Sentencia CP-203-14 — Registro 7870
Resumen
En primera instancia se condenó a imputado por el delito de Almacenamiento Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, asimismo se condenó a la pena de 6 años de reclusión mas una multa de cincuenta mil Lempiras por el delito de Facilitación Intencional de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
".. 1) Esta Sala observa que la recurrente funda su motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma en que la sentencia proferida adolece de motivación jurídica insuficiente. Argumenta que el Ministerio Público sostuvo su acusación en contra de los acusados M. R. G. R., J. A. M. M., O. A. L. C. y K. E. H. por los delitos de Robo Agravado Continuado, Lesiones Graves, Tráfico Ilícito de Drogas, Portación Ilegal de Armas y Asociación Ilícita, sin embargo al dictar sentencia omite indicar las razones por las que los absuelve de los delitos de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, Robo Agravado Continuado y Lesiones Graves en perjuicio de J. L. E. H.; omite indicar las razones por las que absuelve al acusado K. E. H. de todos los delitos; y por las que también absuelve a los acusados J. A. M. M. y O. A. C. del delito de Portación Ilegal de Arma en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. El A Quo dicta estas sentencias absolutorias a pesar que otorga valor probatorio a los medios de prueba siguientes: 1) Dictamen de Medicina Legal, con el cual se demuestra las lesiones de que fue objeto el señor J. L. E. H.. 2) Dictamen de Balística, que contiene la pericia realizada al arma que fue encontrada debajo de la almohada en la cama de M. R. G. R.. 3) Allanamiento practicado en la vivienda en que residía M. R. G. R., junto a los demás encausados señores J. A. M. M., O. A. L. C. y K. E. H. G., y donde estaba el arma de fuego calibre 3.80 mm., con que se percutieron los dos casquillos recogidos de la escena de delito de lesiones graves en perjuicio del ofendido J. L. E. H.. 4) Declaración del testigo E. S. O., quien declara respecto a la comisión del delito de lesiones graves causadas al señor J. L. E. H.. 5) Facturas número 174 de un celular Nokia 655513 a nombre de J. M. U. y el número 2061 de un celular Motorola CEM 330, serie 3. a nombre de J. L. E., con las que se confirma la versión de los ofendidos, indicios que estaban en posesión los acusados en la vivienda donde se practicó el allanamiento. Esta Sala considera que con el Dictamen de Medicina Legal, solo se demuestran la lesión provocada con disparo de arma de fuego del ofendido J. L. E. H., y no la identidad de la persona que disparó el arma; con el Dictamen de Balística practicado al arma de fuego encontrada por la Policía en el Allanamiento a la vivienda del encausado M. R. G. R., donde se acompañaba de los demás acusados J. A. M. M., O. A. L. C. y K. E. H. G.. Con los medios de prueba antes relacionados se acredita que dicha arma de fuego fue con la que se percutieron los dos casquillos de bala encontrados en el lugar donde fue herido el señor J. L. E. H., prueba con la que se acreditan la marca y las características de clase del arma de fuego y su buen estado operativo y de funcionamiento; además se prueba con el análisis comparativo de dicha arma de fuego y los casquillos de bala que es esta el arma de fuego utilizada para percutir dichos disparos. Esta Sala considera que, con dichas pruebas de cargo, no es posible individualizar plenamente a la persona que el día de los hechos portaba dicha arma de fuego y realizó varios disparos, uno de los cuales impactó en una de las piernas de señor ofendido señor J. L. E. H.. Lo declarado por el testigo E. S. O., tampoco es útil para identificar plenamente al autor del disparo de arma de fuego cometido en contra del señor J. L. E. H., pues este no logra ver el rostro de las personas que ejecutan la acción ilícita. Si bien el otro ofendido señor J. M. U. logra identificar a los acusados J. A. M. M., O. A. L. C., por ser las personas que lo intimidaron con arma de fuego para despojarlo de su aparato celular, cartera y documentos de identidad, objetos que después se encontraron en la casa del acusado M. R. G. R., donde también pernoctaban los acusados J. A. M. M., O. A. L. C., todo ello no es prueba suficiente para de ellas deducir que los acusados fueron también los autores de la acción ilícita perpetrada con arma de fuego en contra del ofendido J. L. E. H., en virtud que como ya se ha expuesto, no pudieron ser identificados por ningún testigo. Esta Sala aprecia que los testigos de cargo son creíbles al A Quo, pero solo respecto a los hechos que a ellos les constan, y no respecto de hechos en los que no han tenido intervención. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma por adolecer el fallo que se impugna de motivación jurídica insuficiente, invocado por el recurrente. 2) Esta Sala observa que el recurrente funda su motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en que la sentencia que se impugna infringe los Derechos AL Debido Proceso e Inviolabilidad del Domicilio. Lo anterior debido a que el mencionado allanamiento fue practicado a las 5:30 de la madrugada, y la autorización para entrar al domicilio debió haber sido proporcionada por el acusado M. R. G. R. y no por el propietario de la vivienda, debido a que a este se le ha violentado su intimidad y no al propietario, quien no residía en dicha propiedad. Solicita que, de acuerdo con la teoría del árbol envenenado, el allanamiento de la morada practicado al acusado, y los objetos y demás pruebas que provengan de este domicilio no debieron ser valorados por el juzgador por lo que al valorar dichas pruebas el A Quo ha infringido el debido proceso. Esta Sala observa que la diligencia de allanamiento, practicada a la vivienda ocupada por el Acusado señor M. R. G. R. en compañía de los demás acusados señores J. A. M. M., O. A. L. C. y K. E. H. G., lugar en que fue encontrada el arma de fuego utilizada herir al ofendido J. L. E. H. y demás evidencias de cargo como ser varios aparatos celulares y documentos personales de los ofendidos, incorporados a juicio y valorados por el Juzgador para dictar el fallo que se impugna, se lleva a cabo por Agentes de Policía Preventiva y de Investigación, misma que fue llevada a cabo por orden de