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Sentencia CP-185-14 — Registro 7862

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de robo en su grado de tentativa.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Esta Sala considera que el factum de la sentencia que se impugna, respecto de la acusada K. P. M. T. se encuadran perfectamente en el tipo penal de a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. El artículo 217 del Código Penal: “Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas” El artículo 15 del Código Penal: “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuman por causas ajenas a la voluntad del agente”. Y el artículo 66 del Código Penal que: “Al autor de una tentativa y el cómplice de un delito consumado, se sancionarán con la pena aplicable al autor del delito consumado rebajada en un tercio 1/3). La acusada K. P. M. T., forma parte integral del grupo de personas formado por un hombre y dos damas, que despojan al ofendido señor J. R. I. de los objetos personales que portaba. La acción desplegada por la acusada K. P. M. T. consistente en colocarse junto a la otra acompañante femenina detrás del ofendido, al tiempo que el integrante masculino se coloca al frente del ofendido portando y haciendo un disparo con un arma de fuego. Sin lugar a dudas, las acciones atribuidas por el juzgador a la acusada si constituyen actos inequívocos de ejecución, orientados a intimidar al señor J. R. I. para quitarle los objetos de uso personal que portaba. No obstante que la acusada K. P. M. T., no despoja materialmente al ofendido de su teléfono celular, ni de un aparato reproductor de música MP3 marca Sony que portaba, la acción desplegada por esta contribuye activamente a obtener ese efecto intimidatorio en el ofendido, necesario para despojarlo de sus bienes. El no haber sido encontrada la acusada K. P. M. T. por la Policía al momento de su detención, en posesión material de los objetos del ofendido no la exime de responsabilidad penal en la acción ilícita de la que ha formado parte, dado que ésta reúne las condiciones que exige la coautoría, consistentes en: a) Reunir las mismas condiciones que el autor; b) La existencia de un plan común con los demás participes de la acción ilícita, para la realización del hecho; c) la colaboración objetiva de la acusada en el hecho cometido; y, d) que haya tenido el codominio del hecho. En tanto ha actuado en forma directa, material y simultánea a la acción ilícita de los demás miembros del grupo, siendo su colaboración necesaria para realizar el delito de Robo Agravado en su Grado de Ejecución de Tentativa, por el que fue sometida a juicio. VI. DECISIÓN: HA LUGAR VII. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362 del Código Procesal Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días de mayo de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP-185-2014 por Infracción de Ley Sustantiva, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de enero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Absolviendo a la acusada K. P. M. T., del delito de Robo Agravado en perjuicio de J. R. I.; 2) Condenando a la imputada Y. G. C. D., a la pena de cuatro (4) años y cinco (5) meses y diez (10) días de reclusión, por el delito de Robo Agravado en Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de J. R. I.; 3) Condenando a la acusada Y. G. C. D., a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil; 4) declara la responsabilidad civil de la acusada Y. G. C. D.; 5) Y no condena en costas procesales, ni personales ocasionados por dicho juicio.- Es Parte en única instancia: El Abogado F. J. H., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. II. Hechos Probados Este Tribunal de Sentencia como resultado de la valoración de las pruebas evacuadas durante el debate, conforme a las reglas de la sana crítica razonada, declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: En fecha veintiuno de Diciembre del año dos mil once, a eso de las siete de la mañana el señor J. R. I. transitaba por un callejón ubicado entre industrias Chamer y el puente Megaplaza, observó que venían cuatro personas, un varón y tres damas, entre ellas las acusadas K. P. M. T. Y Y. G. C. D., estos ciudadanos al estar cerca del ofendido las mujeres se colocaron en la parte de atrás de él y el varón se colocó frente a él y con un arma de fuego realizó un disparo con lo que lo intimidaron y lo despojaron de su teléfono celular, momentos después la acusada Y. C. se percató de que el ofendido tenía unas guías y lo despojó de un aparato reproductor de música MP3 marca Sony; agentes policiales que estaban en las cercanías del lugar escucharon el disparo llegaron al sitio y le dieron captura a las cuatro personas; al varón lo encontraron en posesión del arma de fuego y el teléfono celular; a la acusada Y. G. C. le encontraron en posesión del reproductor MP3, dichos objetos fueron reconocidos por el ofendido; además en ese lugar detuvieron a K. P. M. y a otra persona del sexo femenino.” III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos EL RECURRENTE ABOGADO F. J. H., EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY DE LA MANERA SIGUIENTE: ”EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION MOTIVO UNICO: “Falta de Aplicación del artículo 32, en relación al 217, 15 Y 66 del Código Penal.