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Sentencia CP-234-14 — Registro 8180

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de robo agravado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En ese sentido, considera esta Sala de lo Penal que se cuenta únicamente con la declaración del Agente de la DGIC D. C. S. quien requirió al imputado W. A. C. C. y manifestó que éste en un inicio le dijo que no tenía nada que ver con ese asalto, pero que si quería lo acompañaría donde él quisiera, al llegar a la posta de manera voluntaria le cuenta lo ocurrido a su compañero D. A., posteriormente se trasladan a donde tenía el dinero y donde permanecía el otro imputado M. E. G. Z.. No podemos establecer con ningún medio de prueba que el acusado W. A. C. C. se le haya obligado en manera alguna a decir lo ocurrido en los hechos, veamos que fue el propio imputado quien de manera voluntaria decide acompañar al Agente C. y ya en la posta policial también de forma voluntaria decide contar lo ocurrido, por tanto el imputado se puso en condición de sujeto de prueba al colaborar voluntariamente con la autoridad; es de hacer notar que cuando el imputado es requerido por la autoridad su condición es de sospechoso, no como detenido o persona imputado y es el acusado quien decide acompañar al agente, por tanto en ese orden de ideas no observa este Tribunal de Casación que se haya violentado en manera alguna el Derecho de Defensa o el Debido Proceso, pues fue el propio acusado quien se ofrece voluntariamente a colaborar con la autoridad. Ahora bien, en este tipo de denuncias se requiere de manera imperativa escuchar la versión del propio imputado para que nos aclara acerca de cómo decidió colaborar con la autoridad, si fue llevado como sospechoso o detenido, y si existió alguna presión para que contara lo sucedido a la autoridad, pues sólo se cuenta con la declaración de un agente que hace ver que todo ocurrió por disposición del propio imputado, al no contar con elementos de prueba necesarios para determinar la violación del Derecho de Defensa del imputado, es procedente desestimar el presente recurso de casación"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno (1) febrero del año dos mil dieciocho (2018). - El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio R. Vásquez, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 234-2014 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor M. E. G. Z., del delito de Tenencia Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Condenó a los señores W. A. C. C. y M. E. G. Z., como autores responsables del delito de Robo Agravado, en perjuicio del señor R. V. M., a la pena de seis (6) años ocho (8) meses de reclusión. Tercero: Condenó a los señores W. A. C. C. y M. E. G. Z. a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: Se declaró la responsabilidad civil de los condenados W. A. C. C. y M. E. G. Z.. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado R. A. R. Z., actuando en su condición de Defensor Público de los imputados. Son Partes: El Abogado A. A. G. en su condición de Defensor Público de los acusados W. A. C. C. y M. E. G. Z. como parte recurrente y a la Abogada D. R. en su calidad de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. I. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha doce de abril del año dos mil trece, siendo aproximadamente las cuatro de la tarde en su casa de habitación el señor R. V. M. en la que funciona una pulpería, sita en la comunidad de Potrero Grande municipio de Potrerillos, Departamento de El Paraíso, llenan con pila con agua cuando ingresaron dos personas desconocidas, quienes cubrían su rostro con pasamontañas y uno de ellos portaba un arma de fuego el cual le manifestó que no gritara porque le haría daño si lo hacía, despojándolo de la cantidad de mil cuatrocientos lempiras y su teléfono celular marca Amgoo, mientras esto sucedía el otro individuo se introdujo al interior de la residencia del señor M. y después de hacer un registro se llevó una cantidad no determinada de dinero en efectivo el cual se encontraba en un arM. de una de las habitaciones, y una vez cumplido su cometido se dieron a la fuga éstos dos sujetos. SEGUNDO: Después de sucedidos los hechos descritos se dio aviso a la policía preventiva, compareciendo a este municipio el agente D. C. S., quien se entrevistó con algunos vecinos los que le manifestaron que ello habían identificado a uno de los malhechores que se había introducido a la vivienda del señor R. M., como W. A. C. C., razón por la cual éste se hizo presente al domicilio del señor C. C., quien le salió al paso y de forma voluntaria le manifestó al señor C., que él no tenía nada que ver con lo sucedido en el domicilio del señor R. M., por lo que éste le pidió que lo acompañara hasta la posta de las Crucitas, sitio