Fiscal del Ministerio Público, debidamente convalidada por el Juez de Garantías de la ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía (folio 230). Al haber sido convalidada la actuación de allanamiento de morada practicado en la casa rentada por el acusado M. R. G. R. se convalidan también todas los medios de prueba que se desprendan de dicha actuación investigativa, tales como: Acta de inspección, Acta de Comiso del arma de fuego, Prueba Balística practicada al arma de fuego, Dictamen de Toxicología practicado a la hierba seca que resultó ser marihuana en cantidad superior a la cantidad permitida para consumo personal inmediato, así como se convalida el hallazgo de toda la demás evidencia física encontrada en el interior de la vivienda. Todo lo anterior, en virtud que si bien al principio es el propietario de la vivienda quien autoriza el ingreso a la misma, cuando en realidad debía ser el acusado o cualquier persona mayor de catorce años que habitara la vivienda, en definitiva las autoridades ingresan a dicha vivienda por orden de allanamiento emanada de autoridad competente, como lo es el Fiscal del Ministerio Público, orden convalidada por el Juez de Garantías, por lo que esta Sala concluye que la diligencia de allanamiento y toda la prueba derivada de ella, reúne todos los requisitos de ley y por tanto, es prueba legalmente obtenida, por lo que el Juzgador podía perfectamente valorarla para formar su convicción y motivar su fallo. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por violación al Debido Proceso y al de inviolabilidad del Domicilio, invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días de marzo de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su condición de Coordinadora, J. Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 203-2014 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1) Condenando al imputado M. R. G. R., a la pena de 3 años de reclusión, por el delito de Almacenamiento Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, asimismo lo condenó a la pena de 6 años de reclusión mas una multa de cincuenta mil Lempiras por el delito de Facilitación Intencional de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; condenándolo a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. 2) Condenando a los señores J. A. M. M. y O. A. L. C. a la pena de 6 años 8 meses de reclusión, por el delito de Robo Agravado en perjuicio de J. M. U. M.; asimismo los condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. 3) Absolviendo a los señores M. R. G. R., J. A. M. M., O. A. L. C., K. E. H. G., del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, asimismo los absuelve de los delitos de Lesiones Graves y Robo Agravado Continuado, en perjuicio de J. L. E. H.. 4) Absolviendo al señor M. K. E. H. G. de los delitos de Robo Agravado Continuado, Trafico Ilícito de Drogas y Portación Ilegal de Arma de fuego Comercial y Lesiones Graves en perjuicio de J. L. E. H., la Seguridad Interior del Estado de Honduras y por el delito de Lesiones Graves en perjuicio de J. L. E. H., la Salud de la Poblacion de Honduras y La Seguridad Interior del Estado de Honduras. 5) Absolviendo al señor J. A. M. M., O. A. L. C., por el delito de Portación Ilegal ae Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. 6) No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio a los condenados M. R. G. R., J. A. M. M., O. A. L. C., K. E. H. G. ni al Ministerio Público. 7) Declaró la responsabilidad civil de los condenados señor M. R. G. R., J. A. M. M., O. A. L. C., K. E. H. G.. Interpusieron los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma la Abogada V. O. B. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, y por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado O. A. M., en su condición de Defensor Público del señor M. R. G. R.. SON PARTES: Abogada V. O. B. F., Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado O. A. M., Defensor Público del acusado señor M. R. G. R., como parte recurrente y recurrida. II. HECHOS PROBADOS “Los integrantes de este Tribunal de Sentencia declaran expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: Primero: El día doce de enero del año dos mil 2011, pasadas las ocho de la noche, el señor J. M. U. M., se encontraba en su negocio ubicado en Barrio Los Fuertes, Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, junto a otras personas, donde llegaron los señores J. A. M. M. y O. A. L. C., quienes llevaban consigo un arma de fuego, manifestándoles que se trataba de un asalto, uno de ellos se quedó en la puerta de entrada del negocio y el otro aprovecha para registrar a J. M. U. M., en las bolsas de su pantalón llevándole la cartera conteniendo en su interior documentos personales y la cantidad de Seiscientos Cuarenta lempiras exactos (Lps.640.00) en efectivo, tarjetas de debito, una licencia de conducir y su identidad, y despojándolo de un celular marca Nokia 6555B, serie 32627101127408 color negro con gris, posteriormente abandonar el lugar, saliendo con rumbo desconocido. Segundo: El día doce de enero del año dos mil 2011, a las diez de la noche, el Joven J. L. E. H., se encontraba en la esquina del negocio conocido como Mini Súper Z., ubicado en Barrio los Fuertes, Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, junto con unos amigos entre ellos el joven E. S. O., quienes estaban tomándose un refresco, en esos momentos se había ido la luz eléctrica, fue entonces que llegaron dos personas del sexo masculino llevando consigo un arma de fuego y le dijeron a los presentes que se trataba de un asalto, despojándolo a J. L. E. H. de un celular Marca Motorola AT&T-1 22, color gris, serie 3546500306610701, alejándose del lugar, llevándose consigo dicho objeto, posteriormente el joven J. L. E. H. decide dirigirse a su casa de habitación recibiendo en el trayecto a su casa un disparo producido por arma de fuego que le produce una fractura expuesta en tercio medio de tibio izquierda, que lo incapacito para sus labores por cincuenta y seis (56) días. Tercero: El día catorce de enero del dos mil once, a las seis y quince de la mañana, Agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal realizan un Allanamiento a la vivienda del señor M. R. G. R. la que se encuentra dentro de la propiedad del señor