que radica en nuestro país, sólo puede ser restringida en base a los siguientes requisitos: a) Que exista un mandato escrito, lo que implica una motivación de una resolución judicial o la convalidación de una resolución emitida por el Ministerio Público, donde se justifique las razones fácticas, probatorias y jurídicas que han motivado la decisión de limitar o restringir la libertad personal y libre circulación de un ciudadano determinado, esto encuentra su fundamento en el Art. 141 del Código Procesal Penal y en relación con los Arts. 192 al 197 de la misma ley procesal; b) Ese mandato escrito solo puede ser expedido por la autoridad competente, llámese esta Juez de Letras, Tribunal de Sentencia o en determinados casos el Fiscal del Ministerio Público; y, c) Ese mandato escrito solo puede ser decretado bajo los parámetros establecidos por las formalidades legales inherentes al Debido Proceso, o que es lo mismo, debe estar debidamente motivado y ser decretado por una autoridad competente; sin embargo como requisito sine quanon resulta imprescindible que exista un motivo previamente establecido en la ley que justifique, sacrificar la libertad de esa persona, es decir, debe haberse causado una alteración a la paz de la comunidad que se subsuma dentro del cuerpo legal relativo al Código Penal o Ley Especial Penal, que también comprende la aprehensión de ciudadanos por cometer conductas peligrosas ejecutadas contra la sociedad en general; por lo que se debe asimilar que ese motivo previamente establecido en la ley, implica a su vez acciones, cometidas tanto como delitos, faltas y las relativas al orden público, ya sean estas de acción penal pública, de acción penal pública perseguida por instancia particular, acciones eminentemente Privadas o de Convivencia Ciudadana, tal como así lo comprenden los Art. 24 al 27 del Código Procesal Penal. Lo anterior implica, que de no concurrir cualquiera de estos presupuestos y esencialmente el previo mandato escrito para restringir la libertad personal, se entendería que la detención o el arresto de esa persona sería ilegal o arbitraria; sobre este punto, existen casos relativos también a la Detención o Arresto de las personas que NO SE EXIGE LA EXISTENCIA PREVIA de ese Mandato Escrito y que no obstante ello, esas restricciones a la libertad son estimadas legales, por no existir arbitrariedad; veamos: 1. Refiriéndonos siempre al Art.84 de la Constitución de la República, en su párrafo segundo se establece: “No obstante, el delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el único efecto de entregarlo a la autoridad.” II. En el Art. 175 del Código Procesal Penal se lee: “Aprehensión de las personas. La Policía Nacional podrá aprehender a cualquier persona aun sin orden judicial en los casos siguientes: 1. En caso de flagrante delito, entendiéndose que se produce tal situación cuando: a) Sea sorprendida cometiendo el delito o en el momento de ir a cometerlo; y b) Sea sorprendida inmediatamente después de cometido el delito. 2. Cuando la persona sorprendida en alguno de los dos casos anteriores, está siendo perseguida por la fuerza pública, por el ofendido o por otras personas. En ambos casos, cualquier persona podrá también proceder a la aprehensión y adoptar las medidas necesarias para evitar que el delito produzca consecuencias. La persona aprehendida será entregada inmediatamente a la autoridad más próxima; 3) Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes del delito o falta, o presente señales o vestigios que permitan inferir la participación del aprehendido en la infracción cometida o intentada; 4) Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito, de haber participado en él la persona aprehendida y que ésta pueda tratar de ocultarse, fugarse o ausentarse de lugar; y 5) Cuando al iniciarse las investigaciones, en la imposibilidad de distinguir entre las personas presentes en el lugar, a los partícipes en el hecho y a los testigos, exista necesidad urgente de impedir que alguna de ellas se ausente, o se comuniquen entre si, así como evitar que puedan modificar en cualquier forma, el estado de las cosas o el lugar del delito. En este último caso, una vez acreditada la ausencia de indicios de participación respecto de una o más de las personas retenidas, serán éstas dejadas en libertad, una vez recibida la información necesaria para la investigación y dejada constancia de los datos relativos a su identidad. La Policía Nacional podrá también aprehender nuevamente a la persona que consiga fugarse después de una primera aprehensión, lo mismo a la que se hubiera evadido del establecimiento donde se encontrara en calidad de detenido, preso o penado, o durante su traslado desde o hacia dicho establecimiento. Dentro de las seis (6) horas siguientes al momento de la aprehensión, la autoridad policial que la haya practicado o a la que le haya sido entregada la persona sorprendida infraganti, dará cuenta del hecho al Ministerio Público y al Juez competente. Si la captura la realiza la Policía Preventiva, deberá poner a la persona aprehendida, de manera inmediata, a la orden de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), así como los instrumentos, los efectos del delito y las piezas de convicción si las hubiere.” III. Artículo 24 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras que dice: “Son obligaciones de los miembros de la Policía Nacional las siguientes: “13) Realizar las detenciones o arrestos en los casos y formas previstos expresamente en la ley”. Artículo 64 de la misma ley que dice: “La Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) tendrá las atribuciones siguientes:...De igual manera en aquellos lugares donde se carezca de agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) o del órgano especializado de investigación, corresponde a la Dirección Nacional de la Policía Preventiva, realizar las funciones de investigación de los delitos, en cuyo ejercicio también cesarán tan pronto como el órgano de investigación competente asuma las tares investigativas correspondientes.” Consecuentemente, la Policía Nacional, está plenamente facultada para aprehender a cualquier persona u ordenar su detención respectivamente. Los enunciados los encontR. desarrollados en los artículos 84, 85, 98 de la Constitución de la República, artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal, artículo 24 y 64 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras. En este orden de ideas, la Policía Nacional actuará en el entendido de flagrante delito, cuando existan indicios fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo armas en su poder, instrumentos o efectos procedentes del delito o falta y para evitar que la persona sospechosa de la comisión de ese ilícito pueda ocultarse. De igual forma, la Policía podrá aprehender al que ya una vez fue detenido y haya conseguido fugarse. Una vez que se cuente aprehendido el ciudadano, la Policía procederá dentro de las seis (6) horas siguientes a dar cuenta de este suceso al Ministerio Público y al Juez competente. (Relacionado con artículos 279, 280 y 281 del Código Procesal Penal). El Ministerio Público por su parte, podrá ordenar la Detención Preventiva contra el que se tenga como autor de la comisión de un delito y que se crea pueda proceder a su ocultación; de igual manera podrá el Ministerio Público proceder a ordenar restringir el derecho a la Libertad personal a aquel que siendo debidamente citado, sin justa causa y teniendo la obligación de hacerlo se niegue a prestar su declaración. De igual manera, toda Detención Preventiva, será puesta en conocimiento del Juez dentro de las 24 horas siguientes. O en su caso dentro de las 48 horas cuando se trate de delitos de investigación compleja, a causa de multiplicidad de los hechos relacionados; dificultad en la obtención de pruebas o el elevado número de imputados o víctimas.[1] Los Jueces por su parte podrán imponer una medida de detención o prisión preventiva, cuando hallan motivos fundados de que el imputado que se encuentre en libertad, pueda obstruir la investigación y de esta manera afectar los elementos probatorios que le implicarían desfavorablemente en una sentencia condenatoria. Asimismo, le impondría la citada medida cautelar, del conocimiento de peligro de fuga existente, pues de la documentación allegada por la Defensa al proceso, se derive que el imputado no cuenta con la acreditación de arraigo domiciliar. Considero que el Juez que imponga estas medidas, deberá proceder a la fundamentación detallada del “porque” a su criterio debe ser coartada legítimamente, la libertad personal del sometido a proceso penal. No obstante, existe otra ley que el Poder Legislativo, consideró emitir mediante Decreto 226-2001, que contiene la LEY DE POLICÍA Y DE CONVIVENCIA SOCIAL, ello con el objetivo de garantizar la satisfacción de las necesidades de la armónica convivencia, buen gobierno Municipal y Legitimar las acciones de la Policía Nacional. En tal sentido: ARTICULO 5 se contempla que la POLICIA NACIONAL tiene como función Velar por la Conservación y restablecimiento del orden público para la armónica convivencia social, la Prevención y eliminación de las perturbaciones a la tranquilidad, moralidad publica y buenas costumbres .ARTICULO 39 es parte de las atribuciones de la POLICIA NACIONAL EL DE EMPLEAR LA FUERZA NECESARIA A EFECTO DE ASEGURAR LA CAPTURA DEL QUE DEBE SER CONDUCIDO ANTE LA AUTORIDAD; ARTÍCULO 56 asimismo este artículo le autoriza a la POLICIA NACIONAL que podrá en los casos de resistencia o negativa infundada, para presentar documentos de identidad o de propiedad de vehículos u objetos de necesaria portación, requerir la conducción de dichas personas, a las dependencias más próximas que cuenten con medios adecuados para realizar la diligencia de identificación o acreditación de propiedad, para este solo efecto y por el tiempo indispensable. En consonancia con lo desplegado con anterioridad, se vuelve imperioso que procedamos a definir que debe entenderse por DETENCION, CAPTURA O CONDUCCION DE PERSONAS A LOS REPAROS POLICIALES y estas deben tenerse como una medidas impuestas por autoridad policial competente a una o varias personas y que consiste en la privación temporal del derecho constitucional de Libertad Personal, la Libre Locomoción etc., por motivos del mantenimiento del orden público. La DETENCIÓN, CAPTURA O CONDUCCION DE PERSONAS A LOS REPAROS POLICIALES en base a la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana, NO SOLO SE EJECUTA COMO PRODUCTO DE LA SOSPECHA DE LA COMISIÓN DE UN DELITO O FALTA, O QUE MEDIE MANDATO ESCRITO FORMULADO POR FISCAL O JUEZ COMPETENTE, que tenga los parámetros definidos como medida cautelar, para asegurar la presencia del imputado en el proceso que se le ha incoado o que está por incoársele. Sino que, conforme a la LEY DE POLICÍA Y DE CONVIVENCIA SOCIAL se tiene aparejado a las facultades de que gozan los operadores de justicia y los Fiscales del Ministerio Público, que también la POLICIA NACIONAL podrá limitar y restringir esta Garantía Constitucional de la libertad personal, libre locomoción entre otros derechos, CUANDO EXISTAN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS COMO REQUISITOS LEGALES QUE EN RAZON DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA SE VEA IMPRECINDIBLE Y NECESARIO CUMPLIR PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO. En ese sentido, la jurisprudencia Argentina, nos dice: “la garantía de Libertad, delimita a la administración, cuando ejerce un poder de policía administrativo, así conforme al principio “favor libertatis”, en tal ejercicio, la administración debe optar por la decisión que menos afecte la libertad del ciudadano” (Sentencia 5395-03). Por tanto, TODA DETENCIÓN sin el respeto de esos requisitos legales, provoca que se esté al frente a una DETENCIÓN ILEGAL, la que no es más, aquella que se realice sin cumplir con los requisitos que encierran tanto la Constitución de la República como las Leyes Secundarias, llámense CODIGO PROCESAL PENAL, LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y LA LEY DE POLICÍA Y DE CONVIVENCIA SOCIAL. De modo, que en el caso que nos ocupa, distingamos, como de los hechos probados, fundamentación jurídica y pruebas evacuadas en el Debate de Juicio Oral y publico, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, condena a los POLICIAS NACIONALES W. A. V. D., D. V. V., F. A. M. L., J. E. M., J. D. H. Y S. B. R., desconociendo lo estipulado en la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana que les autorizaba restringir la libertad personal en base a motivos o justificaciones basadas en ley. Acontece, señores Magistrados, que mis representados como Agentes de la Autoridad Pública y en base a las facultades