Sentencia CP-228-14 — Registro 8178
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por el delito de Facilitación del Local para el Transporte o Tráfico de Sustancias Prohibidas (Pseudoefedrina)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión del cuadro fáctico declarado como probado, para determinar si en los mismos encontramos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de facilitación de local para el transporte o tráfico de sustancias prohibidas (Pseudoefedrina). Según el relato de hechos la policía nacional del Municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua, recibió una denuncia anónima en el cual informaban de un escándalo público por el Municipio de Taulabé, al llegar al lugar encontraron algo inusual, un terreno en el cual se encontraban varios vehículos de maquinaria pesada y al inspeccionar se percató que un camión de carrocería de madera tenía un compartimento falso en el cual se encontraron 74 paquetes de pseudoefedrina; dicho predio donde se encontró el vehículo junto con la droga, estaba en poder y administración del señor J. A. M. F., quien tenía estacionado dicho vehículo. Estos hechos sin lugar a dudas establecen la responsabilidad del imputado J. A. M. F. en el delito por el cual fue condenado, que es facilitar un local para el tráfico de drogas, al tener bajo su poder y administración el terreno donde fue encontrado el camión, deviene en la obligación de saber a quién pertenecía dicho automotor, parece increíble la versión del imputado y sus testigos, al afirmar que ese camión fue dejado por un desconocido y que habían pasado 5 o 6 meses y no había regresado; esta circunstancia es totalmente inverosímil, puesto que todo mecánico que conozca de su oficio, no permitiría el ingreso de un automotor a su taller, si no es porque ha pactado con el dueño su reparación, pero en el caso de autos advierten que el supuesto dueño lo dejo abandonado, si en efecto eso sucedió lo correcto era que el imputado denunciara tal situación puesto que podía ser robado, sin embargo el silencio del acusado durante tanto tiempo llevan a la convicción que conocía perfectamente el compartimiento falso del mismo y la droga que en ella se contenía. En ese orden de ideas existe correspondencia entre los hechos probados y la norma penal utilizada por el Sentenciador, por tanto, es procedente declarar no ha lugar el presente recurso de casación
Jerarquía: Reiterativa
..."Resulta evidente para esta Sala de lo Penal, la inadecuada técnica recursiva del censor al momento de plantear y desarrollar su recurso, pues ha denunciado el quebranto a las reglas de la sana crítica, pero no ha sido capaz de señalar de manera puntual cuál regla consideró violentada y cuáles fueron esos razonamientos supuestamente erróneos del Juzgador; todo lo contrario efectuó una revaloración de las pruebas efectuadas, argumentando cómo a su criterio se debieron razonar las probanzas, proceso mental que no es permitido en esta etapa casacional, puesto que por el Principio de Inmediación es el A-quo a quien le compete la valoración de las pruebas, ya que ha sido él quien ha tenido contacto con ellas y su desarrollo. Sin embargo tal como lo establecimos en el motivo anterior, el control de convencionalidad obliga a los Tribunales de la República, a acatar lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de lo sencillo y eficaz del recurso y del derecho de las personas condenadas a que un Tribunal Superior revise su fallo, es por tal circunstancia que se procederá a revisar los juicios de valor que utilizó el Sentenciador para razonar las pruebas y determinar si en efecto se quebrantaron las reglas de recto entendimiento humano o por el contrario fueron aplicadas de manera correcta. En el acápite valoración de la prueba, el Juzgador razonó en su numeral primero, la declaración de D. A. M. C., quien es agente policial y quien descubrió el compartimento secreto en el vehículo así como la droga, el A-quo estableció que con este testimonio se lograba constatar el día y lugar en que sucedieron los hechos, el motivo por el cual la policía se traslada hasta ese sitio y cómo se descubrió en el camión unas tablas levantadas y unos paquetes que, por la experiencia policial les advertía que podía ser droga, esperando a los técnicos de inspecciones oculares para evitar la manipulación de los indicios encontrados, procediendo a resguardar la escena, testimonio al cual el A-quo le concede valor probatorio y credibilidad. En el numeral segundo encontramos la valoración que hizo el Sentenciador del testigo S. M. G. M., de quien afirma que su testimonio corrobora el dicho del otro agente de policía D. A. M., pues acudió a darle apoyo a su compañero, afirmó que en el predio en efecto se encontraba la volqueta y en esta un compartimento falso en el cual había droga, por lo que se le concedió confiabilidad y credibilidad a su testimonio, concediéndole valor probatorio. En el numeral tercero el Juzgador valora el acta de inspección ocular y en el numeral cuarto las actas de inspección y decomiso del vehículo; con los cuales se tiene por acreditado la droga decomisada (74 paquetes), el lugar donde se encontraba, el vehículo decomisado y que el predio donde fue encontrado era propiedad del señor J. A. M. F.; documentos que, al no ser controvertidos con otra prueba, el Juzgador les concedió pleno valor probatorio. Analiza esta Sala de lo Penal, que los razonamientos esgrimidos por el Sentenciador son coherentes, lógicos y derivados del legajo probatorio, mismos que son el resultado de la valoración conjunta y armónica de las probanzas evacuadas en el juicio y en cuyos juicios de valor se observa la aplicación irrestricta de las Reglas de la Sana Crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. IV. DECISIÓN Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada del imputado J. A. M. F.. V
