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Sentencia CP-214-15 — Registro 11029

Resumen

En primera instancia se absuelve al menor infractor por la infracción penal de extorsión continuada, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Esta Sala de lo Penal ha revisado el acumulado judicial, apreciando que en fecha 01 de octubre de 2014 se celebró la audiencia de vinculación al proceso (f. 18), en la cual el Ministerio Público ofreció la declaración del Testigo Protegido “AL170”, el cual fue admitido por el A-quo y evacuado mediante formalidad de prueba anticipada en la audiencia indicada; Una vez decretada el auto de apertura a la etapa de juicio oral, en fecha 10 de noviembre del mismo año, se celebró la audiencia de proposición de pruebas, en la cual, el Ministerio Público oferto entre otros medios de prueba, la declaración testifical  del ofendido Testigo Protegido AL170, siendo admitido mediante auto de fecha 13 de noviembre de 2014 en el mismo se programó juicio para el 02 de diciembre de 2014, llegada la fecha de la vista de la causa (Juicio Oral) a pregunta de la señora Juez si los testigos de la Agente Fiscal se encuentran presente,  respondió, “…al testigo protegido se ha hecho difícil poderlo encontrar y para tal efecto los policías encargados me hicieron llegar un informe que es confidencial y que no tenga acceso la defensa…”. Ante ello la fiscal solicitó autorización para evacuar mediante lectura la declaración del testigo protegido, la cual fue denegada por la Juez A-quo al considerar que el receptor del despacho debe realizar la diligencia de citarlo en legal y debida forma haciendo constar tal actividad, por lo cual suspendió la audiencia, decisión recurrida por la Agente Fiscal al considerar que se atenta contra la vida del testigo protegido si es citado por el receptor, lo cual resultaría infructuoso ante la decisión del testigo de no comparecer, por lo cual fue declarado sin lugar, señalando para  el día martes 06 de enero la reanudación de la audiencia (F.90), sin embargo, la misma no se realizó y fue reprogramada para el 16 de enero 2015 (F.99) y posteriormente señalada para el 19 de enero 2015 (F.101), realizada la misma se suspendió nuevamente para continuar el día 26 de enero de 2015 (F.109v). La Receptoría del Tribunal en fecha 20 de enero de 2015 se apersonó en residencia del Testigo Protegido “AL170” le hizo entrega de la cedula de citación para rendir declaración, manifestando no comparecer por temor (F.115). Se reanudó la continuación de vista de la causa (Juicio Oral F.118), para suspenderse nuevamente y señalarse para el 27 de enero de 2015, ordenando el A-quo que, ante la incomparecencia del testigo protegido, éste sea nuevamente citado y advertido que de no comparecer será conducido a través de la fuerza de la seguridad pública sin perjuicio de la pena o sanción a imponer en caso de desobediencia (F120v). La Receptoría del Tribunal nuevamente en fecha 26 de enero de 2015 le hizo entrega al Testigo Protegido AL170 la cedula de citación que contenía la orden de presentarse a prestar declaración testifical el día 27 de enero de 2015, haciéndole advertencia que ante la incomparecencia será requerido por la fuerza pública en amparo del artículo 327 del Código Procesal Penal; (F.117); arribado el día de la continuación de audiencia de Juicio Oral (27 de enero 2015), no se hizo presente el Testigo Protegido (F.149), el Ministerio Público planteo mantener su petición en amparo del artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal que la declaración del Testigo Protegido sea evacuada mediante lectura autorizada de prueba anticipada, ante el temor por perder su vida, ante las amenazas recibidas; el A-quo procedió a resolver por segunda vez la solicitud, pues de la primera existió un desistimiento (F.84), decretando sin lugar la introducción por lectura fundamentándose que debía ser citado por segunda vez a través del funcionario judicial. La reseña anterior permite a la Sala de lo Penal advertir que el Recurrente falsea parte de los hechos, pues como argumento indica “…ya que el mismo no pudo ser ubicado desde inicio del juicio por temor manifiesto a represalias…”.