inherentes que les obliga los artículos 41 de la Ley De Policía y Convivencia Ciudadana, donde se deriva la obligación ineludible que tienen para Velar por la Conservación y restablecimiento del orden público y la armónica convivencia social, la Prevención y eliminación de las perturbaciones a la tranquilidad, moralidad pública y buenas costumbres, se hicieron presentes al lugar donde se celebraba un confluencia de individuos en la que era evidente un ESCANDALO PUBLICO QUE PERTURBABA LA TRANQUILIDAD DE LOS CIUDADANOS DE ESA LOCALIDAD, por lo que, al requerir a los participantes de esa concurrencia, para que le pusieran fin a la PERTURBACION A LA TRANQUILIDAD DE LOS CIUDADANOS y mostrasen los permisos para celebrar esa reunión; Los requeridos, actuaron con manifiesto irrespeto a la Autoridad Policial y con temeraria negativa a acatar la orden de la Autoridad Policial, por lo que en base a lo establecido en los artículos 5 numeral 1, 2, 3 y 5 y 39 numerales 2, 4 y 8 de la Ley De Policía y Convivencia Ciudadana los policías procedieron ha eliminar las perturbaciones al orden público y conducir a los revoltosos a las instalaciones policiales, donde dentro de las 24 horas, fueron puestos en libertad, tal como lo preceptúa la ley procesal y la ley de Policía y Convivencia Ciudadana. Nada de lo anterior, fue apreciado así por los Jueces de Sentencia E. Y. DE LA O R., S. O. L. C. Y R. A. R. L., ya que para ellos en el presente Juicio, la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana, no tiene ningún valor jurídico, ni es aplicable a los POLICIAS NACIONALES W. A. V. D., D. V. V., F. A. M. L., J. E. M., J. D. H. Y S. B. R., con ello, los señores Jueces de Sentencia, AUTORIZAN para que todo tipo de individuos, realicen escándalos públicos, asolen y perturben la paz pública y tranquilidad ciudadana, pues al análisis de la sentencia consideran los señores operadores de justicia que la POLICIA NACIONAL solo puede DETENER A LAS PERSONAS, cuando medie delito o falta o exista previamente mandato escrito expedido por la autoridad competente; Por ello, se dice que la Sentencia Definitiva, infringe el Principio Constitucional de la Presunción de Inocencia, dado que de antemano los POLICIAS acusados ya estaban condenados con este razonamiento jurídico: Pues véase, que al desconocer en su sentencia, lo preceptuado en la LEY DE POLICÍA Y DE CONVIVENCIA SOCIAL desconocen las facultades y atribuciones que tiene la Policía Nacional para “Velar por la Conservación y restablecimiento del orden público y la armónica convivencia social, la Prevención y eliminación de las perturbaciones a la tranquilidad, moralidad pública y buenas costumbres”. Ya que tanto, en la construcción de la Declaración de Hechos Probados, Valoración de la Prueba y Fundamentación Jurídica, ninguno de los medios de prueba y argumentos expuestos y presentados por la Defensa Técnica y por la Defensa material de los Imputados, merecieron ser estimados como creíbles o ciertos, todo lo que presentó la Defensa Técnica, fue de plano desacreditado, al propio estilo de un proceso KAFKIANO; Por su parte, todo lo que dijeron y concibieron los perturbadores del orden público, fue santa palabra, era creíble y cierto sus dichos; Es decir, al desconocerse en la presente sentencia leyes que regulan el orden público, los POLICÍAS del orden público han quedado como los extremistas del Estado y Enemigos del Pueblo, luego que de la lectura de la Sentencia se evidencia una antipatía a la Autoridad Policial, por el hecho de no dejar tranquilos a los ciudadanos que se les ocurre perturbar la paz y tranquilidad ciudadana. Solo repárese Honorables Magistrados, que estos individuos perturbadores del orden publico, para mitigar sus actos, dijeron que los policías llegaron haciendo disparos como desquiciados y que ellos fueron victimas de la arbitrariedad policial, nada dicen, de los relajos y escándalos que previamente hacían en esa localidad, tampoco de los mofas y desobediencia a la Autoridad Policial, y si eso fuera poco, hasta tenían un permiso falsificado para celebrar la aglomeración de escandalosos públicos; Pero como todo esto, para los Jueces de Sentencia E. Y. DE LA O R., S.ORLANDO LÓPEZ C. Y R.A. R. L.no tiene valor probatorio, era preferible no creer en aquellos que cumplían con sus funciones en representación de la Autoridad legítimamente establecida por el Estado para mantener la paz social; Veamos como se razonaron estas situaciones de las versiones que se presentaron de los hechos, a la luz de la Sana Crítica: VERSION DE LOS POLICIAS: Eran más de las doce de la noche y observaron que en la Colonia López Arellano unos individuos con machetes estaban haciendo escándalo. VERSION DE LOS SUPUESTAS VICTIMAS: habían tenido una reunión casi toda la tarde y como a las once y media habían terminado, y se encontraban guardando los equipos de sonido. VERSION DE LOS POLICIAS: Observaron que se celebrara una fiesta con escándalo y pidieron que apagaran el equipo de sonido y le pidieron al encargado de la fiesta la documentación del permiso respectivo, y procedieron a pedir documentos a los que ahí se encontraban varios de los jóvenes no tenían documentos los trasladaron a la posta policial sin enchancharlos, para que llegaran sus padres a recogerlos y ahí observaron que el permiso era adulterado. VERSION DE LOS SUPUESTAS VICTIMAS: Llegaron los Policías de la Posta Policial de la López, se metieron al pasaje haciendo tiros y llegaron bruscamente, se asustaron y los muchachos se metieron a la casa, porque no sabían quienes eran, si eran Policías o delincuentes y luego los Policías se metieron a la casa a sustraer a los muchachos y los enchancharon y metieron a la paila de la patrulla y al día siguiente a las 9 de la mañana los sacaron de la Posta, después de pagar las multas. Honorables Magistrados, resulta obvio, que tenemos dos versiones contrapuestas y contradictorias entre sí, y solo una debe ser verdadera y la otra falsa, Policías que llegan a un lugar, donde hay un escándalo público, con un equipo de sonido a todo volumen y jóvenes ingeridos de bebidas alcohólicas, sumamente agresivos, que no andan documentos y se oponen, ofenden y resisten a la autoridad policial; por otro lado tenemos a unas personas que dicen que son jóvenes estudiantes, haciendo una reunión comunitaria, con comida típica, para realizar una obra de la localidad que se ve sorprendida por la autoridad policial que llega abusando de su poder y armas de reglamento. Ahora advirtamos como razonan los Jueces de Sentencia de las dos versiones de POLICIA y Supuestas VÍCTIMAS: PÁGINA 9 Y 10 DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. VALORACION DE LA PRUEBA DE LA FISCALIA: “…A la prueba antes descrita, se le ha concedido por estos juzgadores total credibilidad, pues no se evidencia entre estos medios de prueba incongruencias o contradicciones, al contrario, lo que se identifica es una total coincidencia en la misma, resulta evidente la coincidencia en la sustancia de estas declaraciones, que además se ve corroborado con otros medios de prueba como ser la prueba inspeccional respecto de las anotaciones de los menores detenidos en los archivos de la posta policial tanto como novedad al reportar que fueron los acusados quienes llevaron detenidos a los menores identificados en la presente causa, como en el libro de anotaciones de detenidos, lo que da por cierto que fueron privados de libertad por parte de los agentes policiales asignados a la posta de la colonia López Arellano; el tribunal encuentra confiables las declaraciones de los testigos antes descritos, pues no se evidencia de la naturaleza de los hechos motivo alguno para hacer informado falsamente desde el primer momento del proceso y han sido por demás sostenidas estas declaraciones a lo largo de la causa criminal, en cuanto al motivo por el que se encontraban en ese lugar, que se refiere una actividad comunal en pro de la construcción de algunas obras, que efectivamente estaban en ese sitio los menores que guardaban algunos objetos que habían sido utilizados para la fiesta referida, y que en ese momento llegaron los agentes policiales haciendo disparos a fin de amedrentar a los allí presentes, que luego se dirigieron a la casa de J. R. A. quien se opuso al ingreso de los agentes su casa de habitación, sin embargo ingresaron y sacaron del interior capturados a cinco menores entre los testigos comparecientes, sin razón alguna que justificara su aprehensión fueron enchanchados, llevados y registrados en la posta de la colonia López Arellano, donde fueron despojados de cordones de los zapatos y metidos en las celdas junto a otras personas, además se da por cierto a partir de estas declaraciones, que como se ha dicho le resultan fiables a estos juzgadores, que algunos tuvieron que pagar multas para poder dejarlos en libertad, otros realizaron labores de aseo de las celdas de la posta, con ello se evidencia el procedimiento seguido además por los agentes policiales no fue el correcto, ni aún cuando se hubiera tratado de una trasgresión de las reguladas en la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana....” RAZONAMIENTO DEL CASACIONISTA: Sin tratar de cuestionar los hechos que el Tribunal de Sentencia da como probados, considero de necesario un análisis en cuanto al pensamiento del Tribunal de Sentencia; todo comienza y termina, mediante el uso grosero de la llamada FALACIA ARGUMENTATIVA, y ello resulta así, en vista de que los Jueces de Sentencia E. Y.DE LA O R., S. O. L. C.Y R.A. R.L., dan toda la credibilidad de lo alegado por las víctimas, no por razones que se puedan palpar o medir mediante una regla específica de la Sana Crítica, sino, mediante el uso de silogismos desplegados en abstracto, que los enlazan con los mismos fundamentos de las evasivas de las supuestas víctimas, para al final, hacer un círculo argumentativo, que desde su inicio parte con una aseveración y concluye con una ambigüedad; cual es: “…con ello se evidencia el procedimiento seguido además por los agentes policiales no fue el correcto, ni aún cuando se hubiera tratado de una trasgresión de las reguladas en la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana...”. Que decimos con ello, que los mismos Jueces, saben que las DETENCIONES se ejecutaron en base a la aplicación de la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana, y esto aparece, cuando argumentan a partir de premisas, cuya formulación es ambigua y confusa, que los testigos por el hecho supuestamente de no contradecirse ni entrar en imprecisiones en el Debate, SUS DICHOS, SON CIERTOS véase señores Magistrados, resulta evidente el uso de esta falacia argumentativa, consistente al inferir, que algo es verdadero, acerca de una o varias de las partes de un todo, porque es verdadero acerca del compuesto del que forma parte. Entonces donde quedo la SANA CRITICA, ésta por lo vista es señoreada, con la astucia de los testigos en no confundirse y por ello, todo lo que digan era CIERTO. Como recurrente, me pregunto, ¿Qué tan poco, se necesita para destruir la lógica, el sentido común o las máximas de la experiencia?, cuando en sus análisis los Jueces despliegan en sus pensamientos una desazonada inclinación ideológica contra la Policía, debido a una redacción descuidada. Las premisas que utilizan son falsas en un sentido y en otro no, el legislador jamás les ha permitido o dado licencia a Jueces para que TASEN la prueba de esta forma, ni de ninguna otra manera. Entonces como decimos donde quedó la Sana Crítica, al pensar por ejemplo, que una confluencia de jóvenes, ésta termina a las once de la noche en una colonia como la López Arellano de San Pedro Sula, será desconocimiento del entorno en que se vive por parte de los señores Jueces de Sentencia?, donde quedó el Sentido Común, no les infirió que ese argumento de los supuestas víctimas era inventado o será que se desconoce la gravedad de la situación en la que se encuentran nuestras comunidades y principalmente estas colonias como la López Arellano, donde los jóvenes generalmente actúan con un grave irrespeto a la autoridad paternal y no digamos a la autoridad policial, pues cabe ver o remitirse a la declaración de uno de los jóvenes, donde en su declaración manifiesta que los demás no son amigos ni sus parientes sino que son “sus enemigos”. Por otro lado, será que se trataba de una reunión Religiosa? Pues no fue este el argumento discutido por las supuestas víctimas, pues solo así podrá explicarse que ya se iban a dormir. Deriva trascendente observar bajo la conceptualización de las reglas de la Sana Crítica, que la Policía actúo en razón de su deber de proteger a la ciudadanía, esa es su función, salvo prueba en contrario, y por tanto, siempre tendrá detractores y principalmente