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación, textualmente dice: Artículo 32: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. Artículo 217: “Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas” Artículo 15: “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuman por causas ajenas a la voluntad del agente”. Artículo 66: “Al autor de una tentativa y el cómplice de un delito consumado, se sancionarán con la pena aplicable al autor del delito consumado rebajada en un tercio 1/3). El Juzgador consideró estimado y probado el siguiente hecho: UNICO: “En fecha veintiuno de Diciembre del año dos mil once, a eso de las siete de la mañana, el señor J. R. I. transitaba por un callejón ubicado entre industrias Chamer y el puente Megaplaza, observó que venían cuatro personas, un varón y tres damas, entre ellas las acusadas K. P. M. T. y Y. G. C. D., éstos ciudadanos al estar cerca de el ofendido las mujeres se colocaron en la parte de atrás de él y el varón se colocó frente a él y con un arma de fuego realizó un disparo con lo que lo intimidaron y los despojaron de su teléfono celular, momentos después la acusada Y. C. se percató de que el ofendido tenía unas guías y lo despojó de un aparato reproductor de música MP3 marca Sony, agentes policiales que estaban en las cercanías del lugar escucharon el disparo, llegaron al sitio y le dieron captura a las cuatro personas; al varón lo encontraron en posesión del arma de fuego y el teléfono celular; a la acusada Y. G. C. le encontraron en posesión del reproductor MP3, dichos objetos fueron reconocidos por el ofendido; además en ese lugar detuvieron a K. P. M. y a otra persona del sexo femenino”.- (El subrayado no pertenece al texto original). Según se describe en el hecho probado, la imputada tomó parte directa en la ejecución del hecho pues tal como lo describe el cuadro fáctico, ella con las otras dos mujeres se colocaron atrás del ofendido, mientras el varón se colocaba frente a él y disparaba para intimidarlo; para posteriormente proceder a despojarlo de sus pertenencias (Celular y MP3).- Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación del artículo 32, relacionado con el artículo 217 del Código Penal, ya que se considera que se presentan todos los requisitos exigidos por dicho cuerpo legal para considerar la participación de la acusada K. P. M. a título de Autora, como se puede colegir de la simple lectura del Factum. Aunque este motivo de casación, por impetrarse vía infracción de ley, requiere básicamente del análisis comparativo entre el factum y la parte dispositiva de la sentencia, para evidenciar como la acción descrita en aquel evidencia la violación del precepto legal que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte de los juzgadores su aplicación para condenar a la enjuiciada como autora directa del delito de Robo en el Grado de Ejecución de Tentativa, el Ministerio Público estima de relevancia señalar que tomando en cuenta la naturaleza de todo armónico de la sentencia penal que desemboca en que todas y cada una de sus partes guarden coherencia entre si, resulta imprescindible efectuar una breve reseña de lo que doctrinariamente se entiende como la “teoría de dominio del hecho” y de “imputación objetiva del resultado”; ello con el objeto de evidenciar que en posiciones ampliamente reiteradas por el Tribunal Supremo Español la aplicación de ambas, desde la óptica de co-autoría (tal como el caso que nos ocupa por tratarse de la concurrencia de varias personas en la realización de un hecho, según división de funciones acordadas en común, antes o durante la realización del delito, configurándose un co-dominio funcional del hecho, de una correlación en la fase de ejecución), no conducen a la conclusión a la que erróneamente arribó el sentenciador en el caso sub-judice, tal como se evidencia a continuación: Teoría del dominio del hecho. Esta teoría fue propuesta por Welzel y está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa. Por dominio del hecho debe entenderse la voluntad y poder de disposición sobre el curso del suceso típico. Este requisito, a pesar de basarse en el dolo, es de naturaleza objetiva: lo