Sentencia CP-237-14 — Registro 8182
Resumen
Se absuelve a los imputados por el delito de usurpación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 2.A) La censora consideró que se vulneró el artículo 227 del Código Penal vigente por la no aplicación, en base a presunción de no poder determinar cada una de las propiedades, pero registralmente y físicamente si están delimitadas con sus respectivos asientos y planos, y físicamente con alambre de púas cercos naturales como se pudo apreciar en situ, por lo que la duda razonable no aplica en este caso. Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: 18, 202, 262, 317 del Código Procesal Penal Normas Sustantivas que denuncia: 12, 7, 8, 9, 24, 25 y 29 del Convención Americana de Derechos Humanos; 227 del Código Penal vigente. Concepto de la Infracción: Los hechos declarados probados vulneran el artículo 227 del Código Penal por la no aplicación de mismo. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Sin determinar por la Pretensora Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto” . Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. 2.B) DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ha analizado el cuadro fáctico establecido como probados y según lo relatado en ellos, lo que se establece es el tracto sucesivo que siguieron las propiedades objeto de discusión, sin que se mencione en algún momento que los señores J. A. A. L. y J. E. F. R., hayan usurpado ningún bien inmueble ni un derecho real, por tanto el Sentenciador a tomado la decisión, conforme lo regulan los hechos, que los acusados no son responsables del delito que se les imputa, por tanto existe correspondencia entre lo narrado por el A-quo en los hechos probados y su decisión de absolver a los imputados, pues no se relata en ellos ningún acción que pueda ser constituida como delito, los argumentos de instancias y referencias a la violación de las reglas de la sana crítica no corresponden a este tipo de impugnación; razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación_"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denunciar a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro. La esencia del recurso de infracción de precepto constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 3.A) Explicó la Censora que se violentó el Debido Proceso, pues el medio de prueba inspección judicial debía practicarse tal como fue propuesto, con las partes y los peritos para determinar lo pedido, pero no ocurrió así, ya que no se practicó conforme a la ley, porque no se llevo a cabo delimitando lote por lote. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma Constitucional infringida: Artículo 90 de la Constitución de la República. Normas procesales infringidas: 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 13 y 341 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: No se observaron las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Sin determinar por la pretensora 3.B) En virtud que la recurrente ha establecido como norma violentada el artículo 90 de la Constitución de la República que refiere al “Debido Proceso”, considera oportuno esta Sala de lo Penal recordar cuál es el criterio jurisprudencial que ha establecido acerca de los alcances de esta garantía. El derecho al Debido Proceso supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales para el Estado mismo, con la finalidad de racionalizar el ejercicio punitivo dentro de un M. de respeto a la dignidad humana de quienes son enjuiciados. Así tenemos que la Constitución de la República, precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, en ese sentido, el Estado para quebrantar el estado de inocencia de un ciudadano llevado a juicio, deviene obligado a observar las formas de juzgamiento que él mismo se ha impuesto a efectos de salvaguardar dentro del proceso los derechos del enjuiciado, en ese orden de ideas, verbigracia, para efectos de valoración de la prueba se impone que estas han de valorarse conforme a las reglas de la sana crítica y que las sentencias han de ser debidamente motivadas fáctica y jurídicamente, no contradictorias, no observar estos requisitos impuestos por el Código Procesal Penal, importaría una violación a las formalidades integrantes del proceso y consecuentemente al debido proceso como derecho del justiciable. 3C) DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal entiende que el malestar de la recurrente al impugnar por esta vía, es que una inspección judicial que se había solicitado, que según su criterio no se evacuó conforme a ley, puesto que la acusación requirió se hiciera delimitando lote por lote y son varias manzanas de terreno; el Sentenciador argumentó que no era posible efectuarlo de esa manera por la distancia que existía entre los terrenos y porque muchos de los accesos a ellos son camino de herradura. En el presente caso no observa este Tribunal de Casación que se haya violentado el Debido Proceso al no practicarse la inspección ocular en la forma en que lo había solicitado la acusación privada, puesto que las razones que expuso el Juzgador son valederas y razonables, no se le puede exigir a los jueces el traslado a sitios que no pueden acceder un vehículo o lugares extremadamente largos, pues según entiende se tardarían horas y hasta días poder recorrerlos, en ese sentido el apoderado legal debió utilizar algún otro medio de prueba confiable con el cual se pudiera cumplir con la finalidad para el cual fue propuesto como parte de su estrategia de la acusación, sin embargo el Sentenciador actuó con prudencia y mucha cautela, puesto que podía poner en peligro su integridad física y la de sus auxiliares. Por las razones antes expuestas es procedente desestimar el presente motivo de casación."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
"El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. 4.A) La recurrente denunció que el Tribunal de Sentencia no consideró en toda su dimensión prueba de valor decisivo y por tanto lo ha excluido en el juicio, tal como sucedió con la prueba de inspección in situ en el lugar donde están ubicados los terrenos en disputa. El precepto penal adjetivo que se considera infringido es el artículo 202 del Código Procesal Penal y como norma autorizante el artículo 362 numeral 2, del mismo cuerpo legal. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal Normas Procesales que se denuncian Infringidas: 202, 337 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Exclusión de un medio de prueba de valor decisivo Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora Pretensión: Sin determinar por la pretensora 4.B) Este motivo resulta de dos hipótesis: que la sentencia excluye indebidamente una prueba (Expresamente la rechaza sin consignar las razones de esa decisión o se le considera ilícita si serlo), o la resolución no la considera (Omite toda referencia a ella). El vicio refleja entonces a infracción de los artículos: a) 202 del Código Procesal Penal, que impone al juzgador la obligación de formar su convicción de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba; b) 336 del CPP que señala que el Tribunal sólo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán apreciadas en su conjunto; c) 338 del CPP, sección cuarta, numeral 2 que manda al órgano jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las pruebas practicadas durante el juicio. Es decir, el Tribunal de Sentencia tendrá la obligación de pronunciarse sobre la eficacia conviccional que le generan las pruebas rendidas, de tal suerte que si excluye arbitrariamente alguna de ellas o simple y sencillamente deja de mencionarla y consecuentemente valorarla, estaríamos ante la presente infracción ya que en virtud de los principios de verdad real, de defensa y contradicción el Juez debe servirse de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. No se observaría la infracción en el caso en que el tribunal exponga las razones por las cuales rechaza la prueba y esa excursión es correcta y aun si la prueba ha sido valorada aunque lo fuera de forma desacertada, debiéndose en ambos supuestos rechazar el motivo. Pero no basta con el rechazo (exclusión) u omisión de referencia (no consideración) de la prueba, es necesario que ella sea de valor decisivo. Lo que implicaría efectuar la operación de inclusión mental hipotética, en cuyo caso, de incluirse la prueba excluida o no considerada en la valoración del Juez, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieren sido necesariamente distintas[2]. 4.C) Analiza esta Sala de lo Penal que la recurrente incurre nuevamente en inadecuada técnica recursiva, puesto que si bien señala que el Juzgador excluyó de prueba valor decisivo refiriéndose a una inspección, también efectuó argumentos de instancia, además de traer a discusión las declaraciones de testigos que ninguna relación tienen con el medio de prueba supuestamente excluido, sin embargo en virtud del control de convencionalidad que anteriormente se explicó, este Tribunal de Casación revisará si el Juzgador excluyó o no esa prueba. En el numeral “Cuarto” de la Valoración Probatoria, el Sentenciador refiere a la evacuación del medio de prueba denominado Inspección Judicial a lugar denominado Cerro San Agustín ubicado en el Municipio del Trojes departamento de El Paraíso; inmediatamente después consignó el Juzgador el valor que le concedió a dicho medio probatorio, estableciendo entre otras cosas que no era suficiente ese medio de prueba y unos documentales, para acreditar la participación de los acusados en el delito de usurpación, pues fueron personas distintas a los acusados quienes en representación del banco pusieron en posesión de los terrenos al señor A. M.. 4.D) DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. ESTE MOTIVO NO ES DE RECIBO. La posición de la recurrente es totalmente errada, puesto que tal como se ha comprobado, el Sentenciador no excluyó en ningún momento la inspección al lugar de los hechos solicitada por la acusación privada, todo lo contrario fue razonada y valorada por el Tribunal de Sentencia, puesto que expresó las razones por las cuales no consideraba suficiente esa prueba y otras más, para responsabilizar a los acusados de los hechos investigados. Razones suficientes para declarar no ha lugar el presente motivo de casación."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"ESTE MOTIVO NO ES DE RECIBO. En el caso sometido a estudio, esta Sala observa la inadecuada técnica recursiva utilizada por la censora para plantear y desarrollar su recurso, puesto que si bien denuncia la violación a las reglas del correcto pensamiento humano y señaló a la razón suficiente y a la derivación como principios quebrantados, no fue capaz de señalar de manera concreta, cuáles fueron esos razonamientos erróneos del Sentenciador y dónde se encuentran en la Sentencia, incumpliendo con ello lo establecido en el artículo 363 del CPP; sin embargo en aras del Control de Convencionalidad ampliamente explicado, procederemos a revisar los juicios de valor del Sentenciador y determinar si en efecto se incumplieron dichas normas o por el contrarios fueron correctamente aplicadas. En el acápite “Valoración de la Prueba” numeral primero de la Sentencia recurrida, el Juzgador estableció la fundamentación descriptiva de la prueba testifical evacuada: J. R. M., J. M. E. C., M. E. L., R. A. M. F., A. de J. R., A. A. M. y C. A. A.. De estos testigos el Juzgador razona diciendo, que con ellas se acredita la forma en que inicialmente fueron adquiridos los terrenos por parte del señor M., a los cuales no podía ingresar puesto que se le había prohibido la entrada, pues según versión de los testigos estos terrenos fueron hipotecados y el banco BGA adquirió su propiedad; afirmaron también los testigos que estos terrenos fueron posteriormente adquiridos por el señor A. A. y que fueron unas personas del banco quienes llegaron a ese sitio a ponerlo en posesión de los mismos; afirma el Juzgador que de la declaraciones de estos testigos no se desprende la participación de los imputados en el ilícito penal de usurpación, habida cuenta que los testigos únicamente reconocen haberse dado cuenta que fueron personas del banco los que llegaron hasta el sitio para poner en posesión al señor A. M.; afirmó el A-quo que mediante la inspección in situ al lugar de los hechos, se pudo constatar que no existe una individualización plena de los lotes de los terrenos, tal como lo afirmaba el ofendido, pues estos solo están separados por árboles de izote. Para esta Sala de lo Penal, los razonamientos que expresa el Juzgador en sus juicios de valor, son correctos, lógicos y derivados del legajo probatorio, puesto que sus conclusiones se desprenden de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica, así lo vemos también expresado en el resto de numerales de la Sentencia, sobre todo de la prueba documental que fue abundante, estableciendo no solo una descripción individual de cada medio probatorio, sino que una valoración conjunta y armónica de todas las pruebas evacuadas, a tal forma que es posible determinar la coherencia de sus razonamientos, situaciones que nos llevan a establecer que si aplicó correctamente las reglas del recto entendimiento humano y por tanto debe declararse no ha lugar el presente motivo de casación. "