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
nformes sobre un mismo asunto” CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley número SP 228-2014 y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha once de diciembre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia con competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor J. A. M. F., a la pena de seis (06) años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras (Lps.50,000.00), por el delito de Facilitación del Local para el Transporte o Tráfico de Sustancias Prohibidas (Pseudoefedrina), en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. 2) Condenando al señor J. A. M. F., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. 3) No declaró la responsabilidad civil del imputado J. A. M. F.. 4) No condenó en costas procesales, ni personales ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado M. J. A. C., en su condición de Defensor Privado del señor J. A. M. F.. Son Partes: El Abogado M. J. A. C. en condición antes indicada como parte recurrente y la Abogada L. Y. C. S., en su calidad del Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. I. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha 21 de enero del año 2012, en horas de la madrugada, el sub comisario de Policía D. A. M. C., asignado a la posta policial del Municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua, recibió una llamada anónima en la cual le informaban sobre un escándalo público en el municipio de Taulabé, por lo que se trasladó hasta el sitio indicado por la persona que le realizó la llamada, llegando inicialmente a un lugar en el cual un individuo le indicó que no era en ese sitio donde había ocurrido el escándalo, señalándole que era en el predio contiguo, en el cual, al llegar encontró una situación inusual, un terreno en el cual se encontraban varios vehículos de maquinaria pesada, y al inspeccionar se percató que un camión color blanco, con carrocería de madera, placa PAN3112, tenía un compartimiento falso en el cual se encontraron 74 paquetes de Pseudoefedrina, sustancia utilizada para la preparación de metanfetaminas, la cual ascendía a un total de 97,612.55 gramos. SEGUNDO: El predio en el cual se encontraba el camión conteniendo la sustancia Pseudoefedrina, se encontraba en poder y administración de J. A. M. F. quien tenía estacionado allí dicho vehículo, el cual se encontró en mal estado.” II. RECURSO DE CASACIÓN El recurrente Abogado M. J. A. C., actuado en su condición de Defensor Privado del imputado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. MOTIVO UNICO: Por haber recurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal. El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DE MOTIVOS. Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar el vicio in indicando en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efecto de este motivo se cita como infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal, Regla Cuarta numeral 3 que establece los requisitos de la Sentencia específicamente la fundamentación Jurídica que dice: En párrafo también separados y numerados se consignaran de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación legal de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas, y de las penas que se impongan en caso de condena así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas u otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados.” Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforma a las Reglas de la Sana Crítica, llevándolo a dejado abierto y forzado en un supuesto compartimiento falso, del cual el señor J. A. M. tenía conocimiento alguno, razón por la cual en horas de la mañana se presenta a su predio ya que se encontraba la policía y es en ese preciso momento que proceden a su aprensión. ERROR IN IUDICANDO POR INTERPRETACION ERRONEA DE LA NORMA SUSTANTIVA, QUE PERMITE RECURIR LA SENTENCIA INJUSTA DICTADA POR EL ORGANO SENTENCIADOR. El Sentenciador incurre en un grave error de disconformidad de sus ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas, es una apreciación falsa de lo que ocurre; el error es una falsa idea que tenernos de algo que no resulta ser tal cual lo creemos. Para S. T. R. el error es una deformidad entre el ser de un objeto tal como es advertido y el ser mismo objeto de la realidad….., entonces el error consiste en la diferencia que hay entre la presunción y la realidad, entre el conocimiento y la verdad. Ver S. T. R., Teoría del Hecho Punible, Bogotá. Librería del Profesional. 