decisivo no es la simple voluntad de dominio del hecho, sino el voluntario moldeado del hecho. De acuerdo a esta teoría se puede calificar como autor a la persona que sabe el qué, cómo y cuándo se va a realizar el delito, contribuye objetivamente al hecho (dominio funcional del hecho) y en el caso en que intervengan varias personas, quienes hayan acordado la realización del hecho delictivo. Auto es quien tiene el “Señorío” sobre el hecho, es decir, el concepto de autor se obtiene atendiendo el dominio que objetivamente ejerce el sujeto sobre la conducción de la acción. El autor es el que decide, en líneas generales, el sí y el cómo de la realización del tipo: el que tiene la última palabra y decide si el delito se comete o no. El dominio del hecho puede consistir en el dominio de la acción (inmediata o de propia mano) y dominio funcional del hecho (coautoría)[1]. Este último (por ser el de interés en nuestro análisis) es el criterio de imputación de los coautores a la concurrencia de varias personas en la realización del hecho, según división de funciones de significancia esencial, acordadas en común antes o durante la perpetración del ilícito penal. Una vez determinado lo anterior, reviste de trascendencia centrar el análisis en la teoría denominada “Imputación Objetiva del resultado”. En los delitos de resultado es claro que su consumación depende de la producción del resultado típico, y el constatar que el sujeto ha contribuido con su acción a causar el resultado constituye un requisito esencial del tipo objetivo, comprobable vía imputación objetiva. Tal imputación está compuesta por dos elementos: a) La existencia de una relación de causalidad entre la acción y el resultado (ya sea tomando como base la teoría de la adecuación o de la condición adecuada y probable para producir el resultado; o bien la teoría de la causalidad relevante no en base a la probabilidad sino a las exigencias del tipo penal).b) El resultado debe ser la expresión de un riesgo jurídicamente desaprobado implícito en la acción (desvalor de la acción concretado en el resultado típico), siendo en este punto importante verificar si el sujeto activo de un delito ha creado o no el riesgo jurídicamente relevante de lesión a un bien jurídico.[2]Al someter la verdad intangible contenida en el factum a este tamiz doctrinal, evidenciamos fácilmente cómo el actuar de la imputada, descrito en ese apartado de la sentencia, encaja a plenitud en los requisitos para efectivamente imputar el resultado (despojo de los bienes pertenencia de la víctima) como producto de tal acción, ya que dicha conducta (el rodear a la víctima, entre todos los agresores para posteriormente intimidarla con arma de fuego y luego despojarle de sus bienes, tal como se refleja de la prueba evacuada) fue una condición adecuada, probable y contenida dentro de las exigencias como para establecer una relación de causalidad entre acción y resultado, y asimismo éste no fue más que el producto de dicha acción antijurídica. De lo expuesto se desprende que la finalidad objetiva de este curso causal nos conduce a la determinación de que la imputada, en su condición de coautora, tuvo el dominio del hecho y su actuar esta enlazado indisolublemente al resultado de apoderarse de bienes muebles ajenos utilizando para ello la previa intimidación. Finalmente, la Fiscalía es del parecer que las pautas de la jurisprudencia sobre la doctrina del dominio del hecho quedan resumidas, al tenor de las últimas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo Español, en fallos emitidos conociendo los recursos de casación pronunciados en las sentencias: SSTS 903/1998, de 2-VII [ RJ 1998, 62301; 382/2001, de 13-111 [RJ 2001, 1353) 1576/2002. de 27-IX [RJ 2002, 81771 1890/2002, de 13-XI ( RJ 2002, 9835] 2090/2002, de 12-XII ( RJ 2003, 95] 1187/2003, de 22-IX (RJ 2003, 6203), 540/2004, de 5-V [RJ 2004, 2469); 1339/2004, de 24-XI( RJ 2004, 8111) ; 529/2005, de 27-IV [RJ 2005, 5218] 1049/2005, de 20-IX ( RJ 2005, 7089) 1315/2005, de 10-XI ( RJ 2006, 3099]; 371/2006, de 27-III [ RJ 2006, 33051 ; 497/2006, de 3-V [RJ 2006, 3335) y 732/2006. de 3-VII ( RJ 2006, 3985) ,en los cuales se dejó sentado lo siguiente: “1) La coautoría se aprecia cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. Tal conceptuación requiere, de una parte, la existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, y un dominio funcional del hecho con aportación al mismo de una acción en la fase ejecutiva, que integra el elemento objetivo. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo con dominio de la acción, que será funcional si existe la división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la acción característico de la autoría. 