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Sentencia CP-220-14 — Registro 8172

Resumen

En primera instancia se absuelve a la imputada por el delito de lavado de activos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala de lo Penal observa que el recurrente funda su reproche recursivo de quebrantamiento de forma en que el Juzgador dejó de considerar prueba de valor decisivo, concretamente al haber declarado prueba ilícita prueba de carácter decisorio para el proceso, tal como lo es el Acta del Registro y Acta de Decomiso de la evidencia consistente en el dinero que portaba la acusada señora S. P. P., al no haber sido asistida por un Abogado Defensor y por no haber sido convalidadas dichas diligencias policiales por un Juez de garantías. Esta Sala aprecia reitera su criterio jurisprudencial por el que éste motivo de impugnación es operativo solo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba, por considerarla ilícita sin serlo, o cuando no se considere, omitiéndose toda referencia a ella, siendo dicha prueba decisiva para decretar la absolución o la condena de un imputado. Las razones que el A Quo invoca para excluir la prueba de cargo relacionada y por ello absolver al acusado del hecho de que se le acusa, son a todas luces débiles e insuficientes . Lo anterior, en virtud que la mencionada cantidad de dinero es detectada por personal de la Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Ramón Villeda Morales, de la ciudad de La Lima, departamento de Cortés, al momento en la acusada S. P. P. B., pasa por la máquina de rayos x la que le detecta algo irregular en el interior de una maleta, y al preguntarle que llevaba, y contestar que dinero, Agente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico la trasladan a sus oficinas, en la que se le practica un registro personal, encontrándole primero en un bolsa color negro la suma de Nueve mil seiscientos siete dólares ($9,607.00), documentos personales, tarjetas de crédito y celular; en la segunda maleta mediana. color café, orilla café claro de llantitas pequeñas entre otras cosas la suma de Nueve mil seiscientos veintidós ($9,622.00) y en un bolso Marca Versada entre otros un billete de 10 bolívares, un billete de 10 mil pesos chilenos, un billete de 500 bolívares, un billete de 10 quetzales, tres billetes de 2000 pesos colombianos cada uno, un billete de un quetzal, tarjetas de crédito y documentos personales, tarjetas de celular, los cuales fueron decomisados dándole detención por no haber justificado su procedencia. El procedimiento en este tipo se encuentra establecido en la Ley de Aeronáutica Civil y su Reglamento, Regulaciones de Inter Airport, Empresa concesionaria del manejo de los aeropuertos en Honduras, y en los Manuales autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil, según las directrices establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En este caso las autoridades aeroportuarias no incurren en defecto de procedimiento alguno al momento de detectar con la maquina de rayos x objetos extraños en el equipaje de mano de la acusada, no se trata de un procedimiento invasivo sino de uno en que no es necesario abrir equipaje. Al contestar la acusada que lleva dinero efectivo en equipaje de mano, el cual dicho sea de paso no ha sido declarado previamente, Agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) asignados a la investigación conducen a la acusada a las oficinas aeroportuarias de dicha unidad policial, lugar en que practica una entrevista y en presencia de la acusada, llevan a cabo el registro de su bolsa y maleta de mano, en las que las autoridades de investigación encuentran cantidades de dinero en dólares americanos, y otras moneda extranjera, momento hasta en el cual, dichos Agentes hacen saber a la acusada que queda detenida por considerarla sospechosa de la comisión de un delito de Lavado de Activos. Esta Sala considera que tal y como aprecia el Fiscal en su recurso de casación, no se requiere de la presencia de un abogado defensor en los momentos de detección, registro y hallazgo del dinero en el interior de la maletas de mano, ni durante la entrevista administrativa llevada a cabo en las oficinas aeroportuarias de la DLCN, por tratarse de procedimientos regulares que practican las autoridades aeroportuarias en todos los aeropuertos del mundo y en nuestro país, para la constatación de la comisión de un posible delito. Comienza la acusada a ser considera como imputada y a tener todos los derechos procesales y constitucionales, desde el momento en que las autoridades de investigación competentes constatan la existencia física de las cantidades de dinero en dólares, en cantidades superiores a Diez mil dólares sin haberlas reportado previamente a las autoridades, ni haber acreditado o haber justificado su lícita procedencia. No es sino hasta ese preciso momento en que se le considera imputada, en que se le hace la intimación por los Agentes de investigación que consistente en hacerle saber de que se le acusa y los derechos que como imputada le asisten, entre ellos el derecho de contar con un abogado defensor y proceden a documentar el hallazgo