aquellas personas que se han visto sometidas a su autoridad, y desde ese punto de vista, las Máximas de Experiencia nos dicen, que JAMAS estas personas detenidas se pronunciaran a favor de las actuaciones de la Policía; Esto es comprensible en las personas reducidas en su libertad y de ahí, que la ley exige a los Jueces ser amplios y suficientemente objetivos al momento de motivar sus fallos; pero con este razonamiento se pone en peligro el accionar de la Policía, para ellos, la única manera, tal vez que la Policía tenga la razón, es que ande con un Notario Público, tal vez un Fiscal o un Juez; solo así los dichos de los policías (que en otros países civilizados tienen categoría de testigos de prestigio y credibilidad), pueden ser ciertos; es menester preguntarse si acreditó la Fiscalía los supuestos disparos realizados en el pasaje de la colonia? Con que se acreditó este hecho?, porque no se pronunciaron en relación al permiso falso que tenían los escandalosos para hacer ese escándalo?, luego se observa que los jueces de sentencia en la valoración de la prueba dan por hecho, la existencia de los disparos, sin acreditar la razón suficiente de esta afirmación y por otro lado descartan la falsedad del documento o permiso para celebrar la fiesta, es que no importando lo que fuera los señores Jueces de Sentencia actuaron más como detractores de la Policía que como autoridades judiciales, dado que todo lo que dijeron los escandalosos en la audiencia de Debate Era cierto, no importando si estuviera acreditado o no, y por su parte, todo lo que alegara la Defensa era falso, porque precisamente la Policía Nacional no es confiable a los ojos de estos operadores de justicia. Esta es la pura aplicación de la falacia argumentativa. Con el respeto y la consideración a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diré que los niveles de violencia en Honduras se han disparado y la Policía no actúa con prontitud y celeridad ante las situaciones de peligro, porque con sentencias Judiciales como la en cuestión, si los Policías llegasen a enfrentarse con antisociales con saldo de muertos y heridos, lo más seguro, es que los condenan a sufrir penas severas, solo por el hecho de reprimir a la delincuencia, por tanto, en la reflexión de nuestros policías con esta “Administrada así la Justicia” es mejor, ser cobarde, desidioso, desatendido, negligente, porque solo así, no tendrán problemas de ninguna índole y recibirán sus salarios mensualmente para mantener a su familias reposadamente, que sean aquellos idealistas policías que quieran cumplir con la ley y sus funciones cabalmente, los que se expongan a las represalias. DE LA O R., S.O. L. C. Y R.A.R. L., los mandaran a la cárcel y los condenaran a pagar cantidades valiosas que sus raquíticos salarios no les da, ni para pagar la alimentación y educación de sus hijos, ni mucho menos para indemnizar a individuos mentirosos y escandalosos, que se han salido con la suya, y no extrañe a la Corte Suprema de Justicia la Millonaria demanda que le impondrán al Estado de Honduras, en fin, los Policías al no poder pagar tendrán que solventar esa deuda con cárcel; Quisiera pensar, que la administración de justicia esta sufriendo de graves deficiencias y por ello, se emiten estas sentencias, porque si las mismas se han dictado por motivos espurios contra la Policía, además de infame, seria catalogada como fútil y despótica. Me refiero en estos términos, porque si analizamos como fue valorada la prueba de la defensa técnica de los imputados veremos lo siguiente: VALORACION DE LA PRUEBA DE LA DEFENSA: PAGINAS 15 Y 16 DE SENTENCIA DEFINITIVA “...La prueba documental consistente en los informes remitidos tanto a la Fiscalía del Ministerio Público, como al departamento Municipal de Justicia por parte del Oficial ahora imputado W. A. V. D., se valoran en conjunto con su declaración, y se perciben como la explicación o justificación de sus actos, con la manifiesta y natural intensión de librarse de las responsabilidades derivadas de ellos en vista de las investigaciones que se hacían y la imputación que se le hace en el presente juicio, así como descargar de la responsabilidad derivada del operativo policial en el participaron los demás agentes bajo su dirección, y en el que se cometieron sendos abusos, probados en este juicio, como ser el ingreso violento a la vivienda del Señor J. R. A. de donde sacaron y dieron captura a los menores K. D. P. D., E. P. D., O. C. P. O., H. D. R. S. Y C. P. P., sin causa justificada, luego llevados a la posta policial donde los ingresaron a las celdas y fueron dejados en libertad en vista de haber pagado algunos de sus familiares irregulares multas y otros haber tenido que realizar labores de limpieza en la posta policial...”. “...Es evidente que a través de su declaración, y de los informes escritos que realizara al efecto el Oficial V. D., procure dar explicaciones de los que motivo el operativo, aún así cabe destacar, que en tanto de la declaración como de los informes que le son coincidentes, no se evidencian razones para la detención de los menores, pues lo afirmado se contradice con la prueba traída incluso por la misma defensa, relación a que en el sitio se vendía bebidas alcohólicas, ya que el testigo M.. A. B.C. dice que no se vendían bebidas en esa fiesta, y los testigos presenciales razonablemente que no habían bebidas en venta en ese lugar, además en las novedades de la posta en cuanto a la retención de los menores, no se hizo constar ningún dato a este respecto, lo que hubiera sido determinante si se realizaba en pos de la protección de los intereses de los menores; la explicación de la forma en que los menores salieron de la casa de J. R. A. dada por el Oficial V. D., resulta incongruente, especialmente cuando hace ver que lo que motivo el operativo fue los insultos de algunas personas del lugar, que motivo que ingresaran ya con el apoyo de otra patrulla, lo que obviamente generaría la reticencia de aquellos que habían ingresado a lugar seguro como el interior de una casa y luego resulta contradictorio que hayan salido por su voluntad para no dar ningún tipo de información, como se señala tanto en la declaración como en los informes. Se ha dicho además de un grupo de macheteros, que fue algo que también detonó la reacción policial, sin embargo, no existe según se probó ningún decomiso al respecto, tampoco se afirma por prueba alguna que los menores se encontrasen escandalizando, ni en condición de vagancia si fueron encontrados al interior de una casa de habitación a inmediaciones del sector de residencia de los mismos, como se consigno incluso en los datos tomados en los libros de novedades de la posta donde fueron llevados. Por lo anteriormente expuesto, estos juzgadores no le concedemos credibilidad a los dichos del acusado W. A. V. D. ni al contenido de los informes...”. “..En cuanto a la declaración del policía J. M. G. E. lo que ha sido corroborado por otros medios probatorios de la totalidad de la declaración, es que sus compañeros policías asignados a la posta de la colonia López Arellano, al mando del Sub Comisario V. D., llevaron en dos patrullas detenidos a los cinco menores identificados en la presente causa como víctimas, y que los recibió, sin consignar como novedad que los dejaría en el pasillo, al contrario se encuentra probado suficientemente para estos juzgadores, que los menores después de ser registrados en los libros correspondientes como detenidos por supuesta vagancia y escándalo público, fueron ingresados a la celda de la posta y que fueron liberados al día siguiente cuando algunos pagaron irregulares multas, y otros por haber realizado labores de aseo de la posta policial, de esto el Tribunal tiene pruebas ya valoradas y estimadas para generar convicción positiva respecto de estos hechos, en consecuencia se desacredita la declaración del señor G. E., quien declara en esos términos con la firme intención de favorecer a sus compañeros, incluso de librarse de potenciales responsabilidades, por ello no se le concede credibilidad...” Honorables Magistrados, como lo he reiterado, los Jueces de Sentencia E.Y. DE LA O R., S. O. L. C.Y R. A.R. L. sustituyeron valorar las pruebas por conducto del correcto entendimiento humano, fundado en las Reglas de la Sana Crítica, al manipular su argumento deductivo e intelectivo, por medio de las falacias argumentativas y una muy marcada predeterminación del fallo, ya que las usaron frecuentemente a lo largo de toda la estructura de la sentencia definitiva, véase un simple ejemplo de lo señalado, Los Jueces aducen que la policía miente porque no decomisó los machetes que fue según el propio dicho de la policía y los informes lo que activo y provoco la reacción de la policía, pero como no decomisaron machetes, sus medios de prueba testificales y documentales, NO SON CREIBLES; Por otro lado, estos Jueces dan por cierto en grado de certeza, que los policías llegaron al pasaje de la colonia López Arellano (Buena Vista) haciendo disparos, y a esta conclusión arriban porque las declaraciones de las supuestas víctimas así lo dicen. Ahora preguntemos; porque lo que dicen unos testigos es cierto y lo que dicen otros no es cierto, ambas son pruebas testificales, son contrapuestas, porque las supuestas víctimas dicen la verdad y los policías mienten. Nada de esto explican los señores jueces, sino que utilizando verborrea en exceso, en diversas ocasiones, pretenden dar la justificación de esa credibilidad de los testimonios de cargo, diciendo que: “...que las múltiples pruebas...”, “...que lo corroborado con otros medios de prueba...”, “A la prueba antes descrita, se le ha concedido por estos juzgadores total credibilidad, pues no se evidencia entre estos medios de prueba incongruencias o contradicciones, al contrario, lo que se identifica es una total coincidencia en la misma, resulta evidente la coincidencia en la sustancia de estas declaraciones, que además se ve corroborado con otros medios de prueba como ser la prueba inspeccional respecto de las anotaciones de los menores detenidos en los archivos de la posta policial...”. Valorada así la prueba, todos los ciudadanos de este país estamos en peligro, si la falacia argumentativa que es propia de artículos de opinión en los medios de comunicación y en política, es el razonamiento, que ahora los Jueces esgrimen para condenar a sus semejantes; ya que la única “razón” que recurren para diferenciar una prueba de la otra, es que los testigos de cargo “se le ha concedido total credibilidad, pues no se evidencia entre estos medios de prueba incongruencias o contradicciones..” Pero ello, porque así benevolente los Jueces lo dicen, pero no lo explican en base a las reglas de la Sana Crítica, hay que explicarles por tanto, que estas reglas no son antojadizas de aplicar a su capricho, sino que el Legislador las impone de obligatoria cumplimiento, para que TODOS LOS JUECES DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS den las explicaciones suficientes, racionales, derivadas, coherentes y dentro del correcto entendimiento humano, del PORQUE, se dicta una sentencia condenatoria o absolutoria; En ese orden de ideas, la manera falaz utilizado en el argumento por los jueces en el caso que nos ocupa, se observa cuando le exponen a la sociedad: «Que determinado testigo (Policía) no tiene la credibilidad para decir X Verdad», Pero en realidad están diciendo tres cosas: 1) Hacen uso de una PREDETERMINACIÓN DEL FALLO, que en mis años de profesión jamás había visto desplegada en una sentencia judicial con semejante vehemencia, que indica que el fallo condenatorio se ha dictado en evidente antipatía a la Policías Nacional, considérese este segmento de la “valoración de la prueba”: “...La prueba documental consistente en los informes remitidos tanto a la Fiscalía del Ministerio Público, como al departamento Municipal de Justicia por parte del Oficial ahora imputado W. A. V. D., se valoran en conjunto con su declaración, y se perciben como la explicación o justificación de sus actos, con la manifiesta y natural intensión de librarse de las responsabilidadesderivadas de ellos en vista de las investigaciones que se hacían y la imputación que se le hace en el presente juicio, así como descargar de la responsabilidad derivada del operativo policial en el participaron los demás agentes bajo su dirección, y en el que se cometieron sendos abusos, probados en este juicio, como ser el ingreso violento a la vivienda del Señor...”es evidente la animadversión y antipatía a un Oficial de Policía, que dicho sea de paso lo estaba juzgando, no hay manera de explicar lo que se lee y la forma tan profana en el que valoran la prueba de descargo de la defensa, primero, la desacreditan mediante una falacia argumentativa de atacar a la persona del imputado, juzgarlo como un individuo manipulador y mendaz, y a su vez, exculparlo de su conducta porque, los Jueces entendían que estaba desesperado por las investigaciones y la imputación que se le incoaba en el presente juicio; segundo, si esto no fuere suficiente, hacen gala de un lenguaje vigoroso, al establecer que “se cometieron sendos abusos probados en juicio, como ser el ingreso violento a la vivienda del señor..”Bueno, y estamos en la valoración de la prueba, donde supuestamente, ese atributo de razonar la prueba deriva de personas profesionales y objetivas, que utilizan la técnica judicial de decir las cosas, en lenguaje científico forense inherente a las ciencias jurídicas, no hablando en abstracto e indeterminado de conductas, Véase: “— Sendos Abusos—”; y no digamos cuando hablan de unas supuestas multas y aseo de celdas policiales, donde estas las razones y derivaciones lógicas que infieren; lo habían dicho las supuestas víctimas y como lo que estas personas dijeron era cierto por encima de cualquier otro fundamento probatorio, era creíble. 