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Sentencia CP-171-15 — Registro 10963

Resumen

En primera instancia se absuelve al acusado por el delito de secuestro, se declara sin lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha hecho revisión al proceso lógico seguido por el juzgador para valorar intelectivamente la prueba, y concluye, contrario indica el recurrente, que la misma ha respetado el postulado lógico de derivación. Los medios de prueba sobre los cuales el Ministerio Público asienta su denuncia recursiva, son en los siguientes: 1) Declaración testifical de la víctima R.M. V.; 2) Declaración testifical de la señora N.R. M.C.; 3) Declaración del agente investigación D. J.C. L.; 4) Declaración del agente de investigación J.R. G.; 5) Declaración del agente de investigación J. A. V.; 6) Acta de declaración testifical rendida con las formalidades de prueba anticipada del testigo clave TP-1; 7) Acta de declaración testifical rendida con las formalidades de prueba anticipada del testigo clave TP-2; 8) Acta de inspección ocular al vehículo propiedad del ofendido; 9) Acta de inspección ocular de la vivienda propiedad del acusado; 10) Acta de decomiso; 11) Acta de registro personal; 12) Acta de allanamiento a la propiedad del acusado; 13) Auto motivado de convalidación. 14) Informe de la empresa TIGO y su pericia; 15) Constancia de Catastro Municipal. Los anteriores medios de prueba resultaron insuficientes para que el Tribunal de Sentencia pudiera derivar la participación culpable del acusado en los hechos que se le imputan. Aun a pesar de que el recurrente no hace un buen planteamiento de su recurso, es decir, no se da a la tarea de identificar de forma puntual en qué parte de la valoración intelectiva de la prueba el Tribunal de Sentencia alcanza una conclusión errónea e indebidamente derivada, y por consiguiente, tampoco explica y comprueba dicha infracción, esta Sala de lo Penal se ha dado la tarea de auditar el proceso lógico seguido por el juzgador para valorar la prueba evacuada en juicio, y como se ha dicho, contrario se expone en el recurso, este Tribunal de Casación no llega a la misma conclusión de vulneración. Si nos remitimos a la sentencia nos damos cuenta que el juzgador alcanza conclusiones revestidas de suficiencia y concordancia, asimismo, mantiene la identidad unitaria de sus conclusiones excluyendo contradicciones y contrariedades. Expone en su valoración que se acreditó la existencia del delito en perjuicio de la libertad del señor R. M. V., más no así la participación del acusado en el mismo. Se constata por esta superioridad, que el razonamiento del Tribunal de Sentencia de que ninguno de los testigos o la misma víctima pudo reconocer a las personas que participaron en la interceptación y custodia, así como tampoco la no identificación de la persona que sostuvo comunicación tanto con ésta como con su hija para efecto de negociar la cantidad pecuniaria para liberarlo, es derivada del acervo probatorio. El tribunal juzgador de instancia concluye que los participes de los hechos eran personas jóvenes, lo cual es derivado de propia información proporcionada en la declaración anticipada de los testigos protegidos y que se incorporara como prueba documental, así como la declaración de la víctima, no alcanza conclusiones más allá de lo informado por estos medios de prueba ni tampoco falsea su contenido, como para que pueda el recurrente alegar la infracción a la regla lógica de derivación. En el caso actual, nos encontramos ante un hecho que sucedió en el lapso de unas horas la interceptación, la privación de libertad de la víctima, la comunicación de un desconocido con la víctima y sus familiares, así como el posterior rescate de la víctima por parte de los agentes de investigación; razonablemente colige el Tribunal a quo que aún y cuando el rescate se haya dado en la casa del acusado, nada informa en cuanto a su participación en los hechos que se le imputa, no se desprende que el acusado haya sustraído, retenido, desplazado, ocultado o privado de cualquier manera, la libertad del señor R.M., para realizar alguno de los propósitos enumerados en el artículo 192 del Código Penal. Es decir, el Tribunal de Sentencia, después de valorar la prueba evacuada en juicio conforme a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, consideró insuficiencia probatoria para acreditar que el acusado haya realizado la parte objetiva del tipo penal de secuestro que se le imputa por parte del Ministerio Público. Alcanzó dicha conclusión con observancia a lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, el cual es el que se denuncia como infringido por el recurrente. Ante este escenario, procede declarar no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma y confirmar el fallo proferido..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “

I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días de diciembre del año dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez y Miguel Alberto Pineda Valle por excusa Justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP171-2015, conociendo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de marzo del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Absolver de toda responsabilidad penal al señor J. B. F., por suponerle responsable de un delito de secuestro en perjuicio de R. M.V., por no existir prueba suficiente para condenarle por el delito aludido. No procede condena en costas. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Abogado R. A., fiscal del Ministerio Público.Son partes en única instancia: La Abogada I. A.F., fiscal del Ministerio Público, como recurrente. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“UNICO: El día martes veintidós (22) de noviembre del año 2011, en la Aldea de Capiro, de esta jurisdicción de Comayagua, en horas de la tarde aproximadamente 2:45 p.m., el señor J. B. F. llegaba a su casa, al ver a las autoridades policiales se acerca y les pregunta qué estaba ocurriendo, que él era el dueño de esa propiedad, lo que provocó que los agentes policiales le detuvieran y posteriormente lo remitieron al Ministerio Público, todo en vista de que en ese lugar habían encontrado al señor R. M. V. quien horas antes había sido privado de su libertad por personas desconocidas y encontrado en dicha propiedad.”.III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS.El recurrente, Abogado R. A., fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: I. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO UNICO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria infringió lo que establece el artículo 202 del Código Procesal Penal y de manera específica lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica, pues para el Juzgador la prueba aportada al debate solamente ha servido para acreditar el delito de Secuestro, pero no para señalar como responsable del ilícito al acusado J. B. F.; ya que consideró que la prueba es insuficiente para determinar éste último extremo, esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del. Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera la Sana Crítica; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia de Comayagua al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia y veracidad. El Tribunal en la sentencia de mérito, específicamente en la sección de la valoración probatoria, expone sus consideraciones respecto a cada uno de los medios de prueba evacuados, por lo que haremos una descripción del material más relevante allegado al proceso como prueba de cargo contrastándolo con lo expresado por el Juzgador en la sentencia de mérito: Prueba de Cargo:1.TESTIGO R. M. G. (Ofendido). Quien manifestó: “...de repente me encañonaron dos muchachos y me metieron a la parte de atrás del carro...me amarraron los ojos con unos trapos...me decían lo conocemos perfectamente...abrieron un portón...me llevaron a un cuartito, había un fogón, la cama era plegable, me decían si tenía hambre o sed... me llamó un señor al teléfono del muchacho, me dijo que tal don C. me dice que no le va a pasar nada no se preocupe...me acostaron en una cama plegable... media hora me volvieron a preguntar que si quería tomar agua...” 2. TESTIGO N.R. M. C.(Hija del acusado), manifestó: “la persona que me llamó me pidió 5 millones, le dijimos que no contábamos con esa cantidad, me dijo que tres millones, que no me preocupara por mi papá, que estaba bien... la voz que me llamó era de una persona madura...” 3. TESTIGO D. J. C. L. (Policía), declaró: “se armaron dos equipos de investigación… uno se trasladó a la antena, donde supuestamente lo habían secuestrado, encontramos el vehículo color blanco abandonado...en el lugar conocido como Capiro estaba cerca del campo de fútbol, pudimos observar las llantas del vehículo… a la orilla de la calle había dos casas, con una distancia de 15 metros entre una y la otra, un compañero encontró un pasamontañas, se buscaron más indicios, cuando estábamos en esa propiedad escuchamos un ruido como a 10 metros, una persona salió corriendo, entre la casa y el secuestrado había una distancia de 30 metros, al encontrarlo le dimos protección...un señor llegó montado en un burro y se detuvo é esa persona que responde al nombre de J. B.”