de la evidencia mediante la elaboración de actas de registro y de decomiso. Antes del momento de la intimación formal, la acusada no tiene el carácter de imputada, por lo que el A Quo no debió invalidar la prueba de cargo consistente en las actas de registro y decomiso del dinero incautado a la imputada, por el hecho de no estar presente su abogado defensor durante el registro, decomiso de la evidencia, ni en la entrevista, por ser procedimientos de actuación inmediata para la constatación del delito, practicados por agentes de policía acreditados y debidamente entrenados, para desempeñarse en las terminales aéreas, sino de registros en equipaje o maletas de mano que se practican por agentes aeroportuarios en presencia de la propia acusada casos en los que la defensa técnica puede perfectamente actuar a posteriori, y no ser procedimientos invasivos del cuerpo humano, en los que la ley prevé se practiquen en presencia de un abogado defensor. Esta Sala considera que tampoco es requisito en este tipo de casos, la practica de convalidación ante un juez de garantías, de las diligencias de investigación aeroportuaria, en este caso del registro y decomiso de objetos prohibidos que llevan en aeropuertos los pasajeros en sus equipajes de mano, cuando en ellas se encuentra dinero en efectivo, en virtud que con su practica no se violentan derechos fundamentales, en concreto del derecho de defensa de la acusada. Por todo lo anterior, esta Sala concluye que, en el presente caso, el A Quo ha excluido prueba de valor decisivo para la litis, al considerar prueba ilícita sin serlo por las razones expuestas, prueba de cargo de reproche que de haber sido valorada podía haber modificado el fallo. Por todo lo expuesto, esta sala declara con lugar el motivo de casación de Quebrantamiento de forma, excluido prueba de valor decisivo invocado por el recurrente. 2) Esta Sala no se pronuncia concretamente sobre el contenido del segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma, fundado en que la sentencia impugnada adolece de falta de motivación fáctica, en virtud de haber prosperado el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma, por exclusión de prueba de valor decisivo, invocado por el recurrente."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018); el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García quien actúa como Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma número SP-220-2014, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de marzo de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, P. departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO a la acusada S. P. B., del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. - .2) NO CONDENÓ en costas al Ministerio Público. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado M. A. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado M. A. G., Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y, la Abogada N. E. F. Q., Apoderada Defensora de la acusada S. P. P. B., como parte recurrida. I. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara, expresa y terminantemente, probados los hechos siguiente: El día trece de octubre del dos mil diez, aproximadamente a las seis de la mañana, en las instalaciones del aeropuerto Ramón Villena Morales, cuando se aprestaba a salir del país, específicamente en el área de rayos x del referido aeropuerto, fue detenida la señora S. P. P. B., en posesión de $9,607.00 dólares, posteriormente es trasladada a las oficinas de la lucha contra el narcotráfico ubicadas en el interior del mismo aeropuerto, transcurriendo aproximadamente tres horas y media para que le realizaran el decomiso del dinero que portaba, la lectura de sus derechos y posterior puesta a la orden de las autoridades competentes.” II. ADMISIBILIDAD El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado M. A. G., en su carácter de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.” III. RECURSO DE CASACIÓN “EL ABOGADO RECURRENTE M. A. G., ACTUANDO EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE:” PRIMER MOTIVO: “Que al haber dictado el Juzgador sentencia absolutoria a favor de la imputada S. P. P., lo hizo excluyendo prueba de valor decisivo”. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 2 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Esa Sala de lo Penal ha emitido Doctrina Legal[1] en la que establece que concurre vicio in procedendo de exclusión de prueba de valor decisivo, cuando el A quo ha estimado ilícita la prueba sin serlo y que producto de ello se halla dictado un fallo injusto. En el caso subjudice, el Juzgador a dictado una sentencia absolutoria a favor de S. P. P., por el delito de Lavado de Activos, por estimar al ser requerida la acusada por parte de la policía a las seis de la mañana y ser trasladada a las oficinas de la Lucha contra el Narcotráfico, se le privó de su libertad adquiriendo desde ese momento la calidad de imputada; y que era a las seis de la mañana cuando los agentes de la policía debieron proceder a la lectura de derechos; y que durante tres horas la acusada permaneció sin movilización y sin una defensa técnica, por