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Sentencia CP-225-14 — Registro 8175

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Maltrato por Transgresión

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Este Tribunal de Casación ante lo denunciado por la censora, ha procedido a realizar un análisis exhaustivo del cuadro fáctico redactado por el Juzgador y podemos afirmar que de los hechos declarados probados no se deriva que el acusado H. O. G. V., haya realizado actos, o tenido una voluntad manifiesta de causar en el niño W. J. C. A., ofensa, humillación o situación de rechazo frente a los compañeros de su escuela. Esta Sala aprecia que la acción del acusado se encuadra en una medida indebidamente aplicada con ánimo disciplinario o correctivo al menor, por una sola ocasión, frente a su mal comportamiento al desobedecer una orden de su maestro, pero sin relevancia penal. La Sala de lo Penal considera importante recordar que el derecho penal en su acepción tradicional se identifica como una forma de control social formal de reacción, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines. Dicho de una manera sencilla hablar de derecho penal mínimo es llevar a la esfera de aplicación del derecho penal el mínimo de conductas transgresoras. Debemos considerar que el derecho penal no es el único medio de control social. Entonces porqué hacer un uso extensivo de este. Los bienes jurídicos tienen en el derecho penal un instrumento para su protección, pero no el único. Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, sino únicamente sobre aquellas realmente graves. Según el principio de intervención mínima, el derecho penal debe ser la última ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (Minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). Según el principio de subsidiariedad el derecho penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. Conforme lo expuesto supra, se le ha atribuido a las leyes penales funciones que no le corresponden o al menos, no de manera exclusiva. Es así, que frente al descrédito de otras instancias de control social le atribuyen el rol de sostenedor de los valores éticos de la sociedad, con el riesgo cierto de confundir el contenido del derecho penal con determinadas proposiciones valorativas. Es decir, para la sociedad éstas se sostienen y reafirman en la medida que el derecho penal así lo exige. Convirtiéndose así, en una especie de orientador moral, en desmedro de otras instancias a las que sí les corresponden tales funciones. Tal como lo referíamos, el principio de intervención mínima, con arreglo al cual, el derecho penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes, de tal manera que las perturbaciones más leves del orden jurídico son objeto de otras ramas del derecho. Para proteger los intereses sociales el Estado debe agotar los medios menos lesivos que el derecho penal antes de acudir a éste, en este sentido, debe constituir un arma subsidiaria, una última ratio. Deberá preferirse ante todo la utilización de medios desprovistos del carácter de sanción, como una adecuada política social. Seguirán a continuación las sanciones no penales: así, civiles (Por ejemplo impugnabilidad y nulidad de negocios jurídicos) y administrativas (multas, sanciones disciplinarias, privación de concesiones, etc.…). Sólo cuando ninguno de los medios anteriores sea suficiente estará legitimado el recurso de la pena o de la medida de seguridad. De este modo, esta Sala considera que la conducta enjuiciada no constituye un acto que haya vulnerado el bien jurídico protegido por la norma penal y que por lo tanto deba traer aparejada la imposición de una pena, por tanto, no encuentra que el A-Quo haya incurrido en infracción por falta de aplicación de la ley penal sustantiva de reproche, por lo que declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente"

Legislación citada

  • Código Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 168 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 169 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

nformes sobre un mismo asunto” XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez V. y Rafael Bustillo Romero, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 225-2014 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha once de marzo de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1) Absolviendo al señor H. O. G. V. del delito de Maltrato por Transgresión, en perjuicio de W. J. C. A.. 2) No condenó en costas al Ministerio Público. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada S. M. A. M., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Es Parte: La Abogada I. A. F. N. en su calidad de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrente. I. HECHOS PROBADOS “Primero: Que en el año 2012 el menor W. J. C. V., actualmente de catorce años de edad, cursaba el sexto grado en el Centro Básico Francisco Morazán, institución donde el acusado H. O. G. desempeña el cargo de maestro de Educación Primaria, cuando el nueve de agosto de 2012, a eso de las nueve y treinta de la mañana, el acusado H. G. vio a un grupo de alumnos jugando fútbol a quienes les dijo que dejaran de jugar, petición que los alumnos ignoraron, y ante tal negativa, el acusado haló del cuello de la camisa al menor W. J. C. quién tenía en su poder la pelota de fútbol. Segundo: Después de la reprensión del Maestro W. se dirigió a donde su profesora L. L. quién le envió a la Dirección del Centro, al ser escuchado W. por la Directora, ésta mando a llamar a H. y a la madre del menor M. A., posteriormente sostuvieron una reunión con la Directora estando presente la profesora L., M. donde fue escuchado W. y H..