en el cual decidió trasladarlo a la jefatura número siete de la ciudad de Danlí con el objeto de investigarlo. TERCERO: Una vez ubicados en las instalaciones policiales el señor W. C. C., después de tener una entrevista con un agente de análisis le manifestó que él y el señor M. E. G. Z., eran los responsables de lo sucedido al señor R. M., razón por la cual se dio inicio a las diligencias respectivas logrando incautar en la vivienda de W. A. C. C., la cantidad de ocho mil seiscientos sesenta Lempiras en efectivo y una cartuchera color gris sin marca, y al señor M. E. G. Z., se le decomisó mil doscientos lempiras en efectivo, un celular marca Amgoo y un arma de fuego calibre treinta y ocho.” II. RECURSO DE CASACIÓN El recurrente, Abogado R. A. R. Z., formalizó su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO: Infracción del precepto constitucional contenido en los artículos 82 en relación con los artículos 1 y 90 de la misma carta magna, 8 No.2 Letra g) de la Convención Americana de Derechos Humanos, 15, 101 Nos. 3, 4, 5 y 200 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas sustantivas infringidas son los artículos 82 de la constitución de la República que establece: “Que el derecho de defensa es inviolable, asimismo dispone, que la justicia se imparte gratuitamente en nombre del Estado y que la ley dispondrá lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para atender a sus necesidades funcionales y administrativas”. Artículo 90.- Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece……..”Artículo 15.- Código Procesal Penal: “Toda persona deberá contar con la asistencia y defensa técnica de un profesional del Derecho, desde que es detenida como supuesto participe en un hecho delictivo o en el momento que voluntariamente rinda declaración, hasta que la sentencia haya sido penalmente ejecutada. Artículo 101.- Código procesal Penal.- Derechos del Imputado: No.3 Ser asistida, desde que sea detenida o llamada a prestar declaración, por un Profesional del Derecho………….; 4) A entrevistarse privadamente con su Defensor desde el inicio de su detención, incluso en la Policía Nacional y antes de prestar declaración, si así lo desea; 5) A abstenerse de formular cualquier declaración sin que esta decisión sea utilizada en su perjuicio y si acepta hacerlo, a que su Defensor este presente al momento de rendirla, lo mismo que en cualquier otra diligencia en que se requiera la presencia del imputado. Artículo 200.- Código Procesal Penal.- Pruebas Prohibidas o ilícitas: “Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos Humanos de los que Honduras forme parte, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos o que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información. Artículo 8 No.2 Letra G) de las Garantías Judiciales.- Convención Americana Sobre Derechos Humanos: “Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”. PRIMERO: Artículos estos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencias, quebrantando de esta forma el estado de inocencia de mis representados, prescindiendo de las formalidades que la ley establece para determinar la concurrencia del ánimo tendencial de llegar al delito de Robo Agravado, por una parte queremos referirnos a la valoración de la prueba de cargo consistente en la declaración del testigo D. C. S. (Policía) manifestando el A-quo que dicha prueba entre otras les hacía inferir que los señores W. A. C. C. y M. E. G., eran responsables a títulos de autores directos de un delito de Robo Agravado en perjuicio del señor R. M., en vista de la univocidad de hechos que demostraban su culpabilidad, y que en cuanto a las violaciones de derechos de los acusados planteada por los equipos defensores por parte de la policía no se demostró más allá de cualquier duda, que los acusados fueran sometidos a torturas y malos tratos por parte del declarante con el objeto de violentar sus garantías constitucionales. SEGUNDO: La defensa del imputado no comparte el criterio esbozado por el Tribunal de mérito, mas sin embargo al analizar la valoración del A-quo, específicamente la del Policía D. C. S., colige que el Tribunal sentenciador otorga eficacia probatoria a actuaciones policiales llevadas a cabo en abierta contravención a los referidos derechos, en vista que el agente de investigación Criminal que menciona el policía en referencia como D. A. le tomó declaración al imputado W. A. C. C. sin que contara con la asistencia de un abogado Defensor, resultando de dicha declaración su auto incriminación, la incriminación del otro imputado M. E. G. Z. y encontrar la evidencia decomisada a los mismos, quebrantando con ello lo estipulado en las normas constitucionales y demás afines que denunciamos como infringidas, mismas que disponen que el derecho de defensa es inviolable ; que solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente, que