lo que se le vulneró la garantía constitucional del derecho a la defensa. Como consecuencia de lo anterior, se declaró ilícita la prueba recolectada, como ser: el acto del registro y el posterior decomiso del dinero que portaba la señora S. P., en virtud que en ambas diligencias no estuvo asistida por un apoderado defensor, así como tampoco dichas diligencias policiales fueron convalidadas por un Juez de garantías. Esta decisión adoptada por el Juzgador es la que reprocha a través de la casación el Ente Acusador, por cuanto la misma generó la destrucción del sustento probatorio de carácter decisivo que servía de base a la pretensión acusatoria (circunstancia que el mismo Juzgador admite en el libelo del fallo, específicamente en el último párrafo de la sección de valoración de la prueba que corre a pág. 17 de la sentencia); decisión que se aparta de la legalidad, por cuanto las diligencias referidas no vulneraron derecho o garantía fundamental alguna por las razones que a continuación se exponen y que esa misma Sala de lo Penal ha dejado plenamente establecido que no se vulnera el derecho de Defensa[2] por las causas estimadas por el A quo en el fallo impugnado: 1.- Si bien es cierto, que el artículo 84 párrafo último de la Constitución de la República; 101, 282.6 y 287.1 del Código Procesal Penal, establecen que el imputado tiene derecho a ser asistido por un defensor, pero no menos cierto es, que el ejercicio de este derecho es viable a partir de la intimación, que es cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera participe, es decir, que a partir de éste momento, la persona informada tiene la calidad de imputado y con ello surgen un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal, tal como establece el artículo 15 y 101 del Código Procesal Penal; y con ello no pretendemos decir, que previo al acto de intimación a un sospechoso no le asista derecho alguno, ya que ello no es así, dado que éste por su condición humana comparte con los demás ciudadanos los derechos reconocidos en la Constitución y las Leyes, pero si es importante aclarar tal como lo señalamos anteriormente, que sólo es después de la intimación que la persona adquiere la calidad de imputado y de allí en adelante es que devienen los efectos de la inobservancia de los preceptos procesales supracitados. Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, al momento en que la señora S. P. P., es requerida por detectives de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y se le solicita a efecto que los acompañe hasta las oficinas que dicha dirección tiene dentro del aeropuerto (por cuestiones de seguridad, debido al flujo de personas a esa hora de la mañana) a efecto de practicársele una inspección a su equipaje, esto como parte del quehacer rutinario de las autoridades en mención, cuando han tenido previo aviso de las autoridades aeroportuarias de detección de irregularidades en el área de inspección del aeropuerto, tal como sucedió en el caso de autos, en el cual se practicó inspección y registró en el equipaje (llámese maletas, bolsos, carteras, etc.) de la Sra. P., diligencia que fue efectuada en su presencia y bajo la anuencia de la ahora procesada (pues ésta circunstancia no fue controvertida por la defensa en el juicio oral y público), ya que es conocido de toda persona que viaja frecuentemente (como se demostró que lo hace la acusada) que es parte de las funciones del personal de seguridad de los aeropuertos, descartar que dentro del contenido de las maletas y bolsos de los viajeros se encuentren objetos de naturaleza ilícita. Y en cuanto al inevitable decomiso a la señora S. P. del dinero en efectivo en moneda estadounidense, esto es producto del registro supramencionado, lo cual también es parte de las funciones de los detectives, cuando su poseedor no da cuenta de su procedencia o destino, tal cómo lo indica la Ley Contra el delito de Lavado de Activos en su artículo 3. Como se puede apreciar, previo a la práctica de las diligencias que fueron declaradas ilícitas por parte del A quo, la ahora acusada no tenía la calidad de detenida, sino que la condición de pasajera. a quien debía hacérsele de manera manual una verificación física a su equipaje, fundamentándose las autoridades para efectuar dicha inspección conforme a lo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil y su Reglamento y de Inter airport (Empresa Concesionaria del manejo de los aeropuertos en nuestro país), manuales éstos previamente autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil, y esta última bajo las directrices dictadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)[3] de la cual nuestro país es Estado Miembro. 2.