O. H. T., quien la había alquilado al señor M. R. G. R., la que está ubicada atrás de Tiendas Carrión, en el Barrio Los Fuertes, Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, es una casa de que consta de dos puertas delantera y trasera, cuatro ventanas a los lados, dos en cada lado, Allanamiento que se realiza por considerar que se encontraban dentro de ella las personas que el día 12 de enero del año dos mil once, habían asaltado al Joven J. L. E. H., encontrando dentro de la casa, cuatro personas de nombres M. R. G. R., J. A. M. M., O. A. L. C., K. E. H. G., y al realizar el registro de la vivienda se encontró: Una bolsa de color blanco con el logo de tiendas Nichita que contenía varia ropa de diferente tipo y en su parte de abajo dentro de la misma se encontró la cantidad de 202 gramos de hierba seca marihuana, luego en una cama que se encuentra en el lado lateral izquierdo donde se encontró bajo de una almohada en la cama en la cual pernoctaba el señor M. R. G. R., un arma de fuego tipo pistola, marca Tanfoglio, modelo GT 3.80, calibre 0.380 Auto, serie E28396, pavón gris, con su respectivo cargador de metal color gris, conteniendo en su interior cinco cartuchos de metal, color amarillo de la cual no portaba el señor M. R. G. R. el permiso respectivo, encontrando a la par de la almohada bajo de esta 1.) Un teléfono celular Marca Motorola AT&T-122, color gris, serie 3546500306610701, 2.) Un teléfono celular marca LG, Color Negro, Pintado en parte inferior de color blanco, con iniciales que lee H. L., IMEI 011549-00225708-O; 3.) Un teléfono celular marca Nokia 6555B, serie 32627101127408 color negro con gris. 4.) Un teléfono celular Marca Motorola AT&T, color negro C-122, serie P317946039; y en la puerta trasera y sobre base de techo se encontró sobre unos tablones de madera de color café, una billetera de cuero color negra concerniendo en su interior un tarjeta del Banco HSBC color gris, una tarjeta de identidad a nombre J. M. U. M., con numero de identidad XXXXXXXXXX, una licencia de conducir a nombre de .J. M. U. M. con número XXXXXXXX, una tarjeta de IHSS con número XXXXXXX; Siendo en ese momento detenidos los señores M. R. G. R., J. A. M. M., O. A. L. C., K. E. H. G. y puestos a la orden de la autoridad competente.” III. ADMISIBILIDAD Los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos por la Abogada V. O. B. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, y el Abogado O. A. M. R., en su condición de Defensor Público del Señor M. R. G. R., reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. IV. RECURSOS DE CASACIÓN La abogada recurrente V. O. B. F., actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: “adolecer la sentencia proferida de motivación jurídica insuficiente”. PRECEPTO AUTORIZANTE: el presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3, del código procesal penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. El artículo 141 del código procesal penal ordena la Motivación de las resoluciones judiciales, y precisamente en los párrafos segundo, tercero y cuarto dicen: “Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos”. Siendo que la motivación puede ser de hecho y de derecho, así como de forma absoluta o parcial, del estudio de los antecedes observamos que el vicio que presenta la sentencia que hoy se impugna, radica en insuficiencia de la motivación jurídica, debido a que el Ministerio Público ha venido sosteniendo la acusación por los delitos de robo agravado continuado, lesiones graves, tráfico ilícito de drogas, portación ilegal de armas y Asociación Ilícita, omitiendo el juzgador exponer de manera clara las razones que l llevaron a absolver a M. R. G. R., J. A. M. M., O. A. L. C. y K. E. H. de los delitos de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y por el delito de Robo Agravado Continuado y Lesiones Graves en perjuicio de J. L. E. H., así como a K. E. H. por los delitos de Robo Agravado Continuado, Tráfico ilícito de drogas, Portación Ilegal de Arma de Fuego y Lesiones Graves en perjuicio de J. L. E. H., la Salud de la Población y la Seguridad Interior del Estado de Honduras, de igual manera absuelve a J. A. M. M. y O. A. C. por el delito de Portación Ilegal de Arma en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Al revisar la motivación que ha hecho el juzgador sobre la actividad intelectiva del andamiaje probatorio allegado en legal y debida forma al juicio oral y público, se observa que le otorga valor probatorio al dictamen de medicina legal, con el cual se demuestra las lesiones de que fue objeto el señor J. L. E. H., el dictamen de balística que contiene la pericia realizada al arma que fue encontrada debajo de la almohada en la cama de M. R. G. R., en el allanamiento que se realizó en la vivienda en que residía este encausado, quien en ese momento se encontraba junto a J. A. M. M., O. K. E. H. G.; fue la que percutió los dos casquillos encontrados en el lugar en donde fue herido el señor J. L. E. H. por el testigo E. S. O., esto en cuanto a la comisión del delito de lesiones graves; de igual manera respecto a la comisión del delito de robo agravado continuado el sentenciador establece que con las facturas número 174 de un celular Nokia 655513 a nombre de J. M. U. y la número 2061 de un celular Motorota CEM 330, serie 3. a nombre de J. L. E., se confirma la versión de los testigos ofendidos y que estos corresponden a los indicios señalados con las letras L y la H de los cuales se encontraban en posesión los acusados, pues los tenían a su disposición en la vivienda en donde se practicó el allanamiento; de igual forma al realizar la actividad intelectiva de la declaración del ofendido J. L. E. H., señala que la misma es creíble y coherente, que dicha versión se corrobora fácilmente con lo depuesto por los señores J. M. U. M. y E. S. O. en cuanto el lugar donde se cometió el hecho delictivo, también que el mismo es útil para establecer fecha y hora en que se produjeron los hechos, y lo más importante que dicho testimonio fue reforzado por la identificación de las personas que cometieron los hechos objeto de juzgamiento contra su persona y los demás que se encontraban en el lugar. Los argumentos antes señalados nos conducen a afirmar que en el caso subjudice, se hace patente la motivación