Sentencia CP-220-15 — Registro 11033
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."El Censor fustiga la sentencia al considerar que del factum se desprende la aplicación indebida del artículo 332B del Código Penal, que tipifica el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, pues la participación de autor, en efecto, al momento que la Policía Nacional le detiene, portaba en su cintura un arma de fuego, tipo pistola, calibre nueve milímetros, sin el permiso de portación correspondiente, sin embargo, a criterio del Censor su aplicabilidad fue indebida, por razón que al momento de dictarse la sentencia impugnada, estaba vigente los decretos legislativos 184-2013 en relación al 63-2014. El artículo 4 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares (en adelante Ley de Armas), reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello, deberán de obtener permiso por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública siempre que cumplan los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1) Formulario con sus datos personales y residencia; 2) Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma; La persona interesada sólo podrá poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deben de tener las características y especificaciones que estipula los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas. Pero además, la ley es específica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir, que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3) Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señala el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4) Pago de la matrícula municipal; y 5) Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello, la persona que lo obtenga deberá de reportar en un plazo máximo de diez días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que haga del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realice la solicitud de permiso correspondiente, igualmente deberá de reportar el robo o extravío de la misma (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas).El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas (artículos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles. Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”. Así pues, constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1) Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna; 2) Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior; 3) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar armas o municiones del país (a través del control aduanero), para uso personal o deportivas sin permiso de la autoridad correspondiente;4) Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: i) La ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; ii) Que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir, que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora; iii) Que el arma sea de aquellas consideradas permitidas (Al referirnos con arma de fuego permitida es en referencia a aquellas armas que el Estado de Honduras permite su comercialización, susceptibles de ser objeto de permiso de posesión y portación) por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a un arma de fuego o munición permitido, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo. El tipo penal en estudio tiene las siguientes características: A)Según su Estructura: 1) Tipo Penal Básico o Fundamental porque describe de manera independiente modelos de comportamiento humano; 2) Tipo Penal Compuesto: En virtud de que son nueve los modelos de comportamiento descritos en la norma, cada uno con la capacidad de conformar por sí mismo una descripción típica distinta; B)Según su Contenido: 1) Tipo Penal de Mera Conducta o Actividad, ya que la descripción del tipo se agota con la acción del autor sin que se requiera producción de un resultado en el mundo exterior; 2) Tipo Penal describe Conductas Instantáneas y Conductas Permanente: i) Instantáneas: las de fabricar, suministrar, vender, sacar o ingresar al país el arma de fuego, por ser modelos de comportamiento que se agotan en un solo momento; ii) Permanente: las de almacenar, transportar, poseer y usar, el arma de fuego, debido a que el comportamiento del autor se renueva de manera continua entretanto este realizando la acción; 3) Tipo Penal de Acción ya que las conductas descritas en el tipo penal es de carácter comisivo; 4) Tipo Penal Cerrado, al determinarse con precisión las nueve circunstancias típicas, desprendiéndose con suma claridad las conductas prohibidas; C)Según El Sujeto Activo: 1) Tipo Penal Unisubjetivo, por ser un tipo penal que puede ser realizado por una sola persona, sin participación de terceros; 2) Tipo Penal de Sujeto Activo Común, ya que el sujeto activo no requiere tener ninguna cualidad o categoría especifica; D)Según El Bien Jurídico Protegido: 1) Tipo Penal Uniofensivo, al amparar un bien jurídico específico, tal cual es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 2) Tipo Penal de peligro por cuanto el tipo penal no exige la existencia de un resultado, sino basta que la conducta se realice para que se consume el delito.En ese sentido y tomando en consideración los planteamientos relacionados anteriormente, consideramos que los hechos probados de la Sentencia recurrida, encajan de manera armónica con el tipo penal utilizado por el sentenciador, es decir con el delito de PortaciónIlegal de Armas de Fuego de Uso Comercial¸ tal como el Recurrente lo afirma en su escrito recursivo, sin embargo, en el desarrollo del recurso también invoco que la aplicabilidad del Artículo 332B fue indebida, al encontrarse al momento del fallo los decretos legislativos que se han hecho referencia. Un examen de los autos revela que cuando el imputado fue supuestamente sorprendido portando en su cintura el arma de fuego, esto es el dieciocho de septiembre de dos mil doce, el artículo 2 del decreto 184-2013 de fecha treinta de septiembre de dos mil trece, publicado en el diario oficial la gaceta el cinco de octubre del dos mil trece, todavía no entraba en vigencia, no obstante, dicho decreto sufrió una prorroga por un periodo de seis (6) meses, según Decreto Legislativo 63-2014, contados a partir de la fecha de vencimiento del decreto 184-2013, es decir, adquirió una temporalidad hasta el cinco de abril del dos mil quince por lo que al momento de proferir la sentencia definitiva de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce se encontraba vigente dicha disposición, que concedía un