- Por otro lado cabe también importante resaltar, que la señora P. una vez estando materialmente detenida, no fue interrogada por parte de los policías, ni tampoco medió para el hallazgo de la evidencia (llámese dinero incautado) que ella declarase y que fuese de sus dichos que se lograse el descubrimiento de aquella, por ende la detección de la misma cumple con todas las garantía de autenticidad y de legalidad, y en cuanto al procedimiento llevado a cabo para su recolección, en el desarrollo del debate y al momento de incorporarse la prueba al mismo, el Tribunal de Sentencia quien tuvo la inmediación de la prueba, no apreció ningún elemento que les hiciera suponer que la evidencia descrita en las cadenas de custodia, haya sufrido alteraciones en el proceso de incautación, embalaje, traslado y custodia. Siendo así las cosas, no es correcta la posición del A quo al haber apreciado que la señora S. P. debía contar con la presencia de un abogado defensor al momento en que se le decomisa el dinero; como tampoco es correcto que estime, que las diligencias investigativas anuladas debieron ser en su momento convalidadas por un juez de garantía, pues de manera alguna con la práctica de las mismas se vulneró derecho fundamental alguno que debiese tenido que pasar por el tamiz de legalidad otorgado por el juez, ya que la entrevista en calidad de pasajera que se le hace a la ahora imputada en la oficina de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico no constituye aprehensión, pues reiteramos, este es el procedimiento normal que ejecuta el cuerpo de Seguridad del Aeropuerto, luego de la detección de anomalías en el equipaje de cualquier pasajero. En ese sentido no existe lesión material al derecho de defensa de la acusada, por cuanto para que concurra dicha lesión, no bastaría establecer que hubo una omisión formal (como lo atribuye el A quo), sino que también se debe demostrar que existió un perjuicio material, lo cual en el caso en examen no procede, por cuanto el hallazgo de la evidencia se realizó sin la intervención ó colaboración de la señora P., como tampoco se acreditó que ella fuese interrogada, engañada o coaccionada para que se realizase algún acto que implicara fuente o elemento de prueba en su contra. Entonces partiendo de éstos extremos, en el hipotético caso (que reiteramos, no ocurrió así) de que efectivamente se haya omitido procurar la presencia del apoderado defensor de la acusada corno una omisión formal, esto no conllevó a la violación material del derecho de defensa, posición ésta que es la sostiene Vuestra Sala, habiéndolo plasmado así en el fallo emitido en fecha 16 de mayo del 2013, contenida en el Exp. SP-397-2012. Es así que resulta evidente que el Juzgador excluyó prueba de valor decisivo, que de haberse valorado por el A quo junto con el demás andamiaje probatorio de cargo, el resultado del juicio hubiese sido un fallo condenatorio, dado que las diligencias de registro y decomiso en referencia están provistas de toda la legalidad; por todo lo anterior, solicitarnos se admita el presente recurso en su primer motivo, para que una vez que se lleve a cabo un nuevo juicio, conocido por un Tribunal de Sentencia constituido por jueces distintos a los que conocieron el presente, se logre evitar la impunidad como la que ahora resaltamos. Haciéndose hasta este momento dicho reclamo, pues el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar.” II. EL ABOGADO RECURRENTE MANIFIESTA EN SU:” SEGUNDO MOTIVO: “La sentencia impugnada adolece de Falta de Motivación Fáctica” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Al momento de valorar la prueba el Juzgador consideró declarar ilícitos (sin serlo, por las razones expuestas en el primer motivo) lo actos investigativos que dieron lugar a la recolección de la evidencia (dinero en efectivo en moneda estadounidense) como ser: el registro al equipaje de la acusada y el decomiso del dinero. Y del peritaje denominado “Dictamen Patrimonial”, al momento de valorarlo se limita a exponer: “Si bien toda la información patrimonial presentada por éste peritaje no demuestra origen de los dólares que portaba la imputada, no es menos cierto que éste es un acto posterior a su detención, que éste Tribunal, en virtud de la declaración de nulidad por la violación de garantías al derecho de defensa, resulta impertinente sus análisis motivacional, en tanto y en cuanto todos los actos posteriores a la detención se vuelven nulos como producto de la teoría del árbol envenado“. Esta exposición de parte del A quo es totalmente reprochable por la vía que ahora recurrimos, en tanto que el mismo admite como “impertinente tener que hacer una análisis motivacional sobre la prueba en comentó “, es decir, que se abstiene absolutamente de realizar un razonamiento bajo las reglas de la Sana Crítica como le manda la ley sobre la prueba[4], bajo el simple argumento que todos los actos posteriores a la detención de la acusada se vuelven nulos, cuando en la sentencia que ahora se impugna no se decreta nulidad alguna del dictamen patrimonial, y es más, el mismo Juzgador se contraría en su posición, pues al inicio de su comentario concluye que dicha pericia no demuestra el origen del dinero incautado a la acusada, cuando es claro por sus propias palabras que ha omitido someterlo al iter lógico del pensamiento, de maneta tal que resultaba absurdo arribar a esa conclusión. Es por ello que como lectores de la sentencia sub judice, nos resulta imposible realizar un efectivo y completo control de la fundamentación del fallo, ya que desconocemos objetivamente como el A quo formó su convicción que lo ha