insuficiente en que incurrió el juzgador y que se ve reflejada en la fundamentación jurídica del presente fallo, al no haber expresado ampliamente los criterios legales que lo llevaron a determinar porqué razón absolvió por los ilícitos antes descritos a los encausados lo que indiscutiblemente genera un vicio de forma que es manifiesto hasta el acto mismo de sentenciar, dando lugar para recurrir la sentencia por adolecer de una motivación jurídica insuficiente. En lo que respecta a la motivación, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ha establecido que: ‘Que en el ámbito del Derecho Procesal la motivación puede ser definida como: “la exposición de las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión.” Esto es, la exteriorización del porqué de las conclusiones de hecho y de derecho que el Tribunal afirma para arribar a la solución del caso. El instrumento jurídico utilizado para que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites es la motivación, que representa el signo más importante y típico de «racionalización» de la función judicial. La motivación es justificación, exposición de las razones que el Organo Judicial ha dado para demostrar que su decisión es correcta o aceptable y constituye una exigencia del Estado de Derecho, en cuanto modelo de Estado enemigo de la arbitrariedad del poder. Una sociedad moderna, donde los individuos no se conforman con una apelación a la autoridad, sino que exigen razones, la justificación o motivación de las decisiones tiende a verse, no ya como una exigencia técnica, sino como el fundamento mismo de la legitimidad de los jueces. Entendida como instrumento para evitar la arbitrariedad del poder, la motivación adquiere, además, una particular importancia merced a la evolución que ha conocido el Estado de Derecho en el constitucionalismo, un modelo de Estado que encuentra su legitimidad (externa) en la protección de los individuos y sus derechos, y que, al consagrar esos derechos en el nivel jurídico más alto, la Constitución, condiciona también la legitimidad (interna) de los actos del poder a la protección de esos derechos. La motivación cobra entonces una dimensión político-jurídica, de tutela de los derechos. La exigencia de la motivación de la resolución judicial, constituye una forma de rendir cuentas del ejercicio de la potestad jurisdiccional, no sólo a las partes directamente interesadas en el conflicto, sino a un auditorio más amplio, integrado por diversos círculos de la sociedad. De este modo, es un eficaz instrumento preventivo frente al riesgo de la actuación arbitraria del órgano judicial. Al conocer las razones por las que tomó su decisión, la parte perjudicada con el fallo, estará en condiciones para intentar rebatirlas al recurrirlo, haciendo uso de los remedios procesales que la ley ofrece. Una motivación lógica de la sentencia debe responder entre otras características a las que demanda la coherencia, de ahí que la motivación deberá estar constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí y para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas, b) No Contradictoria: Que no se empleen en la motivación juicios contradictorios que se anulen entre sí, y c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones respectivas”[1]. De lo antes expresado, es evidente que el sentenciador ha incurrido en el vicio in procedendo que se alega, por lo que el presente motivo del recurso de casación debe ser declarado admisible.” El abogado recurrente O. A. M., actuando en su condición de defensor público del señor M. R. G. R., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: ”MOTIVO DE CASACION.-MOTIVO UNICO: La sentencia infringe los artículos 90 y 99 de la Constitución de la República, relativos al debido proceso y a la inviolabilidad del domicilio. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente, todos los derechos y garantías fundamentales de carácter procesal o instrumental. La prueba, en materia penal, es sinónimo de garantía y como tal debe manejarse tanto en la fase de formación como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarla por parte del juzgador quien debe acudir a los más estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción, para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa de ahí que cada vez que la prueba venga vulnerada y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la nulidad absoluta de ésta y de los efectos que de ella deriven. De ahí que, cuando el juzgador basa su decisión en una prueba ilícita viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legítimas. En el presente caso, dos garantías son vulneradas mediante la valoración realizada por el Tribunal: la inviolabilidad del domicilio y, como consecuencia de esta valoración, la infracción al debido proceso. La inviolabilidad del domicilio consiste en el respeto a la intimidad, lo cual es una necesidad básica de todo individuo. Tiene como finalidad principal el respeto de un ámbito de vida personal y familiar, que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, salvo autorización del interesado. En razón de esto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica en su artículo 11.2 y 11.3 los siguiente: “2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. - 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.” Siguiendo esta misma finalidad, el artículo 99 de la Constitución de la República establece al respecto: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente…” Se resalta el consentimiento de la persona que lo habita, en virtud que sólo la persona que ejerza su libertad íntima en dicho recinto puede autorizar el ingreso al mismo. Es decir, aún cuando la persona que habitare el recinto fuere distinta al propietario, es la primera quien debe autorizar el ingreso al domicilio, pues el derecho a la intimidad, que busca protegerse por nuestra Constitución, está siendo ejercido por quien vive en el domicilio y no por el propietario del bien. En razón de lo anterior, es que se recurre la sentencia aludida en el preámbulo de este libelo ya que, al valorar una prueba que claramente constituye una violación a tan fundamental derecho, se ha cometido también una vulneración a la obligación que tiene el Estado de Honduras de otorgar un debido proceso a todo encausado. EXPLICACION DEL MOTIVO. PRIMERO: En la valoración que el Tribunal realizó sobre la prueba evacuada en juicio establece las siguientes valoraciones: En relación a la Declaración rendida por el señor O. H. T.: “La declaración del testigo es creíble, pues es el propietario de la casa de habitación que alquilaba el acusado M. R. G.