1980. Pag.39). Para JESUS IGNACIO SARCIA VALENCIA, puntualiza que el error de todas maneras es un problema de conocimiento, la ideo-representación no corresponde a lo que acontece en el mundo objetivo. (Ver Jesús Ignacio Sarcia Valencia, Las Causales de Inculpabilidad, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe Bogotá 1194, Pag.134). Al establecer el A-quo como hecho probado lo antes mencionado, es claro y evidente que el Tribunal Sentenciador en la fundamentación jurídica interpretó erróneamente la Ley especial en su artículo 19 relacionado con los artículos 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y sustancias. sicotrópicas que se refiere a la facilitación de medios de trasporte, cuando decide declarar culpable a mi representada y la condena por el delito de facilitación de medios de trasporte o tráfico de sustancias prohibidas (pseudoefedrina) por existir un supuesto Dolo Directo y su participación a título de autor, situación que no logró probar el ente acusador. Para ser responsable de la comisión de un delito penal, es necesario tener participación en el mismo, ya sea a título de autor o coautor, y esa participación en la comisión del delito debe ser dolosa o culposa; Genéricamente por DOLO simplemente se entiende como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. De esta definición se desprende que el dolo está constituido por dos elementos: A.- ELEMENTO INTELECTUAL: Para actuar dolosamente el sujeto de la acción debe saber que es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como acción típica, es decir los elementos objetivos del tipo: sujeto, acción, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto material; el conocimiento que exige el dolo es un conocimiento actual, no bastando uno meramente potencial, es decir el sujeto ha de saber lo que hace, no basta con que hubiera debido o podido saberlo. B.- ELEMENTO VOLITIVO: Para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, además, querer realizarlos.- El elemento volitivo supone voluntad incondicionada de realizar algo típico) que el autor cree que puede realizar. (Ver Muñoz Conde en la obra supra indicada páginas 269, 270, 271, 272). Atendiendo la mayor o menor intensidad de estos elementos (intelectual o volitivo) tradicionalmente la jurisprudencia distingue entre dolo directo y dolo eventual- DOLO DIRECTO: El autor quiere realizar precisamente el resultado (en los delitos de resultado) o la acción típica (en los delitos de simple actividad: el autor quería matar y mata, quería dañar y rompe la cosa, etc. DOLO EVENTUAL: El sujeto se representa el resultado como de probable producción y, aunque no quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo su eventual realización- El sujeto no quiere el resultado, pero cuenta con él, admite su producción, acepta el riesgo. (Ver- idem Págs. 272 y 273). El párrafo segundo del artículo 13 de nuestro Código Penal establece que: “el delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan”. La primera parte de la definición anterior constituye lo que se llama dolo directo, mientras que la segunda parte se refiere lo que la jurisprudencia conoce como dolo eventual. Por lo que queda totalmente probado en el presente juicio que mi representado el señor J. M., nunca tuvo participación directa ni indirecta en la presente causa es más aun nunca tuvo conocimiento que dicho camión tuviera algún compartimiento falso o que dentro del interior se encontraba almacenada la pseudoefedrina que fue encontrada no porque se le vinculara o se denunciara que el señor J. se dedicara al negocio, sino por la denuncia anónima en la cual se establecía que varias personas armadas se encontraban en el predio, en ningún momento se investigó la hipótesis de pensar que alguna persona le quería hacer daño o vincularlo algún tipo de actividad ilícita por enemistad o envidia, ya que siempre ha sido una persona trabajadora, es más aun nunca se buscó a V. A. para comprobar la tesis que declara mi patrocinado de establecer que él lo único que iba a realizar era una transacción del camión pero que eso nunca se concretó por cual del dueño y que más bien había dejado botado ese vehículo en el predio de mi patrocinado PARECER DE LA DEFENSA: Es claro y evidente que de conformidad a la Doctrina penal actual, el A-quo interpreto erróneamente la aplicación de los conceptos de Dolo Autoría y Delito. Para el Tribunal Sentenciador en el caso sometido a juicio oral y público, analizando el cuadro fáctico que se desprende de la prueba evacuada, se desprende lo siguiente: a).- El señor J. A. M. F. fue aprendido en el momento que este se presenta al predio para saber qué era lo que sucedía y se identifica como el encargado y administrador del mismo sin tener conocimiento hasta ese momento lo que sucedía, a mí representado en ningún momento le pudieron probar que el proporcionara su predio para mantener vehículos que fueran destinados para ese fin o más aún que el colaborara directamente con ese propósito. Tal como se aprecia mi representado J. A. M. F., en cuanto al delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRANSPORTE O TRÁFICO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS (PSEUDOEFEDRINA) que le imputa, no tuvo ninguna participación directa o indirecta, y no se vincula con alguna organización, por lo que no encontramos el grado de participación de mi representado en el ilícito penal siendo objeto de una Sentencia Injusta por el Sentenciador, al aplicar incorrectamente la norma penal especial. Por tal razón no se probó que mi representado haya participado en el delito, no existe prueba de cargo alguna que directamente incrimine a mi representada como autor del delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAPOSTE O TRAFICO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS (PSEUDOEFEDRINA), no se probo en el juicio que J. A. M. F., financiara, trasportara, comprara o separara la