- Por otra parte le asiste razón al A-quo de haber denegado la petición de introducción de la declaración del testigo por lectura, pues efectivamente, el testigo protegido era localizable y así lo hace saber la receptora del despacho al comparecer al domicilio del Testigo y hacerle entrega de la cedula de citación, además, no se acreditó que el testigo protegido haya estado sufriendo de amenazas de cualquier índole, tal como fue el alegato del Ente Fiscal, lo que no hacía imposible o extremadamente difícil prestar declaración testifical, además el Testigo estaba sometido al programa de protección que tiene como finalidad, brindar la protección a dicho testigo en el Proceso Penal, como consecuencia de su participación eficaz  en el mismo, lo anterior, no eran argumentos que justifique la necesidad de apelar a la excepción al principio de oralidad e inmediación del proceso penal, introduciendo por lectura una declaración. Es de considerarse adicionalmente el tiempo en que tuvo el Ministerio Público para sortear cualquier dificultad para la recepción del testimonio del testigo, pues desde el 10 de noviembre de 2014, éste había sido propuesto para ser recibido (01 mes 22 días antes del debate), llegando así la audiencia de debate el 02, 19. 26 y 27 de enero de 2015 sin que el agente fiscal contase con prueba de soporte que justificara su petición, aun a pesar de que el Tribunal de Justicia defirió el asunto en varias ocasiones, donde se volvieron a escuchar los alegatos de las partes. Esta Sala de lo Penal finalmente desea formular advertencia de no retomar los vicios que llevaron al colapso al proceso penal regido por el Código de Procedimientos Penales, en donde la prueba de la Etapa Sumarial resultaba ser la única aportada al proceso aun cuando era la Etapa de Plenario donde en teoría debía producirse el verdadero contradictorio; El nuevo proceso penal vigente, regido por el Código Procesal Penal, no puede permitirse que la prueba que sea llevada a debate sea lectura de la recibida en etapas anteriores, salvo cuando efectivamente se den las excepciones que contempla el artículo 311 del Código de Rito, no siendo el presente caso..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso no es de recibo. Resulta evidente que el recurrente ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos. El artículo 363 del Código Procesal Penal señala que, tratándose del recurso de casación por quebrantamiento de forma, es necesario que el recurrente señale claramente los motivos en que fundan su interposición, debiendo ser aquellos contenidos en el artículo 362, y en caso de existir varios, desarrollarlos de manera separada, citando en cada uno la norma procesal que se considere infringida, fijando el concepto de la infracción, exponiendo las peticiones presentadas para sanear el vicio en los casos que proceda, desarrollando la argumentación que compruebe la existencia del vicio y, finalmente, haciendo su formal petición al Tribunal de Casación de su pretensión. La Sala de lo Penal ignora aquellos defectos de forma en el planteamiento del recurso de casación, cuando el motivo casación, el concepto de la infracción y su desarrollo argumentativo permiten conocer, o cuando menos deducir, cual es la denuncia que formula el Recurrente, ello en aras de efectivizar el Principio de la Tutela Judicial Efectiva, más en el caso concreto que ahora nos ocupa, los defectos de interposición del recurso antes apuntados no son de forma, sino de fondo. El Recurrente denuncia que el A-quo declaró sin lugar la solicitud de incorporar por lectura autorizada al juicio la declaración del Testigo Protegido AL170 rendida con las formalidades de prueba anticipada, erróneamente el Censor deduce de su alegado una exclusión de prueba, identificando con ello, la falta de estudio del motivo invocado, pues, existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Sentenciador haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico, no siendo el presente caso. En Resumen, el Recurso presentado es vacío de contenido, por lo que debe de ser desestimado. Es necesario acotar, que la sentencia adolece de muchas falencias como ser la declaración de los hechos probados no es clara y terminante, así como la carencia de motivaciones fácticas o jurídicas, sin embargo, dichos vicios no fueron denunciados por el recurrente, por lo cual no pueden ser saneados por esta Sala de lo Penal en virtud de no ser competencia objetiva del recurso, en amparo del artículo 350 del Código Procesal Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece (13) de abril de dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Segundo de la Niñez, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Declara al menor A.J.E.R., absuelto de responsabilidad penal de la infracción tipificada como Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido “AL170”. Segundo: Ordena librar las correspondientes notas de egreso del Centro Renacimiento a efecto de que recobre su libertad y demás derechos legales. - Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, la Abogada Y. M.M. L., actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Son Partes En Única Instancia: La Abogada Y. M. M.L., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y el abogado G.E. O. B., Defensor Privado, en su condición de recurrido. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: Que supuestamente desde hace ocho (08) años el testigo protegido AL170 y otros ofendidos pagan semanalmente la cantidad de 800 lempiras por cada una de las unidades de transporte y lo hacen los Lunes de cada semana y a la 18 le pagan 300 lempiras semanales el día martes de cada semana en razón de haber sido amenazados a muerte si no lo hacen lo que sin embargo no quedó plenamente probado, es que dicho acto fuera realizado por el niño acusado por la Fiscalía del Ministerio Público. SEGUNDO: Que el día martes 30 de septiembre de 2014 los agentes antiextorsión se desplazaron al sector de aldea Río Abajo km 11 carretera a Olancho donde los agentes manifestaron llegaron a las 8:00 am y a las 8:10 am aproximadamente donde observaron a un individuo de tez trigueña, camiseta deportiva, ésto por las manifestaciones de los testigos L. J .A .y J. M., quienes identificaron plenamente con esas característica al niño acusado y que responde al nombre de A. J. E. R., como las personas que el día 14 de marzo de 2014 fue requerido y detenido en virtud de la denuncia interpuesta por testigo protegido AL170, pues este fue a quien se le decomiso una cantidad económica monetaria, metálica o de dinero al niño acusado, de la cual iba los billetes seriados por el testigo Protegido y los agentes de investigación. TERCERO: Que testigos J.V. L. y C.R.P., quienes son los transportistas que están asignados a la ruta de Rio Abajo, contundentemente manifestaron conocer al niño acusado porque estaba trabajando con ellos como despachador de buses y era la persona encargada y delegada por ellos mismos, para entregar las cantidades semanales que pagaban a las personas que los amenazaban o extorsionaban de las diferentes bandas o pandillas, por lo tanto el acusado tenía una relación de trabajo informal con el grupo de Transportistas. CUARTO: Que con la prueba pericial se ha quedado acreditado plenamente que el teléfono celular que le fue decomisado al acusado y del cual el Ministerio Público, solicitó vaciado telefónico y una vinculación de esos números, el audiencia oral el perito previamente juramentado en legal y debida forma rindió su dictamen por escrito y ratificado en el debate y debidamente explicado en la audiencia, declaró que no había ninguna vinculación con los números de la víctima y el acusado. QUINTO: Que no se ha podido contar en el transcurso y desarrollo de la Vista de la Causa o Audiencia Reservada con uno de los elementos necesarios para la comisión del delito, como ser el Sujeto pasivo personal quien no es más que la víctima del delito en su condición de persona física”. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. I POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO ÚNICO: “Por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Derecho al Debido proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba sentencia y recursos; derecho éste que se encuentra vulnerado cuando en audiencia de debate te fue inadmitido al representante de la sociedad la declaración del Testigo Protegido “AL17O”, mediante lectura autorizada de conformidad a lo establecido en el artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal; dicha petición se hizo a la Juzgadora en virtud de no poder comparecer el testigo en mención al juicio oral y público; ya que el mismo no pudo ser ubicado desde inicio del juicio por temor manifiesto a represalias, considerando la naturaleza del hecho objeto del procesamiento; para acreditar tal extremo se comprobó mediante constancias emitidas por el Receptor de ese Despacho Judicial, correspondientes a actos de vista de la causa de fechas diecinueve (19), veintiséis(26) y veintisiete (27) de enero del año dos mil quince (2015), en tas que informa haber citado en legal y debida forma al Testigo Protegido y éste manifestó que no comparecería por temor; pero pese a ello la solicitud de introducción en referencia fue denegada. De igual forma la inadmisión del medio de prueba supra relacionado causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el artículo 82 de la Constitución de la República el cual establece que “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Picó 1. las Garantías Constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, Pág. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”; b) “El derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal”, cuya intervención probatoria alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que ello suceda corresponde que previamente al debate se tomen ciertos recaudos que permitan bajo el principio de concentración, reunir todo el plexo probatorio, permitiendo a cada parte proponer la prueba propia. Sobre éste último aspecto si bien es cierto el Tribunal tiene que fundar un juicio de certeza respecto de la circunstancia que amerite el rechazo de la prueba, o bien constatar su ineficacia probatoria o ilegalidad; en el caso que nos ocupa no sucedieron ninguna de las dos, considerando que el Tribunal en la audiencia respectiva se limitó a manifestar que tal solicitud era extemporánea; que ya había pasado el tiempo procesal para proponer que tal declaración fuese incorporada como lectura autorizada. Partiendo de lo anterior y tal como podréis observar Honorables Magistrados, en el caso sub judice el Ministerio Público desde el inicio de la causa calificó los hechos como constitutivos de EXTORSIÓN CONTINUADA, para lo cual recabó la prueba pertinente a fin de acreditar el mismo, cumpliendo con los requisitos legales establecidos, como es el caso de la declaración del Testigo Protegido AL17O, quien manifestó que desde hace ocho años han estado pagando “impuesto de guerra” a las “maras 18, MS y Chirizos”; que la forma de operar de estas que presionan que van a matar a un motorista o quemaran un bus y respecto al niño infractor tiene algunos meses de cobrar y lo identifica como miembro de la mara 18, por lo que decidió interponer la denuncia correspondiente en fecha 29 de septiembre del año 2014 y se procede a seriar tres billetes de cien lempiras (Lps.100.00), que es el monto que éste le pagaría al Infractor y al siguiente día es entregada esa cantidad por el Testigo AL17O a A.J. E.R. bajo control vigilado de los agentes de la Unidad Antiextorsión, quienes proceden a detener al niño infractor y le encuentran los tres billetes que el día anterior habían sido seriados al ofendido; considerando que la declaración del testigo protegido ALI7O resultaba útil y pertinente para las pretensiones del ente acusador; en virtud de lo cual debemos mencionar que sobre el particular el Código Procesal Penal en el artículo 311 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: “Lecturas Autorizadas; Excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura autorizada que hará el secretario: 1) Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del Debate conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio.” Tal como ocurrió en el caso de mérito, al tener conocimiento el ente fiscal que el Testigo Protegido AL17O no comparecería al juicio por temor se hizo la petición correspondiente al Tribunal a fin de que se introdujera la declaración que éste rindiera con las formalidades de prueba anticipada mediante lectura autorizada. Sin embargo, al no permitírsele al ente acusador hacer uso del medio de prueba relacionado con el delito objeto del proceso, por considerar que ya no era el momento procesal oportuno, se ha violentado el derecho al Debido Proceso, y consecuentemente el derecho de Defensa, que incluye el ofrecimiento de pruebas que apoyen fácticamente sus pretensiones, y que harán valer en juicio ante el respectivo Tribunal. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas.” POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: UNICO MOTIVO: Haber Excluido el sentenciador una prueba de valor decisivo en la litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El Precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación, prescribe: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro). Al examinar la sentencia censurada así como las probanzas que sirvieron de fundamento, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO como ser la declaración del Testigo Protegido AL17O, al no admitir la incorporación de ésta por lectura autorizada, en la que como ya lo indicamos en el motivo anterior, dicho testigo expresa la forma en la eran perjudicados en su patrimonio como transportistas, desde ocho años atrás por las “18, MS y Chirizos” y que desde hacía cuatro meses el niño infractor A.J.E. R. identificado en la mara 18 les cobraba semanalmente la renta, por lo que él decide denunciar ante la Fuerza Nacional Antiextorsión en fecha 29 de septiembre del año 2014, quienes proceden a, seriar tres billetes de cien lempiras propiedad del ofendido y el día siguiente éste le entrega ese dinero al niño infractor, quien es aprehendido por los agentes J.E. M. M. y L. J.A.G., quienes participaron en la entrega vigilada del dinero en cuestión argumentando estos que a A.J.E. R. se le decomisó la cantidad de tres mil lempiras (Lps. 3000.00) y dentro de estos estaban los tres billetes seriados propiedad del testigo protegido y que se le habían dado un día antes para que los entregara al niño infractor. El Tribunal Sentenciador declaró sin lugar la solicitud del representante del Ministerio Público de incorporar por lectura autorizada al juicio la declaración del Testigo Protegido AL17O rendida con las formalidades de prueba anticipada, argumentando que la misma era extemporánea por haber pasado el momento