llevado a absolver, pues para ello era necesario que se valorará conjunta y armónicamente toda la prueba producida en el debate con arreglo a las reglas de la Sana Crítica, debiendo manifestar aunque sea en forma escueta, sucinta o breve su razonamiento (art. 141 y 338 del CPP), pero nunca abstenerse de ello como sucede en el caso de marras, pues lo importante como ha establecido la Sala de lo Penal[5] es que “dicho razonamiento guarde relación, sea proporcionado y congruente con el problema que se resuelve y que, a través de los mismos, puedan la partes conocer el motivo de la decisión a los efectos de la posible impugnación y permita a los órganos judiciales superiores ejercer la función revisora que les corresponde “. En nuestro caso la falta de motivación de la sentencia es de tal magnitud, que el fallo resulta privado de razones suficientemente aptas para justificar la absolución respecto de las cuestiones de la causa, por lo que procede que debe sancionarse con su nulidad, dado que el vicio es trascendente y esencial, en tanto que de haberse observado lo que dispone nuestra ley adjetiva respecto a la motivación, inclusive el fallo dictado hubiese sido distinto. Es así que instamos a Vosotros Magistrados que se le de la oportunidad al Ministerio Publico en un nuevo debate, para lograr la realización de justicia en el caso que hoy nos ocupa; haciendo la aclaración que el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, se produjo en el acto mismo de sentenciar.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) EXCLUSIÓN DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO. “Este motivo de impugnación resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba (por considerarla ilícita sin serlo, por ejemplo) o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella), siendo decisiva para decretar la absolución o la condena del imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tiene obligada proyección en el relato histórico de la sentencia combatida. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuera desacertadamente, en y otro caso habrá de rechazar e el motivo, sin perjuicio que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso amparado en el numeral siguiente, si en su ponderación no se observaron las reglas de la sana critica”. [6] “Que la prueba omitida, hemos señalado, debe ser decisiva; si carece de eficacia, la omisión no afecta a la motivación…Carece de relevancia y por lo tanto no ocasiona vicio a la sentencia: la nulidad de un acto de una prueba no tenida en cuenta en la motivación…Tampoco produce la nulidad por falta de motivación la invalidez de una prueba, cuando la sentencia se sustenta en otros elementos de juicio suficientes y válidos… Para apreciar la decisividad de la prueba eliminada el tribunal de casación ha de acudir al MÉTODO DE LA SUPRESIÓN HIPOTÉTICA de la manera siguiente: una prueba será decisiva, y su validez afectará de manera fundamental a la motivación, cuando -si mentalmente se la suprimiera- las conclusiones hubieran sido necesariamente distintas.- Es claro que para este examen, como en otra parte ya lo hemos anticipado, el Tribunal de casación formula, en alguna medida, un juicio de hecho relativo a valoración de la prueba; ello es inevitable en tanto tiene que apreciar la suficiencia de las pruebas válidas que el fallo conservará como sustento. Pero esta tarea estimativa del material probatorio subsistente, no debe modificar los límites de su función de contralor jurídico. El examen se reducirá a la legalidad y racionalidad de esos elementos como fuente de convicción”. [7] 2) Esta Sala de lo Penal, considera que el Código Procesal Penal, en la parte conducente del Artículo 362.3, autoriza el Re­curso de Casación por Quebrantamiento de Forma, cuando la sentencia impugnada carezca de MOTIVACIONES FÁCTICAS O JURÍDICAS, O QUE DICHAS MOTIVACIONES SEAN INSUFICIENTES O CONTRADICTORIAS. Al respecto de la motivación de fallo: “Debe distinguirse la falta de motivación de la simple “insuficiencia de motivación”, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces. La ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con la nulidad, únicamente cuando falta la motivación, no cuando ella es solo imperfecta o defectuosa, tampoco la anula un error no esencial.[8]” Acerca de la fundamentación fáctica esta Sala aprecia que: “Los errores mas frecuentes en este apartado podemos enunciarlos de la siguiente manera: 1.1 Contradicción entre el elenco de hechos establecidos como ciertos (fundamentación fáctica) y el elenco de hechos que se tratan como probados a la hora de hacer el análisis crítico de las probanzas (fundamentación analítica o intelectiva). Ocurre que el juzgador afirma –o niega- cuestiones de hecho a la hora de establecer el marco fáctico en un primer “considerando” y luego, al valorar la prueba, entra en abierta contradicción con lo que ha establecido, ya sea negando abiertamente lo que antes afirmaba, ya sea introduciendo la duda o consideraciones que oscurecen el razonamiento. En este punto podemos hablar de una violación al principio lógico de no-contradicción desde una perspectiva estructural del fallo, ya que se trata de un apartado en el que se sostiene lo contrario, o se cuestiona lo previamente establecido en aspectos esenciales. Como se verá, la jurisprudencia ha relacionado también esta falla con la violación a las reglas de la sana critica, el particular el principio de derivación o razón suficiente, pero nuestro criterio es que se vincula más exactamente con el tema de fundamento contradictorio puro y simple”.