… dicha declaración se ve corroborada con el acta de allanamiento a la vivienda donde seda detección a lo acusados M. R. G. R.… y se produce el hallazgo de las siguientes evidencias 1. Hierba supuesta marihuana y una bolsa transparente, dos camisetas color blanco, una camiseta color gris, una faja, una corbata un short anaranjado conteniendo hierba seca (supuesta marihuana).- 2. arma de fuego tipo pistola, marca Tanfoglio, Modelo GT 380 con su respectivo sin los cartuchos. 3. Un celular marca motorota 330 con serie 35446500306610701 m&m. 4. Un celular marca Nokia, color negro número 6555 serie 3262710127408. 5. Un teléfono celular, marca LG color negro, pintado en blanco la parte de atrás. 6. Un celular marca Motorola, C122, color negro, con cordón morado. 7. Dos casquillos de color amarillo. 8. Una billetera de supuesto color negro. (Sic)” . Respecto de la Declaración rendida por el señor V. M. A. T.: “La declaración del testigo es creíble, su narración es lógica, y tiene conocimiento de los hechos a través del ejercicio de su función pública como policía… afirmando que el allanamiento se realizó a las seis de la mañana con autorización del propietario del inmueble, limitándose a narrar los hechos que pudo observar a través de sus sentidos. La declaración del testigo resulta útil para establecer el lugar y hora que fueron detenidos los acusados, como la existencia de las evidencias señaladas que más adelante detallaremos.” Además de las anteriores declaraciones, es importante destacar el Acta de Inspección ratificada por D. R. B. C., que literalmente dice en su parte primera: “En la ciudad de Roatán, el día miércoles a los 14 días del mes de enero del año 2011, siendo las 5:30 hrs…” (Lo resaltado es nuestro). Segundo: Como claramente se puede colegir de las declaraciones de los testigos, el señor M. R. G. R. arrendaba la casa propiedad del señor O. H. T. por lo que cuando el testigo V. M. A. T. afirma que obtuvieron la firma del propietario para ingresar al recinto donde habitaba mi representado, se estaba cometiendo una violación a su domicilio. Lo anterior, debido a que, como antes se expresó, la autorización para entrar al domicilio debió haber sido proporcionada por mi representado y no por el propietario del bien, pues es a mí representado a quien se le está violentado su intimidad y no al propietario quien no residía en dicha propiedad. Por lo anterior, y de acuerdo con la teoría del árbol envenenado, el allanamiento de la morada de mi defendido, así como todo lo que provenga de esta violación al domicilio no debió haber sido valorada por el Tribunal. Por lo anterior, cuando el Tribunal decide valorar todo lo que se decomisó dentro de dicha propiedad, infringe los principios constitucionales del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. tercero: Aunado a lo anterior, es menester hacer hincapié en el acta de inspección ratificada por el señor D. R. B. C. quien manifiesta por escrito que el allanamiento a este domicilio se cometió en horas inhábiles, siendo éste realizado a las 5:30 de la mañana. Ignorando esta circunstancia, el Tribunal valora esta prueba sin incluir el tiempo en el que fue realizado, con lo cual se refleja el total irrespeto por el debido proceso. De lo anterior podríamos colegir que no sólo se violó la intimidad del domicilio de mi representado, sino que los propios testigos admiten que toda su investigación fue realizada violentado derechos y garantías fundamentales, por lo que ninguno de estos elementos de prueba debió ser siquiera incorporados al proceso y peor aún, valorados para fundamentar una sentencia condenatoria, tal y como ha ocurrido en el presente caso. Por lo anterior, al no haber ningún elemento de prueba legal en contra de mi representado, el fallo a que ha arribado el Tribunal de Sentencia debe ser enmendado por la honorable Sala Penal en aras de lograr una correcta administración de justicia para el señor M. R. G. R.. Finalmente, aclaramos que esta Defensa no ha podido efectuar previamente reclamación alguna para la subsanación del motivo en cuestión, por haberse producido el vicio in procedendo, en el acto mismo de sentenciar.” V. FUNDAMENTACION JURIDICA 1) Esta Sala de lo Penal, considera que el Código Procesal Penal, en la parte conducente del Artículo 362.3, autoriza el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, cuando la sentencia impugnada carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, o que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias. Al respecto de la motivación de fallo: “Debe distinguirse la falta de motivación de la simple “insuficiencia de motivación”, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces. La ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con la nulidad, únicamente cuando falta la motivación, no cuando ella es solo imperfecta o defectuosa, tampoco la anula un error no esencial”[2]. Acerca de la fundamentación fáctica esta Sala aprecia que: “Los errores mas frecuentes en este apartado podemos enunciarlos de la siguiente manera: 1.1 Contradicción entre el elenco de hechos establecidos como ciertos (fundamentación fáctica) y el elenco de hechos que se tratan como probados a la hora de hacer el análisis crítico de las probanzas (fundamentación analítica o intelectiva). Ocurre que el juzgador afirma –o niega- cuestiones de hecho a la hora de establecer el marco fáctico en un primer “considerando” y luego, al valorar la prueba, entra en abierta contradicción con lo que ha establecido, ya sea negando abiertamente lo que antes afirmaba, ya sea introduciendo la duda o consideraciones que oscurecen el razonamiento. En este punto podemos hablar de una violación al principio lógico de no-contradicción desde una perspectiva estructural del fallo, ya que se trata de un apartado en el que se sostiene lo contrario, o se cuestiona lo previamente establecido en aspectos esenciales. Como se verá, la jurisprudencia ha relacionado también esta falla con la violación a las reglas de la sana critica, el particular el principio de derivación o razón suficiente, pero nuestro criterio es que se vincula más exactamente con el tema de fundamento contradictorio puro y simple”.