-Tercero: A las nueve y treinta de la mañana W. fue evaluado por médico forense de Tela presentando al examen físico enrojecimiento a nivel de tórax anterior de lado derecho.” II. RECURSO DE CASACIÓN La recurrente Abogada S. M. A. M., actuando en su condición de Fiscal actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la siguiente manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. UNICO MOTIVO: “Falta de Aplicación del artículo 168 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, relacionado con los artículos 1 69 y 1 62 del mismo Código” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentro comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: Artículo 168 del Código de la Niñez y de la Adolescencia: “El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño, tales como hacerlo objeto de malos tratos físicos; proporcionarle drogas o medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perjudiquen; someterle a procedimientos médicos o quirúrgicos innecesarios que pongan en riesgo su salud física, mental o emocional; hacerlo víctima de agresiones emocionales o de palabra, incluyendo la ofensa y la humillación; la incomunicación; el castigo por medio de labores pesadas y las demás transgresiones o discriminaciones análogas a las anteriores... “.Artículo 169, segundo párrafo, del Código de la Niñez y de la Adolescencia: “Si el maltrato es por transgresión, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de reclusión, quedando el culpable obligado a enmendar su conducta.” Artículo 162 del Código de la Niñez y de la Adolescencia: “Se considerarán víctimas de maltrato los niños que han sufrido daños o perjuicios en su salud física, mental o emocional o en su bienestar personal por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, maestros u otras personas con las que guarde relación” Los hechos declarados probados por el Juzgador fueron los siguientes: “PRIMERO: Que el año 2072 e/menor W. J. C. V., actualmente de catorce años de edad, cursaba el sexto grado en el Centro Básico Francisco Morazán, institución donde el acusado H. O. G. desempeña el cargo de Maestro de Educación Primaria, cuando el nueve de agosto de 2012, a eso de las nueve y treinta de la mañana, el acusado H. G. vio a un grupo de alumnos jugando fútbol a quienes les dijo que dejaran de jugar, petición que los alumnos ignoraron, y ante tal negativa, el acusado haló del cuello de la camisa al menor W. J. C. quien tenía en su poder la pelota de fútbol. SEGUNDO: Después de lo reprensión del maestro, W. se dirigió a donde su profesora L. L. quien le envió a la Dirección del Centro, al ser escuchado W. por la Directora, ésta mandó a llamar a H. y a la madre del menor M. A., posteriormente sostuvieron una reunión con la Directora estando presente lo profesora L. y M. donde fue escuchado W. y H.. TERCERO: A las nueve y treinta de la mañana W. fue evaluado por médico forense de Tela presentando el examen físico enrojecimiento a nivel de tórax anterior de lado derecho.”Según se consigna en el primer numeral de la relación de los hechos, el imputado tomó parte directa en la ejecución del hecho, pues tal como se describe en el mismo, ejecutó acciones que se enmarcan en la norma citada como infringida. Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación del artículo 1 68 del Código de la Niñez y de la Adolescencia; mismo que se reacciona con el 169 y 162 del mismo Código, ya que se considera que se presentan todos los requisitos exigidos por dicho cuerpo legal para considerar la participación del acusado a título de Autor en el delito señalado, como se puede colegir de la simple lectura del Factum. Aunque este motivo de casación, por impetrarse vía infracción de ley, requiere básicamente del análisis comparativo entre el factum y a parte dispositiva de la sentencia, para evidenciar cómo a acción descrita en aquél evidencia a violación del precepto legal que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte de los juzgadores su aplicación para condenar al enjuiciado como autor directo del delito de Maltrato por Transgresión, siendo que los elementos del tipo se configuran en las acciones perpetradas por el acusado quién, pretendiendo justificar a aplicación de una medida disciplinaria, realiza acciones que se salen de la esfera de la misma incurriendo en el ilícito señalado. Es atinente hacer referencia a o que la Convención Sobre los Derechos de Niño en su artículo 28 numeral 2, refiere en relación a la obligación del Estado de controlar la disciplina escolar; estableciendo que: “tos Estados parte adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente convención “ UNICEF se ha referido a la errónea apreciación de la disciplina mediante actos de violencia en perjuicio de niños: “Diariamente, mi/es de niños y niñas.., son maltratados física y psicológicamente