procesal oportuno de su proposición, cuando el artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal por excepción permite dicha incorporación, exponiéndose en juicio las razones que llevaron a la no comparecencia de dicho testigo. Así las cosas, resulta evidente el grave error de hecho en que incurrió el Tribunal sentenciador al excluir en toda su dimensión la declaración rendida con las formalidades de prueba anticipada en audiencia de vinculación al proceso en fecha primero de octubre del año dos mil catorce, diligencia que como ya lo indicamos cumplía con los presupuestos procesales para su admisión, en consecuencia se acredita la legitimidad de la misma y por ende al suponer un rechazo expreso en los extremos descritos en los fallos antes señalados se excluyó su valor probatorio que es decisivo en el presente proceso. Conforme a lo expuesto se concluye, que si la señora Juez Segundo de Letras de la Niñez del Departamento de Francisco Morazán, recurrido hubiere apreciado la prueba citada, inequívocamente habrían determinado que el niño infractor A.J. E.R., era responsable de la infracción penal de Extorsión Continuada, cometido en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AL17O, como se ha dejado demostrado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Civil. Normas que se denuncian infringidas: Artículo 82 y 90 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Violación al Debido proceso y al derecho de defensa al haberse denegado la introducción por lectura de un medio de prueba; Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: No determinado por el Censor; Pretensión: Declara ha lugar. Afirma la Pretensora que el derecho a un debido proceso fue vulnerado cuando en audiencia de debate le fue inadmitido la declaración del Testigo Protegido “AL170”, mediante lectura autorizada de conformidad a lo establecido en el artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal, ya que el mismo no pudo ser ubicado desde inicio del juicio por temor manifiesto a represalias, acreditando constancias emitidas por la receptora del despacho que informa haber citado en legal y debida forma al testigo protegido y que éste refirió no comparecería por temor, pese a ello fue denegada la petición de introducción por lectura, con ello también se violentó el derecho de defensa. Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso, invocada por la Pretensora como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra.- Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- a la igualdad de armas procesales; vii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- a una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del Derecho a la Defensa Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional.- La inobservancia de las normas procesales penales provocan indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos: La parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado/a en defensa de los intereses individuales; Como consecuencia cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el Órgano Jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de peticionar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. De la Oralidad en el Proceso Penal y la Introducción de prueba por Lectura como su Excepción. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la Oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP).- Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, éste Principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia. Entre estas circunstancias tenemos la prevista en el numeral 2 del artículo 311 del Código Procesal Penal, que autoriza la introducción al debate por lectura de: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”.- Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP); 2. Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: a. Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b. Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, o cuando no sea posible tomar su declaración en el domicilio o lugar en donde se encuentre recluido, internado o retenido; y 3. Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la Etapa Preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá de conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 CPP), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viendo obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial, por uno documental. De la Procedencia del Recurso El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha revisado el acumulado judicial, apreciando que en fecha 01 de octubre de 2014 se celebró la audiencia de vinculación al proceso (f. 18), en la cual el Ministerio Público ofreció la declaración del Testigo Protegido “AL170”, el cual fue admitido por el A-quo y evacuado mediante formalidad de prueba anticipada en la audiencia indicada; Una vez decretada el auto de apertura a la etapa de juicio oral, en fecha 10 de noviembre del mismo año, se celebró la audiencia de proposición de pruebas, en la cual, el Ministerio Público oferto entre otros medios de prueba, la declaración testifical del ofendido Testigo Protegido AL170, siendo admitido mediante auto de fecha 13 de noviembre de 2014 en el mismo se programó juicio para el 02 de diciembre de 2014, llegada la fecha de la vista de la causa (Juicio Oral) a pregunta de la señora Juez si los testigos de la Agente Fiscal se encuentran presente, respondió, “…al testigo protegido se ha hecho difícil poderlo encontrar y para tal efecto los policías encargados me hicieron llegar un informe que es confidencial y que no tenga acceso la defensa…”. Ante ello la fiscal solicitó autorización para evacuar mediante lectura la declaración del testigo protegido, la cual fue denegada por la Juez A-quo al considerar que el receptor del despacho debe realizar la diligencia de citarlo en legal y debida forma haciendo constar tal actividad, por lo cual suspendió la audiencia, decisión recurrida por la Agente Fiscal al considerar que se atenta contra la vida del testigo protegido si es citado por el receptor, lo cual resultaría infructuoso ante la decisión del testigo de no comparecer, por lo cual fue declarado sin lugar, señalando para el día martes 06 de enero la reanudación de la audiencia (F.90), sin embargo, la misma no se realizó y fue reprogramada para el 16 de enero 2015 (F.99) y posteriormente señalada para el 19 de enero 2015 (F.101), realizada la misma se suspendió nuevamente para continuar el día 26 de enero de 2015 (F.109v). La Receptoría del Tribunal en fecha 20 de enero de 2015 se apersonó en residencia del Testigo Protegido “AL170” le hizo entrega de la cedula de citación para rendir declaración, manifestando no comparecer por temor (F.115). Se reanudó la continuación de vista de la causa (Juicio Oral F.118), para suspenderse nuevamente y señalarse para el 27 de enero de 2015, ordenando el A-quo que, ante la incomparecencia del testigo protegido, éste sea nuevamente citado y advertido que de no comparecer será conducido a través de la fuerza de la seguridad pública sin perjuicio de la pena o sanción a imponer en caso de desobediencia (F120v). La Receptoría del Tribunal nuevamente en fecha 26 de enero de 2015 le hizo entrega al Testigo Protegido AL170 la cedula de citación que contenía la orden de presentarse a prestar declaración testifical el día 27 de enero de 2015, haciéndole advertencia que ante la incomparecencia será requerido por la fuerza pública en amparo del artículo 327 del Código Procesal Penal; (F.117); arribado el día de la continuación de audiencia de Juicio Oral (27 de enero 2015), no se hizo presente el Testigo Protegido (F.149), el Ministerio Público planteo mantener su petición en amparo del artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal que la declaración del Testigo Protegido sea evacuada mediante lectura autorizada de prueba anticipada, ante el temor por perder su vida, ante las amenazas recibidas; el A-quo procedió a resolver por segunda vez la solicitud, pues de la primera existió un desistimiento (F.84), decretando sin lugar la introducción por lectura fundamentándose que debía ser citado por segunda vez a través del funcionario judicial. La reseña anterior permite a la Sala de lo Penal advertir que el Recurrente falsea parte de los hechos, pues como argumento indica “…ya que el mismo no pudo ser ubicado desde inicio del juicio por temor manifiesto a represalias…”.- Por otra parte le asiste razón al A-quo de haber denegado la petición de introducción de la declaración del testigo por lectura, pues efectivamente, el testigo protegido era localizable y así lo hace saber la receptora del despacho al comparecer al domicilio del Testigo y hacerle entrega de la cedula de citación, además, no se acreditó que el testigo protegido haya estado sufriendo de amenazas de cualquier índole, tal como fue el alegato del Ente Fiscal, lo que no hacía imposible o extremadamente difícil prestar declaración testifical, además el Testigo estaba sometido al programa de protección que tiene como finalidad, brindar la protección a dicho testigo en el Proceso Penal, como consecuencia de su participación eficaz en el mismo, lo anterior, no eran argumentos que justifique la necesidad de apelar a la excepción al principio de oralidad e inmediación del proceso penal, introduciendo por lectura una declaración. Es de considerarse adicionalmente el tiempo en que tuvo el Ministerio Público para sortear cualquier dificultad para la recepción del testimonio del testigo, pues desde el 10 de noviembre de 2014, éste había sido propuesto para ser recibido (01 mes 22 días antes del debate), llegando así la audiencia de debate el 02, 19. 