2) Utilizan y hacen uso por ejemplo de la falacia del ataque personal o Arqumentum ad hominem, ésto es, afirmar que la Declaración de X Policía es falsa atacando a la persona que la afirmó, en lugar de preocuparse de la veracidad de lo relatado. Veamos: “...la declaración del señor G. E. quien declara en esos términos con la firme intención de favorecer a sus compañeros, incluso de librarse de potenciales responsabilidades, por ello no se le concede credibilidad...” No ocuparse de la validez de X declaración, sino hacer un crítica moral al interlocutor (y de hecho así lo hicieron con toda la valoración de la prueba de descargo). Es demostrar un prejuicio resbaladizo en la función pública, ya que no son jueces que deben expresar su ánimo interior o su antipatía a la policía, a un sector de la sociedad o persona en particular, y si como humanos saben que tienen esa contrariedad ideológica, por ello existe la excusa para dejar que otros Jueces con serenidad e imparcialidad se pronuncien, en este caso, es evidente que la falacia, sirvió de instrumento de opinión personal sobre la valoración conjunta de la prueba en base a las reglas de la Sana Crítica. 3) La otra falacia que hicieron uso de manera muy extendida en la Sentencia Definitiva, es el recurso al Argumentum ad verecundiamo falacia de la autoridad. Un ejemplo clásico es el Ipse dixit («Él mismo lo dijo») utilizan a lo largo de la argumentación de la apreciación de la prueba de la defensa, explicaciones como: “...que en tanto de la declaración como de los informes que le son coincidentes, no se evidencian razones para la detención de los menores, pues lo afirmado se contradice con la prueba traída incluso por la misma defensa, relación a que en el sitio se vendía bebidas alcohólicas, ya que el testigo M. A.B.C. dice que no se vendían bebidas en esa fiesta, y los testigos presenciales razonablemente que no habían bebidas en venta en ese lugar...”, “...además en las novedades de la posta en cuanto a la retención de los menores, no se hizo constar ningún dato a este respecto, lo que hubiera sido determinante si se realizaba en pos de la protección de los intereses de los menores...”, “...la explicación de la forma en que los menores salieron de la casa de J. R. A. dada por el Oficial V. D., resulta incongruente, especialmente cuando hace ver que lo que motivo el operativo fue los insultos de algunas personas del lugar, que motivo que ingresaran ya con el apoyo de otra patrulla, lo que obviamente generaría la reticencia de aquellos que habían ingresado a lugar seguro como el interior de una casa y luego resulta contradictorio que hayan salido por su voluntad para no dar ningún tipo de información...”, “...Se ha dicho además de un grupo de macheteros, que fue algo que también detono la reacción policial, sin embargo, no existe según se probo ningún decomiso al respecto...”, “...tampoco se afirma por prueba alguna que los menores se encontrasen escandalizando, ni en condición de vagancia si fueron encontrados al interior de una casa de habitación a inmediaciones del sector de residencia de los mismos, como se consigno incluso en los datos tomados en los libros de novedades de la posta donde fueron llevados...”. Honorables Magistrados, atribuir la opinión de unos a la opinión de otros y deducir de ahí, que si unos piensan y dicen eso, es que debe ser cierto, y lo que piensan y dicen, otros debe ser mentira, constituye una forma arbitraria de administrar justicia. En cualquier caso, la propia premisa de que unos piensen y digan eso, puede ser falso o cuanto menos dudoso, ya que, en muchos casos, dicha afirmación no puede ser probada, salvo que los tribunales de justicia ahora empleen algún tipo de encuesta o quieran retornar a la tasación de la prueba. Por ejemplo, en el caso que digan unas personas que los policías se metieron a la casa de habitación, tampoco se justifica el razonamiento de credibilidad, porque piensen así lo digan esos testigos, en contrario la policía lo niega, y no existe un testimonio o otra prueba confiable e imparcial que lo niegue o confirme, desde este punto de vista como jueces era su deber así razonarlo, y no desenvolverse como actuaría cualquier persona común, sino un letrado jurídico, especialista en las ciencias y estudios judiciales, lo que si se ve, con claridad absoluta, es que la sentencia condenatoria, se basa en la falsa intuición de que las supuestas víctimas tiene mayor autoridad en sus relatos y en base a ello, no pueden estar equivocados. Y por tanto, los Policías, son mentirosos, por ser sus dichos contrarios a los que dicen las supuestas víctimas. Y si eso no fuere suficiente, véase que lo prejuicioso del pensamiento de los jueces cuando igualmente indican: “...ya que el testigo M.A. B. C. dice que no se vendían bebidas en esa fiesta, y los testigos presenciales razonablemente que no habían bebidas en venta en ese lugar además en las novedades de la posta en cuanto a la retención de los menores, no se hizo constar ningún dato a este respecto, lo que hubiera sido determinante si se realizaba en pos de la protección de los intereses de los menores...”, “...al contrario se encuentra probado suficientemente para estos juzgadores, que los menores después de ser registrados en los libros correspondientes como detenidos por supuesta vagancia y escándalo público...” Por un lado, apuntan que los testimonios de los policías, no tienen credibilidad, porque en el libro de novedades no se dijo, que los jóvenes habían sido detenidos para preservar su integridad, y por otro lado, en sus argumentos, expresan que en el libro de novedades se anotó por parte de los policías que se detenían a los jóvenes por escándalo público y vagancia y que esto constituía prueba irrefutable de la detención ilegal; Entonces, que se requiere para obtener la credibilidad a los ojos de esto Jueces?, pues, creo no ser policía, porque les exigen una determinada condición probatoria para darle credibilidad a sus dichos y por otra, cuando la exponen, la utilizan como prueba de cargo fehaciente.- Soy del criterio como recurrente, que no importa, lo que hayan consignado los policías en los libros de novedades, para los señores Jueces ya estaban condenados y bajo cualquier circunstancia probatoria, hubieran utilizado, esa arte que tienen para confeccionar silogismos y premisas falaces y ambiguas para justificar una Condena contra los Policías, así lo hicieron también cuando dicen que “valoran” la prueba documental, en fin, no había nada en este mundo, que pudiera demostrar presunción de inocencia de los imputados, porque la ambigüedad fue la argumentación que impero en la sentencia definitiva, por ser el término que tenia más significado, para justificar semejante análisis jurídico. Por ello, analizada la normativa señalada, con base al motivo de casación que se invoca contra la sentencia definitiva, la primera aportación que debemos desarrollar, se comprende en lo establecido en el Art. 84 de la Constitución de la República, tanto a su aplicación como a su interpretación, para poder distinguir sin dificultad alguna, el punto de vista conceptual, como el punto de vista práctico en la administración de justicia, cuales son los casos que la Policía Nacional para (“Velar por la Conservación y restablecimiento del orden público y la armónica convivencia social, la Prevención y eliminación de las perturbaciones a la tranquilidad, moralidad pública y buenas costumbres”) concurren en muchas veces a la necesidad de efectuar restricciones a la libre locomoción y privaciones de libertad personal. Para resolver esta cuestión, considérese que el legislador no exige a la Policía, de manera absoluta la existencia previa de un mandato escrito para restringir o privar la libertad a un ciudadano, y nos referimos a ello, dado que los bienes jurídicos tutelados que se ven afectados son tanto la libertad física de la persona, como su libertad circulatoria o de desplazamiento, que se encuentra esta última garantizada en el Art.81 de la Constitución de la República que dice: “Toda persona tiene derecho a circular libremente...” en consecuencia, hay que tomar en cuenta que tanto la restricción a la libertad circulatoria como la privación física de una persona, dependerá de la intensidad con la que a su vez se vea afectada esa libertad, que por motivos de función preventivo-policial, y de mantenimiento de la seguridad ciudadana, la Constitución de la República ha encomendado a la Policía Nacional de Honduras que la restringa en determinados circunstancias para el mantenimiento del orden público. En el caso que nos ocupa, a mis patrocinados, se le dicta una sentencia condenatoria por el delito de DETENCIÓN ILEGAL, precisamente aduciendo el Tribunal de Sentencia PAGINA 18 Y 19 que: En el presente caso, indudablemente los agentes policiales W. A. V. D., D. V. V., F. A. M. L., J. E. M., J. D. H. Y S. B. R., incurrieron en el presupuesto contenido en el numeral 1 del artículo precitado(333 del Código Penal) pues detuvieron a los menores ilegalmente, sin justificación alguna, en consecuencia, la gestión de la operación policial que dio como consecuencia la privación injusta de la libertad de los menores, con la justificación de que se encontraban en vagancia y escandalizando en la vía publica, no era cierta, al contrario ha quedado probado que al llegar al sitio donde se desarrollaba una actividad comunal, y ver correr a los menores al interior de la casa del señor J. R. A., procedieron a darles persecución contra la voluntad del titular de la morada, procedieron ingresar a la casa de habitación y les dieron detención a todos, llevándolos posteriormente a la posta policial ubicada en la Colonia López Arellano, lo que en definitiva corresponde como lo señalo la Fiscalía en el momento de sus conclusiones finales una sola manifestación de voluntad de los agentes policiales en cuanto a las razones y justificaciones del operativo, sin embargo esto se tradujo en la privación de libertad de cinco menores identificados K. D. P. D., E. P. D., O. C. P. O., H. D. R. S. Y C. P. P. que fue calificado como un solo delito de DETENCION ILEGAL en perjuicio de varias personas, así este Tribunal, considera que si bien dada la forma de ocurrencia de los hechos, en cuando a que hubo unidad de voluntad respecto de la operación policial que generó la decisión de detener ilegal a los cinco menores, se configura un concurso ideal homogéneo entre los delitos de detención ilegal que afectos de penalización debería tomarse más grave aumentando en una cuarta parte de la pena. Con ello la pena aplicable al caso quedaría en tres años con ocho meses a seis años con tres meses de reclusión y una pena de multa entre sesenta y dos mil quinientos a cinto veinticinco mil lempiras de multa...”. Vista la fundamentación jurídica emanada del Tribunal de Sentencia, se ha condenado a ciudadanos hondureños que ejercen las funciones de Policía, en virtud de que conformidad a los mismos hechos probados y valoración de la prueba, éstos Policías procedieron a darle cumplimiento a la LEY DE POLICIA Y DE CONVENIENCIA CIUDADANA al detener a varios individuos que se habían dado a la tarea hacer escándalos públicos, estar indocumentados y ser supuestamente menores de edad que se encontraban en la calle a altas horas de la noche en una colonia peligrosa como lo es la Colonia López Arellano de San Pedro Sula, Cortés; dichos individuos fueron detenidos en un pasaje de esa Colonia, aspecto que los Policías aceptan y así lo dejaron consignado en el libro de novedades y detenciones; constatado ello así, en la sentencia en referencia, pero falazmente los Jueces arguyen que éste es otro medio de prueba que ratifica los dichos de las víctimas, cuando jamás se ha cuestionado o negado por parte de los Policías que los detuvieron, sino que no fue en la forma y circunstancias que dicen todos los escandalosos que fueron detenidos esa noche, incluso para agravar la situación de los Policías afirman esos escandalosos que allanaron una morada, consecuentemente, para estos Enjuiciadores lo que diga la POLICIA es mentira y cuestiona el acto mismo de la Detención, citando como precepto normativo penal infringido por los policías, el Art. 333 numeral 1 del Código Penal, que dice: “... 