por sus padres, madres, parientes, profesores, o por cualquier adulto que considere al castigo físico como normal, aceptable y hasta “necesario las víctimas de estos casos no aparecen en las estadísticas, salvo que los “castigos” hayan originado graves secuelas o la muerte de quienes recibieron los golpes. Aunque esto ocurre con mucha frecuencia, las diferentes formas de castigo físico siguen siendo vistas como un método de disciplina y aprendizaje. Algunos tipos de violencia son: La violencia física y emocional es la que los adultos realizan con la intención de corregir una conducta no deseable y enseñar nuevas conductas que se consideran importantes. Causa dolor físico y emocional en la persona agredida. La diferencia con el maltrato físico es la intensidad y la intención. El maltrato infantil es toda acción que realiza un adulto con la intención de hacer un daño inmediato en la persona agredida. Las tres formas conocidas son maltrato físico, emocional y psicológico.” La acción perpetrada por el acusado, al tomar por el cuello de la camisa al joven ofendido porque él tenía en su poder la pelota con la que estaban jugando fútbol, denota a todas luces un acto de violencia y por lo tanto no puede considerarse dentro de la esfera de lo que constituye la disciplina y mucho menos estimar, como lo hiciera el sentenciador que por el sólo hecho de ser la primera vez que éste ejecuto dicha acción, no debe penalizarse, pues entonces esto le facultaría a otros maestros a hacer lo mismo con el mismo niño o con otros, siempre y cuando no lo hagan por una segunda ocasión lo cierto es que la Ley especial, en éste caso el Código de la Niñez y la Adolescencia, sanciono la conducta y la tipifica como el delito antes señalado sin establecer parámetros respecto a que la misma no se considerará delito por el sólo hecho de realizarla por primera vez, y esto es porque sabiamente el Legislador ha querido evitar que se produzcan agresiones mayores; asimismo, no se ha acreditado durante el proceso que el acusado haya sido objeto de alguna sanción, y por lo tanto la instancia que le queda a la víctima a fin de corregir la conducta ilícita, es agotar la última ratio, que es en efecto lo que ha sucedido. No es suficiente la razón esgrimida por el Juzgador al señalar que debieron agotarse otras instancias, pues corresponde a los empleadores del agresor actuar de oficio ante tales conductas, pues se trata de la protección a la integridad física y emocional de un niño, que están siendo vulneradas en el lugar donde se supone que además de recibir formación está recibiendo protección. UNICEF promueve a través de hojas informativas lineamientos base mediante los cuales los Estados parte deben proporcionar las soluciones a las víctimas de maltrato infantil, que si bien es cierto sólo tienen el carácter orientador, las mismas se dictan en consonancia con lo que al respecto establece la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual forma parte de nuestro derecho aplicable; y en relación referiremos la publicada en Mayo de 2006 en lo referente al compromiso de los Estados de Crear un Ambiente Protector para la Infancia: “Capacidad y compromiso de los gobiernos. Para prevenir la violencia contra los niños y las niñas hay que crear políticas, aplicar las leyes y aportar recursos. La violencia por parte de maestros, guardas y otros empleados de instituciones públicas, incluidas las escuelas y las prisiones, debe prohibirse. Los gobiernos deben también tomar medidas para promover formas positivas de disciplina y proteger a los niños y niñas contra los abusos y la violencia centro de sus familia”. Por tanto, un hecho de violencia, no debe ser considerado como una acción disciplinario, ésta conllevo fines educativos y formativos, no de agresión, pues desde el momento en que se introduce la violencia, desaparece la disciplina e inicia el maltrato; tampoco debe justificarse la acción por ser única vez que el agresor la ha ejecutado, pues el maltrato comienza con una primera vez, tal es él caso en comento; y esto dará pie a que los agresores tengan la vía de la “única vez” para ejecutar su acción, por lo que dicha “disque” justificación, jamás debe ser validada por un órgano encargado de administrar justicia, especialmente en aquellos casos donde el agresor no ha sido reprendido ni sancionado por su acción Por las razones expuestas, consideramos que el sentenciador ha incurrido en el vicio aludido al no aplicar la norma penal en la que se enmarca el hecho declarado como probado, conteniendo éste todos los elementos requeridos para la configuración del ilícito. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el acusado H. O. G. es responsable del delito de Maltrato por Transgresión tipificado en el artículo 1 68 en relación con el 1 69 y 1 62 del Código de la Niñez y de la Adolescencia en perjuicio del joven W. J. C..” III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1) Denunció la recurrente la falta de aplicación del artículo 168 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, relacionado con los artículos 169 y 162 del mismo cuerpo legal; consignando como norma autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que conforme a los hechos probados y las normas supra indicadas, se puede determinar que se cumplen todos los requisitos legales para considerar la participación del acusado a título de autor en el delito de maltrato por transgresión, pues el imputado como docente y pretendiendo justificar la aplicación de una medida disciplinaria, realizó acciones que se salen de la esfera de la misma, ya que la acción de tomar por el cuello de la camisa al joven ofendido, denota un acto de violencia que no puede considerarse dentro de la esfera de la disciplina. 2) Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal en fallos anteriores, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. 3) Este Tribunal de Casación ante lo denunciado por la censora, ha procedido a realizar un análisis exhaustivo del cuadro fáctico redactado por el Juzgador y podemos afirmar que de los hechos declarados probados no se deriva que el acusado H. O. G. V., haya realizado actos, o tenido una voluntad manifiesta de causar en el niño W. J. C. A., ofensa, humillación o situación de rechazo frente a los compañeros de su escuela. Esta Sala aprecia que la acción del acusado se encuadra en una medida indebidamente aplicada con ánimo disciplinario o correctivo al menor, por una sola ocasión, frente a su mal comportamiento al desobedecer una orden de su maestro, pero sin relevancia penal. La Sala de lo Penal considera importante recordar que el derecho penal en su acepción tradicional se identifica como una forma de control social formal de reacción, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines. Dicho de una manera sencilla hablar de derecho penal mínimo es llevar a la esfera de aplicación del derecho penal el mínimo de conductas transgresoras. Debemos considerar que el derecho penal no es el único medio de control social. Entonces porqué hacer un uso extensivo de este. Los bienes jurídicos tienen en el derecho penal un instrumento para su protección, pero no el único. Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, sino únicamente sobre aquellas realmente graves. Según el principio de intervención mínima, el derecho penal debe ser la última ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (Minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). Según el principio de subsidiariedad el derecho penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. Conforme lo expuesto supra, se le ha atribuido a las leyes penales funciones que no le corresponden o al menos, no de manera exclusiva. Es así, que frente al descrédito de otras instancias de control social le atribuyen el rol de sostenedor de los valores éticos de la sociedad, con el riesgo cierto de confundir el contenido del derecho penal con determinadas proposiciones valorativas. Es decir, para la sociedad éstas se sostienen y reafirman en la medida que el derecho penal así lo exige. Convirtiéndose así, en una especie de orientador moral, en desmedro de otras instancias a las que sí les corresponden tales funciones. Tal como lo referíamos, el principio de intervención mínima, con arreglo al cual, el derecho penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes, de tal manera que las perturbaciones más leves del orden jurídico son objeto de otras ramas del derecho. Para proteger los intereses sociales el Estado debe agotar los medios menos lesivos que el derecho penal antes de acudir a éste, en este sentido, debe constituir un arma subsidiaria, una última ratio. Deberá preferirse ante todo la utilización de medios desprovistos del carácter de sanción, como una adecuada política social. Seguirán a continuación las sanciones no penales: así, civiles (Por ejemplo impugnabilidad y nulidad de negocios jurídicos) y administrativas (multas, sanciones disciplinarias, privación de concesiones, etc.…). Sólo cuando ninguno de los medios anteriores sea suficiente estará legitimado el recurso de la pena o de la medida de seguridad. De este modo, esta Sala considera que la conducta enjuiciada no constituye un acto que haya vulnerado el bien jurídico protegido por la norma penal y que por lo tanto deba traer aparejada la imposición de una pena, por tanto, no encuentra que el A-Quo haya incurrido en infracción por falta de aplicación de la ley penal sustantiva de reproche, por lo que declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. IV. DECISIÓN Se desestima el presente recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por el Ministerio Público. V. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 339, 359, 360 y 369 del Código Procesal Penal; 162, 168, 169 del Código de la Niñez y de la Adolescencia; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. FALLA: ÚNICO: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuestos por la Abogada S. M. A. M. en su condición de Fiscal del Ministerio Público en la causa instruida con el señor H. O. G. V., a quien se le absolvió como autor del delito de Maltrato por Transgresión en perjuicio del menor W. J. C. A.. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- Firma y Sello.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ V.. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. JOSE RAMON CRUZ FERRERA.- Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-225-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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