. 4. TESTIGO J. R. G. (Agente DNIC), declaró: “recibimos información que el vehículo del señor R. los habían dejado en un portón cerca de los predios de Incesa, por la Aldea Capiro, cuando llegamos ya estaba la DGIC al mando del señor R.... nos trasladamos a la Aldea Capiro a unos dos kilómetros aproximadamente, cuando nos encontramos al sur de Capiro en el campo de fútbol nos informaron que en el sector de la propiedad del señor aquí presente (acusado) se vio entrar el vehículo color verde, en el cual habían secuestrado al señor V.... nos apresuramos a verificar en dicha propiedad y en la casa no se encontró a ninguna persona, se logró ver que habían una cama, gorros pasamontañas, decidimos hacer una inspección dentro de la propiedad como a veinte metros al este de la vivienda, cuando decidimos ingresar en la maleza observamos a un a persona de sexo masculino que se paró y salió corriendo por lo que decidimos entre los compañeros C. C .y M. G. ingresar a la maleza yo corrí en otro camino por querer interceptar a la persona que iba corriendo, cuando regresé vi que tenían al señor aquí presente detenido, no participé en la detención”.5.TESTIGO J.A.V. (Agente DNIC), quien declaró: “fuimos convocados por el señor Inspector, para participar en la investigación en vista de que había sido secuestrado el señor R.M. V., nos trasladamos hasta el lugar y encontramos que el vehículo en el que se transportaba lo habían dejado abandonado, luego nos fuimos hasta el sector de Capiro porque nos habían informado que en ese lugar había movimientos, ahí se recuperó el señor V., luego al rato llegó el señor J. B., se transportaba en un burro y él manifestó que era el dueño de la propiedad, de inmediato se le practicó la detención porque se constató que él era el propietario de la casa donde estaba la víctima”. 6. TESTIGO PROTEGIDO CLAVE TP-1, declaración que fue tomada con las formalidades de la prueba anticipada, quien manifestó en los siguientes términos: “Don C. llegó en un vehículo blanco, doble cabina, cuando se bajó del carro unos hombres lo agarraron, y le pusieron las armas, luego lo montaron al carro verde obscuro, doble cabina, Nissan.. .a don C. lo montaron en la parte de atrás del vehículo, yo había escuchado a unas mujeres que un mentado L. C. ya días que andaban detrás de un señor que lo querían secuestrar y que era el dueño de la antena del Canal 22”. 7. TESTIGO PROTEGIDO CLAVE TP.-2, este testimonio también fue tomado con las formalidades de la Prueba Anticipada, quien declaró: “Yo vi a don C. porque él siempre hace la misma rutina, siempre hace eso, siempre va al canal, y se bajaron unos muchachos pero no los miré muy bien a ellos, eso fue a las 9:48 am, de la mañana del día 22 de noviembre del año 2011, ese lugar se llama Valladolid...” 8. ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR A VEHÍCULO, realizada en un vehículo color blanco tipo Pick Up, placas PBI-0955, en el asiento se encontró un porta celular color negro y un chip de tigo quebrado en el piso. 9. ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR A VIVIENDAS, que describe lo siguiente: Primera Vivienda “construida de paredes de bahareque, techo de lámina de zinc, puerta y ventana de madera, se observó que no había ninguna persona en el interior de la vivienda; una cama unipersonal, una colchoneta cubierta con sábanas de color blanco, un banco” Segunda Vivienda (Misma en la que fue encontrada la víctima): Ubicada a 30 metros al norte, se observó que está construida también de bahareque, techo de lámina de zinc, puerta cerrada sin seguro, se ingresa constatando que no había nadie en la vivienda, está dividida en dormitorio, cocina, cuarto; en el corredor sobre un sillón de metal con respaldares verdes un gorro pasamontañas color negro, en la sala del cuarto se observó una cama unipersonal con colchoneta, una bicicleta de color rojo, un sofá negro. Mientras se estaba realizando la requisa llegó un señor que se identificó con el nombre de J. B. B., manifestando que esa vivienda es de su propiedad y la otra vivienda es de un señor de nombre C. M., esposo de su hija V.por lo que sucedió que se le dio detención y fue trasladado a la DNIC”. 10. ACTA DE ALLANAMIENTO DE CONVALIDACION, a las viviendas anteriormente descritas. 11. ACTAS DE DECOMISO, REGISTRO E INFORME DE EMPRESA TIGO, PERICIA AL TELEFONO que acreditan que al acusado se le decomisó un aparato celular con número de teléfono de la Empresa Tigo9994-6172, el cual no se encuentra identificado por estar en sistema pre-pago y que fue asignado de manera promocional en una venta de carga el 07 de Marzo de 2007, asimismo no se realizó vaciado telefónico.