1) Detenga o incomunique ilegalmente a una persona o no le de de inmediato cumplimiento al mandamiento de exhibición personal expedido por autoridad competente...” Además, les condena por la comisión del delito de allanamiento de morada, solo por el dicho de las supuestas víctimas utilizando la falacia argumentativa, pues, al no existir ningún otro medio de prueba objetivamente válido que acreditara, el tal allanamiento al domicilio, se limitan a dar como cierto el quimérico allanamiento de morada por los relatos de estos individuos, por lo visto la SANTA PALABRA de los escandalosos superó la aplicación de la Sana Crítica que debieron aplicar los jueces de sentencia, y a sabiendas dictan una condena para perjudicar a unas personas solo por el hecho de ser POLICIAS NACIONALES. De la interpretación y aplicación de esta normativa que hace el Tribunal de Sentencia, se advierte que lo elabora antojadizamente de manera restrictiva y segmentada, obviando la salvedad que establece la LEY DE POLICIA Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA para girar una orden de detención en casos de “Velar por la Conservación y restablecimiento del orden público y la armónica convivencia social, la Prevención y eliminación de las perturbaciones a la tranquilidad, moralidad pública y buenas costumbres”. En ese sentido, se ha dejado de aplicar diversas normas de carácter vigente que regulan estas medidas restrictivas a la privación de la libertad física y circulatoria, que son funciones ineludibles de los Policías Hondureños, que de haberse interpretado y aplicado de manera más justa y equitativa a los hechos probados y valoración de la prueba, hubieran provocado un resultado diferente al fallo judicial emitido, absolviéndolos de todo delito o detención ilegal y allanamiento de morada; por lo que las razones que aducen el Tribunal de Sentencia en el fallo judicial ahora impugnado, de deslegitimar una detención legal y debidamente ejercitada y documentada por la Policía y por motivo justificado en ley, constituye una grave infracción a la normativa constitucional de presunción de inocencia,pues, ha sido evidente que existió una perturbación a la tranquilidad de la ciudadanía de la zona donde se celebrara una confluencia de personas adultas y menores de edad, con escándalo público, que fue atendida por la Policía Nacional de Honduras en base a la práctica real de función preventivo-policial. Véase, que resulta ILOGICO E IRRACIONAL pensar o concebir que en el presente caso, la Policía Nacional para justificar la detención tenía que previamente haber redactado un “mandato escrito” para restringir o privar de la libertad física a estas personas; solo deslúmbrese lo ABSURDO que resulta de esa falta de justificación de la Detención que alega el Tribunal de Sentencia en su motivación o fundamentación jurídica en contra de mis representados W. A. V. D., D. V. V., F. A. M. L., J. E. M., J. D. H. Y S. B. R., por tanto, no sólo ha dejado de aplicar una ley que justificaba las actuaciones de la Policía, infringiendo con ello su PRESUNCION DE INOCENCIA, sino que ha sentado un precedente nefasto a las actividades preventivo-policiales que realiza la Policía Nacional, luego que de ahora en adelante, si esta sentencia judicial, no es anulada, la Policía Nacional tendrá en todos los casos que se trate de aplicar la LEY DE POLICIA Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA, tener que tomarse el tiempo necesario para obtener de un Fiscal o Juez un mandato escrito que le autorice detener a las personas por escándalo público, es decir, solo se procederá a detener a cualquier ciudadano que esté alterando la paz social, si se cuenta con la venia de los Fiscales y Jueces, ya que si no lo hacen así, se exponen los policías a ser condenados por detenciones ilegales, allanamientos de morada y cualquier otro delito que se inventen los escandalosos, al fin al cabo, lo único que precisan estas supuestas victiman, es forjar declaraciones exactas de su propia versión de los supuestos hechos acontecidos. Lo que aquí estamos discutiendo, es que el Tribunal de Sentencia en su fallo condenatorio fundamenta innecesariamente su decisión, fuera de los parámetros relativos AL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LAS LEYES, que implica que una ley penal aplicada ES INJUSTA no porque exista un conflicto entre la norma de menos jerarquía y las otras normas de igual jerarquía o de mayor jerarquía como lo es la Constitución, sino que lo que ha ocurrido en éste caso es que la sentencia condenatoria implica una sustitución de la voluntad legislativa, por la voluntad caprichosa que emiten los Jueces de Sentencia E. Y.DE LA O R., S. O.L.C. Y R.A.R. L.en su fallo condenatorio, pues han interpretado y aplicado la ley penal, aduciendo restricciones y privaciones a la libertad personal injustas y allanamiento de morada por parte de la Policía Nacional, cuando “Velaba por la Conservación y restablecimiento del orden público y la armónica convivencia social, la Prevención y eliminación de las perturbaciones a la tranquilidad, moralidad pública y buenas costumbres”, segmentando los Jueces la ley Penal, Procesal, Constitucional y normas de orden público, aplicando solo aquellos extractos, párrafos o líneas de palabras de la normativa por ellos utilizada, que se ajustan a su pensamiento, dejando de lado, no solo el principio de legalidad y de Jerarquía de la normativa constitucional[2], sino el espíritu del legislador, que establece que en el actuar policial, en los casos de la LEY DE POLICIA Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA, como en el caso que nos ocupa, no se requiere para su justificación ni de orden judicial ni de mandato escrito, ni mucho menos que la Policía se vuelva burócrata, para poder prevenir de manera inmediata actividades de desorden e intranquilidad ciudadana de todo tipo que acontecen en el devenir diario de nuestra sociedad. En ese sentido, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ya ha establecido mediante Doctrina Legal que en lo referente a la Sana Crítica ésta debe estimarse en el cuadro fáctico que sustenta un acervo probatorio, plasmando en lo que se conoce como fundamentación probatoria, los aspectos Descriptivos e Intelectivos. El primero implica, que el Tribunal tiene la obligación de señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate que han sido sometidos a las reglas del entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio.- Luego de esa Fundamentación Probatoria Descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva.- En este apartado de la sentencia el Juzgador debe explicar PORQUE un medio probatorio le merece Fe y otro no y además, PORQUE un Medio de Prueba u otro le lleva a una conclusión determinada.- Pero esto no implica, QUE LOS TESTIGOS POR EL HECHO SUPUESTAMENTE DE NO CONTRADECIRSE NI ENTRAR EN IMPRECISIONES EN EL DEBATE, SUS DICHOS, SON CIERTOS. Este razonamiento, ni describe, ni justifica, ni expresa una reflexión descriptiva ni intelectiva, sino una falacia argumentativa. Sobre este Fundamento intelectivo que incide la afectación al Principio Constitucional de la Presunción de inocencia, acontece cuando se efectúa la sustitución de la aplicación de las reglas, de la Sana Crítica, por la utilización de argumentos falaces; para el recurrente debe considerarse que en afecto el correcto entendimiento humano hubiera ayudado a explicar los hechos y como las conductas de mis patrocinados se encontraban justificadas en la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana, a saber: La Experiencia, que establece el conocimiento que como hombres comunes tienen sobre algunas circunstancias de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que conservan los Juzgadores, bien saben lo complejo y peligroso aun para la policía la Zona de la Colonia López Arellano, los graves conflictos de irrespeto y odio a la policía y el desprecio a la tranquilidad publica que existe en la zona. La Psicología: Se relacionan con los conocimientos Básicos y no son las reglas elaboradas de la ciencia. La Lógica: Implican que el Ejercicio Intelectivo del Juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada de la verdad). La Coherencia manda la aplicación de los principios de: Identidad, Contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la Obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (Las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas). Verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Expuesto lo anterior, veo como la suplantación en la valoración de prueba en que incurrieron los sentenciadores se cometió el yerro de TASAR el valor de la prueba, mediante la utilización de silogismos argumentativos espurios y falaces. Consecuentemente, en el caso que nos ocupa, la detención de los sospechosos que se encontraban haciendo escándalo público e indocumentados etc. fue debidamente registrada en el libro de novedades de la Policía, como así consta en la sentencia condenatoria al valorar las pruebas que fueran producidas en el Debate de Juicio Oral y Público y no solo eso, también consta en dichas pruebas, que todos los detenidos fueron puestos en libertad antes de las 24 horas, o que es lo mismo, salieron después de que llegaron sus padres a recogerlos entre ocho y nueve horas después de su conducción a las celdas, (Sus padres llegan hasta esa hora por no haberse encontrado en el lugar de los hechos, como así lo dicen los mismos testigos o sea las supuestas víctimas) por lo que esas restricciones a la libertad de circulación y privación física de esas personas están previstas en la LEY DE POLICIA Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA citada en el presente caso. En ese orden de ideas el recurrente es del criterio, que dicha normativa legislativa fue dejada de aplicar a pesar de establecer su PRESUNCION DE INOCENCIA a favor de los condenados, por lo que puedo concluir, que la intensidad de la detención o arresto que se ejecutó contra esos individuos EN LOS CUALES SE LE VIO AFECTADOS BIENES JURÍDICOS, NO IMPLICA UNA DETENCIÓN ILEGAL O ARBITRARIA, NO SOLAMENTE POR LA RAZONES ANTES MENCIONADAS, SINO PORQUE TAMBIÉN LA MISMA, NO SE PROLONGÓ DE FORMA EXCESIVA. NI SE TRASLADO FORZOSAMENTE A OTRO LUGAR A LOS DETENIDOS QUE NO FUERAN LAS INSTALACIONES POLICIALES, de igual manera, los sospechosos se encontraban en estado de ebriedad y en todo momento actuaron violentamente ante el intimación policial (como así consta en las pruebas evacuadas en el Debate), por lo tanto, su privación de libertad se ejecutó dentro del marco legal que autoriza a la Policía Nacional a realizar sus funciones, que no son otras que velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate de los delitos, faltas e infracciones; proteger la seguridad de las personas, su vida, su integridad física, síquica y moral, sus libertades bienes y derechos; auxiliar en la preservación de la moralidad pública, etc., tal como así establecido en el Decreto No.67-2008 que contiene la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras y la LEY DE POLICIA Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de dictar la sentencia definitiva, y por tanto, por su naturaleza fue imposible intentar los reclamos para su subsanación. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE:A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el Motivo de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional, SE ANULE la Sentencia recurrida y se decrete sentencia absolutoria a favor de los imputados W. A. V. D., D. V. V., F. A. M. L., J. E. M., J. D. H. Y S. B. R..”“SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY PROCEDENCIA DE LA INTERPOSICIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Por haber dictado el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, sentencia condenatoria en fecha 20 de Febrero del año 2015, mediante Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 333.1 de Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. El precepto penal sustantivo que se invoca como infringido por aplicación indebida, prescribe lo siguiente: “Artículo 331.1: Se aplicará la pena de Reclusión de tres (3) a cinco (5) años y multa de cincuenta mil (L,50.000.00) a cien mil (L,100.000.00) lempiras al funcionario o empleado público que: 1.