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Sentencia CP-163-15 — Registro 14011

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo. El censor del fallo interpone recurso de casación por quebrantamiento de forma y alega como motivos la infracción a las reglas de la sana crítica racional en el proceso de valoración probatoria. De una simple lectura a los motivos se desprende que están redactados de forma oscura e imprecisa, puesto que a lo largo de su desarrollo, en teoría destinado a identificar, explicar y comprobar el vicio denunciado, lo utiliza para descalificar los testimonios del señor Juan Franco García y de la señora Lizeth Yamileth Cerros Paredes. En ningún momento identifica de forma puntual cuál es la parte de la valoración probatoria que no es atendible por considerar que transgrede las reglas de la sana crítica. Una cosa es atacar la valoración probatoria que haga el Tribunal de Sentencia de “X” o “Y” testigo por considerar que transgrede las reglas de la lógica, la psicología o las máximas de la experiencia, y otra, muy distinta, es atacar el testimonio propio rendido por ese testigo sin vincularlo en forma alguna con la valoración que de él haga el Tribunal de Sentencia. Lo que está sujeto a control casacional, es la valoración de la prueba que haga el sentenciador, considerar si respeta el sistema probatorio seguido por nuestra normativa procesal. Al tratarse de un motivo como el denunciado, la función de esta Sala de lo Penal no consiste en valorar nuevamente la prueba rendida ante el juez de instancia, porque solo a este corresponde esa función valorativa en virtud del principio de inmediación; la tarea consiste en revisar y en definitiva comprobar que el Tribunal de Sentencia respetó en su valoración probatoria las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano. En el presente caso, esta Sala de lo Penal considera que el recurrente no expone de manera puntual y concreta cuales son las reglas de la sana crítica que el juzgador habría infringido al valorar las pruebas aportadas al proceso, se limita a señalar algunas circunstancias que en caso de presentarse, el juzgador de instancia en virtud del principio de inmediación, ha de tomar en consideración para ponderar el valor probatorio de las declaraciones testificales. En el segundo de los motivos denuncia infringido nuevamente el artículo 202 del Código Procesal Penal, sin embargo, en su desarrollo lo que hace es argüir la falta de consideración del artículo 339 del Código Procesal Penal, precepto que contiene el principio del in dubio pro reo, más próximo a un recurso de casación por infracción de precepto constitucional que a un recurso de casación por quebrantamiento de forma; este principio se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido dudas sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas en el juicio como ha ocurrido en la presente causa; en cualquier caso, tampoco se da a la tarea el recurrente de identificar de forma puntual cuál es la regla desde su perspectiva infringida en algún postulado intelectivo, por lo que limita la posibilidad de respuesta de la Sala de lo Penal. Esta exigencia no se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la norma procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en una garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estas pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el tribunal de casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso interpuesto. No atender tal falta de claridad, pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, lo cual está vedado por el artículo 350 del Código Procesal Penal, siendo entonces lo consecuente declarar No Ha Lugar el recurso en su primer y segundo motivo. En definitiva, también es dable destacar que en la evacuación de las declaraciones testificales, tanto de cargo como de descargo, se han observado los principios de inmediación, publicidad, oralidad y contradicción, y por tanto, la defensa ha tenido la oportunidad de interrogar a los deponentes y poner en evidencia la verosimilitud de su relato o, en su defecto, la falta de credibilidad que pudieran afectar su veracidad al momento de ser valorados. El Tribunal A Quo ha graduado la credibilidad de los distintos testimonios y lo ha contrastado con el material probatorio, y al hacerlo se han respetado los postulados lógicos de concordancia y coherencia, así como las reglas de la experiencia