[9] V. RESUMEN 1) RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. AL HABER DICTADO EL JUZGADOR SENTENCIA ABSOLUTORIA LO HIZO EXCLUYENDO PRUEBA DE VALOR DECISIVO. En el caso subjudice el Juzgador ha dictado una sentencia absolutoria a favor de S. P. P., por el delito de Lavado de Activos, por estimar al ser requerida la acusada por parte de la policía a las seis de la mañana y ser trasladada a las oficinas de la Lucha contra el Narcotráfico, se le privó de su libertad adquiriendo desde ese momento la calidad de imputada; y que era a las seis de la mañana cuando los agentes de la policía debieron proceder a la lectura de derechos; y que durante tres horas la acusada permaneció sin movilización y sin una defensa técnica, se le vulneró la garantía constitucional del derecho a la defensa. Reprocha que como consecuencia de lo anterior el A Quo declaró ilícita la prueba consistente en el acta del registro y Acta de decomiso del dinero que portaba la acusada señora S. P., al no haber sido asistida por un apoderado defensor, y por no haber sido dichas diligencias policiales convalidadas por un Juez de garantías. Esta decisión del Juzgador es la que reprocha a través de la casación, por cuanto la misma generó la destrucción del sustento probatorio de carácter decisivo que servía de base a la pretensión acusatoria, quien admite en el fallo, específicamente en el último párrafo de la sección de valoración de la prueba que corre a pág. 17 de la sentencia. Si bien es cierto, que el artículo 84 párrafo último de la Constitución de la República; 101, 282.6 y 287.1 del Código Procesal Penal, establecen que el imputado tiene derecho a ser asistido por un defensor, no es menos cierto que el ejercicio de este derecho es viable a partir de la intimación, que es cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera participe, es decir, que a partir de éste momento, la persona informada tiene la calidad de imputado y con ello surgen un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal, tal como establece el artículo 15 y 101 del Código Procesal Penal. Sólo es después de la intimación que la persona adquiere la calidad de imputado y de allí en adelante es que devienen los efectos de la inobservancia de los preceptos procesales supra citados. Previo a la práctica de las diligencias que fueron declaradas ilícitas por parte del A quo, la acusada no tenía la calidad de detenida sino que la condición de pasajera, a quien debía hacérsele de manera manual una verificación física a su equipaje por las autoridades, conforme a lo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil y su Reglamento y de Inter airport (Empresa Concesionaria del manejo de los aeropuertos en nuestro país), manuales previamente autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil, esta última bajo las directrices dictadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de la cual nuestro país es Estado Miembro. La señora S. P. P. una vez estando materialmente detenida, no fue interrogada por parte de los policías, ni tampoco medió para el hallazgo de la evidencia, consistente en el dinero incautado, que ella declarase y que fuese de sus dichos que se lograse el descubrimiento de aquella, por ende la detección de la misma cumple con todas las garantía de autenticidad y de legalidad, y en cuanto al procedimiento llevado a cabo para su recolección, en el desarrollo del debate y al momento de incorporarse la prueba al mismo. El A Quo quien tuvo la inmediación de la prueba, no apreció ningún elemento que les hiciera suponer que la evidencia descrita en las cadenas de custodia, haya sufrido alteraciones en el proceso de incautación, embalaje, traslado y custodia, por lo que no es correcta la posición del A Quo al haber apreciado que la acusada debía contar con la presencia de un abogado defensor al momento en que se le decomisa el dinero, como tampoco que las diligencias investigativas anuladas debieron ser convalidadas por un juez de garantía, pues de con la práctica no se vulneró derecho fundamental alguno, ya que la entrevista en calidad de pasajera, se le hace a la ahora imputada en la oficina de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico no constituye aprehensión, pues reiteramos, este es el procedimiento normal que ejecuta el cuerpo de Seguridad del Aeropuerto, luego de la detección de anomalías en el equipaje de cualquier pasajero. Por lo anterior, el Juzgador excluyó prueba de valor decisivo, que de haberse valorado por el A Quo. 2) RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. LA SENTENCIA IMPUGNADA ADOLECE DE FALTA DE MOTIVACIÓN FÁCTICA. Al momento de valorar la prueba el Juzgador consideró declarar ilícitos lo actos investigativos que dieron