2) La existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, puede concretarse en una deliberación previa realizada por los autores, con o sin reparto expreso de papeles, o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución cuando se trata de hechos en los que la ideación criminal es prácticamente simultánea a la acción o, en todo caso, muy brevemente anterior a ésta. Y puede ser expresa o tácita, lo cual es frecuente en casos como el último expuesto, en el que todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo precisamente mediante su aportación. 3) No es necesario que cada coautor ejecute, por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo.., pues a la realización del delito se llega, conjuntamente, por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores, integradas en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales esenciales y decisivas. En consecuencia, a través del desarrollo del «pactuni scaeleris» y del co-dominio funcional del hecho, cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del tipo, que sin embargo contribuyen de forma decisiva a su ejecución. 4) Cada coautor, sobre la base de un acuerdo, previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que es una consecuencia de la actividad que aporta en la fase ejecutiva y que lo sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás coautores. Su aportación a la fase de ejecución del delito es de tal naturaleza, según el plan seguido en el hecho concreto, que no resulta prescindible. 5) Según la teoría del dominio del hecho, son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aún no reproduciéndolo, tengan el dominio funcional del hecho, de suerte que sea éste, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca. 6) La coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho. No puede, pues, ser autor sólo el que ejecuta la acción típica, esto es, el que realiza la acción expresada por el hecho rector del tipo sino también todos los que la dominan en forma conjunta, dominio funcional del hecho. 7) La realización conjunta del hecho sólo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en los hechos. Sólo pueden ser dominados los hechos que se conocen. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la procesada, K. P. M. T., en común acuerdo con otras personas intimidaron y despojaron de sus bienes al ofendido J. R. I. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber dictado tal sentencia a la imputada ha producido en consecuencia la violación del precepto penal contenido en el artículo 32, relacionado con el 217 del Código Penal y demás relacionados.” IV. Fundamentación A) Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 32, 217, 15 y 66 del Código Penal. Concepto de la Infracción: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 32, en relación al 217, 15 y 66 del Código Penal.” Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, y a continuación se dicte sentencia de fondo que condene a la acusada K. P. M. T. a título de coautora del delito de Robo Agravado en Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de J. R. I. Resumen: El Ministerio Público recurre en casación por la falta de aplicación del artículo 32, relacionado con el artículo 217 del Código Penal, al considerar que en este caso concurren los requisitos exigidos por la ley penal para la participación criminal de la acusada K. P. M. T. a título de Autor del delito de Robo en el Grado de Ejecución de Tentativa, como se puede colegir de la simple lectura del Factum que evidencia la violación por falta de aplicación de los preceptos legales que se invocan. Desde la óptica de la coautoría -tal como el caso que nos ocupa- por tratarse de la concurrencia de varias personas en la realización de un hecho, según división de funciones acordadas en común, antes o durante la realización del delito, configurándose un codominio funcional del hecho, de una correlación en la fase de ejecución, estima que el sentenciador concluye erróneamente el caso sub-judice. De acuerdo a la Teoría del Dominio del Hecho, se puede calificar como autor a la persona que sabe el qué, cómo y cuándo se va a realizar el delito, contribuye objetivamente al hecho (dominio funcional del hecho) y en el caso en que intervengan varias personas, quienes hayan acordado la realización del hecho delictivo. Al someter la verdad intangible contenida en el factum a este tamiz doctrinal, evidenciamos fácilmente cómo el actuar de la imputada K. P. M. T., descrito en ese apartado de la sentencia, encaja a plenitud en los requisitos para efectivamente imputar el resultado (despojo de los bienes pertenencia de la víctima) como producto de tal acción, ya que dicha conducta (el rodear a la víctima, entre todos los agresores para posteriormente intimidarla con arma de fuego