plazo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, proceda a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de la Armería, la cual no será necesaria presentar en dicho tiempo. La redacción del artículo anterior no es la más afortunada, en especial al tratar un tema tan importante como lo es la seguridad nacional; así pues el término “veda” no es el correcto, puesto que este refiere a una disposición que prohíbe por un determinado tiempo la realización de un acto que normalmente está permitido, generalmente relacionado con la caza y pesca; más el sentido que quiere darle el legislador es la permisión por cierto tiempo de un acto que normalmente está prohibido, que es en sí todo lo contrario al significado de la palabra, por lo que el término correcto que se debió utilizar es “gracia”.En cualquier caso, en el primer párrafo del artículo 2 se establece la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, es pues que debe de entenderse que esta norma refiere a aquellas armas que la ley prescribe como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas; como consecuencia, el tipo penal que sanciona la tenencia y portación de armas comerciales y de uso personal de fabricación industrial perdió positividad, siendo éste el artículo 332-B del Código Penal, en cuyo tiempo se daba la oportunidad para que las personas pudiesen hacer el trámite de registro de las armas, no afectando lo relativo a la fabricación, importación, exportación y venta de armas, conductas que siguieron siendo punibles. Explicándolo de otra forma, el legislador, mediante esta norma, le concedió un año que fue prorrogado seis meses más, a las personas que tenían en su poder armas de fuego de carácter comercial para su registro; durante dicho término el Estado de Honduras no podía exigirle a la persona que fuese encontrada con un arma de fuego que muestre la documentación de registro de la misma, puesto que transcurría un tiempo concedido para realizar dicho trámite y mientras el término llegara a la fecha límite, no podía exigirse y sancionar la falta de dicho registro. Empero lo anterior y es muy importante resaltarlo, adicional al elemento temporal, deben tomarse en cuenta pautas orientativas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización durante el tiempo de la “veda”, tenía la intencionalidad de ir a registrarla. De lo anterior se desprenden dos factores que inciden para que la conducta enjuiciada no tenga subsunción en el decreto legislativo 184-2013, el primero de ellos es que al tratarse de un decreto temporal y no una ley intermedia, como erróneamente señala el recúrrete, para que tenga aplicación debe de estar vigente al momento de la comisión de la conducta reprochada; el decreto temporal deja en suspenso, con la concurrencia de otras condiciones, algunos de los verbos rectores del artículo 332 B, pero tiene un plazo taxativo de vigencia y como principio fundamentador que no se aplicara a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En cambio la ley intermedia al ser una ley posterior deroga la ley anterior, se da identidad plena en cuanto al hecho regulado y se viene a dar una sucesión de leyes penales. En el caso concreto se pretende la retroactividad de un decreto temporal, lo cual no abarca el principio de retroactividad de la ley penal. El segundo factor consiste en que el acusado portaba un arma de fuego de uso comercial, que del hecho probado no se evidencia la intencionalidad del sujeto pasivo de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su registro, al contrario, su detención se debió a que momentos antes, le disparó al señor M. J. C.S., quien falleciera mientras era atendido en el Hospital Mario Catarino Rivas. En definitiva, el decreto 184-2013 autoriza la entrega y/o registro, según el caso, sin responsabilidad penal, pero en ninguna manera permite la simple portación de un arma de fuego o deja sin positividad el tipo penal elegido por el A quo.En conclusión para que este precepto (Decretos Legislativos) tenga aplicación al caso de autos, resulta necesario en principio que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, en otras palabras, para que una persona sorprendida portando un arma de fuego sin permiso de la autoridad competente, pueda ampararse en esta disposición y no le sea aplicado el artículo 332B del Código Penal, es necesario que al momento de producirse la portación ilegal se encuentre en vigencia la norma que autoriza el plazo de un año para registrar el arma y que de su conducta se muestre la intención de hacer entrega del arma, ya sea para su registro o destrucción a la autoridad competente, en consecuencia, del acumulo judicial resulta que al momento de la infracción imputada al encartado no estaba vigente los decretos legislativos 184-2013 en relación con el 63-2014. Por todas estas razones, deviene improcedente el recurso de casación invocado..."
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: Primero: Condenando al Señor D.S., como autor responsable del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor M. J. C. S., a la pena principal de quince (15) años de reclusión; Segundo: Condenando al señor D. S., como autor responsable del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a tres (03) años de reclusión, haciendo un total de dieciocho (18) años de reclusión.- Tercero: Condenando al señor D. S., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal; Cuarto: Declaró la responsabilidad civil del condenado D. S.; Quinto: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.-Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, el Abogado Á. O. B. P., actuando en su condición de Defensor Público del señor Darío S..Son Partes En Única Instancia: El Abogado Á. O. B. P., en su condición de Recurrente; la Abogada E. P.B., Agente Fiscal del Ministerio Público y el abogado A. C. E. en representación de La Procuraduría General de la República, ambos en su condición de Recurridos. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“UNICO: Que en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil doce (2012) entre las tres y cuatro pasado meridiano, en la orilla de la carretera que de Santa Bárbara conduce a la aldea San Gaspar, el municipio de Santa Bárbara, departamento del mismo nombre, el hoy imputado D. S., sin razón aparente alguna, con arma de fuego le dispara al señor M. J. C. S., quien fallece mientras era atendido en el Hospital Mario Catarino Rivas, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, momentos después la Policía Nacional detiene al hoy imputado, portando en su cintura un arma de fuego, tipo pistola, calibre nueve milímetros, sin el permiso de Portación correspondiente.”III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOSRecurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: “MOTIVO ÚNICO: Infracción de ley por aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación a los artículo 96 de la Constitución de la República; 2 del Decreto 184-2013 y 1 del Decreto 63-2014. PRECEPTO AUTORIZANTE.