la obtenida con infracción de esta disposición es nula; que nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Es de hacer notar que en la declaración del policía D. C. S. entre otras cosa manifestó “……….Al señor W. me lo traje para la posta de las crucitas, ya puesto ahí le pregunté si él había participado, me dijo que no, pero le manifesté que lo iba a remitir a la posta de Danlí y que ahí lo iban a investigar me lo traje para la jefatura y ahí a otro compañero de análisis le confesó que el si había participado y que el dinero lo tenía enterrado en una vivienda, entonces nos regresamos a la aldea Potrero Grande y también confesó que no lo había hecho solo sino también con M., nos venimos y este ya no estaba en la Aldea sino que se traslado a la aldea Agua Morada, ahí lo encontramos lo requerimos y los trajimos a la aldea y ahí W. nos enseñó donde tenía enterrado el dinero, el técnico en presencia de W., los policías y los de análisis sacaron el dinero, no sé cuanto sacaron después fuimos con M. a la aldea el Obrero de Potrerillos donde tenía el arma quien la entregó no se a quien, porque me quede cuidando el carro los otros compañeros si fueron y les entregaron el arma solamente eso y de ahí nos venimos los policías de análisis hicieron el procedimiento y solamente en eso participe yo.- Sumado a esto consta que en juicio oral se le preguntó al testigo Policía de cargo D. C. que si cuando el detenido W. A. declaro en sede policial tenía un profesional del derecho que lo representara, este le contesto que no tenía. Siendo así podemos observar por una parte que tales actuaciones, es decir la recolección de la prueba decomisada constituyen prueba ilícita (Fruto del árbol envenenado), y por otra que durante la declaración del imputado señor W. A. C. el mismo no contaba con la asistencia de un profesional del derecho, lo cual conlleva la Nulidad Absoluta de todo lo actuado, sin embargo el Tribunal de Sentencias haciendo caso omiso de tales falencias procesales condena en su fallo a mis representados, siendo tal decisión una incuestionable violación a los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso que toda persona imputada posee, y en el caso de mérito, derechos que les asisten a los señores W. A. C. C. y M. E. G. Z., de donde resulta la necesidad que el vicio denunciado sea corregido mediante la sentencia que resuelva el presente recurso de casación. TERCERO: Consideramos y como se manifestó antes que el Tribunal sentenciador debió declarar nulo lo relacionado con lo del ROBO AGRAVADO, en vista que la prueba allegada a juicio era prueba ilícita (espuria) o prohibida, que es aquél medio de prueba que resulta por si mismo capaz de proporcionar elementos que permitan llegar a constatar la existencia de un hecho deducido en proceso, pero que el ordenamiento jurídico prohíbe utilizar, es decir que estaríamos ante una prueba ilícita testifical por vinculo procesal por la forma en que se obtuvo, por lo que creemos que la prueba es el elemento procesal más susceptible de ser alterada, pues su manipulación se puede dar en varios momentos: a) a la hora de formarla, b) a la hora de aplicarla; y c) al momento de decisión Judicial. Queremos manifestar que la prueba en materia penal es sinónimo de garantía y como tal debe de manejarse tanto en la fase de formación, como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarle por parte del Juzgador quien debe acudir a los más estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción (sana crítica) para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa, de ahí que cada vez que la prueba venga vulnerada y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la NULIDAD ABSOLUTA de esta. Y como es lógico, los efectos que de ella promanan, por lo que no podemos dudar que cuando el Juzgador basa su decisión en una prueba ilícita no viola la norma que disciplina el método para adquirir, aplicar o valorar la prueba, sino que viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legítimas. Si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente, debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos “VENERAR” nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. No puede aceptarse que la lucha procesal sea como una guerra en la cual el “fin justifique los medios” de manera que se pueda recurrir aun a las peores atrocidades con el pretexto de querer encontrar la verdad para aplicar la sentencia. Partimos del hecho que un testimonio es una prueba licita; una confesión es una prueba licita; pero si aquél o esta se obtiene mediante la violación a un derecho fundamental como lo es la violación a la confesión sin contar con la asistencia de un profesional del derecho, se convierte en un medio ilícito de administrar la justicia. En una palabra, será ilícito todo aquél elemento