y luego despojarle de sus bienes, tal como se refleja de la prueba evacuada) fue una condición adecuada, probable y contenida dentro de las exigencias como para establecer una relación de causalidad entre acción y resultado, y asimismo éste no fue más que el producto de dicha acción antijurídica. De lo expuesto se desprende que la imputada, en su condición de coautora, tuvo el dominio del hecho y su actuar esta enlazado indisolublemente al resultado de apoderarse de bienes muebles ajenos utilizando para ello la previa intimidación para despojar de sus bienes al ofendido J. R. I. V. A.1) Concepto específico: Esta Sala reitera que a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Respecto de la Coautoría, “la denominada Teoría del Dominio del Hecho, GIMBERNAT ORDEIG la explica como: “El dominio del hecho corresponde al que lleva a cabo con finalidad consciente su decisión de voluntad. Coautoría es autoría, cuya especialidad consiste en que el dominio del hecho delictivamente unitario no reside en un individuo, sino que reside conjuntamente en varios…El dominio del hecho corresponde aquí en común a todos, no a un individuo, ni tampoco a varios individuos en concreto, sino que todos juntos son titulares de la decisión, constituyendo la actividad de cada uno, junto con las de los demás, en virtud de la conexión de sentido dada por la decisión común de acción, un todo unitario”[3] “La Coautoría es la realización conjunta de un delito por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente. Es una especie de conspiración llevada a la práctica y se diferencia de esta figura precisamente en que el coautor interviene en la ejecución material del delito, lo que por definición, no sucede en la conspiración…"[4] Por otra parte, “Las condiciones que se exigen para la coautoría son: a) que el coautor reúna las mismas condiciones que el autor; b) que haya un plan común para la realización del hecho; c) que el coautor haya prestado una colaboración objetiva al mismo; y, d) que haya tenido el codominio del hecho”.[5] Normalmente, “existirá un acuerdo precedente y expreso, en virtud del cual los coautores se repartirán los papeles. Pero basta que el acuerdo se produzca durante la ejecución (coautoría sucesiva) y que sea tácito”[6] “Por su parte LOPEZ BARJA DE QUIROGA, refiriéndose a casos como el que ahora se plantea, nos habla de la denominada Coautoría aditiva que aparece “…..cuando varias personas siguiendo la decisión común realizan al mismo tiempo la acción ejecutiva, pero sólo alguna o algunas de las acciones de dichas personas producirán el resultado típico. Sería el supuesto del pelotón de fusilamiento, o de la actuación de los gangsters, o, del actuar de varios terroristas, todos ellos disparan a la vez con la intención de matar, pero resulta que alguna de las balas no alcanzó tal objetivo. En estos casos cada autor pretendió por sí mismo realizar por completo el tipo, y el hecho de que actúen conjuntamente varias personas no tiene por objeto llevar a cabo una distribución de funciones entre ellas, sino obtener el aseguramiento del resultado. Estos supuestos deben resolverse, de igual forma que los casos de autoría alternativa, es decir, admitiendo que se trata de un caso de autoría, pues, ex ante las diferentes contribuciones, dada su importancia, resultan esenciales y necesarias”[7]. A.2) De la Procedencia Recurso. el Recurso es de Recibo. A3) Opinión de la Sala sobre el caso específico: El A Quo declara terminantemente probados el hecho siguiente: “UNICO: En fecha veintiuno de Diciembre del año dos mil once, a eso de las siete de la mañana el señor J. R. I. transitaba por un callejón ubicado entre industrias Chamer y el puente Megaplaza, observó que venían cuatro personas, un varón y tres damas, entre ellas las acusadas K. P. M. T. Y Y. G. C. D., estos ciudadanos al estar cerca del ofendido las mujeres se colocaron en la parte de atrás de él y el varón se colocó frente a él y con un arma de fuego realizó un disparo con lo que lo intimidaron y lo despojaron de su teléfono celular, momentos después la acusada Y. C. se percató de que el ofendido tenía unas guías y lo despojó de un aparato reproductor de música MP3 marca Sony; agentes policiales que estaban en las cercanías del lugar escucharon el disparo llegaron al sitio y le dieron captura a las cuatro personas; al varón lo encontraron en posesión del arma de fuego y el teléfono celular; a la acusada Y. G. C. le encontraron en posesión del reproductor MP3, dichos objetos fueron reconocidos por el ofendido; además en ese lugar detuvieron a K. P. M. y a otra persona del sexo femenino”. Esta Sala considera que el factum de la sentencia que se impugna, respecto de la acusada K. P. M. T. se encuadran perfectamente en el tipo penal de