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Sentencia CP-219-14 — Registro 8171

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por el delito de adquisición de vehículo robado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Esta Sala observa que, en el presente caso, el impetrante fundamenta su motivo único de casación por infracción de ley en la aplicación indebida del artículo 218-D del Código Penal, que ordena: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve a doce años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe”. Esta sala reitera que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El A Quo declaró expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: “PRIMERO: Que en fecha cinco de agosto del año dos mil doce el señor R. A. H. transitaba a la altura de los bajos de la colonia Monterrey en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, cuando fue interceptado por cuatro personas armados a las diez de la mañana. Le exigieron que les entregara una motocicleta en la cual se conducía, dicha motocicleta con las características de ser una moto itálica, color rojo con negro, año dos mil once, con placas MAB 2836. Luego de lo cual los sujetos desconocidos se fueron del lugar llevándose la motocicleta antes mencionada, así como la boleta de revisión de la misma y un permiso para circular sin placa. Posteriormente el señor R. A. H. al haber sido abandonado por los asaltantes, se abocó a una posta policial y presento la denuncia correspondiente por el despojo de la motocicleta. SEGUNDO: En fecha veintiuno de agosto del mismo año dos mil doce, aproximadamente a las diez de la noche, agentes de la policía preventiva realizaban un patrullaje de rutina a la altura de la colonia Japón de la ciudad de Choloma, Cortés, cuando observaron al señor E. A. M. R., conduciendo la motocicleta, antes relacionada, llevando como pasajero a un menor de edad que le había sido despojada en fecha cinco de agosto al señor R. A. H.. En un primer momento los detuvieron por observar que no portaban casco y transportarse dos sujetos de sexo masculino en dicha motocicleta, por lo cual lo requirieron, solicitándole a E. M. la documentación de la motocicleta, entregándole una revisión y un permiso para circular sin placa que tenía en la bolsa de su pantalón, no así la licencia de conducir, por esas razones los trasladan a la posta policial y es allí donde una vez consultado en la base de datos establecieron que la motocicleta antes descrita tenía reporte de robo; procediendo a la detención por la Policía Nacional al señor E. A. M.”. El relato fáctico de la sentencia impugnada citado se encuadra o subsume perfectamente en el precepto contenido en el artículo 218-D del Código Penal. En este caso, el A Quo ha calificado la acción desplegada por el acusado E. A. M. R. en el tipo penal de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, por considerar en la fundamentación jurídica del fallo impugnado que: “El tipo o elemento subjetivo, tendencial o intencional, esta constituido por el dolo, es decir el conocer y saber que la acción que se realiza es contraria a derecho…..No queda duda pues, que la intención que tenía el acusado al estar en posesión o plena disposición del vehículo de ajena pertenencia a sabiendas que el mismo era robado, no era otra que obtener un beneficio de cualquier naturaleza, por lo que el elemento subjetivo se cumple a cabalidad”. Esta Sala considera que de los hechos probados resulta que el acusado E. A. M. R. fue hallado por la Policía en posesión material de una motocicleta marca itálica, color rojo y negro, año 2011, Placas MAB 2836, a sabiendas que era robada, ello en virtud que al ser detenido iba manejándola en compañía de otro hombre menor de edad, sin hacer uso de casco, ni licencia de conducir y estar en posesión de la moto y documentos de que dos semanas atrás fue despojado el señor R. A. H. R., por cuatro personas armadas, consistentes en una boleta de revisión y del permiso para circular sin placa ambos a nombre de la Comercializadora Electra S.A. de C.V. vendida al señor M. J. A. S., (folios 33, 34 y 35), y sin que el acusado, ni su defensa técnica haya justificado la posesión de la motocicleta, documentos, ni el haberla adquirido de buena fe, por lo que conforme al artículo 2-C del Código Penal, el accionar del acusado causa una lesión al bien jurídico de la propiedad de un vehículo automotor protegida en el tipo penal del artículo 218-D del Código Penal. Por lo expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación de infracción de ley, por aplicación indebida del artículo 218-D del Código Penal, invocado por la parte recurrente"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."RESUMEN CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. APLICACIÓN INDEBIDA DEL PRECEPTO PENAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 218-D DEL CÓDIGO PENAL. - En el presente caso, los hechos considerados como probados no se subsumen en el articulo 218-D del Código Penal, por el que el acusado E. A. M. R., fue condenado. Los juzgadores califican los hechos probados como constitutivos de lo dispuesto en el artículo 218-D que establece lo siguiente: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve a doce años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe”. Estima que para que el delito de adquisición de vehículo robado se configure es necesaria la concurrencia de elementos objetivos como ser la adquisición de un vehículo que fue robado y de elementos subjetivos como ser el conocimiento de la procedencia ilegal del vehículo. El señor E. A. M. R. obtuvo esta motocicleta sin haberlo hecho de mala fe, quien detiene su vehículo siguiendo las instrucciones de la autoridad de tránsito y es hasta que es llevado a la posta policial cuando el acusado se da cuenta que la moto que había adquirido tenía reporte de robo, por lo que no hay elemento que indique que este conocía la procedencia ilícita de dicho vehículo. Al calificar los hechos probados en una acción constitutiva del delito de adquisición de vehículo robado, el A Quo incurre en la aplicación indebida del artículo 218-D del Código Penal. Por lo anterior, solicita que se declare con lugar el motivo de casación anteriormente expuesto y se dicte sentencia absolutoria a favor del acusado señor E. A. M. R., conforme a lo establecido en el artículo 2-C del Código Penal vigente”. VI. DECISIÓN Esta Sala observa que, en el presente caso, el impetrante fundamenta su motivo único de casación por infracción de ley en la aplicación indebida del artículo 218-D del Código Penal, que ordena: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve a doce años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe”. Esta sala reitera que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El A Quo declaró expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: “PRIMERO: Que en fecha cinco de agosto del año dos mil doce el señor R. A. H. transitaba a la altura de los bajos de la colonia Monterrey en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, cuando fue interceptado por cuatro personas armados a las diez de la mañana. Le exigieron que les entregara una motocicleta en la cual se conducía, dicha motocicleta con las características de ser una moto itálica, color rojo con negro, año dos mil once, con placas MAB 2836. Luego de lo cual los sujetos desconocidos se fueron del lugar llevándose la motocicleta antes mencionada, así como la boleta de revisión de la misma y un permiso para circular sin placa. Posteriormente el señor R. A. H. al haber sido abandonado por los asaltantes, se abocó a una posta policial y presento la denuncia correspondiente por el despojo de la motocicleta. SEGUNDO: En fecha veintiuno de agosto del mismo año dos mil doce, aproximadamente a las diez de la noche, agentes de la policía preventiva realizaban un patrullaje de rutina a la altura de la colonia Japón de la ciudad de Choloma, Cortés, cuando observaron al señor E. A. M. R., conduciendo la motocicleta, antes relacionada, llevando como pasajero a un menor de edad que le había sido despojada en fecha cinco de agosto al señor R. A. H.. En un primer momento los detuvieron por observar que no portaban casco y transportarse dos sujetos de sexo masculino en dicha motocicleta, por lo cual lo requirieron, solicitándole a E. M. la documentación de la motocicleta, entregándole una revisión y un permiso para circular sin placa que tenía en la bolsa de su pantalón, no así la licencia de conducir, por esas razones los trasladan a la posta policial y es allí donde una vez consultado en la base de datos establecieron que la motocicleta antes descrita tenía reporte de robo; procediendo a la detención por la Policía Nacional al señor E. A. M.”. El relato fáctico de la sentencia impugnada citado se encuadra o subsume perfectamente en el precepto contenido en el artículo 218-D del Código Penal. En este caso, el A Quo ha calificado la acción desplegada por el acusado E. A. M. R. en el tipo penal de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO,  por considerar en la fundamentación jurídica del fallo impugnado que: “El tipo o elemento subjetivo, tendencial o intencional, esta constituido por el dolo, es decir el conocer y saber que la acción que se realiza es contraria a derecho…..No queda duda pues, que la intención que tenía el acusado al estar en posesión o plena disposición del vehículo de ajena pertenencia a sabiendas que el mismo era robado, no era otra que obtener un beneficio de cualquier naturaleza, por lo que el elemento subjetivo se cumple a cabalidad”.  