probatorio que sea consecuencia de un procedimiento irrespetuoso de las formas que la ley establece para la obtención de la prueba. El hacerlo así seria pretender hacer justicia violando la ley, lo que sería una “paradoja jurídica”, por lo que el único camino hacia la justicia es el respeto a nuestra carta magna y los únicos vehículos que nos llevaran a aquel destino son las garantías. Por consiguiente haciéndolo así haremos que sea la justicia Judicial realmente un instrumento de tutela y no un instrumento de agravio. Dicho lo anterior se colige que es una obligación del Estado y especialmente impartiendo justicia en un proceso penal el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad real, para garantizar a quién lo enfrenta, un juicio justo, el hecho de tomar en cuenta la prueba supra indicada para basar su fallo y condenar por ROBO AGRAVADO a mis representados W. A. C. C. y M. E. G. Z. manifestando el juzgador considerarla como prueba licita, esto es una flagrante violación al derecho de defensa del imputado, lo cual solo puede ser subsanado como se dijo antes a través del presente recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el Tribunal de Sentencias tomo en cuenta una prueba ilícita propuesta por el ente acusador admitida en tiempo y forma, basando por una parte su fallo el tribunal bajo el argumento que lo consideraba como prueba licita, para así condenar a mis representados por ROBO AGRAVADO en perjuicio de R. V. M., resolución con la cual no está de acuerdo la defensa de los indiciados, por violentarse no solo garantías constitucionales; sino que también convenios internacionales como ser el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso.” III. FUNDAMENTACIÓN 1) Denunció el recurrente la violación de las normas constitucionales del Derecho de Defensa y el Debido Proceso, en relación a los artículos 15 y 101 del Código Procesal Penal y 8.2.G de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; consignando como norma autorizante el artículo 361 del precitado Código Procesal Penal. Refutó el censor que en la valoración probatoria el Sentenciador no valoró adecuadamente la declaración del agente de policía D. C. S., pues de ella se establece que al imputado W. A. C. C. le fue tomada una declaración sin contar con un profesional de derecho, pues prácticamente el imputado se estaba auto-incriminando al establecer que si participó en los hechos, donde tenía el dinero y quien fue el otro acusado que le acompañó. El imputado al efectuar dichas actuaciones no contó con la asistencia de un profesional de derecho, considerándose su declaración espuria y por tanto conforme la teoría del árbol envenenado, también lo es todo lo que fue obtenido teniendo como base su testimonio. 2) El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denunciar a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro. La esencia del recurso de infracción de precepto constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 3) Esta Sala considera importante destacar que la declaración del imputado, como protagonista de los hechos descritos en la acusación, es un elemento crucial para el descubrimiento de la verdad, siempre que se rodee de las suficientes garantías para asegurar la voluntariedad de la misma, es decir, para que se preste con libertad y conocimiento de sus consecuencias. Aunque uno de los derechos fundamentales de todo menor imputado es el de no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, ello no significa en absoluto, que dicho derecho sea irrenunciable. El derecho a no declarar y a no confesarse culpable constituye un principio que resulta del valor de la libertad de toda persona sometida a un proceso criminal, prohibiendo cualquier actividad encaminada a quebrantar su integridad y libertad obligándole a declarar en un determinado sentido. Se trata de un derecho fundamental que puede ser renunciado y que cede en los casos en que el procesado o acusado decide libre y voluntariamente declarar colaborando con las autoridades judiciales en la averiguación e investigación de cualquier hecho delictivo. Hasta tal punto esta decisión es posible, que el mismo sistema legal la incentiva al establecer como una causa de atenuación de la responsabilidad criminal la confesión espontánea a las autoridades de la infracción cometida cuando no exista otra prueba directa en el proceso (vid. artículo 26 No. 9) del Código Penal). A efecto de dar una respuesta integral al planteamiento, es ineludible para esta Sala de lo Penal realizar un análisis respecto a la figura central del proceso penal: el Imputado y su relación con la prueba: a) El Imputado: el artículo 101 del Código Procesal Penal establece que imputado es toda persona a la que se le atribuya participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (Art. 84 último párrafo de la Constitución Política y Art. 101, 282.6 y 287.1 del CPP), que se da cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe; la intimación viabiliza el ejercicio de la defensa –Técnica y Material- y por ello constituye un deber a cumplir por los órganos persecutores del delito cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona cuando tenga conocimiento de estar siendo inculpada en la comisión de un delito comparezca voluntariamente (Art. 276 del CPP) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (Art. 101.11 segundo párrafo del CPP).