y la psicología. Por lo que el recurso interpuesto deviene improcedente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días de diciembre del año dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 163-2015, conociendo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha once de noviembre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: Primero: Condenar al acusado E. P. G., llamado también como E. M. G. C., como autor responsable del delito de Homicidio Simple en perjuicio del señor Darwin Alexander Franco Morales, a la pena de quince años de reclusión, debiéndose computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa, la que deberá cumplir en el Centro Penitenciario que determine el Juez de Ejecución competente. Segundo: Condenar al acusado E. P. G., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Se declara la responsabilidad civil del condenado E. P. G., en cuanto que debe responder por la indemnización de los daños morales y económicos ocasionados a los familiares del occiso, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No procede el comiso. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Abogado Félix Gerardo Méndez Lizarraga, en su condición de apoderado defensor del acusado E. P. G., llamado también como E. M. G. C.. Son partes en única instancia: el Abogado Félix Gerardo Méndez Lizarraga, en su condición de apoderado defensor del acusado E. P. G., llamado también como E. M. G. C., como recurrente; y, la abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como recurrida; II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en juicio, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: ÚNICO: Que en fecha cinco de agosto del año dos mil trece, como a eso de las siete de la noche, el hoy acusado E. P. G. en compañía de otras personas, se encontraba frente a la casa de habitación de la hoy víctima Darwin Alexander Franco Morales, ubicada en la aldea Correderos del municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, escondido detrás de un árbol llamado cojón de burro, y al momento que el hoy occiso salió de su casa, con el arma de fuego que andaba le dispara y le infiere varias heridas en su cuerpo y abdomen, que le causan la muerte al momento que recibía atención médica.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado Félix Gerardo Méndez Lizarraga, en su condición de apoderado defensor del acusado E. P. G., llamado también como E. M. G. C., procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente:“RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: PRIMER MOTIVO: No haber observado el Tribunal sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido y autorizado en el articulo 362 numeral tres (3) del Código Procesal Penal. PRECEPTO LEGAL ADJETIVO QUE SE CONSIDERA INFRINGIDO: Ya que la casación siempre ‘implica la infracción de una ley, para los efectos de este motivo se cita como infringido el precepto legal adjetivo contenido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, que en su parte conducente dice: “ARTICULO 202.-Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Sucede que en la presente causa tal precepto (202 del Código Procesal Penal) no ha sido observado en vista que el razonamiento debió estar constituido por deducciones razonables derivadas de las pruebas allegadas al proceso, y de la sucesión de conclusiones, que en virtud de estas pruebas se hayan determinado. En especial, tal observación a la norma jurídica como a los preceptos que informan la sana crítica, debieron ser celosamente procurados por el A-Quo en la medida que para enervar el estado de inocencia de mi representado, debió existir prueba suficiente, racional y científica con la cual no quepa duda alguna en el Juzgador de que el imputado es el autor del hecho que se le acusa. Si bien, la estimación probatoria y las conclusiones fácticas de la sentencia están restringidas para su control casacional, sí es posible el control del ejercicio intelectivo realizado por el Juez para arribar a sus conclusiones; el examen sobre las pruebas está instituido únicamente a efectos de custodiar que se cumpla la aplicación de las reglas de la sana crítica (lógica, psicología y la experiencia) en la fundamentación del fallo. La conclusión a la que llegó el Tribunal al fallar en la presente causa, no corresponde a la inferencia racional que ofrecen las pruebas que obran en la misma, este Tribunal da por cierta la