Robo Agravado en su Grado de Ejecución de Tentativa, a título de coautor, tipificados y sancionados en las disposiciones penales contenidas en los artículos 32, 217, 15 y 66 del Código Penal, dejadas de aplicar por el juzgador. El artículo 32 del Código Penal dispone: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. El artículo 217 del Código Penal: “Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas” El artículo 15 del Código Penal: “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuman por causas ajenas a la voluntad del agente”. Y el artículo 66 del Código Penal que: “Al autor de una tentativa y el cómplice de un delito consumado, se sancionarán con la pena aplicable al autor del delito consumado rebajada en un tercio 1/3). La acusada K. P. M. T., forma parte integral del grupo de personas formado por un hombre y dos damas, que despojan al ofendido señor J. R. I. de los objetos personales que portaba. La acción desplegada por la acusada K. P. M. T. consistente en colocarse junto a la otra acompañante femenina detrás del ofendido, al tiempo que el integrante masculino se coloca al frente del ofendido portando y haciendo un disparo con un arma de fuego. Sin lugar a dudas, las acciones atribuidas por el juzgador a la acusada si constituyen actos inequívocos de ejecución, orientados a intimidar al señor J. R. I. para quitarle los objetos de uso personal que portaba. No obstante que la acusada K. P. M. T., no despoja materialmente al ofendido de su teléfono celular, ni de un aparato reproductor de música MP3 marca Sony que portaba, la acción desplegada por esta contribuye activamente a obtener ese efecto intimidatorio en el ofendido, necesario para despojarlo de sus bienes. El no haber sido encontrada la acusada K. P. M. T. por la Policía al momento de su detención, en posesión material de los objetos del ofendido no la exime de responsabilidad penal en la acción ilícita de la que ha formado parte, dado que ésta reúne las condiciones que exige la coautoría, consistentes en: a) Reunir las mismas condiciones que el autor; b) La existencia de un plan común con los demás participes de la acción ilícita, para la realización del hecho; c) la colaboración objetiva de la acusada en el hecho cometido; y, d) que haya tenido el codominio del hecho. En tanto ha actuado en forma directa, material y simultánea a la acción ilícita de los demás miembros del grupo, siendo su colaboración necesaria para realizar el delito de Robo Agravado en su Grado de Ejecución de Tentativa, por el que fue sometida a juicio. VI. DECISIÓN: HA LUGAR VII. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación de Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del artículo 32, en relación al 217, 15 y 66 del Código Penal, en su único motivo, interpuesto por el Abogado F. J. H., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra la acusada K. P. M. T., a quien se le absolvió por el delito de Robo Agravado en perjuicio de J. R. I. Segundo: 1) Condena a la imputada K. P. M. T., a la pena de cuatro (4) años y cinco (5) meses y diez (10) días de reclusión, como coautora del delito de Robo Agravado en Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de J. R. I.; 2) Condena a la acusada K. P. M. T., a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil; 3) Declara la responsabilidad civil de la acusada K. P. M. T.; 4) Y no condena a la acusada K. P. M. T. a pagar costas procesales, ni personales ocasionados por el juicio. Declarar Firme y Ejecutable la presente sentencia. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-185-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Bramont Arias, Torres Luis A., Esquema de la Parte General, Tratado de Derecho Penal, parte general Bustos Ramírez, extractados a su vez de la revista de práctica jurídica, número 19, enero-junio 2007, Universidad de San Juan Bautista, Lima, Perú.

[2] Gómez de la Torre, Ignacio, Arroyo Zapatero Luís, Lecciones de Derecho Penal, parte General, pás 141 a 143, Editorial Praxis, Barcelona, España,1996.

[3] Vid. GIMBERNAT ORDEIG, ENRIQUE: Autor y Cómplice en Derecho Penal. Universidad de M. Facultad de Derecho. Sección de Publicaciones e Intercambio. 1966. Página 128.

[4] Derecho Penal. Parte General, 2da Edición, revisada y puesta al día conforme al Código Penal de 1995. Autores: F. Muñoz Conde y Mercedes García Arán. Editorial Tirant lo Blanch. Página 454

[5]

Lineamientos de la Teoría del Delito. Segunda Edición Corregida y Actualizada. Editorial Juricentro. Enrique Bacigalupo Pagina 117.

[6] Derecho Penal. Parte General. 5ta. Edición. Santiago Mir Puig. Editorial Reppertor, S.L., Barcelona. Página 390.

[7] vid. BARJA LOPEZ DE QUIROGA, JACOBO, Autoría y Participación, Akal Ediciones, M., 1996, págs. 78-79, vid”.”.