- El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Convengo que en los casos de recursos de casación por infracción de Ley, como el presente, por disposición del artículo 369 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación en ningún caso podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados, sin embargo, mientras éstos no se modifiquen, es posible revisar su encuadramiento a las normas jurídicas aplicadas; siendo ésta la pretensión del presente recurso de casación en el que la decisión del Juzgador no se ajusta a las previsiones del legislador al regular una veda en la portación ilegal de armas de fuego. SEGUNDO: En el caso de mérito, el Juzgador, luego de valorar la prueba evacuada en el juicio, declaró terminantemente probado, el HECHO ÚNICO siguiente: “Que en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil doce (2012) entre las tres y cuatro pasado meridiano, en la orilla de la carretera que de Santa Bárbara conduce a la aldea San Gaspar, del municipio de Santa Bárbara, departamento del mismo nombre, el hoy imputado D. S., sin razón aparente alguna, con arma de fuego le dispara al señor M.J. C. S., quien fallece mientras era atendido en el Hospital Mario Catarino Rivas, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, momentos después la Policía Nacional detiene al hoy imputado, portando en su cintura un arma de fuego, tipo pistola, calibre nueve milímetros, sin el permiso de portación correspondiente.” . TERCERO: El transcrito hecho probado, en relación a la tenencia por parte del imputado de una arma de fuego, tipo pistola, calibre nueve milímetros, fue calificado por el Juzgador como constitutivos de un delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL previsto en el artículo 332-B del Código Penal. CUARTO: El artículo 96 de la Constitución de la República dispone que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. QUINTO: Resulta, Honorables Magistrados, que la vigencia del artículo 332-B del Código Penal, al momento de dictarse la sentencia impugnada (20 de noviembre de 2014) estaba temporalmente suspendida, por disposición de los Decretos Legislativos números 184-2013 y 63-2014 mediante los cuales se establece un periodo de veda de UN AÑO y SEIS MESES, contados a partir del 05 de octubre de 2013, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, pueda registrarla ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; razón por la cual calificar, la tenencia del arma de fuego comercial que portaba el señor D.S. al momento de su captura, como constitutiva del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL con fundamento en lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal, estando suspendida su vigencia, como antes lo indicamos, implica una aplicación indebida del mismo. SEXTO: Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia en múltiples caso similares al presente, con atinado criterio, ha sentenciado que: “Si bien es cierto el decreto en cuestión no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la portación ilegal de armas, importa una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma intermedia pues si entendiéramos que la pretensión del legislador era dejar vigente el artículo 332 b del Código Penal, al regir el artículo 2 del decreto 69-2007, aún las personas que hubieren acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de portación ilegal de armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plazo de seis meses otorgado por la disposición intermedia[1]”. El razonamiento anterior solicitamos que también sea observado en la causa seguida contra el señor D. S.. PRETENSIÓN RECURSIVA La pretensión perseguida con el presente recurso de casación es que se declare la aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal y consecuentemente se absuelva de toda responsabilidad penal al señor Darío Sagastume por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial.”IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley.Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la Defensa Pública.- Único Motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal, en relación a los artículos 96 de la Constitución de la República; 2 del Decreto 184-2013 y 1 del Decreto 63-2014; *Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del artículo que el tipo penal de Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales; y *Pretensión: Absuelva por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial. El Pretensor denuncia que la decisión del Juzgador no se ajusta a las previsiones del legislador al regular una veda en la portación ilegal de armas de fuego; que lo transcrito en el hecho probado fue calificado como un delito de portación del arma previsto en el artículo 332-B del Código Penal; cuando la vigencia de dicha norma, al momento de dictarse la sentencia impugnada estaba temporalmente suspendida, por disposición de los Decretos Legislativos números 184-2013 y 63-2014 mediante los cuales se establece un periodo de veda de un año y seis meses, contados a partir del 05 de octubre de 2013.Del Principio de LegalidadEl principio es un postulado para la legitimidad democrática y una garantía de previsibilidad de la actuación de los poderes públicos. Se trata de un principio básico del derecho en general y un pilar fundamental en el derecho penal y procesal penal, lo que no implica que éste igual gobierne las distintas ramas del derecho, regulándose en cada área de esta ciencia conforme con los principios generales de las mismas.Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nullapoena sine legescripta, stricta, praevia y certa"; en la legislación internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11.2 el cual dice: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito." y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 9, que establece: "Nadie puede ser condenado por acciones y omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.".- Por su parte la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 indica que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley” y en el Código Penal en los artículos 1 y 2, nos dice: "Artículo 1.- Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito; Artículo 2.- No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley". El Principio de legalidad constituye el principal límite impuesto al Estado de Derecho y comprende una serie de garantías para las personas, las cuales pueden conducir a la imposibilidad de que el Estado intervenga y actúe penalmente más allá de lo que permite la ley, de este modo se "garantiza la protección del ciudadano contra el ejercicio y la extensión arbitrarios del poder penal estatal. Constituye a su vez una doble función, la primera de ellas política, en la que se da un predominio del poder legislativo sobre los otros poderes del Estado, convirtiéndose en una garantía de seguridad para los ciudadanos y en segundo lugar cumple una función técnica, ya que exige que el legislador utilice al formular los tipos penales, cláusulas seguras y taxativas. Significa a su vez, que sólo una ley escrita puede fundamentar la punibilidad de una acción y amenazar con una pena como consecuencia jurídica" (Wessels, Johannes. Derecho penal, Parte general, Ediciones Depalma, sexta edición, Buenos Aires, 1980, pág. 13.). Conforme al Principio de Legalidad solo la Ley crea delitos, y sólo podrá considerarse delito, aquel hecho que la ley declare como tal expresamente y en forma previa al hecho imputado. Por eso es que decimos que "no hay delito sin ley". Mientras la ley no prohíba un hecho, la persona tiene libertad para realizarlo, no pudiendo el Juzgador crear figuras penales, ni siquiera por analogía.-Hassemerexplica que en su actual configuración, el principio de legalidad (Nullum crimen, nullapoena, sine lege) mantiene diversas exigencias, tanto frente al legislador penal, como frente al Juez: Del legislador exige que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible y que las leyes no tengan efecto retroactivo. Del juez exige que sus condenas se basen en la Ley escrita y no en el derecho consuetudinario y que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (Hassemer, WinfriedHassemer, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984, Pág. 313.)".- Como consecuencia el Principio incorpora: 1. Principio de Taxatividad de la ley (Nullum Crimen, NullaPoena Sine LegeCerta); 2 El principio de la irretroactividad de la ley, salvo en materia penal cuando favorezca al reo o procesado; (Nullum Crimen, NullaPoena Sine LegePraevia); 3. Principio de Reserva de Ley (Nullum Crimen, NullaPoena Sine LegeScripta); y 4. La Prohibición de aplicación analógica de las normas a hechos no contemplados en ellas (Nullum Crimen, NullaPoena Sine LegeStricta).En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "certa", "praevia", "scripta", "stricta" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Como consecuencia el Principio de Legalidad define una serie de garantías que dan valides al proceso penal y a la aplicación de las normas penales sustantivas: garantía criminal, garantía penal, garantía procesal y garantía de ejecución (Rodríguez Devesa, José María. Derecho Penal Español, Parte General, Madrid España, Edición 10°, 1986. Pág. 175 y 176): a. Garantía Criminal (Nulla Crimen, Sine LegePraevia).- Mediante la cual la definición de un delito solo puede ser realizada por la Ley, de ese modo se garantiza que solo son delitos los establecidos por la Ley, por lo, contrario sensu, sin ley no hay delito.- La garantía criminal, significa entonces, que se tendrán por delitos, delitos agravados o calificados y también de circunstancias agravantes, solo los que señale la ley penal, sin que se puedan tener como tales los que señale otra fuente distinta.( Luzón Peña, Diego Manuel. Curso de Derecho Penal Parte General I. Editorial Hispamer, 1997. Pág. 133).Esta Garantía está Regulada en el Artículo 95 de la Constitución Política al señalar que "Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos" y reproducido en el Código Penal en su artículo 1 que establece que "Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito". b. Garantía Penal (NullaPoena Sine Lege).- Esta garantía establece la previsión de la pena o penas para quien cometa un delito, ha de estar señalada en la Ley en forma abstracta. (Gómez de la Torre, Ignacio Berdugo; Arroyo Zapatero, Luis; García Rivas, Nicolás; Ferré Olivé, Juan Carlos; CerranoPiedecasa, José Ramón. Lecciones de Derecho Penal Parte General, Editorial Praxis. 1° Edición, España. 1996. Pg. 318.). c. Garantía Procesal (NullaPoena Sine Judicio).- Regula que la actividad procesal no exceda lo que estrictamente establece la ley y excluye toda posibilidad de arbitrariedad en el proceso. (Bustos Ramírez, Juan; HormazabalMalarée, Hernán. Lecciones de Derecho Penal, Vol. 1. Madrid, España, Editorial Trotta. 1997. pg. 87 y 88.).Encontramos esta garantía procesal en el Artículo 90 de la Constitución política, el cual literalmente dice: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece", advirtiendo en el artículo 321 que “los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley”. d. Garantía de Ejecución: Implica que la pena ha de ejecutarse no arbitrariamente, sino que en los términos prescritos por la Ley. Las Leyes de Ejecución Penal han de recoger las garantías, derechos fundamentales y libertades públicas consagradas constitucionalmente. Relacionado con esta garantía, el artículo 68 de la Constitución de la República que indica que "toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe de ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD LEGAL En alusión al recurso interpuesto es oportuno estudiar, al menos de manera breve, el contenido del Principio de Taxatividad legal, que deriva del Principio de Legalidad.- Exige el principio que la Ley, para brindar seguridad a los ciudadanos/as, debe ser cierta y precisa, de lo contrario estaríamos en presencia de tipos penales con fórmulas vacías o indeterminadas cuyo ámbito de aplicación resultaría poco previsible, generando confusión entre los ciudadanos/as. El principio de legalidad obliga que los tipos penales deben de ser descritos por el legislador en forma “expresa, precisa, taxativa y previa” (Corte IDH, caso UsónRamirez versus Venezuela, en sentencia del 20 de Noviembre de 2009, para. 55).En esencia el tipo penal debe de contener todos y cada uno de los supuestos que el legislador considera lesivos, evitando las malas prácticas legislativas al dejar tipos en los cuales sea el Juez/a quien determine los aspectos objetivos o subjetivos del mismo, ya que la ambigüedad de la norma penal, además de privar de contenido material al principio de legalidad, disminuye o elimina la seguridad jurídica.