lugar a la recolección de la evidencia como ser: el registro al equipaje de la acusada y el decomiso del dinero. Y del peritaje denominado “Dictamen Patrimonial”. Al momento de valorar dicha prueba se limita a exponer: “Si bien toda la información patrimonial presentada por éste peritaje no demuestra origen de los dólares que portaba la imputada, no es menos cierto que éste es un acto posterior a su detención, que éste Tribunal, en virtud de la declaración de nulidad por la violación de garantías al derecho de defensa, resulta impertinente sus análisis motivacional, en tanto y en cuanto todos los actos posteriores a la detención se vuelven nulos como producto de la teoría del árbol envenado“. El mismo admite como “impertinente tener que hacer un análisis motivacional sobre la prueba en comentó “, es decir, que se abstiene absolutamente de realizar un razonamiento bajo las reglas de la sana crítica como le manda la ley sobre la prueba, bajo el simple argumento que todos los actos posteriores a la detención de la acusada se vuelven nulos, cuando en la sentencia que se impugna no se decreta nulidad alguna del dictamen patrimonial. El mismo Juzgador concluye que dicha pericia no demuestra el origen del dinero incautado a la acusada, cuando es claro por sus propias palabras que ha omitido someterlo al iter lógico del pensamiento, de maneta tal que resultaba absurdo arribar a esa conclusión. El fallo resulta privado de razones suficientemente aptas para justificar la absolución respecto de las cuestiones de la causa, por lo que procede que debe sancionarse con su nulidad. VI. DECISIÓN 1) Esta Sala de lo Penal observa que el recurrente funda su reproche recursivo de quebrantamiento de forma en que el Juzgador dejó de considerar prueba de valor decisivo, concretamente al haber declarado prueba ilícita prueba de carácter decisorio para el proceso, tal como lo es el Acta del Registro y Acta de Decomiso de la evidencia consistente en el dinero que portaba la acusada señora S. P. P., al no haber sido asistida por un Abogado Defensor y por no haber sido convalidadas dichas diligencias policiales por un Juez de garantías. Esta Sala aprecia reitera su criterio jurisprudencial por el que éste motivo de impugnación es operativo solo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba, por considerarla ilícita sin serlo, o cuando no se considere, omitiéndose toda referencia a ella, siendo dicha prueba decisiva para decretar la absolución o la condena de un imputado. Las razones que el A Quo invoca para excluir la prueba de cargo relacionada y por ello absolver al acusado del hecho de que se le acusa, son a todas luces débiles e insuficientes. Lo anterior, en virtud que la mencionada cantidad de dinero es detectada por personal de la Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Ramón Villeda Morales, de la ciudad de La Lima, departamento de Cortés, al momento en la acusada S. P. P. B., pasa por la máquina de rayos x la que le detecta algo irregular en el interior de una maleta, y al preguntarle que llevaba, y contestar que dinero, Agente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico la trasladan a sus oficinas, en la que se le practica un registro personal, encontrándole primero en un bolsa color negro la suma de Nueve mil seiscientos siete dólares ($9,607.00), documentos personales, tarjetas de crédito y celular; en la segunda maleta mediana. color café, orilla café claro de llantitas pequeñas entre otras cosas la suma de Nueve mil seiscientos veintidós ($9,622.00) y en un bolso Marca Versada entre otros un billete de 10 bolívares, un billete de 10 mil pesos chilenos, un billete de 500 bolívares, un billete de 10 quetzales, tres billetes de 2000 pesos colombianos cada uno, un billete de un quetzal, tarjetas de crédito y documentos personales, tarjetas de celular, los cuales fueron decomisados dándole detención por no haber justificado su procedencia. El procedimiento en este tipo se encuentra establecido en la Ley de Aeronáutica Civil y su Reglamento, Regulaciones de Inter Airport, Empresa concesionaria del manejo de los aeropuertos en Honduras, y en los Manuales autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil, según las directrices establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En este caso las autoridades aeroportuarias no incurren en defecto de procedimiento alguno al momento de detectar con la maquina de rayos x objetos extraños en el equipaje de mano de la acusada, no se trata de un procedimiento invasivo sino de uno en que no es necesario abrir equipaje. Al contestar la acusada que lleva dinero efectivo en equipaje de mano, el cual dicho sea de paso no ha sido declarado previamente, Agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) asignados a la investigación conducen a la acusada a las oficinas aeroportuarias de dicha unidad policial, lugar en que practica una entrevista y en presencia de la acusada, llevan a cabo el registro de su bolsa y maleta de mano, en las que las autoridades de investigación encuentran cantidades de dinero en dólares americanos, y otras moneda extranjera, momento hasta en el cual, dichos Agentes hacen