- 12. CONSTANCIA DE CATASTRO MUNICIPAL, que acredita que el acusado es propietario de tres inmuebles ubicados en la Aldea Capiro. Toda la prueba anteriormente relacionada fue valorada por el Tribunal considerando que cada uno de los medios de prueba que se evacuaron sirvieron para acreditar la existencia del hecho criminal pero no así la participación del imputado como autor del mismo (Ver el último párrafo del apartado de le Valoración Probatoria de la Sentencia). El Ministerio Público en su condición de garante de legalidad, estima que el Órgano Jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio in procedendo anunciado en el primer acápite de nuestra explicación del motivo, y que a continuación procedemos a evidenciar lo inobservado por el Juzgador de la prueba en relación, y que indudablemente no pueda dar otro resultado más que la existencia de los delitos por lo cuales se acusó y que el procesado es autor del mismo. Del andamiaje probatorio de cargo allegado al proceso y cuya descripción hemos hecho con anterioridad, podemos evidenciar la secuencia en que se llevaron a cabo las acciones por parte de las personas que secuestraron al señor M. V.; acciones que no podía desconocer el acusado: • En fecha 22 de Noviembre de 2011 el señor R. M. V. es privado de libertad por varias personas, que en el mismo vehículo de la víctima, lo transportan hasta una casa ubicada en la Aldea El Capiro, de propiedad del acusado J. B. F.. • Durante el trayecto, éstas personas no se detienen ni desvían, sino que se dirigen directamente al lugar antes señalado; y una vez allí entran con total libertad, pues la misma víctima refiere que entraron, abrieron el portón y le dejaron en la casa bajo la vigilancia de una persona. • En dicha vivienda estuvo la víctima durante seis horas, tiempo en el cual le pidieron número de teléfono, solicitaron la cantidad de dinero a la hija de la víctima, compraron y llevaron medicinas al señor V. y en todo momento (en persona y por teléfono) le dijeron que no se preocupara, que no le pasaría nada; lo que denota que los secuestradores se encontraban en total disposición del inmueble para llevar a cabo las acciones ilícitas con tranquilidad; lo que obviamente se realizaba con el conocimiento y visto bueno del dueño del inmueble, es decir, del acusado J. B.. • Se acreditó la propiedad del inmueble por el acusado con las respectivas constancias de Catastro. • En la vivienda se encontró un pasamontañas, lo que evidencia la acción ilícita y vincula el inmueble con la misma. • En las afueras, entre la maleza del inmueble antes descrito se encontró a la víctima atada, pues de sus dichos se probó que lo sacaron del lugar, cuando quien lo cuidaba escuchó que llegaba la Policía; quedando evidenciado que de no ser por la acción policial, la víctima hubiese permanecido en el lugar hasta el pago del rescate que ya había sido solicitado a la hija de éste. •La acción perpetrada por el imputado J. B. F. es a título de cómplice necesario, pues si bien de los testimonios de los testigos protegidos, se desprende que quienes perpetraron los hechos eran personas jóvenes, no podemos desconocer que el hoy acusado facilitó su vivienda para una acción criminal y desde dicho lugar los secuestradores llevaron a cabo todas las acciones tendientes a consumar el hecho, ya que el ofendido indicó que los captores ingresaron a la propiedad del encausado con total libertad; siendo pues, al tenor de lo establecido en el artículo 32 del Código Penal su participación como autor al cooperar en la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. Es claro, que el ahora imputado ejecutó hechos objeto del presente proceso, consistentes en disponer de su inmueble para tener cautiva a la víctima en lo que era pagado el rescate, por lo que actuó con pleno conocimiento y consentimiento de lo ilícito de su acción; lo que se ve reflejado con lo expresado por la víctima permaneció la mayor parte de ese día en dicho lugar y pudo observar que los personas que lo privaron de su libertad, se movían en el inmueble sin ningún tipo de limitación, lo que demuestra el concierto entre el dueño del mismo y los autores materiales del hecho. En este mismo orden de ideas la Sala de Penal ha establecido que: “Del relato de hechos probados no se desprende que las acciones de alimentación y cuidado de la víctima mientras permanecía privada de su libertad, realizadas por el menor J.I.R. hayan sido producto de la fuerza o la intimidación precedentes ejercidas por otra u otras personas, y si