pseudoefedrina de la cual se habla en este juicio, más bien fue sorprendido con el halago realizado por estas personas que irrumpen violentamente en el predio y que ellos si tenían el conocimiento perfecto de donde se encontraba dicha pseudoefedrina, el sentenciador no es claro en sus considerandos, en cuanto no plasma de forma clara y sucinta en qué momento era que la encartado colaborara con esta supuesta organización. Por lo que se vuelve prudente buscar el saneamiento del error indicando por infracción de Ley, por interpretación y aplicación errónea por el A-quo de preceptos sustantivos, como lo es el artículo 13 párrafo Segundo del Código Penal Vigente que se relaciona con el Dolo Directo, artículos 31 y 32 del Código Penal que se relaciona a la forma de participación de la imputada, y que su participación fue a título de autor artículo 37 del Código, subsumiendo la supuesta participación de J. A. M. F. en base al artículo 22 de la Ley especial SOBRE EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, considera el A-quo queda fijando como indicio fuerte el hecho que el señor J. A. M. F. tenia pleno conocimiento de lo que contenta el camión haciendo una aseveración propia y no valorando armónicamente la prueba en base a la Lógica, lo que no es congruente con lo demostrado en juicio, y será a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley que la Suprema Corte de Justicia debe dictar una nueve sentencia en apego a derecho, en la que se deba absolver de toda responsabilidad penal al señor J. A. M. F., ya que mi representado es inocente del delito imputado. Existiendo y haciendo referencia que en el presente caso solo existió evidencia circunstancial y no evidencia directa que relacionara a mi representado como partícipe de un ilícito, ya que esta defensa se pregunta el porqué si existen personas con nombre y apellidos reconocidos no fueron puestos a la orden de las autoridades, violentando el artículo 101 del Código procesal penal en el que se establece que toda persona desde el primer momento que está siendo investigado debe de ser notificado para que aporte todas las pruebas de cargo como de descargo para saber si es participe o no de una conducta delictiva o contraria a derecho, pero en nuestra sociedad es al contrario primero se le juzga y luego se le da la oportunidad de defenderse, porque lo reitero no existió otro elemento de prueba que pudiera dar credibilidad a todo lo relatado por el testigos que establezca que mi representado si estaba consciente de lo que el camión mantenía en un compartimiento oculto que este poseía.” El recurrente Abogado M. J. A. C., actuado en su condición de Defensor Privado del imputado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. UNICO MOTIVO: EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. MOTIVO UNICO: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al Sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Para facilitar la comprensión del escenario donde se desarrolla el hecho enjuiciado nos permitiremos recordar que: PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación, se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. Para los efecto de este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal, en la parte que dice: “Las pruebas serán valoradas conforme a las regias de la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida de manera conjunta y armónica toda la prueba producida.” Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador no valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, llevándolo a formar su convicción sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, por lo que lo llevo a incurrir en un error improcedendo. El órgano jurisdiccional en base al error de apreciación de la prueba producida en juicio, señaló en la sentencia que ahora se recurre, que los hechos por los cuales se Juzga al señor J. A. M. F.. El mismo sentenciador admite en sus conclusiones que en el presente caso no existe prueba directa, Únicamente existen indicios circunstanciales de participación del encartado, indicios que finalmente valorados llevan al Juzgador a determinar el grado de participación de J. A. M. F., pero nunca hubo elementos de prueba que lo vincularan directamente en el presente caso. SANTIAGO SENTIS MELENDO, en su obra la prueba, Buenos Aires. 1978, Pág. 346, dice: El indicio no es una cantidad de prueba: tampoco es un medio de prueba en especial, va que puede estar constituido por cualquier elemento probatorio. Contemplarlo cuantitativamente constituye un error, una visión equivocada: pero es mayor el que significa ver en el indicio un medio de prueba especial. G. P. G., en su obra de la Casación y la revisión Penal, segunda adición Bogotá dos mil tres Pag.387 y 388. Considera que las formas de censura, en tratándose de indicios puede darse, a saber respecto: Del hecho indicador,(cuando no éste probado, cuando se trata de impugnación del hecho indicador, porque no esté probado, ha lugar a la censura de vía de error de hecho por falso juicio de existencia, por suposición probatoria, para el caso por ejemplo cuando la prueba que supuestamente soporta el hecho indicador, no tenga existencia material en el proceso.