Esta Sala considera que de los hechos probados resulta que el acusado E. A. M. R. fue hallado por la Policía en posesión material de una motocicleta marca itálica, color rojo y negro, año 2011, Placas MAB 2836, a sabiendas que era robada, ello en virtud que al ser detenido iba manejándola en compañía de otro hombre menor de edad, sin hacer uso de casco, ni licencia de conducir y estar en posesión de la moto y documentos de que dos semanas atrás fue despojado el señor R. A. H. R., por cuatro personas armadas, consistentes en una boleta de revisión y del permiso para circular sin placa ambos a nombre de la Comercializadora Electra S.A. de C.V. vendida al señor M. J. A. S., (folios 33, 34 y 35), y sin que el acusado, ni su defensa técnica haya justificado la posesión de la motocicleta, documentos, ni el haberla adquirido de buena fe, por lo que conforme al artículo 2-C del Código Penal, el accionar del acusado causa una lesión al bien jurídico de la propiedad de un vehículo automotor protegida en el tipo penal del artículo 218-D del Código Penal. Por lo expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación de infracción de ley, por aplicación indebida del artículo 218-D del Código Penal, invocado por la parte recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia y el auto de fecha veinticinco de mayo del año en curso, que literalmente dicen: “En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018), El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Gúzman García, quien actúa como Coordinadora, José Olivio R. Vásquez y Rafael Bustillo Romero, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley número SP-219-2014, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de enero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló:1) CONDENANDO al Señor E. A. M. R., a la pena de nueve (09) años de reclusión por el delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de M. J. A.. 2) CONDENANDO al imputado E. A. M. R., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. 3) DECLARÓ la responsabilidad civil del condenado E. A. M. R. .4) NO CONDENÓ en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada V. E. F., actuando en su condición de Defensora Pública del señor E. A. M. R.. SON PARTES: La Abogada V. E. F., Defensora Pública del acusado señor E. A. M. R., como parte recurrente; y, el Abogado E. N. L., Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. I. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara, expresa y terminantemente probados, los hechos siguientes: PRIMERO: Que en fecha cinco de agosto del año dos mil doce el señor R. A. H. transitaba a la altura de los bajos de la colonia Monterrey en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, cuando fue interceptado por cuatro personas armados a las diez de la mañana. Le exigieron que les entregara una motocicleta en la cual se conducía, dicha motocicleta con las características de ser una moto itálica, color rojo con negro, año dos mil once, con placas MAB 2836. Luego de lo cual los sujetos desconocidos se fueron del lugar llevándose la motocicleta antes mencionada, así como la boleta de revisión de la misma y un permiso para circular sin placa. Posteriormente el señor R. A. H. al haber sido abandonado por los asaltantes, se abocó a una posta policial y presento la denuncia correspondiente por el despojo de la motocicleta. SEGUNDO: En fecha veintiuno de agosto del mismo año dos mil doce, aproximadamente a las diez de la noche, agentes de la policía preventiva realizaban un patrullaje de rutina a la altura de la colonia Japón de la ciudad de Choloma, Cortés, cuando observaron al señor E. A. M. R., conduciendo la motocicleta, antes relacionada, llevando como pasajero a un menor de edad que le había sido despojada en fecha cinco de agosto al señor R. A. H.. En un primer momento los detuvieron por observar que no portaban casco y transportarse dos sujetos de sexo masculino en dicha motocicleta, por lo cual lo requirieron, solicitándole a E. M. la documentación de la motocicleta, entregándole una revisión y un permiso para circular sin placa que tenía en la bolsa de su pantalón, no así la licencia de conducir, por esas razones los trasladan a la posta policial y es allí donde una vez consultado en la base de datos establecieron que la motocicleta antes descrita tenía reporte de robo; procediendo a la detención por la Policía Nacional al señor E. A. M..” II. ADMISIBILIDAD El Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Abogada V. E. F., actuando en su condición de Defensora Pública del señor E. A. M. R., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. III. RECURSO DE CASACIÓN “LA RECURRENTE ABOGADO V. E. F., ACTUANDO EN SU CONDICION DE DEFENSORA PUBLICA DEL SEÑOR E. A. M. R., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY DE LA MANERA SIGUIENTE:” MOTIVO UNICO: Conforme a los hechos probados en la sentencia, los juzgadores aplican en forma indebida el precepto penal establecido en el artículo 218-D del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE. Todos los motivos enunciados se encuentran establecidos en el artículo 360 del Código Procesal Penal. II. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION II.A. Los hechos probados son la base de una sentencia; de ellos se desprenden los acontecimientos que han sido considerados como probados por parte de los juzgadores. De ahí que en toda sentencia debe haber una correspondencia entre las descripciones fácticas establecidas en los hechos probados y la tipificación penal que finalmente es dictada en el fallo. II.B. De acuerdo a nuestra jurisprudencia para que un recurso de casación por infracción de ley prospere “es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”[1]. En el presente caso, los hechos considerados como probados no se subsumen en el delito por el cual mi representado ha sido injustamente condenado. Por lo anterior, los juzgadores han incurrido en una mala aplicación de los artículos previamente señalados en la exposición de los motivos de casación. III. EXPLICACION DEL VICIO. APLICACION INDEBIDA DEL ARTICULO 218-D DEL CODIGO PENAL. En el presente caso, el Tribunal ha establecido como hechos probados los que a continuación cito: “PRIMERO: “Que en fecha cinco de agosto del año dos mil doce el señor R. A. H. transitaba a la altura de los bajos de la Colonia Monterrey en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, cuando fue interceptado por cuatro personas armados a las diez de la mañana. Le exigieron que les entregara una motocicleta en la cual se conducía, dicha motocicleta con las características de ser una moto itálica, color rojo con negro, año 2011, con placas MAB 2836. Luego de la cual los sujetos desconocidos se fueron del lugar llevándose la motocicleta antes mencionada, así como la boleta de revisión de la misma y un permiso para circular sin placa. Posteriormente el señor R. A. H. al haber sido abandonado por los asaltantes se avoco as una posta policial y presentó la denuncia correspondiente por el despojo de la motocicleta.- SEGUNDO: En fecha veintiuno de agosto del mismo año dos mil doce, aproximadamente a la diez de la noche, agentes de la policía preventiva realizaban un patrullaje de rutina a la altura de la colonia Japón de la ciudad de Choloma, Cortés cuando observaron al señor E. A. M. R., conduciendo la motocicleta antes relacionada, llevando como pasajero a un menor de edad que le había sido despojada en fecha cinco de agosto al señor R. A. H.. En un primer momento los detuvieron por observar que no portaban casco y transportarse dos sujetos de sexo masculino en dicha motocicleta, por lo cual los requirieron, solicitándole a E. M. la documentación de la motocicleta, entregándole una revisión y un permiso para circular sin placa que tenia en la bolsa de su pantalón, no así la licencia de conducir, por esas razones los trasladan a la posta policial y es allí donde una vez consultado en la base de datos establecieron que la motocicleta antes descrita tenía reporte de robo; procediendo a la detención por la Policía Nacional al señor E. A. M..” Los juzgadores califican los transcritos hechos probados como constitutivos de lo dispuesto en el artículo 218-D que establece lo siguiente: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve a doce años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe.” De acuerdo al respeto irrestricto que se debe tener sobre los hechos probados, existe una evidente falta de correspondencia entre éstos y el fallo. Para que el delito de adquisición de vehículo robado se configure es necesaria la concurrencia de elementos objetivos como ser la adquisición de un vehículo que fue robado y de elementos subjetivos como ser el conocimiento de la procedencia ilegal del vehículo. Tal y como se describe en los hechos probados de la sentencia recurrida mi defendido el señor E. A. M. R. obtuvo esta motocicleta sin haberlo hecho de mala fe, premisa que se fortalece con la acción realizada por mi representado, quien detiene su vehículo siguiendo las instrucciones de la autoridad de tránsito y es hasta que es llevado a la posta policial cuando mi representado se da cuenta que la moto que había adquirido tenía un reporte de robo. Por lo anterior y en atención a lo que establecen los hechos probados no hay elemento alguno que indique que mi representado conocía la procedencia ilícita de dicho vehículo. De ahí que los juzgadores al calificar los hechos probados en acciones constitutivas del delito de adquisición de vehículo robado incurren en una aplicación indebida del artículo 218-D del Código Penal. INTERPRETACION PRETENDIDA. Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma penal sustantiva en relación a lo declarado como hecho probado, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON UJGAR el motivo de casación anteriormente expuesto, dictando una sentencia absolutoria para el señor E. A. M. R., conforme a lo establecido en el artículo 2-C del Código Penal vigente.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA A través del RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. V. RESUMEN

CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. APLICACIÓN INDEBIDA DEL PRECEPTO PENAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 218-D DEL CÓDIGO PENAL. - En el presente caso, los hechos considerados como probados no se subsumen en el articulo 218-D del Código Penal, por el que el acusado E. A. M. R., fue condenado. Los juzgadores califican los hechos probados como constitutivos de lo dispuesto en el artículo 218-D que establece lo siguiente: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve a doce años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe”. Estima que para que el delito de adquisición de vehículo robado se configure es necesaria la concurrencia de elementos objetivos como ser la adquisición de un vehículo que fue robado y de elementos subjetivos como ser el conocimiento de la procedencia ilegal del vehículo. El señor E. A. M. R. obtuvo esta motocicleta sin haberlo hecho de mala fe, quien detiene su vehículo siguiendo las instrucciones de la autoridad de tránsito y es hasta que es llevado a la posta policial cuando el acusado se da cuenta que la moto que había adquirido tenía reporte de robo, por lo que no hay elemento que indique que este conocía la procedencia ilícita de dicho vehículo. Al calificar los hechos probados en una acción constitutiva del delito de adquisición de vehículo robado, el A Quo incurre en la aplicación indebida del artículo 218-D del Código Penal. Por lo anterior, solicita que se declare con lugar el motivo de casación anteriormente expuesto y se dicte sentencia absolutoria a favor del acusado señor E. A. M. R., conforme a lo establecido en el artículo 2-C del Código Penal vigente”. VI. DECISIÓN Esta Sala observa que, en el presente caso, el impetrante fundamenta su motivo único de casación por infracción de ley en la aplicación indebida del artículo 218-D del Código Penal, que ordena: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve a doce años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe”. Esta sala reitera que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El A Quo declaró expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: “PRIMERO: Que en fecha cinco de agosto del año dos mil doce el señor R. A. H. transitaba a la altura de los bajos de la colonia Monterrey en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, cuando fue interceptado por cuatro personas armados a las diez de la mañana. Le exigieron que les entregara una motocicleta en la cual se conducía, dicha motocicleta con las características de ser una moto itálica, color rojo con negro, año dos mil once, con placas MAB 2836. Luego de lo cual los sujetos desconocidos se fueron del lugar llevándose la motocicleta antes mencionada, así como la boleta de revisión de la misma y un permiso para circular sin placa. Posteriormente el señor R. A. H. al haber sido abandonado por los asaltantes, se abocó a una posta policial y presento la denuncia correspondiente por el despojo de la motocicleta. SEGUNDO: En fecha veintiuno de agosto del mismo año dos mil doce, aproximadamente a las diez de la noche, agentes de la policía preventiva realizaban un patrullaje de rutina a la altura de la colonia Japón de la ciudad de Choloma, Cortés, cuando observaron al señor E. A. M. R., conduciendo la motocicleta, antes relacionada, llevando como pasajero a un menor de edad que le había sido despojada en fecha cinco de agosto al señor R. A. H.. En un primer momento los detuvieron por observar que no portaban casco y transportarse dos sujetos de sexo masculino en dicha motocicleta, por lo cual lo requirieron, solicitándole a E. M. la documentación de la motocicleta, entregándole una revisión y un permiso para circular sin placa que tenía en la bolsa de su pantalón, no así la licencia de conducir, por esas razones los trasladan a la posta policial y es allí donde una vez consultado en la base de datos establecieron que la motocicleta antes descrita tenía reporte de robo; procediendo a la detención por la Policía Nacional al señor E. A. M.”