[3] 2) El derecho-garantía del Debido Proceso, esta Sala estima que por éste debe entenderse, que para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia Penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, con base en un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el Debido Proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como: 1. Que el hecho motivo del proceso esté tipificado como delito o falta. 2. La prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de 24 horas sin pasar a la orden de autoridad competente. 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa. 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales. 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario. 6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente. 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. Por su parte el derecho de defensa, es la garantía constitucional que le asiste al imputado -y a la víctima-, a fin de poder resguardar con eficacia sus derechos. En esta perspectiva amplia, los sujetos participantes del proceso penal, poseen una garantía constitucional de defensa. Sin embargo, el Ministerio Público no posee un derecho a la defensa, sino a un conjunto de facultades para que cumpla con la función persecutoria, pues el derecho de defensa adquiere significativa relevancia en el procedimiento penal, cuando está en juego la libertad del imputado. En conclusión: es el derecho que asiste al imputado, que es a quien el acusador atribuye la comisión de un hecho punible, que le garantiza la asistencia técnica de un abogado defensor, la capacidad de oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y hacer valer dentro del proceso el derecho de obtener su libertad. Algunos de los efectos que presenta el derecho de defensa, como garantía constitucional son: a) Disponer de medios para exigir el respeto y efectividad de la defensa. b) La obligación de su respeto por parte de los poderes estatales y de los demás sujetos del ordenamiento. c) El derecho de defensa hace posible que el denunciado, inculpado o acusado puedan acceder a los demás derechos y garantías procesales. Respecto a la garantía de INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, esta Sala considera que el domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende no sólo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc., que se interconecten entre si y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualiza el artículo 220 del Código Penal. Son elementos del domicilio: A) Elementos Objetivos: 1. Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo. 2. Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura. 3. Que sea apto para el desarrollo de la vida privada. B) Elementos Subjetivos: 1. Que el espacio físico esté siendo usado –permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida. 2. Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida personal, segregando los mismos a dicho espacio. En conclusión, el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual sólo tenga acceso aquellas personas que moran en él, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas. VI. RESUMEN 1) CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. La sentencia proferida adolece de motivación jurídica insuficiente. El artículo 141 del Código Procesal Penal ordena que: “Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”. El vicio de la sentencia que se impugna radica en insuficiencia de la motivación jurídica, debido a que el Ministerio Público ha venido sosteniendo la acusación por los delitos de Robo Agravado Continuado, Lesiones Graves, Tráfico Ilícito de Drogas, Portación Ilegal de Armas y Asociación Ilícita, sin embargo el juzgador omite exponer de manera clara las razones que lo llevaron a absolver a los acusados M. R. G. R., J. A. M. M., O. A. L. C. y K. E. H. de los delitos de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y por el delito de Robo Agravado Continuado y Lesiones Graves en perjuicio de J. L. E. H., así como absolver a K. E. H. por los delitos de Robo Agravado Continuado, Tráfico ilícito de drogas, Portación Ilegal de Arma de Fuego y Lesiones Graves en perjuicio de J. L. E. H., la Salud de la Población y la Seguridad Interior del Estado de Honduras, y absolver a los acusados J. A. M. M. y O. A. C. por el delito de Portación Ilegal de Arma en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Estima que el juzgador otorga valor probatorio al DICTAMEN DE MEDICINA LEGAL, con el cual se demuestra las lesiones de que fue objeto el señor J. L. E. H.; al DICTAMEN DE BALÍSTICA que contiene la pericia realizada al arma que fue encontrada debajo de la almohada en la cama de M. R. G. R., en el allanamiento que se realizó en la vivienda en que residía este encausado, quien en ese momento se encontraba junto a J. A. M. M., O. K. E. H. G., que fue la que percutió los dos casquillos encontrados en el lugar en donde fue herido el señor J. L. E. H. por el testigo E. S. O., ésto en cuanto a la comisión del delito de lesiones graves. De igual manera respecto a la comisión del delito de Robo Agravado Continuado el juzgador establece que con las facturas número 174 de un celular Nokia 655513 a nombre de J. M. U. y la número 2061 de un celular Motorola CEM 330, serie 3. a nombre de J. L. E., se confirma la versión de los testigos ofendidos y que estos corresponden a los indicios señalados con las letras L y la H de los cuales se encontraban en posesión los acusados, pues los tenían a su disposición en la vivienda en donde se practicó el allanamiento. Al realizar la actividad intelectiva de la declaración del ofendido J. L. E. H., señala que es creíble y coherente, que dicha versión se corrobora fácilmente con lo depuesto por los señores J. M. U. M. y E. S. O., en cuanto el lugar donde se cometió el hecho delictivo, también que el mismo es útil para establecer fecha y hora en que se produjeron los hechos, y lo más importante que dicho testimonio fue reforzado por la identificación de las personas que cometieron los hechos objeto de juzgamiento contra su persona y los demás que se encontraban en el lugar. Por lo anterior estima que se hace patente la motivación insuficiente en que incurrió el juzgador la que se ve reflejada en la fundamentación jurídica del fallo, al no haber expresado ampliamente los criterios legales que lo llevaron a determinar por qué razón absolvió por los ilícitos antes descritos a los encausados, lo que genera un vicio de forma. 2) CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. La sentencia infringe los artículos 90 y 99 de la Constitución de la República, relativos al debido proceso y a la inviolabilidad del domicilio. Dos garantías son vulneradas mediante la valoración realizada por el A Quo: la inviolabilidad del domicilio y, la infracción al debido proceso. La inviolabilidad del domicilio consiste en el respeto a la intimidad, la que tiene como finalidad principal el respeto de un ámbito de vida personal y familiar, que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, salvo autorización del interesado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos indica en su artículo 11.2 y 11.3 los siguiente: “2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. - 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.” Siguiendo esta misma finalidad, el artículo 99 de la Constitución de la República establece al respecto: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente…”. Se resalta el consentimiento de la persona que lo habita, en virtud de que sólo la persona que ejerza su libertad íntima en dicho recinto puede autorizar el ingreso al mismo. Es decir, aún cuando la persona que habitare el recinto fuere distinta al propietario, es la primera quien debe autorizar el ingreso al domicilio, pues el derecho a la intimidad, que busca protegerse por nuestra Constitución, está siendo ejercido por quien vive en el domicilio y no por el propietario del bien. En razón de lo anterior, es que se recurre la sentencia aludida en el preámbulo de este libelo ya que, al valorar una prueba que claramente constituye una violación a tan fundamental derecho, se ha cometido también una vulneración a la obligación que tiene el Estado de Honduras de otorgar un debido proceso a todo encausado; la declaración rendida por el señor O. H. T.: “La declaración del testigo es creíble, pues es el propietario de la casa de habitación que alquilaba el acusado M. R. G.…” dicha declaración se ve corroborada con el acta de allanamiento a la vivienda donde se da detención a lo acusados M. R. G. R. y se produce el hallazgo de evidencias. Respecto de la declaración rendida por el señor V. M. A. T.: “La declaración del testigo es creíble, su narración es lógica, y tiene conocimiento de los hechos a través del ejercicio de su función pública como policía…” es importante destacar el Acta de Inspección ratificada por D. R. B. C., que literalmente dice en su parte primera: En la ciudad de Roatán, el día miércoles a los 14 días del mes de enero del año 2011, siendo las 5:30 hrs… La autorización para entrar al domicilio debió haber sido proporcionada por mi representado y no por el propietario del bien, pues es a mí representado a quien se le está violentado su intimidad y no al propietario, quien no residía en dicha propiedad. De acuerdo con la teoría del árbol envenenado, el allanamiento de la morada de mi defendido, así como todo lo que provenga de esta violación al domicilio no debió haber sido valorada por el Tribunal. Aunado a lo anterior, es menester hacer hincapié en el acta de inspección ratificada por el señor D. R. B. C. quien manifiesta por escrito que el allanamiento a este domicilio se cometió en horas inhábiles, siendo éste realizado a las 5:30 de la mañana. Ignorando esta circunstancia, el Tribunal valora esta prueba sin incluir el tiempo en el que fue realizado, con lo cual se refleja el total irrespeto por el debido proceso. VII. DECISIÓN 1) Esta Sala observa que la recurrente funda su motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma en que la sentencia proferida adolece de motivación jurídica insuficiente. Argumenta que el Ministerio Público sostuvo su acusación en contra de los acusados M. R. G. R., J. A. M. M., O. A. L. C. y K. E. H. por los delitos de Robo Agravado Continuado, Lesiones Graves, Tráfico Ilícito de Drogas, Portación Ilegal de Armas y Asociación Ilícita, sin embargo al dictar sentencia omite indicar las razones por las que los absuelve de los delitos de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, Robo Agravado Continuado y Lesiones Graves en perjuicio de J. L. E. H.; omite indicar las razones por las que absuelve al acusado K. E. H. de todos los delitos; y por las que también absuelve a los acusados J. A. M. M. y O. A. C. del delito de Portación Ilegal de Arma en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. El A Quo dicta estas sentencias absolutorias a pesar que otorga valor probatorio a los medios de prueba siguientes: 1) Dictamen de Medicina Legal, con el cual se demuestra las lesiones de que fue objeto el señor J. L. E. H.. 2) Dictamen de Balística, que contiene la pericia realizada al arma que fue encontrada debajo de la almohada en la cama de M. R. G. R.. 3) Allanamiento practicado en la vivienda en que residía M. R. G. R., junto a los demás encausados señores J. A. M. M., O. A. L. C. y K. E. H. G., y donde estaba el arma de fuego calibre 3.80 mm., con que se percutieron los dos casquillos recogidos de la escena de delito de lesiones graves en perjuicio del ofendido J. L. E. H.. 4) Declaración del testigo E. S. O., quien declara respecto a la comisión del delito de lesiones graves causadas al señor J. L. E. H.. 5) Facturas número 174 de un celular Nokia 655513 a nombre de J. M. U. y el número 2061 de un celular Motorola CEM 330, serie 3. a nombre de J. L. E., con las que se confirma la versión de los ofendidos, indicios que estaban en posesión los acusados en la vivienda donde se practicó el allanamiento. Esta Sala considera que con el Dictamen de Medicina Legal, solo se demuestran la lesión provocada con disparo de arma de fuego del ofendido J. L. E. H., y no la identidad de la persona que disparó el arma; con el Dictamen de Balística practicado al arma de fuego encontrada por la Policía en el Allanamiento a la vivienda del encausado M. R. G. R., donde se