- Si analicemos los medios de prueba llevados a juicio, vemos que no obra ningún indicio como ser: a) Que se le haya decomisado directamente al señor J. A. M. F. otro elemento con el que se le vincule directamente a la compra, distribución, adquisición o fabricación de dobles fondos en vehículos o compra de pseudoefedrina; b) Que exista una investigación en la cual se manifieste que el imputado era la persona encargada de realizar todos los movientes de proporcionar financiamiento, compra, separación y transportación de la pseudoefedrina. c) No obra ningún indicio en el que se manifieste que a mi representado visitara , farmacias o droguerías para comprar pseudoefedrina o medicamentos que tuvieran este componente, esencial para la elaboración de drogas sintéticas o mucho menos que el empleara personas para hacerlo, d) únicamente relacionar al encartado con el delito imputado, por un hallazgo inesperado en el cual fue sorpresa para mi propio patrocina, tal y como quedo acreditado con su propio testimonio así como los testimonios de los testigos de cargo de los cuales se desprende que en ningún momento se pudo comprobar el pleno conocimiento o la voluntad de almacenar o facilitar el local para almacenar sustancias prohibidas. ERROR IMPROCEDENDO. Para demostrar el vicio o error en que incurrió el órgano Juzgador, procederé a transcribir las declaraciones de los testigos de cargos presentados por el Ministerio Público de la República y los de esta defensa, para hacer posteriormente un análisis de lo que debió haberse valorado. El Ministerio Público, ofertó en juicio la declaración testifical de dos personas supuestamente conocedores de los hechos siendo estas personas las siguientes: PRUEBA TESTIMONIAL. 1.- TESTIGO D. A. M. C.. 2.- TESTIGO S. M. G. M.. VALORACION DE LA PRUEBA DE CARGO. Para esta defensa la declaración de cargo de los testigos de cargo D. A. M. C. y S. M. G. M. establecen que en todo momento llegan al sitio denuncia por un escándalo público, pero que en ningún momento se denuncia que en dicho predio se tuviera conocimiento de que se estuvieran realizando actividades ilícitas, sino que se recuerda la teoría del árbol que da el fruto envenenado, y que establecen en dichas declaraciones que el hallazgo realizado también toma por sorpresa al imputado que llega a las 7 u 8 de la mañana para informarse de lo sucedió en el predio que el administra, testimonios que sirven para ratificar la tesis que mi representado no ha tenido partición alguna en dicho ilícito más bien es una víctima más del presente caso ya que se ha dedicado a laborar honradamente en nuestro país. ANALISIS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Y PERICIAL DE CARGO. En cuanto a la prueba Documental, la introducción del acta de inspecciones oculares al juicio, carece sustento legal, ya que la misma arroja ningún elemento de identificación de los hechores junto con el álbum fotográfico, para la defensa carecen de legalidad probatoria en contra de mi patrocinado, toda las evidencias presentada es circunstancial y no liga directamente al señor J. A. M. F. en el ilícito ya que esto causa indefinición y viola el principio del debido proceso consignado en el artículo 90 párrafo primero Constitucional y que dice “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” Y violente consecuentemente los artículos 135 147 15 y 16 del Código Procesal Penal en cuanto al derecho de defensa se refiere y a la representación legal de su defensor en todos los actos en los cuales se tenga por objeto incorpore prueba al proceso en cualquier etapa del juicio. HECHO POR EL CUAL SE CONSIDERA EL ERROR IMPROCEDENDO. Después de haber hecho una trascripción de la prueba durante el debate del juicio oral, se puede señalar claramente que el A-Quo al condenar a mi representado J. A. M. F. por el delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRANSPORTE O TRAFICO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS (PSEUDOFEDRINA) en perjuicio LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS supuestamente por haber actuado mi representado mediante un plan preconcebido, lo que considera el Tribunal como dolo directo, y su participación fue a título de autor. Valoración de la Prueba que lleva a un vicio improcedente de parte del Juzgador: La valoración de la prueba constituye, indudablemente, una operación fundamental, de gran importancia en todo proceso y, más aún en el proceso penal, puesto que de ella depende que el Tribunal llegue o no a una certeza; es decir va a determinar el carácter absolutorio o condenatorio de la sentencia para el acusado, sin lugar a duda esta defensa no hubiese hecho uso de este recurso si el tribunal hubiera aplicado la normativa penal de una forma correcta. Velando por el respeto y cumplimiento de las garantías constitucionales de nuestro Estado de Derecho, como habla el tratadista FRANCESCO CARRARA en su libro clásicos del Derecho Penal que establece que la SOCIEDAD no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable de la ley eterna. La autoridad no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable de la sociedad. El derecho de Punir no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable de la autoridad. Cadena de medios indisolubles. Emanaciones todas del principio absoluto, y todas convergentes a la armonía universal. De tal manera, el derecho de punir se remonta a dos grandes principios: la Justicia absoluta y la defensa de los derechos del hombre La necesidad de la defensa en la causa primera del derecho de punir. La justicia determina los límites y la medida del mismo. Porque remontamos a lo establecido por este tratadista, ya que el Ministerio Público pierde su