- Detenga o incomunique ilegalmente a una persona o no le dé inmediato cumplimiento al mandamiento de exhibición personal expedido por autoridad competente...” En primer lugar haremos referencia a la indebida aplicación de la ley penal y de otras normas jurídicas necesarias para su: aplicación. La Jurisprudencia Hondureña nos informa que:--Existirá aplicación indebida (...) cuando se aplica una norma legal de manera errónea a determinado caso. Hay aquí una norma (la defectuosa) aplicada y una norma (la correcta) que se ha dejado de aplicar-- Esta definición en principio es correcta pues hace alusión al error por parte de los Jueces al momento de aplicar la norma legal al caso concreto, sin embargo, equivocadamente se alude a la elección de una norma “defectuosa” y a la inaplicación de una norma “correcta”. Sobre el particular debe tenerse presente que el error se comete al momento de realizar la elección de la norma penal y su consiguiente aplicación, lo cual resulta del contenido defectuoso que la norma penal pudiera tener, para lo cual se deberá acudir a los mecanismos de la interpretación y/o la integración jurídicas. De esta manera una norma “defectuosa” lo es por sus falencias e incorrecta elección por parte de los Jueces a los hechos juzgados. Otro aspecto importante, que se puede extraer del caso que nos ocupa, es que se asume que los hechos probados han sido determinados previamente, para lo cual se deberá haber valorado conjuntamente los medios probatorios. De esta manera resulta como paso previo que en forma antelada se hayan establecido los hechos o se haya identificado el caso para proceder a la elección de la norma legal pertinente. Al respecto tenemos de que la Policía Nacional realiza una detención de varios individuos que se encontraban realizando una reunión, donde según lo expuesto, la policía actúa en base a lo establecido en el Decreto 226-2001, que contiene la LEY DE POLICÍA Y DE CONVIVENCIA SOCIAL, ello con el objetivo de garantizar la satisfacción de las necesidades de la armónica convivencia, buen gobierno Municipal y Legitimar las acciones de la Policía Nacional, veamos: ARTICULO 5 POLICIA NACIONAL tiene como función Velar por la Conservación y restablecimiento del orden público para la armónica convivencia social, la Prevención y eliminación de las perturbaciones a la tranquilidad, moralidad publica y buenas costumbres. ARTÍCULO 39 POLICÍA NACIONAL puede emplear la fuerza necesaria a efecto de asegurar la captura del que debe ser conducido ante la autoridad; ARTÍCULO 56 POLICIA NACIONAL podrá en los casos de resistencia o negativa infundada, para presentar documentos de identidad o de propiedad de vehículos u objetos de necesaria portación, requerir la conducción de dichas personas, a las dependencias más próximas que cuenten con medios adecuados para realizar la diligencia de identificación o acreditación de propiedad, para este sólo efecto y por el tiempo indispensable. Esta normativa, comprueba las actuaciones de la Policía al establecer la justificación legal de donde se ampararon para proceder a las restricciones de la libertad y libre circulación, por lo que, hay Aplicación Indebida cuando se impone el artículo 333 numeral 1 del Código Penal como la norma pertinente a la relación fáctica establecida en el proceso penal. Por tanto, los Jueces de Sentencia E. Y.DE LA O R., S. O. L.C.Y R.A. R. L. han errado en la elección de la norma penal al establecer la relación de semejanza o de diferencia que existe entre el caso particular concreto, jurídicamente calificado y la hipótesis de la norma penal aplicada indebidamente. Si observamos con detenimiento y cuidado, la referida subsunción del caso en la norma jurídica pertinente (Ley de Policía y Convivencia Ciudadana), siguiendo el clásico método del silogismo jurídico, resulta relevante incidir en el principio jura novit curia obligaba a los jueces a aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada; porque los Jueces devienen en la obligación de actuar como terceros imparciales, pues aparte de la detención que puede sufrir una persona dentro del marco de las leyes procesal penales vigentes, existe, otra norma, de inferior jerarquía normativa a las primeras (y a cuyos preceptos estas otras, deben ajustar su cometido), que colectivamente ajusta a las atribuciones de las fuerzas del orden público, facultades adicionales de arresto, conducción o detención. Esas facultades, en nuestra país, han sido conferidas a la autoridad policial para el ejercicio de una de sus funciones principales, como lo es, la de la “seguridad pública “a través de el Decreto 226-2001 (Ley De Policía y De Convivencia Social), que en sus artículos 5, 9 y 36 entre otros establecen que la Policía Nacional podrá: capturar, detener o conducir a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y más aún conducir a resguardo policial a menores de edad que se encuentren en vagancia o ingiriendo bebidas alcohólica o escandalizando en vía pública, o que no expliquen medios de vida en circunstancias que lo justifiquen o cuando se negaren a identificarse o no portaren documento de identificación personal o del vehículo que conduzcan, no tuviere domicilio fijo o conocido etc. Estos artículos prevén expresamente en nuestra legislación, modalidades de restricción de la libertad de circulación y de la libertad personal, que se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico y que no han sido declaradas inconstitucionales, ya que constituyen normas para el mantenimiento del orden público, es decir, no son otra cosa, que una facultad de arresto, captura, conducción o detención excepcional que le son otorgadas como funciones y atribuciones a la Policía Nacional, sin que medie orden de autoridad competente, pues el legislador entiende, que sino existen en la vida jurídica, aumentaría aún más en el país, el desgobierno, la perdida de la paz y tranquilidad ciudadana y que por razones de necesidad colectiva son medidas coercitivas concedidas a la autoridad policial como actuaciones preventivas para el mantenimiento del orden público. La detención en base a la ley de Convivencia Ciudadana ha sido definida como la facultad que tiene la autoridad policial para aprehender a una persona —durante un lapso limitado y siempre que las circunstancias lo justifiquen- con la finalidad de conocer sus antecedentes, eliminar focos de disturbios públicos, escándalos domésticos y públicos, en fin, estas medidas coercitivas, son amplísimas y constituyen formas de detención a los bienes jurídicos que se encuentran en juego o colisión: el derecho a la libertad física que tiene toda persona, la que solo puede ser restringida en casos excepcionales, y la preservación de la seguridad pública. Soy del criterio como recurrente que los elementos tipificantes de esta particular forma de detención consisten en: 1) una facultad conferida a la autoridad policial; 2) debe ser practicada en circunstancias que la justifiquen; 3) debe perseguir una determinada finalidad (conocer los antecedentes, reprimir actos de escándalo publico, conducir a menores de edad en vagancia a resguardo policial, detener personas que conducen vehículos sin portar papeles etc.) y; 4) debe tener un plazo de duración limitado. La norma reglamentaria Ciudadana, por su parte, claramente delimita la finalidad y el plazo de duración (24 hs. como máximo) que debe tener la privación de la libertad (conducción, detención o arresto) del sujeto. La norma también introduce como requisito que esa intromisión en el ámbito de privacidad y dignidad del ciudadano sin orden judicial sea necesaria y por ello pienso como recurrente, que sólo puede serlo en los cuatro supuestos excepcionales que la misma norma prevé y bajo ciertas condiciones: A) CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO JUSTIFIQUEN: Estas circunstancias justificantes que autorizan al arresto o detención -como se dijo-, tienen que tener su causa en “motivos previos y suficientes” derivados de la aplicación de la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana, y al menos, un mínimo principio de ejecución del “acto sospechoso” En el Decreto 226-2001 (Ley De Policía y De Convivencia Social), se explica y hace referencia con esta denominación o cuales son los supuestos que ella abarca, y allí radica el principal problema del asunto, porque los Jueces de Sentencia, simple y llanamente, afirman que existe Detención Ilegal, porque se subsume al 333.1 del Código Penal, el que textualmente dice “...1.- Detenga o incomunique ilegalmente a una persona...”de ahí, no hay más explicación, porque en la fundamentación jurídica se limitaron solo a exponer: a) “…incurrieron en el presupuesto contenido en el numeral 1 del artículo precitado, pues detuvieron a los menores ilegalmente, sin justificación alguna, en consecuencia la gestión de la operación policial que dio como consecuencia la privación injusta de la libertad de los menores, con la justificación de que se encontraban en vagancia y escandalizando en la vía publica, no es cierta...” b) “...De los hechos declarados probados indiscutiblemente se derivan los elementos objetivos del tipo penal de DETENCION ILEGAL antes descrito conforme el artículo 333 numeral 1...delito del cual resultan indudablemente autores directos todos los agentes policiales participantes, pues cumplieron con el desarrollo de actividades tendientes o dirigidas especialmente a la consumación del hecho...” c) “...Después de darse acreditado por este Tribunal de Sentencia la concurrencia de los delitos de DETENCION ILEGAL al tenor del artículo 333.1 y del ALLANAMIENTO DE MORADA...” En ese sentido, la Aplicación Indebida de este precepto penal, no se subsume a los hechos expuestos, ni el texto de esa norma permite darle mayor amplitud, por ello, sin control alguno, los jueces pueden meter en ese contexto lo que se les ocurra para conceptualizar la detención; de que las fuerzas del orden público, primero, puedan arrestar o detener a cualquier ciudadano utilizando esa facultades para mantener el orden público, luego, seria absurdo, que se les exija más allá de lo acreditado, tener que demostrar cuál era la “circunstancia justificada o mandato escrito previo” cuando es obvio, que debió haberse encontrado a los jóvenes en particular en vagancia y escándalo público, ya que no eran horas donde menores de edad anduvieran en la calle, con adultos que dicho sea de paso, ni familiares suyos eran, en la Colonia que constituye HECHO NOTORIO es altamente peligrosa, ingiriendo bebidas alcohólicas, porque no como lo afirman no están vendiendo en esa reunión, argumento falaz, porque de no ser así, acaso no se puede ir a comprar a otro lado o tener las bebidas en la casa de alguno de esos vecinos, en fin, hay un universo de explicaciones; que justifican la detención por vagancia y escándalo público de los jóvenes, que autorizaba a la Policía Nacional a realizarlo. Esta forma de interpretar el ejercicio de las medidas de coerción por parte de los funcionarios policiales provoca varios efectos: 1) justificadamente otorga el razonamiento que: Debe mediar en el caso concreto por la urgencia de la situación, deteniendo a las personas para evaluar la circunstancia justificante que autoriza esa privación de libertad, también, podrán evaluar previamente esa circunstancia, para luego detener, por lo que aún cuando resulta algo que puede afectar la sensibilidad, debe estimarse que el legislador lo dispuso así con EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA ARMÓNICA CONVIVENCIA. BUEN GOBIERNO MUNICIPAL Y LEGITIMAR LAS ACCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL; 2) Por otra parte, luego de ejecutarse la medida, debe evaluarse o controlarse su correspondencia con la ley, esta debe imponerse por el tiempo prudencial, que nunca deberá exceder de 24 horas o liberarlos inmediatamente en caso de que los menores cuando sus padres concurran a la posta policial a recogerlos, pues para esos momentos desaparecen las posibles y potenciales razones de que estos hayan sufran un peligro a su integridad personal o moral, por ello, se les condujo a la posta policial siendo imprescindible privarles de libertad, con todas las consecuencias -generalmente MOLESTAS- que lleva insita es medida coercitiva. 