- Como consecuencia de la intimación nace una relación jurídico procesal, dando paso a que la persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica que previo al acto de Intimación al sospechoso no le asista derecho alguno ya que ello no es así, éste por su naturaleza de persona humana comparte con los demás ciudadanos los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (Inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), pero es a partir de la Intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (Arts. 15 y 101 CPP), por ello en el acto de intimación adicionalmente el Estado tiene la obligación de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio es burlar la dignidad humana. b) La Prueba: Son innumerables los conceptos que la doctrina ha fijado para definir la prueba, casi tantos como la cantidad de acepciones que dicho término tiene en el ámbito procesal, más con ello la prueba en su acepción más genérica y puramente lógica, prueba quiere decir, a un mismo tiempo, todo medio que produce un conocimiento o probable, acerca de cualquier cosa, y en sentido más amplio y haciendo abstracción de las fuentes, significa el conjunto de motivos que nos suministra ese conocimiento. La primera es una concepción subjetiva y la segunda es objetiva[1]”, dicho de otra manera la prueba es “el conjunto de razones que resultan del total de elementos introducidos al proceso y que le suministran al Juez el conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que conforman el objeto del juicio y sobre el cual se debe decidir[2]”. Gravitan alrededor de la prueba los conceptos de objeto de prueba, sujeto de prueba, órgano de prueba, medio de prueba y elemento de prueba, mismos que para su fácil desarrollo se exponen a la inversa: i).- Elemento de Prueba: Es el dato o información que se extrae del medio de prueba como consecuencia de su valoración por el órgano jurisdiccional. ii) Medio de Prueba: Es el conducto, vía o figura procesal mediante el cual se hace llegar al proceso la fuente de la prueba y al órgano de prueba; en el Código Procesal Penal aparecen regulados un número limitado de medios de prueba, bajo la advertencia de que éste no acoge un sistema de númerus clausus y que aunque no esté regulado todo medio de prueba es permitido (Principio de Libertad probatoria) siempre que reúna dos requisitos esenciales: Que sea objetivamente confiable y que sea lícito (Art. 199 CPP). iii).- Fuente de Prueba: “Es el hecho del cual se sirve el Juez para deducir la verdad[3]”; Es la cosa o persona que se somete a estudio y que permite afirmar o descartar el objeto de prueba; iv) Órgano de Prueba: “Es el sujeto que aporta un elemento de prueba y lo transmite al proceso. Su Función es la de intermediario entre la prueba y el Juez[4]”; el órgano de Prueba no se considera como “Prueba”, sino como intermediario entre el elemento de prueba y el Juzgador, como ocurre con los testigos o los peritos. v) Sujeto de Prueba: Persona que contribuye en la reproducción de un medio de prueba; vi) Objeto de Prueba: “Es aquello susceptible de ser probado, aquello sobre lo que debe o puede recaer la prueba[5]”; la prueba en el proceso penal se ocupa de tres temas: sobre la existencia del hecho, sobre la participación del imputado y sobre las condiciones personales del imputado (Imputabilidad). c) El Imputado Frente a la Prueba: La persona imputada puede presentarse frente a la prueba como un objeto de prueba o como un sujeto de prueba: i) El Imputado es objeto de prueba cuando se considere a su entidad corporal como fuente de datos que faciliten la investigación penal, adoptando una posición pasiva frente a la actividad probatoria (Art. 107 del CPP). Las normas constitucionales y procesales exigen la concurrencia de requisitos muy puntuales y la observancia de procedimientos rigurosos a efectos de tener al imputado como objeto de prueba, cuya inobservancia no solo hacen estéril la actividad probatoria a consecuencia de su ilicitud, sino que además podrían implicar la comisión de delitos en perjuicio de la persona del imputado. ii) El Imputado actuará como sujeto de prueba cuando para la obtención de un elemento probatorio se requiera su participación activa, por lo que en acatamiento al artículo 88 de la Constitución de la