dirección dentro del papel que tiene dentro de la sociedad que no es tan solo el de acusar, sino que también el de defender. Esta valoración de la prueba, como dice R. V. A. “tiene por objeto establecer la utilidad y legal de las diversas, pruebas que se han incorporado al proceso penar - En nuestra ley procesal, se produce en momentos precisos, como en la etapa intermedia, antes de que se dicte el auto; o después de la audiencia de juzgamiento; en el Juicio, como paso previo al momento de dictarse sentencia”. J.G. F.I en lo que se refiere a la valoración de la prueba dice que “Es una operación intelectual, destinada a establecer la eficacia condicional de los elementos de la prueba recibidos….es en este momento en donde el juez, no sólo pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría y experiencia; sino sobre todo su honestidad”. La valoración de la prueba determina el resultado que se infiere de la práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo caso se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción judicial), o negativo, al no alcanzarse dicho fin. No existe ninguna acción para considerar que mi representado es el autor del delito que se le imputa, los indicios que el A-quo manifiesta que se relacionan entre sí en forma coherente y concomitante y que dan lugar a una univocidad de indicios los que están debidamente probados, es un error del Sentenciador al no valorar la prueba en todo su conjunto, puesto que se prescindió de la declaración más importante y toral que era la de la otra persona que aprecio lo sucedido. Si el órgano jurisdiccional sentenciador hubiese valorado de manera conjunta y armónica toda la prueba antes señalada, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, del criterio racional o del criterio humano; es decir, de acuerdo con las reglas de la lógica, la psicología, de la sociología y las máximas de la experiencia, hubiese llegado a la conclusión final y sin lugar a duda bajo una operación intelectual razonada, que mi representado J. A. M. F., no ejercito ninguna acción tendiente a quebrantar su principio de inocencia. Por lo cual vuelvo a traer a colación las palabras del tratadista FRANCESCO CARRARA, al decir muy puntualmente con palabras que se describen textualmente: Así, pudo echar amplias raíces el sentimiento de respeto que se debe al ciudadano aunque este acusado de un crimen, y junto con la caridad hacia el infeliz sobre el que pende una acusación creció el respeto a los sagrados derechos de la defensa, cuyas potestades deben de constituirse sobre la base de la igualdad con las potestades de la acusación para disminuir lo más que sea posible el peligro de la condena de un inocente, en lo cual no solo existe daño privado, sino el grave daño social d la impunidad del culpable. Deben trazarse los límites de los poderes de la acusación, o sea que se induzca engaño a la justicia por exceso de celo o miras ambiciosas. Y habiendo ocurrido lo contrario, por la falta de aplicación de las Reglas de la Sana Crítica al momento de la valoración de la prueba, bajo aspecto importantes de la recta razón del ser humano la Lógica y la Psicología sin olvidar las reglas de la sociología es necesario requerir al amparo vía recurso de Casación por Quebrantamiento de la Forma ante la Corte Suprema de Justicia a través de su sala Especializada del área penal y que al producirse la revisión del motivo y del precepto autorizante, se anule de plano la sentencia y se absuelva a mi representada del delito imputado. Por todo lo antes descrito es que se considera que el Tribunal de Sentencia incurrió en un error procediendo por violación de los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal, ya que estos enunciados jurídicos le ordenan al A-quo, que las pruebas serán valoradas conforme a las regias de la sana critica Y que El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, situación que no sucedió en los autos de merito. Ahora bien, si bien es cierto el Juzgado tiene la potestad de valorar bajo la libre convicción, esta valoración debe ser fundada en hechos que hayan quedado debidamente demostrados con el desfile de la prueba, es decir, no debe ser una valoración arbitraria. sino por el contrario, bajo criterios objetivos que no permitan de valoraciones erróneas que es el caso que ahora nos permite recurrir ya que el Tribunal de Sentencia al emitir su criterio sobre valoración de la prueba lo hace de manera individualizada y no conjunta y armónica, y eso los llevo a apreciar y valorar incorrectamente la prueba, al exponer que la prueba evacuada en el debate del Juicio oral demostró que mi representado J. A. M. F. no actuó con conocimiento y aceptación del resultado, a titulo de autor y que esa es la convicción a la que llegaron, lo que pone de manifiesto la valoración individualizada de la prueba en franca violación de los artículos 202 y 35 del Código Procesal Penal y que ahora autoriza a la Defensa de J. A. M. F. para recurrir mediante este Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, y es por todas estas circunstancias que rodean el entorno de este caso AL VER EL BACIO DE LA INVESTIGACION Y LA FALTA DE OBJETIVIDAD y EFICIENCIA, por tal razón refiero las palabras nuevamente del tratadista FRACESCO CARRERAS al decir: Yo también pienso que es un error unificar en el solo principio moral la génesis del derecho punitivo, porque en ellos se transmuta la función práctica del magisterio penal, impulsándolo