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de marzo de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, en su calidad de coordinadora, J. OLIVIO R. V. y RAFAEL BUSTILLO ROMERO, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP 237-2014 por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de octubre del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual absolvió a los señores J. A. A. L. y J. E. F. R., del delito de Usurpación, en perjuicio del señor R. A. M.. No procedió condenar en costar procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Asimismo, no procedió declarar la responsabilidad civil de los imputados J. A. A. L. y J. E. F. R.. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, la abogada T. H., actuando en su condición de Acusadora Privada en representación del señor R. A. M. F.. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada T. H. en su condición de antes indicada como parte recurrente, el Abogado J. J. H. S. actuando en su condición de Defensor Privado de los imputados J. A. A. L. y J. E. F. R., como parte recurrida; de igual forma se ha personado la abogada K. L. M. P. en su calidad de Fiscal del Ministerio Público. II. Hechos Probados de la Instancia “PRIMERO: Mediante instrumento número ciento cuatro (104) extendido, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C a los trece (13) días del mes de agosto de 1993, otorgado ante los oficios del notario J. M. M. G., comparecieron los señores C. A. A. y R. A. M. F., el primero en su condición de vendedor, el segundo en su condición de comprador; a efecto de celebrar un contrato de compraventa de los siguientes inmuebles: LOTE DE TERRENO de veinticuatro (24) manzanas de extensión superficial en el lugar denominado SAN AGUSTIN, aldea de Trojes jurisdicción de Danlí, departamento de El Paraíso, en el cual existen las siguientes mejoras: una casa de habitación que mide dieciocho (18) metros de largo por seis (6) de ancho, dividida en dos piezas, dos corredores uno a cada lado, una cocina de tres por cuatro metros, un cuarto de tres por cuatro, paredes de adobe y fundición techo de teja, nueve puertas de madera de cedro, una ventana, piso de cemento, paredes repelladas, agua potable, un beneficio de café de dos plantas que mide diez metros de largo por cuatro metros de ancho, cuatro pilas de uno por cuatro cada una, un canal de catorce (14) metros de largo para lavar café, todo fundido, techo de zing con un corredor en el segundo piso que mide cuatro por diez metros, una represa para retención de agua que mide dos (2) metros al frente; veintitrés (23) manzanas de extensión superficial sembradas con cafetos, dicho inmueble y mejoras se encuentra inscrito a favor del señor A., bajo el número trece (13), Tomo I del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Danli, departamento de El Paraíso; 2.- un terreno ubicado en EL CERRO DE SAN AGUSTIN, municipio de Trojes, departamento de El Paraíso, el cual tiene una medida superficial de treinta y cuatro (34) manzanas; se encuentran incorporadas como mejoras las siguientes: una casa de abobe, con techo de teja, piso de cemento, con corredores al derredores, un beneficio para despulpar café, y pilas para lavarlo, dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del señor C. A., bajo el numero treinta y ocho (38) Tomo ciento veintidós (122) del Registro de la Propiedad Mercantil de Danlí, departamento de El paraíso.- 3.- Inmuebles ubicados en jurisdicción de Trojes, departamento de El paraíso, con los nombre de: a) LOTE DE TERRENO “DE C.” con una extensión superficial de cincuenta y cuatro (54) hectáreas, con noventa y ocho (98) áreas, cuarenta y ocho (48) centiáreas, con veintinueve (29) centésimas de otra.- b) TERRENO LLAMADO LOS B., el cual tiene quince (15) hectáreas, noventa y siete (97) áreas, y ochenta y siete punto ochenta y tres (87.83) centiáreas, dichos lotes sin individualizar en los cuales se encuentran incorporadas las siguientes mejoras, casa de adobe y techo de zinc, y piso de cemento, una casa de bajareque, repellada con techo de teja, dos pilas, un beneficio de concreto, un patio para secado de café, instalación de agua potable, con tubería pvc, setenta (70) manzanas cultivadas de café, cinco manzanas cultivadas de zacate jaragua, A., y árboles frutales, cercado con alambre de púas, cuyo dominio se encuentra registrado a favor del señor A. bajo el número veinticuatro (24) del Tomo I del Registro de la Propiedad. Inscribiéndose la venta de estos inmuebles a favor del señor R. A. M. F., bajo el número cuarenta y nueve (49) del tomo doscientos dieciséis (216), del Registro de la Propiedad Mercantil de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha 31 de noviembre de 1995. SEGUNDO: Según el instrumento número doscientos cincuenta y cinco (255), extendido en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los diez (10) días del mes de octubre de 1997, ante los oficios de el notario C. V., comparecieron personalmente los señores J. R. M., R. A. M. F., y E. E. C., el primero actuó por si y en su condición de Gerente General de la Sociedad Mercantil denominada Compañía Procesadora de Minerales, S. de R. L., COPROMIN, el segundo actuó por si, y el tercero en su condición de Gerente de la División de Negocios del Banco la Capitalizadora Hondureña, S.A. BANCAHSA, a efecto de constituir un crédito abierto con limitación de suma hasta por un monto de trescientos cincuenta mil Lempiras (350,000.00 Lempiras); mismo que le fue otorgado al señor J. R. M. en su condición ya expresada, por el Banco Capitalizadora Hondureña S.A. BANCAHSA; para garantizar el crédito otorgado a la sociedad COPROMIN, constituyó en el mismo instrumento, el señor R. A. M. F., a favor de Banco Capitalizadora Hondureña, S.A, BANCAHSA, primera y especial hipoteca, sobre los bienes inmuebles descritos en el instrumento número ciento cuatro (104) ya relacionado y detallado en el acápite primero de estos hechos probados. TERCERO: En fecha diecinueve (19) del mes de junio del año 2001, el Juzgado de Letras Primero de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, procedió a trabar embargo sobre los bienes inmuebles descritos en los instrumentos ciento cuatro (104) y doscientos cincuenta y cinco (255) los cuales fueron enumerados anteriormente. Posteriormente en fecha diecinueve (19) de J. del mismo año, se celebró audiencia de remate sobre estos mismos inmuebles dados en garantía y sobre los cuales constituyó el señor R. A. M. F. a favor de Banco Capitalizadora Hondureña BANCAHSA, primera y especial hipoteca, inmuebles que ya fueron descritos en el acápite primero de los hechos probados de este fallo. CUARTO: El Juzgado de Letras Primero de lo Civil, representado por la Jueza supernumeraria F. A. A. F., mediante instrumento numero cincuenta y siete (57), otorgó escritura de remate, autorizada por el notario E. R. B. de fecha tres (3) de septiembre del año 2001, a favor del Banco Grupo el Ahorro Hondureño S.A, (BGA), constituido mediante la fusión del Banco la Capitalizadora Hondureña, BANCAHSA, con Banco de El Ahorro Hondureño S.A Bancahorro, representado por el señor J. A. A. L., transfiriéndole al referido banco, los inmuebles descritos en el hecho primero de estos hechos probados, adjudicación que se inscribió bajo el número 06 del tomo 495 del Registro de la Propiedad Mercantil Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad de Danlí, El Paraíso. QUINTO: Mediante el instrumento número cuarenta y cinco (45) de fecha siete (07) de mayo del año 2003, comparecieron ante los oficios del Notario M. T. H. R., los señores J. E. F. R., en su condición de coordinador de la banca personal y apoderado del Banco Grupo el Ahorro Hondureño S.A, le dio en venta al señor A. A. M., los inmuebles adjudicados por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Francisco Morazán, a su representada, siendo estos los mismos inmuebles descritos en el acápite primero de estos hechos probados; registrado bajo el número doce (12) del tomo quinientos cuarenta y dos (542) del Registro de la Propiedad Mercantil de Danlí, departamento de El Paraíso; en fecha diecinueve (19) de mayo del año 2003 el señor A. A. fue puesto en posesión de ciento cincuenta y nueve (159) manzanas de los referidos inmuebles, los cuales se encontraban en ese momento sin delimitaciones físicas” III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos La recurrente, Abogada T. H., en su condición de Acusadora Privada formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO UNICO.- Haber incurrido el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en error de hecho por violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de La prueba y por inobservancia del artículo 18, 202, 262 y 317 del Código Procesal Penal en relación con los artículos, 1, 2, 7, 8, 9, 24, 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por violación al artículo 227 del Código Penal Vigente, por aplicación indebida del mismo en perjuicio del ofendido. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO.- UNO.- El honorable Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, al dictar su fallo incurrió en violación a las normas sustantivas de orden nacional, me refiero en cuanto a no calificar la comisión del delito de usurpación enmarcado en el artículo 227 del Código Penal vigente; y no aplicar a favor del ofendido la norma adjetiva contenida en el artículo 341 y 2.42 de nuestro Código Procesal Penal, en cuanto se refiere a la condena de los imputados por haber acreditado en juicio que nuestro representado fue agraviado por la comisión del hecho criminoso y que hay motivos suficientes para que se les condene, porque hay motivos, hechos y pruebas suficientes de- su responsabilidad en la comisión del delito a ellos imputado, por todas las circunstancias que se probó por el ente acusador para cometer el hecho criminoso y las pruebas de cargo presentadas y evacuadas durante el debate, ya que quedó plenamente probado que el hecho criminoso ocurrió y que los representantes de la Institución Bancaria en aplicación del artículo 34-A del Código Penal son los responsable y por ello se les imputó y el tribunal de sentencia de Tegucigalpa los está absolviendo de responsabilidad por no haber aplicado los principios de la sana crítica al no apreciar la prueba de inspección practicada in situ para determinar que hay una persona poseyendo sin autorización otorgada por nuestro representado ofendido, ni justo titulo que haya sido otorgado por el mismo ofendido al señor A. A. M., puesto que quien le extendió los mismos y de todas las propiedades de nuestro representado fueron los representantes del Banco imputados. como se dejó demostrado con las pruebas documentales, e inspecciones presentadas ante el mismo ente acusador del estado y este junto a la acusadora privada ante el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, y evacuadas por el mismo Tribunal, así como la deposición de los testigos, informe de peritos y la declaración del perito mismo, quien determinó que todas las propiedades que relaciona el ofendido (ocho) estaban y que fueron otorgados en garantía cuatro y uno que no tenia inscripción fue tomado también como garantía por el banco, fue muy claro en su momento al especificar que uno de los lotes no tenia inscripción y aun asilo hipotecaron por parte del banco, es evidente la Usurpación ya que al momento de darle posesión los representantes del banco al señor A. A. M., lo hicieron de todos los ocho lotes en su totalidad no de tres que se habían dado en garantía corno claramente está especificado en documentos registrables, ya que los que no poseen registro no pueden ser objeto de garantí-a y el tribunal sentenciador toma como cierto la posesión porque así lo verificó pero dice que no hay delito cometido porque fueron otras personas quienes dieron la posesión al señor M., olvidando que los representantes del BANCO son los imputados y que no importa a quienes hayan mandado a poner en posesión los terrenos lo que importa es que los representantes de la institución Bancaria eran los imputados y por orden suya realizaron las acciones de despojo o usurpación de los cinco inmuebles no dados en garantía, en perjuicio del ofendido. Los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, vulneran el artículo 227 del Código Penal Vigente por la no aplicación del mismo en base a presunción de no poder determinar cada una de las propiedades, pero registralmente y físicamente si están delimitadas, registralmente con sus respectivos asientos y pianos y físicamente con alambre de púas y cercos naturales como se pudo apreciar in situ, por lo Que la duda razonable no aplica en este caso, asimismo se infringe el artículo 17, 19, 198,199 y 317 del Código Procesal Penal en relación directa al artículo 13 y 20 del mismo cuerpo legal, en concordancia con el artículo 1, 2, 21, 24, 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos ya que según los hechos que el tribunal sentenciador considera probados establecen: Primero.- Que mediante instrumento numero ciento cuatro (104) extendido, en la Ciudad de Tegucigalpa. M.D.C., a los trece días del mes de agosto de 1993, otorgado ante los oficios del notario J. M. M. O., comparecieron los señores C. A. A. Y R. A. M. F., el primero en su condición de vendedor, el segundo en su condición de comprador; a efecto de celebrar un contrato de compraventa de 105 siguientes inmuebles: LOTE DE TERRENO de veinticuatro (24) manzanas de extensión superficial en el lugar denominado SAN AGUSTIN, aldea de Trojes jurisdicción de Danlí, departamento de El Paraíso, en el cual existen las siguientes mejoras: una casa de habitación que mide dieciocho (18) metros de largo por seis (6) de ancho, dividida en dos piezas, dos corredores uno a cada lado, una cocina de tres por cuatro metros, un cuatro de tres por cuatro, paredes de adobe- y tundición techo de teja, nueve puertas de madera de cedro, una ventana, piso de cemento, paredes repelladas, agua potable, un beneficio de café de dos plantas que mide diez metros de largo por cuatro metros de largo, cuatro pilas de uno por cuatro cada una, un canal de catorce (14) metros de largo para lavar café, todo fundido, techo de zing con un corredor en el segundo piso que mide cuatro por diez metros, una represa para retención de agua que mide dos (2) metros al frente; veintitrés (23) manzanas de extensión superficial sembradas con cafetos, dicho inmueble y mejoras se encuentra inscrito a favor del señor A. balo el número trece (13), Tomo 1 del Registro de la Propiedad inmueble y mercantil de Danlí, departamento de El Paraíso: 2.