. El relato fáctico de la sentencia impugnada citado se encuadra o subsume perfectamente en el precepto contenido en el artículo 218-D del Código Penal. En este caso, el A Quo ha calificado la acción desplegada por el acusado E. A. M. R. en el tipo penal de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, por considerar en la fundamentación jurídica del fallo impugnado que: “El tipo o elemento subjetivo, tendencial o intencional, esta constituido por el dolo, es decir el conocer y saber que la acción que se realiza es contraria a derecho…..No queda duda pues, que la intención que tenía el acusado al estar en posesión o plena disposición del vehículo de ajena pertenencia a sabiendas que el mismo era robado, no era otra que obtener un beneficio de cualquier naturaleza, por lo que el elemento subjetivo se cumple a cabalidad”. Esta Sala considera que de los hechos probados resulta que el acusado E. A. M. R. fue hallado por la Policía en posesión material de una motocicleta marca itálica, color rojo y negro, año 2011, Placas MAB 2836, a sabiendas que era robada, ello en virtud que al ser detenido iba manejándola en compañía de otro hombre menor de edad, sin hacer uso de casco, ni licencia de conducir y estar en posesión de la moto y documentos de que dos semanas atrás fue despojado el señor R. A. H. R., por cuatro personas armadas, consistentes en una boleta de revisión y del permiso para circular sin placa ambos a nombre de la Comercializadora Electra S.A. de C.V. vendida al señor M. J. A. S., (folios 33, 34 y 35), y sin que el acusado, ni su defensa técnica haya justificado la posesión de la motocicleta, documentos, ni el haberla adquirido de buena fe, por lo que conforme al artículo 2-C del Código Penal, el accionar del acusado causa una lesión al bien jurídico de la propiedad de un vehículo automotor protegida en el tipo penal del artículo 218-D del Código Penal. Por lo expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación de infracción de ley, por aplicación indebida del artículo 218-D del Código Penal, invocado por la parte recurrente. VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 párrafo primero del Código Procesal Penal.- FALLA: Declara sin lugar el recurso de casación de Infracción de ley, en su único motivo único, interpuesto por la Abogada V. E. F., Defensora Pública del acusado E. A. M. R., contra la sentencia de fecha diez de enero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los fines y efectos legales.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO R. VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL”. “Casación Penal SP-219-2014 La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, coordinadora, José Olivio R. Vásquez y Rafael Bustillo Romero, dicta el siguiente: AUTO En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil dieciocho. ANTECEDENTES PROCESALES PRIMERO: En fecha veinte de marzo del año en curso, este Supremo Tribunal de Justicia dictó sentencia en el presente recurso de casación, mediante la cual decidió: “Declara SIN LUGAR el Recurso de Casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada V. E. F., Defensora Pública del acusado E. A. M. R., contra la sentencia de fecha diez de enero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los fines y efectos legales.” SEGUNDO: De una minuciosa lectura de la sentencia dictada en fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho por la Sala de lo Penal, se logró determinar que por un error material se consignó en el preámbulo y en la parte resolutiva de la misma, Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Francisco Morazán, siendo lo correcto Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. FUNDAMENTACIÓN UNICO: El articulo 142 del Código Procesal Penal dispone: “Antes de notificación de una resolución, el órgano jurisdiccional podrá aclarar las expresiones obscuras, corregir los errores materiales o suplir cualquier omisión que exista en la parte resolutiva, siempre que el acto no implique una modificación esencial de la resolución. Las partes podrán solicitar aclaraciones y adiciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Los meros errores materiales y los aritméticos o de cálculo, cuando sean manifiestos, podrán ser rectificados en cualquier momento, a petición de parte o por propia iniciativa del órgano jurisdiccional.” III. PARTE DISPOSITIVA Esta Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en las normas antes citadas, RESUELVE: 1).- Enmendar de oficio el preámbulo y la parte resolutiva de la sentencia dictada en el presente proceso en fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, que se lee: “Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Francisco Morazán”, siendo lo correcto San Pedro Sula, departamento de Cortés. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio R. Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día uno de junio de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de marzo y del auto de fecha veinticinco de mayo del año dos mil dieciocho respectivamente, recaídos en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-219-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil once en el proceso No.218-2010, emitida por la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.