saber a la acusada que queda detenida por considerarla sospechosa de la comisión de un delito de Lavado de Activos. Esta Sala considera que tal y como aprecia el Fiscal en su recurso de casación, no se requiere de la presencia de un abogado defensor en los momentos de detección, registro y hallazgo del dinero en el interior de la maletas de mano, ni durante la entrevista administrativa llevada a cabo en las oficinas aeroportuarias de la DLCN, por tratarse de procedimientos regulares que practican las autoridades aeroportuarias en todos los aeropuertos del mundo y en nuestro país, para la constatación de la comisión de un posible delito. Comienza la acusada a ser considera como imputada y a tener todos los derechos procesales y constitucionales, desde el momento en que las autoridades de investigación competentes constatan la existencia física de las cantidades de dinero en dólares, en cantidades superiores a Diez mil dólares sin haberlas reportado previamente a las autoridades, ni haber acreditado o haber justificado su lícita procedencia. No es sino hasta ese preciso momento en que se le considera imputada, en que se le hace la intimación por los Agentes de investigación que consistente en hacerle saber de que se le acusa y los derechos que como imputada le asisten, entre ellos el derecho de contar con un abogado defensor y proceden a documentar el hallazgo de la evidencia mediante la elaboración de actas de registro y de decomiso. Antes del momento de la intimación formal, la acusada no tiene el carácter de imputada, por lo que el A Quo no debió invalidar la prueba de cargo consistente en las actas de registro y decomiso del dinero incautado a la imputada, por el hecho de no estar presente su abogado defensor durante el registro, decomiso de la evidencia, ni en la entrevista, por ser procedimientos de actuación inmediata para la constatación del delito, practicados por agentes de policía acreditados y debidamente entrenados, para desempeñarse en las terminales aéreas, sino de registros en equipaje o maletas de mano que se practican por agentes aeroportuarios en presencia de la propia acusada casos en los que la defensa técnica puede perfectamente actuar a posteriori, y no ser procedimientos invasivos del cuerpo humano, en los que la ley prevé se practiquen en presencia de un abogado defensor. Esta Sala considera que tampoco es requisito en este tipo de casos, la practica de convalidación ante un juez de garantías, de las diligencias de investigación aeroportuaria, en este caso del registro y decomiso de objetos prohibidos que llevan en aeropuertos los pasajeros en sus equipajes de mano, cuando en ellas se encuentra dinero en efectivo, en virtud que con su practica no se violentan derechos fundamentales, en concreto del derecho de defensa de la acusada. Por todo lo anterior, esta Sala concluye que, en el presente caso, el A Quo ha excluido prueba de valor decisivo para la litis, al considerar prueba ilícita sin serlo por las razones expuestas, prueba de cargo de reproche que de haber sido valorada podía haber modificado el fallo. Por todo lo expuesto, esta sala declara con lugar el motivo de casación de Quebrantamiento de forma, excluido prueba de valor decisivo invocado por el recurrente. 2) Esta Sala no se pronuncia concretamente sobre el contenido del segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma, fundado en que la sentencia impugnada adolece de falta de motivación fáctica, en virtud de haber prosperado el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma, por exclusión de prueba de valor decisivo, invocado por el recurrente. VII. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362.2 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declara CON lugar el Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, en su primer motivo, interpuesto por el Abogado M. A. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público; 2) Declarar la nulidad de la sentencia de fecha treinta de marzo de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, y del debate que la pronunció.- Y MANDA: 1) Que se repita el debate con Jueces diferentes a los que participaron en el anulado; 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-220-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Sentencias de fecha 30de mayo del 2011 (Exp.SP 154-2009); 27 de enero del 2011 (SP-322-2009) y 04 de febrero del 2011 (SP-90-2011).

[2] Sentencia dictada en fecha 16 de mayo del 2013 (Exp.SP-397-2012)

[3] Sus siglas en Ingles ICAO, Internacional Civil Aviatión Organitación.

[4] Art.202 del Código Procesal Penal.

[5] Sentencia emitida en fecha 15 de agosto del 2005.Exp SP-2178-2004.

[6] Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Los Recursos. Angel Llorente Fernández de la Reguera y Rixi Moncada Godoy. Tomo 7. Paginas 120.

[7] “El Recurso de Casación”. Fernando de la Rua. Edición 1968. Página 174 y 175

[8] “El Recurso de Casación”. Fernando de la Rua. Edición 1968. Página 156

[9] Texto: “Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal”, Autores Jose Manuel Arroyo Gutierrez y Alexander Rodriguez Campos. Editorial Jurídica Continental. Pagina 172.