a la Dirección INTERNA del hombre, con evidente exceso que sobrepasa el FIN al cual está dirigido, y sometiéndolo a las indefinidas exigencias del ascetismo, al decir LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL NO ES, POR LO TANTO UNA CIENCIA CON LA CUAL SE ANDE BUSCANDO LO QUE UNO U OTRO LE PLACE ESTABLECER ES EL DESENVOLVIMIENTO DE PRINCIPIO DE RAZON ETERNA; ES LA BUSQUEDA DE VERDADES ABSOLUTAS.” III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Rectificación: Según el artículo 370 del Código Procesal Penal, al existir un error material en la transcripción de la Sentencia que no afecta la parte resolutiva de la misma, el Tribunal podrá enmendarlos de oficio. Analiza esta Sala de lo Penal que el juzgador en el preámbulo de su fallo consignó el nombre del imputado como M. A. M. F., pero en el resto de su sentencia lo consigna como J. A. M. F., mismo error comete el defensor del imputado en su escrito de interposición de recurso de casación. Este Tribunal de Casación encuentra a folio 169 del expediente de mérito, la fotocopia de la Certificación de Acta de Matrimonio del ahora acusado y el nombre que en ese documento aparece consignado es J. A. M. F., misma situación encontramos a folio 381 en la Constancia de Antecedentes Penales del mismo acusado; ambos documentos son extendidos por instituciones públicas cuyos datos se encuentran actualizados y corroborados, por tanto no es posible dudar de su autenticidad; en tal virtud es necesario hacer la salvedad que, cuando en la referida sentencia se mencione al acusado como M. A. M. F., se entenderá que hace referencia al acusado J. A. M. F.. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo. 1) Expresó el recurrente que el Sentenciador incurrió en infracción de precepto penal, consignando como norma autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que el Juzgador incurrió en interpretación errónea del artículo 19 relacionado con el 22 de la Ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas. Explicó el impetrante que el Juzgador consideró culpable al imputado J. A. M. F. por existir un supuesto dolo directo y su participación a título de autor, situación que no logró probar el ente acusador, puesto que, para ser responsable de la comisión de un delito es necesario tener participación en el mismo, ya sea a título de autor o coautor, ya sea de forma dolosa o culposa. Argumentó además que quedó probado en el juicio que el acusado nunca tuvo participación directa ni indirecta en la presente causa, pues desconocía que el camión tenía un compartimiento falso o que dentro de su interior se almacenaba pseudoefedrina. 2) Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal observa la inadecuada técnica recursiva del censor, puesto que si bien señaló la norma sustantiva que supuestamente aplicó incorrectamente el Juzgador, al momento de desarrollar su recurso, utilizó argumentos como establecer que no se probó la participación del imputado en los hechos o que no sabía de la existencia del compartimento falso del camión, estos argumentos no son propios de un recurso de casación donde se denuncia la aplicación o interpretación de normas sustantivas. En este tipo de recursos el impetrante debe centrarse únicamente en la fundamentación fáctica (Hechos probados) de la Sentencia, para determinar si en los mismos están conformados los elementos objetivos y subjetivos de todo tipo penal, es decir si existe correspondencia entre lo narrado por el Juzgador y la norma penal utilizada. 3) Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso. Por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. 4) A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión del cuadro fáctico declarado como probado, para determinar si en los mismos encontramos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de facilitación de local para el transporte o tráfico de sustancias prohibidas (Pseudoefedrina). Según el relato de hechos la policía nacional del Municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua, recibió una denuncia anónima en el cual informaban de un escándalo público por el Municipio de Taulabé, al llegar al lugar encontraron algo inusual, un terreno en el cual se encontraban varios vehículos de maquinaria pesada y al inspeccionar se percató que un camión de carrocería de madera tenía un compartimento falso en el cual se encontraron 74 paquetes de pseudoefedrina; dicho predio donde se encontró el vehículo junto con la droga, estaba en poder y administración del señor J. A. M. F., quien tenía estacionado dicho vehículo. Estos hechos sin lugar a dudas establecen la responsabilidad del imputado J. A. M. F. en el delito por el cual fue condenado, que es facilitar un local para el tráfico de drogas, al tener bajo su poder y administración el terreno donde fue encontrado el camión, deviene en la obligación de saber a quién pertenecía dicho automotor, parece increíble la versión del imputado y sus testigos, al afirmar que ese camión fue dejado por un desconocido y que habían pasado 5 o 6 meses y no había regresado; esta circunstancia es totalmente inverosímil, puesto que todo mecánico que conozca de su oficio, no permitiría el ingreso de un automotor a su taller, si no es porque ha pactado con el dueño su reparación, pero en el caso de autos advierten que el supuesto dueño lo dejo abandonado, si en efecto eso sucedió lo correcto era que el imputado denunciara tal situación puesto que podía ser robado, sin embargo el silencio del acusado durante tanto tiempo llevan a la convicción que conocía perfectamente el compartimiento falso del mismo y la droga que en ella se contenía. En ese orden de ideas existe correspondencia entre los hechos probados y la norma penal utilizada por el Sentenciador, por tanto, es procedente declarar no ha lugar el presente recurso de casación. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, único motivo. 1) Expresó el recurrente que el Juzgador no observó en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que el mismo Sentenciador admitió en su fundamentación que no existía prueba directa, únicamente existen indicios circunstanciales de participación del imputado J. A. M. F., pero nunca hubo un elemento de prueba que lo vinculara directamente con el caso. 2) Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. El proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso, por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. 3) Resulta evidente para esta Sala de lo Penal, la inadecuada técnica recursiva del censor al momento de plantear y desarrollar su recurso, pues ha denunciado el quebranto a las reglas de la sana crítica, pero no ha sido capaz de señalar de manera puntual cuál regla consideró violentada y cuáles fueron esos razonamientos supuestamente erróneos del Juzgador; todo lo contrario efectuó una revaloración de las pruebas efectuadas, argumentando cómo a su criterio se debieron razonar las probanzas, proceso mental que no es permitido en esta etapa casacional, puesto que por el Principio de Inmediación es el A-quo a quien le compete la valoración de las pruebas, ya que ha sido él quien ha tenido contacto con ellas y su desarrollo. Sin embargo tal como lo establecimos en el motivo anterior, el control de convencionalidad obliga a los Tribunales de la República, a acatar lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de lo sencillo y eficaz del recurso y del derecho de las personas condenadas a que un Tribunal Superior revise su fallo, es por tal circunstancia que se procederá a revisar los juicios de valor que utilizó el Sentenciador para razonar las pruebas y determinar si en efecto se quebrantaron las reglas de recto entendimiento humano o por el contrario fueron aplicadas de manera correcta. En el acápite valoración de la prueba, el Juzgador razonó en su numeral primero, la declaración de D. A. M. C., quien es agente policial y quien descubrió el compartimento secreto en el vehículo así como la droga, el A-quo estableció que con este testimonio se lograba constatar el día y lugar en que sucedieron los hechos, el motivo por el cual la policía se traslada hasta ese sitio y cómo se descubrió en el camión unas tablas levantadas y unos paquetes que, por la experiencia policial les advertía que podía ser droga, esperando a los técnicos de inspecciones oculares para evitar la manipulación de los indicios encontrados, procediendo a resguardar la escena, testimonio al cual el A-quo le concede valor probatorio y credibilidad. En el numeral segundo encontramos la valoración que hizo el Sentenciador del testigo S. M. G. M., de quien afirma que su testimonio corrobora el dicho del otro agente de policía D. A. M., pues acudió a darle apoyo a su compañero, afirmó que en el predio en efecto se encontraba la volqueta y en esta un compartimento falso en el cual había droga, por lo que se le concedió confiabilidad y credibilidad a su testimonio, concediéndole valor probatorio. En el numeral tercero el Juzgador valora el acta de inspección ocular y en el numeral cuarto las actas de inspección y decomiso del vehículo; con los cuales se tiene por acreditado la droga decomisada (74 paquetes), el lugar donde se encontraba, el vehículo decomisado y que el predio donde fue encontrado era propiedad del señor J. A. M. F.; documentos que, al no ser controvertidos con otra prueba, el Juzgador les concedió pleno valor probatorio. Analiza esta Sala de lo Penal, que los razonamientos esgrimidos por el Sentenciador son coherentes, lógicos y derivados del legajo probatorio, mismos que son el resultado de la valoración conjunta y armónica de las probanzas evacuadas en el juicio y en cuyos juicios de valor se observa la aplicación irrestricta de las Reglas de la Sana Crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. IV. DECISIÓN Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada del imputado J. A. M. F.. V. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 362 numeral 3, 363, 369, 370 del Código Procesal Penal; 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y sustancias psicotrópicas. FALLA: PRIMERO: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el abogado M. J. A. C., en su condición de Defensor Privado del señor J. A. M. F., a quien se le condenó por el delito de Facilitación de Local para el Transporte o Tráfico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. SEGUNDO: Declarar No Ha Lugar Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el abogado M. J. A. C., en su condición de Defensor Privado del señor J. A. M. F., a quien se le condenó por el delito de Facilitación de Local para el Transporte o Tráfico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- Firma y Sello.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. JOSE RAMON CRUZ FERRERA.- Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-228-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012