- un terreno ubicado en EL CERRO DE SAN AGUSTIN, municipio de Trojes, departamento de El Paraíso, el cual tiene una medida superficial de treinta y cuatro (34) manzanas se encuentran incorporados como mejoras de treinta y cuatro (34) manzanas; se encuentran incorporadas como mejoras las siguientes: una casa de adobe, con techo de teja, piso de cemento, con corredores alrededores un beneficio para despulpar café, y pilas para lavarlo, dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del señor C. A., bajo el numero treinta y ocho (38) Tomo ciento veintidós (122) del registro de la propiedad mercantil de Danlí departamento de El Paraíso. 3.- inmuebles ubicados en jurisdicción de Trojes; departamento de El Paraíso, con tos nombres de: a) LOTE DE TERRENO “DE C.” con una extensión superficial de cincuenta (50) hectáreas; con noventa y ocho (98) áreas, cuarenta y ocho (48) centiáreas, con veintinueve (29) centésimas de otra.- h) TERRENO LLAMADO LOS B.; el cual tiene quince (15) hectáreas, noventa y siete (97) áreas; y ochenta y siete punto ochenta y tres (87.83) centiáreas; dichos Lotes sin individualizar en los cuales se encuentran incorporadas las siguientes mejoras, casa de adobe y techo de zinc y piso de cemento, una casa de bajareque; repellada con techo de teja; dos pilas, un beneficio de concreto; un patio para secado de caté ,instalación de agua potable, con tubería pvc; setenta (70) manzanas cultivadas de café, cinco manzanas cultivadas de zacate jaragua, A.; y árboles frutales; cercado con alambre de púas, cuyo dominio se encuentra registrado a favor del señor A. bajo el numero veinticuatro (24) del Tomo 1 del registro de la propiedad inscribiéndose la venta de estos inmuebles a favor del señor R. A. M. F.; bajo el número cuarenta y nueve (49) del tomo doscientos diez y seis (216); del Registro de la Propiedad Mercantil de Danlí, departamento de El Paraíso; en fecha treinta y uno (31) de noviembre de 1995. Segundo: Según el instrumento numero doscientos cincuenta y cinco (255); extendido en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los diez (10) días del mes de octubre de 1997; ante los oficios del notario C. V. comparecieron personalmente los señores J. R. M. y R. A. M. F. Y E. E. C., el primero actúo por sí y en su condición de gerente general de la sociedad mercantil denominada compañía procesadora de minerales, 5. de R. L.; COPROMIN el segundo actuó por sí; y el tercero en su condición de gerente de la división de de negocios del banco la Capitalizadora Hondureña S. A. BANCAHSA, a efecto de constituir un crédito abierto con limitación de suma hasta por un monto de trescientos cincuenta mil Lempiras (350,000.00 Lempiras): mismo que le fue otorgado al señor J. R. M., en su condición ya expresadas; por el banco capitalizadora Hondureña S.A. BANCAHSA: para garantizar un crédito otorgado a la sociedad COPROMIN, constituyó en el mismo instrumento, el señor R. A. M. F. a favor de Banco Capitalizadora Hondureña S. A. BANCAHSA primera y especial hipoteca sobre los bienes inmuebles descritos en el instrumento numero ciento cuatro (104) va relacionado y detallado en el acápite primero de estos hechos probados. TERCERO.- En fecha diecinueve (19) del mes de junio del año 2001, el Juzgado de Letras Primero de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, procedió a trabar embargo sobre los bienes inmuebles descritos en los instrumentos ciento cuatro (104) y doscientos cincuenta y cinco (255) los cuales fueron enumerados anteriormente. Posteriormente en fecha diecinueve (19) de J. del mismo año, se celebró audiencia de remate sobre estos mismos inmuebles dados en garantía y sobre los cuales constituyó el señor R. A. M. F. a favor de Banco Capítalizadora Hondureña S. A. BANCAHSA, primera y especial hipoteca, inmuebles que ya fueron descritos en el acápite primero de los hechos probados de este fallo. CUARTO.- El Juzgado de Letras Primero de lo Civil, representado por la Jueza supernumeraria, F. A. A. F., mediante instrumento numero cincuenta y siete (5.7) otorgó escritura de remate, autorizada por el notario E. R. B. de fecha tres (3) de septiembre del año 20011 a favor del Banco Grupo El Ahorro Hondureño S.A. BGA, constituido mediante la fusión del Banco la Capitalizadora Hondureña, BANCAHSA, con Banco de El Ahorro Hondureño S. A. Bancahorro, representado por el señor J. A. A. L., transfiriéndole al referido banco, los inmuebles descritos en el hecho primero de estos hechos probados, adjudicación que se inscribió bajo el número 06 del tomo 495 del Registro la Propiedad Mercantil Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad de Danli, El Paraíso. QUINTO.- Mediante el instrumento numero cuarenta y cinco (45) de fecha siete (7) de Mayo del año 2003 comparecieron ante los oficios del Notario M. T. H. R., los señores J. E. F. R., en su condición de coordinador de la banca personal y apoderado del Banco Grupo El Ahorro Hondureño S.A, le dio en venta al señor A. A. M., los inmuebles adjudicados por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Francisco Morazán1 a su representada1 siendo estos los mismos inmuebles descritos en el acápite primero de estos hechos probados; registrado bajo el número doce (12) del tomo quinientos cuarenta y dos (542) del Registro de la Propiedad Mercantil de Danli departamento de El Paraíso; en fecha diecinueve (19) de Mayo del año 2002 el señor A. A. fue puesto en posesión de ciento cincuenta y nueve (159) manzanas de los referidos inmuebles, los cuales se encontraban en ese momento sin delimitaciones físicas. DOS.- Con base a estos hechos el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, erróneamente, dictó su fallo absolviendo a los imputados J. E. F. R. y J. A. A. L., del delito de USURPACION en perjuicio de mi representado R. A. M. F., quien fue gravemente perjudicado al haberlo despojarlo de todos sus bienes inmuebles, al haber realizado la diligencias de poner en posesión de los mismos al señor A. A. M. por parte de los representantes del Banco, ya que el tribunal sentenciador se ha enmarcado según su criterio a que tos imputados únicamente comparecieron ante notarios en su condición de representantes del Banco LA CAPITALIZADORA HONDUREÑA S.A. BANCAHSA posteriormente BANCO EL AHORRO HONDUREÑO para finalmente llamarse banco BGA, a otorgar escritura de compraventa de tos inmuebles a favor del señor A. A. M., los cuales eran propiedad del señor R. A. M. F. y que estos inmuebles fueron los que el señor R. A. representado al BANCO BGA, puso en posesión en fecha 19 de mayo del año 2003 al señor A. A. y que por ello no concurre el elemento objetivo del tipo penal, porque no son ellos los que actualmente ocupan dicho inmueble con fines de apoderamiento, lo cual es incorrecto y contradictorio por lo dispuesto en el articulo 34— A del Código Penal Vigente que a letra dice: Por los delitos cometidos en nombre y por cuenta de una persona jurídica responderán personalmente los representantes legales de la misma que hayan hecho posible la acción u omisión ilícita. La responsabilidad Civil, sin embargo recaerá en la persona jurídica*. Por ello considerarnos erróneo los criterios del Tribunal de Sentencia, pues si se hiciese una buena calificación la misma consideramos que debió enmarcarse en el artículo 341 del Código Procesal Penal en relación al 227 del Código Penal vigente; pues no pudo desvirtuar el defensor de los imputados que ellos no hayan tenido participación en los hechos imputados, porque si se probó por arte del ofendido con la prueba documental; testifical, pericial e inspección judicial como prueba de cargo que los imputados si participaron en representación de la institución bancaria en el despojo de los bienes inmuebles del ofendido al haberlos vendidos todos en su totalidad (8) y ponerlos en posesión del señor A. A. M. cuando ellos sabían muy bien que únicamente se les había dado en garantía tres lotes de los ocho de los que es propietario el ofendido. La infracción se centra en aplicación errónea e indebida del artículo 227 del Código Penal vigente, el que: Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado*. Asimismo se centra la infracción en el precepto penal adjetivo que se invoca como infringido 341 en relación al 202 del Código Procesal Penal que prescribe: “Artículo 202.- Valoración de las pruebas, La sana crítica.- Las pruebas serán valoradas de acuerdo a la sana crítica.- El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Los posT.dos que dan Jugar o contenido a las regias de la sana crítica son: en este caso el motivo que nos orienta o lleva a demostrar la inobservancia de las reglas del recto actuar del entendimiento humano en la valoración de la prueba que a la vez conlleva a un problema de fundamentación objetiva y razonada. Conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal, el sistema de valoración autorizado por la ley es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es condenatoria según el artículo 341 del Código Procesal Penal, en tanto esa sentencia es el inicio de valor emitido por el Tribunal Sentenciador, consideramos cine la sentencia debe contener una relación clara precisa y circunstanciada tanto de los hechos invocados corno de los acreditados de acuerdo a la valoración objetiva de las pruebas evacuadas, lo que constituye la fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo, el que se sustenta en un acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria la cual está dividida en descriptiva e intelectiva, lo que implica señalar en lo resuelto de manera objetiva, en cuanto a los medios probatorios recibidos y evacuados en el juicio para controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano y describir su contenido es decir el elemento probatorio, para luego de esa probatoria descriptiva, hacer la apreciación de los medios y elementos de prueba para hacer la fundamentación intelectual, pues le juzgador debe explicar porque un elemento probatorio le merece fe o credibilidad y porque otro no y porque un elemento de prueba u otro le lleva a la determinación final, sobre este fundamento intelectivo es que recae el reproche del recurso de casación por valoración indebida de las reglas de la sana crítica. Por ello debe considerar que todo problema de valoración de las normas del entendimiento humano es un problema de fundamentación, porqué se deben utilizar de manera objetiva esas reglas de la experiencia, la psicología y la lógica, esta última tanto la natural o sentido común, como la jurídica, pues el límite del conocimiento de un hombre común es el conocimiento técnico especializado, la lógica implica que en el ejercicio intelectivo debe el juzgador guardar coherencia y derivación o sea la necesidad de utilizar una razón y justificación adecuada para que haya convicción o como no decir para ser verdad, porque induce o determina a la obligatoriedad de la congruencia. Los vicios de la valoración de la prueba que dan origen a la infracción tanto de la ley sustantiva como de la ley adjetiva, se da cuando el sentenciador en los apartados numerados de los hechos probados asegura que los imputados son absueltos porque quedó demostrado que los acusados J. E. F. R. y Jorque A. A. L., no participaron en la comisión del delito de USURPACION en perjuicio de mi representado R. A. M. F., porque no son ellos las personas que actualmente ocupan todos los bienes inmuebles reclamados por el ofendido con fines de apoderamiento y porque fue el señor R. A.representado al BANCO BGA, quien puso en posesión en fecha 19 de mayo del año 2003 al señor A. A.. En la fundamentación jurídica el juzgador dice que el tribunal ha declarado probado que los acusados no han tenido participación en el delito de Usurpación, Lógicamente en el presente caso los encartados no actuaron de manera personal para sí mismos, sino por cuenta y representación de su representado el BANCO, la absolución se ha producido por el tribunal sentenciador porque no ha confrontado la prueba de cargo y de descargo y al no confrontarlas objetivamente se desprende la equivocación del tribunal sentenciador, pero el tribunal sentenciador hace suyas las razones que fundamentan los hechos estimados y declarados probados de los cuales a todas luces se desprende, que los extremos apuntados en los hechos que se estimaron probados por el tribunal sentenciador, se centra específicamente en los documentos registrales dejando de lado la inspección y el peritaje, así como las declaraciones testificales, porque personalmente realizaron la inspección y tuvieron la inmediación y por lo extenso del terreno no hicieron la inspección completa porque según los miembros del Tribunal sentenciador no se podía viajar hasta donde estaba el desparramadero y el Edén por la distancia que había para inspeccionarse todo el terreno y poder observar cada una de las delimitaciones de cada lote de terreno para poder determinar los ocho inmuebles que están ubicados de manera continua entre el lugar donde estábamos y los distantes entre varios cerros o montañas de Trojes.