participación a título de autor del joven E. M. G. C., y que de acuerdo a la prueba de cargo (dos declaraciones testifícales), dice, quedó establecida la existencia de conductas típicas como lo es el HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor DARWIN ALEXANDER FRANCO MORALES. Esta valoración es simplemente contradictoria con la prueba aportada en juicio, misma que se confronta con la prueba testifical aportada por la defensa y rendida por testigos materiales del hecho, quienes se encontraban en el lugar del hecho en el día y hora señalados, y de cuyo análisis resulta lo siguiente: 1. El testigo del Ministerio Público, JUAN FRANCO GARCIA, quien es tío del ofendido, y que en la sentencia se le da toda la credibilidad como prueba de cargo, manifestó tres hechos importantes: a. Que al momento de los hechos, él se encontraba en el otro lado de su casa, que miró a dos personas y no les puso cuidado, voltea a ver y ve a dos personas y reconoce que son E. M. G. C. y Juan López. También expuso que identificó a los victimarios porque existe una lámpara de luz en la zona. b. Asimismo manifestó que la distancia entre quienes dispararon y el ofendido existía una distancia de unas DOCE BRAZADAS, y que a pesar de no saber de armas, pudo observar que JUAN LÓPEZ andaba un (rifle) 22 y E. M. G. C. una escuadra calibre corto. c. Que cuando ESCUCHÓ la ráfaga de tiros se da vuelta rápido, y que él había salido a orinar en la parte posterior de su casa. De manifiesto, el testigo se contradice y asimismo introduce en la reproducción del hecho, la duda razonable al Juzgador, al contemplar sus declaraciones serias discrepancias y sobre todo elementos fácticos que de haber sido analizados objetivamente, y bajo las reglas de la sana crítica hubieran derivado en un fallo absolutorio. Y es que el mismo testigo JUAN FRANCO GARCIA dice que este salió a orinar al otro lado de su casa, es decir no en el lado de la casa donde estaba el señor DARWIN ALEXANDER FRANCO MORALES. Trae a tela de juicio la veracidad de su testimonio al afirmar que la distancia entre los homicidas y el ofendido era aproximadamente de DOCE BRAZADAS. Según la Real Academia Española, una braza o brazada, es una medida de longitud, generalmente usada en la Marina y equivalente a 2 varas o 1,6718 metros. Partiendo de este dato, y de una simple operación aritmética, podemos establecer que la distancia que el testigo argumenta había era de aproximadamente VEINTE (20) METROS. Si tomamos en cuenta que el hecho ocurrió bajo la oscuridad de la noche, con la iluminación única de una lámpara la cual no declaró el testigo ser alumbrado público o un bombillo convencional, solo que alumbraba “bastante” (un criterio muy subjetivo), y que mi representado portaba un arma corta, resulta muy improbable que en esas condiciones pudiera acertar siquiera un disparo. Esta duda razonable, debió ser inferida por el Juzgador y absolver sin más a mi representado, o en su defecto, ordenar la evacuación del medio de prueba denominado Reconstrucción de Hechos propuesto oportunamente por el defensor público, y que fuera inadmitido por el Tribunal con la promesa de evacuarlo como diligencia para mejor proveer (ver folio 11 vuelto de la segunda pieza) Pierde credibilidad el testigo de cargo al decir que no sabía de armas, cuando este las describe con tanta elocuencia, e inclusive nombra el calibre de ambas armas en la declaración que rindiera ante el Juez de Garantías en Audiencia Inicial, y en donde manifestó que el señor E. M. G. C. andaba una nueve milímetros. (Ver folio 41 vuelto de la primera pieza). Esto hace suponer que el testigo estaba preparado cual actor con su guión, y fustiga igualmente su testimonio en su contra, al manifestar este que: “cuando oigo la ráfaga de tiros me doy vuelta rápido...”. En resumidas cuentas, él nunca presenció el momento en que le dispararon al ofendido, ya que de viva voz dice que escuchó la ráfaga, en ningún momento tiene contacto visual, ya que se encontraba en ese preciso momento del otro lado de la casa, como él mismo lo manifestó. A él no le consta que mi representado haya disparado porque era imposible que este viera, por su ubicación en ese momento. El manifiesta que vio a mi defendido portar un arma, más nunca vio accionaria en contra de su sobrino DARWIN ALEXANDER FRANCO MORALES. 