acompañaba de los demás acusados J. A. M. M., O. A. L. C. y K. E. H. G.. Con los medios de prueba antes relacionados se acredita que dicha arma de fuego fue con la que se percutieron los dos casquillos de bala encontrados en el lugar donde fue herido el señor J. L. E. H., prueba con la que se acreditan la marca y las características de clase del arma de fuego y su buen estado operativo y de funcionamiento; además se prueba con el análisis comparativo de dicha arma de fuego y los casquillos de bala que es esta el arma de fuego utilizada para percutir dichos disparos. Esta Sala considera que, con dichas pruebas de cargo, no es posible individualizar plenamente a la persona que el día de los hechos portaba dicha arma de fuego y realizó varios disparos, uno de los cuales impactó en una de las piernas de señor ofendido señor J. L. E. H.. Lo declarado por el testigo E. S. O., tampoco es útil para identificar plenamente al autor del disparo de arma de fuego cometido en contra del señor J. L. E. H., pues este no logra ver el rostro de las personas que ejecutan la acción ilícita. Si bien el otro ofendido señor J. M. U. logra identificar a los acusados J. A. M. M., O. A. L. C., por ser las personas que lo intimidaron con arma de fuego para despojarlo de su aparato celular, cartera y documentos de identidad, objetos que después se encontraron en la casa del acusado M. R. G. R., donde también pernoctaban los acusados J. A. M. M., O. A. L. C., todo ello no es prueba suficiente para de ellas deducir que los acusados fueron también los autores de la acción ilícita perpetrada con arma de fuego en contra del ofendido J. L. E. H., en virtud que como ya se ha expuesto, no pudieron ser identificados por ningún testigo. Esta Sala aprecia que los testigos de cargo son creíbles al A Quo, pero solo respecto a los hechos que a ellos les constan, y no respecto de hechos en los que no han tenido intervención. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma por adolecer el fallo que se impugna de motivación jurídica insuficiente, invocado por el recurrente. 2) Esta Sala observa que el recurrente funda su motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en que la sentencia que se impugna infringe los Derechos AL Debido Proceso e Inviolabilidad del Domicilio. Lo anterior debido a que el mencionado allanamiento fue practicado a las 5:30 de la madrugada, y la autorización para entrar al domicilio debió haber sido proporcionada por el acusado M. R. G. R. y no por el propietario de la vivienda, debido a que a este se le ha violentado su intimidad y no al propietario, quien no residía en dicha propiedad. Solicita que, de acuerdo con la teoría del árbol envenenado, el allanamiento de la morada practicado al acusado, y los objetos y demás pruebas que provengan de este domicilio no debieron ser valorados por el juzgador por lo que al valorar dichas pruebas el A Quo ha infringido el debido proceso. Esta Sala observa que la diligencia de allanamiento, practicada a la vivienda ocupada por el Acusado señor M. R. G. R. en compañía de los demás acusados señores J. A. M. M., O. A. L. C. y K. E. H. G., lugar en que fue encontrada el arma de fuego utilizada herir al ofendido J. L. E. H. y demás evidencias de cargo como ser varios aparatos celulares y documentos personales de los ofendidos, incorporados a juicio y valorados por el Juzgador para dictar el fallo que se impugna, se lleva a cabo por Agentes de Policía Preventiva y de Investigación, misma que fue llevada a cabo por orden de Fiscal del Ministerio Público, debidamente convalidada por el Juez de Garantías de la ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía (folio 230). Al haber sido convalidada la actuación de allanamiento de morada practicado en la casa rentada por el acusado M. R. G. R. se convalidan también todas los medios de prueba que se desprendan de dicha actuación investigativa, tales como: Acta de inspección, Acta de Comiso del arma de fuego, Prueba Balística practicada al arma de fuego, Dictamen de Toxicología practicado a la hierba seca que resultó ser marihuana en cantidad superior a la cantidad permitida para consumo personal inmediato, así como se convalida el hallazgo de toda la demás evidencia física encontrada en el interior de la vivienda. Todo lo anterior, en virtud que si bien al principio es el propietario de la vivienda quien autoriza el ingreso a la misma, cuando en realidad debía ser el acusado o cualquier persona mayor de catorce años que habitara la vivienda, en definitiva las autoridades ingresan a dicha vivienda por orden de allanamiento emanada de autoridad competente, como lo es el Fiscal del Ministerio Público, orden convalidada por el Juez de Garantías, por lo que esta Sala concluye que la diligencia de allanamiento y toda la prueba derivada de ella, reúne todos los requisitos de ley y por tanto, es prueba legalmente obtenida, por lo que el Juzgador podía perfectamente valorarla para formar su convicción y motivar su fallo. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por violación al Debido Proceso y al de inviolabilidad del Domicilio, invocado por el recurrente. VIII. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Penal y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 361 y 362.3 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declara sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada V. O. B. F., Fiscal del Ministerio Público; 2) Declara sin lugar el Recurso de Casación de Infracción de Precepto Constitucional, en su motivo único, interpuesto por el Abogado O. A. M., Defensor Público del acusado M. R. G. R., contra la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los fines y efectos legales. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. J. OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. FIRMA Y SELLO. J. RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-203-2014.
J. RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Sentencia de diez de junio de 2010, recaída en el Recurso de Casación Penal No.259-08
[2] “El Recurso de Casación”. Fernando de la Rua. Edición 1968. Página 156
[3] Texto: “Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal”, Autores Jose Manuel Arroyo Gutierrez y Alexander Rodriguez Campos. Editorial Jurídica Continental. Pagina 172.