- El perito L. A. A. L., manifestó ser técnico de la Dirección General de Catastro y que fue comisionado por el Juzgado para hacer su pericia, le dieron copia de los documentos que estaban en el juicio y fue a hacer inspección en el lugar y a tomar medidas y describe el tracto sucesivo de los inmuebles propiedad del ofendido como ser: 1) DOS LOTES EN EL MANANTIAL DEL EDEN, 2) EL LOTE TRES EN EL DESPARRAMADERO, 3) EL LOTE DE SAN AGUSTIN, 4) LOTE DE 24 MANZANAS UBICADO EN SAN AGUSTIN, 5) CERRO SAN AGUSTIN, 6) LOTE LOMA NEGRA, 7) LOTE DE LOS C. (8), dice que cuatro propiedades fueron dadas en garantía, (porque eso fue lo que erróneamente tomó el banco para escriturar), pero uno no tiene inscripción en el registro de la propiedad porque estaba en documento privado, que en remate incluyeron las cuatro propiedades que en san Agustín y de C. había hipoteca, demostrando así que no eran todas (8) las propiedades hipotecadas y las cuales fueron objeto de despojo al ofendido R. A. M. F. por los representantes del BANCO, imputados como es J. A. A. L. y J. E. F. R. al haber vendido las propiedades y al poner en posesión el señor R. A. por orden del BANCO, al señor A. A. M. de todas las propiedades tanto las dadas en garantía como las demás que no fueron dadas en garantía. De las pruebas de cargo, como los de descargo, Documentales, testimoniales, peritajes y las inspecciones realizadas, podemos decir con propiedad que los imputados son los que actuaron por cuenta y en representación del Banco, por lo que se les imputó los cargos del requerimiento fiscal por el ente acusador, pues el Ministerio Público la acusadora privada pudo acreditar la vinculación entre nuestro defendido, los imputados y el hecho criminoso que se conoció por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, y por el que se les está juzgando a los imputados y NO POR MERA PRESUNCION, y se les absuelve argumentando que los imputados no son responsables del delito que se les imputa, porque según el tribunal sentenciador, los bienes inmuebles propiedad del señor R. A. M. F. quien los puso en posesión del señor A. A. M. fue R. A. representando al BANCO BGA, según el tribunal sentenciador tampoco los imputados son responsables del delito que se les imputa porque, no concurriendo así (según ellos) el elemento objetivo del tipo penal, porque no son los imputados las personas que actualmente ocupan dichos inmuebles con fines de apoderamiento; cuando el apoderamiento se dio desde el momento que los imputados vendieron y ordenaron como representantes del banco, poner en posesión de todas las propiedades del señor M. F. al señor A. A. M.. Sobre la base del planteamiento que se ha realiza do se puede inferir que si el tribunal sentenciador, hubiese valorado las pruebas conforme al recto y objetivo entendimiento humano (sana crítica) el resultado pretendido y obtenido hubiese desembocado en la certeza, de que efectivamente se cometió un hecho criminoso, y, que, los imputados son los responsables de tal hecho, por haber actuado como lo manda la norma penal contenida en el artículo 34-A del Código Penal Vigente”. La Abogada T. H. en su condición de Acusadora Privada, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO. - Violación del párrafo primero del artículo 90, párrafo primero de- la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE. - Este motivo de casación lo encontramos en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO. Al dictar su fallo el Honorable Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco ha violado el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en relación al artículo 8 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 34-A, del Código Penal, 13 y 341 del Código Procesal Penal, por cuanto en el presente juicio no se han observado las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- Decimos lo anterior porque el Honorable Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, ha violado el derecho del ofendido en su perjuicio. Primero al no practicar los medios de prueba tal como se propusieron y de acuerdo a la ley, se violenta la forma ya establecida de antemano para proponer y evacuar los medios de prueba lo que vida, de nulidad el proceso y violenta tanto el derecho de la víctima a su defensa como del debido proceso, tal es el caso del medio de prueba de inspección judicial la que según lo establece el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República en concordancia con el articulo 8 numeral i de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el articulo 34-A del Código Penal vigente para llegar a aplicar el artículo 341 del Código Procesal Penal, debe practicarse tal corno fue propuesto, con las partes y los peritos para determinar lo pedido, pero no ocurrió así, se dice que no se practicó conforme a la ley, porque no se llevó a cabo delimitando lote por lote como se pidió entendemos que por la distancia que hay entre cada uno va que se debió recorrer cantidades varias de manzanas que están entre varios cerros, argumentación que al tribunal se le hacía difícil moverse hasta los diferentes lugares, porque son muy distantes y se debe circular montado a caballo, asimismo que son lugares de terrenos irregulares y con caminos de herradura, segundo porque al no llevarse a cabo un medio de prueba con las formalidades de ley, se violenta el derecho del ofendido que es quien ha sido despojado de todos sus bienes inmuebles (8) y con lo que no se garantiza un debido proceso, como ocurre en el presente caso, que con una simple presunción se determinó que los imputados representantes del banco no pusieron en posesión de todos los bienes inmuebles propiedad del ofendido R. A. M. F. al comprador A. A. M., porque según el Tribunal fue el señor R. A. quien representando al BANCO puso en posesión de los inmuebles al señor A. y porque no están los imputados actualmente ocupando los inmuebles con fines de apoderamiento, cuando el despojo y apoderamiento de los Bienes inmuebles del ofendido se produjo desde el momento de la venta y puesta en posesión de los mismos hecha a favor de A. M., en nombre y representación del Banco, por lo que no debió absolverse a los imputados. Los hechos declarados probados en consecuencia adolecen de un sin número de lagunas que rompen los parámetros que forman la sana crítica, en vista que no realizar la inspección como lo manda la ley, dio lugar para que el mismo Tribunal de Sentencia en su fallo haya plasmado en la valoración de la prueba de manera inadecuada en sus apreciaciones en cuanto al medio de prueba relacionado, porque no se hizo como se propuso y admitió en lo referente a las delimitaciones de los lotes de terreno para determinar los hechos ocurridos y la veracidad de la existencia de las ocho propiedades no de tres o cuatro y considera el tribunal de Sentencia, que solo el defensor acreditó el descargo de la prueba, no así la acusación privada y el representante del ente acusador a quienes no se nos da credibilidad en las pruebas propuestas Y evacuadas, lo que conlleva a la vulneración del derecho de la victima para defender su propiedad privada y del debido proceso del mismo ofendido para que se les haga un juicio ajustado a las normas legales y de la ley procesal penal, para poder determinar que efectivamente el señor A. M. por cuenta del Banco tiene en su haber y posesión los cinco lotes adicionales que le pertenecen al ofendido R. A. M. F.. (Lo resaltado en negrito es nuestro)”. La Abogada T. H. en su condición de Acusadora Privada, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma: “MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Haber incurrido el sentenciador en error de hecho, al dejar d-e practicar una prueba como lo manda la ley, en perjuicio de los acusad-os para darle el valor decisivo en la litis, lo que constituye incongruencia entre la valoración de la prueba en la Sentencia y las pretensiones de las partes, según el artículo 337 del Código Procesal Penal y 34-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE. - Artículo 362 numeral 2, 3; y 6 del Código Procesal. EXPOSICION DEL MOTIVO. Previo a desarrollar el presente motivo, es conveniente aclarar, para los efectos sucesivos, que este planteamiento se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán recurrido, no ha considerado en toda su dimensión prueba consistente de valor decisivo (prueba de la acusación), es el caso que la haya excluido del juicio, como es el caso de la prueba inspección in situ consistente en la realización de inspección del lugar donde están ubicados los ocho lotes de terreno propiedad del ofendido R. A. M. F., para poder determinar la delimitación de cada lote, o no la haya tomado en cuenta misma que no llena los requisitos exigidos por la ley en perjuicio del ofendido y al mismo tiempo valoré lo poco que se hizo en el juicio del ofendido, violentando con ello tanto las normas Constitucionales como las procesales: artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República; 34-A del Código Penal y 337 del Código Procesal Penal; 8 numeral de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos), como la valoración de las reglas de la sana crítica, la incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, como se acreditará en el motivo que a continuación se desarrolla: El Precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación es en relación a la valoración de la prueba, el que establece lo siguiente: Artículo 202: Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica.- El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. (Lo resaltado en negrito es nuestro). El tribunal sentenciador en su apartado cuarto de la valoración conjunta de la prueba dice que: ingresamos a dicha propiedad por una calle de tierra en la cual no llevo hasta el sitio donde se encuentran unas mejoras refiriéndose al lugar denominado Cerro San Agustín o finca el Edén, (el cerro San Agustín. es el cerro San Agustín y el sitio San Agustín es otro terreno y no es el mismo con la finca el Edén) en el cual ingresamos a dicha propiedad por una calle de tierra en la cual no llevó hasta el sitio donde se encuentran unas mejoras consistentes en dos casas de habitación la primera que está habitada por trabajadores del señor A. M., junto a esta se encuentran otras casas las cuales no están habitadas por el deterioro de las mismas las cuales construidas de adobe,….., posteriormente fuimos conducidos por el perito las partes a través de una calle de tierra la cual es una sola vía hasta llegar a un punto en el cual indicó el perito que allí se podían divisar lo que eran los terrenos de El Edén y El Desparramadero y en el sitio donde nos encontrábamos era parte del sitio identificado como San Agustín, que los terrenos no se encuentran debidamente delimitados por cercos de alguna naturaleza sino únicamente por arboles de izote los cuales según ellos son la única forma de distinguir cual es cada propiedad. El tribunal sentenciador en la VALORACION DE LA PRUEBA en su numeral primero no se refiere a la prueba reconocimiento judicial, sino únicamente a los documentos y prueba testifical y en la VALORACION CONJUNTA.- SEGUNDO.- Hace referencia nuevamente a la prueba documental y en el TERCERO a la declaración del perito L. A. A. L., en el CUARTO a la inspección Judicial al lugar denominado Cerro San Agustín ubicado en el Municipio de Trojes departamento de El Paraíso y aunque determinó que con los arboles de izote que es un cerco natural están delimitadas las propiedades dice que no se puede delimitar cada propiedad. Luego en el otro acápite VALORACION CONJUNTA en la última Parte del referido hecho al hacer la valoración de la prueba dice que: no se ha demostrado con estos medios de probatorios que en esta escritura otorgada por el acusado F. R. se haya incluido terrenos distintos a los otorgados por el señor M. como garantía ante el banco, así las cosas estos medios probatorios no son suficientes para acreditar la participación de los acusados en el delito de usurpación en perjuicio del señor A. M., aunado a este hecho tal como lo dijeron los testigos fueron personas distintas a los acusados quienes en representación del banco pusieron en posesión de los mencionados terrenos al señor A. M. Con estos hay aceptación que en representación del banco pusieron en posesión de los terrenos a otras personas, con lo que se configura lo establecido en el artículo 34-A del Código Penal, que a la letra dice: Por los delitos cometidos en nombre y por cuanta de una persona jurídica responderán personalmente los representantes legales de la misma que hayan hecho posible la acción u omisión ilícita. La responsabilidad Civil, sin embargo, recaerá en la persona jurídica. Puesto que los representantes legales del Banco eran representantes del banco, es lógico pensar que la participación de ellos se dio desde el momento de la realización de la venta de todos los terrenos y haber mandado en representación del banco a realizar la posesión a favor de A. M., ellos personalmente no están ocupando actualmente el inmueble con fines de apoderamiento, pero ejecutaron el despojo y la toma de posesión a nombre de su representado, e hicieron la venta de los inmuebles en representación del banco y el señor A. representando al banco accionó por mandato de los representados del Banco. En relación a la inspección Judicial realizada en parte de la totalidad de los inmuebles del Ofendido, la misma no produjo elementos