2. La testigo de cargo, LIZETH YAMILETH CERROS PAREDES, quien es esposa del ofendido, no presenció los hechos y su conocimiento de estos se basan por lo que otros le contaron, ya que ella misma manifiesta que le comentaron que habían observado en el lugar de los hechos a los dos muchachos (Juan López y E. P.). Asimismo la testigo dijo que su esposo ya había sufrido un atentado unos meses antes, lo que es congruente con lo manifestado por el otro testigo de la Fiscalía. Así como lo manifestado por esta con respecto a que si tenía el ofendido algún tipo de problemas con el imputado, lo que fue congruente con lo que dijo el señor JUAN FRANCO GARCIA, de que no le sabía de ningún problema. Cabe resaltar que según lo manifestado por ambos testigos, todo deriva por un problema de tierras, y por el cual ya había sufrido el atentado el señor DARWIN ALEXANDER FRANCO MORALES, de hecho, y valiéndome de la buena fe del Tribunal, a folios 21, 22 y 23 de la primera pieza, obran las denuncias que el ofendido hiciera, así como el arreglo al cual llegó con los denunciados, de los cuales el ente acusador no acreditó que alguno de estos tuviera algún parentesco con el imputado o que tuviera algún interés en el asunto. De manera ilustrativa, por no haber sido aportados sendos documentos al juicio, pero en honor a la verdad, se puede determinar que en ninguna de estas pruebas aparece el nombre de mi representado, por lo que no genera suficiencia en la lógica del Tribunal para inferir de que el animus de mi representado era darle muerte al ofendido, producto de un problema de tierras, tal como lo plasmara el A-Quo en la VALORACION DE LA PRUEBA, ordinal SEGUNDO con relación al acápite TERCERO de la FUNDAMENTACION JURÍDICA de la sentencia que ahora se impugna. De la declaración de los testigos de la defensa, se puede deducir lo siguiente: Del testigo EDWIN OMAR FRANCO TREJO, quien es primo del ofendido, se logró acreditar que no había alumbrado público, y que no pudo ver quien disparó en contra de su primo, ya que “no se miraba, no había luz”. Asimismo, este manifestó que el señor JUAN FRANCO GARCIA, testigo de la Fiscalía, es su padre y que este se encontraba con BRANLYN ROMARIO FIGUEROA HERNÁNDEZ. Lo que fue congruente con lo manifestado por este último, al decir que este se encontraba en la casa de JUAN FRANCO GARCÍA al momento en que sucedieron los hechos. Que frecuentaba el lugar ya que pretendía a una hijastra del referido señor, y que en el lugar no hay iluminación suficiente, que había una lámpara que alumbraba hacia donde estaban sentados ellos y no hacia afuera donde ocurrieron los hechos. Igualmente, el testigo BRANLYN ROMARIO FIGUEROA HERNÁNDEZ fue congruente al manifestar que el joven EDWIN OMAR FRANCO TREJO, quien fuera el otro testigo de la defensa, se encontraba en la casa del ofendido DARWIN ALEXANDER FRANCO MORALES. De ambas declaraciones, se puede racionalmente deducir que no existía suficiente iluminación como para que en la oscuridad de la noche (7.40 p.m.) se pudiera reconocer a los victimarios, así como para realizar disparos acertados a una distancia de DOCE BRAZADAS o lo mismo, VEINTE METROS, en especial con un arma corta como la que supuestamente portaba mi patrocinado. Por lo anterior, el único hecho tenido como probado por el Tribunal, no tiene sustento real suficiente, por lo que queda simplemente la duda, que debió valorarse a favor de mi representado, y fue condenado por la declaración de UN TAN SOLO TESTIGO (Juan Franco García) que se contradice en sus declaraciones y cuya deposición no está confirmada por otros elementos de prueba objetivos y científicos. SEGUNDO MOTIVO: No haber observado el Tribunal sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido y autorizado en el artículo 362 numeral tres (3) del Código Procesal Penal. PRECEPTO LEGAL ADJETIVO QUE SE CONSIDERA INFRINGIDO: El artículo 202 del Código Procesal Penal, que en su parte conducente dice: “ARTICULO 202.- Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En la teoría de los derechos fundamentales y del Derecho procesal moderno el principio in dubio pro reo es considerado como un componente sustancial del derecho fundamental a la presunción de inocencia. En este sentido resulta de más decir que el estado de inocencia, el cual se encuentra amparado en los tratados internacionales y la ley interna, deberá ser enervado a tal punto que para el Juzgador haya sido superada toda duda en cuanto a la participación del imputado en el hecho que se le acusa, y asimismo su grado de participación o ejecución del hecho punible. Así pues, ya el artículo 339 del Código Procesal Penal, establece en su párrafo primero que: “Sí el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable. En la misma se ordenará la inmediata libertad del imputado, aun cuando no haya adquirido el carácter de firme”. En el caso concreto, existe duda razonable la cual debió ser considerada en su sentencia por el Tribunal y absolver de inmediato, y es que pareciera más bien que el objeto de este último no es buscar la verdad, sino en probar el delito; como si no hubiera peligro mayor de condenar a un inocente cuando la probabilidad de la inocencia supera a la del delito. Lo anterior lo sustento en el análisis del único hecho probado según el A—Quo en su sentencia, el cual literalmente dice: “Que en fecha cinco de Agosto del año Dos Mil Trece, como a eso de las siete de la noche, el hoy acusado E. P. G. en compañía de otras personas, se encontraba frente a la casa de habitación de la hoy víctima Darwin Alexander Franco Morales ubicada en la Aldea Correderos del municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, escondido detrás de un árbol llamado cojón de burro, y al momento que el hoy occiso salió de su casa con el arma de fuego que andaba le dispara y le infiere varias heridas en su cuerpo, y abdomen, que le causan la muerte al momento que recibía atención médica”. Cabe resaltar los siguientes puntos: 1. El señor E. M. G. C., según lo establece el mismo Tribunal como hecho probado, se encontraba en compañía de otras personas. 2. Durante el transcurso del juicio desde la etapa preparatoria, en ningún momento se logró decomisar ninguna de las armas que el testigo de cargo JUAN FRANCO GARCIA mencionó que mi representado y su acompañante portaban el día de los hechos. Esto a pesar de que el Juez de Letras había autorizado el allanamiento de inmuebles con el propósito de obtener los indicios y evidencias pertinentes. 3. Según dictamen forense No. 2013—0501—0401—2059, debidamente ratificado por el médico autopsiante MARLON ENRIQUE SABILLON BARAHORA (folio 17 de la segunda pieza), se logró obtener del cuerpo de la víctima un elemento metálico (ojiva) para ser enviado al laboratorio balístico. Sin embargo, el Ministerio Público no acreditó mediante peritaje la aptitud para el disparo, aptitud del tirador, data del último disparo, calibre del arma empleada, celosidad del arma de fuego, distancia de disparo, determinación de la marca y modelo del arma y del proyectil, posición del tirador, trayectoria, posición y distancia. Elementos estos científicos y objetivos, que pudieran determinar la participación a título de autor de una o más personas en el hecho. 4. Al momento de la captura de mi patrocinado, este no fue sometido a un reconocimiento en rueda, tal como lo establece el artículo 253 del Código Procesal Penal, con el objeto de ser identificado o para establecer que quien lo mencionaba efectivamente lo conocía o lo había visto. En ese sentido, resulta muy probable que mi representado no haya sido una de las persona que los testigos de cargo declararon haber visto en la escena el día en que hirieron a la víctima, puesto que el mismo Tribunal establece como hecho probado que el señor E. M. G. C. participó en el hecho delictivo acompañado de “otras personas”. De todo lo anterior, resulta igualmente una duda la cual no ha sido franqueada, y que debió ser contemplada por el Tribunal en su sentencia, la cual debió ser absolutoria. Y es que en un evento en el cual se involucra a más de una persona como autor, y sin existir un elemento científico (dictamen balístico) que pruebe que los disparos que causaron la muerte al señor DARWIN ALEXANDER FRANCO MORALES provinieron del arma de mi representado, resulta confuso identificar e individualizar el grado de autoría de cada uno de los participantes. Esto debido a que no hay prueba científica, objetiva, lógica e irrefutable que asegure que: a. El señor E. M. G. C. haya disparado. b. Que en caso de haberlo hecho, cualquiera de los proyectiles provenientes de su arma haya impactado en la humanidad del ofendido. C. Que debido al proyectil o proyectiles efectivamente acertados en el blanco, este o estos hayan provocado la muerte de Darwin Alexander Franco Morales. Caso contrario, cabe la duda razonable que si bien es cierto este pudo haber disparado en contra de la víctima, no haya acertado ningún disparo (máxime por las condiciones de iluminación, por la