26 y 27 de enero de 2015 sin que el agente fiscal contase con prueba de soporte que justificara su petición, aun a pesar de que el Tribunal de Justicia defirió el asunto en varias ocasiones, donde se volvieron a escuchar los alegatos de las partes. Esta Sala de lo Penal finalmente desea formular advertencia de no retomar los vicios que llevaron al colapso al proceso penal regido por el Código de Procedimientos Penales, en donde la prueba de la Etapa Sumarial resultaba ser la única aportada al proceso aun cuando era la Etapa de Plenario donde en teoría debía producirse el verdadero contradictorio; El nuevo proceso penal vigente, regido por el Código Procesal Penal, no puede permitirse que la prueba que sea llevada a debate sea lectura de la recibida en etapas anteriores, salvo cuando efectivamente se den las excepciones que contempla el artículo 311 del Código de Rito, no siendo el presente caso. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. - Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción Expuesto: Haber excluido el sentenciador una prueba de valor decisivo en la litis. Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; Pretensión: Sin determinar por él Pretensor. Señala el Pretensor que el A-quo excluyo prueba de valor decisivo como ser la declaración rendida por el Testigo Protegido AL170, al declarar sin lugar la incorporación mediante lectura autorizada, la cual era clave para determinar la forma como era perjudicado en su patrimonio como transportista. De la Procedencia del Recurso El recurso no es de recibo. Resulta evidente que el recurrente ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos. El artículo 363 del Código Procesal Penal señala que, tratándose del recurso de casación por quebrantamiento de forma, es necesario que el recurrente señale claramente los motivos en que fundan su interposición, debiendo ser aquellos contenidos en el artículo 362, y en caso de existir varios, desarrollarlos de manera separada, citando en cada uno la norma procesal que se considere infringida, fijando el concepto de la infracción, exponiendo las peticiones presentadas para sanear el vicio en los casos que proceda, desarrollando la argumentación que compruebe la existencia del vicio y, finalmente, haciendo su formal petición al Tribunal de Casación de su pretensión. La Sala de lo Penal ignora aquellos defectos de forma en el planteamiento del recurso de casación, cuando el motivo casación, el concepto de la infracción y su desarrollo argumentativo permiten conocer, o cuando menos deducir, cual es la denuncia que formula el Recurrente, ello en aras de efectivizar el Principio de la Tutela Judicial Efectiva, más en el caso concreto que ahora nos ocupa, los defectos de interposición del recurso antes apuntados no son de forma, sino de fondo. El Recurrente denuncia que el A-quo declaró sin lugar la solicitud de incorporar por lectura autorizada al juicio la declaración del Testigo Protegido AL170 rendida con las formalidades de prueba anticipada, erróneamente el Censor deduce de su alegado una exclusión de prueba, identificando con ello, la falta de estudio del motivo invocado, pues, existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Sentenciador haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico, no siendo el presente caso. En Resumen, el Recurso presentado es vacío de contenido, por lo que debe de ser desestimado. Es necesario acotar, que la sentencia adolece de muchas falencias como ser la declaración de los hechos probados no es clara y terminante, así como la carencia de motivaciones fácticas o jurídicas, sin embargo, dichos vicios no fueron denunciados por el recurrente, por lo cual no pueden ser saneados por esta Sala de lo Penal en virtud de no ser competencia objetiva del recurso, en amparo del artículo 350 del Código Procesal Penal. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. IV. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo; ambos recursos interpuestos por la Abogada Y.M.M. L., actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha trece (13) de abril de dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Segundo de la Niñez, Departamento de Francisco Morazán, que contiene el pronunciamiento absolutorio a favor del menor A.J. E. R., por suponerlo responsable a título de autor de la infracción penal de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido AL170. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Juzgado de Letras de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. Certificación de la sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-214-2015.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.