bien es cierto que no se establece en el fáctum que haya participado en la interceptación y posterior traslado del menor B. R. hasta la casa donde se le ocultaba, no es menos cierto que del relato de hechos probados no se desprende, como antes queda dicho que haya mediado el engaño, intimidación o la fuerza para que haya cooperado con esa acción, que por ser una aportación difícilmente reemplazable debe ser castigado a título de cooperador necesario. Valedecir que en abono de esta conclusión, y aunque se trate de un motivo por infracción de ley, para dejar establecido el elemento subjetivo de la conducta típica objeto de juzgamiento es oportuno recurrir a las máximas de la experiencia conforme a las cuales el secuestro de una persona es una acción criminosa que normalmente es cometida por un grupo de personas que se reparten diversos roles o papeles, y que una de las condiciones indispensables para la debida coordinación entre ellas es que se establezcan relaciones de estrecha confianza y cooperación, so riesgo de que el plan delictivo sea fácilmente desbaratado. De ahí que no resulta creíble que el menor acusado haya actuado “engañado” o intimidado para actuar de manera antijurídica o contraria al ordenamiento jurídico. Siendo que de acuerdo a nuestra legislación penal el cooperador necesario recibe el mismo tratamiento punitivo que el autor en sentido estricto,...”[1], y en el caso subjudice es claro, como ya lo hemos referido, la participación del imputado era de vital importancia para la ejecución y consumación del delito, ya que éste facilitó el inmueble donde estuvo retenido la víctima, y no resulta lógico que éste desconociera lo que estaba ocurriendo en el inmueble de su propiedad. En consecuencia y en este orden de resultados de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que los testimonios son congruentes, precisos y claros, los que constituyen una fuente imparcial de conocimiento de los hechos, además de que esta prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica con los restantes medios probatorios, es decir, actas de inspección, allanamiento, decomiso, nos conducen todas ellas a la inexorable conclusión de que el imputado J. B. F. sí participó el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual está constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que de ellas se vaya determinando. En consecuencia la Fiscalía, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba en comento, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia” .IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Abogado R.A., fiscal del Ministerio Público. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; *Concepto de la infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica; *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia; *Pretensión: Resolver conforme a ley. De forma genérica, el recurrente denuncia la infracción a la regla lógica de derivación por considerar que el Tribunal de Sentencia no emitió un fallo condenatorio cuando de los medios de prueba evacuados en juicio resulta claro que el acusado ejecutó los hechos objeto del proceso, los cuales consisten en disponer de su inmueble para tener cautiva a la víctima en tanto era pagado el rescate. Concluye que no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de los medios de prueba ya que los testimonios son congruentes, precisos y claros, además que al ser analizadas de manera conjunta y armónica con los restantes medios probatorios, actas de inspección, allanamiento, decomiso, conducen inexorablemente a la conclusión de participación del acusado en los hechos que se le imputan. De las reglas de la sana crítica. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal).En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias), y la sana crítica; es éste último, el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la experiencia común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos, los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así; 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y,3) Las reglas de la lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: La coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. a. La derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha hecho revisión al proceso lógico seguido por el juzgador para valorar intelectivamente la prueba, y concluye, contrario indica el recurrente, que la misma ha respetado el postulado lógico de derivación. Los medios de prueba sobre los cuales el Ministerio Público asienta su denuncia recursiva, son en los siguientes: 1) Declaración testifical