de prueba de descargo para los imputados, por el contrario se determinó que el señor A. M. está en posesión de todos los inmuebles, los rematados por el Juzgado Civil y los demás que no formaban parte de la hipoteca, pues así lo expresó claramente el señor A. A. M. cuando declaró ante el tribunal de sentencia de Tegucigalpa cuando dijo: que a él los del banco le dieron unas copias de las escrituras en las cuales se dice que son 159 manzanas, que en las escrituras aparece que era un solo lote, no se sabe cómo están, que el banco lo puso en propiedad en base a las mejoras, por las colindancias se sabe con quién pega la propiedad y dice que lo puso en posesión el Licenciado M. y una licenciada, le entregaron las escrituras el 30 de agosto del 2011 y que el terminó de pagar las propiedades en abril o mayo del 2013, que se incluyó el Manantial del Edén y el Desparramadero. Al proceder a revisar tanto los hechos que consideró probados el tribunal sentenciador va transcritos, corno las probanzas que sirvieron de fundamento al mismo y la fundamentación jurídica aplicada al fallo censurado, se concluye claramente que el tribunal de sentencia recurrido no consideró en todo su contexto prueba de VALOR DECISIVO, como ser la inspección judicial y la declaración del mismo A. A. M. y los testigos de cargo, en la inspección judicial el mismo tribunal por una parte dice estar delimitados los terrenos y por otra parte dice que no están delimitados, la que fue incorporada en el hecho cuarto de la valoración conjunta de la prueba por el tribunal sentenciador, tampoco consideró las declaraciones de los testigos de cargo, únicamente los de descargo, así como los dictámenes y declaraciones del perito en su verdadero sentido. Lo anterior da lugar del estudio del acta de debate, tal como se demuestra a continuación: a) Declaración de testigos de cargo, J. R. M. L. declaró que el señor R. A. M. F., era propietario de ocho lotes de terrenos que tenía en Trojes, CERRO SAN AGUSTIN con 34 manzanas, FINCA DE LOS C., con 81 manzanas, y los B. CON 23 MANZANAS, que en el terreno había un nuevo dueño y que no dejaban entrar a don A., que el ofendido le compró a banco del café 8 propiedades, que él se dio cuenta porque el firmó como representante de COPROMIN que había una garantía de TRES LOTES, J. M. E. DIJO: los del banco llegaron a la propiedad, que los del banco le dijeron que saliera de la propiedad y el les dijo que habían varias propiedades, que eran ocho propiedades que él fue trabajador del ofendido hasta el año 2002 porque lo desalojaron, M. M. L. dijo que trabajó en esa Propiedad y que eran 8 lotes, no sabe cuántas manzanas son, pero que él les mostró toda la propiedad de los ocho lotes a los del banco que llegaron, que ahora es el señor M. el que está en posesión, que en los años 60 es que dividieron el predio en lotes, R. A. M. F. dijo que cuando llevó los documentos al banco se llevaron los documentos de tres lotes que daba en garantía, se presentó plano y no pudo haber equivocación, ellos no dieron préstamo con garantía sino que mandaron nota de sobregiro, no le remataron por 350.000.00 sino por un 1.376,000.00, dice que eran 256 manzanas y dio en garantía 132 manzanas, y que actualmente no está en posesión de ninguno porque le prohibieron la entrada y puso la denuncia ante la fiscalía, A. D. J. R. dice que el ofendido tenía ocho lotes, que cuando el banco llegó a tomar posesión el estaba viviendo en esa propiedad, dijo que llegaron tres varones y una mujer del banco, dijeron que iban a dar en venta a A. A. toda la propiedad. El perito L. A. A. dijo: que fue nombrado por el juzgado para hacer el peritaje, fue hacer inspección al lugar y al registro de la propiedad para determinar lo que le pedían, que el señor M. le compra una parte del terreno al señor M. D. y otra parte al señor C. A., que en una escritura habían tres lotes y que le dio otra propiedad, que si vendió el terreno conocido como San Agustín, y eran tres lotes más uno más, que en esas propiedades se cultiva café, que habían dos casas y el beneficio, que una de las casas y el beneficio estaba en una propiedad, dice que las propiedades están en San Agustín y el Edén, los lotes se llaman EL EDEN, DESPARRAMADERO, SAN AGUSTIN, hay un documento privado donde C. A. le vende las 24 manzanas al señor M. hay una de las propiedades que no está en el registro, cuando se hace el remate se incluyen 4 propiedades, después le venden al señor A. M., los cuatro lotes, la propiedad que vende C. A. es de 24 manzanas pero en el registro no existe esa inscripción, las cuatro propiedades estaban a nombre de R. M., el problema radica en el terreno San Agustín de 24 manzanas y es donde están las mejoras, pero no está inscrita en el registro de la propiedad, lo que hay es un documento privado, que los bienes inmuebles existen, JURIDICAMENTE HAY DELIMITACIONES, pero como ha estado abandonado no sabe en este momento, los que estaban en garantía eran 4 terrenos, en base a la inspección no hay inscripción del lote de 24 manzanas, dice que cuando le venden al señor M. estaban incluidas las 24 manzanas, en el 2009 que hizo la inspección y el terreno de San Agustín estaba en posesión el señor M., que la propiedad tiene un acceso en cuanto a San Agustín, que lo acompaño A. por parte del banco cuando hizo su pericia, DICE QUE LOS LOTES ESTABAN INDMDUALIZADOS CONFOREME A LA ESCRITURA, pero no estaban bien delimitados solo el de San Agustín, hay cercos pero están sucios, una parte de cercos de izote, y otra de alambre, que no recorrió todo el predio que solo una área, QUE PARA IDENTIFIC. HABRIA QUE MEDIRLOS, pero dice que el plano estaba en el expediente. b)- Los testigos de descargo por su parte dijeron: el señor A. C.: que inicialmente fue contratado por el BGA para aclarar la situación de los terrenos ubicados en Trojes, se hicieron planos del lugar para identificar las mejoras en el terrenos de don R. están en la zona del cerro San Agustín, dice que cuando están en la zona del cerro San Agustín, dice que cuando llega al sitio los terrenos estaban delimitados en un porcentaje bajo que las divisiones no están bien definidas, (aceptando que hay divisiones) que para definir bien la propiedad habría que hacerse un plano de desmembramiento, que fue en el 2007 que lo contrataron ya estaba en posesión el señor A. M., que la intención fue ubicar las mejoras, el midió los terrenos y se identificaron los terrenos C., los B. Cerro San Agustín y el Desparramadero que no verificó el registro de los terrenos en el Instituto de la Propiedad, que en caso de San Agustín tiene un error, que el Banco se los había vendido a don A., dice que el terreno San Agustín tiene 65 manzanas, dice que el terreno del Manantial es un solo predio, que no vio los planos de este lote en el INA, que este terreno tiene 39 manzanas, dice que el jote San Agustín está más o menos en el centro de la propiedad y consta de 699 manzanas, dice que el lote que el señor M. otorgó en garantía al Banco llegan a 159 manzanas casi 160; si sumamos las mencionadas por el señor A. C. suman 17:3.9 manzanas que superan a las otorgadas en garantía según el testigo, pero la realidad es que en total el señor R. A. M. F. debería tener en su haber porque las compró 256 manzanas, de las cuales dio en garantía al banco 132 manzanas, entonces la pregunta obligada es ¿Dónde están las restantes 124 manzanas que don A. no puede utilizar? Lógicamente el señor A. A. M. las está poseyendo porque los representantes del Banco se las otorgaron lo pusieron en posesión representando al banco. Por su parte el testigo de descargo N. A., dijo que la propiedad son 15.9 Manzanas, y se vendieron en Mayo del 2003 y esta propiedad está en el cerro San Agustín, con lo que quedó descartado que las propiedades de el EDEN Y EL DESPARRAMADERO, COMO EL SITIO SAN AGUSTIN hayan sido dadas en garantía al banco, que este no podía venderlas porque no eran suyas y de las cuales no podía darle posesión al señor A. M., pero lo hicieron, el testigo dijo que el señor M. le dio en garantía al Banco 4 propiedades por un préstamo, que cuando no se pagó este el banco remató la propiedad y se hizo el desalojo, que el banco le vendió al señor M., DICE QUE FUE EL QUIEN ENTREGO EL TERRENO, al señor M. junto con A., que el señor M. recibió los terrenos, que el terreno ya lo tenían identificado, que a A. M. se le entregaron 4 terrenos, que por parte del banco también estaba F., y después que declaró que era el gerente de agencia del Banco dice que no hubo nadie encargado por parte del Banco, con lo que faltó a la verdad, porque dice el testigo que en la casa destruida hicieron la entrega al señor A. y que en esa acta de entrega consta su firma, y que se cultivaba allí, café, dice que no sabe de cuantas manzanas consta cada lote. El testigo de la FISCALIA A. A. M., dijo: que compró 159 manzanas, al Banco BGA, incluyendo las mejoras sobre las que había hipoteca, que la escritura era una sola, que no recuerda como se llaman los lotes, que a él le señalaron las mejoras como parte de la propiedad, que si sabe que el señor M. había sido dueño de la propiedad, que el Banco lo puso en posesión del terreno, por un plazo de compra a diez años, que en la compra si estaba incluido el lote conocido como EL MANANTIAL, EL EDEN Y EL DESPARRAMADERO, que el contrato de compra venta lo fue firmar a Danlí. El Honorable Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, al dictar el fallo recurrido, absuelve a los inmutados por el delito de Usurpación, el cual se encuentra fuera del M. de las pretensiones de la defensa. Tal motivo está estrechamente relacionado con el artículo 341 y 244 del CPP, los cuales literalmente establecen: artículo 341.- Reglas que deben seguirse para condenar al imputado.- Si el Tribunal considera que existen motivos suficientes para condenar al imputado, procederá de acuerdo con lo dispuesto en la presente sección. Artículo 344.- De la Sentencia Condenatoria.- La sentencia condenatoria fijara con precisión las penas y las medidas de seguridad a que quedará sujeto el reo y, cuando corresponda, otorgará la suspensión condicional de la ejecución de la pena con precisión las penas y las medidas de seguridad a que quedará sujeto el reo y, cuando corresponda, otorgará la suspensión condicional de la ejecución de la pena. La sentencia contendrá, en su caso, el pronunciamiento correspondiente en materia de costas. Se dispondrá, además, lo que proceda acerca del destino de las piezas de convicción, instrumentos y efectos del delito. El Tribunal sentenciador erróneamente califica los hechos en perjuicio del ofendido en forma distinta de la que resulté después de las actuaciones de práctica de pruebas y valora las mismas, tomando en consideración las pruebas de descargo y descarta las de cargo y dicta fallo contradictorio al fehaciente y verdadero planteamiento del acusador y el Fiscal, ya que se contradice cuando plasma en el fallo, por una parte que a las pruebas presentadas por el Ministerio Publico y la acusadora privada no son suficientes y por ello no se les da toda la credibilidad? lo que conlleva no solamente a la no calificación del cielito, por el cual se fue a debate, sino a no querer valorar la prueba de la fiscalía y la acusadora privada, sino a las diferentes circunstancias que se generaron desde el momento de la venta de los inmuebles por el banco y la puesta en posesión de los mismos bienes, pues las pruebas que se presentaron iban encaminadas por parte del Misterio Público y la acusadora privada a probar el arado de participación de los imputados, así como las circunstancias ocurridas y por parte de la defensa a probar que los imputados no participaron en la comisión del hecho criminoso y que no hay motivos para sospechar que no hayan participado en el hecho, se considera que después de agotadas las diligencias, resulta contraproducente y se evidencia la indefensión del ofendido por parte del tribunal sentenciador, al calificar los hechos debatidos en el juicio de manera diferente y absolver a los imputados por los hechos comprobados que tuvieron participación en el hecho criminoso, de manera directa y también indirecta, como autores, y por consiguiente no debió dictárseles una sentencia absolutoria.- En consecuencia la sentencia recurrida es contraria y violatoria de las Formalidades, derechos y garantías procesales, lo que traspasa los límites constitucionales permitidos, razón por la cual debe anularse dicho fallo a efecto de obtener una verdadera tutela judicial efectiva. (Lo resaltado en negrito es nuestro). En aras de una tutela judicial efectiva y al amparo del artículo 341 y 360 del Código Procesal Penal en contraposición a lo que señala el acta del debate y la sentencia se ofrece prueba documental consistente en el acta de debate que se encuentra apreciada al expediente en la cual se puede apreciar que en cuanto a la inspección judicial el tribunal sentenciador reconoce solo haber inspeccionado una parte del terreno lo mismo que hizo el perito, lo que no es congruente con la realidad va que la pretensión era delimitar todos los ocho lotes para llegar al convencimiento de que lo alegado y probado por el ofendido en el juicio era cierto pues así lo manda el artículo 199 y 202 del Código Procesal Penal.- Razones suficientes para ofrecer también en aras del esclarecimiento de la verdad, que se practique en su totalidad la inspección y se proceda a la medición de los ocho lotes para encontrar los límites y colindancias las manzanas de que consta cada uno, el total de manzanas entre todos los ocho lotes y la cantidad de manzanas que el banco puso en posesión al señor A. A. M. y si Ci mismo las está poseyendo todas. Como lo recomendó el perito L. A. por lo que se pide que se haga en el lugar conocido como: 1) DOS LOTES EN EL MANANTIAL DEL EDEN, 2) EL LOTE TRES EN EL DESPARRAMADERO. 