distancia y por el arma corta que- supuestamente portaba). Ante esta incógnita, surge la posible variación del delito, el cual al no haber sido consumado por mi representado resultaría en una tentativa, como única responsabilidad de su parte. Ya que es imposible que el Juzgador pueda determinar inteligiblemente, sin prueba científica y objetiva, el nexo causal entre el accionar del arma de mi representado y la muerte del señor Franco Morales. Pensar que porque un solo testigo (Juan Franco García) dijo en su declaración que él vio en la escena a mi representado — a pesar de que estaba del otro lado de la casa y no haber presenciado los disparos - portando un arma corta, considerando que no era el único que se encontraba en el lugar, ya que él mismo manifestó estaba Juan López quien portaba un fusil 22, haya sido mi cliente quien finalmente disparó contra la víctima y que producto de esas heridas haya muerto, es especulativo. Este razonamiento es inválido, ya que el Tribunal asume que los disparos supuestamente realizados por E. M. G. C., fueron los causantes del fallecimiento de DARWIN ALEXANDER FRANCO MORALES, sin contar con elementos probatorios suficientes para determinar e individualizar cuál de los victimarios causó la(s) herida(s) mortal(es), consecuentemente infringe con su razonamiento el Principio de Derivación y el de Razón Suficiente, ya que su conclusión no procede de elementos con suficiencia probatoria. Todo lo anterior resume una enorme duda razonable, la cual el A-Quo no contempla en su sentencia, adoleciendo esta de vicios que ahora acuso y por los cuales pido se case la resolución impugnada por cuanto a que el Tribunal sentenciador en la valoración de la prueba, no observó las reglas de la sana crítica.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer y segundo motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica; *Acciones de saneamiento: No determinado por el censor; *Pretensión: Declarar Ha Lugar el recurso interpuesto. El recurrente arguye la infracción a las reglas de la sana crítica racional por considerar que los testigos de cargo no son convincentes y son contradictorios, así como que los testigos de la defensa fueron categóricos al afirmar que estaban en la casa del hoy occiso, que estaba lloviendo, que eran horas de la noche y que el lugar estaba oscuro al haber una sola lámpara ubicada a unos metros del lugar de los hechos, y en esas condiciones se le imposibilita al testigo de cargo poder observar con claridad quién o quiénes fueron los atacantes del señor Darwin Alexander Franco Gómez; asimismo, en el segundo motivo, siempre por violación a las reglas de la sana crítica, alega la falta de consideración del principio del in dubio pro reo, el cual es un componente sustancial del derecho fundamental a la estado material de inocencia, considera que no hay pruebas suficientes para acreditar el juicio de culpabilidad en contra del acusado; señala una serie de circunstancias tales como que no se decomisó el arma utilizada, no se acreditó mediante peritaje elementos científicos y objetivos en cuanto al tirador y el arma de fuego, que al momento de la captura del acusado no fue sometido a un reconocimiento en rueda como establece el artículo 253 del Código Procesal Penal, y que todas estas circunstancias ocasionan grave perjuicio. Pide en definitiva, se declare ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma. De las reglas de la sana crítica. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias), y la sana crítica; es éste último, el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la experiencia común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos, los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así; 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo. El censor del fallo interpone recurso de casación por quebrantamiento de forma y alega como motivos la infracción a las reglas de la sana crítica racional en el proceso de valoración probatoria. De una simple lectura a los motivos se desprende que están redactados de forma oscura e imprecisa, puesto que a lo largo de su desarrollo, en teoría destinado a identificar, explicar y comprobar el vicio denunciado, lo utiliza para descalificar los testimonios del señor Juan Franco García y de la señora Lizeth Yamileth Cerros Paredes. En ningún momento identifica de forma puntual cuál es la parte de la valoración probatoria que no es atendible por considerar