República, ésta participación debe de ser libre y voluntaria. Ampara la anterior consideración el Principio-derecho de la presunción de inocencia, contenido en el artículo 89 de la Constitución, siendo la obligación del Estado, a través del órgano acusador, destruir la misma con la aportación de medios de prueba suficientes, sin que el imputado esté obligado a contribuir a dicha aportación, por ello el artículo 88 Constitucional establece que “No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Nadie puede ser obligado en asunto penal… a declarar contra sí mismo…”. La participación del imputado como sujeto de prueba es un acto de defensa material, pero además es una fuente de prueba que debe de ser valorada en contraste con la demás, aun cuando se trate de una declaración donde se confiese su participación en el delito o si se trata de una declaración donde se plantee una coartada. El Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece el derecho de toda persona imputada de ser oída por autoridad competente, lo que conlleva obligación correlativa de esa autoridad de escucharla y examinar no sólo su declaración sino que cualquier otro acto que realice como sujeto de prueba de conformidad a las funciones del órgano persecutor del delito que la reciba y el momento procesal que se realice, examen que puede resultar en una valoración positiva o negativa para los intereses del encausado. 4) En ese sentido, considera esta Sala de lo Penal que se cuenta únicamente con la declaración del Agente de la DGIC D. C. S. quien requirió al imputado W. A. C. C. y manifestó que éste en un inicio le dijo que no tenía nada que ver con ese asalto, pero que si quería lo acompañaría donde él quisiera, al llegar a la posta de manera voluntaria le cuenta lo ocurrido a su compañero D. A., posteriormente se trasladan a donde tenía el dinero y donde permanecía el otro imputado M. E. G. Z.. No podemos establecer con ningún medio de prueba que el acusado W. A. C. C. se le haya obligado en manera alguna a decir lo ocurrido en los hechos, veamos que fue el propio imputado quien de manera voluntaria decide acompañar al Agente C. y ya en la posta policial también de forma voluntaria decide contar lo ocurrido, por tanto el imputado se puso en condición de sujeto de prueba al colaborar voluntariamente con la autoridad; es de hacer notar que cuando el imputado es requerido por la autoridad su condición es de sospechoso, no como detenido o persona imputado y es el acusado quien decide acompañar al agente, por tanto en ese orden de ideas no observa este Tribunal de Casación que se haya violentado en manera alguna el Derecho de Defensa o el Debido Proceso, pues fue el propio acusado quien se ofrece voluntariamente a colaborar con la autoridad. Ahora bien, en este tipo de denuncias se requiere de manera imperativa escuchar la versión del propio imputado para que nos aclara acerca de cómo decidió colaborar con la autoridad, si fue llevado como sospechoso o detenido, y si existió alguna presión para que contara lo sucedido a la autoridad, pues sólo se cuenta con la declaración de un agente que hace ver que todo ocurrió por disposición del propio imputado, al no contar con elementos de prueba necesarios para determinar la violación del Derecho de Defensa del imputado, es procedente desestimar el presente recurso de casación. IV. DECISIÓN Por las razones antes expuestas se declara no ha lugar el presente Recurso de Casación. V. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Único: Declarar No Ha Lugar el Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuestos por el abogado R. A. R. Z. en su condición de Defensor Público de los imputados W. A. C. C. y M. E. G. Z. a quienes se les condenó del delito de Robo Agravado en perjuicio de R. V.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado Coordinador. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada. JOSÉ OLIVIO R. VÁSQUEZ. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ R. C. FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha uno de febrero del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-234-2014.

JOSÉ R. C. FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SP 234-2014 2

[1] Florian, Eugenio; De las Pruebas Penales, Tomo I, Tercera Edición, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pag 43.

[2] Jauchen, Eduardo; La Prueba en Materia Penal, Primera Edición, Editorial Rubinzal-Culzoni, San Fe, Argentina, 1992, Pag 17.

[3] Carnelutti, citado por Huertas Martin, Isabel, El sujeto pasivo del Proceso Penal como objeto de la prueba, Primera Edición, Editorial Bosch, Barcelona, España, 1999. Pág. 29.

[4] Cafferata Nores, José I, La Prueba en el Proceso Penal, Reimpresión de la Primera Edición, Ediciones Depalma, Buenos Aíres, Argentina, 1988. Pag. 20.

[5] Cafferata Nores, José I, op. Cit. Pag 22.