3) EL LOTE DE SAN AGUSTIN, 4) LOTE DE 24 MANZANAS UBICADO EN EL SITIO SAN AGUSTIN, 5) CERRO SAN AGUSTIN, 6) LOTE LOMA NEGRA. 1) LOTE DE LOS C., ubicados en Trojes departamento de el Paraíso que es el lugar donde se practicó parcialmente la inspección judicial del tribunal de sentencia de Tegucigalpa. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. - El Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en el Juicio Oral y Público en la causa que el Ministerio Publico les instruyera ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, a los señores J. A. A. L. y J. E. F. R., por su ponerlos responsables del delito de Usurpación en perjuicio de don R. A. M. F.. emitió en la sentencia recurrida una Declaración que no contiene en sus hechos probados, una motivación fáctica y jurídica, tomándose imposible evaluar el razonamiento lógico-jurídico de los jueces y específicamente cual es el suceso fáctico juzgado, donde conste plenamente que se estableció el objeto del proceso, y los hechos imputables. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3 parte primera del Código Procesal Penal, que contiene: “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observan las reglas de la sana crítica”. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El fallo pronunciado por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, fechado el 29 de octubre del 2013 contiene la violación a uno de los principales requisitos del Debido Proceso consistente en que toda sentencia o resolución que emita un Tribunal de Sentencia será motivada: “……..la motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 del Código Procesal Penal en sus respectivos casos EL PRECEPTO PENAL ADJETIVO QUE SE INVOCA COMO INFRINGIDO PRESCRIBE: Artículo 141 en relación con el artículo 335 del Código Procesal Penal. Requisitos de la Sentencia. Las sentencias se redactarán por escribo, con sujeción a las reglas siguientes, RECLA CUARTA, numeral 1 del Código Procesal Penal: “Declaración de hechos probados. En párrafos separados numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se considera probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACIÓN La Declaración de los hechos Probados constituye la manifestación ideal del modo de razonar--o que es lo mismo motivar-- de los jueces de sentencia, en cuanto se efectúa por conducto de un silogismo, que debe tener la capacidad descriptiva, en dos vías: La primera, inductiva (determinación del hecho), que constituye el soporte racional de la valoración de la prueba y la correlación de dicha valoración con el Hecho Probado. La segunda, deductiva (subsunción jurídica) cuando la norma sustantiva que se trae a la sentencia, ha sido interpretada y aplicada en forma correcta al Hecho Probado. Pero si no tiene esa destreza o habilidad descriptiva por parte de los operadores de justicia, puede acontecer que el sujeto procesal afectado denuncie que la sentencia definitiva contiene el vicio o cargo de que carezca de motivaciones fácticas y jurídicas en su declaración de Hechos Probados; este vicio a mi criterio puede acontecer, por ejemplo, en un primer caso, cuando no está consignado ni descrito ningún hecho fáctico, es decir, no se describen sucesos como tales en la declaración de hechos probados, en este caso estaríamos hablando de una carencia pura o absoluta de la motivación fáctica y en un segundo caso, que existiendo un bosquejo tiT.do Declaración de Hechos Probados, su contenido no describa la subsunción jurídico penal de los sucesos acontecidos, y esto se produce cuando los jueces de sentencia simplemente se limitan a realizar una descripción de hechos sin respuesta o explicación por ejemplo, que solamente describan medios y elementos de prueba, solicitudes de las partes, antecedentes procesales (como el presente caso 12 páginas), etc., dejando por fuera no solo el objeto del proceso, que para el tipo de delito de Usurpación, debió dejar terminantemente claro, sino la motivación judicial que se derivan de ello, por eso establecemos que el vicio denunciado afecta dos elementos: 1) Si es un hecho probado que los imputados fueron los autores materiales de un delito de Usurpación, porque no se distinguió de qué forma siquiera sucedieron las circunstancia de tiempo, lugar, modo, del caso, es mas ni siquiera de ubicarlo en la escena del lugar de la inspección o de la compra venta hecha al señor A. M., ya que en los numerales de los hechos que dicen ser probados, los mismos no son terminantes, ni claros, ni precisos sobre ese aspecto, es especulativo y sospechoso, además el elemento clave que es que no se demostró la acción de los imputados dentro del los hechos sometidos a Juzgamiento, por el motivo de que para absolver a los imputados carece de una motivación fáctica, que puede hacerlos subsumir jurídicamente en una conclusión de absolución y no de condena. 2) Si es un hecho probado que los imputados realizaron acciones, hecho humano, acción u omisión que los condujo o motivara a darle en venta al señor A. A. M., TODOS LOS OCHO LOTES DE TERRENO propiedad del ofendido y a poner en posesión de ellos al comprador en representación del Banco BGA, los aspectos objetivos y subjetivos del tipo penal por el cual se presentó la imputación contra las personas llamadas a juicio, pero al no definir terminantemente los jueces de sentencia, ese aspecto de la correlación de acusación con sentencia, la declaración de hechos probados sufre del vicio de carecer de motivación fáctica y por ende jurídica. En este caso que nos ocupa, a nuestro criterio como recurrentes, esta labor realizada por el Tribunal de Sentencia NO representa bajo ningún aspecto procesal, las reglas establecidas en el artículo 338, específicamente la señalada en la REGLA CUARTA, numeral 1 y 2 del Código Procesal Penal, en consecuencia, la sentencia impugnada carece de motivación fáctica y jurídica, porque no existe la descripción de la consecuencia del suceso humano que dio origen al proceso penal, tampoco existe una conclusión jurídica, ni mucho menos justificación racional por parte de los juzgadores para absolver a los imputados, ya que nunca arribaron a la conformación de ambos presupuestos de la sentencia penal, es por ello, que aportamos a nuestro motivo de casación las palabras del jurista J. B. J. M., que dice: “La motivación es la exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada conclusión jurídica. Se identifica, pues, con la exposición del razonamiento.” Visto la definición anterior, se deduce que no existen esta exteriorización y Justificación Racional, contraviniendo su deber como jueces de motivar los Hechos Probados en sus sentencias definitivas condenatorias o absolutorias, circunscribe una incidencia de índole sustantiva, adjetiva y constitucional, en vista de que la motivación, desempeña un doble propósito para la Administración de Justicia en cuanto a la tutela judicial efectiva, como lo afirma la doctrina: Primero, le otorga a la sociedad, como a los sujetos procesales que hayan intervenido en un Juicio Oral y Público, la posibilitar de percibir la trascendencia y circunstancias legales del porqué a determinada persona se le absuelve o condena, es decir, que esa motivación debe contener el atributo argumentativo de permitir “que otra persona pueda reconstruir mentalmente la constatación del hecho probado”, Segundo, proporciona exclusivamente a los sujetos procesales, la facultad de poder interponer Recurso de Casación contra el fallo judicial, siempre y cuando cumplan con los presupuestos procesales sistematizados en el artículo 362 y 363 del Código Procesal Penal. En consecuencia, la motivación de los Hechos Probados constituye el mecanismo de legalidad racional, que el Estado confiere a los sujetos procesales, para que, en caso de ser quebrantado, puedan estos denunciarlo por intermedio del Recurso de Casación, solicitando a la Corte Suprema de Justicia su intervención a la actividad jurisdiccional, para que este alto Tribunal de Justicia, explique si las razones de la decisión que tomaron los Jueces de Sentencia para proferir un determinado veredicto (culpable o inocente), es posible controlarlo “dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, dicha decisión es consecuencia de una pura arbitrariedad”. Como lo colige el artículo 338 en relación indiscutible con el artículo 141 del Código Procesal Penal, en la estructura de toda sentencia definitiva debe comprenderse la motivación de los Hechos Probados, cuya argumentación debe concertarse por los jueces en las tres formas siguientes según la diversa doctrina mas califica: 1) La motivación debe efectuarse de forma descriptiva, concebida como el iter lógico jurídico por razón de el cual los jueces lograron separar y fijar los hechos verdaderos de los hechos fácticos contendidos en un juicio Oral y Público, narrativa y fijación que solo alcanzarán tras una actividad cognoscitiva reglada (Sana Crítica), “con el objeto de proceder a la aplicación del derecho a esos hechos” comprobados. Por ejemplo y sin el ánimo de realizar alegatos de instancia, los hechos Probados no contienen ninguna descripción de una digámoslo así “historia” que el lector lo lleve a pensar en grado de certeza que los imputados son responsables de conductas criminosas. Ya que la sospecha es a nivel de la etapa de investigación. 2) La motivación debe efectuarse de forma racional, dedúzcase como la demostración coherente del orden racional de las ideas posesionadas en la mente de los jueces de sentencia, con el fin de comprobar el hecho, la aplicación del derecho, y la corrección del juicio natural emitido en el fallo judicial, al cual solo se arriba por dos inferencias humanas: Inductiva y deductiva. En este caso el Tribunal sentenciador ni siquiera nos permite conocer los hechos reales, en tal virtud encubre las acciones humanas realizadas por los imputados, pero los absuelve argumentando en su favor que no pusieron en posesión personalmente los terrenos y que no los están ocupando actualmente con fines de apoderamiento. Al no poder distinguir el lector que sucedió, se defrauda a la sociedad que nunca sabrá que paso en un Hecho criminoso supuestamente NO Probado. 3) La motivación debe respetar el principio de legalidad, no puede concebirse que los jueces emitan una sentencia definitiva, separándose del sistema de garantías tripartitas (penal, procesal y constitucional) denominado como principio de legalidad; En el caso que nos ocupa, respetando la integridad de los Hechos Probados, hemos demostraré a esta honorable sala penal que el tribunal de sentencia, como acontece el vicio denunciado y como su concurrencia en la sentencia definitiva, afecta la declaración de hechos probados, provocando que dicha declaración no solamente sea vaga, imprecisa e incoherente, sino carente de motivaciones fácticas y jurídicas. “…PRIMERO: Porque dice el tribunal de sentencia en el numeral PRIMERO de los FUNDAMENTOS JURIDICOS. Que los imputados únicamente comparecieron ante notario en su CONDICION DE REPRESNETANTES DEL BANCO LA CAPITALIZADORA HONDUREÑA BANCAHSA POSTERIORMENTE BGA, el señor J. A. A. en calidad que ostentaba para que se hiciera adjudicación de los inmuebles rematados y el señor J. E. F. R. en la misma calidad otorga escritura de compraventa de estos mismos inmuebles al señor A. A. M. y que los acusados únicamente comparecieron representado la institución bancaria. “…SEGUNDO: Que los mismos inmuebles que eran propiedad de don R. A. M. F. fueron los que el señor R. A. REPRESNETANDO al Banco BGA, puso en posesión el 19 de Mayo del año 2003 al señor A. A. M., y que por ello, no ocurriendo así el elemento objetivo del tipo penal puesto que, NO SON ELLOS, las personas que actualmente ocupan dicho inmueble con fines de apoderamiento. Lo más grave, es que en ninguno de los segmentos de la Declaración de los Hechos que se dicen Probados, está contenida la Conducta o Acto Humanos, que según el caso, se subsume en el tipo penal de Usurpación, como para descartar que los imputados no participaron en los hechos y por el contrario las conductas o actos humanos coherentemente demostraron la inexistencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, al no contener la Declaración antes mencionada ninguna de esas circunstancias humanas, no se sabe como interactuaron en el razonamiento o pensamiento jurídico y que razones lógicas les hicieron para absolver a los imputados; por eso denunciamos que el Tribunal de Sentencia, con la carencia de su motivación fáctica y jurídica, hace desaparecer, su razón y función de ser de rango Constitucional que le da vida Jurídica, que no es otra, que la establecida en el artículo 304 de la Constitución de la República, que literalmente dice: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado…” Ya que la carencia de motivación en la actividad Judicial, provocó la ausencia de un juzgamiento claro y terminante que pudiere ser percibido en la declaración de Hechos Probados de la sentencia recurrida, y al no saberse cuales fueron los aspectos esenciales del objeto del proceso que fueron determinantes para dictar un fallo absolutorio, se convierte esa narrativa tiT.da como Declaración de Hechos Probados, en una simple relación de antecedentes del proceso, que no conducen a ningún lado; por el contrario crean un limbo jurídico que hace imposible controlar el razonamiento lógico- jurídico