que transgrede las reglas de la sana crítica. Una cosa es atacar la valoración probatoria que haga el Tribunal de Sentencia de “X” o “Y” testigo por considerar que transgrede las reglas de la lógica, la psicología o las máximas de la experiencia, y otra, muy distinta, es atacar el testimonio propio rendido por ese testigo sin vincularlo en forma alguna con la valoración que de él haga el Tribunal de Sentencia. Lo que está sujeto a control casacional, es la valoración de la prueba que haga el sentenciador, considerar si respeta el sistema probatorio seguido por nuestra normativa procesal. Al tratarse de un motivo como el denunciado, la función de esta Sala de lo Penal no consiste en valorar nuevamente la prueba rendida ante el juez de instancia, porque solo a este corresponde esa función valorativa en virtud del principio de inmediación; la tarea consiste en revisar y en definitiva comprobar que el Tribunal de Sentencia respetó en su valoración probatoria las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano. En el presente caso, esta Sala de lo Penal considera que el recurrente no expone de manera puntual y concreta cuales son las reglas de la sana crítica que el juzgador habría infringido al valorar las pruebas aportadas al proceso, se limita a señalar algunas circunstancias que en caso de presentarse, el juzgador de instancia en virtud del principio de inmediación, ha de tomar en consideración para ponderar el valor probatorio de las declaraciones testificales. En el segundo de los motivos denuncia infringido nuevamente el artículo 202 del Código Procesal Penal, sin embargo, en su desarrollo lo que hace es argüir la falta de consideración del artículo 339 del Código Procesal Penal, precepto que contiene el principio del in dubio pro reo, más próximo a un recurso de casación por infracción de precepto constitucional que a un recurso de casación por quebrantamiento de forma; este principio se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido dudas sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas en el juicio como ha ocurrido en la presente causa; en cualquier caso, tampoco se da a la tarea el recurrente de identificar de forma puntual cuál es la regla desde su perspectiva infringida en algún postulado intelectivo, por lo que limita la posibilidad de respuesta de la Sala de lo Penal. Esta exigencia no se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la norma procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en una garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estas pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el tribunal de casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso interpuesto. No atender tal falta de claridad, pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, lo cual está vedado por el artículo 350 del Código Procesal Penal, siendo entonces lo consecuente declarar No Ha Lugar el recurso en su primer y segundo motivo. En definitiva, también es dable destacar que en la evacuación de las declaraciones testificales, tanto de cargo como de descargo, se han observado los principios de inmediación, publicidad, oralidad y contradicción, y por tanto, la defensa ha tenido la oportunidad de interrogar a los deponentes y poner en evidencia la verosimilitud de su relato o, en su defecto, la falta de credibilidad que pudieran afectar su veracidad al momento de ser valorados. El Tribunal A Quo ha graduado la credibilidad de los distintos testimonios y lo ha contrastado con el material probatorio, y al hacerlo se han respetado los postulados lógicos de concordancia y coherencia, así como las reglas de la experiencia y la psicología. Por lo que el recurso interpuesto deviene improcedente. V. DECISIÓN No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362.3 y 363 del Código Procesal Penal, FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en sus dos motivos, interpuesto por el abogado Félix Gerardo Méndez Lizarraga, en su condición de apoderado defensor del acusado E. P. G., llamado también como E. M. G. C.; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha once de noviembre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en la cual se declara la responsabilidad penal del señor E. P. G. llamado también como E. M. G. C.. Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-163-2015.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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