3) En igual sentido, debe considerarse que para algunos jueces, estas medidas no deben aplicarse, y por todas las razones infundadas que se imaginan confeccionan argumentos jurídicos en evidente vacío legal, pues sabemos que si fuese el caso personal de los Jueces en un evento similar su primera reacción es llamar a la policía cuando enfrente de su casa en altas horas de la noche se encuentra un escándalo público, o ruido de equipos de sonido o jóvenes que no son de su localidad en vagancia y bajo efectos del alcohol; pues no podría ser, que los derechos de unos ciudadanos para gozar de tranquilidad y paz social, si se pueden exigir, que requieren de serenidad y tranquilidad en sus hogares, y otro grupo, como los que viven en la Colonia López Arellano, que se conformen con vivir con los nervios de punta, intranquilidad, con escándalo público, porque, si no llega la policía quien va a reclamar, pues nadie, ya que ahí no viven, ni políticos influyentes, jueces de sentencia, fiscales etc., allí solo vive el pueblo; Y hay de aquellos policías que se atrevan a cumplir con sus deberes en esas zonas ya que con ambiguas expresiones cualquier particular podría sostener que no se hayan en la “circunstancia justificada”-invocada por la policía-, y de ahí, oponerse ilegítimamente a la detención, la que en caso de ejecutarse, como en el caso que nos ocupa, recurran ante fiscales y jueces, para lograr condenar a la Policía Nacional en la comisión de un delito de acción pública (Privación Ilegal de la Libertad, Allanamientos de Morada y otros que se inventen.), para luego, sacarle a las arcas del Estado de Honduras, cantidades millonarias, aduciendo que la Sentencia emitida por un Tribunal hondureño conoció de esa detención ilegal, y de remate, la trasgresión al domicilio de una persona. Por tanto, la aplicación indebida de la norma penal, se da porque se le niega a la POLICIA NACIONAL sus funciones y atribuciones que el Legislador le otorga en base al Decreto 226-2001 (Ley De Policía y De Convivencia Social. B) CUANDO NEGARE A IDENTIFICARSE: Tanto con este supuesto, como en el siguiente, es necesario realizar un correcto razonamiento, y no invertirlo, como sucedió en la interpretación que hacen los jueces de sentencia. Como la medida se produce con una determinada finalidad (necesidad de conocer los antecedentes, edad, escándalo público, situación de riesgo de personas menores de edad), y para ello, el personal policial necesita, previamente, por ejemplo, conducir o detener al sujeto, para así poder -luego- acreditar su identidad y cuando es evidente su minoría de edad, no obstante su identificación, ponerlo en resguardo para evitar que se encuentre en altas horas de la noche en la calle, en sitios peligrosos, con adultos que no son sus familiares, realizando escándalos públicos y vagancia. En el caso que nos ocupa, dicha medida se realizó con suma cautela, ya que la misma, bien sabe la Policía Nacional, puede dar lugar a numerosos conflictos o tensiones, en las relaciones sociales de la vida diaria. Este supuesto, a diferencia del que sigue, se da cuando se solicita identificación o resulta evidente la minoría de edad, y no se efectúa, bajo capricho policial, véase, que los menores no estaban en una Iglesia, en horas aceptables para circular o en compañía de sus padres; todo lo contrario, no estaban con sus familiares, sino que con adultos desconocidos, ingiriendo bebidas alcohólicas, en vagancia y una zona peligrosa y a altas horas de la noche. Ello constituye un dato objetivo serio (sospecha fundada) de que esas personas simplemente puede estar negándose a identificarse en abuso del ejercicio legítimo de un derecho, pero también, puede estar haciéndolo, para ocultar su identidad (por tener antecedentes penales, ser menores de edad dado lo avanzado de la noche, por ser prófugo de la justicia, o por cualquier otra razón justificable a través de la cual se pretenda obstruir el accionar de la autoridad o eludir alguna investigación) lo cual autoriza legítimamente a la Policía Nacional, a conducir, retener, detener etc. al sujeto y llevarlo hasta la posta policial a los fines de su correcta identificación o protección; Ahora bien, que curioso que en este caso, los Jueces de Sentencia, no se hayan preguntado, porque ningún padre de familia se presentó a reclamar a sus hijos inmediatamente a la posta policial, sino que pasaron varias horas, en ese sentido los policías solo tuvieron en la posta policial a estos jóvenes dentro del marco legal, que reunió los siguientes requisitos: • Existió un motivo previo (elemento objetivo) es decir, un dato real, visible, exteriorizado —no imaginario, subjetivo o conjetural-, que autorizó a la Policía Nacional a requerir la identificación de personas y conducirlas a resguardo policial por ser menores de edad. Ese motivo previo (dato) esta referido a persona que estaban cometiendo actos contra el orden público, vagancia, indocumentación personal, ingiriendo bebidas alcohólicas en un lugar determinado como peligroso y para evitar cualquier situación de peligro que se pudiera dirigir contra los mismos se procedió a su conducción o detención a la posta policial; Por lo que se han preguntado, porque no se detuvo a los adultos, sino solo a los menores, era porque eran estos los que protegía la Policía Nacional de ellos mismos por no tener el suficiente discernimiento de que sus conductas les ponen en riesgo y de su relación con adultos con los cuales ingerían bebidas alcohólicas, o eran estos los únicos que no portaban identificación o papeles. • A ese motivo previo, debe unirse, necesaria e inescindiblemente una sospecha fundada (elemento Subjetivo) es decir, un estadio psicológico de recelo o desconfianza que con relación a algo o alguien se forma en el ánimo del Policía Nacional sobre la comisión de un acto, conducta y de la participación en el mismo de menores de edad, ya que bajo estos supuestos existió la “circunstancia justificada” que autorizaría al funcionario policial a retener, conducir o detener a las persona por los motivos señalados tal como refiere el Decreto 226-2001 (Ley De Policía y De Convivencia Social). • Existió una solicitud concreta de identificación, esto es, una manifestación verbal de los agentes policiales dirigida directamente a obtener y conocer la verdadera identidad y edad de los sujetos aprehendidos, pues ellos, no se limitaron lisa y llanamente a la ejecución del acto sin manifestación verbal alguna o a través de la utilización de cualquier otro pretexto que no sea con fines de preservar el orden público. Todo lo anterior, constituye actos justificativos del acto coercitivo, por lo que están perfecta y claramente explicados con los instrumentos probatorios y en los hechos sometidos a juzgamiento. Por tanto, la ejecución de la medida, es y fue totalmente legal porque cumplió con los fines de la ley impidiendo a los sujetos detenidos estar en riesgo y por otro lado conocer las legítimas razones de su aprehensión, limitándose legalmente a su derecho a la libertad ambulatoria • La solicitud fue practicada durante el cumplimiento de sus funciones y en el curso de un patrullaje cotidiano en la zona de asignación policial (por ej. en una pasaje de la colonia López Arellano lugar de acceso público, etc., y en requerimiento a la búsqueda previamente de eliminar conductas escandalosas y perturbación a la paz y tranquilidad de los ciudadanos de esa zona; por tanto, no fue como resultado de actos predeterminados, azarosos, caprichosos u ocasionales de la policía (por ej. parar a una persona en un parque que se halle paseando por la misma sin motivo alguno y con el solo pretexto de requerirlo), ya que en estos casos se estaría en clara trasgresión a lo preceptuado en la ley de Policía constituyendo ello, una intolerable intromisión del Estado en las esferas de autodeterminación, privacidad e intimidad de las personas. El problema aquí, es que los Jueces aplicaron indebidamente una norma penal, interpretándola defectuosamente, ya que obviaron la norma o ley policial, que determina la justificación legal para detener y requerir a las personas (por ej, existían indicios vehementes -razonables- de que los jóvenes estaban cometiendo actos de escándalo público y en vagancia), este mecanismo, generalmente, da lugar a numerosos situaciones conflictivas con los padres de familia, que regularmente, al no tener control con sus hijos, en la mayoría de los casos, se traduce a que denuncian a la Policía Nacional de cometer excesos, sin control alguno. 5) Finalmente, debe existir una concreta oposición a la solicitud de identificación policial o ser evidente los actos de perturbación social, vagancia de menores, escándalo público o domestico etc., para que ésta proceda detener a las personas, no siendo válida una mera disconformidad con los sujetos. La oposición no debe dar lugar a dudas, como en el caso de merito, los registros policiales así lo determinaron, las declaraciones de los policías así lo informaron, ahora bien, que todo esto no importe a los Jueces E. Y.DE LA O R., S. O. L. C. Y R. A. R. L. es otra cosa, su prejuicio y antipatía a la policía es un hecho evidente, ello afectó su buen juicio, que los hizo naufragar en sus apreciaciones jurídicas, negando expresamente la legitimidad de la restricción de la libertad que se practicó con recaudos legales. De allí, que siempre se deben tener presente, las circunstancias particulares del caso. C) CUANDO NO PORTARE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL, VEHICULAR O FUERE MENOR DE EDAD EN VAGANCIA O RIESGO: En este supuesto, la detención debe realizarse con la misma finalidad (necesidad de conocer los antecedentes, propiedad y proteger a la persona), y con los mismos recaudos que se expresaron en los supuestos precedentes, por lo que nos remitimos a dicha explicación. Este caso se da cuando los sujetos no portan documentación personal o vehicular o resultan ser menores de edad que se encuentren en vagancia o riesgo y por esas razones se les requiere. En estos casos, la LEY DE POLICÍA Y CONVIVENCIA CIUDADANA faculta la detención o conducción legal, a la posta policial y dependiendo de las circunstancias y la zona de peligro, la Policía Nacional en muchos situaciones efectivamente, previamente a practicarse dicho acto, acompaña al sujeto hasta su domicilio para que el mismo exhiba a los agentes policiales la documentación requerida, incluso entrega a su padres a los menores en vagancia o riesgo -salvo que sea un extranjero, en cuyo caso es legítimo trasladarlo hasta la sede policial- para averiguar sus antecedentes; En este supuesto, véase, que estamos hablando de la Colonia López Arellano, la autoridad no tiene otra forma de actuar, debido a lo peligroso y conflictivo de la zona, en muchos casos, debido a la desintegración familiar, estos jóvenes son víctimas oportunas para ser integrados a las maras o pandillas, o ser víctimas de Adultos que los introducen a las drogas o al alcohol, consecuentemente la Policía Nacional, solo hace una actividad preventiva, pero si esta actividad, de ahora en adelante, con “interpretaciones jurídicas” y aplicaciones indebidas de la ley penal, pretende la administración de justicia, limitar o coartar sus funciones, mandando a la cárcel e imponiéndoles multas de miles de lempiras a sus policías. La jurisprudencia de la Sala de lo Penal, nos da unas luces y orientación, para determinar en que casos previstos por la ley, no se puede hablar de detenciones ilegales o restricciones a la libre circulación de las personas, veamos: “...Esta sala de lo penal analizado el precepto invocado por el censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Los preceptos citados por el censor como infringidos hacen alusión al derecho a la libre circulación y a no ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley. No obstante, el casacionista omite transcribir la parte final del artículo 84 que prevé como excepción que el delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el único efecto de entregarlo a la autoridad, ésto significa que el derecho a la circulación y a no ser arrestado sin mandato escrito, tiene por disposición constitucional, una restricción del mismo rango, que no menoscaba aquellos derechos, por lo tanto, al tratarse de un caso de flagrancia, no se aprecia violación a los preceptos constitucionales citados por el censor....” (Sentencia de fecha dos de marzo de dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso Tribunal No. S. P. 04-2009.) Consecuentemente, la Sala de lo penal nos dice, que si existe una Ley o Normativa vigente, y se cumplen sus presupuestos, no se requerirá de mandato escrito y se podrá restringir estos derechos, por motivos justificados en la ley, en este caso, por motivos de Garantizar La Satisfacción De Las Necesidades De La Armónica Convivencia, Buen Gobierno Municipal Y Legitimar Las Acciones De La Policía Nacional. La Policía Nacional está autorizada y facultada a restringir temporalmente esos bienes jurídicos, de ahí la aplicación indebida del artículo 333.1 del Código Penal y del subsidiara en concurso medial, porque con su aplicación se niega la justificación legal. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Infracción de Ley, expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de dictar la sentencia definitiva, y por tanto, por su naturaleza fue imposible intentar los reclamos para su subsanación.” IV. FUNDAMENTACION JURIDICA 1. Del recurso de Casación por Infracción de Precepto ConstitucionalDe la Debida Técnica Recursiva. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal.No obstante que es una garantía en materia de derechos humanos, que toda persona tenga el derecho a un recurso sencillo y rápido, por la cual el Estado debe garantizar que se puedan desarrollar las posibilidades del recurso judicial, esta garantía no exime al recurrente de cumplir con los requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos:1) Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación;2) Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y3) Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras.De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición.- Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Es así que el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el Pretensor deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del Recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el Pretensor deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y/o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el Pretensor deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo.El proceso de identificación se cumple cuando el Pretensor señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso, que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación Pretendida: Es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el Recurrente, su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley.La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal, que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia incide en la efectividad del recurso. Siendo que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional, que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 2. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicando en qué consiste el mismo, no logrará que el recurso prospere si no demuestra su existencia; esto solo puede ser posible cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso; es decir, como considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. La Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación serán analizados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que permite a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada; por ello a dicho Principio interesa lo referente a: 1. Derecho de Acceso a la Justicia;2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. Siguiendo ese planteamiento, los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, contenida como garantía de Rango Constitucional en el artículo 82 de la Constitución de la República que señala: “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”.Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso -en algunos casos- errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del Recurso, siempre que a pesar del desacierto del censor, pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del Recurso planteado; el único caso en el cual el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el Censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011, del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012, del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011, del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.).Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional.El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos por los cuales puede ser interpuesto. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa privada de W. A. V. D., D. V. V., F. A. M. L., J. E. M., J. D. H. y S. B. R.. Motivo Único. *Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; sin embargo, plasmado por el censor en su escrito, artículo 89 Constitucional. *Normas que se denuncian Infringidas: Sin determinar; *Concepto de la Infracción: Inconsistencias del Tribunal Sentenciador en la valoración de la prueba; *Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: sin determinar por el Censor; *Pretensión: Anular la sentencia recurrida y se decrete sentencia absolutoria a favor de los acusados. El Censor presenta recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, argumentando que la prueba evacuada en el acto de juicio oral no fue valorada objetiva y adecuadamente por el Tribunal Sentenciador. Indica que el A quo emitió sentencia condenatoria infringiendo el precepto constitucional de Presunción de Inocencia, en virtud de que los hechos probados, pruebas evacuadas y fundamentos jurídicos expuestos son fruto de una irreflexión que no emana de las reglas de la sana crítica, sino de la arbitrariedad. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo. El Recurso resulta improcedente, por su falta de claridad y precisión en la exposición del motivo, estando obligado el censor a establecer claramente el motivo de su reclamo, sin embargo, la exposición desarrollada, resulta confusa y errónea, desde el precepto autorizante, señalado por el censor, en vista que éste, se fundamenta en el artículo 89 de la Constitución de la República, contentivo de la presunción de inocencia, como precepto autorizante, alejándose del todo, de las normas reguladoras de la buena técnica casacional; posteriormente, relaciona como concepto de la infracción, el artículo 84 de la Constitución de la República, que se refiere a la garantía de no ser arrestado o detenido, sino en virtud de mandato emitido con las formalidades señaladas, impidiendo con ello sentar las bases para un recurso que pueda resultar de análisis y resolución. Siguiendo con el desarrollo del recurso, en teoría destinado a demostrar la existencia del vicio denunciado, el Censor lo ocupa para desarrollar alegatos totalmente divorciados de su planteamiento inicial, sin que esta Sala de lo Penal se pueda hacer una idea del propósito de lo señalado, en virtud que: a. Desarrolla el contenido del artículo 84 de la Constitución, que expresamente señala que “… nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley…” ; para luego desfigurarlo con una exposición de normas contenidas en el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Policía y convivencia ciudadana, que no resultan relevantes para el estudio de si existe una violación de precepto constitucional, en la sentencia recurrida. b. Fundamenta el desarrollo del motivo alegado, cuestionando el valor probatorio dado por el Tribunal a prueba testifical, refiriendo como ésta debió ser interpretada, según la particular visión del Censor, lo que es propio de los alegatos de la primera instancia y no de única instancia, pues en el proceso recursivo casacional no se revalora prueba alguna; c. Alega que de la prueba no se desprende que los hechos hayan ocurrido como son relatados en el hecho probado por parte del Juzgador, lo que podría ser considerado un esbozo de lo que manda la ley a dilucidar en el recurso de casación por quebrantamiento de forma, alegando como concepto de la infracción la violación de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba. Ha sido criterio reiterativo de la Sala Penal ignorar a propósito aquellos defectos de forma en el planteamiento del recurso de casación, cuando el motivo de casación, el concepto de la infracción y su desarrollo argumentativo permiten conocer, o cuando menos deducir, cuál es la denuncia que formula el Recurrente, para respetar y efectivizar el Principio de la Tutela Judicial Efectiva; no obstante en el caso concreto que ahora nos ocupa, los defectos de interposición del recurso no solo son de forma, sino de fondo, que imposibilitan que este Tribunal pueda emitir un pronunciamiento, pues no existe claridad de cuál es el punto jurídico alegado, mucho menos las razones de impugnación, siendo la única idea que de manera recurrente plantea el Censor, es que el Tribunal sentenciador, inobservó en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica, equivocando la vía recursiva a utilizar para poder investigar y determinar dicha situación.Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de un recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los Hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva, toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo.*Precepto autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; *Normas sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 333.1 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del Artículo 331.1.*Pretensión: Que se anule la sentencia recurrida y se dicte a favor de los acusados sentencia absolutoria. Explica el recurrente que el contenido del artículo 333 numeral 1 del Código Penal, fue aplicado indebidamente en la sentencia recurrida, como norma pertinente a la relación fáctica establecida en el proceso penal. Por tanto, el Tribunal de Sentencia ha errado en la elección de la norma penal al establecer la relación de semejanza o de diferencia que existe entre el caso particular concreto, jurídicamente calificado y la hipótesis de la norma penal aplicada indebidamente. De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, como ya se ha explicado, es un recurso extraordinario debido a que, solo pueden ser alegados como motivos de impugnación, los supuestos previstos en el artículo 360 del Código Procesal Penal (ya enumerados), y siempre bajo el respeto del principio de intangibilidad de los hechos probados; en este sentido, la aplicación indebida, consiste en la invocación, por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecie incongruencia entre el factum de la resolución y la norma que se le asigna, resultando una incompatibilidad entre el relato de hechos y la norma por la que se condena. En el caso sometido al conocimiento de esta Sala el recurrente hace un mal uso de la técnica recursiva puesto que no establece con claridad ni precisión, en qué consiste la aplicación indebida de la norma sustantiva, es decir no explica, ni se denota de los antecedentes examinados la incongruencia entre la norma sustantiva aplicada y los hechos declarados como probados. Por otro lado, el censor, hace referencia a normas de carácter administrativo como es el caso de la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana, explicando suposiciones no contenidas en los hechos declarados como probados y haciendo alegatos propios de instancia, válidos para el momento procesal de conclusiones del debate, pero no ante esta Sala de lo Penal, que debe limitarse a ser un contralor de la aplicación del derecho sustantivo, en el caso sometido a examen, por lo que, el censor se desenmarca de los principios que rigen el recurso interpuesto, haciendo imposible para esta Sala Penal dar respuesta a este motivo. V. Decisión Se desestima el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensa Privada de los acusados. Se desestima el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Defensa Privada de los acusados. VI. Por TantoLa Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 361, 363 y 369del Código Procesal Penal; Falla :Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Abogado J. S. C., en su condición de Defensor Privado de W. A. V. D., D. V. V., F. A. M. L., J. E. M., J. D. H. y S. B. R..Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el Abogado J. S. C., en su condición de Defensor Privado de W. A. V. D., D. V. V., F. A. M. L., J. E. M., J. D. H. y S. B. R.. TERCERO: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. J. OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. J. RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-249-2015.

J. RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1] Decreto 74-2013. 11-12-2013.

[2]DOCTRINA LEGAL EN BASE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD: “...EN BASE A LO MANIFESTADO ESTA SALA CONSIDERA QUE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL, DEBE SER RESPETADO POR TODOS LOS JUECES EN TODAS SUS MANIFESTACIONES....”( SENTENCIA de fecha 29/3/2007, recaída en el Recurso de Casación Penal No.64=2006); (SENTENCIA de fecha treinta de mayo de dos mil cinco, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 482=04) (SENTENCIA de fecha veintiocho de mayo de dos mil cuatro, Recurso de Casación Penal No.1891=03.) DOCTRINA LEGAL EN BASE AL PRINCIPIO DE JERAROUIA DE LA NORMA COSTITUCIONAL: “…ESTA sala... en aplicación del principio de la jerarquía de la normas este principio dispone la Indiscutible supremacía de la Constitución, por encima de las leyes secundarias o reglamentarias…” (sentencia de fecha quince de abril de dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal no. 328-07)