de la víctima R.M. V.; 2) Declaración testifical de la señora N.R. M.C.; 3) Declaración del agente investigación D. J.C. L.; 4) Declaración del agente de investigación J.R. G.; 5) Declaración del agente de investigación J. A. V.; 6) Acta de declaración testifical rendida con las formalidades de prueba anticipada del testigo clave TP-1; 7) Acta de declaración testifical rendida con las formalidades de prueba anticipada del testigo clave TP-2; 8) Acta de inspección ocular al vehículo propiedad del ofendido; 9) Acta de inspección ocular de la vivienda propiedad del acusado; 10) Acta de decomiso; 11) Acta de registro personal; 12) Acta de allanamiento a la propiedad del acusado; 13) Auto motivado de convalidación. 14) Informe de la empresa TIGO y su pericia; 15) Constancia de Catastro Municipal. Los anteriores medios de prueba resultaron insuficientes para que el Tribunal de Sentencia pudiera derivar la participación culpable del acusado en los hechos que se le imputan. Aun a pesar de que el recurrente no hace un buen planteamiento de su recurso, es decir, no se da a la tarea de identificar de forma puntual en qué parte de la valoración intelectiva de la prueba el Tribunal de Sentencia alcanza una conclusión errónea e indebidamente derivada, y por consiguiente, tampoco explica y comprueba dicha infracción, esta Sala de lo Penal se ha dado la tarea de auditar el proceso lógico seguido por el juzgador para valorar la prueba evacuada en juicio, y como se ha dicho, contrario se expone en el recurso, este Tribunal de Casación no llega a la misma conclusión de vulneración. Si nos remitimos a la sentencia nos damos cuenta que el juzgador alcanza conclusiones revestidas de suficiencia y concordancia, asimismo, mantiene la identidad unitaria de sus conclusiones excluyendo contradicciones y contrariedades. Expone en su valoración que se acreditó la existencia del delito en perjuicio de la libertad del señor R. M. V., más no así la participación del acusado en el mismo. Se constata por esta superioridad, que el razonamiento del Tribunal de Sentencia de que ninguno de los testigos o la misma víctima pudo reconocer a las personas que participaron en la interceptación y custodia, así como tampoco la no identificación de la persona que sostuvo comunicación tanto con ésta como con su hija para efecto de negociar la cantidad pecuniaria para liberarlo, es derivada del acervo probatorio. El tribunal juzgador de instancia concluye que los participes de los hechos eran personas jóvenes, lo cual es derivado de propia información proporcionada en la declaración anticipada de los testigos protegidos y que se incorporara como prueba documental, así como la declaración de la víctima, no alcanza conclusiones más allá de lo informado por estos medios de prueba ni tampoco falsea su contenido, como para que pueda el recurrente alegar la infracción a la regla lógica de derivación. En el caso actual, nos encontramos ante un hecho que sucedió en el lapso de unas horas la interceptación, la privación de libertad de la víctima, la comunicación de un desconocido con la víctima y sus familiares, así como el posterior rescate de la víctima por parte de los agentes de investigación; razonablemente colige el Tribunal a quo que aún y cuando el rescate se haya dado en la casa del acusado, nada informa en cuanto a su participación en los hechos que se le imputa, no se desprende que el acusado haya sustraído, retenido, desplazado, ocultado o privado de cualquier manera, la libertad del señor R.M., para realizar alguno de los propósitos enumerados en el artículo 192 del Código Penal. Es decir, el Tribunal de Sentencia, después de valorar la prueba evacuada en juicio conforme a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, consideró insuficiencia probatoria para acreditar que el acusado haya realizado la parte objetiva del tipo penal de secuestro que se le imputa por parte del Ministerio Público. Alcanzó dicha conclusión con observancia a lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, el cual es el que se denuncia como infringido por el recurrente. Ante este escenario, procede declarar no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma y confirmar el fallo proferido. V. DECISIÓN No ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público.VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado R. A., fiscal del Ministerio Público; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-171-2015.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1] Sentencia de fecha once de abril del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal No. SP-111-2009