- Al respecto, debemos advertir, que ningún tipo penal puede señalarse, en estricto sentido, que es un tipo cerrado, ya que el Juez/a siempre tiene un valor de complementación. Pero, en relación a este problema específico, al igual que las leyes penales en blanco, el tipo legal ha de contener el núcleo fundamental de la materia de prohibición. El Juez/a solo deberá de complementar. El tipo no puede ser tan abierto que su aplicación o no dependa arbitrariamente del Juez. (Bustos Ramírez, Juan; HormazabalMalarée, Hernán. Lecciones de Derecho Penal, Vol. 1. Madrid, España, Editorial Trotta. 1997. Pg. 93.). En consecuencia, el tipo penal debe de evitar términos excesivamente vagos, en los que no es posible establecer una interpretación segura (Taxatividad), pero también debe evitar, contrario sensu, las enumeraciones excesivamente concretas, que no permitan abarcar todos los matices de la realidad, porque se vería obligado el legislador a producir un número excesivo de tipos penales para abarcar todas las posibilidades fácticas o se vería tentado el Juez a interpretar en forma forzada la norma para evitar lagunas de punibilidad, es por ello que en la elaboración de los tipos penales deberá utilizar conceptos, que si bien son de carácter genérico, no dependan exclusivamente de la valoración personal por parte del juez para su determinación, ya que, pese a ser amplios, deben de tener límites cognoscibles. (Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998. Pg. 115 y 116.).Del principio de retroactividad de la ley penalAl haberse invocado este principio por el Recurrente, deviene explicar el mismo. - La exigencia para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso de modo ineludible, que previamente haya sido declarado como tal por una ley, así se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de Diciembre de 1948; artículo 11.2: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.”.Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigencia una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el tribunal de justicia deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que ninguna persona debe ser castigada por una conducta que al momento de la comisión era lícita, de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post fáctumlesivos, creando los delitos y las penas para ello. Haseemer señala que "una ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes de que la ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía (Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984., Pág. 320)", en virtud de que el daño, que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter lícito y no reprochable. Claus Roxin (Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España, p. 141) explica los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión, sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible, sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); y 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena).Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el Estado debe de determinar ante fáctumlos hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos tengan confianza en que los límites de su libertad están determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malampartem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria, lo que debe de ser apreciado no solo en procesos penales pendientes, como el caso que nos ocupa, sino además en los procesos con resoluciones firmes, antes o durante el cumplimiento de las penas. "Una Ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma." (Bustos Ramírez Juan, Manual de Derecho penal, Parte General, Barcelona, Edit. Ariel S.A, 3° Edición, 1989, pg. 82).Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entra en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente, "esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal; si debe existir una ley que defina las conductas delictivas para poder perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos, por eso la ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor (Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte general, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia España, 1° edición, 1993, pg. 98.)", salvo el caso mencionado, cuando sea más beneficiosa. Ante una nueva regulación penal corresponde al juzgador determinar cuál es la ley que es más favorable al acusado o condenado: la vigente al momento del hecho o la vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, dándose tal respuesta a depender de: 1. Si la ley penal vigente al momento de los hechos ha sido derogada por una nueva ley, lo que sin dificultad se concluye que la nueva ley es más beneficiosa por despenalizar lo que la anterior tipificaba como delito; 2. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de la misma naturaleza más grave que la prevista en la ley penal vigente al momento del juzgamiento o ejecución de la pena, entonces se debe de aplicar la ley penal vigente (ley nueva), por ser más beneficiosa; o 3. Si la Ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de distinta naturaleza a la prevista en la ley penal vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, el órgano jurisdiccional decidirá conforme al caso concreto y en la eventual situación de duda podrá consultar a la persona condenada cuál de las normas le resulta más beneficiosa, pues a la postre el destinatario de las mismas es ella, y el principio lo que busca es su beneficio.Lo anterior nos lleva a otra posibilidad, existirán casos en que la nueva ley contenga aspectos que le beneficie al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudique, lo que obliga, como en el caso anterior, a que el juez realice un estudio del caso concreto, a fin de determinar cuál de las normas es la más beneficiosa en su totalidad, es decir, tomando en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios de su aplicación, no siendo posible aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala Muñoz Conde, "el Tribunal estaría creando una nueva norma (…) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen." (Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, Pág. 159 y 160).En definitiva, el texto del artículo 96 de la Constitución de la República establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", lo cual está desarrollado en el artículo 9 del Código Penal, que indica que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas hubiere recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.”