de los jueces y específicamente cual es el suceso fáctico juzgado, para evaluar si ese pensamiento judicial, como dice la doctrina puede ser observado “…dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, dicha decisión es consecuencia de una pura arbitrariedad. Por lo anteriormente puntualizado, concluimos que la carencia de la motivación fáctica y jurídica en la declaración de los Hechos Probados de esta sentencia, afecta el núcleo de discusión del objeto del proceso, en lo tocante a aspectos que no pueden ser evitados por un Tribunal de Sentencia. En nuestro respaldo citamos la jurisprudencia de esta Sala de lo Penal, que ha establecido que: “El impetrante tiene razón, ya que el juicio de culpabilidad o de inocencia que emite el juez de mérito, debe de tener una estructura de pensamiento que controle a través de la leyes de la lógica, es decir la sentencia como un silogismo está compuesta de dos premisas o bases y una conclusión, la premisa mayor es el hecho, la premisa menor es el derecho que se aplica a ese hecho y una conclusión a que se llega, como tal debe tener una estructura de pensamiento;…” TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: El Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán incurrió en graves quebrantos a la reglas de la Sana critica, específicamente a los principio de razón suficiente, derivación y causalidad. Al observar el recurrente que los jueces absuelven a los imputados por la sola apreciación errónea del cual extrae en exceso conclusiones que por sí misma la prueba no le permite extraer; tergiversando el sentido interpretativo de la misma, cambiando el alcance de los resultados, en virtud de que los resultados de la inspección no tienen grado de certeza, ni individualizan el objeto del debate, veremos a continuación al desarrollar como se comete esta grave falta en la aplicación de la lógica. PRECEPTO AUTORIZANTE: artículo 362 del código procesal penal, que en su numeral 3 parte segunda que se lee “... o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica y que las motivaciones sean contradictorias...” específicamente las reglas de la Lógica jurídica con relación al los Principios de Razón suficiente, derivación y causalidad. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION La Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en su sentencia emitida en fecha 29 de octubre del 2013, absolvieron por el delito de Usurpación a los imputados J. A. A. L. y J. E. F. R., por considerarlos inocentes a título de autores directos del hecho criminoso en perjuicio del ofendido R. A. M. F., cometiendo en su sentencia absolutoria graves infracciones a las reglas de la Sana Crítica, por infracción directa en su actividad valorativa de las Pruebas, al valorar prueba en perjuicio de los Principios de causalidad, derivación y razón suficiente que expondremos de la manera siguiente: El honorable Tribunal dice haber respetado en su sentencia las Reglas de la Sana crítica; sin embargo bajo el principio de demostración de casación expondré los defectos cometidos por los Jueces de Sentencia al construir una sentencia absolutoria con suficientes elementos de Prueba para arribar a semejantes deducciones, conclusiones y desvanecer el Estado de inocencia de los imputados, extrayendo de la prueba conclusiones que era imposible extraer y desconectar elementos de forma arbitraria para poder construir una base argumentativa falaz para su fallo y que contenga una apariencia técnica jurídica; pero que a nuestro criterio NO cumple los requisito que la ley les impone; sin embargo al darle lectura a los apartados de la valoración de la prueba veremos una a una cada defecto en el raciocinio del Tribunal. El recurrente infiere o detecta que al ver la construcción narrativa de la valoración de la prueba el Tribunal sentenciador comete el primer error al tergiversar el sentido de cada una de las pruebas. Por las razones antes expuestas se dice que, El Tribunal de Sentencia ha cometido errores, haciendo apreciaciones superficiales al decir que se pudo comprobar que los imputados solo comparecieron ante notario para otorgar escrituras tanto de adjudicación como de compra venta y que los imputados no están actualmente ocupando los inmuebles con fines de apoderamiento”. IV. Fundamentación Jurídica 1) Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de Agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por la recurrente al momento de plantear y desarrollar su recurso de casación, pues en el Recurso de Casación por Infracción de Ley denunció error de hecho por violación a las reglas de la Sana Crítica en la valoración probatoria, además de inobservancia de los artículo 18, 202, 262 y 317 del Código Procesal Penal y además el artículo 227 del Código Penal vigente, efectuando en su desarrollo argumentos propios de otras especies casacionales, pues hace referencia a la valoración que el Tribunal efectuó sobre determinadas pruebas, sin embargo desconoce la censora que el recurso por infracción de ley debe circunscribirse a la fundamentación fáctica (Hechos probados) de la sentencia, de tal forma de establecer sin estos son coincidentes o armónicos con la norma penal que utilizó el juzgador para absolver o condenar a la persona acusada. 1.a) En relación al recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la recurrente, si bien estableció como norma violentada el artículo 90 de la Constitución de la República, no fue capaz de establecer cómo el Sentenciador incurrió en dicho quebranto y cuál fue el agravio que dicha decisión le afectó en la defensa de su representado. En relación al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el recurrente si bien presenta sus motivos de forma separada, en el primer motivo denunció haber incurrido el Sentenciador en error de hecho, al dejar de practicar una prueba como lo manda la ley, lo que constituye incongruencia entre la valoración de la prueba y las pretensiones de las partes; lamentablemente es imposible para esta Sala establecer cuál es el punto central de su reclamo, puesto que al establecer como motivo de casación “error de hecho, al dejar de practicar una prueba como lo manda la ley” es incorrecto5 puesto que ninguno de los numerales del artículo 362 refiere a un motivo si quiera parecido; al consignar que existe incongruencia entre la valoración de prueba y las pretensiones de las partes, tampoco constituye un motivo, pues hace referencia al artículo 337 del Código Procesal Penal que establece el “Principio de Congruencia entre la acusación y las pretensiones de las partes” en ningún momento refiere entre la valoración de pruebas como lo consignó la recurrente. En el motivo segundo por quebrantamiento de forma, la censora igualmente incurre en inadecuada técnica recursiva, pues establece la carencia de motivaciones fácticas y jurídicas, sin establecer las explicaciones en qué basa su denuncia, pues no fue capaz de establecer cuáles pruebas no fueron motivadas por el Sentenciador o cuáles argumentos de derecho no realizó. En su tercer motivo de casación cuestiona el quebranto a las Reglas de la Sana Crítica, no estableció cuales fueron esos razonamientos equívocos del Juzgador que se efectuaran en quebranto a las reglas del recto entendimiento humano, lo que erróneamente efectuó la impetrante fue una revaloración de las pruebas evacuadas, razonando de manera subjetiva, cómo a su criterio debió valorarlas el Sentenciador, ejercicio mental que está vedado en esta etapa casacional puesto que por el Principio de Inmediación, dicha tarea está reservada al Juzgador, pues ha sido este quien ha tenido contacto con la prueba y su desarrollo. 1.b) Todas estas inconsistencias hacen que el recurso se vuelva confuso y falto de claridad y no permite darle una respuesta concreta a los cuestionamientos de la recurrente, sin embargo, a pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el M. de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el M. de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el M. del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). 2) Del Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 2.a) La censora consideró que se vulneró el artículo 227 del Código Penal vigente por la no aplicación, en base a presunción de no poder determinar cada una de las propiedades, pero registralmente y físicamente si están delimitadas con sus respectivos asientos y planos, y físicamente con alambre de púas cercos naturales como se pudo apreciar en situ, por lo que la duda razonable no aplica en este caso. Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: 18, 202, 262, 317 del Código Procesal Penal Normas Sustantivas que denuncia: 12, 7, 8, 9, 24, 25 y 29 del Convención Americana de Derechos Humanos; 227 del Código Penal vigente. Concepto de la Infracción: Los hechos declarados probados vulneran el artículo 227 del Código Penal por la no aplicación de mismo. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Sin determinar por la Pretensora Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto” . Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. 2.b) De la procedencia del recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ha analizado el cuadro fáctico establecido como probados y según lo relatado en ellos, lo que se establece es el tracto sucesivo que siguieron las propiedades objeto de discusión, sin que se mencione en algún momento que los señores J. A. A. L. y J. E. F. R., hayan usurpado ningún bien inmueble ni un derecho real, por tanto el Sentenciador a tomado la decisión, conforme lo regulan los hechos, que los acusados no son responsables del delito que se les imputa, por tanto existe correspondencia entre lo narrado por el A-quo en los hechos probados y su decisión de absolver a los imputados, pues no se relata en ellos ningún acción que pueda ser constituida como delito, los argumentos de instancias y referencias a la violación de las reglas de la sana crítica no corresponden a este tipo de impugnación; razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. 3) Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denunciar a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro. La esencia del recurso de infracción de precepto constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 3.a) Explicó la Censora que se violentó el Debido Proceso, pues el medio de prueba inspección judicial debía practicarse tal como fue propuesto, con las partes y los peritos para determinar lo pedido, pero no ocurrió así, ya que no se practicó conforme a la ley, porque no se llevo a cabo delimitando lote por lote. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma Constitucional infringida: Artículo 90 de la Constitución de la República. Normas procesales infringidas: 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 13 y 341 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: No se observaron las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Sin determinar por la pretensora 3.b) En virtud que la recurrente ha establecido como norma violentada el artículo 90 de la Constitución de la República que refiere al “Debido Proceso”, considera oportuno esta Sala de lo Penal recordar cuál es el criterio jurisprudencial que ha establecido acerca de los alcances de esta garantía. El derecho al Debido Proceso supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales para el Estado mismo, con la finalidad de racionalizar el ejercicio punitivo dentro de un M. de respeto a la dignidad humana de quienes son enjuiciados. Así tenemos que la Constitución de la República, precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, en ese sentido, el Estado para quebrantar el estado de inocencia de un ciudadano llevado a juicio, deviene obligado a observar las formas de juzgamiento que él mismo se ha impuesto a efectos de salvaguardar dentro del proceso los derechos del enjuiciado, en ese orden de ideas, verbigracia, para efectos de valoración de la prueba se impone que estas han de valorarse conforme a las reglas de la sana crítica y que las sentencias han de ser debidamente motivadas fáctica y jurídicamente, no contradictorias, no observar estos requisitos impuestos por el Código Procesal Penal, importaría una violación a las formalidades integrantes del proceso y consecuentemente al debido proceso como derecho del justiciable. 3c) De la procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal entiende que el malestar de la recurrente al impugnar por esta vía, es que una inspección judicial que se había solicitado, que según su criterio no se evacuó conforme a ley, puesto que la acusación requirió se hiciera delimitando lote por lote y son varias manzanas de terreno; el Sentenciador argumentó que no era posible efectuarlo de esa manera por la distancia que existía entre los terrenos y porque muchos de los accesos a ellos son camino de herradura. En el presente caso no observa este Tribunal de Casación que se haya violentado el Debido Proceso al no practicarse la inspección ocular en la forma en que lo había solicitado la acusación privada, puesto que las razones que expuso el Juzgador son valederas y razonables, no se le puede exigir a los jueces el traslado a sitios que no pueden acceder un vehículo o lugares extremadamente largos, pues según entiende se tardarían horas y hasta días poder recorrerlos, en ese sentido el apoderado legal debió utilizar algún otro medio de prueba confiable con el cual se pudiera cumplir con la finalidad para el cual fue propuesto como parte de su estrategia de la acusación, sin embargo el Sentenciador actuó con prudencia y mucha cautela, puesto que podía poner en peligro su integridad física y la de sus auxiliares. Por las razones antes expuestas es procedente desestimar el presente motivo de casación. 4) Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su Primer Motivo. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. 4.a) La recurrente denunció que el Tribunal de Sentencia no consideró en toda su dimensión prueba de valor decisivo y por tanto lo ha excluido en el juicio, tal como sucedió con la prueba de inspección in situ en el lugar donde están ubicados los terrenos en disputa. El precepto penal adjetivo que se considera infringido es el artículo 202 del Código Procesal Penal y como norma autorizante el artículo 362 numeral 2, del mismo cuerpo legal. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal Normas Procesales que se denuncian Infringidas: 202, 337 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Exclusión de un medio de prueba de valor decisivo Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora Pretensión: Sin determinar por la pretensora 4.b) Este motivo resulta de dos hipótesis: que la sentencia excluye indebidamente una prueba (Expresamente la rechaza sin consignar las razones de esa decisión o se le considera ilícita si serlo), o la resolución no la considera (Omite toda referencia a ella). El vicio refleja entonces a infracción de los artículos: a) 202 del Código Procesal Penal, que impone al juzgador la obligación de formar su convicción de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba; b) 336 del CPP que señala que el Tribunal sólo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán apreciadas en su conjunto; c) 338 del CPP, sección cuarta, numeral 2 que manda al órgano jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las pruebas practicadas durante el juicio. Es decir, el Tribunal de Sentencia tendrá la obligación de pronunciarse sobre la eficacia conviccional que le generan las pruebas rendidas, de tal suerte que si excluye arbitrariamente alguna de ellas o simple y sencillamente deja de mencionarla y consecuentemente valorarla, estaríamos ante la presente infracción ya que en virtud de los principios de verdad real, de defensa y contradicción el Juez debe servirse de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. No se observaría la infracción en el caso en que el tribunal exponga las razones por las cuales rechaza la prueba y esa excursión es correcta y aun si la prueba ha sido valorada aunque lo fuera de forma desacertada, debiéndose en ambos supuestos rechazar el motivo. Pero no basta con el rechazo (exclusión) u omisión de referencia (no consideración) de la prueba, es necesario que ella sea de valor decisivo. Lo que implicaría efectuar la operación de inclusión mental hipotética, en cuyo caso, de incluirse la prueba excluida o no considerada en la valoración del Juez, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieren sido necesariamente distintas[2]. 4.c) Analiza esta Sala de lo Penal que la recurrente incurre nuevamente en inadecuada técnica recursiva, puesto que si bien señala que el Juzgador excluyó de prueba valor decisivo refiriéndose a una inspección, también efectuó argumentos de instancia, además de traer a discusión las declaraciones de testigos que ninguna relación tienen con el medio de prueba supuestamente excluido, sin embargo en virtud del control de convencionalidad que anteriormente se explicó, este Tribunal de Casación revisará si el Juzgador excluyó o no esa prueba. En el numeral “Cuarto” de la Valoración Probatoria, el Sentenciador refiere a la evacuación del medio de prueba denominado Inspección Judicial a lugar denominado Cerro San Agustín ubicado en el Municipio del Trojes departamento de El Paraíso; inmediatamente después consignó el Juzgador el valor que le concedió a dicho medio probatorio, estableciendo entre otras cosas que no era suficiente ese medio de prueba y unos documentales, para acreditar la participación de los acusados en el delito de usurpación, pues fueron personas distintas a los acusados quienes en representación del banco pusieron en posesión de los terrenos al señor A. M.. 4.d) De la Procedencia del Recurso. Este motivo no es de Recibo. La posición de la recurrente es totalmente errada, puesto que tal como se ha comprobado, el Sentenciador no excluyó en ningún momento la inspección al lugar de los hechos solicitada por la acusación privada, todo lo contrario fue razonada y valorada por el Tribunal de Sentencia, puesto que expresó las razones por las cuales no consideraba suficiente esa prueba y otras más, para responsabilizar a los acusados de los hechos investigados. Razones suficientes para declarar no ha lugar el presente motivo de casación. 5) Del Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. Explicó la recurrente que el Tribunal de Sentencia incurrió en carencia de motivaciones fácticas o jurídicas, consignando como norma autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Consideró la censora que el Tribunal Sentenciador emitió una sentencia con una declaración de hechos probados, una motivación fáctica y jurídica, tornándose imposible evaluar el razonamiento lógico-jurídico de los jueces, específicamente cual es el suceso fáctico juzgado. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: 141, 338 Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Carencia de motivaciones fácticas y jurídicas. Reclamación Ex Ante: Materialmente imposible reclamar contra el mismo pues el vicio resulta en la sentencia. Pretensión: Sin determinar por la pretensora 5.a) La carencia de motivación fáctica o jurídica, implica omisión total, bien de la motivación fáctica, bien de la jurídica. Sobre la primera, conviene señalar que este vicio no se refiere a los hechos probados, puesto que al analizar el motivo del numeral 1 del artículo 362 del CPP, éste hace alusión precisa al hecho histórico, por lo que al hablar de motivación fáctica, bajo el motivo en estudio, nos referimos a la valoración probatoria. Por ello con carencia de motivación, se alude a la omisión total de la valoración de prueba o de las razones de derecho para condenar o absolver. La esencia de este vicio lo constituye el extremo que, con la falta de motivación sobre el hecho o sobre el derecho que se aplica, se produce la más absoluta indefensión, al desconocerse las razones fácticas y jurídicas que generan el fallo, lo que limita inclusive la facultad de recurrir[3]. 5.b) De la procedencia del recurso. Este motivo no es de Recibo. En base a lo alegado por la recurrente, se hace evidente su equivocación, puesto que encontramos en la Sentencia recurrida, bastas motivaciones fácticas como jurídicas que fundamentan la decisión del Sentenciador en absolver a los señores J. A. A. L. y J. E. F. R. del delito de Usurpación, así aparecen en el fallo apartados denominados “Valoración Conjunta” en las cuales el Sentenciador expresó las razones de hecho, es decir conclusiones fácticas que determinaron concluir en la absolución de los acusados y en el apartado “Fundamentos Jurídicos”, detalló los fundamentos de derecho que le llevaron a considerar inocentes a los imputados, estableciendo entre otros, que se consideraba penalmente responsable a las personas que ejecuten un hecho constitutivo de delito, es decir debía analizar si los acusados actuaron por acción u omisión en algún ilícito. Expresó además el Juzgador cuáles eran los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de usurpación, mismos que concluyó, no se observaban en las presentes diligencias. En tal sentido no le asiste la razón a la recurrente al denunciar una supuesta carencia de motivaciones fácticas y jurídicas, puesto que el fallo en sí demuestra todo lo contrario, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. 6) Del Tercer Motivo de Casación por Quebrantamiento de forma Estableció la denunciante que el Juzgador incurrió en quebranto a las reglas de la Sana Crítica, estableciendo como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que el Tribunal Sentenciador incurrió en inobservancia a las reglas del recto entendimiento humano, específicamente del principio de razón suficiente, derivación y causalidad. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 último párrafo del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin determinar por la pretensora. Concepto de la Infracción: Violación a las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Sin determinar por la pretensora 6.a) Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. El proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. 6.b) De la procedencia del recurso. Este motivo no es de Recibo. En el caso sometido a estudio, esta Sala observa la inadecuada técnica recursiva utilizada por la censora para plantear y desarrollar su recurso, puesto que si bien denuncia la violación a las reglas del correcto pensamiento humano y señaló a la razón suficiente y a la derivación como principios quebrantados, no fue capaz de señalar de manera concreta, cuáles fueron esos razonamientos erróneos del Sentenciador y dónde se encuentran en la Sentencia, incumpliendo con ello lo establecido en el artículo 363 del CPP; sin embargo en aras del Control de Convencionalidad ampliamente explicado, procederemos a revisar los juicios de valor del Sentenciador y determinar si en efecto se incumplieron dichas normas o por el contrarios fueron correctamente aplicadas. En el acápite “Valoración de la Prueba” numeral primero de la Sentencia recurrida, el Juzgador estableció la fundamentación descriptiva de la prueba testifical evacuada: J. R. M., J. M. E. C., M. E. L., R. A. M. F., A. de J. R., A. A. M. y C. A. A.. De estos testigos el Juzgador razona diciendo, que con ellas se acredita la forma en que inicialmente fueron adquiridos los terrenos por parte del señor M., a los cuales no podía ingresar puesto que se le había prohibido la entrada, pues según versión de los testigos estos terrenos fueron hipotecados y el banco BGA adquirió su propiedad; afirmaron también los testigos que estos terrenos fueron posteriormente adquiridos por el señor A. A. y que fueron unas personas del banco quienes llegaron a ese sitio a ponerlo en posesión de los mismos; afirma el Juzgador que de la declaraciones de estos testigos no se desprende la participación de los imputados en el ilícito penal de usurpación, habida cuenta que los testigos únicamente reconocen haberse dado cuenta que fueron personas del banco los que llegaron hasta el sitio para poner en posesión al señor A. M.; afirmó el A-quo que mediante la inspección in situ al lugar de los hechos, se pudo constatar que no existe una individualización plena de los lotes de los terrenos, tal como lo afirmaba el ofendido, pues estos solo están separados por árboles de izote. Para esta Sala de lo Penal, los razonamientos que expresa el Juzgador en sus juicios de valor, son correctos, lógicos y derivados del legajo probatorio, puesto que sus conclusiones se desprenden de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica, así lo vemos también expresado en el resto de numerales de la Sentencia, sobre todo de la prueba documental que fue abundante, estableciendo no solo una descripción individual de cada medio probatorio, sino que una valoración conjunta y armónica de todas las pruebas evacuadas, a tal forma que es posible determinar la coherencia de sus razonamientos, situaciones que nos llevan a establecer que si aplicó correctamente las reglas del recto entendimiento humano y por tanto debe declararse no ha lugar el presente motivo de casación. V. Decisión Se declaran no ha lugar los recursos de casación presentados por la acusación privada. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 339, 359, 360, 361, 362 numerales 2 y 3, 363, 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la abogada T. H., en su condición de Acusadora Privada, en el proceso incoado contra los señores J. A. A. L. y J. E. F. R., a quienes se les absolvió por el delito de Usurpación, en perjuicio de R. A. M. F.. Segundo: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la abogada T. H., en su condición de Acusadora Privada, en el proceso incoado contra los señores J. A. A. L. y J. E. F. R., a quienes se les absolvió por el delito de Usurpación, en perjuicio de R. A. M. F.. Tercero: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos interpuesto por la abogada T. H., en su condición de Acusadora Privada, en el proceso incoado contra los señores J. A. A. L. y J. E. F. R., a quienes se les absolvió por el delito de Usurpación, en perjuicio de R. A. M. F.. Cuarto: Declarar Firme la sentencia de fecha veintinueve de octubre del dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. J. Olivio R. V.. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. FIRMA Y SELLO. J. R. CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL”.
Extendida a solicitud del abogado J. J. H. S., en su condición de Apoderado Defensor de los señores J. A. A. y J. F., en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-237-2014.
J. R. CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE L PENAL
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[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012
[2] Cuellar Cruz, Rigoberto; Entralgo Fernández, Jesús, Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia Española de Cooperación Internacional. Honduras, Septiembre de 2004. Páginas 596 y 597
[3] Cuellar Cruz, Rigoberto; Entralgo Fernández, Jesús, Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia Española de Cooperación Internacional. Honduras, Septiembre de 2004. Páginas 598