.De la Procedencia del Recurso El recurso no es de recibo. El Censor fustiga la sentencia al considerar que del factum se desprende la aplicación indebida del artículo 332B del Código Penal, que tipifica el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, pues la participación de autor, en efecto, al momento que la Policía Nacional le detiene, portaba en su cintura un arma de fuego, tipo pistola, calibre nueve milímetros, sin el permiso de portación correspondiente, sin embargo, a criterio del Censor su aplicabilidad fue indebida, por razón que al momento de dictarse la sentencia impugnada, estaba vigente los decretos legislativos 184-2013 en relación al 63-2014. El artículo 4 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares (en adelante Ley de Armas), reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello, deberán de obtener permiso por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública siempre que cumplan los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1) Formulario con sus datos personales y residencia; 2) Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma; La persona interesada sólo podrá poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deben de tener las características y especificaciones que estipula los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas. Pero además, la ley es específica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir, que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3) Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señala el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4) Pago de la matrícula municipal; y 5) Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello, la persona que lo obtenga deberá de reportar en un plazo máximo de diez días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que haga del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realice la solicitud de permiso correspondiente, igualmente deberá de reportar el robo o extravío de la misma (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas).El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas (artículos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles. Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”. Así pues, constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1) Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna; 2) Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior; 3) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar armas o municiones del país (a través del control aduanero), para uso personal o deportivas sin permiso de la autoridad correspondiente;4) Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: i) La ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; ii) Que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir, que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora; iii) Que el arma sea de aquellas consideradas permitidas (Al referirnos con arma de fuego permitida es en referencia a aquellas armas que el Estado de Honduras permite su comercialización, susceptibles de ser objeto de permiso de posesión y portación) por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a un arma de fuego o munición permitido, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo. El tipo penal en estudio tiene las siguientes características: A)Según su Estructura: 1) Tipo Penal Básico o Fundamental porque describe de manera independiente modelos de comportamiento humano; 2) Tipo Penal Compuesto: En virtud de que son nueve los modelos de comportamiento descritos en la norma, cada uno con la capacidad de conformar por sí mismo una descripción típica distinta; B)Según su Contenido: 1) Tipo Penal de Mera Conducta o Actividad, ya que la descripción del tipo se agota con la acción del autor sin que se requiera producción de un resultado en el mundo exterior; 2) Tipo Penal describe Conductas Instantáneas y Conductas Permanente: i) Instantáneas: las de fabricar, suministrar, vender, sacar o ingresar al país el arma de fuego, por ser modelos de comportamiento que se agotan en un solo momento; ii) Permanente: las de almacenar, transportar, poseer y usar, el arma de fuego, debido a que el comportamiento del autor se renueva de manera continua entretanto este realizando la acción; 3) Tipo Penal de Acción ya que las conductas descritas en el tipo penal es de carácter comisivo; 4) Tipo Penal Cerrado, al determinarse con precisión las nueve circunstancias típicas, desprendiéndose con suma claridad las conductas prohibidas; C)Según El Sujeto Activo: 1) Tipo Penal Unisubjetivo, por ser un tipo penal que puede ser realizado por una sola persona, sin participación de terceros; 2) Tipo Penal de Sujeto Activo Común, ya que el sujeto activo no requiere tener ninguna cualidad o categoría especifica; D)Según El Bien Jurídico Protegido: 1) Tipo Penal Uniofensivo, al amparar un bien jurídico específico, tal cual es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 2) Tipo Penal de peligro por cuanto el tipo penal no exige la existencia de un resultado, sino basta que la conducta se realice para que se consume el delito.En ese sentido y tomando en consideración los planteamientos relacionados anteriormente, consideramos que los hechos probados de la Sentencia recurrida, encajan de manera armónica con el tipo penal utilizado por el sentenciador, es decir con el delito de PortaciónIlegal de Armas de Fuego de Uso Comercial¸ tal como el Recurrente lo afirma en su escrito recursivo, sin embargo, en el desarrollo del recurso también invoco que la aplicabilidad del Artículo 332B fue indebida, al encontrarse al momento del fallo los decretos legislativos que se han hecho referencia. Un examen de los autos revela que cuando el imputado fue supuestamente sorprendido portando en su cintura el arma de fuego, esto es el dieciocho de septiembre de dos mil doce, el artículo 2 del decreto 184-2013 de fecha treinta de septiembre de dos mil trece, publicado en el diario oficial la gaceta el cinco de octubre del dos mil trece, todavía no entraba en vigencia, no obstante, dicho decreto sufrió una prorroga por un periodo de seis (6) meses, según Decreto Legislativo 63-2014, contados a partir de la fecha de vencimiento del decreto 184-2013, es decir, adquirió una temporalidad hasta el cinco de abril del dos mil quince por lo que al momento de proferir la sentencia definitiva de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce se encontraba vigente dicha disposición, que concedía un plazo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, proceda a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de la Armería, la cual no será necesaria presentar en dicho tiempo. La redacción del artículo anterior no es la más afortunada, en especial al tratar un tema tan importante como lo es la seguridad nacional; así pues el término “veda” no es el correcto, puesto que este refiere a una disposición que prohíbe por un determinado tiempo la realización de un acto que normalmente está permitido, generalmente relacionado con la caza y pesca; más el sentido que quiere darle el legislador es la permisión por cierto tiempo de un acto que normalmente está prohibido, que es en sí todo lo contrario al significado de la palabra, por lo que el término correcto que se debió utilizar es “gracia”.En cualquier caso, en el primer párrafo del artículo 2 se establece la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, es pues que debe de entenderse que esta norma refiere a aquellas armas que la ley prescribe como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas; como consecuencia, el tipo penal que sanciona la tenencia y portación de armas comerciales y de uso personal de fabricación industrial perdió positividad, siendo éste el artículo 332-B del Código Penal, en cuyo tiempo se daba la oportunidad para que las personas pudiesen hacer el trámite de registro de las armas, no afectando lo relativo a la fabricación, importación, exportación y venta de armas, conductas que siguieron siendo punibles. Explicándolo de otra forma, el legislador, mediante esta norma, le concedió un año que fue prorrogado seis meses más, a las personas que tenían en su poder armas de fuego de carácter comercial para su registro; durante dicho término el Estado de Honduras no podía exigirle a la persona que fuese encontrada con un arma de fuego que muestre la documentación de registro de la misma, puesto que transcurría un tiempo concedido para realizar dicho trámite y mientras el término llegara a la fecha límite, no podía exigirse y sancionar la falta de dicho registro. Empero lo anterior y es muy importante resaltarlo, adicional al elemento temporal, deben tomarse en cuenta pautas orientativas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización durante el tiempo de la “veda”, tenía la intencionalidad de ir a registrarla. De lo anterior se desprenden dos factores que inciden para que la conducta enjuiciada no tenga subsunción en el decreto legislativo 184-2013, el primero de ellos es que al tratarse de un decreto temporal y no una ley intermedia, como erróneamente señala el recúrrete, para que tenga aplicación debe de estar vigente al momento de la comisión de la conducta reprochada; el decreto temporal deja en suspenso, con la concurrencia de otras condiciones, algunos de los verbos rectores del artículo 332 B, pero tiene un plazo taxativo de vigencia y como principio fundamentador que no se aplicara a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En cambio la ley intermedia al ser una ley posterior deroga la ley anterior, se da identidad plena en cuanto al hecho regulado y se viene a dar una sucesión de leyes penales. En el caso concreto se pretende la retroactividad de un decreto temporal, lo cual no abarca el principio de retroactividad de la ley penal. El segundo factor consiste en que el acusado portaba un arma de fuego de uso comercial, que del hecho probado no se evidencia la intencionalidad del sujeto pasivo de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su registro, al contrario, su detención se debió a que momentos antes, le disparó al señor M. J. C.S., quien falleciera mientras era atendido en el Hospital Mario Catarino Rivas. En definitiva, el decreto 184-2013 autoriza la entrega y/o registro, según el caso, sin responsabilidad penal, pero en ninguna manera permite la simple portación de un arma de fuego o deja sin positividad el tipo penal elegido por el A quo.En conclusión para que este precepto (Decretos Legislativos) tenga aplicación al caso de autos, resulta necesario en principio que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, en otras palabras, para que una persona sorprendida portando un arma de fuego sin permiso de la autoridad competente, pueda ampararse en esta disposición y no le sea aplicado el artículo 332B del Código Penal, es necesario que al momento de producirse la portación ilegal se encuentre en vigencia la norma que autoriza el plazo de un año para registrar el arma y que de su conducta se muestre la intención de hacer entrega del arma, ya sea para su registro o destrucción a la autoridad competente, en consecuencia, del acumulo judicial resulta que al momento de la infracción imputada al encartado no estaba vigente los decretos legislativos 184-2013 en relación con el 63-2014. Por todas estas razones, deviene improcedente el recurso de casación invocado. V. DECISIÓN Se desestima el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su único motivo.VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, con la concurrencia del Magistrado Jose Olivio Rodriguez Vásquez, al no compartir la fundamentación jurídica con la mayoría de los Magistrados de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su único motivo, interpuesto por el Abogado Á.O. B. P., actuando en su condición de Defensor Público del señor D. S. a quien se le condenócomo autores responsables del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor M. J. C. S. a la pena principal de quince (15) años de reclusión y como autor responsable del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (03) años de reclusión, haciendo un total de dieciocho (18) años de reclusión.- Segundo: Declara Firme y Ejecutable la Sentencia de fecha veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara.- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.” “VOTO PARTICULAR En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, a los dos (2) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018), el MAGISTRADO JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, emite voto particular al no compartir la fundamentación Jurídica de la mayoría de la Sala de lo Penal, que origina el fallo que Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su único motivo, interpuesto por el Abogado Á. O. B. P., actuando en su condición de Defensor Público del señor D. S. a quien se le condenócomo autor responsables del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (03) años de reclusión.HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“UNICO: Que en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil doce (2012) entre las tres y cuatro pasado meridiano, en la orilla de la carretera que de Santa Bárbara conduce a la aldea San Gaspar, el municipio de Santa Bárbara, departamento del mismo nombre, el hoy imputado D. S., sin razón aparente alguna, con arma de fuego le dispara al señor M.J.C.S., quien fallece mientras era atendido en el Hospital Mario Catarino Rivas, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, momentos después la Policía Nacional detiene al hoy imputado, portando en su cintura un arma de fuego, tipo pistola, calibre nueve milímetros, sin el permiso de Portación correspondiente.”PRIMERO :La mayoría de Magistrados de la Sala de lo Penal fue del criterio de que, para que el precepto del Decreto Legislativo 184-2013 en relación con el 63-2014, tenga aplicación al caso de autos, resulta necesario en principio que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, en otras palabras, para que una persona sorprendida portando un arma de fuego comercial sin permiso de la autoridad competente, pueda ampararse en esta disposición y no le sea aplicado el artículo 332B del Código Penal, es necesario que al momento de producirse la portación ilegal se encuentre en vigencia la norma que autoriza el plazo de un año para registrar el arma y que de su conducta se muestre la intención de hacer entrega del arma, ya sea para su registro o destrucción a la autoridad competente. SEGUNDO: Se concuerda con la mayoría en el fallo dictado por esta Sala en cuanto a declarar No Ha Lugar el recurso interpuesto contra el fallo condenatorio del Tribunal de Sentencia, pero no en relación a la fundamentación jurídica utilizada sobre la interpretación a la retroactividad de la ley, dado que a mi criterio, para que el decreto legislativo 184-2013 tenga aplicación al caso de autos, no resulta necesario que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, en base al principio de retroactividad de una ley que de manera posterior sea beneficioso al enjuiciado resalta para el caso el decreto de veda para inscripción de dichas armas comerciales. Resalta el Doctor Suazo Lagos, que; “en estricto derecho el Juez no está obligado más que a decidir, entre la ley vigente en la fecha de la comisión del delito y la vigente en la fecha de la sentencia, porque solo esta y no una ya derogada puede aplicarse retroactivamente”, a renglón seguido continuó expresando el Dr. S.L.: “Se reconoce, sin embargo, por la mayoría, que en justicia el juez debe también tomar en cuenta las leyes intermedias de manera que cuando exista una sucesión de tres o más leyes entre la fecha de comisión y la fecha de sentencia, debe el juez aplicar aquélla de entre esas tres o más leyes que sea más favorable al reo, salvo el caso de que una de dichas leyes sea una ley temporal”[2]por eso entendemos que el beneficio lo puede obtener quien ande portando un arma no registrada pero no sirviéndose de ella para la Comision de otros Delitos. En este caso, tenemos una ley intermedia que no regía cuando se cometió el hecho, pero que cobro vigencia durante el juicio y que al momento del fallo ya no estaba vigente, por tanto, la ley más favorable al condenado es la intermedia, si se tratase de una simple portación de arma de fuego comercial o que demuestre su intención de registrarla. Siempre en ese mismo sentido Muñoz Conde acota atinadamente con respecto a las dudas que plantea la aplicación de una ley intermedia que provienen del hecho de que la valoración contenida en dicha ley no era mantenida por el legislador cuando se cometió la conducta, pero tampoco lo es en el momento en que esta se enjuicia, pese a ello, concluye, “Si la ley intermedia resulta más beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que este pudo ser juzgado con arreglo a la misma si el juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si ello no ha ocurrido, no deben aplicársele las consecuencias de la ley que le perjudica (STS 27.12.82)”. si bien es cierto el decreto en cuestión no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la portación ilegal de armas, importa una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma intermedia pues si entendiéramos que la pretensión del legislador era dejar vigente el articulo 332B del Código Penal, al regir el decreto 184-2013, aun las personas que hubieren acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado decreto, incurrirían en el delito de portación ilegal de armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plazo otorgado por la disposición intermedia. Si bien el decreto en mención en si no se trata en su totalidad de una ley intermedia, si contiene un precepto de esa categoría, consecuentemente procede en la simple portación de Arma de Fuego Comercial la aplicación de artículo 96 de la constitución de la Republica. TERCERO: Tampoco estoy de acuerdo con lo expresado en la página 14 párrafo segundo de esta sentencia dictada por la Sala, al manifestarse que el término “Veda” que aparece en el Decreto mencionado en su artículo 2, no es el correcto y que el que debió emplearse es el término de “gracia”. CUARTO: Se concuerda en su totalidad de la Sentencia dictada por la Sala de lo Penal, mediante la cual “FALLA: PRIMERO Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de ley o Doctrina Legal en su único motivo, interpuesto por el Abogado Á.O.B. P., actuando en su condición de Defensor Público del señor D. S. a quien se le condeno como autores responsables del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor M. J. C.S., a la pena principal de quince (15) años de reclusión y como autor responsable del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (03) años de reclusión , haciendo un total de dieciocho (18) años de reclusión.- SEGUNDO: Declara Firme y Ejecutable la Sentencia de fecha veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara.- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFIQUESE.” FIRMA Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO.FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia y Voto Particular de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-220-2015.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia de Casación Penal, SP 48-2009
[2] Suazo Lagos René. Lecciones de Derecho Penal I. 8ª Edición. Tegucigalpa 2001. P. 68.2.- Muñoz Conde Francisco. García Arán Mercedes. Derecho Penal parte General. 5ta. Edición. Tirant Loblanch.Valencia 2002.P.144